Sur de Bolívar

El territorio: serranía, ciénaga y río

La región cabalga sobre tres geografías que rara vez aparecen juntas en el resto del país. Al oriente, la serranía de San Lucas, un macizo montañoso poco cartografiado que desciende hacia el río Magdalena y cuyas cotas guardan uno de los depósitos auríferos más ricos y menos documentados de Colombia. Al occidente y al norte, la subregión de Las Lobas (San Martín de Loba, Altos del Rosario, El Peñón, Río Viejo, Norosí, Regidor, Barranco de Loba), circundada por la confluencia del Magdalena y el Cauca, tierra de pescadores artesanales. Al sur, la Mojana bolivarense, con Tiquisio, Pinillos, San Jacinto del Cauca, Magangué y Achí, un mundo de ciénagas y humedales que se anega con los ciclos del río.

El eje que articula todo es el Magdalena Medio, esa franja central del país comprendida entre la cordillera Oriental y la Central, de unos 386 kilómetros de longitud, cuyo río define las fronteras de nueve departamentos y ha sido durante siglos la principal arteria de Colombia. El Sur de Bolívar es la banda izquierda de ese corredor. La Troncal del Magdalena Medio lo atraviesa de sur a norte; la Troncal de la Paz lo comunica con el nororiente antioqueño; el río mismo lo conecta con Barrancabermeja al sur y con el mar Caribe al norte. Es, en el sentido más literal, un territorio de paso: por él circulan la navegación fluvial, la carretera, el oleoducto y, desde los ochenta, también la coca y el combustible de contrabando.

Los recursos no se limitan al oro. En el subsuelo hay arenas silíceas, carbón, gas y esmeraldas; en las riberas del Magdalena, hacia San Pablo, Cantagallo y el vecino Yondó antioqueño, se sembraron desde los años noventa las primeras plantaciones de palma aceitera, siguiendo el modelo que Bucarelia había ensayado en Puerto Wilches. Oro en la montaña, palma en la ribera, pesca en la ciénaga, corredor de tránsito en el río: esa densidad de recursos es la clave para entender por qué el Sur de Bolívar ha sido siempre un premio disputado.

Guamocó: el primer ciclo del oro

La minería no es un fenómeno reciente en la serranía de San Lucas: es su capa más antigua. A fines del siglo XVI, el descubrimiento de los sedimentos auríferos del río Nechí provocó un desplazamiento masivo de mineros desde Buriticá, en Antioquia, hacia esta franja. En pocos años surgieron Cáceres, Zaragoza y, sobre las estribaciones que hoy corresponden al Sur de Bolívar, Guamocó. A partir de 1608 muchos propietarios prefirieron trasladarse allí, atraídos por unas minas que se consideraban más novedosas y mejor emplazadas. En 1613, Antón Pardo llevó cincuenta esclavos; entre 1604 y 1613 al menos dieciséis propietarios se mudaron a los reales, y en 1612 declararon 19.114 pesos en la Caja de Zaragoza.

Guamocó llegó a ser conocida como la Villa de Oro. Su auge fue breve y feroz. La resistencia indígena en Cáceres a ser empleada en las minas empujó a los propietarios al recurso masivo de mano de obra esclava africana. La dieta insuficiente y las jornadas agotadoras produjeron una mortalidad altísima, hasta el punto de que algunos amos abandonaron la región y trasladaron sus cuadrillas. Hacia 1640 comenzó a manifestarse el agotamiento del rescate aurífero; hacia 1660 los depósitos de Guamocó y Zaragoza estaban prácticamente exhaustos, y la producción de los distritos antioqueños había caído a una décima parte del pico de 1600. Guamocó fue totalmente abandonada: de la Villa de Oro no quedaron sino minas devoradas por la selva.

