Verdad histórica

En Colombia, la expresión verdad histórica nombra a la vez un derecho, una institución y un campo de disputa. Como derecho, obliga al Estado a esclarecer los hechos de la violencia y las responsabilidades correspondientes ante las víctimas y ante la sociedad. Como institución, se ha materializado en un conjunto de organismos —el Grupo de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad— encargados de producir relatos autorizados sobre el conflicto armado. Como campo de disputa, es el terreno donde se enfrentan sobrevivientes, perpetradores, académicos, gobiernos y sectores políticos que pugnan por fijar el sentido de más de medio siglo de guerra. La categoría se decantó al calor de sucesivas crisis de impunidad: cada límite del aparato judicial forzó la creación de un mecanismo paralelo hasta que, con el Acuerdo Final de 2016, la verdad histórica quedó consagrada como dimensión autónoma, distinta y complementaria de la verdad judicial. Sus hitos normativos son la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), la Ley 1424 de 2010, la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) y el Decreto 588 de 2017, que organizó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Sus organismos centrales son el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la propia CEV. Su producto más visible es el Informe Final Hay futuro si hay verdad (2022), en once tomos y veinticuatro volúmenes.

Una categoría forjada en la fricción

La verdad histórica no es en Colombia un concepto abstracto heredado del derecho internacional, sino una construcción endurecida por acumulación de derrotas. Antes de tener nombre institucional tuvo antecedentes: en 1987 la Comisión de Estudios sobre la Violencia entregó un diagnóstico que buscaba explicar el país a partir de sus violencias entrelazadas y afirmaba que el conocimiento del pasado violento era una tarea pública. Pero fue una tragedia concreta, y una demanda internacional, la que impuso el asunto en la agenda del Estado.

El caso Trujillo —la sucesión de masacres cometidas en ese municipio del Valle del Cauca entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa— llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y derivó en la creación de la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo, la CISVT, resultado de acuerdos entre el Estado y la comunidad de víctimas. Su producto fue una primera reconstrucción histórica de los hechos en la que el Estado colombiano participó y aceptó su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad denunciados. El precedente fue mayúsculo: por primera vez, la violencia interna colombiana dejaba de ser tratada como un asunto exclusivamente doméstico y comenzaba a leerse en clave interamericana. Trujillo abrió una gramática nueva, la de un Estado obligado a reconocer, no solo a investigar penalmente, lo que había ocurrido.

El segundo peldaño llegó con la Ley de Justicia y Paz, que introdujo el capítulo de la memoria y la justicia transicional en Colombia y comenzó a hacer visibles a las víctimas como actores sociales y políticos antes del acuerdo con las FARC. Bajo su amparo, el Grupo de Memoria Histórica adscrito a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación —dirigido por el historiador Gonzalo Sánchez Gómez— empezó a documentar casos emblemáticos: Trujillo (2008), El Salado (2009), Bojayá (2010), La Rochela (2010), Bahía Portete (2010) y La tierra en disputa (2010-2011). Cada informe operaba como reparación simbólica y, a la vez, como prueba de que el aparato judicial, por sí solo, no podía dar cuenta de la magnitud ni de las lógicas de la violencia colombiana.

La Ley 1448 de 2011 —la llamada Ley de Víctimas— desplazó definitivamente el eje institucional del desmovilizado hacia la víctima y amplió la cobertura temporal de reparación a hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones graves a normas de derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno. Ese giro normativo consolidó el marco en el que el Centro Nacional de Memoria Histórica asumió el trabajo del Grupo de Memoria Histórica y lo convirtió en política pública sostenida. Colombia empezaba a tratar la reconstrucción del pasado como una obligación del Estado.

Todo ese trayecto —Trujillo ante la CIDH, Justicia y Paz, la Ley de Víctimas, el CNMH— explica por qué, cuando llegaron las negociaciones de La Habana, la verdad histórica no tuvo que ser inventada: ya existía como práctica, como demanda y como aprendizaje sobre lo que las anteriores institucionalidades no habían podido resolver.

