Iván Mordisco

La semblanza y el problema del nombre

El nombre completo por el que la Policía Nacional lo procesa institucionalmente es Néstor Gregorio Vera Fernández. Bajo esa identidad la institución mantiene al menos dos perfiles distintos en su sitio oficial, con apariciones en carteles regionales de personas buscadas. La equivalencia entre ese nombre y el alias Iván Mordisco pertenece al terreno de la identificación institucional: es la que sostiene la Fuerza Pública en sus operaciones y comunicaciones, y la que fundamenta el expediente por el que se le persigue. No se trata, en sentido estricto, de una verdad judicial firme —no hay condena de fondo contra Vera Fernández que la haya declarado en sentencia—, pero es la atribución sobre la que descansa toda la política de seguridad del Estado colombiano frente al Estado Mayor Central.

En lo jurídico, por Colombia han circulado durante décadas alias que se cargan sobre nombres cambiantes, y no pocas veces la equivalencia entre uno y otro se ha revelado imprecisa. En lo biográfico, la vida civil de Vera Fernández —fecha exacta de nacimiento, lugar de origen, familia, escolarización, momento del ingreso a las FARC— no está fijada en registros públicos abiertos con la nitidez que se le exige a una figura de este tamaño. Lo que hay es un perfil operativo: el hombre al que se le atribuye el mando, no el hombre del que se conserva un expediente civil detallado. En ese hueco entre el nombre y el alias se juega buena parte del retrato posible.

Lo que sí queda sólidamente sostenido es su función: se le identifica como líder de una facción de las disidencias conocida como Estado Mayor Central (EMC), y en particular como comandante del GAOR Primero —el frente que se hace llamar Carolina Ramírez—, estructura que constituye el núcleo histórico y simbólico de la disidencia que no aceptó la desmovilización pactada en La Habana.

Los orígenes: un cuadro dentro de la estructura

Vera Fernández no es un aparecido del posconflicto. Todo su peso posterior descansa en haber sido un mando dentro de la arquitectura orgánica de las FARC-EP antes de 2016.

Las FARC-EP se organizaban jerárquicamente desde la unidad básica —la escuadra, alrededor de doce combatientes— pasando por guerrilla, compañía, columna, frente y bloque de frentes, hasta el Secretariado del Estado Mayor Central y, por encima, un Comandante en Jefe. Cada nivel implicaba responsabilidades territoriales y de fuego crecientes. Un frente controlaba una porción de departamento; un bloque, una región entera. El Primer Frente —conocido también como frente Carolina Ramírez— fue durante décadas una de las estructuras más consolidadas de la organización, con presencia histórica en el suroriente del país, en el arco que va del Guaviare al Vaupés y se extiende hacia la Amazonía profunda.

Cuando en 2016 el grueso de las FARC-EP, bajo la conducción de Rodrigo Londoño (Timochenko) y con la firma del gobierno de Juan Manuel Santos, ingresó al proceso de dejación de armas y transformación en partido político, el Primer Frente anunció públicamente que no acataba lo pactado. Esa ruptura, encabezada inicialmente por figuras como alias Gentil Duarte, se convirtió en el embrión del rearme. Vera Fernández, situado por la inteligencia militar como mando de esa estructura, quedó desde entonces en el centro del nuevo ciclo. No fue una defección tardía ni una reincidencia oportunista: fue, en términos organizativos, la continuidad de una línea de mando que decidió no desmovilizarse.

Esa condición —cuadro medio-alto con redes orgánicas heredadas— lo distingue de otras figuras del posacuerdo. No es asimilable a los mandos rasos que se rearmaron por hambre o coacción, ni a los oportunistas que aprovecharon el nombre de las FARC para operar bandas locales. Vera Fernández trae consigo un capital organizativo: nombres, protocolos, rutas, contactos, memoria de los frentes. Ese capital es el que le permitió, con el paso de los años, presentarse como interlocutor a nombre de una estructura y no solo como jefe de una banda.

