Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel

Un hombre de Urabá

Otoniel nació en 1971 en Necoclí, municipio del Urabá antioqueño, la franja que se estira entre el golfo de Urabá y la serranía del Darién. Es una geografía que no se puede entender sin la historia económica que la produjo. Desde los años sesenta, la expansión bananera había convertido a Urabá en un imán de migración laboral: trabajadores del interior del país llegaban a las plantaciones, se instalaban en campamentos y, en el curso de una generación, configuraron una clase obrera proletarizada que polarizó socialmente la región, con especial intensidad en Apartadó. Los plantadores por un lado, los trabajadores por otro, y sobre esa fractura se montó desde temprano una vida sindical y política que hizo de Urabá uno de los territorios más ideológicamente disputados del país.

Fue en esa región donde el niño Dairo Antonio, uno más entre los hijos de una familia campesina pobre, creció bajo la sombra permanente del fusil. Sus hermanos siguieron caminos que en aquel Urabá estaban entrelazados con los del propio conflicto: Juan de Dios, mayor que él, se le adelantó en la vida armada; una hermana, Nini Johana Úsuga David, alias La Negra, terminaría décadas después extraditada también por narcotráfico. El apellido Úsuga, en la región, dejaría de ser un apellido para convertirse en una marca. Pero eso vendría mucho más tarde. En los años ochenta, en Necoclí, era simplemente el apellido de una familia rural que sobrevivía como podía entre el bananal, la ganadería menor y la política en armas.

En esa geografía se instaló, entre otras insurgencias, el Ejército Popular de Liberación (EPL), la guerrilla maoísta más pequeña y débil del catálogo armado colombiano, ya erosionada desde los años setenta por las divisiones internas del Partido Comunista de Colombia-Marxista Leninista. Otoniel entró al EPL siendo un adolescente, cuando la organización se aproximaba a su desmovilización, formalizada en 1991. De aquella desmovilización nació el partido Esperanza, Paz y Libertad, y de la fractura entre quienes se desmovilizaron y quienes no —la llamada disidencia del EPL— nació, en 1992, una estructura decisiva para la biografía de Úsuga: los Comandos Populares, formados por exguerrilleros que se organizaron para autodefensa contra los ataques de la disidencia y de las FARC contra los militantes del partido Esperanza. Fue el primer eslabón de la larga cadena en la que un excombatiente de guerrilla podía terminar, sin cambiar de barrio ni de enemigos, del lado paramilitar.

De guerrillero a paramilitar: el tránsito de 1996

Otoniel contó ante la Comisión de la Verdad que en 1996 cerca de cuatrocientos combatientes exguerrilleros del EPL se incorporaron a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en tres momentos distintos. Él fue uno de ellos. La cifra proviene de su propio testimonio, pero el fenómeno del que da cuenta está sobradamente documentado: la incorporación masiva de exguerrilleros del EPL a las ACCU fue un factor determinante del control territorial que Carlos y Vicente Castaño consolidaron en Córdoba y Urabá en la segunda mitad de los noventa. Los exguerrilleros aportaban conocimiento del terreno, redes locales y experiencia militar, y muchos pasaron a integrar los grupos de operaciones especiales de las autodefensas. El tránsito, según relató Otoniel, contó con el visto bueno de las autoridades colombianas, aunque los términos exactos de ese respaldo permanecen sin documentar.

Los hermanos Castaño habían incursionado en Urabá y Córdoba aprovechando una combinación precisa: la debilidad del gobierno, el respaldo tácito de élites políticas y económicas regionales opuestas a las reformas democratizadoras del momento y el debilitamiento previo de la guerrilla local. Esa incursión desplazó el eje del paramilitarismo colombiano del Magdalena Medio —donde había nacido en los años ochenta— hacia Urabá, y con ello reconfiguró el mapa nacional del fenómeno. Otoniel operó en ese contexto. Comandó operaciones de las ACCU contra el Frente 5 de las FARC-EP en Urabá y posteriormente fue trasladado a otra región para continuar operaciones paramilitares. En algún punto de esos años, un excombatiente del EPL que había peleado contra el paramilitarismo pasó a ser uno de sus oficiales de confianza.

