La Rochela

El lugar antes del nombre

El corregimiento de La Rochela pertenece al municipio de Simacota, en la parte occidental de Santander, la que baja de la cordillera hacia el río Magdalena. Es una geografía de serranías y ríos: la de los Yariguíes —también conocida como serranía de Los Cobardes— y la de las Quichas descienden hacia el Magdalena Medio, drenadas por el Chucurí, el Oponsito y el Opón, que desde los cerros de Piedra Blanca o Cruz de Macana se ven correr hacia el gran río. A diferencia del oriente santandereano, dominado por la cordillera Oriental y sus páramos de más de 3.000 metros, este flanco occidental es un territorio relativamente plano, cubierto por vegetación selvática, atravesado por trochas antes que por carreteras. Hacia 1920 y 1930, cuando ya funcionaba la refinería de Barrancabermeja y avanzaba la colonización, el Magdalena Medio santandereano concentraba unos 100.000 habitantes: colonos campesinos que ocuparon el vacío dejado por el drástico despoblamiento de los indígenas Yariguíes, diezmados por quineros y cazadores en las décadas previas. De ese mundo indígena casi nada queda: el nombre del aeropuerto de Barrancabermeja y la doble denominación de la serranía, dos huellas onomásticas de un exterminio.

La Rochela nació como parte de ese avance colonizador. Sus habitantes alternaban el aserrío del abarco y la tagua con la minería aurífera y la siembra de pancoger en las laderas que descienden hacia el Magdalena. El aislamiento era estructural: la única vía relevante, la que unía Barrancabermeja con Bucaramanga pasando por San Vicente de Chucurí, era una carretera destapada, con derrumbes frecuentes y zonas pantanosas, que tomaba mínimo seis horas cuando el clima no la volvía intransitable. Barrancabermeja misma —el gran puerto petrolero, la ciudad-refinería— era descrita en la época como "un hueco al que solo venía el que venía para Barranca". El resto del Magdalena Medio, y La Rochela con él, quedaba aún más lejos de las capitales departamentales. Ese aislamiento no fue solo topográfico: fue político. Donde el Estado no llega, otros gobiernan.

Colonos, comisiones sindicales y la memoria liberal

La colonización campesina del Magdalena Medio no fue caótica. En las zonas de frontera agraria funcionaron comisiones de baldíos y comisiones sindicales que regulaban la entrada de nuevos colonos, distribuían tierras, afiliaban a los recién llegados y ejercían funciones de autoridad comunitaria en ausencia de instituciones estatales estables. Muchos de esos colonos llegaron por recomendación directa del Partido Comunista Colombiano, cuya influencia en la organización agraria de la región fue temprana y persistente. El minifundio se convirtió en el rasgo distintivo de esa estructura agraria, y con él una sociedad campesina densamente organizada, con líderes veredales, con sindicatos, con memoria política.

Esa memoria era, en buena parte, liberal y guerrillera. Los primeros pobladores de veredas como Santa Helena del Opón, La Fortunata en San Vicente de Chucurí y la región de Riofuego venían de familias liberales y comunistas, herederas de las guerrillas del período de la Violencia bipartidista, o eran hijos de dirigentes campesinos y militantes del Movimiento Revolucionario Liberal. Cuando en 1965 el Ejército de Liberación Nacional resolvió abrir su primer foco guerrillero, lo hizo precisamente sobre esa trama social: reclutó en esas veredas, aprovechó las redes guerrilleras liberales preexistentes, y encontró en la geografía —montañas, zonas vírgenes, escondrijos naturales, la cordillera— las condiciones logísticas que necesitaba. La escogencia del Magdalena Medio no fue casual: además del arraigo campesino, la posición permitía interferir en el tránsito estratégico entre Barrancabermeja y Bucaramanga, es decir, entre el petróleo y el poder político regional.

Simacota entró en la historiografía nacional el 7 de enero de 1965, cuando el ELN presentó públicamente su naciente proyecto con la toma del pueblo. Desde entonces, todo el occidente santandereano quedó marcado como territorio guerrillero. La Rochela, corregimiento vecino, estaba dentro de ese perímetro.

