Montes de María

La subregión: geografía, gente, oficios

Los Montes de María no son cordillera ni selva. Su relieve es poco quebrado, con lomas que en los tramos más altos no rebasan los seiscientos metros sobre el nivel del mar, y su vegetación no tiene la espesura agreste de otros refugios guerrilleros del país. Es una región seca y caliente, con agua suficiente para sostener economías campesinas de tabaco, ñame, maíz, yuca y aguacate, y para acoger, en sus valles y colinas, una ganadería extensiva que fue durante décadas el sello del poder terrateniente. La subregión hace parte del corredor que comunica el bajo Cauca antioqueño con el golfo de Morrosquillo, salida marítima estratégica desde la que, en las décadas finales del siglo XX, se embarcaron ilícitos con destino al exterior.

Esa condición de corredor —entre el interior productor y el mar embarcador— es la clave silenciosa de su historia contemporánea. Y sin embargo, lo primero que se reconoce del montemariano no es su posición en la logística del narcotráfico, sino su cultura. En San Jacinto se fabrican las gaitas machos y hembras, instrumentos de viento indígena tallados en cactus gigante que en la Sierra Nevada llaman kuizis y aquí, en el corazón sucreño de los Montes, se conocen como chuana. De sus veredas salieron los aires que Andrés Landero convirtió en acordeón sabanero, los versos que Adolfo Pacheco cinceló en el son de la Hija de mi compadre Juan o en La hamaca grande, y las melodías que Lucho Bermúdez, hijo del Carmen de Bolívar, llevó a las orquestas del país. La región canta, teje hamacas y elabora sombreros; su identidad estética antecede y desborda cualquier expediente judicial.

Sobre esa base cultural se levantó, a lo largo del siglo XX, un campesinado que aprendió a pelear por la tierra.

La tierra como pregunta abierta: la ANUC y el Pacto de Chicoral

En 1967, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo impulsó, mediante el Decreto 755, la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. El Ministerio de Agricultura levantó un empadronamiento masivo y para 1970 la organización agrupaba a cerca de 845.000 usuarios inscritos en todo el país. Su epicentro no fue el interior andino sino el trío costero de Córdoba, Sucre y Bolívar, donde el movimiento contó con las vanguardias más decididas y protagonizó las jornadas de invasión y ocupación que marcaron los años setenta. Los Montes de María estuvieron en el corazón de esa insurgencia agraria: allí la ANUC no fue una sigla lejana sino una experiencia cotidiana de asamblea, marcha y ocupación.

El contexto lo explicaba todo. Entre 1960 y 1970, pese a la reforma agraria consignada en la Ley 135 de 1961, la concentración de la tierra había aumentado: las explotaciones menores de diez hectáreas disminuían en número y superficie mientras los predios superiores a cincuenta hectáreas crecían en ambos indicadores. Para 1971, más de tres cuartas partes de los conflictos de tierras del país se registraban en los latifundios de la costa atlántica, los valles interandinos y los Llanos Orientales —zonas de gran hacienda ganadera. En los Montes de María, la disputa entre campesinos sin tierra y hacendados tradicionales era el pulso cotidiano del paisaje.

Las tomas de 1971 y 1972 dejaron una huella institucional. Hacia 1973 existían en el país cerca de 850 empresas comunitarias y mixtas que ocupaban unas 207.000 hectáreas —una superficie equivalente a diez veces la ciudad de Cartagena—, y el 40% se concentraba en Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre: los cinco departamentos de la costa absorbían, ellos solos, unas 81.000 hectáreas de titulación colectiva. Los campesinos montemarianos aprendieron a titular en común, a administrar en asamblea y a articular sus demandas de tierra con reclamos por educación y salud. Fue una escuela política única en el país.

