Ensayo · Transversal · —
El despojo agrario en Colombia, 1985-2010
Entre 1985 y 2010, Colombia vivió el mayor traslado forzado de propiedad rural de su historia republicana: más de seis millones de hectáreas perdidas o abandonadas y un Gini de tierras que escaló de 0,86 a 0,905. La pregunta central es si ese despojo fue una contrarreforma agraria deliberada o el efecto colateral de una guerra cuyo objetivo primario era político-militar.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
El despojo agrario de 1985-2010 no fue un efecto colateral sino el núcleo agrario del conflicto: una contrarreforma armada de larga duración, financiada por el narcotráfico y ejecutada por estructuras paramilitares con complicidad institucional —notarías, INCORA, Banco Agrario—, que reconcentró entre cuatro y seis millones de hectáreas en manos de testaferros y agroindustrias. Esta operación no fue una ruptura histórica sino la aceleración de una tendencia secular: la misma matriz de disolución de resguardos del siglo XIX, el fracaso aplicativo de la Ley 135 de 1961 y el congelamiento del Pacto de Chicoral (1972) habían dejado intacta una estructura de concentración —Gini 0,86 en 1970— sobre la cual el capital narco y el paramilitarismo actuaron como fuerza agraria activa. Sin embargo, el despojo no fue homogéneo: el caso de San Carlos muestra que en ciertas zonas se perdió el uso y la habitabilidad, no la titularidad, lo que obliga a distinguir entre una lógica de acumulación fundiaria y una lógica de control territorial.
La tensión central enfrenta dos interpretaciones incompatibles con consecuencias políticas y jurídicas directas. La tesis de la contrarreforma deliberada —sostenida por Alejandro Reyes Posada, Darío Fajardo Montaña y Absalón Machado— argumenta que la coincidencia entre expansión paramilitar, pico de hectáreas despojadas (1998-2008), avance de la palma en Urabá y Bajo Atrato, y aumento sostenido del Gini configura un designio estructural, no una desgracia colateral; el narcotráfico operó como fuerza agraria —tres a cuatro millones de hectáreas compradas desde finales de los ochenta— y el paramilitarismo fue su brazo armado y jurídico. La tesis del efecto colateral señala que la guerra tenía objetivos político-militares primarios y que no todo desplazamiento produjo cambio de titularidad: San Carlos es el caso incómodo, donde el vaciamiento respondió a una lógica de control y disciplinamiento, no de acumulación fundiaria. Un tercer eje de debate divide a paramilitares y guerrillas frente a la tierra: los primeros buscaron acumulación territorial duradera —despojo de propiedad colectiva afro e indígena, legalización notarial, proyectos agroindustriales—, mientras las guerrillas operaron con lógica de control político-militar que desplazaba propietarios individuales sin apropiarse sistemáticamente de sus títulos. Finalmente, se debate si el ciclo paramilitar constituye una ruptura histórica o la prolongación de una matriz secular que va de la disolución de resguardos del XIX al Pacto de Chicoral de 1972, pasando por el fracaso aplicativo de la Ley 200/1936 y la Ley 135/1961.
Ensayo completo
La lectura
¿Fue el despojo agrario colombiano de las últimas décadas del siglo XX el reverso violento y buscado de la reforma abierta con la Ley 200 de 1936, o el efecto lateral de una guerra cuyo objetivo primario era otro?
Entre mediados de los ochenta y el final de la primera década del siglo XXI, Colombia atravesó el mayor traslado forzado de propiedad rural de su historia republicana. Las cifras conservan una elocuencia tozuda: seis millones seiscientas mil hectáreas perdidas o abandonadas entre 1980 y 2010, con el 79,3% concentrado en apenas diez años —1998 a 2008—; un índice Gini de la tierra que subió de 0,86 en 1970 a 0,905 en 2014, situando al país en el primer lugar de desigualdad agraria de América Latina. A esto se suman entre tres y cuatro millones de hectáreas compradas por narcotraficantes desde finales de los ochenta, según los cálculos de Alejandro Reyes Posada. Detrás de esos números se desplegó una operación con nombre y apellido: bloques paramilitares, notarios cómplices, funcionarios del INCORA, empresas de palma y ganadería, políticos locales, comandantes con testaferros. Que hubo despojo está establecido. Lo que se discute es qué tipo de fenómeno fue.
La respuesta tiene consecuencias prácticas. Si el despojo fue una contrarreforma agraria deliberada —una operación estratégica para reconcentrar la tierra bajo la coartada del combate a la insurgencia—, la restitución posterior a 2011 debe entenderse como reparación de una expropiación armada y no como asistencia humanitaria a víctimas de un conflicto abstracto. Si, en cambio, fue un subproducto de la guerra contrainsurgente, el problema agrario queda subordinado al problema del orden público, y la concentración resultante es una desgracia, no un designio.
Tampoco es una disyuntiva nueva. Recorre la historia colombiana desde el siglo XIX, cuando la disolución de los resguardos indígenas —iniciada tímidamente con la Ley de 1821 del Congreso de Cúcuta y acelerada durante el siglo republicano— transfirió tierras comunales a la aristocracia caucana y sostuvo la hacienda del suroccidente a costa de la desposesión indígena. La cuestión agraria colombiana nunca fue resuelta: fue postergada, legislada sin aplicación, congelada en pactos entre élites. La violencia rural del último cuarto del siglo XX no ocurrió sobre una estructura estable, sino sobre una que arrastraba un déficit redistributivo secular. Responder qué fue el despojo de 1985-2010 obliga, por tanto, a decidir si se lee ese arco como aceleración de una tendencia larga o como episodio autónomo.
La primera lectura sostiene que el desplazamiento fue efecto colateral: la guerra contra las FARC y el ELN se libraba en corredores rurales, la población civil quedaba atrapada entre fuegos y el vaciamiento del campo no obedecía a un plan agrario sino a la lógica militar de disputar territorios estratégicos. Tiene la virtud de recoger una tensión real: no todo desplazamiento produjo cambio de titularidad, ni todos los actores armados operaron con la misma racionalidad frente a la propiedad. El caso más incómodo para las tesis fuertes es San Carlos, en el Oriente antioqueño: la construcción de embalses y centrales eléctricas en los ochenta activó un movimiento social que las guerrillas instrumentalizaron y los paramilitares llegaron a neutralizar; el resultado fue un desplazamiento masivo, pero lo que se perdió allí fue el uso y la habitabilidad, no sistemáticamente la titularidad. San Carlos exhibe una lógica de control territorial y disciplinamiento político, no de acumulación fundiaria.
