Norte del Cauca

Norte del Cauca

En el ángulo nororiental del departamento del Cauca, donde la cordillera Central desciende hacia el valle geográfico del río Cauca, se extiende una franja de trece municipios que concentra, en menos de tres mil kilómetros cuadrados, tres proyectos históricos que ninguna otra región de Colombia ha superpuesto con tanta densidad: el resguardo indígena nasa, los territorios afrodescendientes herederos de la esclavitud minera y cañera, y los parques industriales levantados al amparo de la Ley Páez. Sobre ese mismo suelo, atravesado por el río Palo y regado por los ingenios azucareros, se ha librado durante cuatro siglos una disputa por la tierra que empieza con la encomienda, pasa por la hacienda esclavista y la agroindustria de la caña, y desemboca en el Proceso de Liberación de la Madre Tierra y los parques industriales de Puerto Tejada. El Norte del Cauca no es una periferia rural: es un enclave de acumulación que ha producido, en simetría, uno de los movimientos indígenas más organizados del continente y una de las tradiciones afrodescendientes de mayor densidad política del país.

El territorio bajo el que corren tres historias

La región se organiza sobre un accidente geográfico simple y decisivo. Al oriente se levanta la cordillera Central, y en su flanco occidental, en el páramo de Santo Domingo dentro del parque nevado del Huila, nace el río Palo. El Palo baja por una cuenca de 1.471 kilómetros cuadrados y 46 de recorrido, recoge los caudales de los ríos López, Jambaló y La Paila, y desemboca sobre la margen derecha del río Cauca en el sector conocido como Bocas del Palo, con un caudal medio de 35,9 metros cúbicos por segundo medido en la estación de Puerto Tejada. Antes de morir en el Cauca, atraviesa Páez, Toribío, Caloto, Santander de Quilichao y Puerto Tejada. Esa línea de agua es, en la práctica, la columna vertebral de la región: irriga las tierras planas donde la caña de azúcar se cultiva desde hace más de un siglo, abastece a los ingenios Cauca y La Cabaña, sostiene a la papelera Propal y alimenta los parques industriales de Caloto, Villa Rica y Puerto Tejada.

El río Cauca, que corre paralelo al oriente y define el borde occidental de la región, nace hacia el noroccidente del Macizo Colombiano, flanqueado por las dos cordilleras. Entre ambos ríos se despliega la llanura fértil donde se juega la disputa; en las estribaciones de la cordillera se ubican los municipios de vocación indígena y minera —Toribío, Jambaló, Caldono, Suárez, Buenos Aires— y hacia el norte, ya en tierras bajas, los municipios cañeros y afrodescendientes: Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla, Guachené, Miranda, Corinto, Caloto. Santander de Quilichao, a mitad de camino sobre la carretera Panamericana, funciona como bisagra urbana y comercial de las dos vertientes.

La huella colonial: encomienda, oro y resguardo

La configuración actual del Norte del Cauca no se entiende sin la operación fundacional del régimen colonial español. Entre 1595 y 1642, la Corona creó el resguardo o parcialidad indígena con un doble propósito que ya contenía la ambigüedad de todo lo que vendría después: proteger a la población nativa del trato de esclavos que le daban los encomenderos y, al mismo tiempo, obligarla a pagar tributos. Como observó el historiador Juan Friede, esa institución hizo a los indígenas partidarios del rey; la Corona era, contra las apariencias, el garante remoto de una supervivencia colectiva que los encomenderos locales tendían a devorar.

Sobre ese esqueleto jurídico se montó la economía real de la región durante los siglos XVII y XVIII: la minería del oro con mano de obra esclavizada traída de África. Los depósitos del alto y medio valle del Cauca se explotaron primordialmente con esclavos negros, y la producción de oro en la provincia de Popayán creció con fuerza entre 1660 y 1749: de 9.631 pesos oro en el quinquenio 1660-1664 pasó a un pico de 533.710 pesos en 1725-1729, aunque el fraude en los registros fiscales distorsiona las cifras. La producción colonial colombiana fue secundaria frente a la plata de Nueva España y Perú, pero su efecto sobre la composición étnica, la estructura social y el desarrollo económico del valle del Cauca fue determinante: fijó una población afrodescendiente sobre el suelo de la caña y una red de familias propietarias sobre el gobierno provincial.