La contrarrevolución llegó por vía legal. El Pacto de Chicoral, firmado en enero de 1972 y traducido en leyes como la Ley 6ª subsiguiente, congeló el proceso reformista: preservó las relaciones de aparcería, desactivó la redistribución y, en la práctica, desmontó el marco jurídico de la Ley 135. Los efectos fueron duraderos. La concentración quedó intacta en las zonas agrícolas del interior; los campesinos fueron empujados hacia la colonización periférica, los barrios subnormales de las ciudades o las parcelas de pancoger insuficientes. En los Montes de María, el resultado fue una geografía agraria congelada: hacendados ganaderos arriba, campesinos con títulos precarios o sin títulos abajo, y una organización —la ANUC— cuyas victorias jurídicas nunca terminaron de traducirse en propiedad real.

Esa herencia importa porque dos décadas después, cuando los paramilitares entraron a la subregión, no encontraron un territorio virgen sino un campesinado con memoria organizativa, con líderes formados y con expedientes de tierras aún pendientes. La saña con que fueron golpeados no se explica sin ese antecedente.

Guerrillas en la montaña baja

Antes de que los Montes de María fueran famosos por las masacres paramilitares, fueron corredor y refugio guerrillero. En los años ochenta hizo presencia el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, con campamento central en Pichilín y despliegue en Ovejas, Morroa, Don Gabriel, Chengue, Salitral y Chalán. La Corriente de Renovación Socialista, CRS, escisión del ELN, operó también en la zona. Ambos grupos se desmovilizaron en los primeros años de la década de los noventa, en el marco de los procesos de paz de la administración Gaviria. El ELN mantuvo focos en Ovejas, Pichilín y el oriente de la subregión.

Las FARC llegaron tarde y con fuerza. Su despliegue empezó a inicios de los noventa, tras la desmovilización de las otras guerrillas, a través de los frentes 35 y 37 adscritos al Bloque Caribe. El accionar armado se hizo drástico en 1994 y mantuvo índices elevados hasta 2003. La zona de montaña, aunque no espesa, ofrecía ventajas geoestratégicas suficientes para hostigar al Estado y para controlar tramos del corredor que unía el sur de Bolívar con la costa. Secuestros, retenes, tomas de poblados y extorsiones fueron el repertorio con que las FARC marcaron los años noventa en El Guamo, San Jacinto, Ovejas y Chalán.

La presencia guerrillera fue, en muchos sentidos, la coartada del avance paramilitar. Pero fue coartada, no causa suficiente: los paramilitares no llegaron solo a combatir insurgentes.

La llegada paramilitar: contrainsurgencia, narcotráfico y proyecto agrario

La incursión paramilitar en los Montes de María se inscribe en el ciclo expansivo de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo la conducción de la Casa Castaño. Tras la masacre de Mapiripán, en julio de 1997, las AUC pasaron de un accionar expedicionario a un despliegue de emplazamiento y control territorial en vastas regiones del país. La subregión montemariana entró de lleno en esa estrategia.

Llegaron por dos razones que se reforzaban. La primera, contrainsurgente: enfrentar a las FARC, al ELN y a las estructuras guerrilleras que se habían asentado en la zona. La segunda, del negocio: los Montes de María eran el eslabón terrestre que conectaba las zonas cocaleras del sur de Bolívar y el bajo Cauca con el golfo de Morrosquillo, y controlar ese corredor equivalía a controlar la salida marítima de una porción del narcotráfico nacional. A esas dos lógicas se sumó una tercera, decisiva: las alianzas con terratenientes tradicionales y con clases políticas locales que veían en el paramilitarismo una herramienta útil contra el campesinado organizado.

La estructura territorial se llamó Bloque Héroes de los Montes de María y operó en Sucre y Bolívar bajo el mando de Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias Cadena, responsable directo de varias masacres, de asesinatos selectivos y del control del corredor del narcotráfico hacia Morrosquillo. Junto a él operaron Uber Bánquez, alias Juancho Dique, y Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, este último encargado de la arquitectura financiera del bloque. El comando general del proyecto paramilitar en la costa Caribe estaba articulado con figuras mayores como Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, que operaba desde el norte.

El ciclo de las masacres

Entre 1996 y 2003 se cometieron en los Montes de María 42 masacres perpetradas por grupos paramilitares. La cifra sube a 88 masacres asociadas al accionar paramilitar en la región cuando se consideran episodios de menor visibilidad, con una concentración marcada entre 1998 y 2001 —los años de consolidación territorial del Bloque Héroes. Solo entre 1999 y 2001, las masacres dejaron 354 víctimas fatales.

