Idea transversal

Desaparición forzada

La desaparición forzada es el dispositivo central del conflicto armado colombiano: la sustracción deliberada de una persona por agentes del Estado o grupos tolerados por él, seguida del ocultamiento sistemático de su suerte y su cuerpo. Colombia acumula más de ochenta mil casos documentados, cifra que supera la suma de todas las dictaduras del Cono Sur.

3.869 palabras62 documentos90 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1978
Estatuto de Seguridad y primeras desapariciones sistemáticas
1985
Toma y retoma del Palacio de Justicia
1992
Declaración de Naciones Unidas sobre desaparición forzada
2000
Ley 589: tipificación penal y creación de mecanismos institucionales
2008
Escándalo de los 'falsos positivos' de Soacha
2010
Ley 1408 y consolidación del marco normativo
2019
Magnitud histórica: más de 80.000 casos documentados

La lectura

La desaparición forzada en Colombia no fue un exceso periférico sino una tecnología de poder aplicada de forma continua durante más de cuatro décadas por actores estatales, paraestatales y paramilitares. Su singularidad reside en la triple negación que produce: niega al desaparecido su condición de sujeto jurídico, niega a la familia la posibilidad del duelo y niega a la sociedad la evidencia del crimen. El país tardó más de veinte años en tipificarla penalmente, y durante ese tiempo las denuncias se tramitaron como secuestros, desviando las investigaciones y garantizando la impunidad. La magnitud del fenómeno —más de ochenta mil casos documentados, cifra que eclipsa la de todas las dictaduras del Cono Sur juntas— contrasta con su bajo reconocimiento social, una invisibilización que no es accidental sino parte del mismo dispositivo. Fueron las organizaciones de familiares, encabezadas en su mayoría por mujeres, quienes forzaron al Estado colombiano a mirar lo que prefería no ver y a construir, tardíamente, las herramientas jurídicas e institucionales para nombrarlo.

La desaparición forzada en Colombia

En Colombia, la desaparición forzada no ha sido un accidente del conflicto sino uno de sus dispositivos centrales: la sustracción deliberada de una persona por agentes del Estado o por grupos que actúan con su tolerancia, seguida del ocultamiento sistemático de su suerte y de su cuerpo. Es, a la vez, un crimen contra el desaparecido —a quien se le niega el reconocimiento como sujeto de derecho—, una tortura prolongada contra sus familias y una técnica de gobierno del miedo. Su historia colombiana empieza a fines de los años setenta, se masifica durante las tres décadas siguientes hasta acumular más de ochenta mil casos —cifra que supera con creces la suma de todas las dictaduras del Cono Sur— y solo alcanza nombre jurídico propio en el año 2000, después de que las madres, esposas y hermanas de las víctimas obligaran al país a mirarla.

Qué se nombra cuando se dice desaparición forzada

El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una declaración que definió la desaparición forzada como una violación múltiple y compuesta: se vulnera al mismo tiempo el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad y la seguridad personal, la prohibición de la tortura y el derecho a la vida. No es una privación de libertad más ni un homicidio con ocultamiento: es una figura autónoma cuyo elemento definitorio es la negativa a reconocer la detención o a informar sobre la suerte del detenido, negativa que sustrae a la víctima de toda protección legal. Sobre esa base se firmaron después la Convención Interamericana de la OEA (1994) y la Convención Internacional de Naciones Unidas (2006), tratados en los que los Estados asumieron obligaciones concretas de prevenir, investigar y sancionar la práctica.

Por su gravedad, por su carácter deliberado y por su afectación a bienes que trascienden a la víctima directa, la desaparición forzada tiene rango de crimen de lesa humanidad. Esa categoría nació con los juicios al régimen nazi al término de la Segunda Guerra Mundial y designa conductas que no solo dañan a personas concretas sino que ofenden al género humano en su conjunto; de ahí se sigue que sean imprescriptibles y que no admitan amnistía ni indulto. En contextos de conflicto armado, además, la práctica está prohibida por el derecho internacional humanitario —el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, el Protocolo II de 1977 y las normas consuetudinarias del DIH—, que obliga a las partes a averiguar la suerte de los desaparecidos y a informar a sus familias.

Colombia llegó tarde a este vocabulario. El Código Penal de 1980, en vigor desde enero de 1981, no incluía la desaparición forzada como delito autónomo, de modo que durante casi dos décadas las denuncias se tramitaron —cuando llegaban a tramitarse— como secuestros, con criterios investigativos ajenos a la naturaleza específica del crimen y con resultados casi siempre estériles. Recién con la Ley 589 del 6 de julio de 2000 se tipificaron simultáneamente cuatro conductas hasta entonces sin nombre penal propio: la desaparición forzada, el genocidio, el desplazamiento forzado y la tortura. La misma ley ordenó tres piezas de infraestructura estatal decisivas: el Registro Único de Personas Desaparecidas, el mecanismo de búsqueda urgente y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una década más tarde, la Ley 1408 del 20 de agosto de 2010 rindió homenaje a las víctimas y dictó medidas para su localización e identificación, cerrando —al menos en el papel— el andamiaje normativo. El país tardó, en total, más de veinte años en poner nombre legal a lo que ya llevaba consumado a gran escala.

La semilla del Cono Sur y el Estatuto de Seguridad

La desaparición forzada llegó a Colombia como parte de un aprendizaje continental. La Doctrina de Seguridad Nacional, formulada en las escuelas militares del Cono Sur, sostenía que la subversión no era un enemigo externo sino una infiltración presente en todas las instituciones —la familia, el sindicato, la universidad, el propio Estado— y que combatirla exigía trascender las restricciones ordinarias del derecho. Las publicaciones institucionales del Ejército colombiano hicieron suya esa premisa durante los años setenta, y con ella el arsenal técnico que la acompañaba: inteligencia militar sobre civiles, detenciones sin registro, interrogatorios en cuarteles, ocultamiento de cuerpos.

El punto de inflexión doctrinario ocurrió antes incluso del gran instrumento represivo del período. El decreto 0070 de enero de 1978 concedió a miembros de la Policía y las Fuerzas Militares una "inmunidad criminal especial" en caso de homicidio cometido durante operaciones contra secuestros, extorsiones o tráfico de drogas: en la práctica, la anticipación jurídica de la impunidad. Seis meses después, en septiembre de 1978, el gobierno de Julio César Turbay Ayala expidió el Decreto 1923, conocido como Estatuto de Seguridad, amparado en la declaratoria de estado de sitio de la Constitución de 1886. El Estatuto amplió la competencia de la justicia penal militar para juzgar civiles, creó nuevas figuras penales, elevó las sanciones para delitos políticos y estableció mecanismos de censura sobre radio y televisión. Turbay adoptó, sin disimulo, el esquema argentino.

Bajo el Estatuto se generalizaron las detenciones arbitrarias y masivas, la tortura en instalaciones militares y las restricciones al habeas corpus, con especial ensañamiento contra dirigentes sociales, sindicalistas y habitantes de zonas de conflicto. El dirigente liberal Luis Carlos Galán denunció entonces que aquella arquitectura —el Estatuto más la justicia militar— derivaba la legitimidad del poder de la fuerza armada en lugar de la soberanía popular, y recordó que la Constitución no encomendaba a los militares la tarea de la paz social. Fue en ese marco donde comenzaron las primeras desapariciones sistemáticas, la más emblemática de las cuales —el caso de catorce estudiantes de la Universidad Nacional desaparecidos tras una protesta— daría origen, en 1982, a la primera organización de familiares del país.