El tránsito de 2016: por qué el Acuerdo no fue el fin

Para comprender la centralidad de Iván Mordisco hay que aceptar una idea que la política oficial tardó en digerir: el Acuerdo de La Habana no clausuró el conflicto, sino que reveló su geografía profunda. En Meta, Guaviare, Cauca, Tolima, Putumayo y las franjas amazónicas donde las FARC habían tenido presencia territorial durante décadas, la desmovilización no produjo un vacío nuevo; hizo visible uno preexistente. El Estado colombiano nunca había consolidado allí presencia integral —justicia, salud, tierras tituladas, infraestructura, mercados legales— y la guerrilla había sido, durante generaciones, el orden efectivo. Su retirada dejó, literalmente, un espacio sin gobierno.

Ese espacio no permaneció vacío. Grupos armados ilegales, actores privados y funcionarios corruptos —según ha documentado la investigación académica sobre la Amazonía— ampliaron actividades y poder económico, en especial en torno a las economías ilícitas. La deforestación se aceleró, la coca no cedió y la gobernanza ambiental se debilitó todavía más. En ese escenario, la estructura que Vera Fernández retuvo tras la ruptura con la línea de Timochenko encontró condiciones inmejorables para reconstruirse: redes de comunidades cocaleras que temían perder su único ingreso, rutas fluviales conocidas, corredores hacia las fronteras con Venezuela y Brasil, y una desconfianza campesina profundamente arraigada frente a un Estado que no cumplió con la sustitución de cultivos, la reforma rural integral ni las garantías de seguridad para los firmantes.

La primera disidencia armada, la de Gentil Duarte, se articuló entre 2017 y 2019 sobre esa base material. Con la muerte de Duarte —abatido en 2022 en territorio venezolano— y la caída sucesiva de otros mandos, la figura de Iván Mordisco ganó centralidad. Hacia 2019 la estructura se autodenominó Estado Mayor Central, en un gesto que reclamaba para sí el nombre del órgano superior histórico de las FARC-EP y disputaba la legitimidad del proyecto insurgente frente tanto al gobierno como a la otra gran disidencia, la Segunda Marquetalia liderada por alias Iván Márquez. Vera Fernández quedó proyectado como la cabeza visible de esa apuesta.

La organización y sus territorios

El EMC bajo el mando atribuido a Iván Mordisco no es una organización compacta con línea vertical inequívoca; es una federación de estructuras con anclaje regional, muchas de ellas herederas nominales de frentes históricos de las FARC. La Fuerza Pública ha documentado su presencia y actividad, con distintos grados de intensidad, en Meta, Guaviare, Tolima y Cauca; las páginas institucionales de la Policía y el Ejército consignan operaciones en esos cuatro departamentos como espina dorsal del despliegue del grupo. Otras zonas —Putumayo, en particular— aparecen en operaciones específicas, como la desarrollada contra un presunto integrante del frente Carolina Ramírez en ese departamento.

En el Meta, la Fuerza Pública ha reportado operaciones contra el llamado Bloque Martín Villa, adscrito a la facción de Iván Mordisco: un bloque orientado a la disputa territorial en la franja que conecta el piedemonte llanero con la Amazonía. Los municipios que constituyen su núcleo tradicional de disputa son los mismos donde el conflicto armado alcanzó picos de violencia durante las décadas anteriores. Hay comunicados institucionales que le atribuyen intenciones de expansión hacia municipios como Lejanías, Mesetas y La Uribe, pero ese tipo de proyección estratégica pertenece más al terreno de la inteligencia militar que al hecho probado: es una atribución de las autoridades, no un plan documentado del grupo.