Ese primer ciclo dejó marcas duraderas. Instaló en el Sur de Bolívar la asociación entre riqueza mineral y despoblamiento, entre bonanza fugaz y ruina larga; ancló la economía neogranadina, como advertía en el siglo XVIII el arzobispo Caballero y Góngora, en una dependencia del metal que empobrecía a los propios mineros al descuidar la agricultura; y sembró, en la montaña, un saber minero y unos socavones que reaparecerían siglos después, cuando los buscadores del siglo XX volvieron a las quebradas de la serranía y encontraron que el oro seguía allí.

Colonos, mineros artesanales, pancoger

El segundo ciclo aurífero fue mucho más lento y mucho más difuso. En los años cuarenta del siglo XX se realizaron las primeras explotaciones documentadas de la minería moderna en Santa Rosa del Sur, en el sitio llamado Mina Vieja: antecedente directo de la pequeña minería y de la minería artesanal que caracterizarían a la región. Minas como la Walter, la Pepa, la mina nueva y El Zarzal llevan sesenta o setenta años en producción, lo que sitúa su origen hacia mediados del siglo pasado.

El auge propiamente dicho llegó a comienzos de los ochenta con el descubrimiento de Mina Azul en Norosí. A partir de allí, los habitantes de la serranía fueron encontrando nuevos yacimientos de manera artesanal, sin estudios técnicos, siguiendo la lógica del rebusque y la corazonada. La serranía de San Lucas se convirtió en un archipiélago de campamentos mineros informales dispersos en la selva, alimentados por familias enteras que subían a la montaña por temporadas.

Esa minería no llegó sola. Se enredó con la tercera oleada de colonización campesina que a lo largo del siglo XX empujó hacia las tierras bajas del interior a familias sin tierra y a fugitivos de la violencia política. Los colonos del Sur de Bolívar combinaban la explotación maderera (abarcos, taguas), el trabajo en las minas de oro y el cultivo de pancoger. Esa poliactividad fue una estrategia de supervivencia, más que una elección. Ningún ciclo económico era estable y el Estado apenas ofrecía servicios básicos.

La estructura agraria que emergió fue, en consecuencia, la de una sociedad campesino-minera con débil presencia empresarial. El sector privado formal en el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio ha estado representado, fundamentalmente, por ganaderos, una actividad que ya en la colonia había transformado la fisonomía de la costa Atlántica, y, desde los noventa, por palmicultores en la ribera. Otras instituciones privadas apenas tienen presencia. Es esa desproporción, una economía popular dispersa sobre riquezas del subsuelo enormes, sin capital regional que la ordene, lo que abriría, décadas después, la puerta a la disputa violenta por el control del territorio.

Las guerrillas y el laboratorio del Magdalena Medio

Cuando en los años sesenta el país entró en la etapa de las guerrillas modernas, el Magdalena Medio se convirtió muy pronto en zona de implantación estratégica. Las razones eran nítidas: permitía interferir el tránsito entre Barrancabermeja y Bucaramanga, contaba con zonas vírgenes, cordillera y escondrijos naturales, y disponía de redes campesinas de tradición liberal susceptibles a la opción armada. A eso se sumaba un ingrediente urbano decisivo: los primeros núcleos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantuvieron vínculos con el movimiento sindical petrolero de Barrancabermeja, articulados en buena medida por el dirigente Juan de Dios Aguilera, y con sectores estudiantiles de Bucaramanga (AUDESA, la Universidad Industrial de Santander, la Juventud Comunista) y de Bogotá (Universidad Nacional).

El ELN funcionó, en sus orígenes, como una red que combinaba montaña y ciudad. El 15 de febrero de 1966, en su único combate como integrante de la organización, murió el sacerdote Camilo Torres Restrepo, cuyo ejemplo atrajo a sacerdotes, monjas y seminaristas y cuyas propuestas de poder popular, abstención electoral y democracia directa fueron incorporadas al cuerpo doctrinario. La dirección de Fabio Vásquez Castaño, sin embargo, impuso pronto la primacía del trabajo armado en la montaña sobre el trabajo político urbano: prohibió el trabajo político en las ciudades y ordenó que los cuadros dirigentes subieran a la sierra. Esa línea fue disolviendo las estructuras urbanas y consolidó a la guerrilla como fuerza rural.