Los nombres se aprendieron de memoria en el país. El Salado, en el Carmen de Bolívar, febrero de 2000: cuatro días de terror en los que los paramilitares reunieron a la población en la cancha del pueblo, mataron con sevicia, tocaron tambores robados a la casa cultural y convirtieron la plaza en escenario de una teatralidad macabra. Chengue, corregimiento de Ovejas, enero de 2001: veintisiete hombres asesinados uno por uno con piedras y objetos contundentes, en una masacre cuya crudeza redefinió lo que la palabra masacre significaba en Colombia. A esa lista se suman Macayepo, Mampuján y otros nombres que trazan la cartografía del horror sobre el mapa de la subregión.

El patrón se repite. En ocho de cada diez casos, los paramilitares llegaban con listas de personas objetivo y con guías que señalaban casa por casa a supuestos colaboradores de la guerrilla. Las muertes se producían mediante degollamientos, golpes con objetos contundentes, disparos frente a la comunidad reunida. La disposición de los cuerpos y las huellas de sevicia no eran accesorias: eran el mensaje. La masacre operaba como teatralización del terror, aleccionamiento simultáneo a la población civil sobre el costo de colaborar con la guerrilla y a las propias guerrillas sobre el tipo de guerra que los paramilitares estaban dispuestos a librar. Y detrás del mensaje militar operaba otro, menos declarado pero más eficaz: el mensaje agrario. Los que quedaban vivos se iban. La tierra quedaba libre.

El aparato económico: cooperativas, regalías y captura del Estado

La violencia paramilitar en los Montes de María no habría alcanzado su escala sin una arquitectura financiera sofisticada. Y esa arquitectura tuvo un contador principal: Edward Cobos Téllez, Diego Vecino, el hombre discreto que no manejaba fusil sino papeles, y que entendió antes que nadie que un bloque paramilitar podía financiarse desde la ventanilla de una alcaldía.

Su hallazgo fue una norma menor y olvidada. El Decreto 1482 de 1989 había creado en Colombia las Administraciones Públicas Cooperativas, una figura pensada para que los municipios más pobres mancomunaran servicios y esquivaran cuellos de botella burocráticos. Sobre el papel, era un instrumento de desarrollo local. En manos de Cobos Téllez se volvió otra cosa. Fundó y operó COOPSABANA, y por sus cuentas hizo pasar las regalías del petróleo que ingresaban a las arcas de los municipios sucreños y bolivarenses. La cooperativa recibía los recursos, firmaba contratos, ejecutaba obras en el papel; el dinero salía por la puerta de atrás, hacia la nómina, las armas y los uniformes del Bloque Héroes. Cada alcaldía capturada era, en la práctica, una sucursal de tesorería del paramilitarismo.

Una operación así necesitaba socios en la política. El principal tuvo nombre: Álvaro García Romero, el Gordo, senador y jefe político regional en Sucre, encarnó la punta visible de una alianza que trenzaba tres piezas: el aparato militar de Diego Vecino, la maquinaria electoral de García Romero y las clases emergentes locales que veían en el paramilitarismo un atajo para acceder a contratos y curules. Con esa trenza, el bloque capturó regalías departamentales y municipales, moduló elecciones y convirtió pedazos enteros de la administración pública en cauce silencioso de su propio financiamiento.

El diagnóstico de la propia parapolítica lo hizo, en su momento, el exgobernador de Sucre Salvador Arana Sus: fueron los políticos quienes buscaron a las autodefensas para asegurar victorias electorales, pero las AUC aprovecharon la alianza para controlar los presupuestos municipales, encontrando en ello mayor rentabilidad que en el tradicional apoyo de los ganaderos. En los Montes de María, la contrainsurgencia terminó siendo la fachada de un proyecto mucho más ambicioso: la captura del Estado regional. Los Montes fueron, en ese sentido, laboratorio temprano de lo que después se llamaría parapolítica.

