Fundación y expansión de las AUC (1995–2000)

Las Autodefensas Unidas de Colombia: fundación y expansión (1995–2000)

Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron la federación paramilitar que entre abril de 1997 y los primeros años del siglo XXI se propuso, y en buena medida logró, transformar el mapa del poder territorial colombiano. Nacidas en una conferencia clandestina en el Nudo de Paramillo bajo el liderazgo de los hermanos Castaño Gil, agruparon estructuras armadas dispersas por el país en un proyecto de vocación nacional que combinó tres motores: la lucha contrainsurgente heredada de los años ochenta, las rentas del narcotráfico y la demanda de seguridad —y de tierra— de élites regionales. No fueron una reacción defensiva ni un desborde tardío. Fueron una empresa deliberada, cubierta por marcos legales como las Convivir, alimentada por complicidades militares y políticas, y coronada, en 2001, con el Pacto de Santa Fe de Ralito.

El mundo del que brotan las AUC

El paramilitarismo colombiano no nació con las AUC. Desde 1968, la legislación había habilitado la conformación de grupos civiles armados bajo tutela militar. Desde mediados de los ochenta se había consolidado, en el Magdalena Medio y en Puerto Boyacá, un modelo contrainsurgente privado bajo el liderazgo de Gonzalo y Henry Pérez, en el que confluían ganaderos, comerciantes, esmeralderos, mandos militares en activo y jefes del cartel de Medellín. Puerto Boyacá se convirtió en laboratorio: allí se ensayaron los procedimientos —listas de sospechosos, ejecuciones selectivas, control de la vida cotidiana— que después se exportarían al resto del país.

Entre 1986 y 1989, los Pérez convocaron tres "juntas nacionales de autodefensas": ensayos de coordinación que reunieron a los socios contrainsurgentes de distintas regiones y de los que Carlos Castaño pudo haber tomado la idea de una federación de mayor alcance. En 1986, la inteligencia militar del Batallón BINCI organizó en Puerto Boyacá un encuentro donde Fidel Castaño se presentó ante otros socios regionales. El vínculo entre inteligencia militar y estructuras paramilitares quedó documentado en el testimonio del teniente retirado Luis Antonio Meneses Báez, alias Ariel Otero, que describió cómo oficiales del Ejército instruían, armaban y financiaban a los grupos privados como una prolongación de la doctrina contrainsurgente.

La familia Castaño había entrado al sur de Córdoba a comienzos de los años ochenta por dos vías simultáneas y difíciles de separar: la respuesta a los secuestros de la guerrilla —el padre, Jesús Castaño, fue secuestrado y asesinado por las FARC en 1981— y la colonización empresarial antioqueña en la que los nuevos ricos del narcotráfico buscaban santuarios de impunidad. En esa región compraron tierras, lavaron dinero, ganaron aceptación social y aseguraron territorios funcionales a las distintas etapas de la cadena productiva de la cocaína: cultivo en las serranías, laboratorios en las zonas bajas, salida por el Golfo de Urabá y por el Caribe. De ese doble origen —contrainsurgente y narco— saldrían las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), fundadas en 1994 y confederadas bajo la dirección de la Casa Castaño, que en ese mismo año inició la unificación de grupos en Urabá, en el norte y Bajo Cauca antioqueño, en Córdoba y en el Darién. El sur de Córdoba —Valencia, Tierralta, Montelíbano— se convirtió en el santuario logístico y político desde el cual se planeó la proyección nacional.

Sobre ese sedimento se montaron dos innovaciones institucionales. La primera fue el Decreto 356 de 1994, expedido al final del gobierno de César Gaviria, que estableció el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada y creó los "servicios especiales de vigilancia y seguridad privada". La segunda, ya bajo Ernesto Samper Pizano, fue la Resolución 368 del 27 de abril de 1995 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que unificó esos servicios bajo el nombre de Convivir. En apenas dos años, más de cuatrocientas cooperativas se registraron en el país. Ninguna de las que llevaba más de dos años en funcionamiento estaba al día con la renovación de sus permisos. Se realizaron quince visitas de inspección sobre el total. A apenas el nueve por ciento de sus integrantes se les revisaron antecedentes penales. La laxitud regulatoria no fue un accidente: fue la condición.

