Curvaradó

La cuenca antes del nombre

El río Curvaradó desciende por un tramo del Darién chocoano cubierto de selva espesa, en las cercanías del Atrato, cuyo valle aluvial —cálido, pantanoso, alimentado por una de las pluviosidades más altas del planeta— desemboca en el golfo de Urabá tras formar un extenso complejo de humedales. La cuenca pertenece hoy al municipio de Carmen del Darién, en el Chocó, pero durante mucho tiempo fue apenas eso: una geografía de fincas dispersas a orillas de los caños, sin caminos, comunicada por canoa, uno de los rincones que las descripciones oficiales calificaban como los más marginales del país.

Ese paisaje selvático y fluvial fue, sin embargo, hogar viable. Desde el siglo XVIII —en 1782 los negros representaban ya casi el 75% de la población del Chocó, frente a un 2% de blancos y el resto indígena—, cimarrones y libertos asentados en el litoral Pacífico y en las cuencas afluentes al Atrato encontraron un entorno tropical húmedo suficientemente parecido al africano como para reconstruir formas de vida propias. La fertilidad era limitada, pero el bosque, el río y las azoteas de cultivo proveían lo necesario. En el Bajo Atrato, las familias afrodescendientes se organizaron por caseríos dispersos que se emparentaban a lo largo de las cuencas: en Bellavista viejo, conocido como El Murrapal por la abundancia del murrapo —el açaí americano—, convivían familias venidas de Vigía del Fuerte, de Neguá y de otras cuencas, en un patrón de poblamiento por migración fluvial que se repetía en Curvaradó y Jiguamiandó.

Hasta mediados de los años setenta, las comunidades negras e indígenas del Chocó resolvían sus conflictos con normas propias, forjadas en la tradición y en la ausencia casi total del Estado y de grupos armados. Esa autonomía, largamente ignorada, sería lo que la Constitución de 1991 se vería obligada a nombrar.

La Ley 70 y el título del año 2000

El artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 ordenó al Congreso expedir, en un plazo de dos años, una ley que reconociera a las comunidades negras asentadas en tierras baldías ribereñas de la Cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales. El instrumento resultante fue la Ley 70 de 1993, reglamentada por el Decreto 1745 de 1995. En su arquitectura —ocho capítulos, sesenta y ocho artículos— los primeros cinco fijan la delimitación, constitución y manejo de los territorios colectivos, y los restantes desarrollan derechos culturales, económicos y sociales.

La Ley 70 no fue una concesión graciosa del Estado. Fue el resultado de un proceso organizativo largo, en el que la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) jugó un papel determinante: fue la ACIA la que lideró el proyecto piloto que abrió el camino a la ley. Detrás de sus artículos hay asambleas, marchas por los ríos y un vocabulario político nuevo —"consejo comunitario", "territorio ancestral", "comunidad negra" como sujeto de derecho— que las comunidades del Atrato ayudaron a fabricar.

El régimen jurídico creado por la ley es exigente. La propiedad colectiva es inalienable, inembargable e imprescriptible: no puede venderse, ni gravarse, ni ser sometida a limitaciones de dominio, ni ser expropiada. Para acceder al título, cada comunidad debe constituirse en Consejo Comunitario, una autoridad administrativa que representa al colectivo. Esa figura —el consejo— sería en Curvaradó, al mismo tiempo, el interlocutor de la ley y el blanco de la violencia.

En el año 2000, el INCORA expidió los títulos colectivos. El Consejo Comunitario del Curvaradó recibió 46.048 hectáreas; el vecino Jiguamiandó, 54.973. Sobre el papel, la promesa constitucional se cumplía. En el terreno, la palma aceitera ya crecía sobre esas tierras y el desplazamiento forzado había vaciado gran parte de los caseríos.

Génesis, Cacarica y el vaciamiento del Bajo Atrato

La violencia que trituró al Curvaradó no llegó sola: llegó en formación. Desde 1996, los paramilitares de las ACCU comenzaron a penetrar el Bajo Atrato, primero en Bajirá y luego en Riosucio, y desde allí se expandieron hacia Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá en mayo de 1997. Entre 1997 y 2000, las estructuras que confluirían en las AUC-ACCU consolidaron el control del río Atrato como columna vertebral de su despliegue.

La toma paramilitar de Riosucio no fue una emboscada nocturna: fue una operación planeada desde el comando de la Policía del Chocó. Alias "El Alemán" —Freddy Rendón Herrera— y Raúl Emilio Hasbún, alias "Pedro Bonito", se reunieron en Quibdó con el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto para acordar que la Policía no operaría contra las embarcaciones paramilitares que subían y bajaban por el Atrato. Con ese pacto, el río quedó abierto.