El 6 y 7 de noviembre de 1985: la desaparición como crimen de Estado

Si algún hecho fijó en la memoria colombiana la desaparición forzada como práctica estatal, fue la toma y retoma del Palacio de Justicia. El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 asaltó la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El objetivo político declarado era someter al presidente Belisario Betancur a un juicio simbólico ante los magistrados por incumplir el cese al fuego firmado el año anterior. Antes de la operación, Pablo Escobar había ofrecido dos millones de dólares para financiarla, condicionando su apoyo a que se quemaran los archivos de extradición y se ejecutara a los magistrados favorables al tratado con Estados Unidos; los líderes Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina rechazaron formalmente esa exigencia, aunque este último aceptó el dinero.

Lo que siguió fue una operación militar de reconquista sin negociación. Murieron once magistrados de la Corte Suprema, además de decenas de funcionarios judiciales, civiles, militares y guerrilleros. Pero fue lo que ocurrió después, con quienes salieron vivos del edificio, lo que convirtió al Palacio en el emblema colombiano de la desaparición forzada. Una Comisión de la Verdad creada por la propia Corte Suprema concluyó, sin ambigüedad, que empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales habían sido víctimas de desaparición forzada: ingresaron con vida al Palacio el 6 de noviembre y su paradero seguía desconocido veinticuatro años después. Testimonios convergentes —incluidos los de agentes disidentes del B-2, la sección de inteligencia del Ejército— reconstruyeron el camino: unas doce o trece personas, entre ellas el administrador Carlos Rodríguez Vera y varios meseros, fueron conducidas desde la Casa del Florero, contigua al Palacio, hasta la Escuela de Caballería, cuando no pudieron justificar su presencia en el edificio. De todos ellos, solo apareció después, en una fosa común, el cadáver de Rosa Castiblanco; los restos de otra trabajadora fueron identificados y entregados a su familia treinta años después, en septiembre de 2016, tras una labor conjunta de la Fiscalía y Medicina Legal.

La justicia colombiana tardó, pero llegó parcialmente. El 9 de junio de 2010, el ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en primera instancia por desaparición forzada. El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la operación de retoma, recibió una condena de 35 años de prisión por las desapariciones ocurridas durante aquellas horas. Sobre el incendio de los archivos, punto neurálgico del caso, quedaron dos versiones en tensión: una atribuye el fuego al propio Ejército; otra recuerda que Escobar había puesto esa quema como condición de su financiamiento al M-19, condición que los guerrilleros rechazaron. El Palacio dejó, en cualquier caso, una lección jurídica y política nítida: la desaparición no era una tragedia periférica del conflicto rural, sino una operación posible en el corazón mismo del poder judicial y del casco urbano de la capital.

El perfeccionamiento paramilitar: hornos, ríos, fosas

Durante los años noventa y la primera década de este siglo, la práctica se desplazó y se masificó. Los grupos paramilitares —articulados desde 1997 bajo las Autodefensas Unidas de Colombia— convirtieron el ocultamiento del cuerpo en una técnica sistemática, transmitida como parte del oficio. Líderes desmovilizados declararon haber recibido instrucciones explícitas: los cadáveres debían desaparecer porque su visibilidad en calles y caminos atraía atención indeseada. El objetivo no era solo aterrorizar, sino producir una escena sin escena, un crimen sin cuerpo, sin denuncia y sin cifra.

El repertorio fue amplio y desigualmente documentado. En Juan Frío, zona rural del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, paramilitares operaron hornos crematorios donde, según el testimonio de alias "el Iguano", fueron incineradas entre 58 y 63 personas; las autoridades estimaron que el total podría acercarse a las 200, y las cenizas eran arrojadas a una quebrada que desemboca en el río Táchira. En estructuras como las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, un desmovilizado confirmó que la práctica de lastrar los cuerpos con piedras y arrojarlos a los ríos se enseñaba explícitamente a los nuevos integrantes. En zonas de influencia del Bloque Tolima se encontraron huesos humanos cortados con motosierra dentro de fosas, técnica destinada a dificultar la identificación de restos. En el Valle del Cauca, versiones de desmovilizados en 2007 hablaron de cerca de 300 fosas comunes con aproximadamente 800 víctimas repartidas entre Buenaventura, Tuluá, Buga, Trujillo, La Cumbre y Dagua. El río Atrato fue convertido en un cementerio de grandes proporciones: víctimas amarradas con piedras y arrojadas al agua, con amenazas de muerte contra quien intentara recuperarlas. El Bloque Pacífico Héroes del Chocó trasladaba a sus víctimas en camionetas y lanchas —en Istmina se identificó una Toyota 4x4 blanca; en Quibdó, los detenidos eran llevados hacia el norte del departamento— hacia lugares donde eran ejecutadas y desaparecidas.

Este perfeccionamiento técnico coexistió con la lógica pública del estigma. A las víctimas se las presentaba en la prensa local como guerrilleros, colaboradores o subversivos, y esa criminalización póstuma servía como justificación anticipada y como advertencia comunitaria. Cuando entre 2003 y 2006 se negoció la desmovilización de las AUC, las desapariciones no cesaron, aunque descendieron: los bloques activos ajustaron su repertorio para preservar la legitimidad del proceso, sustituyendo unas formas de violencia por otras menos visibles.

Soacha y los "falsos positivos": la desaparición dentro del Estado

Mientras el paramilitarismo se desmovilizaba, otra modalidad de desaparición forzada, esta vez ejecutada directamente desde el Ejército, alcanzaba proporciones industriales. En septiembre de 2008 estalló el escándalo de los llamados "falsos positivos": jóvenes desaparecidos de Bogotá y de Soacha —el gran municipio popular al sur de la capital— aparecían muertos en Santander y Norte de Santander, reportados por unidades militares como guerrilleros dados de baja en combate. Habían sido captados con engaños por reclutadores civiles al servicio del Ejército, que les prometían trabajo; sus cuerpos surgían a cientos de kilómetros apenas días después.

La mecánica era conocida en el escalafón. Un exmilitar declaró que ya en la Escuela Militar circulaba, de manera informal, la práctica de "legalizar" civiles muertos: los soldados sabían que debían portar armamento no convencional y uniformes de repuesto para vestir a las víctimas y montar la escena. Un "kit de legalización", en su expresión. Detrás había un sistema de incentivos institucionales que premiaba las bajas enemigas, y una cultura corporativa y doctrinaria dispuesta a interpretar la presión operacional como licencia para el homicidio. Según el CINEP, los falsos positivos cobraron más de 1.500 víctimas durante los gobiernos de Álvaro Uribe.

La reacción llegó por dos vías. La de las madres —Luz Marina Bernal entre las más visibles— que empezaron a reconocerse en 2008 al detectar patrones idénticos: hijos desaparecidos, cuerpos enterrados como NN en zonas remotas, versiones oficiales sobre combates imposibles. Y la reacción institucional: el presidente Uribe destituyó a 27 oficiales, entre ellos tres generales, y en noviembre de 2008 renunció el comandante del Ejército, general Mario Montoya. Las ejecuciones extrajudiciales cayeron drásticamente en los años siguientes. Los falsos positivos plantearon, además, un problema técnico peculiar sobre la contabilidad del horror: eran, a la vez, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y depurar las cifras exigía distinguir modalidades sin perder el registro exacto de personas ejecutadas por esta vía.