En Antioquia, el gobernador Álvaro Uribe Vélez se convirtió en uno de los principales impulsores y defensores del modelo, autorizando la creación de sesenta y siete Convivir en su departamento. Salvatore Mancuso declararía después, ante la Comisión de la Verdad, que Carlos Castaño le encomendó armar el Bloque Norte de las AUC usando la Convivir como "bisagra" o "engranaje" entre la institucionalidad y la autodefensa ilegal: fusiles del Estado y amparo estatal para una estructura ilegal en formación. La Convivir Horizonte Ltda. le sirvió a Mancuso de salvoconducto para transportar tropas armadas desde Urabá hacia el resto del Caribe. En el Cesar, Hugues Rodríguez Fuentes creó, con la llegada de Mancuso, la Convivir Salguero Ltda., que ordenó el despojo de campesinos en el Distrito Minero de La Jagua: parcelas como las de El Toco terminaron a nombre del propio Rodríguez. En agosto de 1997, el general Rito Alejo del Río, comandante de la 17.ª Brigada, otorgó la medalla de Ayacucho al dirigente de Convivir Alberto Osorio: la condecoración pública dejaba constancia del reconocimiento militar al mecanismo.

La sentencia C-572 de noviembre de 1997 de la Corte Constitucional recortó las facultades de las Convivir, restringiendo cierto tipo de armas y algunas funciones de control y vigilancia. Para entonces, la plataforma ya había cumplido su papel: había dado tiempo, cobertura legal y logística a una expansión paramilitar cuya arquitectura nacional apenas comenzaba a hacerse visible. Muchas de las cooperativas se disolvieron formalmente y su personal armado, sus fusiles y sus redes de informantes pasaron directamente a los bloques recién creados de las AUC.

La Cumbre de 1997 y el proyecto federativo

El 18 de abril de 1997, en un paraje del Nudo de Paramillo, se realizó la Primera Conferencia de las Autodefensas Unidas de Colombia. El texto fundacional definió a las AUC como "un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa", provisto de dirección única y estado mayor conjunto. La reunión formalizaba lo que la Casa Castaño venía construyendo desde 1994: una confederación de estructuras regionales bajo un mando común, con Carlos Castaño Gil como figura central y una vocación explícitamente nacional. Participaron nueve organizaciones paramilitares, aunque los documentos internos solo registran como firmantes a cuatro: las propias ACCU, las autodefensas de los Llanos Orientales, las de Ramón Isaza en el Magdalena Medio y las de Puerto Boyacá.

Un año después, entre el 16 y el 18 de mayo de 1998, la Segunda Conferencia adoptó los estatutos que las ACCU habían venido usando y sumó a las Autodefensas de Cundinamarca. El 26 de julio del mismo año, representantes del Consejo Nacional de Paz y las AUC firmaron el Acuerdo del Nudo de Paramillo, que abrió un incipiente proceso de conversación con el Gobierno. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, uno de los impulsores políticos del proyecto, reconocería después que parte de la motivación para unificar las autodefensas era crear condiciones de negociación política: una organización nacional, con discurso propio y estatutos, tenía interlocución que ningún grupo regional aislado podía reclamar.

