Idea transversal
Posconflicto
En Colombia, 'posconflicto' designa el umbral en que un ciclo de violencia se declara cerrado y comienza una fase de amnistías, desmovilizaciones, reformas y reintegración; un concepto que, desde la pacificación de Rojas Pinilla hasta el Acuerdo con las FARC-EP de 2016, ha nombrado sucesivos intentos de cierre que produjeron, cada vez, nuevos conflictos.
Trayectoria de una idea
- 1953
Amnistía de Rojas Pinilla y primera desmovilización masiva
- 1958
Frente Nacional y amnistía fallida de Lleras Camargo
- 1990
Desmovilización del M-19 y paz parcelada
- 2003
Acuerdo de Santa Fe de Ralito y desmovilización paramilitar
- 2005
Ley de Justicia y Paz: las víctimas como actor central
- 2012
Inicio secreto de las negociaciones con las FARC-EP en La Habana
- 2016
Firma del Acuerdo de Cartagena, plebiscito y acuerdo revisado
La lectura
El posconflicto colombiano no es un momento sino un patrón: cada cierre formal de la guerra ha producido, con regularidad casi mecánica, un nuevo conflicto bajo distintas siglas. Desde la amnistía de Rojas Pinilla en 1953 hasta la implementación del Acuerdo de 2016, el concepto ha funcionado menos como descripción de una realidad alcanzada que como promesa institucional y herramienta política para legitimar acuerdos y capturar cooperación internacional. Su historia revela una tensión irresuelta entre los cierres pactados por las élites y las condiciones estructurales —desigualdad agraria, economías ilícitas, presencia estatal precaria— que reproducen la violencia en los territorios. La irrupción de las víctimas como actor central, a partir de la Ley de Justicia y Paz de 2005, transformó el concepto: ya no bastaba con desarmar combatientes, sino que el posconflicto debía producir verdad, reparación y garantías de no repetición. Que tras la firma de Cartagena en 2016 sectores académicos y sociales propusieran sustituir 'posconflicto' por 'posacuerdo' dice mucho sobre la distancia, aprendida a lo largo de décadas, entre el umbral declarado y la paz efectivamente vivida en los territorios.
En Colombia, "posconflicto" es a la vez una promesa institucional, una categoría analítica en disputa y un patrón que se repite. Nombra el umbral en que un ciclo de violencia se declara cerrado y comienza una fase de amnistías, desmovilizaciones, reformas y reincorporación a la vida civil. Pero en un país donde la guerra rara vez termina —muta, se recompone, cambia de nombre—, el término ha designado, sucesivamente, escenarios tan distintos como la pacificación de Rojas Pinilla, la amnistía de Lleras Camargo, la desmovilización del M-19, el desarme de las AUC y la implementación del Acuerdo con las FARC-EP firmado en 2016. Cada uno prometió una salida de la violencia y produjo, en cambio, un nuevo umbral: actores rearmados, disidencias, bandas criminales, líderes sociales asesinados. La palabra, importada del vocabulario del peacebuilding internacional, se tropicalizó en un país que aprendió a vivir en sus intersticios. Comprenderla exige rastrear tanto sus antecedentes históricos como el andamiaje jurídico e institucional del último gran intento —el más ambicioso y también el más costoso— por cerrar el conflicto armado colombiano.
Qué nombra la palabra
Antes de ser categoría oficial, el posconflicto fue una expectativa. En su acepción más difundida —la del peacebuilding y de autores como Johan Galtung o John Paul Lederach— designa la fase posterior a la firma de un acuerdo de paz, en la que se despliegan mecanismos de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, reformas institucionales, justicia transicional, atención a víctimas y reconstrucción del tejido social. La teleología es explícita: el país pasa de la guerra a la paz, del pasado violento al presente reconciliado.
En Colombia, esa promesa lineal se ha estrellado con dos hechos recurrentes. Primero, la heterogeneidad de los actores armados —guerrillas de origen comunista, guerrillas nacionalistas, paramilitares, narcotraficantes, disidencias— ha impedido que un solo acuerdo cierre el conflicto: se negocia con unos mientras otros crecen, se desmoviliza a unos mientras otros los reemplazan. Segundo, los cierres formales no han disuelto las condiciones estructurales —tenencia inequitativa de la tierra, economías ilícitas, presencia estatal precaria— que producen violencia. Por eso "posconflicto" ha funcionado, con frecuencia, más como categoría política que descriptiva: un lenguaje para legitimar acuerdos, capturar cooperación internacional y organizar la agenda pública.
La palabra genera incomodidad entre quienes trabajan en los territorios. Si el fin declarado de la guerra convive con desplazamientos, asesinatos selectivos y economías ilícitas expansivas, la línea que separa el pasado violento del presente reconciliado se disuelve en la vida cotidiana. Tras la firma de Cartagena en 2016, y ante la implementación parcial de lo acordado, sectores académicos propusieron sustituir "posconflicto" por "posacuerdo": el término reconoce que lo alcanzado es un escenario posterior al acuerdo formal, no una superación efectiva del conflicto.
Los cierres antes del cierre: amnistías y pactos del siglo XX
La historia colombiana de los umbrales de posconflicto es más larga que su vocabulario. En junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla otorgó una amnistía general al asumir el poder y logró una desmovilización casi completa de los campesinos armados en el marco de la Violencia bipartidista. Buena parte de las guerrillas liberales entregó las armas; la Violencia se redujo, entonces, a campañas contrainsurgentes del ejército contra bandoleros y guerrillas liberales recalcitrantes. Pero el proceso arrojó resultados pobres. Quienes habían entregado las armas empezaron a ver la amnistía como una trampa: exguerrilleros como Teófilo Rojas, alias Chispas, encontraron fácil reclutar nuevos adeptos o convencer a sus antiguos compañeros de que la paz era una ilusión y había que rearmarse. Rojas Pinilla, además, no daba señales claras de querer devolver el poder.
El siguiente umbral fue el pacto entre las élites bipartidistas. En julio de 1956, Alberto Lleras Camargo, por el liberalismo, y Laureano Gómez, por el conservatismo, firmaron en España el Pacto de Benidorm, que dio inicio al proceso que desembocaría en el Frente Nacional. El Pacto de Sitges de 1957 lo complementó: durante dieciséis años —cuatro períodos presidenciales— el poder se compartiría igualitariamente entre los dos partidos, con alternancia presidencial cada cuatro años, independientemente de los resultados electorales. Fue, en su núcleo, un acuerdo para poner fin a la dictadura de Rojas Pinilla, reducir el sectarismo bipartidista y restablecer el gobierno civil.
