Magangué

El sitio y la subregión

La Depresión Momposina se divide, en la descripción clásica, en cuatro provincias culturales: Mompós, El Banco, Magangué y San Marcos, esta última llamada Panzenú. Cada una nombra una subregión articulada por sus propios canales, ciénagas y sabanas. La de Magangué es la más claramente fluvial y, a la vez, la única con un anclaje sabanero significativo: sus vías internas son el caño Mojana, el bajo San Jorge y el brazo de Loba, y a ese entramado se suman franjas de sabana que la conectan con el hinterland ganadero de Sucre y Córdoba.

La posición se entiende mirando el mapa del agua. El Cauca, antes de entregar sus aguas al Magdalena, se abre en dos brazos: por el occidente, el de Mojana, que recibe además al San Jorge; por el oriente, la masa principal. Cerca de la desembocadura del Cauca, junto al brazo de Loba, se abren las ciénagas de Morrocoyal e Iguana; hacia el sur, el bajo San Jorge despliega sus grandes espejos de agua —Ayapel, Punta de Blanco— que en las crecientes se comunican unos con otros. Magangué está en el punto donde esa red de caños, ciénagas y brazos se anuda con el cauce principal del Magdalena. Lo que llega del San Jorge y del Cauca por Mojana, lo que baja por el brazo de Loba, lo que sube desde Calamar: todo puede convergir allí sin salir del agua.

Esa geometría hace del municipio un centro natural de conexión. Jegua, la más aislada de las localidades vecinas, mantiene relación con Magangué y con San Marcos según las temporadas de pesca y agricultura, y dibuja así el tipo de nodo que Magangué llegó a ser: no un centro que subordina, sino uno que articula un enjambre de pueblos anfibios cuyos vínculos cambian con el ciclo del agua. La subregión centrada en Caucasia —la del medio y alto San Jorge y bajo Cauca— es distinta y no debe confundirse: comparte el sistema hidrográfico, pero pertenece a otra órbita.

Zenúes, encomienda y bogas

Antes de la conquista, el complejo acuático del bajo San Jorge, el brazo de Loba y las tierras circundantes fue habitado por los zenúes, cultura que resolvió el problema del agua ingeniando camellones —terraplenes elevados con limos del fondo— sobre los cuales levantaba viviendas y plantíos a salvo de las inundaciones periódicas. Esa ingeniería hidráulica, hoy sobreviviente en la memoria arqueológica de la Mojana, es el primer indicio de que el territorio no fue nunca un paisaje inhóspito sino una civilización del agua.

La ocupación española lo integró con violencia al circuito colonial. En 1541 Pedro de Heredia repartió veintidós encomiendas en la región de Mompox, que producían ocho mil pesos de tributos y suponían la disponibilidad de al menos tres o cuatro mil indios en edad de trabajo. Ese trabajo se convirtió muy pronto en la boga del Magdalena: el remo de los champanes que subían y bajaban el río llevando mercancías entre Cartagena y Honda. En 1549 los indígenas de la región de Mompox se rebelaron, en plena disputa jurisdiccional entre las provincias de Cartagena y Santa Marta. Tres años después, una Cédula Real prohibió emplear indios en la boga; la orden se repitió sin efecto en 1570, 1576 y 1598. La letra imperial no pudo con la economía real del río.

Los encomenderos siguieron obligando a los indios encomendados a remar en los champanes. Los cementerios se llenaron prematuramente. El caso mejor documentado es el de los indios de Loba, diezmados bajo Hernando de Medina: unos ciento veinte lobanos fueron desplazados a Mompox para servir de bogas y no soportaron ni el traslado ni el ritmo del trabajo, lo que aceleró su extinción. El río que iba a hacer la prosperidad de Magangué también consumió a sus primeros habitantes.