La verdad histórica como derecho

Detrás de la institucionalización hay un marco jurídico preciso. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la verdad tiene dos dimensiones inseparables. La primera es individual: su titular es la víctima y sus familiares, y se proyecta en el deber del Estado de esclarecer los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes. La segunda es colectiva: beneficia a la sociedad entera, porque la determinación de los hechos contribuye al reproche social de lo sucedido y, por tanto, a la no repetición.

Esa doble titularidad —del sobreviviente y del cuerpo social— sostiene la existencia de mecanismos extrajudiciales de esclarecimiento. La verdad surgida de ejercicios de memoria y la surgida de procesos judiciales se enmarcan ambas en las obligaciones estatales de verdad, justicia, reparación y no repetición frente a graves violaciones de derechos humanos, pero cumplen funciones distintas. La verdad judicial busca establecer responsabilidades penales individuales; la verdad histórica, comprender contextos, patrones, causas y daños colectivos. Que Colombia haya terminado por construir una arquitectura separada para cada una es reconocimiento de que, cuando se las obliga a operar en un mismo aparato, ninguna cumple bien su función.

Ese diagnóstico quedó fijado en el propio corpus institucional. Justicia y paz. ¿Verdad judicial o verdad histórica?, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2012, cristalizó una crítica que atravesaría los años siguientes: en el proceso de Justicia y Paz, la reconstrucción histórica, la recolección testimonial de víctimas y la investigación criminal operaban de manera separada y en ocasiones contradictoria, en lugar de estar entretejidas. La consecuencia era severa. El testimonio de la víctima tendía a quedar reducido a ejemplo moralizante, sin validez propia como conocimiento. Las reglas probatorias del proceso no incorporaban la relación entre violencias y temporalidades de larga duración: esas que las comunidades indígenas y las familias desplazadas viven no como episodios aislados, sino como un continuum.

El antropólogo Alejandro Castillejo formuló la conclusión analítica: cualquier iniciativa de esclarecimiento histórico en Colombia debía unificar la palabra de la víctima y la fuente documental, la reconstrucción histórica y la investigación criminal, dimensiones que hasta entonces habían operado por separado. Ese diagnóstico —producido dentro del propio aparato de memoria del Estado— viajaría a La Habana.

La arquitectura de La Habana

El Acuerdo Final firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP recogió esa lección y diseñó una respuesta arquitectónica: el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR. Lo integran tres entidades con mandatos diferenciados pero articulados. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, asume la responsabilidad penal individual, con un régimen sancionatorio propio que incluye penas de prisión de entre 15 y 20 años en determinados supuestos. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, adopta un carácter humanitario y extrajudicial para la localización de los desaparecidos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, se ocupa de la verdad histórica en sentido estricto: esclarecer, en tres años y medio, la verdad del conflicto armado.

La separación era deliberada. Al segregar la verdad judicial de la verdad extrajudicial en órganos distintos, el diseño buscaba precisamente lo que Justicia y Paz no había logrado: que la investigación criminal no ahogara al testimonio, que la reconstrucción histórica no quedara condicionada por los tiempos y las categorías del expediente penal. La CEV, además, no podría trasladar a la JEP la información recibida en confianza, para asegurar que el flujo de testimonios no se restringiera por miedo a la judicialización.

El propio Santos defendió públicamente la lógica del sistema: el objetivo era garantizar a los militares y policías derechos y beneficios similares a los de los guerrilleros desmovilizados, para evitar la injusticia de procesos anteriores en que los agentes del Estado cumplieron largas penas mientras los guerrilleros recibían amplios beneficios jurídicos. Esa simetría normativa —justicia transicional equiparable para todas las partes— sería, andando el tiempo, uno de los flancos de mayor impugnación política.