Durante su presidencia, entre 1958 y 1962, Lleras Camargo ofreció una amnistía a los grupos alzados en armas. Fracasó. Los guerrilleros habían aprendido a desconfiar de tales pactos: el gobierno no cumplía y terminaba ejecutando a los amnistiados. Las autodefensas del Sumapaz y grupos vinculados al Partido Comunista se negaron a aceptar la oferta, y esa negativa precipitó su transformación en guerrillas revolucionarias. El Frente Nacional buscó pacificar el país y logró reducir el sectarismo bipartidista, pero no impidió la continuación de la lucha armada: en las márgenes del pacto —excluidas, desconfiadas, radicalizadas— se gestaron los grupos que dominarían las décadas siguientes.
El patrón que se repetirá ya está en escena: un cierre pactado por las élites, una amnistía, una desmovilización parcial, un rearme de los descontentos y una continuidad de la violencia bajo nuevas siglas. El Frente Nacional fue un pacto de alternancia y reparto burocrático que produjo su propia oposición armada. Cada posconflicto colombiano ha engendrado, con la misma regularidad, su conflicto siguiente.
El ciclo 1982-1994: desmovilización parcelada y Constitución del 91
La segunda gran oleada de negociaciones abrió con el gobierno de Belisario Betancur en 1982 y se prolongó, con interrupciones, hasta mediados de los años noventa. Fue una fase de paces parciales, marcada por la incapacidad de las guerrillas para presentarse como interlocutor único: la heterogeneidad del arco insurgente —FARC, ELN, EPL, M-19, Quintín Lame, PRT— impidió una propuesta conjunta en la mesa y favoreció un modelo de paz parcelada, negociada grupo por grupo.
El acuerdo emblemático del ciclo fue el firmado entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19 en marzo de 1990. Sergio Jaramillo aún no aparecía en la escena de la paz —lo haría décadas después—, pero el modelo que se ensayó allí prefiguraba varios elementos del proceso posterior: reconocimiento de la legitimidad del gobierno, reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos, compromiso de desmovilización y una profunda reforma política. El plan exigía el cese de hostilidades a cambio de amnistías, seguridad y participación política para quienes se reincorporaran a la vida civil.
El siguiente paso fue institucional. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se formalizó a través de dos decretos de Estado de Sitio —uno de Barco y otro de César Gaviria— y fue validada por la Corte Suprema de Justicia, tras la movilización estudiantil de la Séptima Papeleta. Cuando fracasó, en el Congreso, la reforma constitucional inicialmente pactada con el M-19 —hundida en parte por la acción de congresistas vinculados a la mafia—, la Constituyente se abrió como vía alternativa. En las elecciones de diciembre de 1990, la alianza del M-19 con el EPL desmovilizado, el PRT y el Quintín Lame obtuvo cerca de un tercio de los escaños. La Constitución de 1991 fue el primer producto tangible de un posconflicto colombiano: no un texto impuesto por vencedores, sino uno negociado con excombatientes recién incorporados a la política civil.
El EPL sufrió, sin embargo, una fractura. La disidencia liderada por Francisco Caraballo rechazó la desmovilización y se integró a la Tripartita junto con las FARC y el ELN; la facción mayoritaria, bajo Bernardo Gutiérrez, sí negoció y se desmovilizó. Las FARC y el ELN, por su parte, rechazaron los acuerdos: estaban en crecimiento militar y obtenían ingresos crecientes de la protección a cultivos de coca. La coyuntura les daba fuerza para no negociar, y no negociaron. El ciclo se cerró, otra vez, con desmovilizados incorporados al sistema político y con actores armados fortalecidos en el terreno.
Ralito, Justicia y Paz: el posconflicto como categoría jurídica
El siguiente umbral llegó bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 15 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia. Luis Carlos Restrepo, en calidad de Alto Comisionado para la Paz, encabezó por parte del Estado; por las AUC firmaron Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Carlos Castaño y otros líderes paramilitares como Hernán Hernández, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz y Jorge Pirata. El acuerdo abrió un proceso de desmovilización colectiva que, en pocos años, cambiaría la manera en que Colombia hablaba de la paz.
El marco jurídico se cristalizó en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Con ella, los paramilitares que cumplieran ciertos requisitos podían acceder a penas reducidas de entre cinco y ocho años de prisión a cambio de comparecer, entregar información sobre los crímenes cometidos y contribuir a la reparación de las víctimas. Fue el primer momento en que el concepto de justicia transicional entró de lleno en el debate público colombiano, y fue también el momento en que las víctimas empezaron a ocupar un lugar central como actor social y político. Las audiencias de versión libre, en las que jefes paramilitares narraron masacres, exhumaciones y alianzas, produjeron un impacto que se prolongaría por años y expuso los vínculos entre las estructuras armadas y figuras políticas prominentes, incluidos colaboradores cercanos del presidente Uribe.
El proceso, no obstante, arrastró desde el inicio críticas severas. Fueron registradas más de 31.000 personas como exparamilitares desmovilizados, cifra que superaba con holgura los aproximadamente 15.000 integrantes reales de las estructuras de las AUC. La diferencia se explicaba por la admisión irregular de personas cercanas, familiares y vinculados de manera indirecta que aprovechaban los beneficios sin haber pertenecido efectivamente a los grupos armados. Los críticos señalaron, además, que los retenes paramilitares no se desmontaron, que la relación con la fuerza pública continuaba siendo visible en muchas regiones y que el proceso equivalía más a una integración o legalización del paramilitarismo que a su eliminación. En vastas zonas del país, particularmente en la costa norte, los desmovilizados se reorganizaron como bandas criminales —las llamadas Bacrim— que conservaron influencia política y económica de facto.
Con Ralito y la Ley 975 quedó instalado un principio decisivo: un proceso de paz colombiano podía —debía— combinar penas atenuadas con verdad y reparación, y las víctimas eran su beneficiario primero. Uribe insistiría más tarde en que aquel modelo, con prisión efectiva a cambio de verdad, era una cosa completamente distinta —y más rigurosa— que la que se pactaría luego con las FARC. La disputa sobre esa distinción atravesaría toda la década siguiente.
La Habana: la arquitectura del Acuerdo con las FARC-EP
El proceso que llevó al Acuerdo de 2016 empezó en secreto. Las conversaciones exploratorias entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP se iniciaron el 23 de febrero de 2012 en La Habana y concluyeron el 26 de agosto de ese año, tras diez encuentros y 65 sesiones secretas. El equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos tuvo a Sergio Jaramillo como Alto Comisionado para la Paz y a Humberto de la Calle como jefe negociador en la fase pública. Su diseño rompía con el del Caguán: no habría zona de despeje, no se negociaría bajo cese al fuego, la agenda sería cerrada y acotada.