En el Guaviare, el frente Primero o Carolina Ramírez —al que las autoridades vinculan directamente con Vera Fernández— tiene presencia acreditada. Es una zona clave por varias razones: puerta amazónica, corredor cocalero histórico y territorio de pueblos indígenas cuya situación de derechos humanos se ha deteriorado a la par que se han expandido las economías ilegales. La afectación de comunidades indígenas de la región en el marco del conflicto armado del posacuerdo está documentada, aunque situaciones más específicas como el confinamiento de la comunidad Nükak en su resguardo requieren tratarse con la prudencia de lo que reporta cada actor: son alegaciones graves, con soporte en informes de derechos humanos, pero no equivalentes en su estatuto probatorio a los hechos que produce una investigación judicial cerrada.

En el Cauca, el EMC opera en un tablero mucho más disputado. La región andino-pacífica del suroccidente colombiano concentra actores armados en colisión —la disidencia rival de la Segunda Marquetalia, el ELN, herederos del narcotráfico y estructuras neoparamilitares—, y las estructuras vinculadas a Mordisco han sido protagonistas de episodios de violencia particularmente intensos contra la Fuerza Pública, líderes sociales y comunidades indígenas del norte del departamento.

En el Tolima, la operación estatal contra estructuras del EMC ha sido igualmente reportada, en un departamento que fue cuna histórica de las FARC y donde la presencia disidente conserva más peso simbólico que despliegue militar masivo.

Esa dispersión territorial —al menos cuatro departamentos con presencia acreditada, otros con operaciones puntuales— admite dos lecturas. Una, la del comunicado militar: una organización con proyección nacional y capacidad de coordinación estratégica entre bloques distantes. Otra, más sobria: una red de estructuras locales con base social distinta en cada región, cuya cohesión bajo un mando único es menos un hecho operativo que una atribución institucional útil tanto para la política de seguridad como para el propio grupo, que en la negociación se ha presentado como interlocutor unificado. La verdad histórica probablemente esté en el cruce: hay coordinación real, especialmente política y de línea, pero la autonomía regional de cada bloque es alta, y la etiqueta EMC funciona parcialmente como paraguas.

Las economías: coca, corredores y rentas

Ninguna biografía de Iván Mordisco puede eludir la economía cocalera, porque es la base material que sostiene a la estructura que él encabeza. La disputa por el control de cultivos, laboratorios de procesamiento, insumos químicos y rutas de movilización de pasta base y clorhidrato ha sido, en la última década, la fuente principal de violencia en los territorios donde opera el EMC. Todos los actores armados —disidencias, ELN, grupos neoparamilitares, redes puramente narcotraficantes— participan en distintos eslabones de esa economía, y su participación produce tanto choques militares como acuerdos y alianzas tácticas. No hay pureza ideológica que sobreviva a la lógica de la cadena cocalera; tampoco la reclama seriamente ninguna de las partes.

La geografía de los territorios de Mordisco es también una geografía de la coca. El corredor Guaviare–Meta–Caquetá concentra desde hace décadas cultivos y laboratorios; las rutas fluviales del río Guayabero y del Inírida articulan la salida hacia el Vaupés y de allí, por el eje del Guainía, hacia la frontera brasileña y venezolana, donde la pasta base cambia de manos en trochas que las autoridades han identificado en municipios como San José del Guaviare, Miraflores y El Retorno. El Cauca, aunque más disputado, tiene enclaves de cultivo en el norte y en el macizo, y pasos hacia el Pacífico —en particular por la vertiente que baja hacia Buenaventura y Timbiquí— donde la salida marítima abre otro mercado. El EMC obtiene renta de esa economía por múltiples vías: cobro de gramaje por arroba de hoja o kilo de base procesada, protección de laboratorios y "cocinas", control de puntos de embarque fluvial, imposición de precios a raspachines y compradores, cobro por el paso de insumos químicos como gasolina y cemento en corredores donde el transporte legal está restringido. En algunos casos las autoridades han documentado también otras rentas —extorsión a comerciantes y ganaderos en piedemonte, cobros a explotaciones mineras informales de oro en afluentes del Caquetá y del Guaviare—, aunque el detalle de esas modalidades varía por región y no siempre está acreditado con el mismo nivel de solidez.

