Idea transversal

Restitución de tierras

La restitución de tierras es el proceso estatal colombiano orientado a devolver la tierra a quienes fueron despojados de ella por la violencia, el fraude o el abandono forzado, consagrado plenamente en la Ley 1448 de 2011 tras casi un siglo de legislación agraria fallida y 6,6 millones de hectáreas perdidas entre 1980 y 2010.

3.843 palabras56 documentos82 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1936
Ley 200: función social de la propiedad
1944
Ley 100: retroceso reformista
1961
Ley 135 y creación del INCORA
1972
Pacto de Chicoral y contrarreforma agraria
1998
Ciclo de despojo paramilitar masivo (1998-2008)
2005
Ley 975 de Justicia y Paz: primer marco de reparación
2011
Ley 1448: consagración plena de la restitución de tierras
2021
Balance de sentencias: paramilitarismo como principal victimario

La lectura

La restitución de tierras en Colombia no nació como política pública sino como reconocimiento tardío de un fracaso centenario: el de un Estado que legisló repetidamente sobre la propiedad rural —en 1936, en 1961, en 1973— sin lograr transformar la estructura latifundista ni proteger a quienes cultivaban sin títulos. Cada ciclo reformista dejó abierta una brecha que el siguiente ciclo de violencia aprovechó: la colonización periférica impulsada tras el Pacto de Chicoral creó la geografía donde el narcotráfico y el paramilitarismo construyeron su poder territorial, y donde entre 1998 y 2008 se concentró casi el 80% del despojo documentado. Lo que distingue al despojo contemporáneo de sus antecedentes es su doble naturaleza: fue simultáneamente violento e institucional, ejecutado con amenazas de muerte y luego blanqueado por notarios, registradores y funcionarios del INCODER. La Ley 1448 de 2011 intentó romper ese ciclo creando un mecanismo transicional que invierte la carga de la prueba y reconoce como víctimas a quienes sufrieron daños desde 1985, pero opera sobre un territorio donde las estructuras de poder que produjeron el despojo original permanecen en buena medida intactas. Restituir, en Colombia, ha sido siempre un acto político antes que jurídico: cada hectárea devuelta es también una disputa sobre qué tipo de orden rural es posible construir sobre las ruinas de uno que nunca terminó de desmantelarse.

La restitución de tierras es, en Colombia, el nombre que recibe el intento estatal de devolver la tierra a quienes fueron despojados de ella por la violencia, el fraude o el abandono forzado. Bajo esa fórmula técnica —consagrada de manera plena en la Ley 1448 de 2011 y en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas— se aloja una historia mucho más larga: la de un país que durante casi un siglo ha legislado sobre la propiedad rural sin lograr transformar su estructura, y que llega al siglo XXI con 6,6 millones de hectáreas perdidas o abandonadas entre 1980 y 2010. Restituir, en este contexto, no ha sido nunca un procedimiento neutro: es un concepto en disputa que arrastra las cicatrices de la Ley 200 de 1936, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, del Pacto de Chicoral y del despojo paramilitar contemporáneo. Cada capa del despojo —la latifundista, la violenta, la narcotraficante, la agroindustrial— ha depositado su sedimento sobre el mismo territorio, y cada dispositivo de restitución ha debido operar entre ellas, casi siempre chocando con las estructuras de poder que produjeron el despojo original.

La cuestión agraria antes de la palabra "restitución"

El derecho colombiano sobre la tierra hereda un principio colonial que la República no derogó: el origen de toda propiedad rural es el Estado, y los particulares acceden a ella mediante ocupación económica. Ese axioma atraviesa el Código Fiscal de 1873, cruza intacto el siglo XIX y llega hasta la legislación de baldíos del siglo XX. De allí que la pregunta por quién es dueño de qué en el campo colombiano nunca haya sido, técnicamente, una pregunta sobre títulos: es una pregunta sobre reconocimiento estatal de una explotación de hecho.

La contradicción estalló en 1926, cuando la Corte Suprema de Justicia dictaminó —y reiteró en 1934— que quien pretendiera acreditar propiedad debía exhibir títulos que se remontaran a una concesión originaria de la Corona o de la República. Fue la llamada prueba diabólica: una exigencia que ningún terrateniente colombiano podía cumplir, porque las cadenas titulares del país eran, en el mejor de los casos, fragmentarias. El resultado fue una crisis de certidumbre jurídica que empujó al Estado, bajo la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, a legislar.

La Ley 200 de 1936 introdujo el principio de la función social de la propiedad y, con él, la fórmula que ordenaría el debate agrario por décadas: la propiedad se prueba por la explotación económica del predio, no por títulos históricos. La medida era ambigua por diseño. En un mismo movimiento, protegía a los colonos que ocupaban tierras sin papeles, creaba los jueces agrarios como figura institucional para dirimir conflictos y, sobre todo, ofrecía a los grandes propietarios un salvavidas: diez años de plazo para dar a sus predios una explotación de tipo capitalista y consolidar así el dominio. La ley que la retórica oficial presentó como reforma agraria terminó siendo, en la letra chica, un pacto con el latifundio: sustituyó la prueba diabólica por una exigencia productiva que los terratenientes podían satisfacer, y sentó las bases del tránsito al trabajo asalariado en el campo sin desmontar la concentración.

El retroceso llegó pronto. La Ley 100 de 1944, sancionada por el propio López Pumarejo en su segundo gobierno, amplió los términos para la extinción de dominio sobre predios incultos y regularizó los contratos de aparcería, revirtiendo buena parte del impulso inicial. Cuando la "pausa" conservadora se impuso a partir de 1946 y la Violencia bipartidista descuadernó el campo, la cuestión agraria quedó suspendida como un asunto sin resolver, pero enunciado.

La ilusión reformista: Ley 135 de 1961 y el INCORA

La segunda gran oleada reformista llegó en pleno Frente Nacional. Impulsada por Carlos Lleras Restrepo desde el Congreso, la Ley 135 de 1961 fue aprobada el 23 de noviembre, sancionada el 13 de diciembre y, apenas dieciséis días después, dio origen al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), dirigido inicialmente por Enrique Peñalosa. La ley retomó los asuntos que la legislación de 1936 había dejado abiertos —la reversión de baldíos sin explotar, el derecho a colonizar— y añadió una arquitectura institucional más ambiciosa: procuradores agrarios como herederos de los jueces agrarios de 1936, corporaciones regionales de desarrollo, un Fondo Nacional Agrario y funciones de clarificación jurídica, recuperación de tierras y colonización dirigida.