Petróleo, ganado y la llegada de otro ejército

Durante los años setenta el Magdalena Medio se fue consolidando como uno de los territorios más disputados del país. Barrancabermeja era el corazón de la industria petrolera nacional y de un sindicalismo combativo; las tierras planas del valle del Magdalena se convirtieron en escenario de una ganadería extensiva en expansión; y las serranías, en refugio guerrillero. La ecuación era explosiva: capital petrolero, propiedad ganadera concentrada, colonización campesina organizada por la izquierda y presencia armada del ELN y de otras guerrillas. Faltaba un actor.

Ese actor apareció formalmente en 1981 con la creación del MAS —Muerte a Secuestradores—, que en el Magdalena Medio no fue un episodio anecdótico sino la base de un proyecto duradero. A sus miembros se les llamó "Masetos", denominación que se extendió por la región y que hacia finales de la década nombraba, ya de manera genérica, a los paramilitares del Magdalena Medio. Junto al MAS proliferaron otros grupos —Los Tiznados, las Autodefensas de Puerto Boyacá lideradas por Gonzalo Pérez y su hijo Henry de Jesús Pérez, luego reconstituidas como Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio— que compartían territorio, financiadores y, en muchos casos, hombres.

El nacimiento de este paramilitarismo no fue clandestino. Desde 1982 el Ejército acentuó tácticas contrainsurgentes en la región, con patrullajes conjuntos entre unidades militares y grupos armados civiles, y con escuelas de entrenamiento en las que oficiales y exoficiales enseñaban a los llamados "autodefensas". Puerto Boyacá se convirtió en el epicentro simbólico y logístico de ese modelo. Desde allí la avanzada paramilitar se proyectó hacia el norte: Puerto Parra en Santander, y luego el Bajo Simacota. Para 1986, esa marea había alcanzado la parte más occidental del Bajo Simacota; en el flanco oriental de la misma zona operaba un grupo local conocido como Los Sanjuaneros. La Rochela quedaba, otra vez, en la línea.

Al proyecto militar-terrateniente se le sumó, hacia finales de la década, un elemento que lo transformó por completo: el narcotráfico. Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha compraron masivamente tierras en el Magdalena Medio y se convirtieron en ganaderos y terratenientes. Cuando el costo del aparato militar superó lo que podían sostener ganaderos y hacendados tradicionales, los capitales del narcotráfico se hicieron dominantes en la financiación paramilitar. El armamento inicial —revólveres, pistolas, escopetas, insuficiente para una ofensiva de gran escala— se profesionalizó; la capacidad de mover hombres, dinero y protección política se multiplicó. El paramilitarismo del Magdalena Medio, hacia 1988 y 1989, era ya una organización armada que combinaba ganaderos, oficiales activos y en retiro, sicarios del cartel y bases campesinas cooptadas.

Los meses previos: octubre de 1988, enero de 1989

Antes de La Rochela hubo un otoño largo de sangre. El 22 de septiembre de 1988, en Campo Capote, paramilitares desaparecieron al docente y militante del FILA Jairo Antonio Rentería Ramos y a su amigo Julio Lemus González. El 10 de octubre, en Puerto Nuevo, fueron asesinadas cinco personas: la enfermera del puesto de salud Esperanza Muralla Gómez, Roquelino Mosquera Palacios, Mauricio Antonio Medina Moreno, Orlando Contreras Díaz y Ricardo Fontecha Novoa. El 20 de octubre, de nuevo en Campo Capote, mataron a Hermelinda López, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Policía y militante de la Unión Patriótica, frente a sus ocho hijos. El año se cerró con el asesinato, el 1 de enero de 1989 en el Ariari (Meta), de Nohra López de Sánchez —militante de la UP, esposa de un dirigente del movimiento— y de Pedro Solano, de la Central Unitaria de Trabajadores.

