La desmovilización de las AUC y las bacrim/AGC (2003-2006)

¿Fueron las bacrim el fin del paramilitarismo colombiano o solo su cambio de nombre?

Entre el 25 de noviembre de 2003, cuando el Bloque Cacique Nutibara depuso las armas en Medellín, y el cierre del proceso en 2006 con el Bloque Élmer Cárdenas, algo más de treinta y un mil hombres se desmovilizaron formalmente en Colombia bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue la operación de desarme más grande del hemisferio en décadas. En menos de dos años, más de treinta grupos armados nuevos disputaban los mismos territorios que habían dominado los bloques. El gobierno de Álvaro Uribe los llamó bandas criminales emergentes —bacrim—; las organizaciones de víctimas, sectores académicos y buena parte de la cooperación internacional los nombraron neoparamilitares o tercera generación paramilitar. La disputa por la palabra no fue accesoria: en ella se jugó, y se sigue jugando, el balance mismo del proceso de Justicia y Paz y la manera en que Colombia registra —o borra— la continuidad del paramilitarismo en su presente.

La respuesta corta es que las bacrim no fueron el fin del paramilitarismo sino su reingeniería bajo un nombre que negaba lo que estaba ocurriendo. La respuesta larga exige mirar cómo se hizo la desmovilización, qué quedó dentro y qué quedó fuera del pacto, y por qué la disputa terminológica se convirtió en el archivo mismo del asunto.

Lo que quedó a medio hacer en Santa Fe de Ralito

El Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003 entre voceros del gobierno nacional y comandantes de las AUC en el corazón del feudo de la Casa Castaño, obligó a las autodefensas a desmovilizar la totalidad de sus filas y a coordinar el desarme, la desmovilización y la reintegración de sus combatientes. La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, tradujo el pacto en arquitectura jurídica: penas alternativas de máximo ocho años para paramilitares que colaboraran con la reconstrucción de la verdad y repararan a sus víctimas. Sobre esos dos instrumentos —un acuerdo político y una ley de justicia transicional— se desmovilizaron alrededor de treinta y un mil personas en 38 actos formales y se entregaron poco más de dieciocho mil armas.

Las cifras admiten una lectura menos edificante. Del propio corazón del proceso emergieron los fraudes. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, confesó ante la justicia que en las listas de desmovilizados se incluyeron trabajadores de fincas de Vicente Castaño y personas ajenas por completo a las AUC. En el Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandantes se registraron como patrulleros y patrulleros como comandantes; se cambiaron alias y se instruyó a los llamados Vinculados con Fines de Desmovilización con libretos sobre cómo responder ante las autoridades. En ese mismo bloque, por orden de un mando conocido como Chely, se ocultaron fusiles, metralletas, granadas e intendencia nueva bajo plásticos negros para no entregarlos al Estado: eran las armas destinadas a equipar el grupo posdesmovilización que aparecería bautizado como Águilas Negras.

Antes de que se apagara el último acto formal, la maquinaria ya estaba diseñada para sobrevivirse. Comunas enteras de Medellín seguían bajo control paramilitar pese a la supuesta desmovilización del Cacique Nutibara. El cese de hostilidades pactado nunca se cumplió. Muchos niños que estaban en las filas de las AUC no fueron entregados conforme a lo comprometido. Desde las cárceles de Itagüí y La Ceja, los jefes recluidos continuaron dirigiendo redes criminales, ordenando asesinatos y administrando depósitos de armas no entregadas, como demostraron las grabaciones telefónicas divulgadas en mayo de 2007. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, cabeza del Bloque Central Bolívar, dirigió el narcotráfico desde su celda hasta ser extraditado en mayo de 2008. Jorge 40 y otros mantenían esquemas de seguridad, control de negocios y libertad de movimiento incompatibles con su condición de reclusos.

Ese fue el suelo sobre el que se levantaría, meses después, la discusión sobre cómo llamar a lo que venía.

Por qué el nombre importa

Un nombre no es un adorno. Cuando el Estado decide llamar a los grupos sucesores de las AUC bandas criminales emergentes, y no neoparamilitares, hace tres operaciones simultáneas. Reclasifica un fenómeno político como fenómeno delincuencial. Cancela la responsabilidad estatal en su origen —porque las bandas nacen de la mafia, no del pacto contrainsurgente con sectores del Estado documentado durante décadas—. Y valida, por vía negativa, el balance de éxito de la Ley 975: si los paramilitares se desmovilizaron y lo que queda son bandas, entonces el paramilitarismo terminó.