El fenómeno del tránsito de guerrilleros a paramilitares no era nuevo en Urabá. Ya en los ochenta, algunos narcotraficantes habían intentado seducir a comandantes de frentes guerrilleros y a mandos medios ofreciéndoles integrarse a proyectos armados afines. Lo nuevo en 1996 fue la escala del reciclaje y su carácter organizado. Cuatrocientos hombres cambiando de bando de una vez —con conocimiento del territorio y de las comunidades— no era una deserción: era una absorción estratégica. En paralelo, las ACCU también recibieron desertores de los frentes 58 y 18 de las FARC-EP, y con esa nueva composición se expandieron desde Urabá hacia el sur, hacia el departamento del Chocó y su costa Pacífica, plataforma que sirvió a los Castaño para el posicionamiento nacional de las autodefensas y su fusión, en 1997, en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Urabá pagó un precio brutal por esa consolidación. La región concentró en Antioquia el 38,6 % del reclutamiento de menores por paramilitares, y sus municipios —Turbo, Apartadó, Necoclí, Carepa, Chigorodó— quedaron atravesados por una economía de guerra en la que las masacres, los desplazamientos forzados y el despojo de tierras alimentaron un proceso de acumulación en manos de hacendados, paramilitares y narcotraficantes que reconfiguró la propiedad rural durante una generación.

La desmovilización que no cerró nada

Entre noviembre de 2003 y noviembre de 2006, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez desmovilizó a las AUC. Se entregaron entre treinta mil y treinta y un mil quinientos combatientes. El proceso arrancó con el Bloque Cacique Nutibara en Medellín y terminó con el Bloque Élmer Cárdenas en Urabá. La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, ofreció penas máximas de ocho años a cambio de verdad, colaboración con la justicia y reparación a las víctimas con capitales propios. Sobre el papel, era una fórmula de justicia transicional.

En la práctica, fue una desmovilización a medias. El supuesto cese de hostilidades no se cumplió: los grupos continuaron perpetrando crímenes contra la población civil durante el propio proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que varias comunas de Medellín conservaban una fuerte presencia y control paramilitar pese a la supuesta desmovilización del Bloque Cacique Nutibara. Las tasas de homicidio en las zonas de influencia mostraron un comportamiento heterogéneo —bajaron en algunos territorios, subieron en otros—; en la zona del Bloque Bananero, en Urabá, aumentaron un 56 % entre 2004 y 2005. En julio de 2008, el gobierno extraditó a Estados Unidos a los principales jefes paramilitares que no colaboraban con la justicia y seguían delinquiendo, entre ellos Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, por requerimientos de narcotráfico. La medida, presentada como respuesta a los incumplimientos, tuvo el efecto colateral de trasladar la verdad de esos comandantes a una jurisdicción que sólo se interesaba por los cargos de tráfico, no por las masacres.

Es en ese vacío —desmovilización incompleta, jefes extraditados, estructuras económicas intactas, redes políticas regionales sin desmontar— donde emergió el rearme. Y es en ese rearme donde Otoniel, que no se acogió al proceso, pasó del segundo escalón al primero.

