El despojo agrario en Colombia, 1985-2010

El despojo agrario en Colombia, 1985-2010

¿Fue el despojo agrario colombiano de las últimas décadas del siglo XX el reverso violento y buscado de la reforma abierta con la Ley 200 de 1936, o el efecto lateral de una guerra cuyo objetivo primario era otro?

Entre mediados de los ochenta y el final de la primera década del siglo XXI, Colombia atravesó el mayor traslado forzado de propiedad rural de su historia republicana. Las cifras conservan una elocuencia tozuda: seis millones seiscientas mil hectáreas perdidas o abandonadas entre 1980 y 2010, con el 79,3% concentrado en apenas diez años —1998 a 2008—; un índice Gini de la tierra que subió de 0,86 en 1970 a 0,905 en 2014, situando al país en el primer lugar de desigualdad agraria de América Latina. A esto se suman entre tres y cuatro millones de hectáreas compradas por narcotraficantes desde finales de los ochenta, según los cálculos de Alejandro Reyes Posada. Detrás de esos números se desplegó una operación con nombre y apellido: bloques paramilitares, notarios cómplices, funcionarios del INCORA, empresas de palma y ganadería, políticos locales, comandantes con testaferros. Que hubo despojo está establecido. Lo que se discute es qué tipo de fenómeno fue.

La respuesta tiene consecuencias prácticas. Si el despojo fue una contrarreforma agraria deliberada —una operación estratégica para reconcentrar la tierra bajo la coartada del combate a la insurgencia—, la restitución posterior a 2011 debe entenderse como reparación de una expropiación armada y no como asistencia humanitaria a víctimas de un conflicto abstracto. Si, en cambio, fue un subproducto de la guerra contrainsurgente, el problema agrario queda subordinado al problema del orden público, y la concentración resultante es una desgracia, no un designio.

Tampoco es una disyuntiva nueva. Recorre la historia colombiana desde el siglo XIX, cuando la disolución de los resguardos indígenas —iniciada tímidamente con la Ley de 1821 del Congreso de Cúcuta y acelerada durante el siglo republicano— transfirió tierras comunales a la aristocracia caucana y sostuvo la hacienda del suroccidente a costa de la desposesión indígena. La cuestión agraria colombiana nunca fue resuelta: fue postergada, legislada sin aplicación, congelada en pactos entre élites. La violencia rural del último cuarto del siglo XX no ocurrió sobre una estructura estable, sino sobre una que arrastraba un déficit redistributivo secular. Responder qué fue el despojo de 1985-2010 obliga, por tanto, a decidir si se lee ese arco como aceleración de una tendencia larga o como episodio autónomo.

La primera lectura sostiene que el desplazamiento fue efecto colateral: la guerra contra las FARC y el ELN se libraba en corredores rurales, la población civil quedaba atrapada entre fuegos y el vaciamiento del campo no obedecía a un plan agrario sino a la lógica militar de disputar territorios estratégicos. Tiene la virtud de recoger una tensión real: no todo desplazamiento produjo cambio de titularidad, ni todos los actores armados operaron con la misma racionalidad frente a la propiedad. El caso más incómodo para las tesis fuertes es San Carlos, en el Oriente antioqueño: la construcción de embalses y centrales eléctricas en los ochenta activó un movimiento social que las guerrillas instrumentalizaron y los paramilitares llegaron a neutralizar; el resultado fue un desplazamiento masivo, pero lo que se perdió allí fue el uso y la habitabilidad, no sistemáticamente la titularidad. San Carlos exhibe una lógica de control territorial y disciplinamiento político, no de acumulación fundiaria.

La segunda lectura es más ambiciosa. Sostiene que el despojo fue el núcleo agrario del conflicto y no su periferia: una contrarreforma armada de larga duración, financiada por el narcotráfico y ejecutada por estructuras paramilitares con complicidad institucional, que clausuró violentamente el ciclo redistributivo abierto en 1936 y reactualizó, con escrituras fraudulentas, la matriz decimonónica de disolución de tierras comunales. La coincidencia temporal entre la consolidación del Bloque Norte de las AUC y el pico de hectáreas perdidas entre 1998 y 2008, la correspondencia geográfica entre expansión de la palma de aceite y desplazamiento en Urabá, Bajo Atrato y Meta, el papel del INCORA en readjudicar predios de reforma agraria a testaferros paramilitares y el aumento sostenido del Gini durante décadas configuran una operación estructural.