El episodio decisivo ocurrió entre el 24 y el 27 de febrero de 1997. La Décima Séptima Brigada del Ejército, con jurisdicción sobre Urabá, ejecutó la Operación Génesis, una acción contrainsurgente dirigida contra el Frente 57 de las FARC-EP en el Bajo Atrato y el Darién. Simultáneamente, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo, los frentes Chocó y Alex Hurtado de las ACCU adelantaron la Operación Cacarica, cuyo objetivo era desplazar a la guerrilla y expandirse hacia el Atrato medio. La coincidencia temporal y territorial de ambas operaciones —una militar, una paramilitar— no fue casualidad: fue el modo específico en que la guerra se libró en esa esquina del país.

En medio de la Operación Génesis, en el caserío de Bijao sobre el río Cacarica, Marino López Mena, líder campesino, fue acusado de ser guerrillero y desmembrado con machete. Su asesinato, por su método y su publicidad, funcionó como advertencia de lo que se venía. Entre 1996 y 1997, comunidades enteras del Bajo Atrato y de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó fueron empujadas hacia Turbo, Pavarandó y Quibdó, engrosando la geografía nacional del desplazamiento forzado.

Las estructuras paramilitares del Urabá no siempre se llamaron como uno las recuerda hoy. El Bloque Élmer Cárdenas (BEC) recibió ese nombre solo a partir de 1998. Antes, sus antecedentes operaban con nombres locales: Los Guelengues en la zona urbana de Necoclí, Los 70 en la zona rural de San Pedro de Urabá y Arboletes, y desde 1996 el llamado Grupo Chocó en Unguía, Acandí y Riosucio. Esa genealogía importa: el BEC no cayó de un día para otro sobre el Curvaradó, se construyó en la misma región que iba a explotar. Entre 2002 y 2006, ya consolidado, su control territorial se asoció a un catálogo preciso de proyectos económicos: explotación maderera, ganadería extensiva, concesiones mineras, agronegocios de banano y plátano y, sobre todo, palma de aceite.

La palma como método

La palma africana llegó al Bajo Atrato en 1998, con apoyo de agentes paramilitares, y tuvo por epicentro los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla. No fue un cultivo que se extendiera por su lógica agrícola: fue una operación política sobre un mapa jurídico específico.

La prueba más directa de esa deliberación está en boca de sus autores. Rodrigo Zapata Sierra, alias "Ricardo", comandante paramilitar de las AUC, declaró ante la Fiscalía que desde 1997 estuvo adquiriendo tierras en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó y que sabía, desde entonces, que esas zonas no eran aptas para ser adquiridas por estar sometidas al trámite de adjudicación de territorios colectivos. Es decir: el despojo no fue producto de ignorancia jurídica sino de decisión estratégica. El título colectivo se conocía —y precisamente por eso se atacaba.

Vicente Castaño, alias "El Profe", explicitó la lógica económica en una entrevista publicada por la revista Semana: dijo haber conseguido empresarios para invertir en cultivos de palma en Urabá, y presentó la operación como parte de una idea mayor —llevar a los ricos a invertir en distintas zonas del país para que, tras ellos, llegaran las instituciones del Estado. El paramilitarismo, en su relato, no destruía el orden estatal: lo precedía y lo instalaba, sobre un suelo previamente limpiado.

Sobre esa lógica se montaron los vehículos legales del despojo. Sor Teresa Gómez —figura conocida de la estructura Castaño— aparece como representante legal de la Asociación de Productores Agrícolas de Belén de Bajirá (Asoprobeba), bajo cuya sombra jurídica se compró un predio de 1.000 hectáreas en Caño Manso, Curvaradó, donde se instalaron cultivos de palma; otras versiones señalan que Sor Teresa creó dicha asociación junto con Ignacio Roldán, alias "Monoleche". Empresas como Urapalma se convirtieron en los rostros visibles de una industria que ocupaba territorios colectivos en trámite de adjudicación. Las AUC contaron, además, con la complicidad de servidores públicos que registraron en notarías escrituras de propiedades individuales sobre lo que, por ley, era inalienable, inembargable e imprescriptible.

Las cifras del propio Incoder dan la escala: para el año 2000, dentro del territorio colectivo del Curvaradó había 3.636 hectáreas de cultivos de palma africana y en el vecino Jiguamiandó otras 198, sobre un total reportado de 4.183 hectáreas. Esa aritmética —una superficie del tamaño de una ciudad intermedia sembrada de una sola planta industrial sobre suelo étnico— no describe un accidente: describe un plan.