La cifra imposible y el subregistro

Colombia no sabe, con precisión, cuántos desaparecidos forzados tiene. La afirmación no es retórica. Las cifras fueron construidas por las entidades desde la cotidianidad de su trabajo, sin lógicas rigurosas de recaudo, dispersas entre sistemas que no se cruzaban. El CONPES 3590 registró que, para el período 1991 al 31 de octubre de 2008, la Fiscalía tenía 19.973 desapariciones documentadas, la Procuraduría 2.523 y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas 924. Las diferencias entre entidades no eran de matices: eran de un orden de magnitud. El Registro Nacional de Desaparecidos reportó, hasta noviembre de 2011, un total de 50.891 casos, de los cuales se presumía que 16.907 correspondían a desapariciones forzadas. El SIRDEC del Instituto Nacional de Medicina Legal tenía, para agosto de 2012, 18.638 personas presuntamente víctimas de desaparición forzada. El Registro Único de Víctimas contabilizó, por su parte, 25.007 personas desaparecidas forzosamente como producto del conflicto armado.

Cuando la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calculó el total colombiano para el período 1960-2018, la cifra pasó de 80.000 personas. Colombia se convirtió así, con enorme distancia, en el país del hemisferio con más desaparecidos forzados. Para dimensionarlo: Paraguay registró 485 casos entre 1958 y 1988; Chile, 979 entre 1973 y 1990; Argentina, cerca de 9.000 durante la dictadura de 1976-1983. Colombia produjo más desaparecidos que las tres dictaduras del Cono Sur sumadas, y lo hizo dentro de un régimen que se presentó al mundo, todo el tiempo, como una democracia formal en pie. La continuidad institucional no frenó la práctica; la distribuyó entre múltiples actores, la fragmentó en periodos y regiones, y evitó que un momento de quiebre obligara a rendir cuentas.

El subregistro tiene, además, un núcleo particularmente desalentador: en el 51% de los casos documentados hasta el balance más reciente del Centro Nacional de Memoria Histórica, no se conoce quién es el autor de la desaparición. Ese vacío —producto del terror sobre los testigos, del ocultamiento eficaz del cuerpo, del desinterés investigativo, de la fragmentación de los archivos— es también un dato sobre el fenómeno: más de la mitad de las desapariciones logró su objetivo estructural, que era volverse indescifrables. Para producir estimaciones más consistentes, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y el Human Rights Data Analysis Group, integró 112 bases de datos —17 estatales y 25 de organizaciones de la sociedad civil— en un esfuerzo estadístico sin precedentes en el país. Aun así, el reconocimiento social y público de la desaparición forzada en Colombia sigue siendo bajo comparado con otras modalidades de violencia, pese a su enorme magnitud.

Los familiares: cómo se obligó al país a nombrarla

Ninguno de los avances jurídicos, ninguna de las cifras, ninguno de los procesos habría existido sin la persistencia de las familias. En 1982, cuando el país aún negaba oficialmente que la desaparición forzada ocurriera, se fundó la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES, la primera organización colombiana de familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos identificada como tal. Sus primeros miembros fueron las familias de los catorce estudiantes de la Universidad Nacional desaparecidos durante una protesta estudiantil. El CINEP fue decisivo en su creación, apoyándose en sus vínculos institucionales con las Madres de la Plaza de Mayo argentinas —conexión facilitada, a su vez, por los canales internacionales de la Iglesia Católica.

De ese encuentro con las Madres, ASFADDES tomó una pedagogía política que las mujeres colombianas —muchas de ellas campesinas, amas de casa, madres y esposas que hasta entonces jamás habían salido a la calle— tradujeron a su propia geografía. Salieron a marchar con las fotografías de sus hijos en pancartas, dieron identidad pública a cada víctima en un contexto en que el Estado negaba la desaparición misma, y transitaron de una reivindicación personal como madres y esposas a una exigencia política colectiva: la socialización de la maternidad. Nombres como los de Nydia Erika Bautista, cuya hermana Yanette Bautista se convertiría en una de las voceras más constantes del movimiento; Fabiola Lalinde, con su rigor de archivo doméstico documentando la desaparición de su hijo; Luz Marina Bernal, madre de un joven de Soacha; y organizaciones surgidas al calor de casos concretos, hicieron que la práctica dejara de ser innombrable.

El costo fue alto. Miembros de ASFADDES fueron perseguidos sistemáticamente: Ángel Quintero y Claudia Monsalve, integrantes de la asociación, fueron a su vez desaparecidos. Otras dirigentes debieron exiliarse en distintos momentos, dando origen a agrupaciones como el Grupo Europa de Familiares de Personas Desaparecidas en Colombia. La organización mantuvo, no obstante, su repertorio: apoyo jurídico, formación de bases familiares, intercambio de experiencias, orientación en la búsqueda. Sostuvieron durante décadas una tarea que el Estado no hacía.

Del trabajo de estas mujeres se conocen dos verdades duras sobre lo que produce una desaparición forzada. La primera es el llamado duelo impedido o congelado: la imposibilidad de aceptar la pérdida sin conocer el paradero, la incertidumbre sobre si el ser querido está vivo o muerto, la espera sin tregua que acumula sufrimientos sobre la ausencia. Dieciocho años después, y más, los familiares siguen sin poder hablar de sus muertos sin gran dificultad, y las fechas señaladas reactivan el dolor con intensidad intacta. La segunda es el daño comunitario. Los actores armados impidieron mediante amenazas que las familias recogieran los cuerpos o celebraran ritos funerarios, y aplicaron un tratamiento diferenciado especialmente cruel: permitían velar a los muertos por causas ajenas al conflicto y prohibían velar a quienes ellos mismos habían asesinado. Prácticas colectivas como las nueve noches de velorio se rompieron; el duelo se volvió solitario y clandestino; en comunidades enteras, sobre todo afrocolombianas del Pacífico, la relación con los ausentes y con lo sagrado quedó alterada durante generaciones. En Trujillo, Valle del Cauca —escenario de una de las masacres más sostenidas de los años noventa—, se habla de familiares "suspendidos en el tiempo", construyendo una "memoria a pesar de todo".

A esa herida se sumó la estigmatización póstuma: presentados como guerrilleros o auxiliadores, los desaparecidos obligaban a sus familias a una tarea añadida —desvirtuar la acusación, restablecer el buen nombre— antes incluso de poder llorar. Los familiares saben, además, que sus muertos corren el riesgo de una segunda desaparición, la del olvido social, y en esa conciencia se ancla la constancia del trabajo de memoria.

Las instituciones tardías y el posacuerdo

La tipificación del delito en 2000 abrió apenas la primera puerta institucional. La Ley 1408 de 2010 avanzó en el terreno de la localización e identificación, aunque su implementación fue desigual. La justicia transicional del proceso de Justicia y Paz, iniciada con la Ley 975 de 2005 para juzgar a los paramilitares desmovilizados, produjo confesiones significativas —fue en ese marco que se documentaron los hornos de Juan Frío, las fosas del Valle del Cauca, el uso del río Atrato como cementerio—, pero también sufrió un golpe irreparable: la extradición masiva de jefes paramilitares a Estados Unidos, donde se priorizaron los cargos por narcotráfico. Sin convenios sólidos de cooperación judicial, esos comandantes salieron del alcance efectivo de los procesos por graves violaciones de derechos humanos. Las organizaciones de víctimas denunciaron entonces que se sacrificaba el derecho a la verdad y a la reparación en el altar de la política antidrogas de Washington.