Entre ambas hipótesis se abren lecturas intermedias. Una lee el despojo como fase de acumulación capitalista agroindustrial, donde el paramilitarismo fue instrumento y la ideología antisubversiva coartada. Otra lo lee como restauración oligárquica regional: élites ganaderas y hacendadas que nunca digirieron la Ley 200 de 1936 ni la 135 de 1961 y usaron el narco-paramilitarismo para recuperar tierras perdidas frente a la ANUC en los años setenta. Ninguna se excluye; todas se cruzan en el terreno concreto.

Antes de ir al despojo hay que fijar la línea de base. Colombia entró al siglo XX con una cuestión agraria heredada del XIX y nunca cerrada. La disolución de resguardos —solicitada, resistida, aplazada— arrastró una geografía desigual: los paeces del Cauca resistieron con protestas violentas, dilaciones legales y negociación; en Riohacha la ausencia de títulos hizo materialmente imposible la disolución; en Nariño, el resguardo de Anganoy fue extinguido apenas en 1948, agravando el minifundio. Paralelamente, la colonización antioqueña sacó del patrimonio estatal al menos tres millones de hectáreas de baldíos hacia el sur y sureste, produciendo un campesinado con propiedad pero también una frontera agrícola en tensión permanente con las haciendas.

Sobre ese sustrato llegó la Ley 200 de 1936 del gobierno de Alfonso López Pumarejo. No fue una reforma redistributiva: fue una ley orientada a estimular la productividad y modernizar la hacienda, que permitió perpetuar el modelo de acumulación. Su función más notable en el largo plazo fue trasladar el reparto de resguardos a jueces ordinarios, acelerando su extinción. La Ley 135 de 1961 del gobierno de Carlos Lleras Restrepo tuvo mejor ambición redistributiva, pero fue —en el diagnóstico de Absalón Machado— una reforma sin aplicación real: entre 1960 y 1970 la concentración aumentó, los predios menores de 10 hectáreas perdieron peso y los estratos por encima de 50 hectáreas crecieron en número y superficie. El INCORA dirigió durante los sesenta colonizaciones periféricas —piedemonte oriental, Magdalena Medio, altillanura Meta-Vichada, sur de Córdoba— sin efecto redistributivo dentro de la frontera agrícola.

El intento final quedó sellado el 9 de enero de 1972 en Chicoral, Tolima, bajo la presidencia de Misael Pastrana Borrero. El Pacto de Chicoral, firmado en el contexto de la movilización de la ANUC y los conflictos de tierras de 1971, frenó la reforma. La Ley 6.ª de 1975 completó la contrarreforma, evitando la redistribución al condicionar la adjudicación al aparcero a diez años de trabajo, revirtiendo alcances de la 200/1936 y de la 1.ª/1968. El resultado: una geografía de concentración intacta en las zonas agrícolas centrales, expulsión hacia la colonización periférica y, hacia mediados de los setenta, una cuestión agraria desalojada del centro político.

Ese es el escenario que hereda el ciclo de 1985-2010. No una estructura estable perturbada por la guerra, sino una estructura de concentración ya consolidada —Gini 0,86 en 1970— que iba a ser sometida a una nueva presión: la del capital narco.

Reyes Posada estableció el orden de magnitud: entre tres y cuatro millones de hectáreas compradas por narcotraficantes desde finales de los ochenta hasta los primeros años dos mil. La compra respondió a motivaciones simultáneas: lavado de activos —la tierra como depósito de valor sin costos de almacenamiento—, imitación de las élites territoriales tradicionales, seguridad frente a la extorsión guerrillera y disputa territorial en corredores estratégicos. En Córdoba, la compra fue documentada en los 22 municipios: narcotraficantes antioqueños se asentaron en Montería, Canalete, Planeta Rica, Tierralta y Valencia; los caleños, en Ayapel, Buenavista, Montelíbano y Pueblo Nuevo. En los Llanos, Gonzalo Rodríguez Gacha instaló Los Masetos —prolongación del MAS del Cartel de Medellín— y ocupó tierras entre Cubarral y Tauramena, pasando por Vistahermosa, San Martín y Monterrey.