La fundación del Clan: enero de 2008

El 8 de enero de 2008, en la finca Las Guacamayas, en Necoclí, se realizó la primera asamblea de una nueva organización: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Allí se conformó su primer Estado Mayor. Entre las figuras de mando estaban Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario —hermano del extraditado Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, excomandante del Bloque Élmer Cárdenas—, Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanni, y su hermano Dairo Antonio, alias Otoniel. Los tres traían experiencia militar acumulada entre el EPL y las AUC. El grupo se conoció inicialmente como Héroes de Castaño, en homenaje a la casa fundadora del paramilitarismo colombiano moderno, y al expandirse hacia el Bajo Cauca antioqueño, el Nordeste antioqueño y el sur de Córdoba, la población comenzó a llamarlo también Águilas Negras. El nombre AGC fue la etiqueta que la propia organización eligió para sí misma; el Estado y la prensa terminaron llamándola indistintamente Urabeños, Clan Úsuga y Clan del Golfo, en función del momento y del énfasis.

La reivindicación del apellido gaitanista no era casual. Anclaba simbólicamente al grupo en una tradición popular y no en una tradición contrainsurgente. Era una operación de blanqueo ideológico que reciclaba el nombre de Jorge Eliécer Gaitán —el líder liberal asesinado en 1948— para vestir con lenguaje político una estructura cuya arquitectura era, sin excepción, la del paramilitarismo clásico: control territorial, extorsión, alianzas con élites locales y renta narcotraficante. Tras la desaparición y presunta muerte de Vicente Castaño, el liderazgo del proyecto recayó en Don Mario.

Don Mario cayó en 2009. Documentación policial de la época indicaba que el grupo pasó entonces a estar bajo las órdenes de Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y que había ampliado su área de operaciones de Urabá a nueve departamentos y setenta y nueve municipios, con aproximadamente mil ciento veinte miembros. En apenas un año y medio, lo que había nacido en una finca de Necoclí ya era una estructura nacional. Cuando Giovanni fue abatido por la policía el 1 de enero de 2012 en Acandí, Chocó —en un operativo enmarcado en la Navidad y el fin de año, con toda la carga simbólica que eso tenía—, su hermano Dairo Antonio quedó al mando. Otoniel tenía cuarenta años y, tras dieciséis años como combatiente de segunda línea, se convertía en el comandante en jefe de la principal estructura armada del país surgida del paramilitarismo.

La consolidación nacional (2012-2016)

La muerte de Giovanni marcó también el cierre de una etapa personal. Otoniel había operado a la sombra de su hermano mayor desde que ambos entraron al EPL; el mando le llegó por herencia sangrienta, en un país donde la sucesión al frente de las estructuras armadas se decidía en emboscadas. A partir de entonces, y hasta su captura casi diez años después, Dairo Antonio Úsuga David viviría con el nombre puesto por su hermano —Otoniel— como una segunda piel, sin domicilio fijo, moviéndose entre caletas, con un séquito reducido de escoltas de confianza y una salud que se fue deteriorando: sordera parcial en un oído, problemas de espalda, una úlcera crónica. La leyenda del capo con harenes y fiestas que circuló en algunos medios contrasta con la descripción de sus custodios y con la de la propia Fiscalía tras su captura: la de un hombre austero, desconfiado, casi monástico en su rutina de supervivencia. La imagen es coherente con su trayectoria. Nunca había sido un patrón en el sentido escobariano del término; era un cuadro paramilitar, un jefe de operaciones convertido en comandante en jefe.

Bajo su mando, el Clan del Golfo se convirtió entre 2012 y 2016 en el grupo posdesmovilización más fuerte y extendido a nivel nacional. La expansión combinó tres movimientos simultáneos: absorción de estructuras rivales debilitadas, ocupación de vacíos territoriales y diversificación económica.

En el norte del Valle del Cauca, la mayoría de los integrantes de Los Machos —una de las estructuras herederas de la escisión narcotraficante del norte del Valle— fueron absorbidos por los Urabeños. Se manejó la hipótesis de que Héctor Mario Urdinola, alias Chicho, ante el debilitamiento de su grupo, facilitó la integración, posiblemente entregando también rutas del narcotráfico. En Buenaventura, el grupo hizo presencia a partir de octubre de 2012, desplazando o coexistiendo con Los Rastrojos y Los Machos en el puerto más importante del Pacífico colombiano. En Medellín aprovechó la crisis interna de la Oficina de Envigado, agudizada por las detenciones sucesivas de sus jefes: se llegó a un acuerdo entre ambas estructuras que permitió a los Urabeños entrar a la ciudad sin librar una guerra frontal.