La red del despojo

Que el despojo del Curvaradó funcionara requirió más que fusiles y motosierras. Requirió tres tipos de eslabones: financieros, notariales y militares.

En el frente financiero, empresas locales aportaron capital y logística. Desde el año 2000, Maderas del Darién S.A. (Madarién) entregó entre 20 y 30 millones de pesos al Bloque Élmer Cárdenas y le permitió usar las frecuencias de sus antenas repetidoras. La madera del Darién, extraída de la misma selva que estaba siendo vaciada de campesinos, financiaba a los actores armados que producían ese vaciamiento.

En el frente notarial, la falsificación tuvo forma administrativa. Escrituras individuales sobre territorios colectivos se levantaron mediante la corrupción de funcionarios y la cooptación paramilitar de administraciones regionales. No se trató —y esto importa— de un plan estatal centralizado, sino de una descomposición dispersa del Estado local, más peligrosa quizás por su naturaleza capilar. La legalidad se producía a pedazos, en escritorios comprados, y luego se presentaba en juicio como buena fe.

En el frente militar, la 17ª Brigada del Ejército actuó en el Bajo Atrato durante los años decisivos y la Policía del Chocó pactó no incomodar el tránsito paramilitar por el Atrato. El general Rito Alejo del Río, comandante de la 17ª Brigada en el momento de la Operación Génesis, se convirtió en el símbolo judicial de esa articulación entre fuerza pública y paramilitares, y su nombre quedó inseparablemente ligado al de las cuencas del Bajo Atrato.

Estos tres eslabones —empresas, notarios, uniformes— conforman lo que en otras latitudes se llama acumulación por desposesión, pero que en Curvaradó tiene nombres, fechas y expedientes concretos. Es el retrato, sin metáfora, de cómo una industria agrícola de exportación se instaló sobre un genocidio de baja intensidad.

Zonas humanitarias, Malla de la Vida

Frente a esa maquinaria, las comunidades del Curvaradó no fueron solo víctimas. Fueron —y esto define el caso— sujetos que inventaron sus propias herramientas de permanencia.

El acompañamiento externo fue temprano y sostenido. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) entró a acompañar a las comunidades del Curvaradó entre 1994 y 1996, y reforzó su presencia en 1998, en el momento exacto en que la palma empezaba a plantarse. En el año 2000 se fundó la Misión Claretiana en la zona, con un equipo permanente de acompañamiento pastoral y solidario que trabajó de la mano con la CIJP. Esa presencia no fue decorativa: actuó como "presencia profética" para impedir asesinatos selectivos, orientar a las víctimas hacia rutas de denuncia y llevar los hechos ante instancias nacionales e internacionales.

De esa alianza entre comunidades e Iglesia comprometida surgió el mecanismo que definiría al Curvaradó ante el mundo: la zona humanitaria. La CIJP había conocido antes las experiencias de resistencia de las comunidades negras de Cacarica y, apoyándose en el principio de distinción de la población civil del derecho internacional humanitario, ayudó a formular la figura como forma de protección para el retorno de comunidades desplazadas. La zona humanitaria era un espacio delimitado en el que la comunidad declaraba su condición civil, prohibía la entrada de todo actor armado —legal o ilegal— y exigía al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, empezando por la protección específica de esos perímetros.

En el Curvaradó, la delimitación tomó cuerpo material en la llamada Malla de la Vida: un cercado hecho con cuerdas de nailon, maderas, banderas, leyendas y rótulos, con el que los consejos comunitarios demarcaron y separaron sus zonas humanitarias y zonas de biodiversidad. Era, a la vez, una frontera y una declaración: aquí vive gente civil; aquí no entra la palma; aquí no entran fusiles. La Malla no habría detenido a un pelotón, pero convertía cada intrusión en un acto documentado, visible y denunciable.

Junto a la demarcación, algunas comunidades emprendieron la eliminación de porciones de cultivos de palma dentro de sus territorios, gesto que puede leerse como intento de restauración del dominio perdido: una recuperación material del suelo, no solo simbólica. Las empresas palmicultoras respondieron, en varios casos, con desobediencia a los mandatos de la autoridad ambiental que ordenaba suspender actividades y con indiferencia al llamamiento de la Defensoría del Pueblo. La confrontación pasó así de las armas al derecho administrativo, sin dejar del todo el terreno de las armas.