El 26 de agosto de 2012 se suscribió el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Estableció una agenda de seis puntos —cinco sustantivos y uno procedimental— que orientaría todas las negociaciones formales: Política de Desarrollo Agrario Integral; Participación política; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas; e Implementación, verificación y refrendación. Es una lista breve, pero cada punto abre décadas de conflicto no resuelto en Colombia. El 4 de septiembre de 2012, Santos anunció públicamente el inicio del proceso rodeado por la cúpula de las Fuerzas Armadas y el gabinete ministerial —un gesto calculado para blindar la negociación frente a la acusación de debilidad.
La fase pública se inauguró en Oslo, Noruega, en octubre de 2012, y la sede principal de las conversaciones se estableció en La Habana. Cuba y Noruega actuaron como países garantes; Venezuela facilitó la logística y el apoyo operativo. Iván Márquez encabezó la delegación de las FARC-EP en la mesa, con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al mando de la organización desde el terreno.
Las negociaciones se prolongaron durante casi cuatro años. Fueron tensas y quirúrgicas. El gobierno estableció límites claros frente a las demandas de las FARC. Rechazó las reformas más radicales al sistema económico y se negó a discutir en serio las relaciones de propiedad de la tierra y el acceso a los recursos naturales, históricamente sesgadas. La reforma rural que se pactó —el primer punto de la agenda— contempló mecanismos como un censo de tierras, inversiones en salud, educación, vivienda e infraestructura, y zonas de reserva campesina, pero no tocó la estructura profunda de la desigualdad agraria.
El acuerdo final se firmó en Cartagena en una ceremonia con presencia internacional a fines de septiembre de 2016. Poco después, el 2 de octubre, se celebró el plebiscito de refrendación. El No se impuso por un margen estrecho, en un resultado que sorprendió a encuestadoras y a los partidarios de ambas opciones. La oposición, liderada por Álvaro Uribe, había centrado su campaña en dos frentes: la impunidad que —según su argumento— suponía la justicia transicional acordada, y la percepción de que las FARC entrarían a la política sin rendirse ni pagar cárcel efectiva. Uribe contrastaba una y otra vez el nuevo acuerdo con el proceso paramilitar de una década antes, donde —sostenía— sí hubo penas de prisión a cambio de verdad y reparaciones.
El gobierno abrió entonces una fase de renegociación con los voceros del No. El texto revisado incorporó ajustes; entre los documentados, la obligación explícita de los insurgentes de entregar todos sus bienes mal habidos a las víctimas. La versión definitiva se firmó en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno Santos, y fue ratificada por el Congreso colombiano entre el 29 y el 30 de noviembre de ese mismo año. El Kroc Institute, tras analizar 51 variables, lo consideró el acuerdo con mayores probabilidades de gestar un posconflicto pacífico y sostenible: el marco más amplio de transición política de todos los procesos de paz en Colombia.
El Sistema Integral: JEP, Comisión de la Verdad, UBPD
La novedad institucional del Acuerdo se concentró en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tres cuerpos lo componen. La Jurisdicción Especial para la Paz —la JEP— asume la investigación y sanción de los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por excombatientes como por agentes del Estado y terceros civiles. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, recibió el mandato de esclarecer la verdad del conflicto en un período de tres años y medio. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas asumió la tarea humanitaria de localizar a los miles de desaparecidos que dejó la guerra.
La JEP priorizó siete macrocasos que ordenan su trabajo por dinámicas y patrones criminales; cuatro de ellos guardan relación con dinámicas del conflicto armado en la Amazonía. La construcción de esos casos —con testimonios de víctimas, comparecientes y organizaciones sociales— constituye el primer intento sistemático de establecer verdades judiciales sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia, incluidas las responsabilidades de agentes del Estado.
El Sistema fue la respuesta institucional a las críticas de impunidad que había arrastrado la Ley de Justicia y Paz. También fue el punto más polémico del Acuerdo. La oposición uribista sostuvo que equivalía a impunidad y argumentó que la justicia requería la rendición de las FARC y el cumplimiento de penas en establecimientos carcelarios estatales. Entre 2018 y 2021, el campo de la memoria en Colombia atravesó una transformación notable: la memoria dejó de organizar los conflictos políticos con la centralidad que había tenido en el período anterior, y las tres instituciones del Sistema quedaron como espacios donde ese trabajo seguía haciéndose, con recursos y voluntad política menguantes.
Territorios, tierras y excombatientes: la implementación
El corazón operativo del Acuerdo se jugó en los territorios. Se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación —los ETCR— en distintas zonas del país para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil. Sobre esa base se desplegaron dos programas de mayor alcance: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, o PDET, diseñados para llevar inversión estatal a los municipios más golpeados por el conflicto, articulando obras de infraestructura, servicios y desarrollo productivo; y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PNIS, que ofreció a las familias campesinas alternativas económicas a la coca.
La lógica de priorización territorial venía de antes. La investigadora Claudia López había propuesto, en la antesala del Acuerdo, concentrar la inversión posconflicto en 388 municipios rurales, con un subconjunto de 346 municipios de riesgo alto y medio por presencia de grupos ilegales y economías ilícitas, todo bajo el liderazgo de un Ministerio del Posconflicto. Esa arquitectura se filtró en el diseño oficial y quedó incorporada, con variaciones, en el mapa de los PDET.
La reincorporación produjo cifras concretas pero desiguales. En 2020 había 632 personas en proceso de reincorporación en Norte de Santander y 425 en Arauca, correspondientes a excombatientes de los frentes 33, 10 y 45 de las FARC-EP. Muchos avanzaron en proyectos productivos; otros denunciaron incumplimientos. Los patrones se repetían en distintos territorios y con distintos grupos: testimonios de excombatientes paramilitares dan cuenta de falencias reiteradas en el cumplimiento de proyectos productivos y en el acceso a créditos de vivienda, y de la percepción —extendida entre los desmovilizados— de que el incumplimiento estatal alimenta el rearme y la conformación de nuevos grupos armados posdesmovilización.
La reforma rural avanzó más lentamente que cualquier otro punto. En zonas amazónicas, actores sociales del territorio identificaron el PLADIA como instrumento orientador de los PDET y del PNIS, articulando la historia territorial con los mecanismos del proceso de paz. Pero la restitución de tierras arrastraba problemas de fondo. Al menos en un caso documentado, tierras redistribuidas por el Incoder terminaron entregadas discrecionalmente a personas que resultaron ser paramilitares, comprometiendo la legitimidad del proceso. Reclamantes de tierras enfrentaron amenazas directas por insistir en sus derechos, sin recuperar sus predios. Para el expresidente César Gaviria, parte de la violencia posacuerdo contra líderes sociales se explica precisamente porque los conflictos agrarios quedaron intactos tras la firma y porque los "terceros civiles" —empresarios, terratenientes, financiadores— se negaron a hacerse parte de la justicia transicional.