A mediados de los setenta, el ELN se expandió hacia el norte, por la serranía del Perijá, Curumaní, Chimichagua y Pailitas, configurando el Frente de Guerra Norte. Esa misma proyección lo llevó a asentarse en el Sur de Bolívar, cuya serranía de San Lucas ofrecía todo lo que la doctrina elenista buscaba: montaña, refugio, población campesina dispersa, minas de oro. Bajo la conducción de figuras como Manuel Pérez Martínez, el sacerdote español conocido como "el cura Pérez", y Nicolás Rodríguez Bautista, "Gabino", el ELN convirtió San Lucas en uno de sus santuarios históricos. Las FARC, por su parte, también consolidaron presencia en el Magdalena Medio, aunque con centro de gravedad en la banda opuesta del río.

Durante décadas, las guerrillas ejercieron autoridad efectiva sobre poblaciones, caminos y economías. En los sectores del Bajo Simacota (Carmen, San Vicente, Simacota, Santa Helena), tanto la guerrilla como, posteriormente, los paramilitares promovieron activamente la siembra de coca entre los campesinos. En estas montañas se ensayó, más que en ningún otro lugar, la articulación entre insurgencia, campesinado y economía ilegal que definiría el conflicto colombiano.

La marcha de 1985 y la política del inconformismo

Antes de que la coca cambiara el paisaje, el Sur de Bolívar ya tenía una tradición organizativa propia. En julio de 1985, campesinos y colonos de la región, desde Morales y San Pablo hasta Barranco de Loba, Pinillos y Achí, protagonizaron una marcha hacia Cartagena para mostrarle su miseria al país. La movilización expresaba la acumulación de agravios de esas tierras: tierras, aguas, pesca, inundaciones, ausencia de vías, precariedad de servicios. Se inscribía en una historia larga de luchas rurales en las que Bolívar, junto con Cauca, Antioquia y Santander, ha figurado entre los principales epicentros del conflicto social agrario colombiano.

Esa tradición reapareció una y otra vez. Cuando el Gobierno intentó reformar el Código de Minas favoreciendo la titulación a compañías extranjeras, entre ellas Conquistador May y Corona Golfy, vinculadas a la familia Illera, los pequeños mineros descubrieron que el representante legal de esas empresas era el mismo abogado que asesoraba al Gobierno en la redacción del nuevo código. Denunciaron el conflicto de intereses y se movilizaron hacia San Pablo en protesta. El Gobierno terminó aceptando congelar la titulación en el Sur de Bolívar, incluidas las asociaciones de mineros.

El episodio revela algo que suele perderse en las lecturas rápidas de la región: el Estado no estuvo simplemente ausente. Estuvo presente de manera predatoria, redactando normas al dictado de intereses privados, y solo retrocedió por la fuerza de una movilización popular capaz de ocupar carreteras. En el nordeste antioqueño vecino, en Remedios y Segovia, los paros cívicos se habían convertido, ya para entonces, en respuesta casi automática ante las masacres. Ese repertorio de éxodos hacia cabeceras municipales, cierres de vías y pliegos que combinaban derechos humanos con inversión estatal se extendió al Sur de Bolívar. Figuras como Teófilo Acuña surgieron de esa tradición: dirigentes campesino-mineros formados en la doble tarea de negociar con el Estado y sobrevivir a los armados.