La segunda lectura es más ambiciosa. Sostiene que el despojo fue el núcleo agrario del conflicto y no su periferia: una contrarreforma armada de larga duración, financiada por el narcotráfico y ejecutada por estructuras paramilitares con complicidad institucional, que clausuró violentamente el ciclo redistributivo abierto en 1936 y reactualizó, con escrituras fraudulentas, la matriz decimonónica de disolución de tierras comunales. La coincidencia temporal entre la consolidación del Bloque Norte de las AUC y el pico de hectáreas perdidas entre 1998 y 2008, la correspondencia geográfica entre expansión de la palma de aceite y desplazamiento en Urabá, Bajo Atrato y Meta, el papel del INCORA en readjudicar predios de reforma agraria a testaferros paramilitares y el aumento sostenido del Gini durante décadas configuran una operación estructural.
Entre ambas hipótesis se abren lecturas intermedias. Una lee el despojo como fase de acumulación capitalista agroindustrial, donde el paramilitarismo fue instrumento y la ideología antisubversiva coartada. Otra lo lee como restauración oligárquica regional: élites ganaderas y hacendadas que nunca digirieron la Ley 200 de 1936 ni la 135 de 1961 y usaron el narco-paramilitarismo para recuperar tierras perdidas frente a la ANUC en los años setenta. Ninguna se excluye; todas se cruzan en el terreno concreto.
Antes de ir al despojo hay que fijar la línea de base. Colombia entró al siglo XX con una cuestión agraria heredada del XIX y nunca cerrada. La disolución de resguardos —solicitada, resistida, aplazada— arrastró una geografía desigual: los paeces del Cauca resistieron con protestas violentas, dilaciones legales y negociación; en Riohacha la ausencia de títulos hizo materialmente imposible la disolución; en Nariño, el resguardo de Anganoy fue extinguido apenas en 1948, agravando el minifundio. Paralelamente, la colonización antioqueña sacó del patrimonio estatal al menos tres millones de hectáreas de baldíos hacia el sur y sureste, produciendo un campesinado con propiedad pero también una frontera agrícola en tensión permanente con las haciendas.
Sobre ese sustrato llegó la Ley 200 de 1936 del gobierno de Alfonso López Pumarejo. No fue una reforma redistributiva: fue una ley orientada a estimular la productividad y modernizar la hacienda, que permitió perpetuar el modelo de acumulación. Su función más notable en el largo plazo fue trasladar el reparto de resguardos a jueces ordinarios, acelerando su extinción. La Ley 135 de 1961 del gobierno de Carlos Lleras Restrepo tuvo mejor ambición redistributiva, pero fue —en el diagnóstico de Absalón Machado— una reforma sin aplicación real: entre 1960 y 1970 la concentración aumentó, los predios menores de 10 hectáreas perdieron peso y los estratos por encima de 50 hectáreas crecieron en número y superficie. El INCORA dirigió durante los sesenta colonizaciones periféricas —piedemonte oriental, Magdalena Medio, altillanura Meta-Vichada, sur de Córdoba— sin efecto redistributivo dentro de la frontera agrícola.
El intento final quedó sellado el 9 de enero de 1972 en Chicoral, Tolima, bajo la presidencia de Misael Pastrana Borrero. El Pacto de Chicoral, firmado en el contexto de la movilización de la ANUC y los conflictos de tierras de 1971, frenó la reforma. La Ley 6.ª de 1975 completó la contrarreforma, evitando la redistribución al condicionar la adjudicación al aparcero a diez años de trabajo, revirtiendo alcances de la 200/1936 y de la 1.ª/1968. El resultado: una geografía de concentración intacta en las zonas agrícolas centrales, expulsión hacia la colonización periférica y, hacia mediados de los setenta, una cuestión agraria desalojada del centro político.
Ese es el escenario que hereda el ciclo de 1985-2010. No una estructura estable perturbada por la guerra, sino una estructura de concentración ya consolidada —Gini 0,86 en 1970— que iba a ser sometida a una nueva presión: la del capital narco.
Reyes Posada estableció el orden de magnitud: entre tres y cuatro millones de hectáreas compradas por narcotraficantes desde finales de los ochenta hasta los primeros años dos mil. La compra respondió a motivaciones simultáneas: lavado de activos —la tierra como depósito de valor sin costos de almacenamiento—, imitación de las élites territoriales tradicionales, seguridad frente a la extorsión guerrillera y disputa territorial en corredores estratégicos. En Córdoba, la compra fue documentada en los 22 municipios: narcotraficantes antioqueños se asentaron en Montería, Canalete, Planeta Rica, Tierralta y Valencia; los caleños, en Ayapel, Buenavista, Montelíbano y Pueblo Nuevo. En los Llanos, Gonzalo Rodríguez Gacha instaló Los Masetos —prolongación del MAS del Cartel de Medellín— y ocupó tierras entre Cubarral y Tauramena, pasando por Vistahermosa, San Martín y Monterrey.
La compra masiva desencadenó una dinámica que no puede reducirse a inversión inmobiliaria. Cambió la composición social de las élites regionales: los nuevos terratenientes traían una propensión a la ilegalidad y una capacidad de violencia que las élites tradicionales no siempre tenían, aunque a veces compartían intereses. Cuando las guerrillas —FARC, ELN, EPL— extendieron la extorsión sobre esos nuevos propietarios, la respuesta no fue el repliegue sino la constitución de ejércitos privados. El paramilitarismo de primera generación, en Urabá y sur de Córdoba, fue impulsado por Fidel Castaño y miembros del Cartel de Medellín, con apoyo de fuerzas militares y de élites locales de ganaderos resentidos por la acción guerrillera. Los grupos de segunda generación —Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Bloque Élmer Cárdenas, Bloque Centauros, ACCU de los Castaño— heredaron y sistematizaron esa articulación.
El narcotráfico, entonces, no fue una fuerza paralela al conflicto agrario: fue una fuerza agraria. Compró tierras, formó ejércitos para defenderlas, articuló alianzas políticas para protegerlas y, al hacerlo, generó las condiciones materiales para una expansión territorial que ya no dependía solo de la lógica antisubversiva.