La violencia después del acuerdo
Tras la firma, en las zonas donde antes tenían presencia las FARC-EP comenzaron a operar múltiples grupos armados: disidencias de las propias FARC, el ELN en expansión, el Clan del Golfo, Los Caparros y otras estructuras menores. En 2018, comparado con 2017, la seguridad se deterioró en distintos municipios, sobre todo en aquellos donde antes había presencia guerrillera consolidada. En el Bajo Cauca antioqueño, el Clan del Golfo y Los Caparros protagonizaron una disputa armada que produjo desplazamientos masivos y asesinatos cotidianos. Las disidencias recurrieron al reclutamiento forzado bajo amenazas, ofrecieron "seguridad" a cambio de apoyo a la población civil e intentaron reclutar a firmantes del Acuerdo para regresarlos a las filas.
Las cifras del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en un país que declaraba haber entrado al posconflicto, dibujan una curva que no baja: 207 en 2017, 298 en 2018, 279 en 2019, 310 en 2020, 168 en 2021. El pico se dispara en los tres años inmediatamente posteriores a la firma y sostiene una meseta alta hasta 2020, en plena pandemia, cuando los confinamientos restringieron la movilidad civil pero no la de los violentos. Más de 1.200 líderes asesinados en cinco años sitúan a Colombia entre los países más peligrosos del mundo para quien defiende derechos humanos, ejerce liderazgo comunitario o reclama tierras. El patrón detrás de la magnitud es preciso: los asesinatos se concentran en líderes de sustitución de cultivos, reclamantes de tierras, defensores ambientales, dirigentes comunales de zonas PDET, autoridades étnicas. Buscan limitar la organización política, impedir la garantía de derechos humanos y entorpecer la implementación del acuerdo, la restitución de tierras, la defensa del medio ambiente y la sustitución de cultivos ilícitos. Los blancos han sido los actores que encarnaban, en el terreno, la promesa del Acuerdo.
De "posconflicto" a "posacuerdo": la palabra bajo tensión
El vocabulario oficial se adelantó a los hechos. En junio de 2015, durante una visita a Noruega, el presidente Santos declaró que Colombia ya había entrado al posconflicto —un año antes de que se firmara el Acuerdo, mientras las negociaciones aún continuaban en La Habana. La Fundación Ideas para la Paz, creada en 1999 con recursos del sector privado colombiano, había establecido desde antes un eje de investigación dedicado al posconflicto, enfocado en el rol de las Fuerzas Armadas, la justicia transicional, la gobernanza territorial y la educación para la paz. La categoría circulaba en think tanks, cooperación internacional y agencias del Estado antes de que existiera acuerdo alguno.
Desde la perspectiva militar institucional, la transición del conflicto a la paz implicó retos nuevos que complementaban las operaciones militares: memoria histórica, justicia transicional, Comisión de la Verdad, tareas que —según el propio discurso castrense— no habían sido atendidas con eficacia bajo las exigencias del conflicto armado activo. Para las Fuerzas Armadas, el posconflicto fue también un ejercicio de reinvención de misión.
El triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y los años posteriores de escasa implementación pusieron en evidencia las limitaciones del marco. La brecha entre la declaración institucional —"estamos en el posconflicto"— y la persistencia de la violencia territorial hizo que sectores académicos propusieran sustituir la palabra por "posacuerdo", más precisa: existe un escenario posterior al acuerdo formal, pero no una superación del conflicto. Otros fueron más lejos y cuestionaron la categoría misma. Al declarar cerrado un conflicto que muta, "posconflicto" opera ideológicamente: legitima la reducción del Estado a gestor de seguridad, desactiva las demandas de transformación estructural y facilita la captura del proceso por élites negociadoras cuyo interés es integrar a los actores armados sin alterar las relaciones de propiedad y poder que alimentan la guerra.
Un patrón, y una diferencia
El patrón colombiano de los umbrales de posconflicto es reconocible. Cada cierre pactó las condiciones jurídicas para incorporar a los excombatientes al orden legal, falló en el cumplimiento de las contraprestaciones estatales —tierras, seguridad, oportunidades— y engendró disidencias, rearmes, reciclajes: guerrillas liberales convertidas en bandoleros, autodefensas del Sumapaz convertidas en guerrillas comunistas, paramilitares desmovilizados convertidos en Bacrim, frentes de las FARC convertidos en disidencias. El posconflicto ha sido, en Colombia, menos una superación del conflicto que una fase del conflicto mismo.
El Acuerdo de 2016 introdujo, sin embargo, algo que ninguno de los cierres anteriores había logrado: una arquitectura institucional densa —JEP, Comisión de la Verdad, UBPD, ETCR, PDET, PNIS— y un protagonismo de las víctimas como actor político central. Las audiencias de la JEP, el Informe Final de la Comisión de la Verdad presentado en 2022, la búsqueda de desaparecidos que continúa, la participación política del partido Comunes —heredero jurídico de las FARC-EP— dejaron registros públicos, verdades judiciales y comunidades organizadas que no existían antes. Que su implementación haya sido parcial, o que la violencia haya mutado en su contra, no cancela ese salto: lo hace más costoso. Como categoría recurrente, el posconflicto colombiano sigue reproduciendo el patrón. Como apuesta contingente, dejó por primera vez instrumentos institucionales para juzgarlo por sus propios criterios.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Justicia transicional: andamiaje jurídico que articula penas atenuadas, verdad, reparación y garantías de no repetición; introducido formalmente en Colombia con la Ley de Justicia y Paz (2005) y profundizado en el Acuerdo con las FARC-EP (2016)
- 02Desmovilización: mecanismo operativo central de cada proceso de posconflicto colombiano, desde la amnistía de Rojas Pinilla hasta el desarme de las FARC-EP, con resultados siempre parciales y disputados
- 03FARC-EP: principal contraparte guerrillera del proceso de La Habana (2012-2016), cuyo acuerdo con el gobierno Santos constituyó el intento más ambicioso de cierre del conflicto armado colombiano
- 04AUC: actor paramilitar cuya desmovilización bajo el Acuerdo de Ralito (2003) y la Ley 975 de 2005 introdujo la justicia transicional en el debate público y visibilizó a las víctimas como sujeto político
- 05Reforma agraria: primer punto de la agenda de La Habana y condición estructural no resuelta que subyace a todos los ciclos de violencia y posconflicto en Colombia
- 06Violencia bipartidista: contexto histórico del primer gran umbral de posconflicto colombiano, que la amnistía de Rojas Pinilla intentó cerrar en 1953 sin lograrlo de forma duradera
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
69 documentos · 78 fragmentos
01Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 601 cita
[1]acuerdo político fue la reorganización del país luego del período presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyo mandato se había convertido en un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo de la Violencia, generada por la…
p. 60
02Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 701 cita
