Carlos Mario Jiménez Naranjo

La semblanza de un jefe

Macaco no fue un guerrero ideológico ni un caudillo regional en el molde tradicional del paramilitarismo colombiano. Fue, ante todo, un empresario de la violencia con talento para articular economías criminales dispersas bajo una sola arquitectura. Cuando en la segunda mitad de 2000 los hermanos Castaño ordenaron fusionar los grupos que operaban en el sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, el Bajo Cauca y Nariño en una sola estructura —el Bloque Central Bolívar—, quedó bajo su mando general un conglomerado que en pocos años se extendió hasta el Eje Cafetero, el Putumayo, el Caquetá, el Catatumbo y los Llanos Orientales. A diferencia de Salvatore Mancuso o Carlos Castaño, cuyas figuras públicas cargaban con el peso simbólico del proyecto contrainsurgente, Macaco operó siempre más cerca del negocio que del discurso: dejó el adoctrinamiento político a su segundo, Iván Roberto Duque —alias Ernesto Báez—, y concentró en sus manos las decisiones sobre rutas, cargamentos, alianzas con narcotraficantes y compra de comandantes.

Esa distribución de tareas es reveladora. Cuando en 2003 Carlos Castaño rechazó el llamado Plan Birmania y objetó públicamente los nexos de Macaco y Ernesto Báez con la producción ilícita de droga, no estaba denunciando una desviación reciente: reconocía, a su pesar, que el BCB había sido desde su origen una empresa donde el narcotráfico no era el combustible clandestino de una guerra política, sino su razón económica principal. La renuncia de Castaño a la comandancia general de las AUC —cuyo detonante fue precisamente esa tensión— marcó el momento en que la lógica de Macaco se impuso sobre la lógica fundacional del paramilitarismo antioqueño. En Santa Fe de Ralito, meses después, sería él —junto con Mancuso y Ernesto Báez— quien ejerciera la vocería con poder real frente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, mientras comandantes regionales como Botalón, Don Ramón y El Águila apenas conseguían intervenir en las mesas.

Del Bajo Cauca a la franquicia paramilitar

La biografía criminal de Macaco arranca a mediados de los años noventa en el Bajo Cauca antioqueño, donde ya para 1998 comandaba una organización propia con base territorial estable, incluyendo una finca en la vereda Piamonte de Caucasia. En ese corredor —bisagra entre Antioquia, Córdoba y el sur de Bolívar— tejió las relaciones que determinarían su ascenso: alianzas cercanas con Cuco Vanoy, dueño del Bloque Mineros, y con Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien terminaría siendo el hombre fuerte del ala militar del BCB. El Bajo Cauca no era una periferia cualquiera: era el punto donde el narcotráfico, la extorsión al comercio y la ganadería, y las rutas hacia el Atlántico convergían con la incipiente presencia de las autodefensas cordobesas. Macaco supo leer ese cruce.

El salto decisivo ocurrió a finales de la década, cuando Carlos Castaño buscó llevar el proyecto paramilitar al sur de Bolívar, una región estratégica por la Serranía de San Lucas, sus cultivos de coca y su posición fluvial. Castaño no encontró aliados confiables ni en la familia Prada ni en Camilo Morantes, y terminó delegando y financiando la incursión a través de Macaco. La operación militar inicial la ejecutaron en 1998 tropas del Bloque Córdoba y del Bloque Norte bajo Salvatore Mancuso, que después entregaron el territorio al BCB con Macaco y Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, como encargados de sostener la presencia. La lógica del traspaso la explicó el propio Mancuso con crudeza: los paramilitares necesitaban financiadores para sostener la incursión y los únicos disponibles eran los narcotraficantes que controlaban los cultivos de coca de la región. Así entró Macaco al sur de Bolívar, así entró Memo Fantasma, y así quedó fijada la genética del bloque.