El SIVJRNR se presenta institucionalmente como un mecanismo que pone a las víctimas en un lugar central. La formulación resume, con eficacia retórica, el giro que había arrancado con la Ley de Víctimas de 2011: del desmovilizado que confiesa al sobreviviente que reclama.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

La CEV, encarnación central de la verdad histórica en la arquitectura del posconflicto, fue formalmente organizada mediante el Decreto 588 de 2017. La integraron once comisionadas y comisionados presididos por el jesuita Francisco José de Roux Rengifo, entre ellos el sociólogo Alfredo Molano Bravo y María Ángela Salazar Murillo, ambos fallecidos en el curso del mandato.

El perfil del pleno fue una declaración por sí solo. Patricia Tobón Yagarí, indígena embera; María Ángela Salazar, mujer negra del Chocó; Leyner Palacios, afrocolombiano y sobreviviente de la masacre de Bojayá. La Comisión traía la pertenencia étnica y territorial al centro de su composición, en un país donde la guerra golpeó de manera desproporcionada a los pueblos étnicos y a las comunidades periféricas. Aun así, el Decreto 588 no fue consultado previamente con los pueblos étnicos, pese a que el Capítulo Étnico del Acuerdo establecía que se respetaría y garantizaría el derecho a la participación y consulta en la definición de los mecanismos del Sistema Integral. Fue una omisión inaugural que la Comisión trataría de compensar en el trabajo territorial.

La CEV operó con recursos del Estado colombiano, del Gobierno y de la comunidad internacional, lo que le permitió tener presencia en todos los departamentos del país y personas voluntarias en otros países —clave para abordar el exilio, hasta entonces prácticamente ausente del relato oficial de la guerra—. El resultado de esos tres años y medio fue el Informe Final, titulado Hay futuro si hay verdad, publicado en Bogotá en 2022 en once tomos distribuidos en veinticuatro volúmenes, con ilustraciones, diagramas, fotografías y mapas a color. Un objeto físico y editorial concebido explícitamente como obra de dominio público y como medida de reparación del derecho a la verdad individual y colectiva de las víctimas, con autorización de reproducción, comunicación y distribución libre.

La arquitectura del informe encarnó el diagnóstico acumulado. Tomos con enfoque diferencial: Mi cuerpo es la verdad para mujeres y personas LGBTIQ+, con énfasis en las violencias sexuales; No es un mal menor para niñas, niños y adolescentes; Resistir no es aguantar para pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom; La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio para las personas exiliadas. Y el tomo Colombia adentro, con cobertura territorial amplia, que buscaba reconstruir el conflicto desde las regiones y no desde el centro.

El acto de entrega, en junio de 2022, funcionó como fotografía política del país. Francisco de Roux tomó la palabra ante los demás comisionados, con la presencia del presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta electa Francia Márquez. El presidente en ejercicio, Iván Duque, se negó a asistir y emprendió una gira europea de veinte días. La ausencia oficial marcó, sin necesidad de discurso, el estatuto disputado que la verdad histórica tenía —y tendría— en el país que la había producido.

Verdad histórica y verdad judicial

La distinción entre ambas verdades es más que técnica: es epistemológica. La verdad judicial, incluso cuando los operadores judiciales se esfuerzan sinceramente por usar categorías propias de la justicia transicional, tiene un contenido inevitablemente diferente al de la verdad histórica. El juez debe establecer hechos probados, autores, responsabilidades y sanciones dentro de un procedimiento con reglas estrictas sobre lo admisible. El historiador —o la comisión— busca patrones, causas estructurales, temporalidades largas, daños colectivos, sentidos culturales. Lo que el proceso penal excluye por irrelevante o inadmisible puede ser precisamente lo que da inteligibilidad al conjunto.

Justicia y Paz demostró los costos de forzar una convergencia. La diligencia de reconstrucción de la memoria histórica en ese proceso operaba como un espacio ampliado de la versión libre del desmovilizado —diligencia de confesión—, con relación temática y estructural entre ambas, pero con diferencias visibles. El fiscal, en teoría, podía ser un agente de reconstrucción histórica y no solo un operador judicial. En la práctica, la centralidad del individuo perpetrador y la fragmentación entre reconstrucción, testimonio e investigación dificultaban el desarrollo de perspectivas que investigaran el daño a escala colectiva. En escenas observadas en el terreno —una familia desplazada, una comunidad indígena—, era el hombre mayor de la casa quien tomaba la palabra para narrar la experiencia con la violencia, en una división de roles de la testificación pública que las categorías legales no capturaban ni interrogaban.