En el papel, era la reforma que Colombia esperaba desde la Revolución en Marcha. En la práctica, fue mutilada durante su trámite en el Congreso hasta quedar a gran distancia del propósito inicial. Absalón Machado la describió como una reforma legal sin aplicación real, y las cifras le dieron la razón: en 1971, menos del 1% de las tierras sujetas a expropiación había sido efectivamente distribuido, y la mayor parte de lo entregado eran baldíos, no predios rescatados del latifundio. Entre 1960 y 1970 —los años de gestación y primer despliegue del INCORA— la concentración de la propiedad rural en Colombia aumentó. Las explotaciones menores de diez hectáreas perdieron peso en número y en superficie; las unidades de veinte a cincuenta hectáreas se mantuvieron marginalmente; y los predios de más de cincuenta hectáreas crecieron con especial intensidad. La reforma agraria estaba, en rigor, produciendo su contrario.

Dos mecanismos explican la paradoja. Primero, la ley canalizó buena parte de sus esfuerzos hacia la colonización de baldíos en la frontera agrícola —Magdalena Medio, bajo Cauca, subregiones de Antioquia, luego los Llanos, el Caquetá, el Putumayo—, en lugar de redistribuir las tierras fértiles del interior andino. La presión campesina fue desviada hacia las periferias, donde el Estado apenas existía. Segundo, la propia mecánica del INCORA tropezaba con requisitos burocráticos que asfixiaban a los colonos: acreditar crédito, establecer legalmente los linderos, cumplir con exigencias técnicas que suponían un aparato del que carecían. Muchas zonas señaladas para colonización dirigida ya estaban ocupadas por colonizadores espontáneos que, al mantenerse como baldíos oficiales, no podían ser expulsados pero tampoco titulaban con facilidad. Nació allí una informalidad estructural en la tenencia que sería, décadas después, uno de los principales obstáculos para la restitución.

El gobierno de Lleras Restrepo (1966-1970) intentó blindar la reforma fortaleciendo al INCORA y creando en 1967 la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), concebida como una organización aliada del Estado que canalizara la demanda de tierra. El efecto fue el opuesto: la ANUC se radicalizó, y a comienzos de los setenta lideró una oleada de invasiones de predios en la costa Caribe, los valles interandinos y los Llanos —regiones donde, para 1971, se concentraba el 76,9% de los conflictos de tierras del país—.

El Pacto de Chicoral y la contrarreforma

La respuesta fue el desmonte. En los primeros días de 1972, bajo el gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero, se reunieron en el pueblo tolimense de Chicoral representantes de los dos partidos tradicionales, parlamentarios y grandes propietarios rurales. El detonante había sido el Mandato Campesino de octubre de 1971 y una serie de debates en el Congreso que amenazaban con reanimar la aplicación de la Ley 135. El resultado, conocido como Pacto de Chicoral, fue el acta de defunción de la reforma agraria redistributiva en Colombia.

Las Leyes 4ª y 5ª de 1973 tradujeron el pacto en normas. La Ley 4ª modificó la Ley 135 estableciendo una barrera de 160 hectáreas por debajo de la cual los predios quedaban blindados frente a la expropiación, redefinió los criterios de "adecuada explotación" —endureciendo el estándar para calificar un predio como inexplotado— y consagró una presunción decisiva: se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares. Con esa frase, el Estado renunciaba a la principal herramienta que tenía para recuperar tierras y redistribuirlas. La Ley 5ª orientó el aparato hacia el fomento agrícola sectorial, es decir, hacia el subsidio a la agricultura empresarial. Al mismo tiempo, el gobierno Pastrana intensificó la represión contra las invasiones y contra los cuadros de la ANUC, especialmente en las regiones más agitadas.

La contrarreforma no fue solo obra de los terratenientes. La burguesía industrial, que en los sesenta había mostrado simpatías reformistas —creía que redistribuir la tierra ampliaría el mercado interno—, cambió de bando. La apertura de mercados externos, la necesidad de salarios bajos para competir internacionalmente y el interés en materias primas y alimentos baratos hicieron que la ampliación del mercado interno campesino perdiera atractivo. Los intereses de la industria se alinearon con los de la agricultura capitalista empresarial, y el bloque que había hecho posible el reformismo de los años sesenta se disolvió.

Del Pacto de Chicoral se derivaron dos consecuencias mayores. La primera fue el cierre de la vía redistributiva: la concentración de la tierra siguió aumentando durante los años setenta y ochenta. La segunda fue el desplazamiento del problema hacia las periferias. La colonización dirigida por el INCORA, iniciada bajo la Ley 135 en el Magdalena Medio, el bajo Cauca y el piedemonte, se intensificó como válvula de escape frente al cierre de la redistribución. Aquello fue territorio ganado a la selva sin servicios estatales, sin vías, sin mercados formales, sin autoridad efectiva. Fue precisamente el terreno donde, a mediados de los setenta, empezaría a asentarse el narcotráfico, y donde en los años ochenta se conformarían los primeros grupos armados de autodefensa que derivarían en el paramilitarismo. El fracaso de la reforma agraria produjo, sin proponérselo, la geografía del despojo posterior.

El despojo paramilitar y la mutación del problema

Entre 1980 y 2010 se perdieron o abandonaron en Colombia 6,6 millones de hectáreas por causa del conflicto armado. El 79,3% de ese despojo se concentró en apenas una década —1998 a 2008—, el mismo periodo en que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) alcanzaron su expansión máxima, se consolidaron territorialmente y luego se desmovilizaron formalmente entre 2003 y 2006. La coincidencia temporal es inequívoca: cuando llegaron a los estrados los procesos de restitución, los grupos paramilitares aparecieron como principal victimario. De 7.098 sentencias proferidas hasta el 28 de febrero de 2021, el 53% —3.761 casos— atribuyó responsabilidad al paramilitarismo; las guerrillas figuran en el 19%.

El despojo paramilitar no fue una simple continuación por otros medios del despojo terrateniente clásico. Tuvo lógica propia, articulada a tres procesos simultáneos: la expansión del narcotráfico, que necesitaba lavar activos en tierra y controlar corredores; la valorización agroindustrial de zonas históricamente marginales —palma aceitera, caña para biocombustibles, ganadería extensiva—; y la explotación petrolera y minera en regiones como los Llanos. En municipios de los Montes de María, el Magdalena Grande, el Urabá, el sur de Córdoba, el Catatumbo y el Meta, la presencia paramilitar coincidió con incrementos abruptos en la concentración de la propiedad y con la transformación de la vocación productiva del suelo.