Esa lista no es un preámbulo: es el mapa de la operación. Los mismos hombres, los mismos financiadores, las mismas alianzas locales trazaban una línea que iba de Campo Capote a Puerto Nuevo, del Meta al Magdalena Medio, y que apuntaba hacia el expediente de los diecinueve comerciantes desaparecidos. En ese clima concreto entró en la zona una Unidad Móvil de Investigación de la justicia colombiana, integrada por quince personas, con la tarea de esclarecer, entre otros casos, aquella desaparición forzada. La comisión iba a un territorio donde todos, salvo ella, sabían lo que estaba en juego.

18 de enero de 1989

La comisión estaba compuesta por dos jueces de Instrucción Criminal —Mariela Morales Caro y Pablo Antonio Beltrán Palacios—, funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y personal de apoyo, hasta sumar quince integrantes. Entre ellos viajaba Arturo Salgado Garzón, cuyo testimonio se volvería después una de las piezas centrales del proceso.

Ese 18 de enero, en un paraje del corregimiento de La Rochela, al menos cuarenta hombres del grupo paramilitar conocido como Los Masetos interceptaron y retuvieron a la comisión, con la cooperación y aquiescencia de agentes estatales que el propio Estado colombiano reconocería más tarde. La ejecución fue metódica: doce de los quince miembros fueron asesinados. Tres sobrevivieron, entre ellos Salgado Garzón.

La operación fue posible porque no fue solo paramilitar. Concurrieron en ella el narcotráfico y un sector de las Fuerzas Armadas: fue, en la expresión que después usaría el propio Estado, un "amangualamiento" de tres estructuras que en el Magdalena Medio ya operaban como una sola. La masacre no fue un exceso ni un descontrol: fue una decisión. Se eligió eliminar a los funcionarios porque investigaban precisamente esa articulación —el caso de los diecinueve comerciantes conducía directamente a los mismos hombres que ordenaron matarlos.

El mapa detrás del crimen

Los nombres que aparecen detrás de La Rochela son los mismos que definen la historia del paramilitarismo colombiano en los años ochenta. Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias "Vladimir", el jefe operativo de la masacre, confesó entre agosto y diciembre de 1995 su participación en más de ochocientos asesinatos políticos y detalló su vínculo con dirigentes liberales, generales de la República y narcotraficantes. En su relato, el militar más involucrado fue el general Farouk Yanine Díaz, que entre junio de 1981 y julio de 1982 había sido adjunto militar en la embajada de Colombia en Washington y para 1984 comandaba brigada. Yanine, según Vladimir, lo envió a Puerto Boyacá a comienzos de los años ochenta. En archivos posteriores de la Fiscalía, reos declararon que el general había entregado dinero a Carlos Castaño para detener investigaciones, y que Castaño respondió amenazándolo con matar a sus hijas si no cedía. El paramilitarismo, en ese punto, ya no era instrumento de nadie: era un poder autónomo capaz de chantajear a sus propios patrocinadores.

Del lado del capital criminal, Henry de Jesús Pérez comandaba las Autodefensas de Puerto Boyacá y Gonzalo Rodríguez Gacha aportaba el dinero, las armas y la logística del cartel. Del lado militar, oficiales activos participaron en el diseño y ejecución. Del lado ganadero y político, redes locales aseguraban complicidad, silencio, informantes. La Rochela fue el punto donde ese entramado se hizo visible al país porque, por primera vez, sus víctimas eran el propio Estado.

Una guerra contra la justicia

La masacre no fue un accidente en la historia judicial colombiana; fue su punto más brutal en el escenario rural. Los años que la enmarcan fueron los peores de una guerra silenciosa contra los jueces. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales; en 1987, uno de cada cuatro jueces del país declaraba haber recibido amenazas directas o contra sus familiares; y el promedio anual de muertes de funcionarios judiciales, calculado por la Comisión Andina de Juristas, pasó de dos a comienzos de los ochenta a más de diez hacia el final de la década. Un quintuplicamiento en menos de diez años, sostenido y silencioso, que hizo del período 1987-1992 la crisis más grave de la justicia colombiana producida por la violencia dirigida contra ella. Sobre ese trasfondo, el gobierno de Virgilio Barco Vargas estimaba que apenas el 20% de los crímenes llegaba al conocimiento de las autoridades, y que de ese porcentaje solo el 4% obtenía sentencia. La impunidad, más que una consecuencia del sistema, era su norma operativa.