La denominación alternativa —neoparamilitares, tercera generación paramilitar, grupos armados posdesmovilización— hace la operación contraria. Insiste en la continuidad del actor, en la persistencia de sus alianzas con élites regionales, en el reciclaje de sus estructuras y en la sobrevivencia de su proyecto: control territorial, disciplinamiento social, captura de rentas legales e ilegales. Bajo esa mirada, Santa Fe de Ralito fue un artefacto de blanqueo antes que un cierre.

Lo que está en juego no es la exactitud descriptiva —ninguna de las dos etiquetas describe bien la totalidad del fenómeno— sino la memoria pública. De cómo se nombre a estos grupos depende si Colombia entiende que su ciclo paramilitar cerró en 2006, o si lo entiende como un proceso vivo, mutado y expandido durante toda la década siguiente.

Los términos del debate

La posición gubernamental fue explícita desde el comienzo. Uribe afirmó públicamente que el paramilitarismo en Colombia había sido extinguido y que sus líderes estaban en la cárcel. Los grupos que aparecían tras las desmovilizaciones eran, según esa lectura, redes de narcotráfico oportunistas, sin cadena de mando unificada, sin proyecto político, sin las relaciones orgánicas con el Estado que caracterizaron a las AUC. La categoría bacrim las definía por sus rasgos —bandas, criminales, emergentes— y las despojaba de los atributos que las habrían hecho continuadoras del paramilitarismo: la ideología contrainsurgente, la vocación de control territorial, la red de complicidades institucionales.

Frente a esa lectura, Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, sostuvo que el término bacrim buscaba ocultar la reingeniería paramilitar y persuadir a la opinión pública de que el gobierno había acabado con el paramilitarismo. La Corporación Nuevo Arco Iris, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación bajo la coordinación de Mauricio Romero, y organizaciones internacionales de derechos humanos sostuvieron la tesis contraria: en muchas regiones no había habido desmovilización sino transmisión de mando; las estructuras sociales, económicas y armadas del paramilitarismo no habían sido desmanteladas; los nuevos grupos incluían excombatientes rearmados y estructuras que nunca se desmovilizaron.

La investigadora Jasmin Hristov llevó el argumento un paso más allá: la desmovilización fue, en gran medida, un acto formal —muchos de los desmovilizados eran sicarios contratados, se entregaron pocas armas, las medidas legales fueron conducentes a la impunidad— y su función discursiva fue similar a la del abandono del tema de la violencia política en Centroamérica tras los acuerdos de paz: cambiar el lenguaje dominante de seguridad para que la continuidad de la represión política quedara invisibilizada bajo el registro de la criminalidad común.

El Centro Nacional de Memoria Histórica adoptó una posición intermedia: distinguió tres generaciones del paramilitarismo —los grupos originarios del sur del Magdalena Medio, la confederación de las AUC, y los grupos armados posdesmovilización (GAPD)—, reconociendo rupturas y continuidades entre ellas. Los GAPD, en esa clasificación, son sucesores que mantienen ciertos intereses ligados a la contrainsurgencia, pero sin identidad plena con la etapa AUC.

La discusión, entonces, no enfrenta a quienes ven continuidad contra quienes ven ruptura. Enfrenta versiones distintas de cómo pesar la continuidad, cuánto atribuir al narcotráfico frente a la contrainsurgencia, y qué papel juega el Estado en producir la ambigüedad.

El mapa de los hechos

Los hechos resisten tanto la simplificación oficial como el paraguas homogeneizante de la crítica.

La desmovilización estuvo comprometida desde su diseño. No hubo un solo bloque libre de irregularidades. Narcotraficantes del norte del Valle del Cauca, como los conocidos Don Diego y Jabón, rebautizaron sus ejércitos privados —Los Machos y Los Rastrojos— como Autodefensas Campesinas del Valle y Rondas Campesinas Populares con el propósito explícito de acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El gobierno nacional optó por aceptar la situación —algunos narcotraficantes habrían comprado su posición en las negociaciones— aunque exigió no dar cabida a nuevos comandantes. La línea entre desmovilizado auténtico y narcotraficante travestido nunca fue nítida.

Los enclaves de las nuevas estructuras reproducen casi calcadamente los territorios que controlaron los bloques de las AUC. Urabá, Córdoba, Chocó, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Costa Caribe, Nariño, Putumayo: los mismos corredores del narcotráfico, las mismas rutas de coca y armas, las mismas zonas de disputa. Meses después del cierre formal del proceso, en Nariño, Chocó y Putumayo la población no percibía cambio sustancial en las condiciones de seguridad debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales ligadas a economías ilícitas.