Lo distintivo de este ciclo fue que el despojo se legalizó institucionalmente. En los Llanos, procesos judiciales posteriores documentaron redes que incluían testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER (heredero del INCORA), jueces, registradores y notarios encargados de blanquear las apropiaciones. En 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro detectó irregularidades en distintas regiones que involucraban a notarios y registradores en complicidad con el despojo masivo, con aproximadamente 150.000 hectáreas apropiadas de manera fraudulenta. En el Magdalena, funcionarios del INCORA/INCODER fueron investigados por readjudicar predios de campesinos desplazados a terceros vinculados a estructuras paramilitares. Los paramilitares Juancho Dique, Diego Vecino y Salvatore Mancuso confesaron en versiones libres delitos de usurpación, invasión y desplazamiento forzado en Bolívar, Córdoba y Sucre. En los Llanos, tras la desmovilización, el ERPAC mantuvo aún en 2010 un poder territorial considerable en defensa del nuevo statu quo sobre la tierra.

En algunos casos documentados, el mecanismo fue directo: amenazas de muerte para compeler a los campesinos a vender por precios ínfimos o a abandonar; testaferros que aparecían como compradores; y, detrás, empresas agroindustriales. Empresas palmeras del grupo Daabon —Aportes San Isidro, C.I. Tequendama— adquirieron predios en zonas con antecedentes de despojo, y algunas figuras del grupo mantuvieron vínculos políticos documentados con dirigentes regionales. El resultado agregado fue una contrarreforma agraria violenta: donde la redistribución del siglo XX había fracasado por la vía institucional, la concentración avanzó por la vía del fusil, y luego fue legalizada por la vía del notario.

La invención de la restitución: Justicia y Paz y la Ley 1448

El concepto jurídico de restitución de tierras como derecho de las víctimas entra al ordenamiento colombiano con la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz que reguló la desmovilización de las AUC. Su artículo 8 definió el derecho a la reparación integral —restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición— y creó un primer Fondo de Reparación. En la práctica, sin embargo, Justicia y Paz cumplió una función distinta: al obligar a los excombatientes desmovilizados a confesar sus crímenes, hizo visible la escala de las violaciones cometidas y de las tierras arrebatadas. Fue la ley que produjo el diagnóstico, no la ley que produjo la restitución.

La segunda pieza llegó en 2011, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. La Ley 1448 —Ley de Víctimas y Restitución de Tierras— acumuló en su trámite legislativo el proyecto de reparación integral a víctimas con un proyecto específico por el cual se establecían normas transicionales para la restitución de tierras. El resultado fue un instrumento de justicia transicional novedoso a escala internacional: Colombia decidió implementar la restitución en pleno conflicto armado, antes de la firma de cualquier acuerdo de paz. En experiencias comparadas —Sudáfrica es el referente— la restitución se había abierto solo tras la conclusión formal del conflicto. Aquí no.

La ley definió como víctimas a quienes hubieran sufrido daño desde el 1 de enero de 1985 en el marco del conflicto armado, y excluyó de esa definición a los miembros de grupos armados al margen de la ley y, como víctimas directas, a integrantes de la Policía y el Ejército y sus familias. En materia de restitución, el límite inferior operativo para las reclamaciones se fijó en 1991, dejando fuera despojos anteriores. Creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas —la URT— como entidad encargada de llevar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, recibir y tramitar las reclamaciones y administrar el Fondo, que era continuación del creado por la Ley 975 dotado ahora de nuevas fuentes, incluidas multas y condenas económicas por concierto para delinquir.

El proceso quedó organizado en dos momentos. Primero, una fase administrativa a cargo de la URT, con un plazo de cuatro meses para el estudio de cada solicitud tras su inscripción. Segundo, una fase judicial en la que las solicitudes que superaban los filtros administrativos se presentaban como demandas ante jueces especializados de restitución, quienes podían proferir sentencias devolviendo el predio al despojado. Dos innovaciones procesales fueron decisivas. Una fue la inversión de la carga de la prueba: comprobadas las presiones violentas en un territorio, correspondía a los opositores —los actuales tenedores del predio reclamado— demostrar que no se beneficiaron de esa violencia y que actuaron con buena fe exenta de culpa. La otra fue la microfocalización: la definición gradual de áreas geográficas donde las condiciones de seguridad permitieran adelantar la restitución, en coordinación con el Ministerio de Defensa a través del Comité Integrado de Restitución de Tierras y del Comité Operativo Local, según los decretos reglamentarios 4829 de 2011 y 599 de 2012.

La ley incorporó también, en un giro que sería duramente criticado, una disposición que amparaba las inversiones y los derechos adquiridos por empresas sobre tierras reclamadas, mediante la imposición de contratos entre restituido y empresa. Para los críticos —Yamile Salinas Abdala entre ellos—, esa cláusula terminaba perpetuando, bajo forma contractual, la ocupación agroindustrial de tierras despojadas.

La implementación: entre el logro parcial y el límite constitutivo

La restitución colombiana produjo resultados. Para 2021 se habían proferido más de 7.000 sentencias que atribuían responsabilidad concreta a victimarios: paramilitares en más de la mitad, guerrillas en cerca de una quinta parte. En los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y Cundinamarca se registraron 11.990 sentencias de despojo y restitución hasta marzo de 2020. La ley construyó, además, el único registro sistemático que permite identificar responsables del despojo, pues antes del 1 de enero de 2012 —fecha de entrada en vigor operativa de la Ley 1448— la institucionalidad estatal registraba el desplazamiento forzado pero no reconocía el despojo como hecho victimizante diferenciado.

Los obstáculos, sin embargo, resultaron estructurales. Más de la mitad de las solicitudes presentadas ante la URT no supera los filtros administrativos y es rechazada antes de llegar a los jueces: en unos casos porque los despojos son anteriores a 1991, en otros porque se trata de conflictos de tenencia sin componente de violencia acreditada. La microfocalización, pensada como cautela ante el riesgo, se convirtió en dique: en amplias regiones el proceso se detuvo porque las condiciones de seguridad no se declararon suficientes. Bandas criminales sucesoras del paramilitarismo, disidencias guerrilleras y estructuras vinculadas al narcotráfico mantuvieron el control efectivo sobre buena parte del territorio a restituir.

La violencia contra los reclamantes fue, y sigue siendo, la contracara de la ley. En 2012, el propio presidente Santos denunció la conformación de lo que llamó un "cartel de tierras" —actores criminales, exparamilitares y testaferros aliados para amenazar y asesinar a líderes y a jueces— con el objetivo explícito de obstaculizar la restitución. Iván Cepeda desde el Congreso y Alejandro Reyes Posada desde la academia habían advertido esa dinámica desde antes: la restitución operaba sobre un terreno donde los actores del despojo seguían presentes y armados. Las mujeres reclamantes, en particular, enfrentaron una vulnerabilidad diferencial: amenazas, escasa representación jurídica, procesos más lentos y protección estatal insuficiente.