El arrasamiento paramilitar

A finales de los años noventa, la disputa por el Sur de Bolívar entró en una fase de violencia extrema. La estrategia de los hermanos Castaño de expandir el paramilitarismo desde Urabá y Córdoba hacia el resto del país necesitaba una ficha en el sur de Bolívar, pero Carlos Castaño Gil no encontró allí aliados confiables: ni en la familia Prada ni en Camilo Morantes. Optó entonces por delegar y financiar la operación a través de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Macaco venía del Bajo Cauca antioqueño. Desde mediados de los noventa manejaba allí una organización criminal con conexiones cercanas a Cuco Vanoy y a Julián Bolívar. Para 1998 controlaba complejos cocaleros en varias regiones. Se mostraba interesado en incursionar al Sur de Bolívar, atraído por las rentas del narcotráfico, la hoja y la pasta base de coca, que la guerrilla venía cobrando en la zona. La convergencia entre la necesidad de Castaño y la ambición de Macaco fue el detonante inmediato del arrasamiento.

De esa alianza nació el Bloque Central Bolívar (BCB), estructura que operó bajo el paraguas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que incorporó también a Rodrigo Pérez Alzate, "Julián Bolívar". El BCB se expandió sobre el Sur de Bolívar aplicando el patrón macrocriminal que la Casa Castaño había refinado en otras regiones: masacres selectivas para expulsar poblaciones enteras estigmatizadas como colaboradoras de la guerrilla, estigma cuyo carácter indiscriminado ha sido cuestionado por investigaciones posteriores; alianzas con ganaderos, comerciantes y algunos sectores empresariales; y control militar de los corredores del narcotráfico. La masacre de Mapiripán, en julio de 1997, había marcado a nivel nacional el paso de un paramilitarismo expedicionario a un paramilitarismo de emplazamiento y control territorial, y el Sur de Bolívar fue uno de los escenarios donde esa mutación se aplicó con más brutalidad.

Los cultivos de coca en el departamento oscilaron durante esos años entre 2.400 y 6.000 hectáreas, con un despunte a partir de 1998 en los territorios bajo mando paramilitar. La serranía de San Lucas se convirtió en epicentro de procesamiento de cocaína, y el Golfo de Morrosquillo, en Sucre, funcionó como corredor de salida hacia el mar. El BCB cobraba impuestos a los campesinos productores de coca por permitir la siembra en los territorios bajo su control, y articulaba rentas del narcotráfico, del contrabando de hidrocarburos que floreció en Santander y del interés por las minas de oro y las plantaciones de palma que se expandían por la ribera. Carlos Castaño llegó a reconocer públicamente que los financiadores de las AUC pagaban a los patrulleros y recibían a cambio seguridad para sus negocios.

Rodrigo Tovar Pupo, "Jorge 40", y Salvatore Mancuso, aunque su centro de gravedad estaba en el Caribe y en Córdoba, formaron parte del entramado nacional que respaldó la incursión. En el Sur de Bolívar, sin embargo, la marca principal fue la del BCB de Macaco y Julián Bolívar. La región vivió, entre 1998 y 2005, uno de los ciclos de violencia más intensos del país: masacres, desplazamientos masivos, asesinatos selectivos de líderes campesinos y mineros, y una reconfiguración forzada de la propiedad rural cuyo mapa aún no ha sido reconstruido en su integridad.

La desmovilización y sus fisuras

Hacia 2003, el ciclo del paramilitarismo unificado empezó a agotarse por sus propias contradicciones internas y por la negociación política con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el Sur de Bolívar, la reducción de las masacres no significó la salida de los armados ni el retorno pacífico de los desplazados: significó, más bien, un tránsito ordenado desde el mando paramilitar hacia formas más difusas de control territorial. Ese tránsito tuvo su acto formal en la desmovilización colectiva.

El BCB–Sur de Bolívar se desmovilizó colectivamente en 2006 en Buenavista, corregimiento de Santa Rosa del Sur, con la entrega de armas de 2.523 personas. El proceso, inscrito en el marco de la Ley de Justicia y Paz, estuvo marcado por dificultades y distanciamientos. Formalmente, cerró el ciclo del paramilitarismo unificado en la región; en la práctica, dejó abiertas heridas que la región seguiría cargando.

