Limpieza social y orden moral paramilitar en ciudades colombianas (1995–2002)

Limpieza social y orden moral paramilitar en las ciudades colombianas (1995-2002)

Entre 1995 y 2002, en los cinturones populares de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Barrancabermeja y decenas de cabeceras intermedias, los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia y sus estructuras predecesoras desplegaron una modalidad de violencia que sus propios ejecutores nombraron sin rubor: limpieza social. La palabra, tomada del léxico higienista, describía una operación concreta: el asesinato sistemático y anunciado de consumidores de bazuco, habitantes de calle, expendedores minoristas, trabajadoras sexuales, personas LGBTI y jóvenes marcados por el rumor barrial como indeseables. No era metáfora: era programa. Y como todo programa, tenía listas, cadencias, códigos escritos, ejecutores asignados y una contabilidad de castigos.

Llamar limpieza al exterminio de seres humanos por su condición social, sexual o de consumo es aceptar la premisa del verdugo: que hay cuerpos limpios y cuerpos sucios, que hay vidas y hay basura, que la comunidad se depura cuando algunos de sus miembros son eliminados. Ese vocabulario —limpieza, desechables, viciosos, jíbaros, alegres— no fue una torpeza semántica de la época. Fue el andamiaje ideológico que hizo posible matar en serie sin escándalo, y que permitió a fracciones amplias de la sociedad urbana colombiana convivir con el crimen, e incluso agradecerlo en voz baja. El exterminio social urbano no fue un daño colateral del conflicto armado ni una degeneración interna de las estructuras contrainsurgentes: fue un dispositivo deliberado por el cual los paramilitares se atribuyeron la soberanía moral sobre barrios enteros, gobernaron cuerpos y costumbres, cobraron por ese gobierno en forma de vacunas y rentas ilegales, y prosperaron gracias al consentimiento activo de sectores de la comunidad hastiados de la impunidad, el robo menudo y la incuria estatal.

Nombrar el fenómeno con precisión exige, además, entender su cronología. No hubo un salto abrupto entre las autodefensas rurales de los ochenta y los bloques urbanos de los dos mil; hubo una transición pensada, con actores nombrables y decisiones de gobierno que la hicieron posible. En 1994-1995, con la creación de las Convivir bajo los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, y con la reorganización de los grupos de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil en las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, comenzó una fase distinta: la de bloques paramilitares con vocación explícitamente urbana. En 1997, la fundación de las AUC formalizó esa federación. Entre 1998 y 2002, primero bajo Andrés Pastrana y después en el ascenso electoral de Álvaro Uribe Vélez, las AUC alcanzaron su máxima extensión territorial, y su despliegue urbano —hasta entonces intermitente— se volvió sistemático. Ese es el arco: siete años en los que la ciudad, que había sido para los paramilitares un espacio de tránsito, de refugio o de retaguardia financiera, se convirtió en objetivo estratégico y en laboratorio de gobierno.

Lo nuevo no fue solo el mapa; fue la estructura. Los bloques diferenciaron internamente comandos rurales y comandos urbanos, con encargados separados para cada dimensión, incluida la recolección de finanzas. En el Bloque Bananero, por ejemplo, alias Aguilera respondía por la extorsión al comercio urbano mientras Faber Londoño se ocupaba de la parte ganadera rural. Esta división del trabajo importa porque desmiente la idea de una violencia difusa o improvisada: la limpieza social urbana fue función específica de unidades entrenadas para operar en ciudad —patrulleros urbanos, comandos urbanos, sicarios establemente asignados a comunas y barrios—, con jerarquías propias, presupuestos propios y objetivos propios. El sicario no era ya el pistolero contratado por encargo puntual, sino un empleado con territorio asignado, cuota de trabajo y jefe inmediato; el patrullero urbano no era un delincuente errante, sino un funcionario armado de un poder paralelo que ocupaba una silla dentro del organigrama.