A comienzos del siglo XVIII, los grandes propietarios de esclavos —los hermanos Mosquera, Francisco de Arboleda, Bernardo Alfonso de Saa, Miguel Gómez de la Asperilla, Agustín de Valencia— se turnaron en el ejercicio del gobierno delegado de la provincia. La familia Arboleda, en particular, consolidó su poder mediante la indivisión de bienes y un sistema de alianzas matrimoniales con los Bonilla Delgado, los Prieto de Tovar, los Mosquera y los Tenorio Torrijano, familias que poseían minas y cuadrillas de esclavos en Caloto y el Chocó. La minería, así, no era solo una actividad económica: era la matriz de una élite regional que gobernaba, tributaba y se emparentaba consigo misma.

En el siglo XVIII, esa misma élite empezó a mirar la tierra indígena con otro apetito. La voracidad latifundista, la presión de mestizos y colonos pobres y un Estado con criterio fiscalista impulsaron ventas de tierras por la Corona y el robo descarado por parte de terratenientes vecinos, reduciendo los resguardos a su mínima expresión y forzando a sus habitantes a migrar a los centros urbanos o a las haciendas. El proceso, iniciado bajo el imperio español, culminó a mediados del siglo XIX bajo el ideario republicano que declaró libres a los indígenas —libres, entre otras cosas, para perder colectivamente la tierra que la Corona les había reservado. La hacienda, ya en los siglos XIX y XX, absorbió a los desposeídos como aparceros o jornaleros y consolidó la concentración territorial que la agroindustria cañera heredaría más tarde sin sobresaltos.

La forja afrodescendiente: del oro a la caña

La historia afrodescendiente del Norte del Cauca sigue una línea paralela pero distinta a la indígena. Los esclavizados traídos para las minas de Caloto y las cuadrillas del Chocó, junto con los cimarrones que escaparon y fundaron asentamientos autónomos en el valle, se convirtieron con la abolición y las décadas siguientes en pequeños propietarios sobre las tierras planas del río Cauca. Esa breve autonomía campesina negra —anclada en fincas familiares, cultivos de pancoger y actividades artesanales— fue desmantelada desde finales del siglo XIX y comienzos del XX con la expansión del cultivo de caña. Las comunidades afrodescendientes que habían sido propietarias sufrieron un despojo sistemático, quedaron vinculadas a la caña y a condiciones laborales precarias, y en muchos casos fueron desplazadas de sus parcelas hacia el trabajo asalariado en los ingenios o hacia procesos de colonización cuya geografía exacta se ha ido borrando de la memoria oficial.

Ese borrado no es accidente. Dirigentes afrocolombianos han denunciado el esfuerzo persistente por presentar a los negros como "venideros" en el valle del Cauca, como si su presencia fuera reciente y advenediza, cuando en realidad son el pueblo más antiguo del valle bajo, anterior a los ingenios que hoy los emplean y a la mayoría de las familias mestizas que hoy los preceden en las jerarquías locales. La disputa por la memoria es también una disputa por el derecho a estar. En municipios como Puerto Tejada, Villa Rica, Padilla, Guachené y Suárez, la mayoría demográfica afrodescendiente sostiene una tradición política que ha producido líderes de proyección nacional —Francia Márquez, entre los más recientes— y una tradición sindical en los corteros de caña que ha pagado un costo alto: Daniel Aguirre, fundador del Sindicato Nacional de Corteros de Caña (Sinalcorteros) en 2003, fue asesinado el 27 de abril de 2012 en Florencia, Valle, en el contexto de sus luchas laborales.

El pueblo nasa y la reinvención del resguardo

Los nasa —o paeces, en el nombre castellano que la historiografía usó durante siglos— constituyen la matriz indígena de la región. Su territorio ancestral, extendido por Tierradentro y las estribaciones de la cordillera Central hacia el valle, quedó fracturado por las mismas dinámicas coloniales y republicanas que redujeron los resguardos a su mínima expresión. Contra ese proceso reaccionó, a comienzos del siglo XX, Manuel Quintín Lame, que entre 1922 y 1945 protagonizó las luchas indígenas por la tierra en Tierradentro y Chaparral. Encarcelado en decenas de ocasiones —las cifras oscilan entre setenta y más de cien—, Lame enunció en sus escritos y prédicas los puntos que el movimiento indígena adoptaría medio siglo después como programa: recuperar tierras de resguardos, ampliarlos, fortalecer cabildos, no pagar terrajes, defender la lengua y la cultura, formar maestros indígenas.