Hacia 2014, el grupo tenía presencia registrada en Sucre, Córdoba, Bolívar, Antioquia y varios departamentos más. En San Marcos custodiaba rutas de narcotráfico que conectaban el sur de Bolívar con el Nudo de Paramillo y con el Bajo Cauca antioqueño, articulando corredores que atravesaban los Montes de María y La Mojana. La geografía del Clan del Golfo replicaba, casi en calco, la geografía histórica del paramilitarismo de las AUC: los mismos corredores, las mismas costas, las mismas fronteras.

La diversificación económica fue tan importante como la territorial. Los grupos armados posdesmovilización, entre ellos las AGC, fortalecieron el control de actividades mineras en sus zonas de influencia. En Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Valle y Cauca, el oro comenzó a desplazar a la coca como fuente de financiación. La minería ilegal ofrecía márgenes competitivos, blanqueo más fácil y menos exposición internacional que el narcotráfico. Al mismo tiempo, el grupo perfeccionó una economía de gobernanza criminal que iba más allá del delito: intervino en la definición de candidaturas locales, financió campañas electorales y estableció acuerdos con gobernantes para capturar rentas a través de la contratación pública. La parapolítica, que en los años del uribismo había sido el escándalo que reveló la penetración paramilitar del Congreso, siguió apareciendo bajo formas nuevas en el nivel municipal y departamental, y el Clan del Golfo fue uno de sus actores centrales.

Esa arquitectura —militar, económica y política a la vez— no era la de una banda criminal. Era la de un régimen paralelo de facto en amplias zonas del país. Y su comandante era Otoniel.

El posacuerdo: el vacío que llenó

En noviembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo Final con las FARC-EP. La guerrilla más antigua del continente inició su desarme y su tránsito hacia la política electoral. Se abrió, en teoría, un ciclo de paz. Lo que se abrió, en la práctica, fue un mapa de territorios sin actor armado dominante, con economías ilegales consolidadas, comunidades sin presencia estatal efectiva y todo un catálogo de estructuras armadas dispuestas a llenar el vacío. El Clan del Golfo, bajo el mando de Otoniel, fue el principal beneficiario.

En 2017, el grupo llegó a Nariño mediante una alianza con la disidencia de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y controló puntos estratégicos de minería ilegal y procesamiento de pasta de coca en la zona del Pacífico norte. Creó una estructura propia, denominada Cordillera Sur, que le dio proyección sobre uno de los corredores narcotraficantes más importantes del país, el que conecta el suroccidente colombiano con la costa pacífica y de allí hacia México y Centroamérica. En el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, disputó territorios con Los Caparros —una escisión disidente del propio Clan—, las Águilas Negras, grupos posFARC y el ELN, en torno al control de la ganadería, el narcotráfico, la minería y la industria de hidrocarburos. En el Bajo Cauca antioqueño se libró una de las guerras más intensas del posacuerdo, con el Clan del Golfo y Los Caparros como protagonistas centrales, junto al ELN y disidencias de las FARC, por el control del territorio, los cultivos ilícitos, la explotación aurífera y las rutas del tráfico. Desde principios de 2019, esa confrontación produjo desplazamientos masivos y asesinatos cotidianos.

El posacuerdo trajo también una intensificación del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos que sacudió al país. Los homicidios ocurrieron con particular concentración en los mismos territorios donde el Clan del Golfo, Los Caparros y el ELN disputaban rentas legales —megaproyectos mineros, ganadería, palma de aceite— e ilegales. La correlación geográfica es indiscutible; la atribución causal directa a la disputa por macroproyectos o al despojo de tierras es más difícil de sostener con precisión, pero la coincidencia entre los mapas del asesinato y los mapas del control armado no admite discusión.