El despojo operó con una combinación estable de violencia física y uso ilegal de figuras jurídicas. La violencia incluía amenazas, asesinatos selectivos, masacres —El Salado en Bolívar en 2000 es el emblema montemariano—, quema de cultivos, taponamiento de drenajes, corte de servidumbres y agua. Los propietarios eran forzados a vender a precios irrisorios, o simplemente huían y abandonaban predios que después serían legalizados en cabeza de terceros. En el Magdalena, los campesinos reportaron presiones sistemáticas que precedían las ventas a testaferros vinculados a empresas de palma africana.
La segunda mitad del mecanismo —la más importante para pensar el problema como contrarreforma— fue jurídica. El kit notarial —escrituras falsas, folios clonados, títulos y poderes fraudulentos— convertía tierra usurpada en propiedad aparentemente legítima. En Magdalena, la Fiscalía abrió investigaciones contra funcionarios del INCORA por 36 casos de readjudicación fraudulenta en Chivolo, entre ellos el ex gerente regional José Fernando Mercado Polo y varios miembros del equipo jurídico y de gestión. Según declaraciones de alias 'Tolemaida', Jorge 40 ordenó "legalizar y englobar los terrenos" siguiendo instrucciones de Salvatore Mancuso. En un caso documentado, funcionarios del INCORA recibieron a un campesino coaccionado bajo amenaza de muerte a firmar documentación, sin verificar las circunstancias del desplazamiento previo. El Banco Agrario y FINAGRO facilitaron la legalización otorgando financiamiento a los nuevos titulares.
El despojo no operó en un vacío estatal. Operó capturando instituciones. No fue la ausencia del Estado sino su cooptación lo que permitió la transformación masiva de tierra usurpada en tierra legalmente inscrita: al validar la usurpación, notarías, INCORA, Banco Agrario y FINAGRO se dotaron a sí mismos del poder para calificar quién era propietario y quién no.
El fenómeno no fue homogéneo. Comenzó en tres corredores —Urabá, sur de Córdoba, Magdalena Medio— desde finales de los ochenta, impulsado por narcotraficantes de primera generación y grupos como los que dirigían los Castaño. Desde la segunda mitad de los noventa se expandió hacia el resto del Caribe, especialmente Montes de María y el corredor minero del Cesar. En el norte del Urabá antioqueño, el Bloque Élmer Cárdenas articuló despojo con proyectos productivos: las Tulapas fueron el laboratorio, con asociaciones y cooperativas surgidas desde la organización ilegal, con el objetivo de dar visos de legalidad a tierras usurpadas, consolidar base social y gestionar recursos públicos y privados. La finca La 35 en San Pedro de Urabá funcionó simultáneamente como escuela, base, centro logístico y punto de operaciones de despojo: la configuración espacial fue a la vez efecto y motor del proyecto.
En el Bajo Atrato chocoano, la Operación Génesis del 24 al 27 de febrero de 1997, conducida por la Brigada XVII con apoyo aparente de las ACCU, produjo desplazamientos masivos de comunidades afrodescendientes. Sobre las tierras vaciadas de Curvaradó y Jiguamiandó se expandió el cultivo de palma de aceite mediante empresas vinculadas a figuras paramilitares. Las palmicultoras desacataron mandatos de la autoridad ambiental y llamamientos de la Defensoría del Pueblo. Los consejos comunitarios respondieron desde la resistencia: zonas humanitarias y zonas de biodiversidad demarcadas con cuerdas, maderas y banderas —lo que llamaron Malla de la Vida—.
En el norte —Cesar, Magdalena, Atlántico, La Guajira—, la consolidación del Bloque Norte entre 2002 y 2006 coincidió con incremento de la concentración y desplazamientos masivos. Chivolo se volvió emblema del despojo con complicidad institucional. En los Montes de María, epicentro histórico de las luchas de la ANUC en los setenta, la geografía del despojo cerró un círculo doloroso: la región donde el campesinado había protagonizado la mayor movilización por la tierra del siglo XX fue, tres décadas después, la que sufrió la mayor operación de contrarreforma armada. El Salado en 2000 es el marcador simbólico; el vaciamiento fue sistemático. En los Llanos Orientales, tras Rodríguez Gacha y Los Masetos, el Bloque Centauros consolidó dominios en Meta y Casanare, y en Mapiripán, La Macarena, Puerto Rico y Vistahermosa se acumularon miles de solicitudes de restitución. En el Magdalena Grande, excomandantes paramilitares vinculados a figuras como Chepe Barrera se apropiaron del control del narcotráfico y usaron empresas de ganadería, agroindustria y minería para ocultar rentas ilegales, incluyendo despojo de tierras a parceleros de reforma agraria.
Un rasgo distingue este despojo de los precedentes históricos. No se limitó a expulsar: en algunos casos se repobló. Los valles del Sinú, Cauca y Magdalena y los Llanos Orientales fueron objetivos estratégicos para el lavado de activos mediante bienes inmuebles rurales y urbanos, con expulsión de población y repoblamiento con población afín al proyecto paramilitar. Lugares como Patevaca y Terán quedaron como cifra de esa operación: el vaciamiento no era el objetivo final sino la condición para una nueva tenencia basada en lealtades armadas. Un actor cuyo interés fuera puramente militar no repuebla; extrae, controla, se retira. El repoblamiento indica un proyecto de asentamiento, una economía política del territorio de mediano plazo, una vocación de permanencia.
Paramilitares y guerrillas, además, no fueron intercambiables frente a la tierra. Las FARC-EP y otras insurgencias desplazaron población masivamente, pero su lógica dominante fue de control territorial y no de acumulación patrimonial. No contaron —ni buscaron— la complicidad de servidores públicos para registrar notarialmente miles de hectáreas usurpadas. No impulsaron llegada sistemática de inversionistas para proyectos de agroindustria sobre tierras vaciadas. Los patrones de desplazamiento por paramilitares se correlacionaron con tenencia colectiva y con familias sin tierras; el desplazamiento por bombardeos y fumigaciones se relacionó únicamente con el Estado. Y una correlación estadística es reveladora: existe una relación inversa entre ser desplazado por paramilitares y haber tenido tierra de propiedad individual, lo que sugiere que el despojo paramilitar operó con particular intensidad sobre propiedad colectiva —afro e indígena— y sobre parceleros sin títulos consolidados. Esa diferencia no absuelve a las guerrillas del daño humanitario que causaron, pero cambia la naturaleza del fenómeno agrario. Cuando un paramilitar en el norte del Cauca o en el Bajo Atrato desplazaba una comunidad y una empresa palmicultora sembraba sobre esa tierra en meses, la operación tenía una dimensión de acumulación que el desplazamiento guerrillero, incluso masivo, no compartía.