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP dio origen al Sistema Integral para la Paz, con tres piezas complementarias: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Esta última tiene naturaleza humanitaria y extrajudicial: su misión es encontrar, identificar y entregar los restos, sin producir prueba penal, sobre la base de que la búsqueda del cuerpo es un derecho de las familias independiente del proceso judicial. La UBPD acompaña, hoy, a familiares en cementerios, laderas y fosas comunes; el universo de búsqueda supera los 110.000 casos. La JEP, por su parte, priorizó siete macrocasos que ordenan la investigación por patrones y no por hechos aislados, y produjo condenas anticipadas por falsos positivos y por secuestro que reconfiguraron el estándar de rendición de cuentas.

En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —con casos colombianos emblemáticos como Caballero Delgado y Santana, referido a la desaparición del dirigente sindical Isidro Caballero Delgado y de María del Carmen Santana en 1989— ha construido una jurisprudencia decisiva. Amplió el concepto de víctima del desaparecido a sus familiares y allegados, consagró el derecho a la verdad, exigió acciones efectivas y sostenidas de búsqueda, ordenó reparaciones económicas y psicológicas, y estableció garantías de no repetición. Esa doctrina interamericana, apropiada por los tribunales colombianos, terminó siendo uno de los pilares del andamiaje actual.

Un dispositivo que no ha terminado

La desaparición forzada en Colombia no fue nunca un monopolio limpio de un solo actor: la ejecutaron agentes del Estado en operaciones contrainsurgentes y en falsos positivos; la perfeccionaron técnicamente los paramilitares con hornos, ríos y motosierras; guerrillas también incurrieron en ella; y en más de la mitad de los casos el autor sigue siendo desconocido. Esa policentría es lo que la vuelve un dispositivo antes que una lista de crímenes: un modo compartido de administrar el terror y la impunidad, que atraviesa periodos, regiones y actores sin que ninguno pueda reclamar su patente exclusiva. La constante fue el ocultamiento deliberado del cuerpo —como norma, no como exceso— y el trabajo paralelo del Estado por no nombrarla: desde 1981 hasta el año 2000, veinte años sin tipificación mientras el fenómeno se masificaba.

Que hoy exista una Unidad de Búsqueda, una Jurisdicción Especial, un Registro Nacional y un lenguaje jurídico preciso es un logro real, pero también tardío. Cada avance llegó a remolque de los familiares —principalmente mujeres— que lo forzaron desde la calle, desde el archivo doméstico, desde los tribunales internacionales, desde una pancarta con una fotografía. La pregunta colombiana sobre la desaparición forzada no es, ya, si existió: es cuántos cuerpos faltan por hallar, cuántos autores por identificar, cuántas familias por dejar en paz. Y esa pregunta, más de cuatro décadas después de las primeras desapariciones sistemáticas, sigue sin respuesta suficiente.

En el archivo

111 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Frente Nacional1958–19741

1962Eduardo Umaña LunaFicha

02Crisis y narcotráfico1974–199025

03Constitución de 19911991–200217

04Seguridad Democrática2002–201626

05Posconflicto2016–presente21

06Transversal—20

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Doctrina de Seguridad Nacional: marco ideológico y técnico que legitimó la práctica en Colombia desde finales de los años setenta, adoptado del modelo represivo del Cono Sur durante el gobierno de Turbay Ayala
02Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978): instrumento jurídico que amplió la competencia militar sobre civiles y generalizó las condiciones institucionales para las primeras desapariciones sistemáticas
03Paramilitarismo: los grupos paramilitares, articulados en las AUC desde 1997, perfeccionaron el ocultamiento de cuerpos mediante hornos crematorios, lanzamiento a ríos, fosas comunes y desmembramiento, convirtiéndolo en técnica transmitida institucionalmente
04Falsos positivos: modalidad de desaparición forzada ejecutada directamente por unidades del Ejército, que presentaban civiles asesinados como guerrilleros dados de baja, revelando la persistencia de la práctica dentro del aparato estatal
05Impunidad estructural: en el 51% de los casos documentados no se conoce el autor; las cifras son dispersas y con enorme subregistro, lo que evidencia la impunidad como condición sistémica que reproduce y encubre la desaparición forzada
06Justicia transicional: la JEP, la Comisión de la Verdad y el HRDAG integraron 112 bases de datos para estimar la magnitud real del fenómeno, constituyendo el primer esfuerzo sistemático de esclarecimiento en la historia del país

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

62 documentos · 90 fragmentos

01El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 2. Las víctimas y las antesalas de la justicia. Conclusiones y RecomendacionesCentro Nacional de Memoria Histórica · 2016 · p. 17, 354 citas

[1]
ternacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el dere- 18 El derecho a la justicia como garantía de no repetición cho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles,…
p. 17

[2]
ternacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el dere- 18 El derecho a la justicia como garantía de no repetición cho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles,…
p. 17

[3]
la familia recuerdan que para el año 1988 en Colom- bia no se reconocía dentro de la legislación el delito de desapa- rición forzada. En palabras de Marleny, la madre del joven: “mi esposo había puesto el denuncio por secuestro simple [por] que no [le] recibieron por desaparición en ese tiempo, como eso hace 25 años…
p. 35

[4]
la familia recuerdan que para el año 1988 en Colom- bia no se reconocía dentro de la legislación el delito de desapa- rición forzada. En palabras de Marleny, la madre del joven: “mi esposo había puesto el denuncio por secuestro simple [por] que no [le] recibieron por desaparición en ese tiempo, como eso hace 25 años…
p. 35

02Desaparición forzada. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoElsa Blair · 2018 · p. 31, 1292 citas

[5]
es negada. De allí el concepto de la huma- nidad como víctima que caracteriza de manera esencial los críme- nes contra la humanidad (CNMH, 2014a, página 215). Es preciso señalar que de esta condición de crimen de lesa hu- manidad se deriva su carácter imprescriptible y no sujeto a amnis- tías e indultos (CNMH, 2014,…
p. 31

[22]
sentido como en el otro. Es decir, para limpiar las cifras de DFP pero, al mismo tiempo, para proporcionar un número exacto de personas ejecutadas por esta vía y tratar de lograr su reconocimiento como delito grave del Estado y su tipificación, con su respectivo juzgamiento y castigo. Hay problemas también, y sobre…
p. 129

03Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas. Tomo IVCentro Nacional de Memoria Histórica; Luz Marina Monzón Cifuentes (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 75, 872 citas

[6]
Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas sado por la propia Fiscalía, con esta entidad se busca generar con- fi anza y seguridad jurídica en la sociedad, mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación 88. El Código Penal con el cual la Fiscalía inició su…
p. 87

[89]
con datos como sexo, número de acta, fecha, lugar de la diligencia, señales particulares y prendas de vestir, caracte- rísticas, y tomar las impresiones dactilares de las necrodactilias y de las tarjetas decadactilares de los desaparecidos. El grupo cruza información con las personas vinculadas judicialmente y desmo-…
p. 75

04Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en ColombiaMartha Nubia Bello Albarracín, Andrés Fernando Suárez, Mónica Márquez Ramírez · 2016 · p. 17, 40, 3313 citas

[7]
1949 y el artículo 4. 2 del Protocolo II de 1977 26 adicional a dicho convenio -las normas más importantes del derecho humani- tario aplicables a con fl ictos armados no internacionales-, prohíben los atentados contra la vida, la integridad personal y la dignidad personal de las personas que no participan directamente…
p. 40

[27]
630 las personas desaparecidas entre 1970 y 2015. No obstante, más que contar, nos urge el trabajo contrario: nombrar y narrar, para individualizar e identi fi car a los hombres, mujeres y personas menores de edad que han sido enajenados de un modo u otro. Cifras como estas no dejan lugar a la vacilación para a fi…
p. 17

[76]
en el Registro de Memoria del Mundo, un “reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) a la dignidad de las víctimas, a la lucha de la sociedad co- lombiana y a la reivindicación de los derechos humanos” (Centro de Memoria Histórica.gov.co, 29 de octubre…
p. 331

05Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 4091 cita

[8]
nivel penal y disciplinario. Tras la promulgación de la Ley 200 de 1995 en Colombia, el genocidio fue considerado como falta gravísima en que podrían incurrir funcionarios al ejecutar acciones dirigidas a destruir a un grupo étnico, religioso o social, con lo cual se ampliaba el ámbito de protección a grupos sociales…
p. 409

06Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 1601 cita

[9]
desaparición forzada. A pesar de las dificultades que se enfrentaron para que en su momento se expidiera, la Ley 589 de 2000 tipificó la desaparición forzada como delito; or- denó la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas; dispuso la crea- ción del mecanismo de búsqueda urgente de personas…
p. 160

07El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1962 citas

[10]
de descongestión judicial, Congreso de Colombia, Diario O fi cial No. 47. 768 de 12 de julio de 2010, disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ basedoc/ley_ 1395 _ 2010.html Colombia, (2010), Ley 1407 de 2010 (agosto 17), Por la cual se expide el Código Penal Militar, Congreso de Colombia, dis- ponible…
p. 196

[11]
de descongestión judicial, Congreso de Colombia, Diario O fi cial No. 47. 768 de 12 de julio de 2010, disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ basedoc/ley_ 1395 _ 2010.html Colombia, (2010), Ley 1407 de 2010 (agosto 17), Por la cual se expide el Código Penal Militar, Congreso de Colombia, dis- ponible…
p. 196

08"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 25, 952 citas

[12]
6; “De los fines del Estado” (Boletín de Estrategia 001), en el mismo ejemplar, pp. 79 a 82; “Organización básica de la defensa nacional”, (Boletín estratégico 002), en Nº. 89, mayo-junio-julio-agosto 1978, Vol. XXX, pp. 227 a 236; “Generalidades sobre seguridad nacional”, (Editorial), en No.96,…
p. 25

[62]
a llevar sus historias. Como se muestra abajo, la cobertura en los medios de ejecuciones extrajudiciales creció exponencialmente en los 12 meses siguientes a las revelaciones sobre el caso de Soacha. 223 Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia– Europa–Estados Unidos:…
p. 95

09La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2721 cita

[13]
miembros de las fuerzas armadas. En 1976, fue expedido el decreto 2578, que le concedía a los mayores del ejército y a inspectores de policía la facultad de sancionar con una multa a personas consideradas potencialmente criminales. El segundo decreto fue el 0070, promulgado en enero de 1978 que concedía a miembros de…
p. 272

10Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2551 cita

[14]
panameños en 1999. Se firmaron tratados de delimitación de áreas marinas y submarinas con Ecuador, Panamá, Costa Rica, República Do- minicana y Haití. Administración Turbay Ayala A López lo sucedió Julio César Turbay Ayala (1916), uno de los más hábiles políticos de la his- toria de Colombia. Su programa presidencial…
p. 255

11Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 3671 cita

[15]
se adelantan cap- turas sin orden judicial, se aplica la sanción de arresto hasta por 180 días por alcaldes y gobernadores contra dirigentes sociales, dando como resultado detenciones arbitrarias y masivas, tortu- ras, restricciones a las garantías judiciales y al derecho al babeas corpus. La labor de las ONG de…
p. 367

12Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 511 cita

[16]
durante más de una década. EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, 1978-1982 Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo…
p. 51

13Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 269, 2792 citas

[17]
del p en- sami ento argentino de la <1seg uridad naci onah>. Segú n el presidente, esos asuntos debían ser abordados por una Asamblea Constituyente qu e má s ta rd e la Corte Suprema declararía inconstituciona l. En la s el ecc iones d e 1978, Turba y, el repre se ntant e por exce- lencia de la clase política li bera…
p. 269

[44]
las n egoc ia ciones de pa z. En su tra yecto ria labe rínti ca se fo rjaban alianzas tem poral es e ntr e al- g uno s frentes guerrilleros y los traficantes, co n base en el cuidado de ca mpo s de cultivo, v ía s de comunicación, aeropuerto s, pro v i- sión de ar ma s. El Caquetá, por eje mpl o, atravesó una de las…
p. 279

14El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 1392 citas

[18]
la creadora de la dicta- dura del general Rojas Pinilla. Pero unos pocos miembros de la élite política empezaron a preocuparse. El dirigente liberal Luis Carlos Galán expresó: El país tiende a vivir bajo autoridades cuya legitimidad se deriva cada vez menos de la soberanía popular y cada vez más de la fuerza armada.…
p. 139

[19]
la creadora de la dicta- dura del general Rojas Pinilla. Pero unos pocos miembros de la élite política empezaron a preocuparse. El dirigente liberal Luis Carlos Galán expresó: El país tiende a vivir bajo autoridades cuya legitimidad se deriva cada vez menos de la soberanía popular y cada vez más de la fuerza armada.…
p. 139

15Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 243, 2472 citas

[20]
la invisibilización y la desatención pública sobre esta modalidad especí fi ca de violencia. A estas limitaciones, sobre todo referidas a décadas anteriores, se enfrenta la revisión del soporte estadístico o inventario de casos de la desaparición, con énfasis en la desaparición forzada. Este hecho es difícil…
p. 243

[21]
la tarea de registro y documentación de casos, usando como instrumento el formulario del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, logrando do- cumentar 903 casos para el periodo 1980 y 2011 (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, 2012, pp. 13, 14). Se encuentra un signi…
p. 247

16¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 27, 2952 citas

[23]
Sonora no están desaparecidos sino escapados. En medio de los combates se sintieron culpables y huyeron a las montañas, por ahí en 15 días vuelven”. 61 59. Anexo informe. 60. GMH, Trujillo, 69. 61. GMH, Trujillo, 70. El Registro Nacional de Desaparecidos reportó, hasta noviembre del 2011, 50.891 casos, de los cuales…
p. 27

[77]
Procuraduría, allí gritábamos consignas unos minutos y continuábamos. A esa hora mucha gente salía de las oficinas a buscar almuerzo y se detenía a mirar la marcha, pues llevábamos las fotografías de los desaparecidos en tamaño grande, en forma de pancartas. Algunas veces repartíamos hojas volantes con la denuncia.…
p. 295

17Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 221 cita

[24]
Rendición de Cuentas, 2009 – 2010, Bogotá 2010, pág. 50. 21 Fiscalía General de la Nación, Informe de Gestión 2011, Imprenta Nacional de Colombia, febrero de 2012; e Informe de Gestión 2012 - 2013, Imprenta Nacional de Colombia, marzo de 2013; 24 Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010) los centenares…
p. 22

18La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 357, 3682 citas

[25]
estrategia de los perpetradores: generalmente se comete contra personas que represen- tan un colectivo, como los líderes sociales o personas en un alto grado de vulnerabilidad como las que perciben bajos ingresos (CNMH, 2018, p. 37). Según la Fedefam (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de…
p. 357

[35]
que mataban, ¿solo la mataban y la dejaban por ahí? ¿Qué hacían con el cuerpo? ¿O la desaparecían? Edo.: Dejan el cadáver y es por lo general donde siempre que hay, este… tenía esa, esa clase de incidente. Entr.: ¿Y en qué casos era desaparición? Edo.: Pues, cuando ya, de pronto, en el… en el monte, cuando ya uno…
p. 368

19Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 124, 1382 citas

[26]
y la Jurisdicción Especial para la Paz, junto con el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés). Para mayor información, ver los anexos técnicos. 104 Estas gráficas y las cifras que presenta la Comisión sobre las cinco violaciones analizadas son el resultado de la…
p. 124

[37]
desapariciones forzadas se corresponden con los de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, se dieron en los mismos tiempos y con tendencias similares. Según declaraciones de líderes paramilitares, en algunos momentos del conflicto recibieron indicaciones de que había que tratar de desaparecer a las personas, porque los…
p. 138

20Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 291 cita

[28]
y en la imposibilidad o dificultad para aceptar la pérdida y rehacer la vida con esa ausencia. Como señala n numerosos informes y testimonios respecto a la desaparición forzada, se trata, entonces, de un duelo impedido o congelado 34. En algunos casos de desa parición forzada, los paramilitares, para no dejar rastro…
p. 29

21Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 2111 cita

[29]
que no quedara huella”. También reveló que los cuerpos que no eran cremados en el horno o quemados en hogueras improvisadas con llantas, los tiraban a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo. Y dijo que como no bastaba con desaparecer los cadáveres, había que hacerlo con las cenizas y que éstas iban a una quebrada que…
p. 211

22Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 601 cita

[30]
le hicieron eso? —Edo.: A unos manes, que cogieron… dizque eran guerrilleros, pero a esos manes los trajeron de por allá… fue un bloque de Profesor, trajo dos manes de La Unión, el Pueblo de La Unión, y los trajo, porque eran guerrilleros, y… el comandante después que averiguaron, decían: que no eran, que sí esto… El…
p. 60

23Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 174, 1852 citas

[31]
forzada Homicidio Tortura Reclutamiento Secuestro Amenaza 1.500 1.000 500 0 Hechos por tipo de violencia 1.526 92 91 47 47 31 29 16 «esto no puede estar pasando»: relatos y dimensiones… 175 y amenazas en el municipio y, en particular, 486 desapariciones, según los datos de la Unidad de Víctimas 450. Un habitante de la…
p. 174

[38]
se presenta un descenso en la desaparición for- zada entre 2003 y 2006, para luego reanudar el incremento hasta el segundo pico de 2007. Este descenso en los registros coincide con el periodo de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia que, justamente, inició el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, con…
p. 185

24Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4322 citas

[32]
hicieron en esas vías, la mayoría de gente que por ahí mataron pararon en el río. El río Magdalena, al río Claro, al río de Sa- maná, al río de Calderas. Porque de la gente que mataban en esas vías, fue muy poca la que encontraron. Mucha gente fue botada. Entonces ¿a dónde hay fosas comunes? No las hay. ¿Por qué no…
p. 432

[33]
hicieron en esas vías, la mayoría de gente que por ahí mataron pararon en el río. El río Magdalena, al río Claro, al río de Sa- maná, al río de Calderas. Porque de la gente que mataban en esas vías, fue muy poca la que encontraron. Mucha gente fue botada. Entonces ¿a dónde hay fosas comunes? No las hay. ¿Por qué no…
p. 432

25De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 3131 cita

[34]
donde es el cementerio de Delicias, y encontraban, al ellos escarbar, así para hacer el hoyito o para clavar los estacones para colgar el tomate, entonces encontraban muchos huesos humanos cor- tados con motosierra, que eso debía ser de las masacres que ellos hacían” (CNMH, campesino, entrevista, Acuerdos de la…
p. 313

26"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 3571 cita

[36]
la desagregación de algunas moda- lidades de violencia, existen personas que fueron asesinadas y de cuyo paradero no se conoce absolutamente nada, por haber sido afectadas, por ejemplo, con desaparición forzada, secuestro y pos- terior asesinato, siendo sus cuerpos enterrados en fosas comunes, incinerados o sumergidos…
p. 357

27La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 2401 cita

[39]
uso de vehículos en los que las víctimas eran llevadas a la fuerza y desaparecidas (GMH, 2013). A partir de la información recolectada en las contribuciones voluntarias, se encontró que el BP-HCH utilizó distintos me- dios de transporte para desaparecer a sus víctimas. Por ejemplo, se recono- cieron carros o…
p. 240

28La Verdad de las Mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia. Tomo IRuta Pacífica de las Mujeres · 2013 · p. 125, 1312 citas

[40]
lo van a velar, es un perro que murió” y que no iba a pasar para arriba, que se regresen. Vereda Santa Clara, Putumayo, 2002, P.524. La mayor parte de las ejecuciones o desapariciones forzadas se hicieron estigmatizando a las víctimas, criminalizándolas, como una forma de justificar la acción. Muchos fa - miliares…
p. 125

[68]
de recuer- do colectivo o incluso de denuncia de los hechos. Cuando se da el bloqueo o el impedimento de estos rituales se produce una suerte de suspensión de un proceso que no puede culminarse. También la ausencia de información o las amenazas implican impedir el proceso de búsqueda, lo que tiene efectos muy nega-…
p. 131

29El Palacio de Justicia: una tragedia colombianaAna Carrigan · 2009 · p. 1, 1652 citas

[41]
MEMORIA VIVA EiPalacio de Justicia El M*!9 invade el Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y toma como rehenes a cientos de civiles, entre quienes se encuentra la mayor par te de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, en un «golpe revolucionario publicitario»-un espectáculo que se…
p. 1

[52]
órdenes del coronel Edilberto Sánchez en la Casa dd Flo rero, recibiendo y verificando las credenciales de los rehenes tan pronto salían del Palacio. Algunas de esas personas -explica la voz en la cinta-, más o menos doce, no pudieron explicar ni justificar su presen cia en el Palacio de Justicia. Y es por tal razón,…
p. 165

30Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1292 citas

[42]
del Congreso Nacional y a solo dos cuadras del palacio presidencial y, cuando tuvieran el control del edificio, acu- sar al presidente de Colombia de violar el acuerdo de cese al fuego firmado el año anterior. Después de lo que esperaban fuera una exitosa toma del Palacio de Justicia, los rebeldes planeaban,…
p. 129

[43]
del Congreso Nacional y a solo dos cuadras del palacio presidencial y, cuando tuvieran el control del edificio, acu- sar al presidente de Colombia de violar el acuerdo de cese al fuego firmado el año anterior. Después de lo que esperaban fuera una exitosa toma del Palacio de Justicia, los rebeldes planeaban,…
p. 129