La compra masiva desencadenó una dinámica que no puede reducirse a inversión inmobiliaria. Cambió la composición social de las élites regionales: los nuevos terratenientes traían una propensión a la ilegalidad y una capacidad de violencia que las élites tradicionales no siempre tenían, aunque a veces compartían intereses. Cuando las guerrillas —FARC, ELN, EPL— extendieron la extorsión sobre esos nuevos propietarios, la respuesta no fue el repliegue sino la constitución de ejércitos privados. El paramilitarismo de primera generación, en Urabá y sur de Córdoba, fue impulsado por Fidel Castaño y miembros del Cartel de Medellín, con apoyo de fuerzas militares y de élites locales de ganaderos resentidos por la acción guerrillera. Los grupos de segunda generación —Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Bloque Élmer Cárdenas, Bloque Centauros, ACCU de los Castaño— heredaron y sistematizaron esa articulación.

El narcotráfico, entonces, no fue una fuerza paralela al conflicto agrario: fue una fuerza agraria. Compró tierras, formó ejércitos para defenderlas, articuló alianzas políticas para protegerlas y, al hacerlo, generó las condiciones materiales para una expansión territorial que ya no dependía solo de la lógica antisubversiva.

El despojo operó con una combinación estable de violencia física y uso ilegal de figuras jurídicas. La violencia incluía amenazas, asesinatos selectivos, masacres —El Salado en Bolívar en 2000 es el emblema montemariano—, quema de cultivos, taponamiento de drenajes, corte de servidumbres y agua. Los propietarios eran forzados a vender a precios irrisorios, o simplemente huían y abandonaban predios que después serían legalizados en cabeza de terceros. En el Magdalena, los campesinos reportaron presiones sistemáticas que precedían las ventas a testaferros vinculados a empresas de palma africana.

La segunda mitad del mecanismo —la más importante para pensar el problema como contrarreforma— fue jurídica. El kit notarial —escrituras falsas, folios clonados, títulos y poderes fraudulentos— convertía tierra usurpada en propiedad aparentemente legítima. En Magdalena, la Fiscalía abrió investigaciones contra funcionarios del INCORA por 36 casos de readjudicación fraudulenta en Chivolo, entre ellos el ex gerente regional José Fernando Mercado Polo y varios miembros del equipo jurídico y de gestión. Según declaraciones de alias 'Tolemaida', Jorge 40 ordenó "legalizar y englobar los terrenos" siguiendo instrucciones de Salvatore Mancuso. En un caso documentado, funcionarios del INCORA recibieron a un campesino coaccionado bajo amenaza de muerte a firmar documentación, sin verificar las circunstancias del desplazamiento previo. El Banco Agrario y FINAGRO facilitaron la legalización otorgando financiamiento a los nuevos titulares.

El despojo no operó en un vacío estatal. Operó capturando instituciones. No fue la ausencia del Estado sino su cooptación lo que permitió la transformación masiva de tierra usurpada en tierra legalmente inscrita: al validar la usurpación, notarías, INCORA, Banco Agrario y FINAGRO se dotaron a sí mismos del poder para calificar quién era propietario y quién no.

El fenómeno no fue homogéneo. Comenzó en tres corredores —Urabá, sur de Córdoba, Magdalena Medio— desde finales de los ochenta, impulsado por narcotraficantes de primera generación y grupos como los que dirigían los Castaño. Desde la segunda mitad de los noventa se expandió hacia el resto del Caribe, especialmente Montes de María y el corredor minero del Cesar. En el norte del Urabá antioqueño, el Bloque Élmer Cárdenas articuló despojo con proyectos productivos: las Tulapas fueron el laboratorio, con asociaciones y cooperativas surgidas desde la organización ilegal, con el objetivo de dar visos de legalidad a tierras usurpadas, consolidar base social y gestionar recursos públicos y privados. La finca La 35 en San Pedro de Urabá funcionó simultáneamente como escuela, base, centro logístico y punto de operaciones de despojo: la configuración espacial fue a la vez efecto y motor del proyecto.