La restitución para comunidades étnicas —indígenas y afrodescendientes— reveló otra frontera del sistema. El artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 habían definido los territorios colectivos como inalienables, inembargables e imprescriptibles. Sin embargo, para 2021 la URT documentaba 117 casos de restitución en territorios étnicos y solo 30 habían llegado ante jueces; el 74% de los casos —87— no presentaba avance alguno, y la mayoría de esas poblaciones seguía en desplazamiento. En el Putumayo, un departamento con 33 resguardos indígenas y 6 consejos comunitarios afrodescendientes, hasta enero de 2014 no se había proferido una sola sentencia sobre territorios colectivos, pese a que en 2013 un total de 123 indígenas y 38 afrodescendientes habían solicitado restitución. En el Pacífico, la mitad de las demandas correspondía al Chocó. La Corte Constitucional había reconocido desde 2009 que la política de atención al desplazamiento no había incluido adecuadamente las afectaciones diferenciales de las comunidades afrocolombianas, ni contaba con criterios claros de retorno y reparación integral para grupos étnicos.

En regiones como el Urabá, el sur de Córdoba y el Darién chocoano, la brecha entre solicitudes presentadas y sentencias efectivamente proferidas entre 2011 y 2019 hizo visible el desfase entre la promesa y la ejecución. La restitución avanzaba en municipios donde el aparato estatal podía llegar; se estancaba en aquellos donde el conflicto seguía activo o donde la captura institucional local, denunciada por Ricardo Sabogal cuando dirigió la URT, obstaculizaba los procesos.

Restitución y reforma: el debate abierto

La Reforma Rural Integral (RRI), primer preacuerdo firmado en La Habana el 26 de mayo de 2013 entre el gobierno Santos y las FARC-EP —cuyo comandante histórico Manuel Marulanda Vélez había levantado la bandera agraria desde los años cincuenta—, intentó articular la restitución con una transformación más profunda. La RRI reconoce el papel de la economía campesina, familiar y comunitaria; sitúa el acceso y uso de la tierra como eje; contempla la creación de un fondo de tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; y postula el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad como horizonte. La restitución quedaba así enmarcada en un proyecto de largo plazo que reconocía lo que Absalón Machado y el informe La tierra en disputa del Centro Nacional de Memoria Histórica (2010) habían señalado: que la cuestión agraria colombiana es, ante todo, la historia de un reformismo fracasado y de una concentración de la tierra que ninguna ley del siglo XX consiguió desmontar.

La discusión sobre los límites de la restitución tiene, además, un ala escéptica. James Robinson sostuvo en Colombia en 2014 que la modernización del país no pasa por la redistribución de la tierra sino por la mejora del acceso a la educación, y que las expectativas generadas por la restitución son imposibles de conseguir. Albert Berry, por el contrario, ha defendido la distribución igualitaria como salida al problema agrario. El debate reproduce, con vocabulario contemporáneo, la vieja disputa entre quienes ven en la propiedad rural una estructura a transformar y quienes la consideran un orden a preservar, subordinando la cuestión de la tierra a otras palancas de desarrollo. Los opositores históricos a la reforma agraria en Colombia han defendido, a lo largo del siglo, dos posiciones simultáneas: la protección de la propiedad privada frente a la expropiación, y la defensa de un orden social controlado desde arriba que no fuera desafiado desde las bases campesinas.

Huella y disputa

Casi noventa años separan la Ley 200 de 1936 de la implementación actual de la Ley 1448. En ese arco, el país legisló repetidamente sobre la tierra sin conseguir alterar su distribución. La Ley 200 subordinó la propiedad a la función social pero fortaleció al latifundio; la Ley 100 de 1944 revirtió sus alcances; la Ley 135 de 1961 quedó desactivada antes de operar; el Pacto de Chicoral cerró la puerta de la redistribución; y la Ley 1448 —el instrumento más ambicioso del siglo XXI— opera sobre territorios donde el despojo paramilitar fue legalizado con la complicidad de segmentos del aparato estatal.

La restitución de tierras, entendida como concepto y como proceso, condensa esta larga historia de fracasos y de reinicios. No es un procedimiento técnico: es un intento tardío de reparar un despojo estratificado en capas. La capa más antigua, la de la concentración latifundista consolidada desde la Colonia y refrendada por cada reforma agraria republicana, permanece prácticamente intacta. La capa más reciente, la de la violencia paramilitar-narcotraficante que arrebató 6,6 millones de hectáreas en tres décadas, es la que la Ley 1448 aborda de manera directa. Los logros del proceso —las sentencias, la inversión de la carga de la prueba, el reconocimiento institucional del despojo como hecho victimizante diferenciado— son reales, pero se despliegan sobre un terreno estructural que no se ha tocado.

De ahí que la restitución sea, en Colombia, un concepto en permanente disputa. Para las víctimas y sus organizaciones es el derecho mínimo a recuperar lo que fue arrebatado. Para los gremios agroindustriales, un riesgo para la seguridad jurídica de las inversiones. Para los jueces y funcionarios que la operan, una carga de trabajo desbordada por la magnitud del despojo. Para los actores armados que persisten en los territorios, una amenaza a un statu quo que defienden con violencia. Y para quienes escriben la historia agraria del país, la última expresión de un problema que Colombia lleva casi un siglo enunciando sin resolver: cómo transformar la estructura de propiedad rural sin la cual todo intento de restituir se queda, inevitablemente, en la superficie.

En el archivo

65 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01La Violencia1946–19571

1952Migración forzadaFicha

02Frente Nacional1958–19741

1961Recuperación de tierrasFicha

03Crisis y narcotráfico1974–19901

1990Narcotráfico y tierra en Colombia (1980-2000)Pregunta

04Constitución de 19911991–20026

05Seguridad Democrática2002–201613

06Posconflicto2016–presente22

07Transversal—20

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Alfonso López Pumarejo: impulsó la Ley 200 de 1936 y sancionó la Ley 100 de 1944, marcando el primer ciclo reformista y su retroceso.
02Carlos Lleras Restrepo: promovió la Ley 135 de 1961 y creó la ANUC (1967), intentando hacer del campesinado un aliado del Estado en la reforma agraria.
03Juan Manuel Santos: promulgó la Ley 1448 de 2011, que consagró plenamente el proceso de restitución de tierras en Colombia.
04Absalón Machado: historiador que caracterizó la Ley 135 de 1961 como una reforma legal sin aplicación real, documentando el aumento de la concentración de la propiedad entre 1960 y 1970.
05Reforma agraria: antecedente estructural de la restitución; sus sucesivos fracasos redistributivos desde 1936 configuraron el problema de tierras que la restitución intenta remediar.
06Despojo: proceso histórico acumulado —latifundista, paramilitar, narcotraficante y agroindustrial— que la restitución de tierras busca revertir.
07Paramilitarismo: principal victimario identificado en sentencias de restitución, responsable del 53% de los casos judicializados hasta 2021.
08Pacto de Chicoral: acuerdo de 1972 que clausuró la reforma agraria redistributiva e impulsó la colonización periférica desordenada, creando las condiciones geográficas e institucionales del despojo posterior.
09Montes de María: región emblemática donde la consolidación paramilitar revirtió avances de reforma agraria y favoreció el modelo de agronegocios a gran escala.
10Urabá: zona de intensa presencia paramilitar y despojo documentado, con transformación de la vocación productiva del suelo hacia agroindustria.
11INCORA/INCODER: institución ejecutora de la política agraria cuya debilidad y corrupción facilitaron la legalización institucional del despojo paramilitar.