Guerrillas, paramilitares y narcotraficantes atacaban a los jueces por razones distintas pero convergentes: los primeros los consideraban parte del Estado; los segundos y terceros los mataban para obstaculizar procesos y preservar la impunidad. La Rochela fue el punto de encuentro de la segunda lógica. Pero hubo algo más que la vuelve singular: fue, en gran medida, un crimen invisible. La violencia contra operadores judiciales urbanos —encarnada en el asalto al Palacio de Justicia de noviembre de 1985— produjo cobertura mediática, monumentos, controversias públicas duraderas. La violencia contra operadores judiciales rurales quedó en la penumbra. Los registros de prensa fueron insuficientes; las bases de datos son fragmentarias y en parte reservadas. La Rochela ocurrió lejos, en un corregimiento sin nombre reconocido, contra funcionarios cuya jerarquía no atraía titulares. Su emergencia como caso emblemático fue lenta, y solo tras años de litigio y memoria empezó a ocupar el lugar que el país le debía.

La causa judicial y la Corte Interamericana

El proceso interno enfrentó todas las variantes de la obstrucción. Testigos fueron asesinados. Familiares fueron amenazados. Sobrevivientes y funcionarios que insistieron en la investigación tuvieron que exiliarse. Hubo condenas —contra algunos militares y narcotraficantes— pero la investigación nunca alcanzó a desmontar todo el entramado que unía al narcotráfico con miembros corruptos de la fuerza pública. La justicia colombiana, en el caso La Rochela, tuvo que investigarse a sí misma en un contexto donde investigarse era mortal.

El caso llegó al Sistema Interamericano. El 11 de mayo de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia contra Colombia en el caso Masacre de La Rochela vs. Colombia. El fallo estuvo precedido por otro decisivo: el caso 19 Comerciantes vs. Colombia, de 2004, sobre las desapariciones que la comisión judicial investigaba cuando fue asesinada. Los dos expedientes son parte de la misma historia, y la Corte los trató como una unidad. En la sentencia de La Rochela, Colombia reconoció por primera vez de manera formal el "amangualamiento" entre miembros del Estado, narcotraficantes y paramilitares. Fue una confesión sin precedentes: el país aceptó, ante un tribunal internacional, que sus agentes habían participado en el asesinato deliberado de su propia justicia.

La Corte, en varias decisiones de ese período, reconoció violaciones a los derechos de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias, masacres y torturas, y declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el involucramiento directo de agentes estatales y por la existencia de marcos jurídicos que facilitaron, promovieron, apoyaron y toleraron la actuación paramilitar. Donde el archivo interno había sido bloqueado por el asesinato de testigos y la connivencia oficial, la Corte fijó por escrito hechos, responsabilidades y estructuras.

El corregimiento después del crimen

¿Qué pasó con el lugar? El corregimiento siguió existiendo, con sus pocas familias, su carretera trabajosa, su relación difícil con Simacota y con San Vicente de Chucurí. Pero el nombre dejó de pertenecerle solo a él. La Rochela, como sucede con los topónimos marcados por masacres, se volvió doble: el sitio real, con sus casas y sus siembras, y el sitio simbólico, el que aparece en informes, sentencias, libros y conmemoraciones. Los años noventa y comienzos de los dos mil no trajeron pacificación: el Magdalena Medio siguió siendo territorio de disputa, y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio se reconstituyeron como estructura estable, con proyección posterior hacia las Autodefensas Unidas de Colombia. Simacota, durante los años ochenta, había sido escenario de disputa territorial entre el MAS y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de Puerto Boyacá, mientras el ELN mantenía presencia desde sus orígenes. Esa superposición no se resolvió por decreto.