La relación con las comunidades cocaleras es lo que hace este entramado políticamente denso. El Acuerdo de 2016 contemplaba el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, pero su implementación fue parcial, tardía y en muchos casos ineficaz. En territorios donde la coca es la única cosecha con comprador seguro, la desconfianza campesina frente al Estado se recicló como base social —forzada, ambigua, no necesariamente entusiasta— para los grupos armados que ofrecen algún orden. Esa es la ecuación material que hace del EMC algo más que una banda: no controla territorios porque tenga muchos fusiles, sino porque los tiene y además regula una economía que da de comer. Cualquier análisis que ignore esa dimensión —para condenar o para excusar— pierde el fenómeno.

Reclutamiento y afectaciones humanitarias

Sobre reclutamiento el archivo institucional es delgado en cifras precisas y denso en denuncias particulares. Las estructuras vinculadas a Iván Mordisco han sido señaladas por organizaciones de derechos humanos, por la Defensoría del Pueblo y por autoridades civiles por reclutamiento forzado de menores, especialmente en zonas rurales de Cauca, Meta y Guaviare. El patrón denunciado combina varias modalidades: captación en veredas de difícil acceso donde la oferta educativa termina en primaria, presión sobre familias que dependen económicamente del cultivo de coca, aprovechamiento del prestigio local que aún conservan ciertos mandos vinculados a las FARC históricas, y en algunos casos coacción directa. La Defensoría ha emitido alertas tempranas en municipios del norte del Cauca y del sur del Meta donde el fenómeno se ha señalado con particular insistencia, sin que las cifras agregadas —cuántos menores, en qué edades, con qué destino— estén consolidadas en un único registro público.

A esas afectaciones se suman otras que la literatura humanitaria ha vinculado a la actividad del EMC: homicidios selectivos de líderes sociales y comunales, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos de comunidades enteras por control de la movilidad, siembra de minas antipersonal en corredores de disputa con otros grupos, y restricciones a la circulación fluvial que afectan al abastecimiento de veredas amazónicas. En el Cauca, los pueblos nasa y misak han denunciado hostigamientos, amenazas y homicidios contra guardias indígenas que resisten la presencia armada en sus resguardos; en el Guaviare, además del caso Nükak, se han reportado presiones sobre comunidades jiw y tukano.

Los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz —excombatientes desmovilizados asesinados en los años posteriores a 2016— constituyen uno de los ejes de dolor del posacuerdo, y a diversas estructuras disidentes se les ha imputado responsabilidad. La atribución específica de cada caso al grupo de Mordisco exige un cotejo caso a caso que excede el marco de una imputación general; pero el marco general —una estructura armada activa en territorios donde vivían firmantes— convierte al EMC en actor obligado del análisis sobre esa violencia, sin transformar por eso cada asesinato en imputación probada contra Vera Fernández. El desequilibrio entre la gravedad del patrón denunciado y la parquedad de las cifras consolidadas es, por sí mismo, un dato: refleja la dificultad de documentar violencia en territorios de acceso restringido, y el resultado, en la práctica, es una zona gris donde el subregistro protege a los victimarios y desprotege a las víctimas.

La respuesta estatal: operaciones, capturas y golpes

La política de seguridad de los sucesivos gobiernos —Juan Manuel Santos en la salida de su segundo mandato, Iván Duque durante todo el suyo, y Gustavo Petro desde 2022— ha tenido en Iván Mordisco un objetivo militar de alta prioridad. Bajo Duque, la doctrina de "objetivos de alto valor" enfocó recursos de inteligencia y fuerzas especiales sobre los cabecillas visibles de las disidencias, con la lógica —heredada del combate al ELN y a las FARC antes de 2016— de que la caída sucesiva de mandos erosiona la estructura.