En 1971, en el marco de la Ley 1ª de 1968 y al calor de las movilizaciones campesinas impulsadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), se fundó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la primera organización indígena regional del país. El CRIC recogió el programa de Quintín Lame y lo tradujo en una plataforma de recuperación territorial que, en las décadas siguientes, transformaría la geografía política del suroccidente colombiano. A comienzos de 1984, esa plataforma se tradujo en un acto de fuerza: en la hacienda López Adentro —un conjunto de siete haciendas que sumaban cerca de 2.000 hectáreas en jurisdicción de Caloto y Corinto, que habían pertenecido a la familia Eder y que la familia Vélez Montoya adquirió en 1969—, las comunidades indígenas iniciaron la recuperación del predio. El desalojo policial-militar dejó víctimas y marcó, junto con otros episodios de la época, el pulso violento de la disputa.

El 10 de noviembre de ese mismo año, en Santander de Quilichao, fue asesinado el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué, párroco de Toribío y figura central de la teología indígena del Cauca. Su muerte se considera el episodio que motivó la conversión de un grupo de autodefensa indígena en el movimiento armado Quintín Lame. Y siete años después, el 16 de diciembre de 1991, en la hacienda El Nilo, en Caloto, un grupo armado asesinó a 21 indígenas nasa en lo que se conoce como la Masacre del Nilo. El Estado colombiano fue condenado por complicidad y se comprometió a adquirir 15.663 hectáreas como reparación colectiva; a 2012 se habían adquirido 13.906 hectáreas en 16 predios, ninguno legalizado como resguardo. Esa cifra es la medida exacta de una desposesión que se repara con cuentagotas.

La geografía de la guerra

Entre 1965 y 2013, el Cauca fue el departamento con más acciones de las FARC-EP en Colombia: 244 acciones registradas, con la mitad de los municipios más golpeados del país pertenecientes al departamento. En la cima de esa geografía dolorosa está Toribío, el municipio colombiano más golpeado por incursiones guerrilleras, con 32 acciones —8 tomas y 24 ataques— en ese medio siglo. Le sigue Caldono, con 30 acciones: 9 tomas y 21 ataques. Que la cuna de las FARC estuviera en el sur del Tolima y el norte del Cauca, ligada históricamente a las luchas por la tierra de paeces y pijaos y a las demandas políticas del campesinado, no explica sin embargo por qué la guerra se ensañó con particular saña en los resguardos nasa. La respuesta hay que buscarla en la convergencia de intereses que hizo del Norte del Cauca un enclave estratégico: el tráfico de drogas con salida al Pacífico y las élites económicas y políticas que buscaban frenar las demandas de tierra y autonomía de indígenas y afrodescendientes.

Hacia finales de la década de 1980, la relación entre las FARC-EP y el pueblo nasa —hasta entonces una convivencia tensa en la que la guerrilla ejercía cierto control social en los territorios— entró en crisis. La ruptura se hizo pública el 28 de mayo de 1999 en Piendamó, cuando manifestantes indígenas expulsaron a una columna de las FARC que pretendía incorporarse a un acto de protesta. Esa acción, aparentemente menor, marca el inicio del ciclo contemporáneo de resistencia civil no armada en el Cauca. Entre 2000 y 2002 se registraron casi un centenar de acciones espontáneas de resistencia civil en Caldono, Coconuco, Puracé, Silvia e Inzá, en las que las comunidades enfrentaron sin armas a las columnas guerrilleras. En el norte, ese ciclo se articuló en torno a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que agrupa a los cabildos nasa de los municipios de la zona y opera como el brazo territorial del CRIC en la región de mayor densidad de conflicto.

La ACIN consolidó también la figura de la guardia indígena: cuerpos comunitarios desarmados, identificados por sus bastones de mando, encargados del control territorial, la protección de las asambleas y el enfrentamiento no violento a los actores armados. El Tejido de Defensa a la Vida de la ACIN organizó, en años recientes, una "minga de la memoria" con más de 500 guardias que recorrió los resguardos nasa marcando con piedras pintadas, nombres y vallas los lugares donde fueron asesinados los kiwe thegnas —autoridades ambientales del pueblo nasa—, y llevando a los guardias jóvenes a la hacienda El Nilo para que conocieran el sitio de la masacre y discutieran con los mayores la historia de la recuperación de haciendas. La memoria, en el Norte del Cauca, no es un ejercicio académico: es una forma de pisar el territorio.