Esa entrada tuvo un nombre técnico en el propio léxico paramilitar: franquicia. Macaco negoció con Carlos y Vicente Castaño la compra de una membresía en las AUC, un modelo mediante el cual narcotraficantes con estructuras armadas propias financiaban el sostenimiento del proyecto a cambio de seguridad para sus negocios y autonomía financiera. Castaño reconocería después, con matices, la existencia de estas transacciones; Julián Bolívar diría no haber tenido conocimiento de ellas. Cuando en la segunda mitad de 2000 se formalizó el BCB, Macaco llegaba a la jefatura con complejos cocaleros propios en el sur de Bolívar, el Bajo Cauca, el Eje Cafetero, el Putumayo, el Caquetá y el Catatumbo. No era un comandante que hubiera derivado hacia el narcotráfico: era un narcotraficante que había comprado, con dinero y con hombres, el derecho a llamarse comandante paramilitar.

La arquitectura del Bloque Central Bolívar

Bajo el mando de Macaco, el BCB se convirtió en la estructura más grande y económicamente diversificada de las AUC. Su expansión no siguió un patrón único. En el sur de Bolívar y el Catatumbo se articuló en torno al control de cultivos y cristalizaderos. En el Eje Cafetero absorbió estructuras preexistentes: el grupo MAGO, que operaba en Belén de Umbría desde 1998 con apoyo económico de comerciantes, narcotraficantes, cafeteros, ganaderos, transportadores y cañicultores, fue articulado por Macaco y financiado por el Cartel del Norte del Valle tras una reunión celebrada en 2000 en el restaurante Cabo Verde, entre Belén de Umbría y Anserma, donde Rodrigo Escobar y otros socios del cartel concretaron sus aportes. En los Llanos Orientales, el Frente Vichada fue establecido específicamente para controlar el corredor de tráfico de narcóticos, no por presencia significativa de cultivos, y su despliegue se apoyó en la alianza con Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, comandante de las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada. En Puerto Berrío, Julián Bolívar consolidó una zona propia cuyos ingresos venían principalmente del cartel de la gasolina.

Esta diversidad económica desmiente la narrativa oficial que presentó al BCB como una estructura antisubversiva desviada por el narcotráfico. En la mayor parte de los municipios donde operó, la guerrilla no representaba una amenaza armada elevada: la expansión respondió al control de economías de enclave —petroleras, cocaleras, del oro, del combustible— más que a la contención de un enemigo insurgente. En algunas zonas de Santander la lucha antiguerrillera sí pesó, pero fue la excepción antes que la regla. La reinversión de las ganancias tampoco tuvo carácter colectivo: se destinaron al enriquecimiento personal de los comandantes. Macaco consolidó su zona de confort entre el Bajo Cauca antioqueño y el Eje Cafetero, con presencia significativa en Risaralda; Julián Bolívar hizo lo propio en Puerto Berrío.

En este esquema, Iván Roberto Duque cumplía la función que Macaco no quería ni podía asumir: dar al bloque una fachada política. Duque, que había sido secretario de Acdegam en los tiempos del paramilitarismo de Henry Pérez y Gonzalo Rodríguez Gacha en Puerto Boyacá, era el principal encargado del adoctrinamiento ideológico del BCB, responsable de los discursos que legitimaban las acciones del grupo con los principios antisubversivos. Esa combinación —un jefe empresarial que negociaba rutas y un segundo que producía la retórica— resultaría decisiva en las mesas de Ralito, donde el Estado necesitaba interlocutores que supieran hablar el idioma de la reconciliación mientras seguían pensando el del negocio.

Ralito, la Seguridad Democrática y la vocería

Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia en agosto de 2002, la Seguridad Democrática ya tenía trazadas dos direcciones que terminarían cruzándose sobre Macaco. Hacia la guerrilla, una política de recuperación territorial que redujo secuestros, aumentó el control de carreteras y contrajo las áreas guerrilleras. Hacia los paramilitares, la apertura de una mesa de negociación que reconocía a las AUC como actor con estatus político. Los éxitos en seguridad ciudadana abrieron la puerta a la negociación con los paramilitares; el contraste entre ambos frentes marcaría toda la crítica posterior al proceso.

Los diálogos se iniciaron formalmente en las primeras semanas de 2003, con una fase exploratoria en la que el gobierno atendió cuatro mesas paralelas: AUC, BCB, Alianza Oriente y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, estas últimas negándose a compartir espacio con las anteriores. Esa fragmentación inicial reflejaba la propia estructura federada del paramilitarismo, pero también anticipaba que la negociación no sería una sola: sería una suma de mesas donde los comandantes con más poder impondrían su ritmo. Macaco quedó desde el comienzo entre los voceros con capacidad real de decisión, junto a Castaño, Mancuso y Ernesto Báez. Los comandantes regionales —Botalón, Don Ramón, El Águila— eran interrumpidos cuando intentaban intervenir.