La emergencia fue acelerada y cuantificable. Los primeros ejercicios de conteo, hacia 2008, identificaban tres tipos de grupos dentro del fenómeno bacrim: completamente nuevos, compuestos por paramilitares desmovilizados que se rearmaron, y compuestos por paramilitares que nunca se desmovilizaron. Se hablaba de unos ocho mil miembros en cerca de doscientos cincuenta municipios. Un año después, los registros habían crecido a 82 estructuras en 273 municipios, con aproximadamente diez mil combatientes, de los cuales cerca de la mitad eran desmovilizados reincidentes. Los Rastrojos, aparecidos en 2002 en el norte del Valle, operaban ya en un tercio de los departamentos del país.

La extradición actuó como bisagra. En la madrugada del 13 de mayo de 2008, el gobierno Uribe extraditó a Estados Unidos a catorce jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna y Macaco. La decisión, sorpresiva, obstaculizó gravemente el proceso de Justicia y Paz: las audiencias se hicieron muy difíciles por problemas logísticos y de voluntad política, y los representantes de víctimas advirtieron que sus representados quedarían sin verdad y sin reparación. La extradición pudo estar motivada, al menos en parte, por el temor de sectores políticos a lo que los paramilitares podían revelar sobre sus vínculos con el paramilitarismo. Cualquiera fuera el motivo, su efecto sobre la arquitectura criminal fue claro: los lugartenientes de los jefes eliminados o encarcelados se convirtieron en actores autónomos en competencia violenta. En Medellín, la extradición de Don Berna agudizó las pugnas por la Oficina de Envigado y precipitó el ingreso de los Urabeños a la ciudad.

Hubo también refundación con nombre y fecha. El 8 de enero de 2008, en la finca Las Guacamayas, en Necoclí (Antioquia), se realizó la primera asamblea formal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Su primer Estado Mayor lo integraron Daniel Rendón Herrera (alias Don Mario), Juan de Dios Úsuga (alias Giovanny) y Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel). Don Mario había sido mando del Bloque Centauros y no se había desmovilizado; los hermanos Úsuga aportaban disciplina y adiestramiento militar heredados de su paso por el EPL y las AUC. En octubre de ese año, las AGC decretaron un paro armado con repercusión en Puerto Libertador y Tierralta, varios municipios de Urabá, el Bajo Cauca antioqueño y la Costa Caribe: paralizaron el comercio mediante panfletos amenazantes. Fue el debut público de una organización con capacidad de imponer soberanía negativa sobre regiones enteras. En mayo de 2009, las Águilas Negras rechazaron públicamente la denominación de bandas emergentes y reivindicaron su carácter político como ejército de la Restauración Nacional.

El narcotráfico capturó el proceso desde adentro. Pacho Cifuentes, cuya red operaba en el norte del Chocó en zonas donde también había estado presente el Bloque Elmer Cárdenas, consolidó desde 2003 alianzas con el Cartel de Sinaloa para enviar cocaína en aviones desde la pista clandestina de Curiche, en Juradó, usando como fachada una empresa pesquera; El Chapo Guzmán fue padrino de bodas de su hermano Alexander. En 2007, Don Berna ordenó el asesinato de Pacho Cifuentes por oponerse a entregar a la Oficina de Envigado el control de esas rutas. Los Machos, bajo Don Diego, se recompusieron sobre una base de desmovilizados del Bloque Central Calima. La articulación entre desmovilización, rearme y economías ilegales no fue accidental: fue el mecanismo.

El balance judicial cierra el cuadro. Tras una década de vigencia de la Ley 975 apenas se habían producido 47 sentencias, que condenaron a 195 postulados: alrededor del 8% de los aspirantes a los beneficios de la legislación. Para 2010, la Unidad de Justicia y Paz había recibido más de cuatro mil casos de desaparición forzada dentro de un universo confesado que superaba los cincuenta mil crímenes; se habían exhumado cerca de tres mil fosas y hallado unos 3.700 cadáveres, de los cuales solo un tercio había sido identificado plenamente. La restitución de bienes fue prácticamente nula: apenas el 5% de los hogares rurales que solicitaron devolución la obtuvo, menos del 1% del total de hogares afectados. La ley excluyó a los llamados terceros civiles responsables, a los militares y a los mandos medios y patrulleros, a quienes se aplicó amnistía. El aparato de verdad, justicia y reparación no colapsó: nació estrecho.