En el Bajo Atrato chocoano, la Operación Génesis del 24 al 27 de febrero de 1997, conducida por la Brigada XVII con apoyo aparente de las ACCU, produjo desplazamientos masivos de comunidades afrodescendientes. Sobre las tierras vaciadas de Curvaradó y Jiguamiandó se expandió el cultivo de palma de aceite mediante empresas vinculadas a figuras paramilitares. Las palmicultoras desacataron mandatos de la autoridad ambiental y llamamientos de la Defensoría del Pueblo. Los consejos comunitarios respondieron desde la resistencia: zonas humanitarias y zonas de biodiversidad demarcadas con cuerdas, maderas y banderas —lo que llamaron Malla de la Vida—.

En el norte —Cesar, Magdalena, Atlántico, La Guajira—, la consolidación del Bloque Norte entre 2002 y 2006 coincidió con incremento de la concentración y desplazamientos masivos. Chivolo se volvió emblema del despojo con complicidad institucional. En los Montes de María, epicentro histórico de las luchas de la ANUC en los setenta, la geografía del despojo cerró un círculo doloroso: la región donde el campesinado había protagonizado la mayor movilización por la tierra del siglo XX fue, tres décadas después, la que sufrió la mayor operación de contrarreforma armada. El Salado en 2000 es el marcador simbólico; el vaciamiento fue sistemático. En los Llanos Orientales, tras Rodríguez Gacha y Los Masetos, el Bloque Centauros consolidó dominios en Meta y Casanare, y en Mapiripán, La Macarena, Puerto Rico y Vistahermosa se acumularon miles de solicitudes de restitución. En el Magdalena Grande, excomandantes paramilitares vinculados a figuras como Chepe Barrera se apropiaron del control del narcotráfico y usaron empresas de ganadería, agroindustria y minería para ocultar rentas ilegales, incluyendo despojo de tierras a parceleros de reforma agraria.

Un rasgo distingue este despojo de los precedentes históricos. No se limitó a expulsar: en algunos casos se repobló. Los valles del Sinú, Cauca y Magdalena y los Llanos Orientales fueron objetivos estratégicos para el lavado de activos mediante bienes inmuebles rurales y urbanos, con expulsión de población y repoblamiento con población afín al proyecto paramilitar. Lugares como Patevaca y Terán quedaron como cifra de esa operación: el vaciamiento no era el objetivo final sino la condición para una nueva tenencia basada en lealtades armadas. Un actor cuyo interés fuera puramente militar no repuebla; extrae, controla, se retira. El repoblamiento indica un proyecto de asentamiento, una economía política del territorio de mediano plazo, una vocación de permanencia.

Paramilitares y guerrillas, además, no fueron intercambiables frente a la tierra. Las FARC-EP y otras insurgencias desplazaron población masivamente, pero su lógica dominante fue de control territorial y no de acumulación patrimonial. No contaron —ni buscaron— la complicidad de servidores públicos para registrar notarialmente miles de hectáreas usurpadas. No impulsaron llegada sistemática de inversionistas para proyectos de agroindustria sobre tierras vaciadas. Los patrones de desplazamiento por paramilitares se correlacionaron con tenencia colectiva y con familias sin tierras; el desplazamiento por bombardeos y fumigaciones se relacionó únicamente con el Estado. Y una correlación estadística es reveladora: existe una relación inversa entre ser desplazado por paramilitares y haber tenido tierra de propiedad individual, lo que sugiere que el despojo paramilitar operó con particular intensidad sobre propiedad colectiva —afro e indígena— y sobre parceleros sin títulos consolidados. Esa diferencia no absuelve a las guerrillas del daño humanitario que causaron, pero cambia la naturaleza del fenómeno agrario. Cuando un paramilitar en el norte del Cauca o en el Bajo Atrato desplazaba una comunidad y una empresa palmicultora sembraba sobre esa tierra en meses, la operación tenía una dimensión de acumulación que el desplazamiento guerrillero, incluso masivo, no compartía.

Sobre esa misma selectividad opera otra: la de género. El régimen jurídico de la propiedad rural codificó durante buena parte del siglo XX la dependencia patrimonial femenina, y las leyes 30 de 1988 y 731 de 2002 fueron insuficientes para desmontar esa estructura. Sobre ese piso, la violencia contra mujeres funcionó como mecanismo de transferencia de propiedad: el 63,24% de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento encuestadas en Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá recibieron amenazas de muerte bajo la condición explícita de desocupar las tierras que habitaban, y el 67% fueron amenazadas con daños a sus hijos u otros familiares. La violencia sexual y la amenaza contra los hijos no fueron crímenes colaterales: fueron dispositivos económicos de despojo, congruentes con el patrón de intensidad sobre propiedad colectiva y sobre parceleros sin títulos consolidados.