Conviene no exagerar la unidad de la criatura. Bajo la fachada federativa, la subordinación real entre bloques era limitada. Los grupos de Ramón Isaza firmaron como entidad separada. Las autodefensas de los Llanos, cruzadas por los intereses de Víctor Carranza y de los herederos de Gonzalo Rodríguez Gacha, mantuvieron su propia dinámica. Las de Puerto Boyacá venían de una tradición autónoma con base en el Magdalena Medio. Lo que las AUC ofrecían era una franquicia, un discurso común y una capacidad de negociación política; lo que cada bloque conservaba era su territorio, su economía y sus alianzas locales. Cada comandante regional recaudaba sus propios impuestos —a la coca, al ganado, al comercio, al combustible—, nombraba a sus propios políticos aliados y decidía sus propias masacres. La Casa Castaño arbitraba disputas y fijaba una línea estratégica general, pero no podía imponer al Bloque Central Bolívar el ritmo del Bloque Norte, ni al Bloque Centauros la disciplina del Bloque Élmer Cárdenas. Ese carácter de confederación oportunista, más que de organización jerárquica, explica al mismo tiempo la escala de la expansión y la dificultad, años más tarde, de desmontarla como un solo cuerpo.

La expansión: corredores, bloques y frentes

Desde su base en Córdoba y Urabá, las ACCU habían iniciado en 1996 un proyecto explícitamente nacional. La expansión siguió, entre 1996 y 2000, tres direcciones principales.

Hacia la Costa Caribe, las ACCU incursionaron en Sucre a petición de finqueros locales, con Javier Piedrahita como enlace, y en Cesar, donde el ganadero Jorge Gnecco y otros hacendados conectaron con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso para instalar estructuras paramilitares. La ambición era construir un corredor antisubversivo desde la frontera con Panamá, en el Darién, hasta los límites con Venezuela, atravesando el norte de Antioquia, Córdoba, Bolívar, el Magdalena Medio y el Cesar. La incursión en los Montes de María en 1996 y la posterior consolidación en la Sierra Nevada de Santa Marta —bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el Bloque Norte, y de Hernán Giraldo en su propio dominio— cerraron ese corredor por el norte. La estrategia del Bloque Norte durante su fase de incursión, entre 1997 y 2001, tuvo el desplazamiento forzado como herramienta central: se trataba de despejar corredores de movilidad para el traslado de personal y armamento entre La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. En Sucre, la alianza con las familias Guerra, García Romero y Merlano preparó el terreno para el pacto político que se firmaría después en Ralito. En La Guajira, el control de los puntos de embarque y de los pasos de frontera vinculó a la organización con el contrabando de gasolina, la salida de cocaína y la entrada de armas.

Hacia el suroriente, desde 1996 y 1997 las ACCU entraron en los Llanos Orientales, en el sur del Meta y en el Guaviare. El discurso oficial hablaba de golpear financiera y militarmente a los frentes Primero, Séptimo y Cuarenta y cuatro de las FARC; en la práctica, la incursión se articulaba con los intereses de Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, y con la herencia de Rodríguez Gacha en el paramilitarismo llanero, todos ellos con nexos evidentes con el narcotráfico. De esa avanzada surgiría el Bloque Centauros, comandado por Miguel Arroyave tras la compra de la franquicia a los Castaño en 2001. En 1997, la Casa Castaño incursionó también en el Chocó, en el medio y bajo Atrato, para disputarle el territorio a las FARC y consolidar el corredor Urabá-Pacífico, ligado a la explotación maderera y a las rutas del narcotráfico. La Operación Génesis, en febrero de 1997, ejecutada por el Bloque Élmer Cárdenas en coordinación con la 17.ª Brigada, inauguró esa fase con el desplazamiento masivo de comunidades afrocolombianas del Cacarica.

Hacia el suroccidente, la expansión tuvo dos ejes: el norte del Valle del Cauca, conectado con el Cañón de las Garrapatas, y el Bajo Putumayo. Desde allí, las AUC se extendieron por Valle, Cauca, Nariño, Putumayo y parte del Huila, disputándole a las FARC los cultivos y las rutas hacia el Pacífico y hacia la frontera ecuatoriana. En la segunda mitad del año 2000, los Castaño ordenaron fusionar los grupos que operaban en el sur de Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, Bajo Cauca y Nariño para conformar el Bloque Central Bolívar, bajo el mando general de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. En el Catatumbo, la disputa contra las guerrillas incluyó el control de los cultivos de coca y las rutas hacia Venezuela; la entrada del Bloque Catatumbo, en mayo de 1999, se abrió con la masacre de La Gabarra.