La Ley Páez y el tercer proyecto histórico

El 6 de junio de 1994, un terremoto de magnitud 6,4 sacudió el occidente colombiano con epicentro en el municipio de Páez, en el oriente del Cauca. La avalancha del río Páez y sus afluentes arrasó comunidades enteras. La respuesta del Estado, más allá de la emergencia inmediata, fue una decisión de política económica que reconfiguraría la región entera: la Ley 218 de 1995, conocida como Ley Páez, que estableció exenciones tributarias para inversiones industriales en municipios del Cauca y el Huila afectados por el desastre.

El efecto sobre el Norte del Cauca fue inmediato y desproporcionado. Los municipios de la llanura —Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Caloto, Padilla, Villa Rica, Guachené— quedaron cubiertos por la exención y atrajeron una corriente significativa de inversión industrial en la segunda mitad de los años noventa, en gran parte procedente de Cali, a la que la nueva zona franca de facto ofrecía costos radicalmente menores. Decenas de empresas nacionales y multinacionales se instalaron en parques industriales levantados sobre tierras que hasta hacía poco eran cañaduzales o territorios de comunidades afrodescendientes despojadas. La región se convirtió, en la práctica, en una extensión del área metropolitana de Cali: dormitorios, corredores logísticos y polígonos industriales al sur del río Palo.

La agroindustria cañera, que ya dominaba el paisaje, se articuló con este nuevo régimen. La caña y su refinación son uno de los principales renglones del sector alimenticio del departamento, y según datos del gremio azucarero, la agroindustria cañera es el cuarto generador de divisas del país. Los impuestos que paga a los municipios cañicultores del norte del Cauca y el Valle representan, en algunos casos, más del 60% de sus ingresos, lo que ata a las administraciones locales al destino del gremio con una dependencia que raya en la captura. En 2019, a partir del bagazo de caña se produjeron 1.615 gigavatios-hora de energía eléctrica, suficientes para abastecer una ciudad de un millón de habitantes durante un par de meses. La caña ya no es solo azúcar: es electricidad, etanol, papel, química industrial.

Ese pulso económico tiene un costo ambiental y social preciso. Se han identificado 61 conflictos socioambientales derivados de la industria azucarera en el valle geográfico del río Cauca; el 76% se concentran en el departamento del Valle y el 22% en el Cauca, con Palmira, Puerto Tejada, Candelaria, Santander de Quilichao y Buga como los municipios de mayor densidad. La cuenca del río Palo abastece a los ingenios Cauca y La Cabaña, a Propal y a los parques industriales de la Ley Páez, en una competencia por el agua que enfrenta a la agroindustria con las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.

La Liberación de la Madre Tierra

Sobre esa geografía de despojo acumulado, el movimiento indígena nasa lanzó a partir de mediados de la década de 2010 el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, o Uma Kiwe, que retoma la vieja bandera de la recuperación de tierras y la aplica sobre los predios de la agroindustria cañera. Los "liberadores" —comuneros nasa que ocupan haciendas de los ingenios, cortan la caña y siembran cultivos de pancoger— reclaman territorios que consideran ancestrales y que hoy están dedicados a la producción de azúcar y etanol. El conflicto los ha enfrentado directamente con Asocaña y con el Ingenio del Cauca (Incauca), y ha desatado una respuesta represiva que combina capturas, torturas, judicialización, bombardeos en asentamientos del proceso, destrucción de cultivos con fumigaciones, ofertas de recompensa por asesinar liberadores y combates entre ejército y guerrillas en fincas objeto de liberación.

Ese cuadro dibuja el rostro particular del posconflicto en el Norte del Cauca: no la paz territorial prometida por el Acuerdo de La Habana, sino una guerra reconfigurada en torno a la disputa por el suelo cañero. Los actores han cambiado —disidencias de las FARC, grupos armados posdesmovilización, ejército—, pero el objeto sigue siendo el mismo: quién controla la llanura del Palo.