La Comisión Asturiana, entre otras misiones internacionales, visitó la Zona Humanitaria de Caño Claro-Curvaradó y recogió testimonios directos de víctimas de desplazamiento forzado y violencia, con lo que la cuenca dejó de ser un rincón invisible del Darién y se convirtió en referencia obligada de los circuitos internacionales de derechos humanos.

Los nombres del territorio

La historia del Curvaradó no se sostiene sin los nombres propios de quienes la habitaron y la disputaron. Manuel Denis Blandón, Enrique Petro, Ligia María Chaverra, Walberto Hoyos, Vitalino Similoza y Benjamín Bohórquez —líderes de los consejos comunitarios y de los procesos de retorno— pusieron cuerpo y firma a la exigencia de restitución en medio de amenazas permanentes. Ligia María Chaverra, en particular, se convirtió en una voz emblemática del liderazgo femenino afrodescendiente en el Bajo Atrato, portadora de esa autoridad silenciosa que sostiene los consejos cuando los papeles se acumulan.

Orlando Valencia, líder afrodescendiente vinculado a los procesos comunitarios del Curvaradó, es hoy el nombre de una ausencia. La violencia contra los reclamantes de tierras no terminó con la desmovilización paramilitar de 2005-2006: se transformó, cambió de siglas y de rostros, pero siguió golpeando a quienes ponían la firma en las solicitudes de restitución.

Del otro lado, los nombres también son precisos. Carlos Castaño Gil y su hermano Vicente Castaño —"El Profe"— aparecen como arquitectos ideológicos y económicos del despliegue paramilitar en Urabá. Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", comandó el Bloque Élmer Cárdenas en el momento de mayor expansión sobre el Bajo Atrato. Rodrigo Zapata Sierra, alias "Ricardo", proporcionó ante la Fiscalía la declaración que documenta la premeditación jurídica del despojo. Rito Alejo del Río, comandante de la 17ª Brigada, encarna la responsabilidad institucional de la fuerza pública. En esa nómina cruzada —líderes, comandantes, generales— cabe entera la doble faz del país que se hizo visible en Curvaradó.

Defensoría, Corte Interamericana y Corte Constitucional

Contra la tesis de un Estado uniformemente cómplice, el caso Curvaradó muestra a un Estado escindido, en cuyas grietas las comunidades encontraron aliados institucionales concretos.

El 2 de junio de 2005, la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución Defensorial No. 39, con un título que no dejaba lugar a la ambigüedad diplomática: "Violación de Derechos Humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó". La Defensoría —órgano del propio Estado— constataba oficialmente que la palma, no metafóricamente sino en términos jurídicos, era un instrumento de violación de derechos humanos.

El 20 de noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica contra Colombia, referido a la Operación Génesis. Aunque el fallo se refiere formalmente a Cacarica, sus efectos jurídicos y simbólicos irradiaron al Curvaradó vecino, porque documentaba en sede internacional la articulación entre operación militar, desplazamiento forzado y responsabilidad estatal en el mismo territorio y el mismo momento en que se consumaba el despojo del Curvaradó.

El 28 de julio de 2016, la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU394/16, que en el marco de los territorios colectivos del Curvaradó ordenó la clarificación de la propiedad, la depuración del censo de comuneros y el saneamiento del territorio frente a ocupantes de mala fe. Un juzgado adjunto al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín tramitó el proceso Rdo. 2012-2015, con actuaciones registradas el 20 de julio de 2013, dentro de la constelación judicial que investigó las actividades extractivas y su vínculo con el paramilitarismo en el Bajo Atrato.

Ese cuerpo de actos jurídicos —Defensoría, Corte IDH, Corte Constitucional, juzgados penales especializados— no clausuró el conflicto. Pero fijó una verdad institucional: los hechos ocurridos en Curvaradó constituyeron violaciones sistemáticas, hubo despojo, hubo responsables. Sin esa fijación, la restitución habría sido imposible; con ella, sigue siendo lenta.

La restitución tardía

La Ley 1448 de 2011 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras— y sus decretos étnicos abrieron la vía procesal para deshacer, al menos en el papel, lo hecho entre 1996 y 2005. La ley previó que el proceso avanzara de forma gradual y progresiva, condicionado a la microfocalización de áreas con condiciones de seguridad acordadas con el Ministerio de Defensa: la fuerza pública debía proteger a reclamantes, funcionarios y jueces para que la restitución fuera posible.

Los datos de la Unidad de Restitución de Tierras dibujan un balance modesto. Para 2021, la URT documentaba 117 casos de restitución de territorios colectivos étnicos, de los cuales solo 30 —principalmente en el Pacífico y el Caribe— habían llegado ante los jueces de restitución; los 87 restantes, el 74% del total, no presentaban avances. El 50% de las demandas de restitución étnica del Pacífico corresponde a tierras del departamento del Chocó. La mayoría de las comunidades cuyos casos no avanzaban permanecían desplazadas en cabeceras municipales o en otras regiones del país, sin retornar.

