Posconflicto

Posconflicto

En Colombia, "posconflicto" es a la vez una promesa institucional, una categoría analítica en disputa y un patrón que se repite. Nombra el umbral en que un ciclo de violencia se declara cerrado y comienza una fase de amnistías, desmovilizaciones, reformas y reincorporación a la vida civil. Pero en un país donde la guerra rara vez termina —muta, se recompone, cambia de nombre—, el término ha designado, sucesivamente, escenarios tan distintos como la pacificación de Rojas Pinilla, la amnistía de Lleras Camargo, la desmovilización del M-19, el desarme de las AUC y la implementación del Acuerdo con las FARC-EP firmado en 2016. Cada uno prometió una salida de la violencia y produjo, en cambio, un nuevo umbral: actores rearmados, disidencias, bandas criminales, líderes sociales asesinados. La palabra, importada del vocabulario del peacebuilding internacional, se tropicalizó en un país que aprendió a vivir en sus intersticios. Comprenderla exige rastrear tanto sus antecedentes históricos como el andamiaje jurídico e institucional del último gran intento —el más ambicioso y también el más costoso— por cerrar el conflicto armado colombiano.

Qué nombra la palabra

Antes de ser categoría oficial, el posconflicto fue una expectativa. En su acepción más difundida —la del peacebuilding y de autores como Johan Galtung o John Paul Lederach— designa la fase posterior a la firma de un acuerdo de paz, en la que se despliegan mecanismos de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes, reformas institucionales, justicia transicional, atención a víctimas y reconstrucción del tejido social. La teleología es explícita: el país pasa de la guerra a la paz, del pasado violento al presente reconciliado.

En Colombia, esa promesa lineal se ha estrellado con dos hechos recurrentes. Primero, la heterogeneidad de los actores armados —guerrillas de origen comunista, guerrillas nacionalistas, paramilitares, narcotraficantes, disidencias— ha impedido que un solo acuerdo cierre el conflicto: se negocia con unos mientras otros crecen, se desmoviliza a unos mientras otros los reemplazan. Segundo, los cierres formales no han disuelto las condiciones estructurales —tenencia inequitativa de la tierra, economías ilícitas, presencia estatal precaria— que producen violencia. Por eso "posconflicto" ha funcionado, con frecuencia, más como categoría política que descriptiva: un lenguaje para legitimar acuerdos, capturar cooperación internacional y organizar la agenda pública.

La palabra genera incomodidad entre quienes trabajan en los territorios. Si el fin declarado de la guerra convive con desplazamientos, asesinatos selectivos y economías ilícitas expansivas, la línea que separa el pasado violento del presente reconciliado se disuelve en la vida cotidiana. Tras la firma de Cartagena en 2016, y ante la implementación parcial de lo acordado, sectores académicos propusieron sustituir "posconflicto" por "posacuerdo": el término reconoce que lo alcanzado es un escenario posterior al acuerdo formal, no una superación efectiva del conflicto.

Los cierres antes del cierre: amnistías y pactos del siglo XX

La historia colombiana de los umbrales de posconflicto es más larga que su vocabulario. En junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla otorgó una amnistía general al asumir el poder y logró una desmovilización casi completa de los campesinos armados en el marco de la Violencia bipartidista. Buena parte de las guerrillas liberales entregó las armas; la Violencia se redujo, entonces, a campañas contrainsurgentes del ejército contra bandoleros y guerrillas liberales recalcitrantes. Pero el proceso arrojó resultados pobres. Quienes habían entregado las armas empezaron a ver la amnistía como una trampa: exguerrilleros como Teófilo Rojas, alias Chispas, encontraron fácil reclutar nuevos adeptos o convencer a sus antiguos compañeros de que la paz era una ilusión y había que rearmarse. Rojas Pinilla, además, no daba señales claras de querer devolver el poder.

El siguiente umbral fue el pacto entre las élites bipartidistas. En julio de 1956, Alberto Lleras Camargo, por el liberalismo, y Laureano Gómez, por el conservatismo, firmaron en España el Pacto de Benidorm, que dio inicio al proceso que desembocaría en el Frente Nacional. El Pacto de Sitges de 1957 lo complementó: durante dieciséis años —cuatro períodos presidenciales— el poder se compartiría igualitariamente entre los dos partidos, con alternancia presidencial cada cuatro años, independientemente de los resultados electorales. Fue, en su núcleo, un acuerdo para poner fin a la dictadura de Rojas Pinilla, reducir el sectarismo bipartidista y restablecer el gobierno civil.

Durante su presidencia, entre 1958 y 1962, Lleras Camargo ofreció una amnistía a los grupos alzados en armas. Fracasó. Los guerrilleros habían aprendido a desconfiar de tales pactos: el gobierno no cumplía y terminaba ejecutando a los amnistiados. Las autodefensas del Sumapaz y grupos vinculados al Partido Comunista se negaron a aceptar la oferta, y esa negativa precipitó su transformación en guerrillas revolucionarias. El Frente Nacional buscó pacificar el país y logró reducir el sectarismo bipartidista, pero no impidió la continuación de la lucha armada: en las márgenes del pacto —excluidas, desconfiadas, radicalizadas— se gestaron los grupos que dominarían las décadas siguientes.