Y sin embargo San Carlos existe. La titularidad allí no cambió sistemáticamente. Lo que se perdió fue el uso, la habitabilidad, la vida cotidiana sobre el predio. San Carlos obliga a distinguir dos lógicas que a veces coexistieron y a veces divergieron: despojo —transferencia de titularidad— y control —vaciamiento sin transferencia—. Una parte no menor del desplazamiento colombiano corresponde a la segunda. Reconocer esa distinción no debilita la tesis de contrarreforma; la afina. Permite decir con precisión que allí donde hubo despojo consumado —Urabá, Montes de María, Bajo Atrato, Magdalena, Cesar— la operación tuvo firma paramilitar y arquitectura institucional, mientras que allí donde hubo vaciamiento sin cambio de titularidad —zonas de disputa entre actores armados, corredores de tránsito— operó una lógica más propiamente contrainsurgente.

El desplazamiento masivo de 1985-2010 fue, en su núcleo cuantitativa y estructuralmente más significativo, una contrarreforma agraria armada de larga duración. La coincidencia entre pico de hectáreas perdidas y consolidación paramilitar; la correspondencia geográfica entre expansión agroindustrial y desplazamiento; la arquitectura institucional del despojo —notarías, INCORA/INCODER, Banco Agrario, FINAGRO—; el repoblamiento con población afín; la selectividad sobre propiedad colectiva y sobre mujeres despojadas por amenaza; el hilo entre compra narco, defensa paramilitar y legalización estatal apuntan a un proyecto de reconcentración deliberada que operó como el reverso violento del ciclo redistributivo abierto en 1936. Que ese ciclo hubiera fracasado ya en la ley y en la administración —Chicoral, 1972— no anula el argumento: lo completa. La contrarreforma armada de 1985-2010 clausuró violentamente lo que la contrarreforma legislativa de los setenta había congelado. El paramilitarismo fue la versión cocalera-minera-ganadera de técnicas de despojo previamente desarrolladas por el sistema político cafetero-ganadero.

Al mismo tiempo, una fracción no menor del desplazamiento —San Carlos entre los ejemplos más claros— respondió a lógicas de control territorial y contrainsurgencia sin producir cambio sistemático de titularidad. Distinguir esas dos lógicas no diluye el argumento estructural; lo vuelve utilizable. La política pública de restitución, la memoria histórica y el debate sobre la naturaleza del conflicto necesitan la distinción para no reducir todo desplazamiento a despojo ni todo despojo a efecto colateral.

La contrarreforma armada no inventó la concentración: la aceleró desde un piso alto. El Gini 0,86 de 1970 —producto de la disolución de resguardos, la colonización antioqueña, el fracaso de la Ley 200, la inaplicación de la Ley 135, Chicoral y la Ley 6.ª de 1975— era la línea de partida. El 0,905 de 2014 es la aceleración. Colombia entró al siglo XXI con la cuestión agraria más regresiva de América Latina no porque el conflicto la haya creado, sino porque el conflicto profundizó lo que el sistema político y legal no había resuelto en siglo y medio.

La contabilidad total de hectáreas efectivamente despojadas —distinguiendo abandono, despojo consumado, venta forzada bajo coacción y readjudicación fraudulenta— sigue siendo objeto de cálculos disputados. El grado en que el proceso restitutivo posterior a la Ley 1448 de 2011 haya revertido o consolidado el mapa producido por el despojo es materia de balance abierto. La relación causal fina entre expansión de cultivos como la palma de aceite y episodios específicos de desplazamiento exige investigación caso a caso. Y una pregunta más honda: si la matriz manorial que arranca en la encomienda colonial, atraviesa la disolución de resguardos y sobrevive a todas las reformas del siglo XX es realmente reversible con los instrumentos de política pública disponibles, o si requiere transformaciones que Colombia no ha estado dispuesta a hacer. Llamar a lo ocurrido contrarreforma no es una metáfora: es la descripción más precisa del mapa de propiedad rural que dejó.