31Siembra vientos y recogerás tempestades. La historia del M-19, sus protagonistas y sus destinosPatricia Lara S. · 2002 · p. 2471 cita

[45]
someterse ajuicio, estando los compañeros armados, ahí adentro. La respuesta a este punto era decir no, de manera que se eliminara esa petición. 5 En la toma del Palacio de Justicia murieron once magistrados de la Corte, tres magistrados auxiliares, doce auxiliares de los magistrados de la Corte, un magistra do…
p. 247

32More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 1631 cita

[46]
man carried something heavy in his arms. A slender peasant, the man strained under the weight. The children made such a racket that the Mobile Brigade commander turned. The peasant's shirt and pants were splattered with blood. The thing in his arms was tawny and long, and I suddenly realized that it was a mountain…
p. 163

33La Tragedia del Palacio de JusticiaEnrique Parejo González · 2010 · p. 2, 1882 citas

[47]
La Tragedia del Palacio de Justicia Cúmulo de Errores y Abusos EDITORIAL OVEJA NEGRA Enrique PArejo González La Tragedia del Palacio de Justicia 1ª edición: julio de 2010 © Enrique Parejo González, 2010 enparejo@hotmail.com © Editorial La Oveja Negra Ltda., 2010 editovejanegra@yahoo.es Cra. 14 Nº 79 – 17 Bogotá,…
p. 2

[48]
en el 4º piso. Si no fuera así, ¿por qué no se encontró parte alguna de sus cuerpos en ese lugar? Pregunta cuya validez se fortalece si se tiene en cuenta que los restos de los Magistrados y de otros rehenes, muertos en el 4º piso, fueron identificados. La Comisión de la Verdad expresa que “no existe duda alguna de…
p. 188

34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1201 cita

[49]
eso fue con el tiempo. [...] A mí me metían allá y cuando me sacaban, me sacaban era en la camioneta esa a dar vueltas por la ciudad, no me llevaban a un sitio fijo y luego me devolvían otra vez a las cuevas de Sacromonte, otra vez me subían. [...]. Empeloto, sí, ¡colgado de los brazos, amarrado! Yo durante…
p. 120

35Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1811 cita

[50]
de Justicia por el ejército, emitiendo en su lugar un partido de futbol; también se dio la orden de silenciar las diferentes radios, para acallar el clamor del presidente de la Corte Suprema, quien suplicaba al presidente de la República, un cese al fuego inmediato por parte del ejercito. La masacre fue sin piedad. Y…
p. 181

36Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1811 cita

[51]
de Justicia por el ejército, emitiendo en su lugar un partido de futbol; también se dio la orden de silenciar las diferentes radios, para acallar el clamor del presidente de la Corte Suprema, quien suplicaba al presidente de la República, un cese al fuego inmediato por parte del ejercito. La masacre fue sin piedad. Y…
p. 181

37Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1812 citas

[53]
(1998). En la encrucijada: Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa. Medellín: Corporación Región. Jaramillo Ocampo, Hernán. (1980) 1946-1950. De la Unidad Nacional a la Hegemonía con- servadora. Bogotá, Editorial Pluma, 1980. Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado (2010) Sentencia…
p. 181

[54]
(1998). En la encrucijada: Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa. Medellín: Corporación Región. Jaramillo Ocampo, Hernán. (1980) 1946-1950. De la Unidad Nacional a la Hegemonía con- servadora. Bogotá, Editorial Pluma, 1980. Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado (2010) Sentencia…
p. 181

38Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 491 cita

[55]
conversación sobre una década que conocí pero que no conocí, porque prácticamente no alcanzo a recordarla. Martín Nova: Está usted ahora acá, en el Cantón Norte, condenado a 35 años de cárcel por las desapariciones de la retoma del Palacio de Justicia. Usted fue general durante toda la década de los ochenta,…
p. 49

39Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1682 citas

[56]
end justifies the means.” Both cases caused additional challenges to the judicial system. In both cases, the questions were, who approved these illegal activi- ties, and more specifically, did President Uribe order them or know about them? Should he have known if he did not? False Positives In Septem ber 2008, falsos…
p. 168

[57]
end justifies the means.” Both cases caused additional challenges to the judicial system. In both cases, the questions were, who approved these illegal activi- ties, and more specifically, did President Uribe order them or know about them? Should he have known if he did not? False Positives In Septem ber 2008, falsos…
p. 168

40Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 1681 cita

[58]
pressures that accelerated the practice. One incident catalyzed the public conversation. In early 2008, sixteen young men in Soacha, a working- class suburb of Bogotá, dis appeared after telling their families that they had gotten work and were leaving town. Civilian recruiters— later revealed to be in the army’s pay—…
p. 168

41Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en ColombiaAlejandro Castillejo-Cuéllar · 2022 · p. 2001 cita

[59]
y luego lo viste, los rotos del uniforme no van a coincidir con el disparo que tiene». O el primer ejemplo que el instructor pone: si tienen un problema y un campesino resultó muerto, pues hagan esto como para no tener problemas. Entonces ellos hablaban de que muchas veces, si uno andaba con su tropa y... no sé... Es…
p. 200

42No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5241 cita

[60]
de las filas. Todo se fue aclarando y se fue agravando. Cuando un mes y medio más tarde apareció la noticia sobre los casos de Soacha, ya teníamos suficientes elementos para saber que los falsos 1514 El general Carlos Suárez lideró una comisión de investigación al interior del Ejército sobre las anomalías que se…
p. 524

43Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1861 cita

[61]
en Jenesano, Boyacá, pero habíamos venido de vacaciones a Bogotá a la casa de mi hermano que vivía en el barrio Tres Reyes de Ciudad Bolívar. El 21 de junio de 2004 mi hijo salió con su primo y una amiga que fue a buscarlos a la casa. […] 21 de junio de 2004 a 22 de junio de 2004 –un día de búsqueda–. […] Cuando mi…
p. 186

44Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1621 cita

[63]
Siendo la mayoría de nosotras habitantes de Soacha no nos conocíamos. La búsqueda de nuestros hijos y hermanos desaparecidos, las coincidencias en los informes que nos daban sobre su muerte en la Fiscalía y Medicina Legal, y la información que en nuestra desesperada búsqueda nos iba llegando a través de vecinos,…
p. 162

45El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1691 cita

[64]
no necesariamente se Mcabará o siquiera se moderarán las dinámicas exterminadoras. Dis minuyase este nivel: no necesariamente se expandirán dichas diná micas. La narrativa muestra también que hay importantes inercias, üobre todo con relación a las agencias de seguridad. Eventualmen- If, prácticas como el ataque a…
p. 169

46Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 147, 2432 citas

[65]
una creencia religiosa, en el apoyo de organizaciones defenso- ras de los derechos humanos (como se profundizará en el capí- tulo 5) y en actividades que les ayuda a “pensar en otra cosa”. Es importante subrayar -como ya se anotó antes- que la persistencia en la búsqueda y el anhelo por tener respuestas y encontrar al…
p. 243

[69]
dolor por su ausencia. La mayoría de familiares entrevistados son mujeres, madres y esposas, hermanas e hijas, quienes describen una y otra vez lo ocurrido intentando cons- truir una historia ordenada que permita al entrevistador comprender lo vivido. Aun después de muchos años la impotencia y el sufrimiento…
p. 147