Despojo, desplazamiento y megaproyectos

La consecuencia visible del ciclo de masacres fue el vaciamiento del campo. Comunidades enteras abandonaron veredas y corregimientos. Cerca de 460.000 familias campesinas fueron desplazadas de manera forzada en el contexto del conflicto armado y de las irregularidades en el mercado de tierras de la región. El orden de magnitud es inequívoco: los Montes de María se despoblaron.

La secuencia siguiente es la que revela el diseño. En los territorios abandonados —y también en los de La Mojana sucreña, contigua a la subregión— se registró una compra masiva de predios ligada a megaproyectos agroindustriales: palma de aceite, teca, ganadería extensiva. Inversionistas nacionales e internacionales adquirieron tierras a precios de guerra. La vocación económica de la subregión empezó a transformarse: donde antes hubo economía campesina de tabaco, maíz y ñame, se implantaron cultivos industriales orientados a mercados globales. La lógica financiera de la palma es reveladora: según la agremiación palmicultora, la expansión solo alcanza rentabilidad mínima a partir de las tres mil hectáreas, lo que favorece estructuralmente a grandes compañías y desplaza al pequeño productor hacia esquemas de alianza en los que asume durante los primeros tres años los costos de preparación y mantenimiento sin recibir ingresos del cultivo.

La continuidad histórica del despojo en el trío departamental Córdoba–Sucre–Bolívar se lee así con nitidez: entre 1900 y 1960, los agentes principales fueron las élites regionales, los hacendados ganaderos y los terratenientes tradicionales; entre 1980 y 2000 se sumaron los narcotraficantes, los grupos de seguridad privada y los paramilitares; y en la fase posterior, empresarios nacionales e internacionales completaron el cuadro. Cada capa acumuló sobre la anterior. La violencia paramilitar no inauguró el despojo: lo aceleró, lo escaló y lo articuló con la economía global.

Restitución de tierras y sus asechanzas

Con la desmovilización formal de las AUC entre 2003 y 2006, y luego con la Ley 1448 de 2011 —la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras—, el Estado colombiano abrió un proceso jurídico para revertir el despojo. Los Montes de María se convirtieron en uno de los territorios emblemáticos de esa política, presentada por el gobierno de entonces como una apuesta sin precedentes porque comenzaba a aplicarse antes de la firma de un acuerdo de paz definitivo, cuando lo habitual —el caso sudafricano suele citarse como referencia— era restituir después de sellados los acuerdos, no en medio de la guerra.

Los balances muestran el peso del paramilitarismo en la geografía nacional del despojo. De poco más de siete mil sentencias de restitución proferidas con corte a febrero de 2021, más de la mitad —unas 3.760— señalan a los paramilitares como responsables. Las guerrillas figuran en alrededor de 1.350 fallos, y los combates cruzados entre actores armados, en otros 1.420. Dicho de otro modo: por cada sentencia que responsabiliza a la guerrilla, hay casi tres que responsabilizan al paramilitarismo. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas fue creada para acompañar el proceso, pagar compensaciones cuando la restitución material no es posible y asumir las sumas ordenadas por sentencia a favor de terceros de buena fe exenta de culpa.

Pero el retorno ha sido peligroso. La desmovilización no eliminó los intereses que empujaron el despojo. Grupos posdesmovilización, entre ellos las llamadas Águilas Negras, así como estructuras armadas ligadas al narcotráfico y a bandas criminales, han amenazado y asesinado a líderes reclamantes. En la finca La Alemania, en San Onofre, la violencia contra los campesinos que intentaban recuperar sus predios se extendió durante años: en 2010 fue asesinado un líder tras reiteradas amenazas de exparamilitares del Bloque Héroes, siendo la víctima número quince de campesinos de esa finca muertos por reclamar su tierra. Rogelio Martínez integra esa lista de nombres que la subregión no ha querido olvidar. La restitución, en los Montes de María, se sigue jugando en un campo minado.

Y opera además otra capa del despojo, menos contabilizable. Para las comunidades rurales con vínculo profundo con su territorio, la usurpación de la tierra fue también la enajenación de lo íntimo y lo simbólico: los muertos enterrados, los árboles sembrados por los abuelos, los caminos, los nombres. Restituir un predio no restituye por sí solo un mundo.