[2]dad institucional que, a su vez, permitié un notable desarrollo econémico y social. Al margen de las necesidades practicas de res- taurar la convivencia bipartidista y de librarse de la dictadura cada dia mas autocratica del general Gus- tavo Rojas Pinilla, habia, desde luego, algo mas: el reconocimiento filos6fico de…
p. 70
03El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1021 cita
[3]la ingobernabilidad. Pero, por otro lado, Rojas siguió con el proyecto constituyente autoritario que había ya inicia do Gómez, y que en esencia excluía al Partido Liberal. A medida que las críticas contra su gobierno fueron arreciando se lanzó a una represión abierta, aunque no muy sistemática, que incluía cierres…
p. 102
04Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 781 cita
[4]ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 4 T erritorial Rule during the National Front and Its Aftermath, 1958–1978 The threat posed by Rojas Pinilla’s populist leanings and his increasingly inde- pendent actions proved to be the final outrage that drove Liberal and Conserva- tive leaders to…
p. 78
05The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 351 cita
[5]Rojas Pinilla, granted a general amnesty and achieved an almost complete demobilization of the armed peasants. The indiscriminate assaults and retaliations gradually ended, and the Violencia was reduced to counterinsurgent campaigns by the army against bandits, Communist strongholds, and recalcitrant Liberal guer-…
p. 35
06Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2401 cita
[6]salido de control en las regiones, y que luego le devolviera el poder a los sectores moderados de las élites políticas liberales y conservadoras. Sin embargo, el plan no salió como lo esperaban. El proceso de pacificación arrojaba resultados más bien pobres y, más grave aún, Rojas no daba señales de querer devolver el…
p. 240
07Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2471 cita
[7]doso, el de la paridad entre los dos partidos, y buscó afianzar el poder civil, restringiendo el que tenían las fuerzas militares. Contó con la oposición de sectores disidentes de ambos parti- dos: el Unionismo de Ospina Pérez y Alzate Avendaño y el Movimiento Revolucionario Li- beral (MRL) de Alfonso López Michelsen.…
p. 247
08Nueva Historia de Colombia, Vol. II: Historia Política 1946-1986Alvaro Tirado Mejía (Director Científico y Académico), Catalina Reyes Cárdenas, Arturo Alape, Gonzalo Sánchez, Gabriel Silva Luján, Medófilo Medina, Alvaro Valencia Tovar, Fernán González · p. 1611 cita
[8]armas, se reafir- maron en la necesidad de conservar- las, y los que las habían entregado, lo lamentaron y empezaron a ver la am- --stía como una trampa del gobierno. No cabía duda, la violencia partidista retomaba la dinámica de años anterio- res. Ex guerrilleros como Teófilo Ro- jas («Chispas») encontraron fácil re-…
p. 161
09La dimensión moral del conflicto armado en Colombia. Una lectura a partir de Theodor W. AdornoTulia Almanza Loaiza · 2022 · p. 3461 cita
[9](2004) en: GMH, op. cit. (2013, 112) 565 Paul Oquist, Violencia y conflicto y política en Colombia, 322, en GMH, ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General, 115. 347 A N EX O por el Partido Comunista, y las autodefensas del Sumapaz se negaron a aceptar la amnistía, con lo cual se expusieron a…
p. 346
10Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 2921 cita
[10]presidente Barco, que en líneas gene- rales habría de mantenerse durante el gobierno de César Gaviria (1990 – 1994), tenía como elementos fundamentales el reconoci- miento de la legitimidad del Gobier no, el reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos, la manifestación expresa de las partes de su…
p. 292
11Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1381 cita
[11]con el citado Estatuto de Defensa de la Democracia que calificaba de "terroristas” todas 146 PAZ CUATRIENAL sus acciones. La norma se estrenó con el establecimiento de la Jefatura Mili tar en Urabá, baluarte electoral de la UP y del PC. Al mismo tiempo era escan dalosa la permisividad gubernamental con la expansión…
p. 138
12¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 971 cita
[12]social más amplia, como los de Córdoba o la Sierra Nevada de Santa Marta, liderados por Fidel Castaño y Hernán Giraldo. Pese a la lucha contra la amenaza narcoterrorista, durante el Gobierno Barco se reanudaron las conversaciones de paz con el M -19. Estas se habían iniciado en enero de 1989 tras el secuestro y…
p. 97
13Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2711 cita
[13]a c ó mo ofrecer a los grupos pol í ticos surgidos de la guerrilla condiciones favorables para el ejercicio democr á tico. La negociaci ó n llev ó, a comienzos de 1990, a la fir ma de la paz con el m -19 y otros grupos guerrilleros (el epl, el prt, el ind í gena Movimiento Armado Quint í n Lame), convencidos ya de la…
p. 271
14Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 2001 cita
[14]M -19 eran, de hecho, guerrillas urbanas comprometidas, no muy diferentes a los Tupamaros, de Uruguay o a los Montoneros, de Argentina. En Año Nuevo de 1979, habiendo construido un túnel secreto debajo de una base militar, se robaron más de cinco mil armas del Ejército colombiano. Un año después, se tomaron la…
p. 200
15Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1511 cita
[15]se observan en los sucesivos procesos se explican, en buena medida, por el deseo de no repetir los errores de oportunidades anteriores y por las evoluciones que se iban presen- tando en las distintas coyunturas. Pero más allá de las diferencias entre un proceso y otro, es posible hablar de dos modelos generales que…
p. 151
16Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 1, 74 citas
[16]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1
[17]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1
[20]que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda” (Lozano, 27 de abril de 1990). De otra parte, por la imposibilidad de encontrar puntos en común frente a la decisión…
p. 7
[21]que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda” (Lozano, 27 de abril de 1990). De otra parte, por la imposibilidad de encontrar puntos en común frente a la decisión…
p. 7
17Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 321 cita
[18]initiatives bifurcated the guerrilla movement, which then re- inforced a bifurcated state policy toward the two halves. Gaviria continued the peace initiatives begun by Barco, o ff ering material incentives and po- litical representation in the Constitutional Assembly to guerrilla groups that would demobilize but,…
p. 32
18Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1701 cita
[19]para que se privilegiaran las listas únicas. El M-19 pactó con el Gobierno que el acuerdo se volviera ley en el Congreso y que luego se convocaría a un referendo para reformar electoral- mente la Constitución del 86. Pero la mafia actuó por medio de sus congresistas y tumbó el acuerdo con mayorías parlamenta- rias…
p. 170
19Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 1011 cita
[22]# 93. Anales del Congreso, 7 de noviembre de 1986 # 130. Anales del Congreso, 28 de octubre de 1986 # 118. 103 Argelino Durán Quintero. Un ocaso político signado por la guerra 2.5. El retiro y la tragedia 2.5.1. Diálogos de paz: entre la esperanza y la frustración Cuando Argelino decidió retirarse de la vida política,…
p. 101
20Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 4031 cita