El nuevo ciclo de violencia posacuerdo respondió a una combinación de factores: el auge de las economías ilícitas, el insuficiente respaldo del gobierno a la implementación del acuerdo de paz, los bloqueos por parte de fuerzas políticas y económicas poderosas y el fortalecimiento de grupos armados como el Clan del Golfo. Ninguno de esos factores era nuevo. Todos eran expresiones estructurales que la desmovilización de las AUC de 2003-2006 y el acuerdo con las FARC de 2016 dejaron sin resolver: territorios sin institucionalidad, economías ilegales consolidadas, élites regionales dispuestas a pactar con quien controlara el orden local. Otoniel operaba en ese escenario porque el escenario existía. Su figura condensaba el problema; no lo causaba.

La Operación Agamenón y la caza

El Estado colombiano lo supo tarde y actuó todavía más tarde. Aproximadamente en febrero de 2015 se puso en marcha la Operación Agamenón, una ofensiva conjunta de la Policía, el Ejército y la Fiscalía diseñada específicamente para capturar a Otoniel y desmantelar a los Urabeños. En abril de ese año, la BBC ya informaba del megaoperativo, con lo que la persecución había ganado dimensión internacional. Un año después, en febrero de 2016, El Colombiano publicó un balance devastador: la Operación Agamenón cumplía doce meses sin haber logrado ninguno de sus dos objetivos centrales. Ni Otoniel capturado, ni los Urabeños desmantelados.

La operación se transformó en Agamenón II y se prolongó durante años. Otoniel se movió por la selva del nudo de Paramillo, entre Antioquia, Córdoba y Chocó, en un perímetro que conocía desde sus tiempos del EPL. Los operativos se sucedieron con captura de mandos medios, decomiso de armamento y presión sobre los anillos de seguridad, pero el comandante permaneció esquivo. En octubre de 2021, tras seis años de persecución sostenida, un operativo militar lo capturó en una zona rural del Urabá antioqueño. El presidente Iván Duque, en un despliegue mediático cuidadosamente coreografiado, comparó la captura con la muerte de Pablo Escobar en 1993. La comparación era desmesurada, pero políticamente rentable: convertía a Otoniel en el trofeo de un gobierno acorralado por la crisis social y por su propia gestión del posacuerdo.

La extradición y el precio de la verdad

Antes de ser extraditado, Otoniel había comenzado a hablar. Se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la Comisión de la Verdad. Empezó a entregar información sobre sus años en el EPL, sobre el tránsito a las ACCU, sobre las operaciones de las AUC, sobre la fundación de las AGC en 2008. Su testimonio prometía ser una de las contribuciones más completas a la verdad histórica del paramilitarismo colombiano en su fase reciente, porque él, y prácticamente sólo él, había vivido las tres etapas del ciclo desde adentro.

El 4 de mayo de 2022, el gobierno de Iván Duque lo extraditó a Estados Unidos. En Nueva York enfrenta cargos exclusivamente de narcotráfico. Ni una imputación por masacres, ni por desplazamiento forzado, ni por reclutamiento de menores, ni por asesinato de líderes sociales, ni por despojo de tierras. La justicia norteamericana no se ocupa de esas dimensiones del conflicto colombiano; nunca lo ha hecho. Y cuando extradita a un paramilitar, el país que lo entrega renuncia a los procesos internos que pudieran depurar responsabilidades.

Es una historia repetida. En julio de 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe extraditó a Salvatore Mancuso, a Diego Murillo Bejarano, a Hebert Veloza y a los otros principales jefes paramilitares, la denuncia fue idéntica: los responsables de miles de crímenes cometidos en Colombia terminaron respondiendo únicamente por sus rutas cocaineras ante fiscales estadounidenses, y sus víctimas colombianas se quedaron sin verdad. Catorce años después, el gobierno de Iván Duque hizo exactamente lo mismo con Otoniel.