Las fuentes institucionales documentan operaciones militares y policiales contra estructuras del EMC en al menos los cuatro departamentos ya mencionados —Meta, Guaviare, Tolima, Cauca— y algunas específicas en Putumayo, con participación conjunta del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Los golpes acumulados incluyen capturas, abatimientos de mandos regionales y decomisos de material bélico, pero no han derivado en la desarticulación de la organización. El propio Vera Fernández ha sido dado por muerto en al menos un episodio y desmentido después —una trayectoria que también recorrieron otros mandos históricos de la insurgencia colombiana— y ha sido objeto de recompensas oficiales que reflejan su valor como objetivo para las autoridades.

La Policía Nacional lo mantiene en su sección de personas buscadas y en carteles regionales de los más buscados. Es una figura que el Estado quiere jurídica y militarmente cerrada, pero cuya persistencia operacional se ha impuesto sobre la eficacia de la persecución. Ese desajuste —Estado que golpea, estructura que se rearma— es el rasgo definitorio del ciclo posacuerdo, y explica por qué la salida puramente militar, sin correlato territorial ni intervención sobre las economías que sostienen a la estructura, produce en estos territorios resultados menguantes.

Un matiz técnico importa: los partes de operaciones deben leerse con la cautela que corresponde a una fuente parte interesada. Los comunicados militares y policiales tienen incentivos institucionales para inflar resultados, para atribuir a un solo grupo hechos cometidos por otros y para presentar operaciones tácticas como golpes estratégicos. Nada de esto invalida la información institucional, pero sí obliga a leerla como lo que es: una versión, no la única, y ciertamente no la definitiva.

Las negociaciones con el gobierno Petro

La llegada de Gustavo Petro a la Presidencia en agosto de 2022, con su política de "paz total" —negociaciones simultáneas con distintos actores armados—, abrió un capítulo nuevo. El Estado Mayor Central, y con él Iván Mordisco como interlocutor visible, fue reconocido como una de las estructuras con las que el gobierno buscaba entablar diálogos, aunque el estatuto político-jurídico de esa interlocución fue objeto de debate desde el principio: no es lo mismo negociar con una organización a la que se reconoce carácter político-rebelde que someter judicialmente a una estructura de crimen organizado.

Sobre los pormenores de ese proceso —tiempos exactos, mesas instaladas, ceses al fuego decretados, incidentes que llevaron a rupturas y reanudaciones, exigencias planteadas por cada parte— la información disponible sigue siendo fragmentaria y sujeta a versiones encontradas. Pero en el marco más amplio del ciclo posacuerdo, la posibilidad misma de que el EMC se sentara a negociar es reveladora: confirma que la estructura tiene el peso territorial suficiente para ser interlocutor y que su comandante es reconocido como voz. Al mismo tiempo, las tensiones y rupturas que han marcado el proceso indican los límites de esa interlocución: ni el gobierno acepta cualquier condición, ni la estructura renuncia a la coacción territorial mientras negocia.

Ese doble movimiento —negociar y combatir— es la reedición, en escala menor, del dilema que atravesó el proceso con las FARC entre 2012 y 2016. La diferencia es que aquí la contraparte no es una guerrilla nacional con proyecto político definido, sino una federación de estructuras regionales cuya cohesión bajo una sola línea es, ya se dijo, más una atribución que un hecho.

La red: personas, lugares e ideas alrededor de Mordisco

Iván Mordisco no se explica solo. Su figura se recorta contra la de otros nombres del ciclo insurgente y posinsurgente. En el extremo opuesto está Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el hombre que firmó La Habana y condujo a las FARC-EP hacia la vida legal como partido político con representación en el Congreso: la línea que Mordisco rechazó. En una tercera vía está Iván Márquez, negociador de La Habana que después rompió con Timochenko y fundó la Segunda Marquetalia, disidencia rival del EMC con la que Mordisco disputa la herencia simbólica de las FARC y, en el terreno, corredores y rentas. Más atrás, en el linaje inmediato, está Gentil Duarte, jefe fundacional de la disidencia originaria cuya muerte en 2022 despejó el campo de mando en el que Vera Fernández se afirmó. Y todavía más atrás, en la generación anterior, está Alfonso Cano, comandante máximo de las FARC-EP abatido en 2011, cuya trayectoria orgánica pertenece a la casa matriz de la que Mordisco se reclama continuador.