Sobre esa misma selectividad opera otra: la de género. El régimen jurídico de la propiedad rural codificó durante buena parte del siglo XX la dependencia patrimonial femenina, y las leyes 30 de 1988 y 731 de 2002 fueron insuficientes para desmontar esa estructura. Sobre ese piso, la violencia contra mujeres funcionó como mecanismo de transferencia de propiedad: el 63,24% de las mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento encuestadas en Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá recibieron amenazas de muerte bajo la condición explícita de desocupar las tierras que habitaban, y el 67% fueron amenazadas con daños a sus hijos u otros familiares. La violencia sexual y la amenaza contra los hijos no fueron crímenes colaterales: fueron dispositivos económicos de despojo, congruentes con el patrón de intensidad sobre propiedad colectiva y sobre parceleros sin títulos consolidados.
Y sin embargo San Carlos existe. La titularidad allí no cambió sistemáticamente. Lo que se perdió fue el uso, la habitabilidad, la vida cotidiana sobre el predio. San Carlos obliga a distinguir dos lógicas que a veces coexistieron y a veces divergieron: despojo —transferencia de titularidad— y control —vaciamiento sin transferencia—. Una parte no menor del desplazamiento colombiano corresponde a la segunda. Reconocer esa distinción no debilita la tesis de contrarreforma; la afina. Permite decir con precisión que allí donde hubo despojo consumado —Urabá, Montes de María, Bajo Atrato, Magdalena, Cesar— la operación tuvo firma paramilitar y arquitectura institucional, mientras que allí donde hubo vaciamiento sin cambio de titularidad —zonas de disputa entre actores armados, corredores de tránsito— operó una lógica más propiamente contrainsurgente.
El desplazamiento masivo de 1985-2010 fue, en su núcleo cuantitativa y estructuralmente más significativo, una contrarreforma agraria armada de larga duración. La coincidencia entre pico de hectáreas perdidas y consolidación paramilitar; la correspondencia geográfica entre expansión agroindustrial y desplazamiento; la arquitectura institucional del despojo —notarías, INCORA/INCODER, Banco Agrario, FINAGRO—; el repoblamiento con población afín; la selectividad sobre propiedad colectiva y sobre mujeres despojadas por amenaza; el hilo entre compra narco, defensa paramilitar y legalización estatal apuntan a un proyecto de reconcentración deliberada que operó como el reverso violento del ciclo redistributivo abierto en 1936. Que ese ciclo hubiera fracasado ya en la ley y en la administración —Chicoral, 1972— no anula el argumento: lo completa. La contrarreforma armada de 1985-2010 clausuró violentamente lo que la contrarreforma legislativa de los setenta había congelado. El paramilitarismo fue la versión cocalera-minera-ganadera de técnicas de despojo previamente desarrolladas por el sistema político cafetero-ganadero.
Al mismo tiempo, una fracción no menor del desplazamiento —San Carlos entre los ejemplos más claros— respondió a lógicas de control territorial y contrainsurgencia sin producir cambio sistemático de titularidad. Distinguir esas dos lógicas no diluye el argumento estructural; lo vuelve utilizable. La política pública de restitución, la memoria histórica y el debate sobre la naturaleza del conflicto necesitan la distinción para no reducir todo desplazamiento a despojo ni todo despojo a efecto colateral.
La contrarreforma armada no inventó la concentración: la aceleró desde un piso alto. El Gini 0,86 de 1970 —producto de la disolución de resguardos, la colonización antioqueña, el fracaso de la Ley 200, la inaplicación de la Ley 135, Chicoral y la Ley 6.ª de 1975— era la línea de partida. El 0,905 de 2014 es la aceleración. Colombia entró al siglo XXI con la cuestión agraria más regresiva de América Latina no porque el conflicto la haya creado, sino porque el conflicto profundizó lo que el sistema político y legal no había resuelto en siglo y medio.
La contabilidad total de hectáreas efectivamente despojadas —distinguiendo abandono, despojo consumado, venta forzada bajo coacción y readjudicación fraudulenta— sigue siendo objeto de cálculos disputados. El grado en que el proceso restitutivo posterior a la Ley 1448 de 2011 haya revertido o consolidado el mapa producido por el despojo es materia de balance abierto. La relación causal fina entre expansión de cultivos como la palma de aceite y episodios específicos de desplazamiento exige investigación caso a caso. Y una pregunta más honda: si la matriz manorial que arranca en la encomienda colonial, atraviesa la disolución de resguardos y sobrevive a todas las reformas del siglo XX es realmente reversible con los instrumentos de política pública disponibles, o si requiere transformaciones que Colombia no ha estado dispuesta a hacer. Llamar a lo ocurrido contrarreforma no es una metáfora: es la descripción más precisa del mapa de propiedad rural que dejó.