En 7.098 sentencias de restitución proferidas con corte al 28 de febrero de 2021, el principal victimario identificado son los grupos paramilitares, con el 53% —3.761 casos—, seguidos por las guerrillas con el 19% y por enfrentamientos entre actores con el 20%. La aritmética judicial confirma lo que Curvaradó ya sabía en carne propia: el despojo fue mayoritariamente una obra paramilitar.

Los obstáculos, sin embargo, no son solo estadísticos. En el propio Curvaradó, escrituras individuales sobre territorios colectivos se legalizaron mediante corrupción de funcionarios y cooptación paramilitar de las administraciones regionales, y esa legalización dejó huellas jurídicas que la restitución ha tenido que desmontar una por una. La figura del opositor de buena fe exenta de culpa, prevista en la Ley 1448, se ha vuelto un campo de disputa: aplicada de forma rígida, sin un análisis detallado que determine si el opositor efectivamente se aprovechó de actividades criminales, protege a los que compraron barato sobre suelo despojado; aplicada con rigor sobre el contexto de violencia, permite recuperar el territorio para sus comuneros.

A todo esto se suma la persistencia armada. En Curvaradó y Jiguamiandó, grupos paramilitares y estructuras posdesmovilización usufructuaron tierras después de 2006; la desmovilización no fue efectiva en la zona, con presencia reportada de excombatientes en Quibdó, Istmina y otras localidades. Los grupos posdesmovilización de las AUC participaron en los conflictos por la tierra de forma directa, indirecta y mixta, en variantes que cambiaron con la región y el caso. La restitución avanza, entonces, sobre un terreno todavía en disputa.

Lo que Curvaradó dejó

Curvaradó dejó, primero, una prueba concreta de que el título colectivo afrodescendiente no era una figura simbólica: era un obstáculo real para el capital agroindustrial violento, y por eso mismo fue atacado con precisión. La Ley 70 de 1993 no fue letra muerta a pesar del despojo; fue letra muerta porque el despojo la conocía de memoria y actuó sobre ella. Esa distinción no es semántica: es la que permite entender que fortalecer la ley —no derogarla, no adornarla— es la vía política para que casos como Curvaradó no se repitan.

Dejó, en segundo lugar, un repertorio de resistencia comunitaria que se ha convertido en referencia continental: la zona humanitaria como declaración civil, la Malla de la Vida como frontera visible, el acompañamiento eclesial de la CIJP y la Misión Claretiana como escudo internacional, el litigio ante la Corte Interamericana como palanca de verdad. Ese repertorio se replicó luego en otras cuencas del Pacífico y en otros conflictos territoriales del país, y forma hoy parte del vocabulario práctico del movimiento afrodescendiente colombiano.

Dejó, en tercer lugar, una lección incómoda sobre el Estado. La misma institucionalidad que permitió el despojo —funcionarios notariales cómplices, brigadas militares operando junto a paramilitares, administraciones locales cooptadas— produjo también la Defensoría que denunció la palma, la Corte Constitucional que ordenó el saneamiento, la URT que tramita la restitución. El Estado no es un bloque: es un campo de fuerzas contradictorias, y en Curvaradó las comunidades aprendieron a usar unas partes del Estado contra otras. Que la restitución avance lentamente no invalida el instrumento; revela la debilidad estructural de un Estado que no ha desmantelado las redes de corrupción y violencia posdesmovilización que sostuvieron el despojo original.

Y dejó, por último, los nombres. Marino López Mena en Bijao, Orlando Valencia en el silencio de los reclamantes asesinados, Ligia María Chaverra sosteniendo asambleas, Manuel Denis Blandón, Enrique Petro, Walberto Hoyos y Vitalino Similoza firmando documentos en medio de amenazas. Frente a ellos, la nómina precisa de los responsables: los Castaño, "El Alemán", "Ricardo", Rito Alejo del Río, los notarios sin rostro y las empresas con razón social.

En la selva del Darién, entre los brazos del Atrato, la cuenca del Curvaradó sigue siendo lo que fue: un territorio afrodescendiente, jurídicamente colectivo, materialmente disputado. Sus 46.048 hectáreas cuentan, mejor que muchos manuales, la historia reciente de Colombia: la de un país que aprendió a nombrar sus deudas —tierra, raza, guerra— sin haber terminado todavía de pagarlas.