[23]una Colombia en paz con opor- tunidades y garantías para todos. Por el Gobierno Nacional: LUIS CARLOS RESTREPO Alto Comisionado para la Paz Por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC: HERNAN HERNÁNDEZ RAMIRO VANOY LUIS CIFUENTES FRANCISCO TABARES ADOLFO PAZ JORGE PIRATA VICENTE CASTAÑO CARLOS CASTAÑO SALVATORE…
p. 403
21No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 30, 5652 citas
[24]financiación y las redes de coope- rantes, así como de milicias y redes clandestinas. Hubo una fuerte internacionalización del conflicto con la plena implementación del Plan Colombia y con la creación de un bloque latinoamericano de izquierdas, que respaldó una salida política a la guerra. Las guerrillas instalaron…
p. 30
[71]en 2017 asesi- naron 207 personas; en 2018 a 298; en 2019 a 279; en 2020 a 310, y en 2021 a 168. Otro de los hechos que más alarmas generan es el asesinato de excombatientes de las FARC-EP, según la ONU, a octubre de 2021 casi 292 de ellos habían sido asesinados tras dejar las armas 1638. Para el expresidente César…
p. 565
22Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 481 cita
[25]de Justicia y Paz, dejan por fuera el análisis detallado de las funciones representacionales y expresi- vas de la justicia transicional. Ello, sin embargo, tiene sus razones. La autorreferencialidad de la racionalidad jurídica, fundamento lógico de la autonomía de la justicia, suele prevenir contra una intervención no…
p. 48
23Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 2591 cita
[26]the nation’s paramilitary forces, the AUC, which resulted in the 2005 “Ley de Justicia y Paz,” whereby the forces disbanded, publicly admitted to crimes, and received reduced sentences for their apparent transparency. The public airing of some of these crimes, massacres in many cases, shocked Colombians, and soon many…
p. 259
24Orden y libertad. Economía política del castigo en Colombia y LatinoaméricaManuel Iturralde · 2022 · p. 1721 cita
[27]miembros del sector industrial y gran- des empresarios), y organizaciones sociales y religiosas que, a pesar de ser de orígenes diversos, compartían una ideología conservadora y antisubversiva. El argumento principal de la campaña por el No era que no estaba en contra de la paz sino de la impunidad. Para esta…
p. 172
25Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 332 citas
[28]diseño de un nuevo programa de reintegración a la vida civil, destinado a los exintegrantes de grupos paramilitares y a la con - tinuación de la “desmovilización individual” de exguerrilleros. Su ejecución quedó a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación para varios asuntos con el Alto Comi -…
p. 33
[29]diseño de un nuevo programa de reintegración a la vida civil, destinado a los exintegrantes de grupos paramilitares y a la con - tinuación de la “desmovilización individual” de exguerrilleros. Su ejecución quedó a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia, en coordinación para varios asuntos con el Alto Comi -…
p. 33
26Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 2491 cita
[30]se hablaba de desmovilización sino que se registraba la complacencia con el gobierno del Presidente Uribe al cual están dispuestos a de-volverle el papel de Estado que han estado ejerciendo en muchas regiones, no para desaparecer como fuerza sino para integrarse a los proyectos del Estado y participar con él en el…
p. 249
27Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 2491 cita
[31]se hablaba de desmovilización sino que se registraba la complacencia con el gobierno del Presidente Uribe al cual están dispuestos a de-volverle el papel de Estado que han estado ejerciendo en muchas regiones, no para desaparecer como fuerza sino para integrarse a los proyectos del Estado y participar con él en el…
p. 249
28Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 491 cita
[32]una especie de adenda sobre derechos humanos y una presentación de los principios y las generalidades. El título del documento ilustra su enfoque. Se encamina a darle cuerpo a la obsesión gubernamental de que las víctimas tienen que estar en el centro de la salida política del conflicto armado. Se trata de un acuerdo…
p. 49
29Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 8281 cita
[33]infraestructura económica de la Nación, hacer irreversibles los logros alcanzados en materia de seguridad y consolidación 937. Pese a la muerte de Cano, el proceso que se adelantaba entre las partes no se detuvo. En silencio se habían iniciado los acercamientos que podrían llevar al final del conflicto político armado…
p. 828
30Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 651 cita
[34]mundo. El Consejo está integrado por cinco miembros permanentes: China, Francia, Federación Rusa, Reino Unido y Estados Unidos.Y por 10 no permanentes: Angola, Egipto, España, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Senegal, Ucrania, Uruguay, y Venezuela. El día 27, los 33 gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos…
p. 65
31Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 3551 cita
[35]de sustitución y recuperación am- biental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos. b.- Programas de prevención del consumo y salud pública. c.- Solución del fenómeno de producción del consumo y la sa- lud pública. 5. Víctimas. Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional-farc-ep. En…
p. 355
32The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 6151 cita
[36]for Toward a Stable and Enduring Peace 593 Peace anyway, despite the “no” vote. Over a four-year period many young Colombi- ans had become used to hearing the term “postconflict” used to describe the country they lived in. For them, turning the page means moving into uncharted political terrain. The delegates of the…
p. 615
33Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1201 cita
[37]Jurídico para la Paz, el Gobierno de Juan Manuel Santos ini- ció nuevamente un proceso de diálogos de paz con las FARC que se plasmó en el Acuerdo General para la Terminación del Conflic- to y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 161. A partir de la suscripción de dicho acuerdo que contempla una agenda de…
p. 120
34Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 891 cita
[38]la que, por primera vez, resulta posible pensar en su desactivación por la vía militar debido a que tras décadas de violencia, y sin atisbo de victoria por ningún lado, tanto Gobierno como guerrilla, racionalmente, llegan a un punto crítico (ripe moment) por el que mantener el conflicto abierto es mutuamente…
p. 89
35The Face of Peace: Government Pedagogy amid Disinformation in ColombiaGwen Burnyeat · 2022 · p. 641 cita
[39]Havana, accompanied by representatives from the Norwegian and Cuban governments, to discuss an agenda for formal negotiations. The FARC wanted to resume the twelve- point agenda from Caguán. The government wanted a more limited agenda, and Santos (2019, 320) insisted on various “red lines”: the political and economic…
p. 64
36At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 3051 cita
[40]a backchannel contact with FARC leaders early on that resulted in ongoing secret preliminary talks with FARC leaders in Havana, Cuba in February 2012. By August, Santos and the FARC signed onto a formal document outlining the conditions of a formal peace process, the rules by which the negotiations would operate, and…
p. 305
3730 hechos que cambiaron la historia de ColombiaRafael Pardo Rueda · 2022 · p. 2771 cita