La coca no desapareció con las AUC. Tampoco la disputa por el oro. La serranía siguió siendo un archipiélago de campamentos mineros artesanales, ahora presionados por la titulación a empresas extranjeras y por reformas normativas percibidas como hostiles a la economía popular. La riqueza aurífera, junto con la coca y la palma, siguió siendo motivo de interés para los grupos armados que reemplazaron o heredaron los territorios que había ocupado el BCB.

En ese vacío, el ELN mantuvo su presencia en la serranía de San Lucas, ahora sin la contraparte paramilitar unificada pero con nuevos competidores. El Frente de Guerra Norte había sido el primero desmantelado por la presión paramilitar de finales de los ochenta y comienzos de los noventa, y también había resultado afectado por el proceso de paz que derivó en la escisión de la Corriente de Renovación Socialista. Aun así, el ELN conservó el Sur de Bolívar como uno de sus reductos estratégicos, y figuras de su comandancia como Gabino y el cura Pérez, este último fallecido en 1998, se asociaron durante décadas con el nombre de esta región.

Micoahumado, Los Canelos y la resistencia civil

En medio de la guerra, las comunidades del Sur de Bolívar no se limitaron a ser víctimas. En Micoahumado, corregimiento de Morales, y en Los Canelos, se desarrollaron experiencias de resistencia civil no violenta que se volverían referentes nacionales. Fueron comunidades que, sin renunciar a la vida en sus tierras, negociaron reglas mínimas de convivencia con los actores armados, exigieron respeto por la población civil y construyeron formas locales de autoridad comunitaria.

Esa capacidad de agencia se articuló con las federaciones campesinas y mineras que venían de la marcha de 1985 y de las movilizaciones contra el Código de Minas. Dirigentes como Teófilo Acuña se movieron durante años en el filo peligroso entre la denuncia pública, la interlocución con el Estado y la sobrevivencia frente a los armados. La tradición organizativa del Sur de Bolívar, minera en su base, campesina en su repertorio, política en su vocación, resultó más resistente que las estructuras armadas que intentaron someterla. No las derrotó, pero tampoco se dejó reducir a ellas.

El posacuerdo: PDET, sustitución y viejos dilemas

El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP tocó al Sur de Bolívar en varios frentes. La región fue incluida en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y en las rutas de restitución de tierras. Los resultados han sido concretos pero limitados: los PDET se restringieron en la práctica a proyectos demostrativos, lejos del horizonte de transformación participativa regional que el Acuerdo había prometido. Se aprobaron obras puntuales, placas huella, aulas escolares, pequeños acueductos, que atendían necesidades urgentes sin alterar la matriz estructural del abandono. La promesa de un ordenamiento territorial construido desde las bases campesinas y mineras se diluyó en un catálogo de proyectos aislados, tramitados con los tiempos administrativos de siempre y sin la financiación prevista.

El PNIS produjo la fractura más elocuente. Cuando los campesinos participan en un pacto voluntario, cumplen: la resiembra tras sustitución negociada se sitúa en apenas el 0,8%. Cuando se les impone la fumigación o la erradicación militar, replantan: la resiembra en esos casos asciende al 50%. Ese contraste resume, con más precisión que cualquier informe, la brecha entre la política de sustitución negociada y la política de guerra contra las drogas. El principio de sustitución gradual, defendido durante lustros por las organizaciones agrarias, quedó limitado por los mecanismos operativos del punto 4 del Acuerdo, que frenaron cualquier avance sustantivo. En veredas de Morales, San Pablo y Santa Rosa del Sur, familias inscritas en el PNIS quedaron en un limbo: habían arrancado sus matas confiando en un cronograma de pagos y proyectos productivos que llegó tarde, incompleto o simplemente no llegó, mientras la cocaína seguía siendo la única mercancía capaz de sostener economías de ladera.