Pero el estatus del nombre cambió. En 2010, el Centro Nacional de Memoria Histórica publicó un informe monográfico sobre el caso, uno de los primeros títulos de la serie sobre crímenes del conflicto armado iniciada en 2008. Ese trabajo se inscribió en un esfuerzo institucional por documentar aquello que ni la prensa ni la justicia habían alcanzado a fijar. Le dio al corregimiento un doble reconocimiento: como escenario específico de un crimen contra la justicia y como caso emblemático de una violencia sistemática cuyas víctimas habían sido durante años más invisibles que las urbanas.

Un nudo gordiano

Hay una condición singular en el caso La Rochela que lo distingue incluso dentro del catálogo brutal del conflicto colombiano: las víctimas eran agentes del Estado, y los perpetradores —o parte de ellos— también. No fue el enfrentamiento entre Estado y no-Estado, entre institución y guerrilla, entre orden y subversión, sino un pliegue del Estado sobre sí mismo. Miembros de las Fuerzas Armadas, actuando en connivencia con paramilitares financiados por el narcotráfico, asesinaron a funcionarios judiciales que investigaban al mismo grupo criminal. Esa configuración —un "nudo gordiano", en la expresión que consagraría la memoria pública del caso— no admite las explicaciones habituales sobre debilidad estatal o ausencia institucional. La Rochela no ocurrió porque el Estado no estuviera: ocurrió porque, en ese rincón del Magdalena Medio, el Estado estaba dividido contra sí mismo, y una de sus partes eligió eliminar a la otra.

Por eso el caso resiste tanto la lectura estructural pura —"el vacío de Estado permitió la masacre"— como la lectura moral individualizada —"unos hombres criminales cometieron un crimen"—. Ambas son verdaderas y ambas son insuficientes. Sin el aislamiento geográfico, sin la colonización sin Estado, sin las serranías cerradas y los caminos malos, no hubo Magdalena Medio disponible para el paramilitarismo. Pero sin la decisión activa de generales, coroneles, capitanes y sus contrapartes en el narcotráfico y la ganadería, no hubo masacre. La geografía crea la condición de posibilidad; la agencia criminal ejecuta el hecho. El corregimiento fue la escena; los actores estaban en Bogotá, en Puerto Boyacá, en Washington, en las brigadas de Barrancabermeja.

La huella del topónimo

Hoy, cuando se dice La Rochela en Colombia, se dicen varias cosas a la vez. Se dice un corregimiento pequeño de Simacota que casi nadie ubica en el mapa. Se dice la masacre del 18 de enero de 1989, una fecha que las asociaciones de funcionarios judiciales y las organizaciones de derechos humanos conmemoran cada año. Se dice el caso de la Corte Interamericana, con su sentencia de 2007 y su reconocimiento del "amangualamiento" estatal. Se dice el trabajo de memoria histórica que abrió camino a las políticas de reparación. Se dice, sobre todo, una lección incómoda: que en un tramo bien identificable de la geografía colombiana —entre los Yariguíes, el Opón y el Magdalena— el país entero se replegó en un pacto criminal, y la justicia que fue a averiguarlo pagó con doce vidas la osadía de haberse acercado.

El corregimiento sigue allí, con la carretera destapada bajando desde San Vicente, los cerros al fondo, los ríos entrando al Magdalena. La palabra Rochela viene, en el uso rural colombiano, del sitio bullicioso, del jolgorio, del punto donde la gente se reúne. La ironía onomástica hace más pesado el silencio actual. Lo que ocurrió el 18 de enero de 1989 en la vereda La Laguna no fue jolgorio ni encuentro: fue la ejecución minuciosa de una comisión judicial por parte de un pedazo del Estado que había decidido no ser gobernado por sus jueces. La Rochela, al fijar ese hecho en su nombre, se volvió una de las coordenadas ineludibles con las que Colombia intenta —todavía— pensar qué clase de Estado ha sido, es y podría dejar de ser.