La coincidencia entre los corredores de expansión y la cadena productiva del narcotráfico —Urabá-Atrato, Catatumbo, Llanos, Putumayo, norte del Valle— es demasiado precisa para leerse como simple sincronía. La expansión paramilitar disputaba a las FARC territorios de cultivo y rutas de salida al mismo tiempo que perseguía objetivos contrainsurgentes; ambos planos operaban juntos y se legitimaban mutuamente. Sobre esa doble economía se apoyaba también la penetración en negocios legales: en Urabá y el Atrato, buena parte de las finanzas del Bloque Élmer Cárdenas se relacionaba con narcotráfico y madera, mientras la palma de aceite avanzaba en las tierras que la violencia había desocupado. En el Cesar y La Guajira, la minería de carbón se expandió sobre veredas vaciadas. En Sucre y Córdoba, la ganadería extensiva absorbió parcelas campesinas.

La violencia como método

La expansión de las AUC entre 1997 y 2000 dejó más de doscientas cincuenta masacres y más de mil setecientos muertos por esa sola vía. La masacre —definida como el homicidio múltiple e intencional de personas protegidas en un mismo hecho— fue el instrumento privilegiado de instalación territorial. Su función era doble: eliminaba de un golpe a los señalados como base social de la guerrilla y sembraba en el resto de la población un umbral de miedo que anticipaba el desplazamiento sin necesidad de ejecutarlo casa por casa. La geografía de las masacres calca la geografía de la expansión: Urabá, Córdoba, los Montes de María, el sur del Cesar, el Catatumbo, el Magdalena Medio, el sur de Bolívar, el norte del Valle, el Bajo Putumayo.

El repertorio se afinó en El Aro y La Granja, en el nordeste antioqueño, en 1996 y 1997. En La Granja, corregimiento de Ituango, el 11 de junio de 1996, hombres armados llegaron sin encontrar resistencia de la fuerza pública, retuvieron a la población y asesinaron a cuatro personas señaladas de auxiliar a la guerrilla. En El Aro, entre el 22 y el 30 de octubre de 1997, una columna del mismo origen entró al corregimiento, retuvo a los habitantes en la plaza, torturó y ejecutó a quince campesinos, quemó cuarenta y tres viviendas, saqueó tiendas y desplazó a la totalidad de la población. El aparato judicial estableció después que la fuerza pública no solo no impidió las incursiones, sino que en algunos tramos las facilitó. Ese modelo —permanencia prolongada, listas previas, tortura pública, saqueo, quema y desplazamiento— se repetiría, con variaciones locales, en decenas de escenarios.

En julio de 1997, en Mapiripán, Meta, un grupo de unos cien hombres de las ACCU aterrizó en el aeropuerto de San José del Guaviare en vuelos procedentes de Urabá, atravesó controles militares y de policía sin ser interceptado, y durante cinco días torturó y asesinó a un número indeterminado de pobladores —al menos cuarenta y nueve, según reconstrucciones posteriores— mientras la respuesta institucional se demoraba. El general Jaime Uscátegui sería condenado años después por omisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano en 2005. Mapiripán condensó en un solo hecho lo que las AUC eran: capacidad de proyección aerotransportada a mil kilómetros de su base, coordinación con estructuras militares, penetración en zonas de cultivo de coca y voluntad de sembrar terror ejemplar en las goteras de una zona de despeje que el Gobierno negociaba con las FARC.