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

56 documentos · 82 fragmentos

01Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 192, 2342 citas

[1]
jurídico, sino de orden social. 190 L a L e y 2 0 0 d e 1 9 3 6 y e l o r d e n a m ie n t o d e l o s d e r e c h o s d e p r o p ie d a d sieron entonces al pago de la tierra que recibían y los precios que el gobierno pagaba se decía que eran exageradamente altos. La parcelación para los colo nos y arrendatarios era…
p. 192

[9]
similares, la extensión a quince años del término de la prescripción extintiva de dominio a que se refiere él artículo 6o de la Ley 200 de 1936 y aspectos relacionados con la política de parcela ciones. Llama la atención que en la exposición de motivos presentada por el ministro Carlos Sanz de Santamaría no se haga…
p. 234

02Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 4451 cita

[2]
situación de los últimos en la medida en que la Corte Suprema de Justicia por sentencia de 1926, reiterada en 1934, había establecido que en caso de litigio, quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República, y muchísimos terratenientes…
p. 445

03Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 3372 citas

[3]
y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337

[4]
y cómo se indemnizaba a los propietarios por la pér- dida de sus rentas. Nunca se pretendió eliminar a los terratenien- tes como clase, lo cual desentraña a cabalidad el alcance de la reforma vislumbrada por la "Revolución en Marcha". Se dirimía, además, la vía para el desarrollo del capitalismo en el campo; con base…
p. 337

04Nueva Historia de Colombia, Vol. I: Historia Política 1886-1946Álvaro Tirado Mejía (director científico), Jorge Orlando Melo, Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, Eduardo Lemaitre Román, Alfonso López Michelsen, Humberto Vélez Ramírez, Germán Colmenares, Mario Latorre Rueda, Germán Arciniegas, Gustavo Humberto Rodríguez R. · 1989 · p. 3641 cita

[5]
I nómicamente explotados. Quien com- probara que por cinco años había ex- plotado económicamente un predio, tenía derecho a adquirir el dominio, si había obrado de buena fe. A su vez, y en desarrollo del principio de la fun- ción social de la propiedad y de que ésta implicaba obligaciones, si un pro- pietario no daba…
p. 364

05Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 92 citas

[6]
Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9

[7]
Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9

06El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 36, 502 citas

[8]
la conformación de una amplia capa media campesina que pro- dujera grandes excedentes agrícolas que sirvieran para obtener un bajo nivel de precios para las subsistencias (salarios) y ma- terias primas de la industria, para dar lugar a un alto nivel de exportaciones agrícolas diferentes al café y para constituirse, en…
p. 36

[17]
arrendatarios. Como se verá más adelante, el grado de concentración de la pro- piedad también aumentó ostensiblemente. Se puede caracterizar así la información censal analizada: la población del campo sufrió profundas modificaciones en su composición, en su número y en su movilidad. Mientras hubo una notoria…
p. 50

07Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 349, 3612 citas

[10]
oriente del To- lima, fue visto como el preludio a una grave agitación agraria. A pesar de la oposición laureanista dirigida en la Cámara por Hugo Es- cobar Sierra, el proyecto fue aprobado el 23 de noviembre y sancionado por el presidente el 13 de diciembre como ley 135 de 1961, base de toda la polí- tica agraria de…
p. 349

[26]
octubre de 1971, el «Mandato Campesino», varios de- bates en el Congreso en septiembre y noviembre de 1971, obligaron al go- bierno a tomar la iniciativa de una reu- nión de los sectores políticos y empre- sariales en el pueblito tolimense de Chicoral en los primeros días de 1972. En esta reunión se pusieron sobre la…
p. 361

08Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader · 2002 · p. 2542 citas

[11]
de la intervención del Es- tado como regulador de las condiciones sociales. En 1820 se tomaron medidas tendientes al re- parto de las tierras, especialmente la retribución a los soldados de la guerra de Independencia; hasta 1870 el comercio de tierras se vio afectado por la especulación de tierras baldías. La ley 51…
p. 254

[12]
de la intervención del Es- tado como regulador de las condiciones sociales. En 1820 se tomaron medidas tendientes al re- parto de las tierras, especialmente la retribución a los soldados de la guerra de Independencia; hasta 1870 el comercio de tierras se vio afectado por la especulación de tierras baldías. La ley 51…
p. 254

09Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 21, 262 citas

[13]
títulos de las fincas superiores a 500 hectáreas eran sentencias judiciales de pertenencia obtenidas ante los jueces civiles en los años que siguieron a la Ley 200 de 1936 (Reyes Posada, 1976). Las adjudicaciones de baldíos durante el periodo liberal de 1930-1946 tendieron a corregir el sesgo a favor de las grandes…
p. 21

[78]
nivel de bienestar y ampliaran la democracia y el mercado interno. Para los opositores (tanto entonces como ahora) se trataba de la defensa de la propiedad privada contra la expropiación o la extinción del dominio, por una parte, y la defensa de un orden social controlado desde arriba, que no fuera desafiado por mo-…
p. 26

10El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y políticaMarco Palacios · 2009 · p. 2261 cita

[14]
de ese argumento es que subestima la resistencia cotidiana, invisible, de las sociedades rurales y se enclava en una visión racionalista, urbana y esen- cialmente política de la historia: las "medidas" que vienen de arriba y de rudo golpe cambian, desordenan y transforman estructuras vernáculas. La tercera pata de la…
p. 226

11El café en ColombiaMarco Palacios · 2002 · p. 2731 cita

[15]
otra desventaja para el historiador del período y es, naturalmente, un reflejo más de la inestabilidad política, incapacidad burocrática y fragi- lidad institucional. Esto repercute en la interpretación. No es casual que la desamortización, un asunto ligado estrechamente a la trayectoria del general Mosquera y a las…
p. 273

12Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 2491 cita

[16]
puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249

13Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 461 cita

[18]
Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46

14Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 30, 312 citas

[19]
hecho de que esta región se encuentra de Santander y del inte- rior del país una cadena de 1nontaúas y llanuras y a la baja densi- dad de población aún más el de la guerra Los términos la distribución de tierra eran tan ambiguos que el Ministerio Agricultura tuvo la determinar tierras podían ser Se llegó a este…
p. 30