Al mismo tiempo, la implementación abrió un ciclo de violencia contra líderes sociales que golpeó de manera brutal a las regiones del posacuerdo. Entre 2016 y 2020 fueron asesinados 113 líderes sociales en Putumayo, Caquetá y Guaviare, muchos de ellos promotores y firmantes del PNIS. En el Sur de Bolívar, aunque el año 2017 fue descrito como el más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo, la tranquilidad se erosionó rápidamente. Persistieron ajustes de cuentas entre grupos vinculados a las antiguas FARC-EP; el Partido Comunes y organizaciones de derechos humanos denunciaron la falta de garantías estatales para los firmantes de paz. Sobre ese fondo se reactivó la disputa por los corredores del narcotráfico y por las bocaminas de la serranía, en un mapa donde las siglas cambiaron pero las rentas seguían siendo las mismas. Teófilo Acuña, dirigente histórico del campesinado y de la minería artesanal del Sur de Bolívar, fue asesinado en 2022 en circunstancias que reafirmaron la vulnerabilidad extrema de los liderazgos regionales. Su muerte cerró simbólicamente un arco que había comenzado en la marcha de 1985 y que había atravesado el ciclo paramilitar sin quebrarse.

La no repetición del conflicto depende de la implementación efectiva del punto uno del Acuerdo, la reforma rural integral, de la construcción de bienes públicos y de la garantía de derechos como condiciones estructurales. En un territorio donde la riqueza del subsuelo históricamente ha sido apropiada por actores externos y donde la economía popular ha sobrevivido a base de organización propia, la implementación del Acuerdo mide algo más elemental que la eficacia administrativa: mide la capacidad del Estado colombiano para integrar al Sur de Bolívar sin volver a someterlo.

Un territorio, muchas capas

La historia del Sur de Bolívar se lee como un corte estratigráfico en el que ninguna capa termina de sepultar a la anterior. El oro colonial de Guamocó no quedó atrás cuando se cerraron sus reales: se convirtió en el sustrato geológico y toponímico sobre el que, tres siglos más tarde, los buscadores de Mina Vieja y de Mina Azul abrirían de nuevo los mismos socavones. La colonización campesina del siglo XX no reemplazó a la minería: se enredó con ella en una misma poliactividad familiar. El ELN no ocupó un vacío: se instaló sobre una geografía de refugio que la Colonia había dejado sembrada de veredas dispersas y caminos de herradura. El BCB no inventó las rentas que cobró: heredó las que la guerrilla ya extraía de la coca y las multiplicó con la palma, el ganado y el contrabando. Y el posacuerdo no clausuró la disputa: la trasladó a nuevos actores sobre las mismas rutas.

La particularidad del Sur de Bolívar es que en él las capas siguen activas simultáneamente. El oro sigue saliendo de las minas Walter, Pepa y El Zarzal, con más de medio siglo de producción continua. La coca sigue subiendo y bajando al compás de las erradicaciones. El ELN sigue en San Lucas, más fragmentado pero no ausente. Las rutas del contrabando fluvial siguen abiertas, reactivadas por sucesivas herencias criminales. Y la tradición campesino-minera de organización sigue en pie en las federaciones, en las asambleas comunitarias, en la memoria viva de la marcha del 85 y de las movilizaciones contra el Código de Minas.

Esa simultaneidad es la clave. No se trata de una región donde el conflicto haya terminado ni donde las economías extractivas hayan cedido su lugar a otras: se trata de un territorio donde todas esas fuerzas coexisten superpuestas y donde, a pesar de todo, existe una sociedad civil con capacidad de nombrarlas, resistirlas y, cuando ha podido, transformarlas. En el mapa en relieve del país, el Sur de Bolívar es una de esas piezas donde las relaciones entre riqueza del subsuelo y violencia, entre presencia predatoria y agencia comunitaria, se dibujan con una nitidez inusual. Leer su estratigrafía es leer, en escala local, buena parte de la historia larga de la República.