Fundaciones, refundaciones y el pulso borbónico

La consolidación del actual perfil poblacional de la subregión no fue obra de un acto fundacional único, sino de dos oleadas tardías de reorganización colonial. Entre 1744 y 1770, José Fernando de Mier, rico hacendado y comandante de milicias de la provincia de Santa Marta, fundó cerca de veintidós pueblos en el Bajo Magdalena con el fin de contener los ataques indígenas contra haciendas y embarcaciones. Entre 1774 y 1778, Antonio de la Torre y Miranda, antiguo oficial naval español, fundó u organizó unas cuarenta y tres comunidades, concentrando en poblados a la gente dispersa —los llamados "arrochelados"— que vivía fuera del alcance de la parroquia y el impuesto. Esta segunda oleada, ejecutiva y minuciosa, correspondió al esfuerzo borbónico por hacer legible el territorio: sacar a los pobladores del monte, ponerles cura y alcalde, ordenar el poblamiento en torno a plazas y calles.

Magangué se consolidó en ese ciclo. El resguardo de Guazo, cuya documentación de 1675 se conserva en la Notaría única de Magangué, sugiere que la jurisdicción ya coordinaba la vida indígena de sus alrededores en el siglo XVII. En 1818, los naturales de Jegua solicitaron formalmente ser agregados al partido de Magangué, gesto que revela cómo, al despuntar la República, la villa ya operaba como cabeza jurisdiccional reconocida por las comunidades circundantes.

El brazo que se secó y el puerto que ascendió

La rivalidad que definió el siglo XIX magangueleño fue con Mompox. Desde las primeras décadas del siglo XVII, Mompox había sido un centro de comercio y contrabando cuya posición sobre el Magdalena le permitió controlar el tráfico entre el interior y la costa. Sus bodegas se llenaban de mercancías de exportación e importación, y su élite —criolla, letrada, dueña de tierras y esclavos— dio a la ciudad el peso político y cultural que aún se lee en su arquitectura.

Ese peso empezó a erosionarse cuando el nivel de las aguas del brazo de Mompox comenzó a descender por causas naturales y humanas. La preocupación momposina por el declive del brazo aparece en los documentos del siglo XIX y coincide temporalmente con la llegada del vapor al Magdalena —el proyecto de la Compañía Anglo-Granadina con su barco Unión es visible desde la década de 1830— y con la consolidación definitiva de la navegación a vapor en 1850. Los vapores requerían canales profundos y estables, y cuando el brazo de Mompox se hizo poco navegable, la carga se desplazó hacia el brazo de Loba. Magangué, que estaba precisamente sobre ese brazo, recibió el tráfico.

No fue una sustitución instantánea ni una superioridad estructural: fue un accidente hidrológico —el cauce que se seca— combinado con una revolución técnica —el vapor que necesita otra clase de agua—. La jerarquía urbana del bajo Magdalena se reordenó porque el río cambió, y la nueva bisagra quedó del lado de Magangué.

A ese giro se sumó la política del comercio. Con la definitiva consolidación del vapor en 1850, tras el fin de los monopolios y la ampliación del comercio exterior que garantizó carga de retorno, el Magdalena se afianzó como la arteria por donde pasaba, según la cifra recurrente del siglo, nueve décimas partes de las importaciones y exportaciones colombianas. Barranquilla obtuvo ventaja sobre Cartagena y Santa Marta gracias a su localización en la margen occidental del Magdalena y, en 1870, resolvió el problema de la barra de arena mediante un corto ferrocarril hacia Sabanilla. Magangué, río arriba, se benefició del mismo movimiento: era el punto donde los vapores hacían escala natural, donde se transbordaba, donde los productos de las sabanas —cueros, ganado en pie, algodón, más tarde tabaco y productos selváticos— entraban al circuito de exportación.

Los curazoleños, la feria y la acumulación sabanera

El puerto atrajo capital. A mediados del siglo XIX, los comerciantes de Curazao —en su mayoría judíos sefardíes— llegaron no solo a Riohacha, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, sino también a Magangué, donde se hicieron participantes activos de las tareas comerciales. Su presencia articuló las importaciones y exportaciones entre la isla antillana y los puertos del Caribe colombiano, y en Magangué encontró un mercado creciente que combinaba la demanda local con la reexportación hacia el interior.