47Caquetá: una autopsia sobre la desaparición forzadaHelka Quevedo Hidalgo · 2018 · p. 321 cita

[66]
investigación. Es el núcleo familiar/social más cercano el que en la mayoría de los casos, conoce de las actividades y del medio en el que ese ser querido vivía. Por esto, las autoridades encargadas de la búsqueda de una persona desaparecida deben contar con las familias, establecer y construir lazos que permitan…
p. 32

48Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 227, 2362 citas

[67]
pues se trata de un caso de desaparición forzada continuada que no ha dado lugar a una adecuada elaboración del duelo por parte de los familiares. El impacto emocional que sufren los familiares de los desaparecidos los deja suspendidos en el tiempo, y sin mayores referentes para reconstruir sus vidas. Es- tos factores…
p. 227

[72]
podido elaborar el duelo, siem- pre van a las reuniones pero nunca hablan, nunca cuentan, es muy difícil para ellas”. (Entrevista colectiva con miembros de Afavit) “Esos duelos no elaborados son porque muchas familias no tienen Ese espacio donde llorar y se responden cosas como ‘tan ridículo yo, después de 18 años…
p. 236

49Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 1341 cita

[70]
su conjunto quedaba en silencio. Por otro lado, se logró documentar que los paramilitares die- ron un tratamiento diferenciado a los familiares de los muertos. Los familiares de personas fallecidas por causas ajenas al conflic- to armado podían realizar velorios con las restricciones arriba anotadas, mientras que las…
p. 134

50Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 3601 cita

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de velar a los muertos o de recuperar el cadáver de las personas asesinadas, así como “descubrir” partes de los cuerpos mutilados flotando sobre el mar, en los ríos o en lugares públicos y la imposibilidad de en- contrar a los desaparecidos o de identificar sus restos, ha modifi- cado sustancialmente la relación con…
p. 360

51No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 561 cita

[73]
expresa Olga María: «Anhelo devolver el tiempo y ser grande, y decirle a mi papá que no vaya a esa finca, porque no tiene nada que ir a hacer allá. Pues nos quedamos solos, y ahí es cuando empieza la guerra con uno mismo, la guerra de la supervivencia, la lucha para poder comer, para poder vivir». Las preguntas que…
p. 56

52Counting the Dead: The Culture and Politics of Human Rights Activism in ColombiaWinifred Tate · 2007 · p. 1081 cita

[74]
y tortura en Caqueta (Death and Torture in Caqueta); the report was also translated and published in the United States by activists based in New York. In part because of the international institutional links provided by the Catholic Church, CINEP developed a strong relationship with human rights activists in the…
p. 108

5325 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 2261 cita

[75]
hijos, en medio de sus manifestaciones públicas. de sus gestiones, de esos encuentros en el dolor, estas mujeres campesinas. amas de casa, fueron "socializando su maternidad", como lo habían hecho y pregonado las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Fueron pasando de sus reivindicaciones como madres, esposas.…
p. 226

54La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 217, 2212 citas

[78]
tuvo que vivir Asfaddes fue preci- samente la desaparición de Ángel [Quintero] y Claudia [Monsalve] 389, porque eso era llegar y tocarnos a nosotros en lo más íntimo…[llanto]. Era decirnos «miren, por lo que están pidiendo, eso les puede tocar a ustedes también» […] Empezamos a hacer acciones de búsqueda de Ángel y…
p. 221

[79]
política como las utopías que tenía, y de tanto hablar con él, él me insistía mucho, me decía: “Vea, compañerita, yo respeto lo que él designó”. Eduardo me había hecho prometerle que yo no hablaría de su desaparición en caso de que le ocurriera. Jairo me dijo: “Él podía tener sus motivos, pero usted tiene que pensar…
p. 217

55Entre la incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo IIICentro Nacional de Memoria Histórica; Liz Arévalo Naranjo (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 1241 cita

[80]
de las familias y de la so- ciedad por parte del Estado, como garante constitucional de los derechos humanos. A tal efecto, ASFADDES, brindará apo- yo y acompañamiento jurídico a los familiares de las víctimas. Compromiso: Impulsar y apoyar la organización de base de fa- miliares de Detenidos-Desaparecidos, brindando…
p. 124

56Convocatoria a la paz grande. Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No RepeticiónComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 16, 222 citas

[81]
fuerza pública. Volvieron otras veces. Siempre desde distintos lugares, de diversas organiza- ciones. Siempre buscando. El último grupo venía de Guaviare y del Pacífico, de La Guajira y Soacha, de pueblos indígenas y comunidades afro del Cauca y de todas las fronteras; y esa tarde pidieron que la Comisión solicitara a…
p. 22

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desapariciones y los secuestros se contaban por centenas; los desplazamientos, por cientos de miles, y todas las camas del Hospital Militar estaban copadas por heridos de guerra. Lo ganado con el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es una realidad. Si bien no se dio la transformación participativa regional que se…
p. 16

57Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1651 cita

[82]
«El Pladia era muy interesante, porque para el proceso social era como esa articu- lación entre lo que se venía del proceso de paz y lo que había pasado en el territorio históricamente. Entonces, para ellos y para ellas era, en su momento, como esa carta que ellos tenían de así van a ser los PDET, así van a ser los…
p. 165

58Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesSara Victoria Alvarado, Eduardo A. Rueda Barrera, Pablo Gentili (editores) · 2016 · p. 2151 cita

[84]
de Prensa IPC (Instituto Popu- lar de Capacitación),, el 6 de septiembre de 2016. Disponible en: <http://www.ipc.org. co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/06/si-a-la-paz-por-la-busqueda-y-el-hallazgo-de- los-desaparecidos/>. ** Periodista, trabaja en la agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación y en el…
p. 215

59Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opcionesMartha Nussbaum, Sara Victoria Alvarado (ed.), Eduardo A. Rueda Barrera (ed.), Pablo Gentili (ed.) · 2016 · p. 2151 cita

[85]
de Prensa IPC (Instituto Popu- lar de Capacitación),, el 6 de septiembre de 2016. Disponible en: <http://www.ipc.org. co/agenciadeprensa/index.php/2016/09/06/si-a-la-paz-por-la-busqueda-y-el-hallazgo-de- los-desaparecidos/>. ** Periodista, trabaja en la agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación y en el…
p. 215

60Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 4792 citas

[86]
a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479

[87]
a los derechos humanos, pero a pesar de ello se optó por privilegiar las demandas penales por delitos comunes, y así mismo se dio prelación a un ente de justicia de otro país cuando obraba con ciertos resultados la justicia interna, como por ejem - plo los casos de las revelaciones en versiones libres ante la Fiscalía…
p. 479

61Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1401 cita

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hechos cometidos con anterio- ridad a la fecha de su promulgación, era una forma de asegurarse legalmente, bajo la amenaza de la pérdida de bene fi cios, de que el grupo armado ilegal cumpliera con su compromiso de cese al fuego. Ahora bien, esta última posición, plausible en el momento de las negociaciones, ha sido…
p. 140

62Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 3191 cita

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seres queridos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un desarrollo a partir de la CIDFP en este sentido: En esa dinámica, tanto la una como la otra [Corte interamericana y CID- FP] le han impreso vivo interés a temas como el derecho a la verdad de lo ocurrido con las víctimas de la desaparición…
p. 319