[24]
Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31

15Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 cita

[20]
colonización cultural y territorial, que implicaron formas de violencia tanto físicas como simbólicas. 128 Becerra, «Las relaciones entre misioneros», 17. presentación 63 De la crisis de la economía campesina a la economía de la cocaína (1972—1980) 64 fiflćflThffan nexosfl. nThnflon P ara la década del 70, la promesa…
p. 62

16Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 26, 444 citas

[21]
prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26

[22]
prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26

[74]
igualitaria de la tierra” (Berry, 2012, p. 295). En contravía de la tesis de Berry, el profesor de Harvard James Robinson, economista y politólogo, sostiene que la modernización de Colombia no pasa por la redistribución de la tierra y que dicho problema no debería ser tenido en cuenta y debía ser sustituido por la…
p. 44

[75]
igualitaria de la tierra” (Berry, 2012, p. 295). En contravía de la tesis de Berry, el profesor de Harvard James Robinson, economista y politólogo, sostiene que la modernización de Colombia no pasa por la redistribución de la tierra y que dicho problema no debería ser tenido en cuenta y debía ser sustituido por la…
p. 44

17Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 2651 cita

[23]
olvidar la necesidad de incorporar a grandes masas campesinas a una vida digna y productiva, en un marco de respeto a la propiedad privada. Como se dijo, bajo el Gobierno conservador de Misael Pastrana, con apoyo de sectores liberales y de gremios de la producción, se suscribió el Pacto de Chicoral, que en la práctica…
p. 265

18The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 118, 1222 citas

[25]
defining new imperatives for the industrial bourgeoisie and de- stroying its previous reformist sympathies. Reestablishment of the peas- antry to expand the internal market became almost irrelevant in a world where the markets were being opened abroad and in the big industrial cities themselves as a result of the…
p. 118

[29]
a moment and again later in this book. The second component of Pastrana's policy of restraint of the peasant movement was increasing repression, which, since late 1971 and early 1972, was directed especially to the areas that had been most affected by the land invasions. Repression, of course, was nothing new. There…
p. 122

19Patía, de la tierra de nadie a las grandes haciendasCarlos Daniel Quiñonez Rodríguez, Carlos Enrique Osorio Garcés · 2024 · p. 1821 cita

[27]
y el Gobierno nacional frenó los intentos de la redistribución de baldíos en el territorio colombiano (Villaveces y Sánchez 2015). Por tal motivo, los propietarios de los grandes latifundios emprendieron un proceso sistemático de demandas, el cual tuvo como resultado la expedición de la Ley 4 de 1973, finiquitada en…
p. 182

20Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 5371 cita

[28]
1961 y 1971, el Instituto adecuó 178.000 ha. Solo el 35% de los beneficiarios de estos programas lo eran también de la reforma agraria, 50% minifundistas privados y 15% propietarios medianos y grandes. Con el Acuerdo de Chicoral, se inició el desmonte de la reforma agraria y el diseño de una política alternativa de…
p. 537

21Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5181 cita

[30]
Convivir. 1033 Ver el tomo Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas, del Informe Final de la Comisión de la Verdad. 1034 Ibíd, 368. hacia la paz territorial 519 Forjando Futuros, de 7.098 sentencias de…
p. 518

22La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 201 cita

[31]
sobre tenencia de la tierra, entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5 por ciento, especialmente en 2005, en el 57 por ciento del territorio nacional (Ibañez y Muñoz, 2009, s.p.). Temporalmente estos datos coinciden con la consolidación de estructuras como el Bloque Norte, así como la fase de negociación y…
p. 20

23Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 534, 5434 citas

[32]
7.5.6 Los Llanos, tierra usurpada a campesinos desplazados Como lo establecieron los procesos judiciales, las tierras de los campesinos y campesinas desplazadas y despojadas por los paramilitares en los Llanos, fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces,…
p. 534

[33]
7.5.6 Los Llanos, tierra usurpada a campesinos desplazados Como lo establecieron los procesos judiciales, las tierras de los campesinos y campesinas desplazadas y despojadas por los paramilitares en los Llanos, fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces,…
p. 534

[34]
RECLAMANTES POR GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN Y OTROS ACTORES 2011 informó sobre un “plan de choque” ante las demandas de las víctimas campesinas y la entrega de parcelas a familias víctimas de masacres y desplazamiento forzado en El Salado (Bolívar) y en Mampuján (Sucre), en respuesta al posicionamiento conseguido de las…
p. 543

[35]
RECLAMANTES POR GRUPOS POSDESMOVILIZACIÓN Y OTROS ACTORES 2011 informó sobre un “plan de choque” ante las demandas de las víctimas campesinas y la entrega de parcelas a familias víctimas de masacres y desplazamiento forzado en El Salado (Bolívar) y en Mampuján (Sucre), en respuesta al posicionamiento conseguido de las…
p. 543

24Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 1571 cita

[36]
readjudicciones son Chivolo (47 casos), Ariguaní (32), Pivijay (24), Sitio Nuevo (12), Tenerife (8), Ciénaga, Santa Marta, Aracataca, Fundación y Plato con 2 casos cada uno y El Banco con 1 caso. La fiscalía abrió inves- tigaciones contra los funcionarios el INCORA/INCODER por 36 casos en las veredas Bejuco Prieto y…
p. 157

25Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4662 citas

[37]
la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466

[38]
la propiedad, el promedio de los municipios donde hubo presencia de las ACMM reporta un total de 0,69 y para los municipios de presencia de las ACPB se registra un promedio de 0,64. Esto, si bien está por debajo del pro- medio nacional (0,86) no deja de ser una cifra alta, teniendo en cuenta que en el caso de las ACMM…
p. 466

26En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 106, 1102 citas

[39]
un millón de pesos por hectárea. Las amenazas han comenzado a correr: si no hay ven- ta, habrá bala. Los campesinos le dieron poder a un abogado de Regidor que lleva también el negocio de Solera y que además tie- ne una posesión en el globo de la hacienda en cuestión. Después de varios meses, y de muchas reuniones,…
p. 106

[43]
a nombre de Aportes San Isidro y C. l. Tequendama, compa- ñías palmeras del grupo Daabon, un conglomerado de empresas agroindustriales -banano, café, frutas tropicales- que cultiva, comercializa y refina productos de la palma africana. Las Pa- vas hace parte de un megaproyecto de alianzas estratégicas con cultivadores…
p. 110

27Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 132, 1362 citas

[40]
autores encuentran más bien una relación di- ferenciada entre las etapas del conflicto, el desplazamiento, el 68 Estos informes son la continuación de la línea de investigación sobre tierra y conflicto armado del CNMH, desarrollada para responder al creciente interés que había tomado el tema sobre la estrecha relación…
p. 136