En paralelo, Magangué se convirtió en destino de las ferias. La feria de Magangué, mencionada junto con la de Tacasuán, era el punto al que los comerciantes de Sincelejo llevaban productos para exportar y del que traían mercancías para vender en las Sabanas. Ese circuito, aparentemente modesto, fue el motor de una acumulación originaria: en las sabanas de Sucre y del norte de Bolívar, los intermediarios sincelejanos operaban entre Tolú, Tacasuán y Magangué, y la feria magangueleña fue uno de los puntos donde se realizaban los excedentes.

La actividad no era nueva ni improvisada. Ya en 1776, el gobernador Silvestre había reconocido las posibilidades ganaderas de las sabanas de Ayapel y de Tolú y había propuesto abrir una vía terrestre a Ayapel para conducir hacia Antioquia el ganado que allí escaseaba. Ese impulso, hecho de hato, feria y camino, tuvo en Magangué su terminal fluvial: allí el ganado se embarcaba o se cambiaba de mano. La acumulación en las sabanas, impulsada por el comercio con Magangué y Tolú a mediados del siglo XIX, se aceleró después con el tabaco y con los productos selváticos.

La consecuencia territorial fue una concentración creciente de la tierra: la expansión del negocio ganadero desplazó a millares de pequeños parceleros, obligados a emigrar. La feria era la cara visible y festiva de una economía que, tierra adentro, empujaba a la gente fuera de sus parcelas. Esa acumulación siguió después: la población ganadera de la Zona Norte —Urabá, San Jorge, Atrato, Sinú, Bajo Cauca— pasó de 6,8 millones de cabezas en 1950 a 12,0 millones en 1976, con una tasa anual del 2,8 %, la más alta del país. Magangué no fue el centro productivo de ese ganado, pero sí uno de sus puntos de tránsito y comercialización, y su feria mantuvo por mucho tiempo un lugar en el calendario ganadero regional.

El corredor del vapor: antes y después de 1850

Antes de la consolidación de 1850, la navegación a vapor por el Magdalena había sido una acumulación de intentos frustrados. En 1825 el Bolívar y el Santander iniciaron los primeros ensayos en la parte baja del río, pero no duraron en servicio. El intento más prometedor, el de la casa comercial Montoya y Compañía, quedó truncado por la pérdida en combate del vapor Unión hacia 1840-1841. Solo tras 1850 el vapor se hizo permanente.

La geografía del corredor era, sin embargo, austera. Entre Honda y Calamar, en unas ciento treinta leguas de río, había hacia la década de 1860 apenas veintiocho poblaciones ribereñas con menos de dieciséis mil habitantes en total. El Magdalena era la arteria de la economía nacional y a la vez un largo trayecto casi despoblado. Los puertos que existían —Honda, Calamar, Magangué, Mompox, El Banco, Puerto Berrío— eran islas de actividad separadas por leguas de selva y ciénaga. El primer producto de exportación importante del país se cultivó en el valle del Magdalena precisamente porque el vapor redujo los costos fluviales antes de que mejoraran los caminos terrestres, y volvió económicamente accesible una región que la tierra hacía inalcanzable.

La era del ferrocarril, contra lo que a veces se cree, no desplazó al río: lo confirmó. Los ferrocarriles regionales convergían hacia el Magdalena para conectar el interior con el Caribe. Honda misma, que había sido el gran puerto interior antes del terremoto de 1805 —con un movimiento comercial que según una referencia superaba al de Santa Fe—, entró en postración por las guerras y los desastres, pero el eje que ella encabezaba siguió operando río abajo. Magangué, más cerca de la desembocadura, se benefició de esa arquitectura ferro-fluvial durante toda la primera mitad del siglo XX.

La textura política del municipio

Sobre esa base económica se montó la vida política local, primero como parte de la provincia de Cartagena y luego, en la organización departamental republicana, como uno de los principales municipios del sur de Bolívar. Su clero mantuvo desde temprano una presencia activa: la diócesis de Magangué, con jurisdicción sobre buena parte del sur del departamento, se convirtió a lo largo del siglo XX en interlocutor obligado de la vida pública. Su relevancia se hará visible más adelante, cuando el conflicto armado ponga al clero en la incómoda posición de observar cómo la corrupción campeaba en la administración municipal sin que los organismos de control actuaran, y de temer que ese vacío fuera aprovechado por la guerrilla y, a continuación, por los paramilitares.