El 15 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y los voceros de las AUC. El compromiso central era la desmovilización total antes del 31 de diciembre de 2005 y desmovilizaciones parciales anticipadas antes de finalizar 2003. La negociación oficial concentrada en Santa Fe de Ralito arrancó el 1 de julio de 2004. En ese año largo entre la firma del acuerdo y el inicio formal de la negociación terminaron de decantarse las tensiones que Castaño ya había anticipado: el rechazo del Plan Birmania, las objeciones contra Macaco y Ernesto Báez por sus nexos con la droga, la renuncia del comandante fundador. Con Castaño fuera de la escena, la vocería de las AUC se concentró en tres figuras: Mancuso, Macaco y el propio Ernesto Báez. Los tres tenían vínculos directos o indirectos con el narcotráfico. El interlocutor del Estado colombiano en la mayor negociación de paz con estructuras paramilitares de su historia era, en su núcleo operativo, una empresa criminal.

Ernesto Báez declararía después, ante un tribunal de Justicia y Paz, que el presidente Uribe lo habría urgido personalmente a ir al Congreso a justificar el origen de las Autodefensas y contar su trayectoria. La versión provino solo de Duque y no cuenta con corroboración adicional, pero se inscribe en un momento en que el gobierno buscaba dar respaldo político al proceso frente a una opinión pública que empezaba a preguntarse por el estatus de los jefes que se estaban desmovilizando.

La red: narcotraficantes, políticos, funcionarios

El poder de Macaco no se explica sin la trama de relaciones que tejió con actores fuera del universo estrictamente paramilitar. Con el Cartel del Norte del Valle, la relación fue de financiación directa: el cartel puso el dinero para articular las estructuras del Eje Cafetero, y Macaco puso la fuerza. Con Cuchillo, la alianza abrió los corredores del oriente al Frente Vichada. Con narcotraficantes independientes que controlaban complejos cocaleros dispersos, la relación se dio por absorción: entraron al BCB como socios o como tributarios.

El tejido político fue más silencioso, pero igual de sistemático. El llamado Pacto del Tambor —celebrado en la vereda El Tambor, en el municipio caldense de La Merced— reunió a paramilitares del BCB con Ferney Tapasco González, presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, y con los aspirantes a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Enrique Emilio Ángel Barco, Dixon Ferney Tapasco Triviño y Juan Pablo Sánchez, sobrino de Samuel Arturo Sánchez, abogado de Ernesto Báez. Los paramilitares ofrecieron a los candidatos el quinto renglón de la lista para las elecciones de marzo de 2006 y negociaron la sectorización territorial de la campaña en el departamento. Cuando en 2007 el escándalo de la parapolítica alcanzó su punto máximo de revelaciones, este tipo de acuerdos —replicados en decenas de municipios del Eje Cafetero, el sur de Bolívar, Santander y el Bajo Cauca— dio el sustento empírico al debate nacional sobre las relaciones entre paramilitarismo y clase política.

También hubo funcionarios en la nómina. Ante la Corte Federal de Miami y ante fiscales colombianos de la Unidad contra el Lavado de Activos, Macaco declaró que entre 1996 y 2005 un individuo identificado como Buitrago formó parte de la estructura del BCB entregando información de seguridad a las AUC. La duración —casi una década— sugiere que la relación con el aparato estatal en algunas regiones no fue esporádica ni oportunista, sino sostenida y funcional al negocio.

La desmovilización y la traición cruzada

El BCB se desmovilizó formalmente el 31 de enero de 2006. La ceremonia cerraba dos años y medio de negociaciones y ponía sobre el papel una cifra —miles de combatientes— que el gobierno exhibiría como logro central del proceso. En la práctica, la desmovilización marcó el comienzo de una nueva fase, no el fin del fenómeno.