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Documentos usados en esta lectura
62 documentos · 82 fragmentos de referencia01Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 211 fragmento
[1]y se remataron tierras. El despojo se inició cuando se concentraron varios resguardos en uno solo, generalmente distantes de los centros poblados y en tierras de menor calidad (Liévano Aguirre, 2002)3. Con la descomposición de los resguardos se fue formando el trabajo a sa lariado al que se incorpora el indio y una…
p. 21
02Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 122, 1982 fragmentos
[2]to forcibly extract a tribute in the form of labour, gold, or other products from a certain number of indigenous people from within a given geographic area. In exchange the colonizer was responsible for converting them to Catholicism and teaching them Spanish. The encomendero had property rights over the labour of the…
p. 198
[56]He submitted a letter to INCORA explaining the reason why he was leaving the parcel of land he was granted in 1987. He submitted a second letter in 1995 hoping that the institution would prevent him from losing the land, but in vain. In 2007, the land appeared registered in the name of an unknown person who had never…
p. 122
03Industria y protección en Colombia, 1810-1930Luis Ospina Vásquez · 2017 · p. 2561 fragmento
[3]valiera la pena a los resguardos de los indígenas 277, base de su peculiar organización social —en la medida en que ella subsistía— pero la tendencia era a buscar más y más su asimilación al resto de los habitantes. A ello tendió, entre otras medidas, la supresión de la capitación. La libertad de los hijos de los…
p. 256
04La gente de GuambíaRonald A. Schwarz · 2018 · p. 791 fragmento
[4]de más del triple en un 15 ACC, 1801: Sig. 67 13 [Col-C II 19t]. 16 ACC, 1807 Sig. 67 13 [Col-C II 19t]. EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:26:42 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 80 L a g e n t e d e G u a m b i a período de 76…
p. 79
05Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 1151 fragmento
[5]más importante durante la Colonia y la primera parte de la República, marcó el curso de los pueblos indígenas. Es- tos debieron soportar en buena medida el peso del hundimiento 172 Cieza de León, Pedro. Crónica del Perú, Primera parte, p. 173. 173 González, Margarita (1979). El resguardo en el Nuevo Reino de Granada.…
p. 115
06Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 52 fragmentos
[6]provincias sureñas de Popayán y Pasto, de alta concentración poblacional indígena, donde el aislamiento brindado por las formidables barreras cordilleranas, elevados cañones y caudalosos ríos, permitió que los resguardos tuvieran una tregua. Los principales pueblos indígenas del alto Cauca estrecharon lazos de unión…
p. 5
[7]provincias sureñas de Popayán y Pasto, de alta concentración poblacional indígena, donde el aislamiento brindado por las formidables barreras cordilleranas, elevados cañones y caudalosos ríos, permitió que los resguardos tuvieran una tregua. Los principales pueblos indígenas del alto Cauca estrecharon lazos de unión…
p. 5
07El indio en la lucha por la tierra: historia de los resguardos del macizo central colombianoJuan Friede · 2017 · p. 194, 1992 fragmentos
[8]poseen, sin necesidad de un alinderamiento. Incluso se comprometen a pagar en co- mún el sueldo del maestro de escuela. Entonces los jueces toman con agrado estas declaraciones, y resuelven «sin intención de infringir la Ley» la suspensión de las dili- gencias del reparto. Así se salvaron, como veremos más adelante,…
p. 194
[15]perito, costeadas por la Nación. Por falta de fondos para pagar tales comisiones se expide la Ley 111 de 1931, por medio de la cual se permite que el 200 Jínd Ficere repartimiento se haga por la vía de procedimiento ordi- nario judicial, administrativo o policivo, sin necesidad de intervención de las comisiones. (Se…
p. 199
08Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 2571 fragmento
[9]declaraban que el resguardo de indígenas dejaba de existir por carecer de titulación necesaria, es decir, por ser imposible encontrarla en las notarías; por lo mismo, las tierras se consideraban como baldías y los indígenas como simples ocupantes o colonos a quienes se les podía reconocer lo que tuviesen cultivado y…
p. 257
09El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y políticaMarco Palacios · 2009 · p. 2701 fragmento
[10]privada de las tierras públicas- salieron del patrimonio estatal por lo menos tres millones de hectáreas ubicadas en las regiones que estos movimientos colonizadores ganaban a la civilización, entonces el tema merece el esfuerzo de desbrozar de entre la enmarañada legislación y las estadísticas confusas y de poco…
p. 270
10Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 1071 fragmento
[11]of Colombia; Glenn Curry, "The Disappearance of the Resguardos Indígenas of Cundinamarca, Colombia, 18001863" (Ph.D. diss., Vanderbilt University, 1981); Orlando Fals Borda, El hombre y la tierra en Boyacá (Bogotá, 1972); David Church Johnson, "Social and Economic Change in Nineteenth-Century Santander, Colombia"…
p. 107
11El café en ColombiaMarco Palacios · 2002 · p. 2701 fragmento
[12]presentados por Curry en un seminario privado que se realizó en Bogotá en 1975. 268 LA APROPIACIÓN DE LA TIERRA: LA LETRA MUERTA DE LA LEY las sociedades rurales y se enclava en una visión racionalista, urbana y esencialmente políti- ca de la historia: las «medidas» que vienen de arriba y de rudo golpe cambian,…
p. 270
12Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 3721 fragmento
[13]y de sus intereses particulares. Comenzaban a articularse las bases de un mercado nacional a la par con el proceso de uni- ficación política y cultural. Este pro- ceso, sin embargo, ha ocupado el siglo entero sin agotarse y ha sido desigual, espontáneo, discontinuo y con carac- terísticas diferenciales. Distintas…
p. 372
13Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 44, 1342 fragmentos
[14]económicas que se dieron desde finales del siglo XIX; la más conocida es la del café, que se concentró en los pueblos del Suroeste antioqueño. En otras subregiones ocurrieron: la explotación del fruto de la palma de tagua, también llamado el «marfil vegetal», que se usaba para la elaboración de botones y artículos…
p. 44
[80]nos fuimos en bloque, nos fuimos por ahí, por el municipio de Arboletes, por ahí para lo que hoy se llama Canime, el resguardo indígena del Canime, para ahí nos fuimos» 357. José Elías Suárez era gobernador de El Volao. Fue asesinado por disidencias del EPL en el marco de la confrontación con grupos paramilitares y…
p. 134
14No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 45, 4002 fragmentos
[16]las tierras improductivas, sus alcances estaban diri- gidos a estimular la productividad y la modernización rural, pero no a «adelantar una reforma agraria redistributiva» 50, lo que permitió con el tiempo perpetuar el modelo de acumulación de tierra. La aplicación de esta Ley 200, como ocurrió a lo largo del siglo…
p. 45
[42]ellas a través de mecanismos ilegales o aparentemente legales. La Comisión de la Verdad ha documentado que las AUC se caracterizaron por un despojo sofisticado al contar con la complicidad de servidores públicos para registrar en notarías las miles de hectáreas usurpadas e impulsar la creación de empresas y la llegada…