Medellín fue el escenario donde ese organigrama se hizo visible con mayor claridad. El Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, se consolidó a comienzos de los 2000 en el barrio Robledo Aures, en la Comuna 7, y desde allí se expandió al occidente y noroccidente de la ciudad con el apoyo de las Convivir, absorbiendo o aniquilando a las milicias populares. Antes lo había preparado el Bloque Metro, comandado por Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, en una transición violenta que no fue relevo sino conquista interna. En el nororiente del país, el Bloque Catatumbo operó en Cúcuta a través del Frente Fronteras, con la frontera venezolana como retaguardia logística. En la costa Caribe, el Bloque Norte gobernó Barranquilla, Soledad, Malambo y Santa Marta, y penetró el corredor minero del Cesar —Codazzi, La Jagua de Ibirico, Becerril— con el Frente Resistencia Tayrona, mientras el Frente Córdoba dominaba Montería. En Bogotá, la práctica se documenta con particular densidad en Ciudad Bolívar y en Ciudadela Sucre, donde ya desde 1980 grupos integrados por civiles, miembros de Juntas de Acción Comunal, del Ejército y del DAS habían operado con propósito contrainsurgente, sembrando el terreno de una continuidad que los bloques urbanos posteriores solo tuvieron que heredar. Entre 1988 y 2013, el exterminio social urbano se concentró en las grandes ciudades: Cali, Cúcuta, Medellín, Bogotá y Barranquilla ocuparon los primeros lugares, y esa geografía no es casual, coincide con los mapas de mayor densidad poblacional, mayor circulación de rentas ilegales y mayor delegación del orden público a actores privados.

El mecanismo cotidiano tenía una liturgia estable. Los patrulleros urbanos elaboraban listas de objetivos, y cada tres meses se los enviaba a "hacer limpieza". Las categorías se enunciaban sin eufemismo interno: quienes no pagaban las vacunas, las mujeres consideradas alegres o promiscuas, los expendedores minoristas llamados jíbaros, los consumidores de bazuco y otras drogas —los viciosos— y quienes fueran sospechosos de simpatizar con la guerrilla. En una misma lista aparecían el consumidor de bazuco y el comerciante que no había pagado la extorsión, la mujer estigmatizada por su vida sexual y el auxiliador supuesto de las FARC. La conducta moral y el incumplimiento económico compartían página, y esa mezcla no era descuido burocrático: era la firma ideológica del dispositivo. Al equiparar al jíbaro con el guerrillero y a la trabajadora sexual con el moroso, los paramilitares afirmaban que el desorden era uno solo y que la respuesta debía ser uniforme. La contabilidad trimestral, además, imponía a la violencia un ritmo administrativo: había meses de recolección de nombres y meses de ejecución, semanas de rumor y semanas de cuerpos. El barrio aprendió pronto a leer ese calendario, y a esconder o a entregar según la fecha.

Los métodos fueron públicos por diseño. En La Dorada, en operaciones atribuidas a las Autodefensas Campesinas de Yacopí y Cundinamarca, patrullajes nocturnos en camionetas atacaban grupos enteros en parques y espacios abiertos sin identificación individual: se disparaba contra el conjunto, se mataba a quien estuviera allí. En otros contextos urbanos, grupos de personas fueron ametrallados en plena calle. El homicidio ejemplarizante cumplía una doble función comunicativa: anunciaba a la próxima víctima potencial que sería la siguiente y mostraba al vecino no marcado quién mandaba en la cuadra. La visibilidad era el mensaje. Matar de noche en un parque, dejar los cuerpos hasta el amanecer, permitir que la noticia circulara por el chismorreo escolar y los mostradores de tienda: cada elemento del ritual estaba calculado para producir gobierno. Un cuerpo tendido junto a una banca a las seis de la mañana, cuando los niños salían al colegio, valía más como acto pedagógico que como sanción; la comunidad entera recibía la lección, y no había que pronunciarla en voz alta. La eficacia del terror urbano no dependió del volumen absoluto de asesinatos, sino de su distribución, su publicidad y su regularidad.