El SIVJRNR intentó resolver ese entrampamiento con una división del trabajo. La JEP investiga y sanciona; la CEV esclarece y contextualiza; la UBPD busca. Pero la separación institucional no clausuró todas las tensiones. El conocimiento histórico, a diferencia del judicial, es abierto, provisional y no admite dogma: sus conclusiones están siempre sujetas a revisión y nunca pueden tener efecto de cosa juzgada. La CEV lo asumió expresamente. El informe sobre el genocidio de la Unión Patriótica, producido por el CNMH, reconoce que no será la única perspectiva desde la cual se pueda contar la verdad histórica sobre ese proceso. Es una humildad constitutiva: la verdad histórica se ofrece como aporte fundado, no como palabra final.

Testimonio, escucha y los límites del método

La producción de verdad histórica descansa, más que en cualquier otra cosa, en el testimonio. Y el testimonio, en Colombia como en cualquier proceso transicional, plantea preguntas que ninguna metodología clausura.

Las narrativas personales —particularmente las de las mujeres, en el análisis que atraviesa varios de los tomos diferenciales de la CEV— no solo aportan información sobre hechos. Ofrecen una experiencia única e irreducible, una forma de conocimiento sobre la sociedad y sobre la propia posición dentro de ella. Su función es distinta a la de la verdad fáctica: posibilitar el encuentro entre subjetividades. Esa dimensión desborda las categorías clásicas del expediente y también las de la historiografía positivista.

La cuestión es entonces cómo se escucha, quién escucha y con qué disposición. Desde perspectivas decoloniales se ha propuesto pensar el problema como una cuestión de gramáticas. La escucha jurídica y la escucha histórica pueden resultar insuficientes para capturar toda la verdad que las víctimas traen consigo, porque hay experiencias que quedan afuera —lo inaudito— cuando los marcos con que se recoge el testimonio no están hechos para ellas. Ocurre, sobre todo, con pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, cuya inteligibilidad exige marcos temporales, cosmológicos y colectivos que las técnicas dominantes de recolección testimonial no están diseñadas para acoger.

La CEV afrontó esa tensión en el terreno. Uno de los momentos más citados de su proceso de escucha territorial fue el testimonio del coronel Borja: su credibilidad ante las víctimas se sostuvo en la vulnerabilidad y la vergüenza del declarante, aun cuando no pudo responder preguntas de detalle sobre modo, tiempo y lugar. El episodio ilustra que la verdad histórica opera con un régimen de validación distinto al judicial —donde la incapacidad de precisar modo, tiempo y lugar sería fatal para el valor probatorio— y que, en ese régimen, la disposición ética del testigo puede ser tan constitutiva como su exactitud fáctica.

Paralelamente, el CNMH sostuvo su propio andamiaje testimonial: un Mecanismo no Judicial de Contribución a la Verdad y la Memoria Histórica, articulado en la Dirección de Acuerdos de la Verdad en aplicación de la Ley 1424 de 2010. Recogió relatos de personas desmovilizadas —desde al menos 2013— y contribuciones voluntarias de víctimas, organizaciones y otros sectores —hasta 2019 y 2020—. El mecanismo se propuso aportar al esclarecimiento histórico de estructuras paramilitares, su trayectoria, actuación territorial, procesos de desmovilización y victimizaciones. Es un archivo paralelo al de la CEV, con reglas propias, que ilustra que la verdad histórica en Colombia no es producto de una sola institución sino de una red de mecanismos superpuestos.