p. 400
15Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 2491 fragmento
[17]puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249
16Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 46, 712 fragmentos
[18]Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46
[39]pieza clave en las estrategias –sobre todo las que ejercieron la violencia física– utilizadas para despojar y promover el abandono de tierras y bienes en el país. Las historias territoriales compi- ladas en este tomo dan cuenta de la utilización de diferentes modalidades de violencia para arrebatarle la tierra y los…
p. 71
17Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 311 fragmento
[19]Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31
18Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 661 fragmento
[20]para seguir defendiendo nuestro territorio ancestral». 146 Informe 262-CI-00390. Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), «El genocidio silencioso del puebo Embera Chamí de Caldas». de las guerrillas liberales a la efervescencia social (1958-1977)…
p. 66
19Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 292 fragmentos
[21]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[22]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
2025 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 1461 fragmento
[23]el 44.63% de la superficie ocupada 37 • Esto muestra que se fragmentó la pequeña propiedad y que los pequeños y medíanos campesinos perdíeron control sobre la tierra. mientras los gran- des propietarios lo aumentaron. Por otra parte, las leyes de reforma agraria han tenido escasos resulta- dos: han favorecido la…
p. 146
21Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 841 fragmento
[24]ajenas, usurpadas o for- zando a los dueños, para evitar riesgos de expropiación inheren- tes a la actividad ilícita. Finalmente, el verdadero gran impacto del narcotráfico fue la compra de tierras para lavar ingresos del negocio, como modo de acumular capital sin costos de almacenamiento, imitando a las éli- tes…
p. 84
22Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 3281 fragmento
[25]de los años ochenta la región vivió una temprana mili- tarización de los conflictos agrarios (página 49). Para Carrillo (2004, páginas 2 y 3), narcotraficantes llevaron a cabo la compra sistemática de entre tres y cuatro millones de hec- táreas de tierra en el país, desde finales de los ochenta hasta los primeros años…
p. 328
23Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 551 fragmento
[26]el uso de la tierra, así como nuevas manifestaciones de violencia por motivaciones puramente económicas (violencia socioeconómica) entre distintos actores en la disputa por el control de recursos y territorios. La nueva lógica del narcotráfico marcó por lo tanto una nueva era de desplazamientos forzados,…
p. 55
24La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 45, 1092 fragmentos
[27]colonos. Los actores y beneficiarios del despojo son múltiples y heterogé- neos, y así sus motivaciones. Los actores armados, en primer lugar los paramilitares, seguidos por la guerrilla; y detrás los «actores históricos»: hacendados y grandes ganaderos; o los más modernos, como los narcotraficantes 87 o los…
p. 109
[74]como un proceso específico en aras de distinguir analítica y conceptual- mente las etapas o pasos que lo constituyen, hace parte de proce- sos de mayor envergadura, en tanto está profundamente atado a las motivaciones y fines de los autores materiales e intelectuales que lo originan, así como a lógicas locales,…
p. 45
25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 138, 1412 fragmentos
[28]el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…
p. 138
[45]Gráfica 1. Desplazamiento forzado en Colombia Fuente: Elaboración propia, con base en el Registro Único de Víctimas. En el mapa 10 se puede observar el comportamiento regional del desplazamiento en la población rural no étnica, como una aproximación a lo campesino, por periodos, dividido por quinquenios a partir de…
p. 141
26Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 241 fragmento
[29]por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…
p. 24
27Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 951 fragmento
[30]tal como lo ha hecho buena parte de sus herederos paramilitares tanto de las estructuras Blo - que Centauros y Autodefensas Campesinas del Casanare duran - te los noventa e inicios de dos mil como del ERPAC y expresiones relacionadas con Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, que tienen prolongaciones hasta la…
p. 95
28Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 1051 fragmento
[31]el lavado de activos y el repobla- miento con población afín al proyecto paramilitar (CNMH, 2012, páginas 142-151). 107 3 Despojo del proyecto paramilitar de la “nueva colombia” Magdalena Grande, y Mancuso Gómez fue el encargado de darles estatus social, buscar apoyos entre las élites establecidas y emer- gentes, y…
p. 105
29La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armadoCentro Nacional de Memoria Histórica, Rocío Martínez Montoya · 2017 · p. 2571 fragmento
[32]capa de población de propietarios rura- les, que se convirtió en una nueva élite rural interesada en ad- quirir equipamientos e insumos para controlar materias primas, transporte y comercialización de estupefacientes. La articulación 256 La guerra inscrita en el cuerpo entre el narcotrá fi co y los nuevos sectores…
p. 257
30Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 388, 3922 fragmentos
[33]apartado las caracterís- ticas que diversos estudios han desarrollado sobre la relación para- militar y la disputa por la tierra. Aunque otras regiones del país no estuvieron exentas de este fenómeno, para esta época concentrare- mos las características en esta región y en este tipo de actor 122. Aunque el abandono y…
p. 388
[43]y reconocimiento social y político (ver: Duncan, G., 2007 y Reyes, A. 2009). Para los militares que los formaron, les colaboraron o hicieron parte de ellos, era la manera de combatir a la insurgencia y de conso- lidar los territorios liberados. Y, finalmente, para las élites regio- nales tradicionalmente ligadas al…
p. 392
31Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 503, 5073 fragmentos
[34]fueran concentrando en el des - pojo no quiere decir en ningún sentido que hayan dejado de ser antisubversivos o políticos, (…) Es precisamente como despojadores que los paramilitares empiezan a adquirir voz y participación directa, no mediada, en el sistema político. (…) la violencia exterminadora que se vivió en el…
p. 507
[35]fueran concentrando en el des - pojo no quiere decir en ningún sentido que hayan dejado de ser antisubversivos o políticos, (…) Es precisamente como despojadores que los paramilitares empiezan a adquirir voz y participación directa, no mediada, en el sistema político. (…) la violencia exterminadora que se vivió en el…
p. 507
[53]otros bienes despojados. en la política de desmovilización y reinserción no se ha avan - zado en la construcción de acuerdos entre el Gobierno nacio - nal y los GAIML, particularmente con los grupos de auto - defensas, para que estos restituyan efectivamente los bienes a las víctimas, como condición indispensable para…
p. 503
32Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1361 fragmento