El clan Alfonso López y la captura del municipio

En las décadas finales del siglo XX, la vida política de Magangué quedó marcada por la figura de Enilse López Romero, "La Gata", y su familia. López inició su actividad económica con rifas y apuestas ilegales que luego formalizó. A principios de los años noventa logró concesiones de suerte y azar en Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, y ese negocio —el chance, con su enorme circulación diaria de efectivo— fue la base sobre la que construyó una red de relaciones directas con la clase política de esos cuatro departamentos. Uniapuestas, con sede en Barranquilla, fue el vehículo empresarial más visible del clan. Su rasgo distintivo frente a otras casas de apuestas del Caribe fue la combinación entre concesión departamental legal, presencia simultánea en cuatro jurisdicciones y capacidad de trasladar rentas del chance a la financiación de campañas municipales y regionales.

La violencia atravesó el ascenso. Las FARC-EP asesinaron a tres hermanos de Enilse López. El último, Cástulo López Romero, murió el 14 de septiembre de 1999 en un atentado con explosivos contra la sede de apuestas en El Carmen de Bolívar. Su padre había sido secuestrado por la misma guerrilla. En noviembre de 1999, las FARC robaron ganado de una finca en el municipio de San Pedro que los perpetradores creían de "La Gata", aunque la investigación penal comprobó que no era de su propiedad; el hecho forma parte del contexto inmediato de la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, y sitúa a la familia López en el cruce de fuegos que definió el paso del siglo en los Montes de María y en el sur de Bolívar. La presión armada de la guerrilla sobre sus intereses económicos y familiares —el asesinato de hermanos, el secuestro del padre, los ataques a propiedades— es una de las claves para leer la posterior relación de "La Gata" con estructuras paramilitares.

Sobre esa base, el clan avanzó hacia el control directo del aparato municipal. Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilse, fue elegido alcalde de Magangué. La Fiscalía General de la Nación investigó el presunto desvío de recursos de salud a través de la cooperativa Caribe Salud hacia cuentas personales del alcalde y hacia Uniapuestas, la empresa de su madre. El mecanismo incluía la ubicación de actores clave en los procesos de contratación: los representantes legales de Caribe Salud eran antiguos empleados de empresas del alcalde y de Enilse López. La captura no operó por un solo golpe, sino por la colocación sistemática de personas afines en los puntos donde se decide quién presta el servicio, quién factura y quién cobra. Al articular el chance —negocio nominalmente legal— con la contratación pública de salud —recurso público administrado localmente—, el clan cerró un circuito en el que las rentas privadas ya no dependían solo del volumen de apuestas, sino también del acceso privilegiado al presupuesto municipal.

La red se extendió más allá de la cabecera. Arquímedes García Romero, medio hermano de "La Gata", fue elegido alcalde de Montecristo en 2003, y en ese municipio se registraron irregularidades similares. Héctor Julio Alfonso López, otro hijo de Enilse, obtuvo un cargo de representación por el partido Apertura Liberal, y las cifras electorales del clan —Cartagena con casi catorce mil votos, Magangué con más de diez mil, Sincelejo con más de seis mil— dibujan la geografía real de su influencia: un triángulo costero que ata las apuestas, la política y la contratación pública. El patrón se repite con variaciones: un miembro de la familia en la alcaldía, empresas del entorno inmediato ocupando cargos técnicos en las entidades contratantes y una masa de votos concentrada en las ciudades donde la operación del chance tenía mayor arraigo.

El marco nacional acompañó esa expansión. Tras la posesión del presidente Álvaro Uribe se firmó un decreto que redujo la tasa impositiva para empresarios del chance, y Enilse López estuvo entre las beneficiadas por su peso como empresaria del sector en la Costa. La combinación de negocio legal de altísimo margen, concesiones departamentales, alianzas políticas, contratación pública capturada y presencia paramilitar creciente convirtió al clan Alfonso López en un caso paradigmático de parapolítica en el Caribe. La historia de Magangué en las dos últimas décadas no puede contarse sin él.