El propio Juan Manuel Santos —que firmó, según sus palabras, "tal vez" más extradiciones que cualquier presidente colombiano en la historia, más de mil cuatrocientas— reconoció en sus memorias, citando a Rafael Pardo, que la figura se había ido deformando: se extraditaba cada vez más a mandos medios que a verdaderos capos, y las penas recibidas en Estados Unidos eran, comparadas con las de otros delincuentes, irrisorias. El negocio del narcotráfico, admitió Santos, ha seguido con su estela de muertes y corrupción a pesar del volumen de extradiciones. La Comisión de la Verdad, en el mismo sentido, señaló que la extradición genera una desigualdad procesal que sacrifica los derechos de las víctimas colombianas a la verdad en el altar de la cooperación antinarcóticos con Washington. Ambas críticas convergen en el mismo punto: el instrumento ha demostrado ser insuficiente contra el narcotráfico y contraproducente para la justicia transicional.

En el caso de Otoniel, esa doble ineficacia se hizo grotesca. Un hombre que había pasado por el EPL, por las ACCU, por las AUC y por el Clan del Golfo; que había sido testigo directo de treinta años de continuidad paramilitar; que empezaba a hablar ante la justicia transicional colombiana, fue enviado a Nueva York a responder por kilos de cocaína.

La huella

La huella de Otoniel no se mide en la figura individual sino en lo que su trayectoria revela. Su biografía es la biografía del ciclo que el Estado colombiano no supo cerrar. Cerrar el ciclo paramilitar habría exigido en 2006 —y habría vuelto a exigir en 2016— algo que no se hizo: desmantelar las condiciones estructurales que permiten el rearme. Territorios sin institucionalidad estatal efectiva. Economías ilegales consolidadas: coca, oro, extorsión, rutas. Élites políticas y económicas regionales dispuestas a pactar con el actor armado que garantice orden. Redes de exfuncionarios, exmilitares y contratistas que sirven de intermediarios entre el mundo legal y el ilegal.

Mientras esas condiciones se mantuvieron, cualquier desmovilización estaba condenada a producir su propio rearme. Un excombatiente del EPL en 1991 podía terminar en las ACCU en 1996 porque el territorio de Urabá lo demandaba. Un excombatiente de las AUC en 2006 podía terminar fundando las AGC en 2008 porque las estructuras económicas y políticas del paramilitarismo estaban intactas. Un excombatiente de las FARC en 2017 podía terminar en una disidencia o en un acuerdo con el Clan del Golfo porque el Acuerdo de Paz no había alterado las condiciones que hacían del narcotráfico y la minería ilegal las principales economías rurales de amplias zonas del país. La figura de Otoniel no es la excepción: es la regla.

Su detención en 2021 y su extradición en 2022 no significaron el fin del Clan del Golfo. La estructura sobrevivió al arresto de su comandante como había sobrevivido al abatimiento de Giovanni en 2012 y a la caída de Don Mario en 2009. En mayo de 2022, para protestar por la extradición, el grupo decretó un paro armado que paralizó durante cuatro días amplias zonas de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre, Bolívar y otros departamentos, con presencia efectiva en ocho departamentos y una demostración de fuerza que confirmó lo obvio: la organización era mucho más que su jefe.

En una audiencia ante la JEP, poco antes de ser subido al avión que lo llevó a Brooklyn, Otoniel dijo que quería contar lo que había visto en treinta años de guerra. No pudo. El día en que aterrizó en Nueva York, el Clan del Golfo emitía comunicados en aproximadamente ciento sesenta municipios colombianos y los sicarios seguían disparando en el Bajo Cauca. La biografía de Dairo Antonio Úsuga David terminó, en cierto sentido, en un tribunal federal del distrito sur. La del país que lo hizo posible sigue abierta.