Los comandantes de las AUC fueron concentrados inicialmente en una instalación de baja seguridad en el municipio de La Ceja, Antioquia. Desde allí, según las grabaciones telefónicas que la revista Semana publicó en mayo de 2007, varios jefes paramilitares controlaban redes criminales, manejaban cargamentos de cocaína y ordenaban asesinatos. Macaco estaba entre ellos: continuó dirigiendo el negocio del narcotráfico a pesar de haber entregado las armas.

El 1 de diciembre de 2006, el gobierno ordenó el traslado de veintidós comandantes paramilitares del centro de reclusión de La Ceja a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La medida se produjo en un contexto de rumores de fuga masiva y ante las acusaciones cada vez más sostenidas de que los jefes seguían delinquiendo. El traslado generó una reacción inmediata en el bloque paramilitar, que lo leyó como una ruptura del pacto. Pero la lectura era, en el mejor de los casos, parcial: fueron los propios jefes quienes rompieron primero al mantener operativas sus redes desde la reclusión.

Macaco no cambió su comportamiento en Itagüí. Siguió al frente del narcotráfico y esa continuidad —documentada por interceptaciones, seguimientos e investigaciones judiciales— fue la razón directa de la decisión que el gobierno tomaría un año y medio después.

La extradición de mayo de 2008

En mayo de 2008, el gobierno Uribe extraditó a Estados Unidos a catorce jefes paramilitares. Macaco estaba entre ellos. La razón oficial fue el incumplimiento de los compromisos de Justicia y Paz por haber seguido delinquiendo desde la cárcel. La razón política y estratégica —nunca reconocida formalmente— involucraba también la creciente amenaza que las revelaciones de los jefes representaban para actores políticos, empresariales y militares implicados en el fenómeno paramilitar, en un momento en que el escándalo de la parapolítica llegaba a su cúspide.

La extradición produjo una polémica nacional que no ha terminado de decantarse. Los representantes de las víctimas consideraron que sus derechos a la verdad y a la reparación quedaban en el limbo: las versiones libres que apenas comenzaban a rendir los jefes en el marco de Justicia y Paz —donde debían reconocer crímenes, entregar bienes y contribuir al esclarecimiento— se interrumpían bruscamente al enviarlos a un país donde serían juzgados por narcotráfico y no por crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional advirtió que las extradiciones podían ocultar la dimensión real de las violaciones de derechos humanos y los vínculos con fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y empresarios, si los tribunales estadounidenses no investigaban esos crímenes. Y no los investigaron: el sistema judicial de Estados Unidos se ocupó de los cargos por tráfico de cocaína para los que los había reclamado.

Las organizaciones de derechos humanos y de víctimas objetaron el fondo del asunto: que se privilegiara el proceso penal por delitos comunes sobre el proceso en curso por graves violaciones a los derechos humanos, y que se diera prelación a la justicia de otro país cuando la justicia interna ya arrojaba ciertos resultados, por modestos que fueran. En términos jurídicos, el problema se agravaba por un hecho básico: no existía un convenio de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos al momento de las extradiciones. El gobierno colombiano tuvo que empezar a tramitar en los años siguientes posibilidades limitadas y precarias de acceso a los extraditados para continuar los procesos internos.

Las dificultades fueron inmediatas y persistentes. El gobierno de Estados Unidos negó al menos una visa a un fiscal de Justicia y Paz que debía presidir versiones libres en ese país. Las restricciones del Bureau of Prisons —la agencia federal que administra las prisiones estadounidenses— obstaculizaron el acceso de funcionarios colombianos a los extraditados. El 19 de julio de 2010, el Departamento de Justicia estadounidense anunció un plan para aumentar considerablemente la frecuencia de acceso de funcionarios colombianos a los líderes paramilitares extraditados ya condenados, en cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El estado real de implementación de ese plan al final del gobierno Uribe no está claro.

Justicia y Paz en Virginia

El caso concreto de Macaco ilustra hasta qué punto la extradición fracturó el proceso transicional. En 2011, tres años después de su envío a Estados Unidos, su proceso ante Justicia y Paz continuaba tramitándose desde Virginia. Solo desde el 2 de junio de 2009 había comenzado a celebrarse una audiencia preliminar de medidas cautelares sobre bienes inmuebles. Los avances sustantivos eran mínimos.