[36]autores encuentran más bien una relación di- ferenciada entre las etapas del conflicto, el desplazamiento, el 68 Estos informes son la continuación de la línea de investigación sobre tierra y conflicto armado del CNMH, desarrollada para responder al creciente interés que había tomado el tema sobre la estrecha relación…
p. 136
33El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 2971 fragmento
[37]mano los paramilitares (como cuidanderos de las propiedades rurales di los narcotraficantes), pero también de agencias de seguridad del Estado. Y, en el proceso, no solo despojaron a campesinos sino también a otros terratenientes. Una vez más, nos encontramos con agentes que por una combinación de acceso a medios…
p. 297
34¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 1071 fragmento
[38]grandes protagonistas de la insurgencia paramilitar, apoyados por oficiales y funcionarios, ¿cómo podemos caracterizar la respuesta del núcleo duro de tomado- res de decisiones a nivel nacional en el sistema político y el Estado? Propongo allí algunas respuestas. Mientras tanto, la lectura localista estaba siendo…
p. 107
35Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 1321 fragmento
[40]se logra establecer diversas modalidades de despojo. La descripción que a continua- ción se realiza no obedece necesariamente al orden cronológico en el que las diversas modalidades se han presentado; se trata más bien de un ordenamiento conceptual construido a partir de dos grandes ejes articuladores: el primero de…
p. 132
36La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 20, 692 fragmentos
[41]sobre tenencia de la tierra, entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5 por ciento, especialmente en 2005, en el 57 por ciento del territorio nacional (Ibañez y Muñoz, 2009, s.p.). Temporalmente estos datos coinciden con la consolidación de estructuras como el Bloque Norte, así como la fase de negociación y…
p. 20
[49]5.000 0 Suma de la Guajira Suma de Magdalena Etiquetas de fila Suma de Cesar Suma de Atlántico 70 LA TIERRA SE QUEDÓ SIN SU CANTO Tabla 1. Tipos de desplazamiento y momentos de la estructura Periodo e intenciones de operación Tipo de desplazamiento Descripción Mecanismos Incursión 1997-2001 Estratégico En este periodo…
p. 69
37Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombianoCentro Nacional de Memoria Histórica; Katherine López Rojas (coord.); Andrés Felipe Aponte; Carolina Lozano Rodríguez; Linda Lorena Sánchez Avendaño · 2017 · p. 1421 fragmento
[44]y Conflicto, fecha de corte: 29/04/2017. El segundo aspecto para señalar es que el incremento del reclutamiento por parte de los paramilitares revela la consoli- dación de unas bases sociales y el uso de redes narcos en territo- Número de personas Personas reclutadas Personas desvinculadas/desmovilizadas 0 100 200 300…
p. 142
38Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 141, 1712 fragmentos
[46]los intereses que lo alentaron (empresarios, ganaderos, narcotrafi- cantes, palmeros, militares, jefes paramilitares, etc.) e implementar mecanis- mos de control y despliegue militar con el objetivo no solo de apropiarse de los territorios, sino de ordenarlos de acuerdo a sus voluntades. Esto no implica, sin embargo,…
p. 141
[47]permitieran dar visos de legalidad a las tierras usurpadas. Esta estrategia solo se pudo cimentar con la consolidación militar y social de las estructuras paramilitares presentes en las regiones de estudio, en donde surgieron, desde el seno de las organizaciones ilegales, asociaciones y cooperativas que sirvieron para…
p. 171
39La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 138, 1812 fragmentos
[48]desarrollo del proyecto rebelde. La masacre de 13. Uribe, M. T., Urabá: ¿región o territorio? op. cit. Garda, C. 1,. Urabá. Región, actores y conflicto, op. cit. 14. Uribe de Hincapié, María Teresa, Nación, ciudadanoy soberano, Corporación Región, Medellin, 2001. 277 LA ECONOMÍA DE LOS PARAMILITARES Brisas" dio inicio…
p. 138
[63]zonas humanitarias de refugio y zonas de biodiversidad como una forma de permanecer (además de los otros fines ya referidos) y la eliminación de porciones de los cultivos de palma como un intento de restauración del dominio perdido. La constitución de las zonas implica un ejercicio de demarca- ción, no de lo…
p. 181
40Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 389, 3922 fragmentos
[50]en torno a los propietarios de los hatos 117 y a la salvaguarda de sus intereses debido a la incapacidad del Estado colombiano para regular y proveer bienes públicos y seguridad en las áreas más periféricas, Lo anterior, conjugado con las redes de clientelismo, la corrupción de los funcionarios públicos, la preca-…
p. 389
[73]abordar este tema se tomaron como fuente las Sentencias de Restitución de Tierras en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, de donde se desprende la siguiente tabla, actualizada hasta marzo de 2020, que muestra la solicitud de 11.990 sentencias de despojo y restitución de tierras…
p. 392
41Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 1041 fragmento
[51]grupos armados bien constituidos 24. Sin embargo, el alcance de estas acciones se limitaba a sus zonas de influencia. Esta característica cambió con la aparición de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en la región de los Llanos Orientales. En 1996 las ACCU, surgidas en 1994, emprendieron la ins-…
p. 104
42Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1591 fragmento
[52]planes de quienes serían afectados por un proceso de paz exi- toso. Estos sectores —élites ganaderas y rurales, políticos locales tra- dicionales, etc.—, mediante una alianza estratégica con grupos de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, esperan neutralizar cualquier intento de paz con negociación, lo mismo que el…
p. 159
43Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 511 fragmento
[54]como las conductas contrarias al libre consentimiento, los actores del despojo logran su “legalización” vía el otorgamiento de escrituras falsas y otras maniobras jurídicas fraudulentas, tales como la simulación, la clona- ción de folios y la expedición de títulos falsificados. En síntesis, todos esos factores guardan…
p. 51
44Patía, de la tierra de nadie a las grandes haciendasCarlos Daniel Quiñonez Rodríguez, Carlos Enrique Osorio Garcés · 2024 · p. 1871 fragmento
[55]o s a g u a s, d o s m u n d o s 187 Paralelamente, la amañada confabulación entre los nuevos actores o inmigrantes blancos se configuró como una estrategia para imponer nuevos modelos de desplazamiento a los propietarios patianos. Esta dinámica, como se ha podido constatar, fue posible por medio de instituciones como…
p. 187
45Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1741 fragmento
[57]Buenos Aires, que habían huido en 1997 y tres años más tarde 174 Con licencia para desplazar llegaron unos señores encapuchados y bien armados y le me- tieron candela al rancho y nos sacaron de adentro donde está- bamos durmiendo, a mí me pusieron en un barranco, ahí me insultaban y me decían palabras obesas (sic), me…
p. 174
46Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 94, 1572 fragmentos
[58]readjudicciones son Chivolo (47 casos), Ariguaní (32), Pivijay (24), Sitio Nuevo (12), Tenerife (8), Ciénaga, Santa Marta, Aracataca, Fundación y Plato con 2 casos cada uno y El Banco con 1 caso. La fiscalía abrió inves- tigaciones contra los funcionarios el INCORA/INCODER por 36 casos en las veredas Bejuco Prieto y…