Esa red incluye también las iniciativas de memoria histórica comunitarias que el CNMH acompaña, cuyos contenidos son responsabilidad de las comunidades participantes y no necesariamente reflejan las opiniones del Centro. Los gestores acompañantes cumplen un papel de impulsadores, orientadores y defensores de la memoria de las víctimas, lo que introduce una tensión metodológica latente: el riesgo de que la orientación externa condicione la expresión de las propias vivencias.

Enfoques diferenciales y territorios

La verdad histórica producida por la CEV y por el CNMH ha tenido que reconocer, cada vez con mayor claridad, que la guerra colombiana no fue una sola guerra. Golpeó de manera diferenciada a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, a mujeres, a personas LGBTIQ+, a niñas, niños y adolescentes, a comunidades campesinas y a las personas obligadas al exilio.

Resistir no es aguantar aborda las violencias y daños sufridos por pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom durante el conflicto armado interno en clave histórica: la violencia contemporánea no puede leerse fuera del despojo colonial, la construcción racializada del territorio y las temporalidades largas del racismo estructural. Mi cuerpo es la verdad visibiliza la experiencia de mujeres y personas LGBTIQ+ en los distintos momentos del conflicto, con énfasis particular en las violencias sexuales. La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio incorpora al relato oficial a las víctimas que la geografía del desplazamiento forzado ha ubicado fuera del país, un contingente prácticamente invisible en las políticas públicas anteriores.

La demanda de las víctimas exiliadas fue explícita: que el Estado colombiano reconozca el exilio como una forma de desplazamiento forzado y como continuación de hechos victimizantes, condición necesaria para avanzar en procesos de reparación. El propio informe de la CEV reconoce que aprendizajes y recomendaciones de las comisiones de verdad latinoamericanas pueden retomarse de manera conjunta para avanzar en la búsqueda de la verdad sobre este fenómeno.

Esa dimensión comparada es constitutiva. La magnitud de la desaparición forzada en Colombia supera, con creces, la registrada en las dictaduras del Cono Sur. Paraguay reportó 485 casos entre 1958 y 1988; Chile, 979 entre 1973 y 1990; Argentina, cerca de 9.000 entre 1976 y 1983. Colombia registraba más de 16.907 casos presuntos de desaparición forzada solo hasta noviembre de 2011. La verdad histórica colombiana no puede sino leerse contra ese fondo: la de un país cuya escala del daño desborda los marcos con los que América Latina había pensado hasta entonces la relación entre violencia, Estado y reparación.

Impunidad, participación y legitimidad disputada

La institucionalización de la verdad histórica no ha resuelto —ni podía resolver por sí sola— el problema de fondo del sistema colombiano de justicia. La respuesta del Estado a las víctimas y a la sociedad desde el punto de vista de la eficacia del aparato judicial ha sido insuficiente, y las cifras de impunidad así lo prueban. Ese es el hueco estructural sobre el que se levanta la arquitectura transicional: reconocer que el aparato penal ordinario no llegó, y no llegará, a establecer responsabilidades por la mayor parte de los crímenes cometidos.

Las víctimas lo han expresado en las evaluaciones disponibles del sistema. Las instituciones que forman o han formado parte del sistema de justicia transicional colombiano recibieron una calificación de grado medio de satisfacción por parte de las víctimas, que reportaron que no proporcionan información suficiente ni han ofrecido solución a las denuncias realizadas, aunque destacaron positivamente el trato brindado por los funcionarios. El balance institucional agregado ha sido desfavorable, y ese resultado puede desestimular la participación y las denuncias, con efectos acumulativos sobre la legitimidad del sistema.

A la insatisfacción interna se ha sumado la impugnación externa. Tanto la CEV como la JEP han sido severamente criticadas desde posiciones ideológicas de derecha desde su creación, aun cuando desde ámbitos académicos se ha valorado que cumplieron sus objetivos y tareas principales. El uribismo, en particular, ha representado a sectores que consideraban legítimo el uso de cualquier método, incluidos los más brutales, para derrotar a la subversión, y esa posición ideológica constituye uno de los incentivos que explican su oposición estructural a la justicia transicional. La verdad histórica producida por la CEV se enfrenta, así, no solo al escrutinio académico y ciudadano, sino a un negacionismo político organizado que disputa su legitimidad como relato.