El balance más amplio del proceso de Justicia y Paz confirmó lo que el caso Macaco anticipaba. Hacia 2015, casi una década después de la desmovilización del BCB, los tribunales de Justicia y Paz habían proferido apenas 35 sentencias, y la Corte Suprema de Justicia otras 15. Según cifras de la Fiscalía difundidas en 2017, el proceso fue calificado como profundamente ineficaz tanto en términos de justicia material como formal: los tiempos, los recursos y la voluntad política no alcanzaron para procesar el universo de crímenes que la propia negociación había prometido esclarecer.

En este balance, la extradición no fue la única causa del fracaso —hubo problemas estructurales de diseño, capacidad institucional y voluntad—, pero sí un factor decisivo. Sin los jefes en el país, muchos procesos quedaron dependiendo de una cooperación judicial internacional improvisada y de gestos episódicos de las autoridades estadounidenses. La verdad procesal sobre los crímenes del BCB —masacres, desapariciones, desplazamientos forzados, alianzas con políticos y empresarios— nunca alcanzó la escala que las víctimas esperaban.

La huella territorial: lo que sobrevivió a Macaco

Tras la extradición de Macaco en 2008, el control territorial que ejercía en el nordeste antioqueño —una de sus zonas de confort junto con el Eje Cafetero— quedó en manos de sus testaferros. La región de Remedios y Segovia, articulada económicamente en torno a la minería del oro, el comercio y el narcotráfico, entró en un período de disputa armada altamente fragmentada. Múltiples actores político-militares concurrieron a esa competencia, entre ellos Los Urabeños, sin que ninguno lograra imponer una hegemonía estable en el corto plazo.

La modalidad de captura de rentas que había definido al BCB en la región —control sobre la minería del oro, extorsión al comercio, participación en el narcotráfico— no cambió con la desmovilización ni con la extradición. Cambiaron los nombres de quienes cobraban. Esa continuidad estructural es quizá el legado más importante y menos discutido de la trayectoria de Macaco: la arquitectura territorial y económica que construyó durante una década sobrevivió tanto a la desmovilización formal como al retiro físico de su jefe. El paramilitarismo del BCB no se desmontó; se descentralizó, cambió de siglas y siguió cobrando.

Este dato obliga a una revisión del balance oficial. La Seguridad Democrática obtuvo la desmovilización formal de miles de combatientes y la entrega institucional de armas. Macaco obtuvo tiempo dentro del país, legitimidad política durante los años de la negociación, continuidad operativa desde la cárcel y —después de su extradición— la conversión de una condena por crímenes de lesa humanidad en un proceso por narcotráfico en Estados Unidos. Las víctimas obtuvieron un proceso de Justicia y Paz que llegó tarde y llegó poco. Y los territorios donde el BCB había operado no obtuvieron paz: obtuvieron una fragmentación armada que en muchos casos resultó peor que la hegemonía anterior.

La disputa por su lugar

En la historia larga del paramilitarismo colombiano, Macaco ocupa un lugar particular. No fue el fundador —esa condición corresponde a los Castaño y, en su origen histórico, a estructuras anteriores del Magdalena Medio y de Puerto Boyacá—. No fue el ideólogo —esa función la cumplieron primero Fidel Castaño y después Carlos Castaño y Ernesto Báez—. No fue el rostro público del proyecto —ese fue Mancuso—. Fue el jefe del bloque más grande, el más rico y el más entrelazado con el narcotráfico transnacional. Fue quien, en la práctica, convirtió a las AUC en una federación donde el negocio de la cocaína dejó de ser un medio para financiar la guerra y se volvió el fin al que la guerra servía.

Su extradición cerró un ciclo pero no una discusión. La pregunta de si la Seguridad Democrática desmovilizó al paramilitarismo o solo negoció con él una salida honorable de la guerra formal —dejando intactas sus redes económicas, políticas y territoriales— sigue abierta. La respuesta, en su caso, se inclina hacia la segunda opción. Macaco no fue derrotado militarmente ni desarticulado políticamente: fue reconocido, negociado y finalmente enviado a un tribunal extranjero cuando su continuidad criminal se volvió intolerable para el propio gobierno que lo había reconocido. En ese arco —del Bajo Cauca de los noventa a una prisión federal en Virginia— cabe casi toda la contradicción de dos décadas de historia colombiana.