p. 157
[64]de mucho tiempo atrás, cuando los Castaño, ‘El Alemán’ y otros jefes de las Autodefensas despojaron de sus tierras a agricultores que ocupaban las áreas rurales del municipio de Belén de Bajirá, entre otros, para establecer proyec- tos empresariales de palma de aceite 83. En esa época, Sor Teresa fi- guró como la…
p. 94
47Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1341 fragmento
[59]uinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, 2014). Como vemos, el acaparamiento violento de las tierras no se llevó a cabo en un vacío institucional. No es la ausencia o la debilidad del Estado lo que explica la facilidad con la cual los paramilitares se apropiaron de la tierra. Por el contrario, fue…
p. 134
48Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4561 fragmento
[60]mi esposo tenían que habérselas dado a mis hijos. No les dieron nada... igual eso, que se queden con eso, pero que no hablen lo que no es» 1419. territorios. Aproximación conceptual, 35-53; Informe 119-CI-00432, Moncada Carvajal, «Realidades del despojo de tierras», 45-50. 1415 Como ocurrió en la zona de Las Tulapas,…
p. 456
49Carne es guerra. Veganismo y conflicto armado en ColombiaColectiva Dostristestigres, La Calderita Vegana · 2021 · p. 141 fragmento
[61]palma africana es un cultivo de rendimiento tardío porque, a pesar de que es permanente, sólo empieza a ge - nerar frutos a partir del tercer o cuarto año. La extrac - ción del aceite debe realizarse máximo en las primeras 12 horas después de que el fruto ha sido recolectado, lo que exige la ubicación de una planta de…
p. 14
50La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4391 fragmento
[62]Intereclesial de Justicia y Paz (2007), sus efectos nocivos se inscriben a partir de dos factores: el despojo territorial y la destrucción de ecosistemas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, las empresas cultivadoras de palma llegan a los territorios ancestrales de comunidades nativas, des- pojando a…
p. 439
51En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 1061 fragmento
[65]un millón de pesos por hectárea. Las amenazas han comenzado a correr: si no hay ven- ta, habrá bala. Los campesinos le dieron poder a un abogado de Regidor que lleva también el negocio de Solera y que además tie- ne una posesión en el globo de la hacienda en cuestión. Después de varios meses, y de muchas reuniones,…
p. 106
52Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 491 fragmento
[66]terrar personas “enemigas”) 2004 – 2010 Reconstrucción limitada de lazos sociales e insti- tucionalidad - dominio territorial de las bandas criminales En general, todas las dimensiones 50 Regiones y conflicto armado Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico LOCALIDAD FACTORES DESENCADENANTES DE…
p. 49
53Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 262, 2682 fragmentos
[67]50 a 100 has 2,4 98 5,9 21 100 a 500 has 1,7 99,7 12,6 33,6 500 a 1.000 has 0,2 99,9 4,8 38,4 >1000 has 0,2 100,1 61,2 99,6 Sin contar los territorios étnicos del censo agropecua- rio, el Gini de 2014 se reduce a 0, 905, bastante mayor que el de 1970 que alcanzó 0, 86, reflejo de la concentración de la propiedad que…
p. 268
[72]a lo largo de los primeros cuarenta años del medio siglo pero se intensifica en la última década. El uso de la tierra cae durante todo el medio siglo, sugiriendo su inadecuado empleo y poco arbitraje entre usos alterna- tivos para su mejor utilización. El mal uso del suelo condensa los derechos de propie- dad…
p. 262
54"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 1351 fragmento
[68]como el po- der militar, social y político de los narcotra fi cantes. Para el año 2005 la estructura de tenencia mostraba los mismos rasgos de concentración que se observaban a nivel nacional: el 2, 39 % de los propietarios controlaban el 45, 78 % de la tierra, en tanto que el 88, 26 % de los propietarios más pequeños…
p. 135
55Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4662 fragmentos
[69]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
[70]la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466
56Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 991 fragmento
[71]desigualdad no ha dejado de aumentar 223. En 2016, s egún esta organización, Colombia se situaba en primer lugar en el ranking de desigualdad en la distribución de la tierra en Latinoamérica, seguido por Perú, Chile y Paraguay. En el país, el 1 % de las explotaciones de mayor tamaño controlaba más del 80 % de la…
p. 99
57Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 4171 fragmento
[75]el haber poseído tierras de carácter colectivo se relaciona con haber sido des - plazado por los paramilitares y por el Estado. Ser desplazado por bombar - deos y fumigaciones está relacionado únicamente con el Estado como actor armado, lo cual es evidente, dado que es el único que tiene la infraestructura para…
p. 417
58La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 1021 fragmento
[76]el corazón de los Montes de María, ade- más de permitir el acceso y la disposición de agua en una región seca y caliente. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una geografía como la que habitualmente se asocia con una 62 Ibíd. Grupo de Memoria Histórica 102 zona de retaguardia estratégica desde el…
p. 102
59The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 1141 fragmento
[77]the original leaders remained, many of whom were Liberal and Conservative affluent peasants who agreed that ANUC should be independent as a trade union, supported the demands of the landless peasants of other areas, but also insisted on maintaining the link with the state and keeping their own activity within legal…
p. 114
60San Carlos: Memorias del éxodo en la guerraMartha Nubia Bello Albarracín, Marta Inés Villa · 2011 · p. 161 fragmento
[78]Carlos representa el drama continuo de cientos de localidades del país convertidas por los actores armados en zonas de disputa, o territorios de guerra. * En la historia de San Carlos se perfilan los diferentes mo- mentos del conflicto social y armado nacional: el dinamismo del movimiento social de los años ochenta y…
p. 16
61Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 1191 fragmento
[79]estrechamente relacionadas con el territorio, y la afecta- ción diferencial por la variable de género no se ha hecho esperar. Una encuesta reali- zada a 150 mujeres afrocolombianas en situación de desplazamiento en las ciudades de Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá reveló que el 63,24% de ellas recibió amenazas…
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62Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 452 fragmentos
[81]el que actúo antes de las negociaciones de desmovilización iniciadas en el 2003. Como escribiera en una de sus columnas el periodista Da- niel Samper Pizano en relación al paro agrario de 2013: “En las últimas semanas ocurrieron dos hallazgos históricos: el país descubrió que tenía campesinos, y los campesinos…
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[82]el que actúo antes de las negociaciones de desmovilización iniciadas en el 2003. Como escribiera en una de sus columnas el periodista Da- niel Samper Pizano en relación al paro agrario de 2013: “En las últimas semanas ocurrieron dos hallazgos históricos: el país descubrió que tenía campesinos, y los campesinos…
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