[41]
ONG, que muestran los auto- res, es evidente la mayor participación de las guerrillas en comparación con los gru- pos paramilitares y su actual etapa de los GAPD (CNMH, 2015j, páginas 320 y 324). 132 Paramilitarismo Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico mes del CNRR-GMH y del CNMH reseñados.…
p. 132

28Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 1661 cita

[42]
4 Sin garantías para la restitución y el retorno 4 Sin garantías para la restitución y el retorno Como se ha mostrado a lo largo del texto, las históricas tensio- nes entre los derechos a la tierra del campesinado y el modelo de desarrollo rural se exacerbaron con la incursión y consolidación paramilitar. En la…
p. 166

29La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 1951 cita

[44]
2 1 Usurpación de tierras 2 Invasión de tierras 1 Total Tierras 7 21 5 2 1 Delitos en general 175 341 146 63 42 Fuentes: Versión Libre Juancho Dique, Diego Vecino y Mancuso Procesamiento/tabulación Cifras y Conceptos, Grupo de Memoria Histórica, CNRR, Mayo 2010. Gráfica N. 14. Cantidad de veces que el versionado…
p. 195

30Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 389, 3922 citas

[45]
en torno a los propietarios de los hatos 117 y a la salvaguarda de sus intereses debido a la incapacidad del Estado colombiano para regular y proveer bienes públicos y seguridad en las áreas más periféricas, Lo anterior, conjugado con las redes de clientelismo, la corrupción de los funcionarios públicos, la preca-…
p. 389

[60]
abordar este tema se tomaron como fuente las Sentencias de Restitución de Tierras en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, de donde se desprende la siguiente tabla, actualizada hasta marzo de 2020, que muestra la solicitud de 11.990 sentencias de despojo y restitución de tierras…
p. 392

31Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 2731 cita

[46]
de acciones que hayan transgredido la legislación penal, reali- zadas por grupos armados al margen de la ley, entre ellas las víctimas de desplazamiento forzado, adquirieron el derecho (que posteriormente la Corte Constitucional catalogó como fundamental) a la reparación. Este derecho a la reparación fue definido de…
p. 273

32No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5441 cita

[47]
lo cual significó un avance respecto a las políticas de paz del pasado. Desde el Frente Nacional, pasando por los acuerdos con las guerrillas a principios de los años noventa y con los paramilitares a mediados de la primera década del siglo XXI, los procesos estaban centrados en el desarme de los combatientes y su…
p. 544

33El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1571 cita

[48]
la pretensión discursiva de alcanzar la terminación del con fl icto, y, por el otro, la falta de desarrollo adecuado de las medidas para garantizar los de- rechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. Estas últimas, como veremos en detalle más adelante, fueron in- corporadas posteriormente…
p. 157

34Cuatro crisis que marcaron a Colombia: Memorias del fraude bancario de 1982, el apagón de 1992, la debacle financiera de 1999 y las negociaciones con el ELN en 2018Juan Camilo Restrepo · 2022 · p. 1501 cita

[49]
La política de restitución de tierras, que a mi entender es la pieza de mejor implementación en cuanto toca con las políticas agrarias que ha tenido el país hasta el momento, busca fundamentalmente facilitar la recuperación de las tierras de quienes han sido despojados a sangre y fuego en las últimas décadas o por la…
p. 150

35Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 449, 8982 citas

[50]
de medidas de reparación, a las víctimas de hechos anteriores al 1. o de enero de 1985 solo les queda acudir a los procedimientos judiciales (conten- ciosos administrativos y penales). En segundo lugar, la definición de víctimas de la ley excluyó a los «miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley»…
p. 898

[61]
Tierra». 1394 Catálogo de Fuentes de Archivo Externas, Informe 35-OI-5fc85891b5a905584b9fbfa5, Comisión de la Verdad, «El conflicto que despojó vidas y territorios». hasta la guerra tiene límites 450 Penal. La institucionalidad, ante las denuncias de hechos victimizantes, registra prin- cipalmente el desplazamiento…
p. 449

36Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1161 cita

[51]
ejemplo, Autos 219 de 2011 y 119 de 2013). 148 Se trata del mismo Fondo que creó la Ley 975 de 2005, con nuevas fuentes de recursos, como las multas y condenas económicas de los condenados por concierto para delinquir y los montos fijados en providencias judiciales a cargo de empresas. 149 El proyecto de Ley “Por el…
p. 116

37La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 1291 cita

[52]
o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley. 6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las senten- cias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa. 7. Pagar a los despojados y desplazados las…
p. 129

38"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 408, 4182 citas

[53]
mi casa y quedé sin nada 264. ¿Y la restitución? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tratado de revertir el proceso de despojo y concentración de la tierra, no sólo 263 Entrevista_ 006 _ 33 _abril_ 05 _ 08 _Despojo de Tierras_Procesos Organizativos 264 Entrevista_ 007 _+- 55 _abril_ 6 _ 08 _Proceso Social…
p. 408

[64]
procesos muy delicados que están rela- cionados con restituciones de zonas de injerencia de narcotra fi - cantes, de bandas criminales y de las Farc (…) El tema es muy complejo tanto para nosotros como a las víctimas. En otros depar- tamentos han sido asesinados líderes de restitución, aquí gracias a Dios no ha pasado…
p. 418

39Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 325, 3302 citas

[54]
las reclamaciones en el Registro de tierras despojadas, y la tarea judicial, que termina con el fallo de los jueces de restitución de tierras. La ley 1448 previó que el estudio de las reclamaciones procediera gradualmente, según fuera la densidad de despojos, las condiciones de seguridad para el proceso y las…
p. 330

[56]
o despojo, pues si se comprueban las presiones violentas, existen los indicios que permiten invertir la carga de la prueba en contra de los opositores, que son los actuales tenedores del predio reclamado. Es tan riguroso este trabajo de comprobación —que se cumple dentro de los cuatro meses a partir de la inscripción…
p. 325

40Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 42, 612 citas

[55]
legitima- ción para iniciar la acción de restitución. En segundo lugar, se evidenciará la pertinencia de los documentos menciona- dos para entender las dinámicas del paramilitarismo, especí- ficamente con respecto al despojo y al abandono forzado. En tercer lugar, se explicará por qué los informes del CNMH re- visados…
p. 42

[59]
del informe (CNMH, 2012c, página 176). En consecuencia, se evidencia la importancia de que los Tribunales de Restitución de Tierras sean rigurosos con la exigencia de la buena fe exenta de culpa cuando se estudien las acciones de res- titución (CNMH, 2012c, página 177). Pero la aplicación rígida de los presupuestos de…
p. 61

41Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 3091 cita

[57]
hasta el momento recepcionadas es bajo si se compara con los índices de desplazamiento y vacia- miento. En cuanto se microfocaliza el municipio y se concreta la res- titución de tierras, se recomienda al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), a la…
p. 309

42Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 2281 cita

[58]
coordinación con el Comité Integrado de Restitución de Tierras (CI2RT) del Ministerio de Defensa y el COLR (Comité Operativo Local de Restitución de Tierras). Artículos 4 y 6 del Decreto Ley 4829 de 2011 y Decreto Ley 599 de 2012. 177 Artículo 6 del Decreto 4829 de 2011 y Decreto 599 de 2012, “Por el cual se regula la…
p. 228

43Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 265, 2702 citas

[62]
(municipio de San Miguel); San Isidro, El Carmen, La Kofania, La Castella- na y San Vicente de Villarrica (municipio de Villagarzón) (URT, Microfocalización Putumayo). 266 Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo 4.4.2. Restitución en territorios colectivos de comunidades étnicas A pesar…
p. 265

[69]
la reapropiación que las familias restituidas puedan hacer de esos lugares para curar ese “mal aire” y los recuerdos do- lorosos y aterradores que lo producen, lo alimentan y hacen invivibles esas casas. Los fallos de restitución de tierras revisados en este informe tam- bién le ordenan al Ministerio de Agricultura y…
p. 270

44Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 4031 cita

[63]
una Colombia en paz con opor- tunidades y garantías para todos. Por el Gobierno Nacional: LUIS CARLOS RESTREPO Alto Comisionado para la Paz Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC: HERNAN HERNÁNDEZ RAMIRO VANOY LUIS CIFUENTES FRANCISCO TABARES ADOLFO PAZ JORGE PIRATA VICENTE CASTAÑO CARLOS CASTAÑO SALVATORE…
p. 403

45Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 67, 3712 citas

[65]
de Restitución de Tierras (URT), para 2021 se adelantaba la documentación de 117 casos, de los cuales solo 30, ubicados principalmente en las regiones del Pacifico y el Caribe 835, se han llevado ante los jueces de restitución de tierras despojadas; el 50% de las demandas del Pacífico corresponde a tierras del…
p. 371

[70]
bélicas, atentados y ataques a población, tuvo un auge entre los años 2001, 2006 y 2012 59. La presión sobre las economías legales por parte de las guerrillas, con diferentes violaciones a los derechos humanos, motivó el ingreso de nuevas estructuras paramilitares. En un principio, bajo la modalidad de las llamadas…
p. 67

46Violence Entrepreneurs, Law and Authority in ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 121 cita

[66]
models. If scholars and peasant movements understand the Land and Victims Law as corresponding to a ‘thin’ model, it is too soon to assess correctly the consequences of the implementation of this policy. 10.1002/9781119384816.ch5, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119384816.ch5 by…
p. 12

47Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 771 cita

[67]
líderes de organizaciones de víc - timas y de procesos de restitución de tierras a nivel local, depar - tamental y nacional, como es el caso de la amenaza pública que se dio a conocer el 15 de febrero en la cual salió el nombre de un líder de tierras del municipio de Pelaya al lado del de otros líderes del Caribe…
p. 77

48Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 411 cita

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Corporación Jurídica Yira Castro, «La tierra también es nuestra», 20. 90 Entrevista 036 - VI - 00042. Mujer, campesina, Antioquia. 42 El primero, el más difícil, es el de superar el daño moral anclado en la memoria de la masacre, pues el daño que no ha sido atendido ni reparado causa una profunda sensación de…
p. 41

49Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 1241 cita

[71]
aplicación de mecanismos efectivos para la restitución de los terri - torios colectivos. (124) Raza y derechos humanos en Colombia tración y uso de sus territorios durante la situación de desplazamiento. Como lo ha reconocido la Corte Constitucional (2009), el desplazamiento forzado causado por estos factores y las…
p. 124

50Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1541 cita

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2009. Sobre el despojo de tierras, ver: Machado, Absalón, et al. 2009. El Despojo de Tierras y Territorios: aproximación conceptual. Bogotá D.C.: Línea de Investigación Tierra y Conflicto, Área de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR -. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones…
p. 154

51El indio en la lucha por la tierra: historia de los resguardos del macizo central colombianoJuan Friede · 2017 · p. 3081 cita

[73]
de la ley, varios objetivos: resolver los pleitos originados por la violenta ocupación de tierras indígenas, o por su venta bajo coac- ción o su apropiación violenta, estudiar los títulos de la 309 Eí ndinc ed írsta ócf ía oneffa propiedad territorial para amparar a los indígenas en la posesión de sus tierras,…
p. 308

52La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 3411 cita

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el exitoso cumplimiento de la dejación de armas por las Farc. Como presidente, lideré el esfuerzo para obtener el máximo apoyo internacional, y en este empeño tuve, durante los ocho años de mi gobierno, la mejor de las coequiperas, que fue la canciller María Ángela Holguín, una profesional y diplomática de lujo que se…
p. 341

53Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 2261 cita

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• Plantear nuevas acciones de lucha contra la corrupci ó n asociada al narcotr á fico El consumo con un enfoque de salud pública • Se abordar á con un enfoque de derechos humanos y salud p ú blica Instituto Técnico Jorge Gaitán Duran 225 Pol í tica de Desarrollo Agrario Integral – Hacia un nuevo campo colombiano:…
p. 226

54La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 1211 cita

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de la notable reducción que tuviera en la época de La Violencia. Este aumento de la adjudicación de tierras baldías se dio en el contexto de una relativa reducción de la violencia, propiciada por las expectativas de pacificación de Rojas Pinilla, las cuales al final no se cumplieron. Sin embargo, a los adjudicatarios…
p. 121

55Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 57, 622 citas

[80]
cercano al poder, y quien fuera uno de los más grandes tenedores de tierra del conti- nente, llegó a poseer para principios de la década del sesenta entre 35.000 y 72.000 hectáreas en el Caquetá, incluyendo varias decenas de miles en los llanos del Yarí 139. Un campesino relata: «Coparon prácticamente todo el…
p. 62

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El llanto del arpa», 25. 125 Molano, Fragmentos de la historia del conflicto armado, 38. 126 Medina Gallego, FARC-EP y ELN. 127 Entrevista 150-PR-03306. Compareciente. Bloque Sur FARC, Columna Teófilo Forero. 58 fiflćflThffifffj fjfl. flffflfj Tercera oleada: colonización dirigida o institucional Un tercer tipo de…
p. 57

56Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 511 cita

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El proceso de colonización fue asumido por el Incora 66. Entre 1961 y 1973 se adjudicaron en la intendencia de Arauca 85.830 hectáreas 67, con el propósito de incor- porarlas a la producción agropecuaria nacional 68. Aparte de brindar asistencia técnica y créditos a los pequeños productores campesinos, la ley incluía…
p. 51