[41]cualquier guerra asimétrica. Hoy, por fortuna, todos los países de la región son firmes aliados en la búsqueda de la paz, que es el propósito más noble de cualquier sociedad. También logramos algo muy importante, que fue convenir un modelo de justicia transicional que nos permite obtener el máximo de justicia sin…
p. 277
38La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 4661 cita
[42]de las Farc, que era la noticia del momento no solo en Colombia sino en el continente”. (Nueva York, 24 de septiembre de 2010) “Si hemos tenido víctimas, si aún siguen produciéndose víctimas, vamos a ubicarnos y a pararnos en la orilla que nos corresponde: al lado de ellas, de su parte, abrazando y comprendiendo su…
p. 466
39Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1401 cita
[43]de falsos positivos». presentación 141 Posacuerdo: transición y riesgos de una paz inestable (2017—2022) 142 fiflćflff fl. fifl E l 2 de octubre del 2016, tras una semana de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en Cartagena, el plebiscito en el que se le preguntó a la ciudadanía «¿apoya usted el Acuerdo…
p. 140
40Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 3741 cita
[44]Instituto, el que mayor probabilidades tenía — de acuerdo con 51 variables consideradas— de gestar un posconflicto pacífico y sostenible, es decir, una “paz de calidad” (< quality peace)M S. ¿Cómo explicar, en tonces, este resultado que sorprendió a tirios y a troyanos, tanto a los partidarios del Sí como a los…
p. 374
41Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 1421 cita
[45]the ELN’s options dramatically diminished, as they became the sole military target of the Colombian armed forces. However, the ELN leadership does not exert complete control over midlevel field commanders, and this has led to erratic and unpredictable decisions/actions. Finally, it is inevitable to assume that any…
p. 142
42Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 3851 cita
[46]yo escrutaba, por lo menos, el Sí había barrido sobre el No. Yo sentía que ese día estábamos ratificando un sueño, que era el de terminar esa guerra con la guerrilla y empezar a aprender a convivir en paz en medio de todas nuestras diferencias. Por eso, cuando comenzaron a llegar los resultados —que fueron…
p. 385
43Colombia bizarraPirry · 2022 · p. 2261 cita
[47]la elección más importante de la historia contemporánea del país, que buscaba refrendar con una pregunta directa los acuerdos de paz iniciados en 2012 por el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenía no solo la meteorología en contra, sino una serie de hechos que…
p. 226
44Colombia: Background and U.S. RelationsJune S. Beittel · 2018 · p. 51 cita
[48]as his top priorities, although achieving the peace agreement remained clearly his major focus. In August 2016, the government and FARC negotiators announced they had concluded their talks and achieved a 300-page peace agreement covering six topics. The accord was subsequently narrowly defeated in a popular…
p. 5
45Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 1681 cita
[49]foco de controversia: la participación en política de excombatientes acusados de crímenes graves y la estructura del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación como escenario para que concurrieran a rendir cuentas todos los victimarios. El ambiente en La Habana estaba ya saturado. Cuando el Presidente transmitió la idea…
p. 168
46La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2001 cita
[50]poder proteger sus vidas. El Acuerdo de Paz más reciente fue negociado en La Habana, Cuba, en 2012, y firmado finalmente en el Teatro Colón en Bogotá, en noviembre de 2016, entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (dos periodos, 2010-2018), y constituye el marco de transición política más…
p. 200
47Sociology in ColombiaJanneth Aldana Cedeño · 2023 · p. 871 cita
[51]the Orinoquia, was Alfredo Molano. J. ALDANA CEDEÑO 83 Resulting of the partial agreement of Havana (2015) built once the cycle of peace negotiations between the government of Juan Manuel Santos (2010–2018) and the FARC was closed, some optimism before the possibility of configuring a post-conflict sociology was…
p. 87
48Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 331 cita
[52]such an enthusiasm with a “post-conflict” Colombia was manifested even before a peace agreement had been reached in La Habana (Cuba) between the government and the FARC. 4 As an illus- tration, Fundación Ideas para La Paz (FIP, in Spanish), a think tank established in 1999 with resources from the Colombian private…
p. 33
49Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 211 cita
[53]última década, que por sí solas no cambiaron el rumbo del conflicto, pero que indudablemente sentaron las bases para afrontarlo con mayores posibilidades de éxito. Si la Constitución del 91 fue una apertura institucional para la insurgencia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue una incursión, incipiente…
p. 21
50Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 1692 citas
[54]normalizaciones de la vida cotidiana— plantea continuidades y mutaciones que pondrían en tela de juicio precisamente la ruptura entre “pasa - do” y “presente”. Una deconstrucción de dicha teleología requiere del análisis no solo de esta serie de dispositivos y ámbitos que operan integradamente (en últimas, incluso…
p. 169
[55]normalizaciones de la vida cotidiana— plantea continuidades y mutaciones que pondrían en tela de juicio precisamente la ruptura entre “pasa - do” y “presente”. Una deconstrucción de dicha teleología requiere del análisis no solo de esta serie de dispositivos y ámbitos que operan integradamente (en últimas, incluso…
p. 169
51Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 2781 cita
[56]otros retos y desafíos que complementan las operaciones militares: el Comando estratégico de transición, porque estamos haciendo una transición de un país que por más de cincuenta años ha estado en un conflicto armado a una transición hacia la construcción de una paz estable y duradera, óigame bien. Primer gran reto.…
p. 278
52Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1961 cita
[57]otro que lo ponga a matar, no van a haber hombres ni para la guerrilla, ni para el Gobierno» 695. Por eso, cuando se establecieron las Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) en Tibú, Norte de Santander, y en Arauquita, Arauca, hubo expectativa porque los miembros de las FARC-EP dejaban sus armas para…
p. 196
53El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 3751 cita
[58]luchar por lo que… lo que uno quiere conseguir, pues lo consigue uno sin tanta cosa pa’llá y pa’cá, que trabajando se consiguen muchas cosas” (CNMH, MNJCV, 2014, 24 de abril). 374 EL BLOQUE MINEROS DE LAS AUC Gráfico 59. Posición ante la desmovilización del grupo armado Fuente: CNMH-DAV, elaboración propia, 2020.…
p. 375
54La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 5051 cita
[59]vida, salud y aquí estoy, pero de lo resto, no estoy agradecido con ellos. (CNMH, MNJCV, 2017, 15 de mayo) En esa misma vía, un exintegrante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte manifiesta que ha estado comprometido en su en proceso de reintegra- ción pero que lamentablemente existen fallas, particularmente en…
p. 505
55El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 5782 citas