El Salado, en los Montes de María, entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, cerró el ciclo con un episodio de crueldad prolongada. Hombres del Bloque Norte y de las autodefensas de Córdoba, bajo mando de Mancuso, Jorge 40 y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, ocuparon el corregimiento durante seis días, reunieron a la población en la plaza, seleccionaron víctimas mediante listas y asesinaron a sesenta personas con métodos deliberadamente atroces, mientras aviones y helicópteros de la Armada sobrevolaban la zona sin intervenir. La masacre siguió al asalto guerrillero al mismo pueblo en 1997 y a la instalación de una Convivir en la región; su propósito fue castigar a una comunidad completa por su supuesta cercanía con las FARC y despejar los Montes de María como corredor entre la costa y el interior.

El desplazamiento forzado fue la otra cara del método. En el arco 1997-2004, las cifras alcanzan más de ciento cincuenta mil homicidios y desapariciones y tres millones y medio de personas desplazadas. En Urabá, en el Bajo Atrato, en Sucre, en el Cesar, en el sur de Bolívar y en los Llanos, el vaciamiento de veredas enteras liberó tierras que pasaron por vías administrativas y notariales —compraventas forzadas, adjudicaciones dudosas, testaferrato— a manos de ganaderos, palmicultores y comerciantes vinculados a los propios bloques. En la Operación Génesis, en febrero de 1997, el Bloque Élmer Cárdenas, en coordinación con la 17.ª Brigada del general Rito Alejo del Río, desplazó a las comunidades afrocolombianas del Cacarica y abrió el bajo Atrato a la palma de aceite. En La Jagua de Ibirico, el despojo alimentado por la Convivir Salguero se articuló con la expansión de la minería de carbón. En el Magdalena, en La Guajira y en el Cesar, veredas completas quedaron bajo administración de facto del Bloque Norte, que fijaba precios, controlaba cosechas y cobraba tributos.

La estructura del terror se apoyó en una red de complicidades que hizo posible la escala. La Fiscalía y la Corte Suprema documentaron más adelante los vínculos entre comandantes paramilitares y guarniciones militares en Urabá, el Magdalena Medio, el Cesar, el Casanare y el Meta. La condena posterior del general Rito Alejo del Río por la muerte del campesino Marino López Mena en el Cacarica, la vinculación del general Uscátegui a Mapiripán y las revelaciones de la parapolítica, que llevarían a más de sesenta congresistas a la justicia entre 2006 y 2010 por sus pactos con las AUC, dibujarían con retraso el mapa de una complicidad que en su momento era operativa. El Pacto de Ralito de julio de 2001, firmado por comandantes de las AUC y una treintena de políticos —entre ellos gobernadores, congresistas y alcaldes de Sucre, Córdoba, Magdalena y Cesar—, con el propósito declarado de "refundar la patria", puso por escrito lo que las masacres y los desplazamientos habían inscrito en el territorio: un reordenamiento del poder regional pactado en la sombra y sostenido por las armas.

Al cerrar el año 2000, las AUC tenían presencia armada en al menos veintiséis de los treinta y dos departamentos y un pie de fuerza estimado por sus propios comandantes en más de diez mil combatientes, que llegaría a superar los treinta mil al momento de la desmovilización entre 2003 y 2006. Controlaban los corredores del narcotráfico de Urabá, el Atrato, el Catatumbo, el Bajo Putumayo, el norte del Valle y los Llanos. Su influencia política se traduciría, en los comicios de 2002, en gobernadores, congresistas y alcaldes elegidos con su respaldo o bajo su tutela. Pero lo decisivo no eran las cifras. La federación fundada en Paramillo tres años antes había impuesto una forma nueva de dominación privada, con capacidad para negociar de tú a tú con el Estado que decía defender, y había reescrito, a punta de motosierra y de escritura pública, la propiedad de la tierra en media Colombia. Cuando los comandantes se sentaron en Ralito a hablar de refundar la patria, no proponían un futuro: describían un país que ya habían empezado a construir.