El liderazgo político del proceso ha producido figuras nacionales. Feliciano Valencia, dirigente nasa de Corinto, encabezó las mingas indígenas de los años 2000 y 2010 y llegó al Congreso; Aida Quilcué, exconsejera mayor del CRIC, se convirtió también en referente parlamentario. Francia Márquez, oriunda de Suárez y ligada a las luchas afrodescendientes contra la minería en el norte del Cauca, fue elegida vicepresidenta de Colombia en 2022, en un giro sin precedentes que colocó a la región en el centro simbólico de la política nacional.

Un mapa triétnico y sus fricciones

La composición triétnica del Norte del Cauca —indígenas nasa en la montaña y en resguardos del piedemonte, afrodescendientes en la llanura cañera, campesinos mestizos dispersos entre ambos— no funciona como una convivencia pacífica repartida por pisos térmicos. Existen conflictos urgentes y potenciales entre los tres pueblos por la tierra, con casos documentados de muertos y enfrentamientos en Caloto, Cajibío, Miranda, Totoró, Inzá, Páez y Bolívar. La ampliación de resguardos sobre predios adquiridos por el Estado tropieza con la reclamación de comunidades afrodescendientes y campesinas que también reivindican esas tierras; la titulación colectiva de territorios afrodescendientes choca a veces con los cabildos indígenas y con los propietarios agroindustriales. Los guambianos —o misak— que migraron desde su territorio original en Silvia hacia las zonas cálidas de Morales y Caldono lograron, por su parte, posiciones de liderazgo comunitario reconocidas por los campesinos mestizos, que los buscaban por su pericia agrícola y su organización comunitaria, invirtiendo la vieja jerarquía racial del altiplano.

En el interior de los resguardos, además, la economía de la coca y la marihuana ha introducido dinámicas laborales que las autoridades indígenas encuentran difíciles de controlar. En el resguardo de López, por ejemplo, coexisten cultivos ilícitos, trabajo como raspachín y presencia del ejército, en un equilibrio precario que muestra hasta qué punto el Norte del Cauca no es una isla frente al conflicto nacional, sino uno de sus condensadores más agudos.

La huella

El Norte del Cauca es, en el mapa colombiano, una región densa y única. Concentra el movimiento indígena mejor organizado del país, una tradición afrodescendiente política y sindical de peso creciente, una agroindustria cañera que alimenta divisas y fiscos municipales, un cinturón industrial nacido de un decreto de emergencia sísmica y una violencia sostenida en la que las FARC hicieron su cuna y luego su tumba parcial. Sobre la misma llanura del río Palo, en menos de un día de recorrido, pueden verse la hacienda El Nilo con sus 21 cruces, los parques industriales de Villa Rica con sus zonas francas, los cortes de caña de los ingenios Cauca y La Cabaña, las trincheras indígenas de Toribío, los cascos urbanos afrodescendientes de Puerto Tejada y Guachené, y los cerros de Suárez donde nació Francia Márquez.

Lo que sostiene esa densidad no es la casualidad geográfica, sino la persistencia de una operación histórica: la desposesión como mecanismo estructural, aplicada sucesivamente sobre los mismos suelos por la Corona española, los mineros esclavistas del siglo XVIII, los hacendados republicanos, los ingenios cañeros del siglo XX y las industrias de la Ley Páez. Cada capa se montó sobre la anterior sin cancelarla; cada nueva forma de acumulación heredó los sujetos desposeídos por la anterior. Contra esa operación, el movimiento indígena construyó desde 1971 el CRIC y luego la ACIN; las comunidades afrodescendientes construyeron sus consejos comunitarios y sus sindicatos de corteros; ambos, cada uno con su gramática, forzaron al Estado a comprometerse con reparaciones territoriales que aún no se cumplen del todo y a reconocer, en la Constitución de 1991 y en el artículo 330 sobre entidades territoriales indígenas, una autonomía cuya reglamentación sigue pendiente.

El Norte del Cauca no se explica ni como territorio de víctimas ni como territorio de héroes. Se explica como el lugar donde la concentración de la tierra y la organización desde abajo llevan cuatro siglos codeterminándose, produciendo alternadamente masacres, mingas, ingenios, resguardos, parques industriales y guardias indígenas sobre el mismo pedazo de valle. La disputa está abierta; el mapa, todavía se está dibujando.