[60]que fuera por ahí dizque a manejarle una zona de Barranca y tienen que ponerse de acuerdo con la guerrilla pa trabajar; entonces eso ya no es autodefensa. (CNMH, MNJCV, 2013, 27 de noviembre) En oposición hay quienes consideran que son el mismo grupo, pero con diferente nombre. “Las autodefensas se acabaron, pero por…
p. 578
[61]que fuera por ahí dizque a manejarle una zona de Barranca y tienen que ponerse de acuerdo con la guerrilla pa trabajar; entonces eso ya no es autodefensa. (CNMH, MNJCV, 2013, 27 de noviembre) En oposición hay quienes consideran que son el mismo grupo, pero con diferente nombre. “Las autodefensas se acabaron, pero por…
p. 578
56Convocatoria a la paz grande. Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No RepeticiónComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 161 cita
[62]desapariciones y los secuestros se contaban por centenas; los desplazamientos, por cientos de miles, y todas las camas del Hospital Militar estaban copadas por heridos de guerra. Lo ganado con el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es una realidad. Si bien no se dio la transformación participativa regional que se…
p. 16
57Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1651 cita
[63]«El Pladia era muy interesante, porque para el proceso social era como esa articu- lación entre lo que se venía del proceso de paz y lo que había pasado en el territorio históricamente. Entonces, para ellos y para ellas era, en su momento, como esa carta que ellos tenían de así van a ser los PDET, así van a ser los…
p. 165
58Desaparición forzada. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoElsa Blair · 2018 · p. 151 cita
[64]en el futuro inmediato, por medio de acciones, programas y proyectos que den respuesta a las demandas inaplazables de las víctimas. Solo así se logrará dar cumplimiento a algunas de las tareas pendientes del Esta- do, si de verdad quiere contribuir a resarcirlas y a la búsqueda de la paz en el país; en cuanto a la…
p. 15
59Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronterasCentro Nacional de Memoria Histórica, Juan Manuel Zarama Santacruz, Randolf Laverde Tamayo, Juan Pablo Luque · 2018 · p. 2971 cita
[65]de una apuesta colectiva para reconocer sus opiniones, experiencias, testimonios y aportes. Entender la complejidad del fenómeno requiere también reco- nocer las experiencias históricas de otros procesos de exilio en América Latina, que pueden arrojar luces sobre cómo abordar el presente y el camino hacia el futuro.…
p. 297
60Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 4401 cita
[66]humanitarian consciousness over centuries of violent conflict. In this sense, these encoun - ters become emergent archives allowing us to break away from the heroic construction of memories—which perhaps inevitably leads to the constitu - tion of two hate-filled, antagonistic camps—and to opt for more worthy memory…
p. 440
61Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 901 cita
[67]Esta conflagración estructural no puede seguir siendo motivo de debate. Exige un consenso sobre los hechos y una verdad que ahora por fin podemos empezar a encontrar. Para cortar el ciclo de las nuevas afrentas necesitamos claridad sobre muchas ya cometidas. Zanjar nuestra polarización y empezar a cerrar por fin su…
p. 90
62Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1841 cita
[68]hechos de violencia sistemática buscan limitar la organización y participación política, impedir la garantía de los derechos humanos y entorpecer los procesos de implementación del acuerdo, restitución de tierras, defensa del medio ambiente y sustitución de cultivos de uso ilícito. Un dirigente indígena del norte del…
p. 184
63Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1901 cita
[69]desplazamientos de veredas. Hubo un momento e n que tuvimos que usar las instalaciones de la iglesia para albergar a los desplazados. Una vereda completa que desplazaron. De ahí a principios de 2019 se puso la cosa más difícil todavía, porque ya todos los días mataban a alguien en el pueblo; entonces comenzaron a…
p. 190
64Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 3431 cita
[70]guerra. La desaparición forzada igualmente había caído, el secuestro estaba a punto de desaparecer; en fin los resultados eran evidentes. En el gráfico 50 se ve la evolución de los homicidios a nivel nacional. Nótese la reducción entre 2012 y 2017. Los datos de 2018 están hasta septiembre 30. Luego, en el gráfico 51…
p. 343
65Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1911 cita
[72]territorio haciendo cobros injustos y violentos a través de citaciones y mensajes, que sirven también para reclutamiento forzado bajo amenazas y que se reportaron ofrecimientos a firmantes del Acuerdo de volver a las filas. A la población civil la intimidan a través de advertencias y mensajes amenazantes en los que se…
p. 191
66Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4712 citas
[73]la notaría (…) sí hay reclamantes y se ha motivado muchísimo, se ha trabajado a través de la Mesa Municipal de Víctimas (…) Hay un señor que lo ha venido trabajando y él incluso está pidiendo protección porque ha tenido muchas amenazas, porque sigue in- sistiendo en el tema de tierras. Fue víctima de Jairo Correa. Y…
p. 471
[74]la notaría (…) sí hay reclamantes y se ha motivado muchísimo, se ha trabajado a través de la Mesa Municipal de Víctimas (…) Hay un señor que lo ha venido trabajando y él incluso está pidiendo protección porque ha tenido muchas amenazas, porque sigue in- sistiendo en el tema de tierras. Fue víctima de Jairo Correa. Y…
p. 471
67Participating in Peace: Violence, Development and Dialogue in ColombiaJefferson Jaramillo-Marín, Luz Mery López-Lizarazo, Adriel Ruiz-Galvan, Matthew Louis Bishop, Juan Mario Díaz-Arévalo, Juan Miguel Kanai, Melanie Lombard, Simon Rushton, Anastasia Shesterinina, Henry Staples, Helen Louise Turton · 2023 · p. 371 cita
[75]‘progress’ was expected to reach deep into forgotten places. In the president’s early speeches, he used the rhetorical idea of ‘locomotive’ sectors, which tellingly points to a system of infrastructure- enabled geographical expansion of the Colombian economy predicated on strategic activities linked to transnational…
p. 37
68Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 2142 citas
[76]well as those coming from illegal groups. Other means would be a land census; investments in health, edu- cation, housing and infrastructure; and reserve zones. 16 The second tentative agreement, reached in Novem ber 2013, dealt with po liti cal rights. It stated that there would be a national event during which…
p. 214
[77]well as those coming from illegal groups. Other means would be a land census; investments in health, edu- cation, housing and infrastructure; and reserve zones. 16 The second tentative agreement, reached in Novem ber 2013, dealt with po liti cal rights. It stated that there would be a national event during which…
p. 214
69¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 5351 cita
[78]territorial en los 388 municipios rurales que proponemos priorizar, que el r-.1inisterio del Posconflicto lidere el conjunto de inversiones en ciudadanía, equidad social y Estado en los 346 municipios priorizados como de riesgo alto y medio por presencia de ilegales y economías ilicitas. Por otro lado, que la agencia…
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