Los paramilitares urbanos no se limitaron a matar: escribieron reglas. En varios territorios circularon códigos explícitos de conducta —comparables a códigos de policía o manuales de buena conducta— con sanciones previstas para cada infracción. El paramilitar urbano hacía barrer las calles, prohibía ciertas ropas y peinados, imponía horarios, castigaba la infidelidad, decidía quién podía beber y hasta qué hora, y ordenaba la geografía sexual del barrio. Contra el pluralismo que la Constitución de 1991 había proclamado apenas unos años antes —el reconocimiento de la diversidad étnica, religiosa, sexual, cultural como fundamento del pacto político— el orden paramilitar urbano ofreció una contra-Constitución escrita a mano y ejecutada con fusil. Allí donde el Estado prometía derechos, el paramilitar imponía deberes; donde la Constitución consagraba libertades, el patrullero urbano dictaba costumbres. Y el barrio, muchas veces, aplaudió la sustitución. La escena tiene algo de restauración: como si detrás del uniforme camuflado hubiera una nostalgia por el pueblo pequeño, por la moral parroquial, por la vigilancia recíproca de la vecindad, ahora armada con fusiles de asalto y con listas mecanografiadas. La contra-Constitución paramilitar no era proyecto de futuro; era vuelta atrás violenta contra la promesa constitucional apenas nacida.

La persecución a personas LGBTI fue una de las expresiones más nítidas de esa contra-Constitución moral. En El Carmen de Bolívar, paramilitares y policías atacaron con formas idénticas a personas LGBTIQ+ que ocupaban el espacio público, y sus procesos colectivos fueron desmembrados por desplazamiento, con destinos frecuentes en Medellín. En los municipios del Bloque Norte, la imposición de normas heteronormativas bajo amenaza fue sistemática. En Chaparral, Tolima, se registraron transfeminicidios de trabajadoras sexuales trans ejecutados por grupos posdesmovilización en asocio con miembros del Ejército, y el patrón se replicó en los Montes de María y en Tumaco. La tortura y la violencia sexual contra personas LGBTIQ+ tenían el propósito explícito de "corregir" a las víctimas para que actuaran derechitas, en la fórmula recurrente de los testimonios. La palabra revela todo el proyecto: enderezar cuerpos torcidos, alinearlos con la norma, y cuando la corrección no era posible, eliminarlos. El transfeminicidio no fue un exceso puntual de un patrullero; fue la aplicación coherente de la doctrina que atravesaba los códigos escritos y las listas trimestrales. Las víctimas trans, además, sufrieron una doble expulsión: primero de sus barrios de origen, después del sistema de reparación, que durante años careció de categorías capaces de nombrarlas. Fueron muertas por lo que eran, y luego contadas como si no hubieran sido nada.

La connivencia estatal fue operativa, no metafórica, y sostenerla en abstracto sería suavizarla. En Granada, Antioquia, el mayor Jesús María Clavijo Clavijo, del Batallón Granaderos con sede en La Unión, coordinaba con los grupos paramilitares urbanos la ejecución de homicidios contra los llamados objetivos militares. En algunas operaciones, Ejército y paramilitares compartían vehículos. En Ciudadela Sucre, miembros del Ejército y del DAS participaron desde 1980, junto a civiles y Juntas de Acción Comunal, en operaciones conjuntas que se prolongaron en la década siguiente bajo la forma de exterminio social. En Chaparral, los transfeminicidios se ejecutaron con la participación de miembros del Ejército. Y la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002, mostró de manera indisimulable la coordinación operativa entre fuerza pública y paramilitares en el escenario urbano, coincidiendo casi milimétricamente con la instalación territorial del Bloque Cacique Nutibara. Lo que allí ocurrió no fue una infiltración lamentable ni una desviación individual: fue una alianza de gobernanza urbana, con reparto de tareas y objetivos comunes. El Estado no cedió el barrio; lo entregó. Y en muchos casos —esto es lo más grave— lo entregó a cambio de resultados operacionales que después podría exhibir como propios: bajas guerrilleras, milicianos capturados, delincuencia disminuida. El paramilitar hacía el trabajo sucio; el uniformado firmaba el parte.