Paramilitares en el sur de Bolívar

La relación del clan con los paramilitares se inscribió en un proceso más amplio de expansión armada por el sur de Bolívar. El Bloque Mojana, vinculado con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), operó en zonas aledañas a Magangué y posiblemente en Montecristo, con estructuras nacientes que pudieron actuar desde 1997-1998, aunque su consolidación no fue plena en ese primer momento. A partir del año 2000, con la unificación de las Autodefensas Unidas de Colombia y la creación del Bloque Central Bolívar (BCB), la presencia paramilitar se estabilizó y adquirió una geografía más nítida.

El BCB ejerció dominio en los cascos urbanos, en su periferia y en la vega del río Magdalena en el sur de Bolívar, a través de tres frentes: los Combatientes de la Serranía de San Lucas, los Vencedores del Sur y los Libertadores del Río Magdalena. Los nombres declaran la lógica: montaña, sur, río; las tres franjas del territorio bajo control. Desde Magangué operó específicamente el grupo de los hermanos Botero, que hizo del puerto su base para incursionar en Tiquisio, Achí, Pinillos y Altos del Rosario. La condición nodal del municipio, que había servido al comercio, sirvió también a la guerra: quien controlaba Magangué podía moverse por los brazos del río hacia los pueblos aislados.

A partir del año 2000, con el BCB consolidado, las acciones paramilitares en la zona pasaron del choque abierto al control de la población y la regulación de la vida social. Ese cambio de fase —de la masacre al mando cotidiano— es la forma en que el paramilitarismo se instaló en la vida de Magangué y en la administración local, y es también el fondo sobre el que se leen las relaciones entre negocios, política y armas del clan Alfonso López.

El clero como testigo incómodo

En medio de esa geografía violenta, la diócesis de Magangué desempeñó un papel de observador crítico. El obispo Jorge Leonardo Gómez Serna, de la orden de los predicadores, estuvo a su cargo desde 2001, en 2010 fue galardonado con el Premio Nacional de Paz y se retiró en 2012 por problemas de salud. Miembros del clero reconocían públicamente que la corrupción campeaba en la administración municipal sin que los organismos de control actuaran, y advertían que ese vacío alimentaba la posibilidad de que la guerrilla intentara canalizar el descontento a su favor. La preocupación mayor era el efecto rebote: si la guerrilla avanzaba, era previsible que a continuación entraran los paramilitares, en la espiral de violencia que en efecto se instaló.

La diócesis no aparece descrita como mediadora activa en la dinámica armada, pero sí como una voz que registró la doble amenaza —captura política por un lado, expansión armada por otro— con una lucidez que la mayoría del aparato institucional no tuvo.

Lecturas del lugar

La historia de Magangué admite dos lecturas complementarias. La primera la escribió el río: un cauce que cambia, un vapor que llega, un puerto que ordena. Bajo esa lectura, la decadencia de Mompox y el ascenso de Magangué ilustran ante todo la contingencia hidrológica —el brazo que se seca sumado a la técnica del vapor— y no una superioridad estructural del nuevo puerto sobre el antiguo. La segunda la escribieron los actores: los encomenderos que sacrificaron a los lobanos en la boga, los borbónicos que fundaron pueblos, los curazoleños que trajeron capital, los sabaneros que llenaron la feria, los ganaderos que desplazaron parceleros, "La Gata" que capturó la contratación municipal, los frentes del BCB que operaron desde el puerto.

Ambas lecturas se sostienen. El río puso la posibilidad; los actores fijaron su contenido. Magangué es, en la geografía colombiana, un puerto en el brazo de Loba donde durante siglos se juntaron el agua, la mercancía y el poder. Su historia no es la de un margen olvidado del Caribe sino la de un centro comercial, ganadero, político y —en las últimas décadas— criminal, que se entiende mejor mirando aguas arriba y aguas abajo del Magdalena que mirando hacia Cartagena.