Volviendo a la pregunta

La denominación bacrim funcionó como dispositivo estatal de clausura narrativa. Al despojar a los grupos sucesores de su atributo político, permitió al gobierno de Uribe presentar el proceso de Justicia y Paz como éxito consumado y descargar la continuidad territorial-criminal sobre el registro de la delincuencia común. La persistencia de los mismos corredores, la reincidencia masiva de desmovilizados, la ocultación deliberada de armas durante el desarme, la captura del proceso por narcotraficantes que se autodenominaron autodefensas, la refundación explícita de estructuras como las AGC con asamblea, Estado Mayor y paro armado desmienten la lectura de un cierre. Lo que ocurrió entre 2003 y 2008 no fue el fin de un ciclo paramilitar sino su reconfiguración bajo un lenguaje que negaba la reconfiguración.

La etiqueta alternativa —neoparamilitarismo, tercera generación paramilitar— tampoco captura bien el fenómeno. La heterogeneidad de los grupos posdesmovilización es demasiado profunda para caber bajo un solo paraguas. Las AGC en Urabá tienen mando unificado, doctrina interna, capacidad de imponer paros armados regionales, subordinación de estructuras rivales como las Águilas Negras y una genealogía explícita con las AUC. La Empresa en Buenaventura, aliada con Los Rastrojos, controla territorio urbano mediante casas de pique y economías rentistas, sin proyecto contrainsurgente reconocible. Las oficinas de cobro de Medellín, herederas de la Oficina de Envigado tras la extradición de Don Berna, operan como redes criminales con vocación de arbitraje mafioso. Los Rastrojos combinan control de rutas del Pacífico con cooptación de bandas delincuenciales locales en la Costa Caribe. Los Traquetos, Los Paisas, los Vencedores del San Jorge en Córdoba, articulados a la cadena productiva de la coca, funcionan como pequeñas empresas de coerción especializada.

Nombrar todo esto neoparamilitarismo homogeneiza fenómenos cuya diferencia importa. Nombrarlo bacrim borra su continuidad con lo anterior y con las alianzas que lo hicieron posible.

La desmovilización de las AUC y la posterior emergencia de las bacrim y las AGC son la mutación de un mismo tejido criminal-territorial, no el cierre de un ciclo. La continuidad no es idéntica —hay grupos nuevos, hay predominio creciente del narcotráfico sobre la contrainsurgencia, hay pérdida de la unidad de mando de la etapa AUC—, pero es continuidad. La disputa sobre cómo nombrar a estos grupos es política porque en ella se decide si el Estado colombiano se reconoce responsable de una arquitectura que no desmanteló, o si se autoriza a certificar un éxito que las cifras de reparación, verdad y reincidencia contradicen.

La cuestión más incómoda es la que subyace a las dos capas: la desmovilización no fracasó a pesar de sus vacíos —fraudes en las listas, armas ocultadas, mandos operando desde prisión, exclusión de terceros civiles y militares, impunidad de mandos medios—. Fracasó por ellos. Y los vacíos no fueron accidentes técnicos: fueron el margen por donde se filtró la continuidad. Un proceso diseñado con esas holguras produjo previsiblemente la zona gris en la que hoy operan las AGC, los grupos rentistas urbanos y los herederos regionales. La ambigüedad del lenguaje es hija directa de la ambigüedad del pacto.

Queda por resolver el peso relativo del narcotráfico frente a la contrainsurgencia como motor de los grupos posdesmovilización. La captura del proceso por narcotraficantes del Valle, la primacía de las rutas sobre las agendas ideológicas en la mayoría de los enclaves, la ausencia de discurso contrainsurgente sistemático en grupos como Los Rastrojos o La Empresa, sugieren que la etiqueta de neoparamilitarismo puede sobreestimar la dimensión política. Pero las AGC, con su asamblea fundacional, sus comunicados, su vocación de control social sobre juntas comunales, sus prácticas contra líderes sociales, muestran que el componente político no desapareció. La proporción exacta entre uno y otro varía por región y por grupo, y una sola categoría difícilmente la contendrá. Falta trazarse el mapa completo de las complicidades estatales que hicieron posible la mutación —permisividad en el rearme, no persecución efectiva de mandos medios, extradiciones que interrumpieron confesiones—; sin ese mapa, la pregunta de por qué la reconfiguración fue posible no tiene respuesta plena.

Mientras esa revisión no llegue, el país seguirá litigando sobre las palabras. Y en cada litigio semántico se decidirá, una vez más, qué está dispuesto a recordar Colombia sobre lo que hizo —y lo que no hizo— con sus paramilitares.