La memoria como resistencia

Sobre las cenizas del terror, los Montes de María han desplegado una de las tradiciones de memoria más sostenidas del país. En septiembre de 2010, en el corregimiento de El Salado, se lanzó el disco Las voces de El Salado, que recogió las memorias construidas alrededor de los diez años de la masacre. El proyecto se articuló con la tradición oral y las expresiones artísticas de la región, contó con el acompañamiento del músico César López y la presencia del juglar Adolfo Pacheco. La comunidad orientó sus conmemoraciones hacia un desplazamiento del énfasis: menos evocación del horror, más tributo iluminado a los ausentes, con velas congregadas en el lugar de la memoria.

Esa impronta —hacer música y palabra donde hubo listas y machetes— entronca con la tradición cultural de la subregión. La gaita de San Jacinto, el porro sabanero, el son montemariano, la copla, la décima: todas esas formas fueron y siguen siendo repertorios de resistencia y dignificación. La memoria no es un archivo pasivo aquí; es una forma de habitar el territorio a pesar de lo que se hizo por vaciarlo.

Las comunidades campesinas de los Montes de María, herederas de la ANUC y de sus asambleas de los años setenta, han seguido articulando lucha por la tierra con demandas de educación y salud, aunque muchos de los líderes que dieron esas peleas terminaron sin tierras ni títulos. La articulación entre memoria cultural, memoria de las víctimas y reclamación agraria constituye hoy uno de los pulsos más vivos y expuestos del país.

Un balance sin coartadas

Los Montes de María no fueron devastados por un desbordamiento fortuito de la violencia. Su historia contemporánea es la de la confluencia deliberada de dos lógicas que se reforzaron mutuamente. Por un lado, una estructura agraria que el Pacto de Chicoral congeló en 1972 y que dejó a un campesinado organizado enfrentado a hacendados que nunca aceptaron perder tierra: cuando el paramilitarismo llegó, ese campesinado —con memoria de ANUC, con liderazgos formados, con expedientes pendientes— fue percibido por élites locales como una amenaza política que convenía extirpar. Por otro lado, un corredor geoestratégico que unía las zonas cocaleras del interior con la salida marítima del golfo de Morrosquillo, y que dotó a la violencia contra ese campesinado de financiamiento, alianzas y escala.

La geografía del narcotráfico, por sí sola, habría empujado presencia armada, pero no da cuenta de la saña ritual de las masacres ni de la selectividad contra líderes campesinos. La historia agraria pendiente habría alimentado conflictos, pero no basta para explicar la capacidad militar, financiera y política del Bloque Héroes de los Montes de María. Lo que produjo el desenlace fue la superposición: la coca desembarcando por el mismo corredor donde la ANUC había sido derrotada, la Casa Castaño instalándose como socia armada de unas élites regionales que llevaban treinta años sin resolver la pregunta por la tierra, García Romero traduciendo en votos y contratos lo que Chicoral había cerrado en 1972. A ese cruce se le sumó, en la fase posterior, una tercera capa: la implantación de la palma y la ganadería extensiva sobre las tierras vaciadas, que convirtió el desplazamiento en insumo de una nueva economía.

Que en medio de todo ello la subregión haya seguido tocando gaita, haciendo tributo a sus muertos con velas encendidas, litigando predios y volviendo al terruño, no cancela la magnitud del daño. Lo redefine. Los Montes de María entran al siglo XXI como una entidad doblemente pesada: la del campesinado organizado que Colombia no supo proteger, y la del territorio cultural que se negó a desaparecer con sus muertos. La herida y la resistencia se disputan hoy el destino de la subregión —en las sentencias que apenas empiezan a firmarse, en las mesas de reclamación, en las hectáreas que se replantan de palma o de ñame según quién las herede, en los versos que Adolfo Pacheco alcanzó a legar y en las gaitas que siguen tallándose en San Jacinto bajo el mismo cielo caliente que vio pasar a la ANUC, a las FARC, a Cadena y a los tractores del agronegocio. En ese pulso, la subregión sigue estando, como siempre lo estuvo, mucho más viva que el expediente que la nombra.