Esa disputa se libra sobre un dato paradójico: el informe de la CEV señala que 2017 fue el año más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo, atribuyéndolo a lo ganado con el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 —aunque también reconoce que la transformación participativa regional esperada no se materializó plenamente—. La verdad histórica, en Colombia, se produce en un país que simultáneamente reconoce que la paz le trajo alivios y que la implementación no cumplió sus promesas.

Efectos de larga duración

Cerrar una comisión no cierra una verdad. La pregunta que atraviesa el después de la CEV es qué queda cuando el mandato expira: qué evidencia comparada respalda los efectos esperados, qué archivo perdura y qué agenda sigue abierta.

La literatura académica comparada sobre justicia transicional muestra que las comisiones de verdad y las reparaciones están asociadas a una paz más duradera —a diferencia de la justicia punitiva—, pero solo bajo condiciones específicas: países democráticos y guerras que terminan con victoria de una parte. Ambas condiciones ya se asocian por sí mismas con la prevención de nuevas guerras, lo que dificulta aislar el efecto propio de los mecanismos transicionales. La mayoría de los países que sufrieron resurgimientos de violencia armada tras el fin de sus conflictos no habían aplicado medidas de justicia transicional, pero no hay evidencia suficiente para probar una relación causal directa. Colombia, cuyo conflicto no terminó con victoria de una parte sino con acuerdo negociado, se sitúa en un terreno para el que la evidencia comparada ofrece pocas certezas.

Lo que sí quedó fijado es un archivo. Los once tomos de Hay futuro si hay verdad, los informes del CNMH sobre casos emblemáticos —Trujillo, El Salado, Bojayá, La Rochela, Bahía Portete—, el documental Butisinu, memoria de un pueblo. Cien años caminando la palabra paz sobre el pueblo arhuaco, el informe sobre el genocidio de la Unión Patriótica, las iniciativas comunitarias de memoria en Comuna 13, Urabá, Catatumbo, Montes de María y Putumayo: un corpus público, en buena parte de dominio libre, que sobrevivirá a los gobiernos que lo produjeron o lo enfrentaron.

Ese corpus, sin embargo, deja preguntas abiertas. El caso La Rochela lo hizo explícito: el informe toca nudos complejos de la justicia colombiana y sus impactos en los procesos judiciales aún están por evaluarse. La relación entre esclarecimiento histórico y judicialización entraña riesgos no resueltos. Un informe puede aportar contexto a un proceso judicial en curso o erosionar garantías procesales; puede reforzar la reparación de una comunidad o exponerla a nuevas retaliaciones.

Queda también una asignatura pedagógica. Una política de reconciliación de largo plazo requiere articularse con una reforma educativa que, desde la escuela primaria hasta la educación superior, fortalezca los valores necesarios para que la verdad histórica no sea solo un archivo, sino una cultura pública. Convertir el informe en currículo, en formación cívica, en memoria transmitida: eso ninguna comisión puede completarlo por diseño.

El balance, en todo caso, es preciso. El Acuerdo de La Habana le dio a la verdad histórica autonomía formal respecto a la verdad judicial, un avance real frente a los límites demostrados por Justicia y Paz. Su legitimidad sigue siendo disputada desde fuera por el negacionismo político y, desde dentro, por las tensiones no resueltas entre testimonio, investigación criminal y reconstrucción histórica. Lo que la agencia sostenida de las víctimas organizadas y sus alianzas con la academia, los medios y la cooperación internacional ha logrado —desde Trujillo ante la CIDH hasta la entrega de Hay futuro si hay verdad— no es una verdad clausurada, sino un derecho ejercido: el de nombrar lo ocurrido con voz propia y exigir que el Estado lo reconozca. Frente a cifras de desaparición forzada que exceden las de las dictaduras del Cono Sur, el ejercicio efectivo de ese derecho constituye el resultado tangible del proceso.