Los presidentes con los que ha coexistido —Santos, Duque, Petro— condensan tres posturas frente al conflicto: la del Acuerdo negociado, la del enfrentamiento militar, la del intento de "paz total". La persistencia del EMC bajo los tres muestra que el problema no se reduce a la voluntad presidencial de turno, sino a las condiciones estructurales que hacen viable la estructura.

Los territorios —Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo, Cauca, Nariño, la Amazonía profunda, La Macarena, Miraflores, El Retorno, las fronteras con Venezuela y Brasil— forman el mapa donde se juega el asunto. Ninguna de esas geografías es neutra: cada una viene con capas de historia agraria, colonización, cultivos ilícitos, presencia indígena y débil consolidación institucional que anteceden por décadas al Acuerdo de 2016.

La huella y el debate

La huella histórica de Iván Mordisco no puede evaluarse todavía con la distancia que la historia exige, porque el proceso está abierto. Lo que sí puede afirmarse es que su figura obliga a repensar el sentido del Acuerdo de La Habana. Aceptar que existe un EMC con capacidad territorial y con comandante reconocido implica aceptar que la firma de 2016 no cerró el conflicto armado en Colombia, sino que lo mutó. Esa mutación es lo que hoy discuten políticos, académicos, movimientos sociales y víctimas: si el Acuerdo fracasó en su implementación territorial, si fracasó por diseño, si fue el sabotaje del gobierno Duque a los pactos rurales lo que abrió la puerta al rearme, si la responsabilidad recae en los cuadros que decidieron no desmovilizarse, o si en realidad todas esas explicaciones son parciales y se combinan.

La geografía del posacuerdo —enclaves cocaleros, historia larga de abandono institucional, desconfianza campesina— es condición necesaria pero no suficiente. Sobre esa condición estructural operó una decisión contingente: la de un grupo de cuadros medios y altos de las FARC-EP, entre ellos Vera Fernández, de no dejar las armas y de retener redes orgánicas que ninguna estructura nueva habría podido construir desde cero. La combinación de lo estructural con esa herencia organizativa es lo que hace del EMC lo que es hoy y lo que convierte a Iván Mordisco en su cabeza visible.

Queda una última cautela. El archivo público sobre Vera Fernández está desequilibrado: proviene, en su mayoría, de fuentes de seguridad del Estado colombiano, y en menor medida de investigación académica y periodística sobre el conflicto. Su propia voz, cuando aparece, lo hace en comunicados del EMC de dudosa autenticidad o en momentos de mesa de negociación filtrados parcialmente a la prensa. Su biografía civil sigue en penumbra. Buena parte de lo que se escribe sobre él es una lectura desde afuera de un hombre al que se persigue militarmente y del que se conoce, sobre todo, el perfil operativo que otros construyeron.

Reconocer ese sesgo no invalida el retrato; lo sitúa. Iván Mordisco es el nombre con el que Colombia designa hoy la persistencia del conflicto armado que en 2016 se dijo terminado. Bajo ese alias hay un hombre, Néstor Gregorio Vera Fernández, sobre cuya identidad y trayectoria orgánica hay más certezas que sobre su biografía privada. Y detrás del hombre hay una estructura, un mapa y una economía. Mientras esas tres capas se sostengan, el alias seguirá activo en los partes de guerra y en las mesas de negociación; cuándo pase al pretérito depende menos de la suerte militar de un hombre que del fracaso territorial que el Acuerdo de La Habana no supo o no pudo evitar.