El eslabón más incómodo del dispositivo, sin embargo, no está en el uniforme ni en el brazalete. Está en la vecina que señaló al muchacho, en el tendero que entregó el nombre del jíbaro, en la reunión comunal donde alguien dijo que había que hacer algo con esa gente. Sectores de la población toleraron y en ocasiones apoyaron activamente las operaciones, motivados por el hartazgo ante el robo cotidiano, el miedo a los consumidores callejeros, la impunidad frente a los delitos menores y la sensación —a veces fundada, siempre manipulada— de que los viciosos y los jíbaros habían arruinado el barrio. La colaboración civil en la elaboración de listas fue el mecanismo por el cual la limpieza social se articuló con la vida barrial. No era violencia contra la comunidad: era violencia con la comunidad, sobre los miembros que la comunidad misma había decidido descartar. Reconocer eso no exculpa al verdugo ni disuelve la responsabilidad estatal; la sitúa en su lugar exacto. El paramilitarismo urbano no fue una fuerza de ocupación extranjera: fue una empresa criminal que supo leer un resentimiento social existente y ofrecerle una solución armada. La categoría desechable, antes de aparecer en la pared pintada de un comando, había circulado ya en la conversación del vecindario.

Ese acuerdo tácito tuvo consecuencias que sobrevivieron a los bloques que lo firmaron. Cuando el paramilitar dejó de patrullar la esquina, la vecina que había señalado siguió allí, y el vocabulario también. Barrios enteros aprendieron a organizarse en torno a la sospecha del vecino y a la delación disfrazada de preocupación comunitaria, y esa gramática no se desmontó con la desmovilización. En algunas comunas de Medellín, las juntas comunales que habían tolerado o auxiliado al Bloque Cacique Nutibara continuaron ejerciendo autoridad después de 2003, ahora bajo otros nombres y en connivencia con las bandas herederas. La vida cotidiana quedó marcada por un pliegue permanente: en la cuadra donde alguien fue matado por vicioso, el hijo del vecino que denunció y el hermano del muerto siguieron cruzándose en la tienda, y nadie habló. El silencio barrial es también una forma de continuidad.

El exterminio social o limpieza social no está tipificado en el Código Penal colombiano, y ninguna persona ha sido condenada específicamente por este delito. Las víctimas que denunciaron ante la Fiscalía encontraron mala atención institucional, ausencia de celeridad procesal, falta de reparaciones y exposición a nuevas violencias. La categoría desechable se instaló en el habla colombiana y se aplicó a poblaciones concretas —habitantes de calle, consumidores, trabajadoras sexuales, personas LGBTI— con una densidad que ninguna política pública ha logrado deshacer. La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 no cerró la práctica: los grupos posdesmovilización continuaron, en muchos casos, con los mismos operadores y las mismas listas. Cambió la sigla, no la nómina; cambió el uniforme, no la lógica. Los transfeminicidios de Chaparral, ejecutados después de la desmovilización, lo demuestran con crudeza: el mismo territorio, la misma alianza con miembros del Ejército, las mismas víctimas seleccionadas por los mismos criterios. La firma jurídica de un proceso de paz no basta para desmontar un dispositivo cuya materia prima —el resentimiento social, la delegación estatal, el vocabulario del descarte— sigue disponible.

Queda entonces una cuenta pendiente que no admite eufemismo. Durante siete años, en las ciudades donde vivía la mayor parte de los colombianos, un poder armado privado gobernó la vida cotidiana matando por trimestres a los cuerpos que consideraba prescindibles, y lo hizo con la connivencia operativa de agentes del Estado y con el consentimiento social de fracciones de la vecindad. Llamar a eso limpieza fue —y sigue siendo— la victoria simbólica del verdugo. Nombrarlo exterminio, urbano, dirigido, sistemático, con víctimas identificables y responsables identificables, es la primera condición para que la palabra desechable deje de aplicarse a un ser humano en Colombia. Es también, todavía, una tarea abierta.