El patrón que se repetirá ya está en escena: un cierre pactado por las élites, una amnistía, una desmovilización parcial, un rearme de los descontentos y una continuidad de la violencia bajo nuevas siglas. El Frente Nacional fue un pacto de alternancia y reparto burocrático que produjo su propia oposición armada. Cada posconflicto colombiano ha engendrado, con la misma regularidad, su conflicto siguiente.

El ciclo 1982-1994: desmovilización parcelada y Constitución del 91

La segunda gran oleada de negociaciones abrió con el gobierno de Belisario Betancur en 1982 y se prolongó, con interrupciones, hasta mediados de los años noventa. Fue una fase de paces parciales, marcada por la incapacidad de las guerrillas para presentarse como interlocutor único: la heterogeneidad del arco insurgente —FARC, ELN, EPL, M-19, Quintín Lame, PRT— impidió una propuesta conjunta en la mesa y favoreció un modelo de paz parcelada, negociada grupo por grupo.

El acuerdo emblemático del ciclo fue el firmado entre el gobierno de Virgilio Barco y el M-19 en marzo de 1990. Sergio Jaramillo aún no aparecía en la escena de la paz —lo haría décadas después—, pero el modelo que se ensayó allí prefiguraba varios elementos del proceso posterior: reconocimiento de la legitimidad del gobierno, reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos, compromiso de desmovilización y una profunda reforma política. El plan exigía el cese de hostilidades a cambio de amnistías, seguridad y participación política para quienes se reincorporaran a la vida civil.

El siguiente paso fue institucional. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente se formalizó a través de dos decretos de Estado de Sitio —uno de Barco y otro de César Gaviria— y fue validada por la Corte Suprema de Justicia, tras la movilización estudiantil de la Séptima Papeleta. Cuando fracasó, en el Congreso, la reforma constitucional inicialmente pactada con el M-19 —hundida en parte por la acción de congresistas vinculados a la mafia—, la Constituyente se abrió como vía alternativa. En las elecciones de diciembre de 1990, la alianza del M-19 con el EPL desmovilizado, el PRT y el Quintín Lame obtuvo cerca de un tercio de los escaños. La Constitución de 1991 fue el primer producto tangible de un posconflicto colombiano: no un texto impuesto por vencedores, sino uno negociado con excombatientes recién incorporados a la política civil.

El EPL sufrió, sin embargo, una fractura. La disidencia liderada por Francisco Caraballo rechazó la desmovilización y se integró a la Tripartita junto con las FARC y el ELN; la facción mayoritaria, bajo Bernardo Gutiérrez, sí negoció y se desmovilizó. Las FARC y el ELN, por su parte, rechazaron los acuerdos: estaban en crecimiento militar y obtenían ingresos crecientes de la protección a cultivos de coca. La coyuntura les daba fuerza para no negociar, y no negociaron. El ciclo se cerró, otra vez, con desmovilizados incorporados al sistema político y con actores armados fortalecidos en el terreno.

Ralito, Justicia y Paz: el posconflicto como categoría jurídica

El siguiente umbral llegó bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 15 de julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia. Luis Carlos Restrepo, en calidad de Alto Comisionado para la Paz, encabezó por parte del Estado; por las AUC firmaron Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Carlos Castaño y otros líderes paramilitares como Hernán Hernández, Ramiro Vanoy, Luis Cifuentes, Francisco Tabares, Adolfo Paz y Jorge Pirata. El acuerdo abrió un proceso de desmovilización colectiva que, en pocos años, cambiaría la manera en que Colombia hablaba de la paz.

El marco jurídico se cristalizó en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz. Con ella, los paramilitares que cumplieran ciertos requisitos podían acceder a penas reducidas de entre cinco y ocho años de prisión a cambio de comparecer, entregar información sobre los crímenes cometidos y contribuir a la reparación de las víctimas. Fue el primer momento en que el concepto de justicia transicional entró de lleno en el debate público colombiano, y fue también el momento en que las víctimas empezaron a ocupar un lugar central como actor social y político. Las audiencias de versión libre, en las que jefes paramilitares narraron masacres, exhumaciones y alianzas, produjeron un impacto que se prolongaría por años y expuso los vínculos entre las estructuras armadas y figuras políticas prominentes, incluidos colaboradores cercanos del presidente Uribe.

El proceso, no obstante, arrastró desde el inicio críticas severas. Fueron registradas más de 31.000 personas como exparamilitares desmovilizados, cifra que superaba con holgura los aproximadamente 15.000 integrantes reales de las estructuras de las AUC. La diferencia se explicaba por la admisión irregular de personas cercanas, familiares y vinculados de manera indirecta que aprovechaban los beneficios sin haber pertenecido efectivamente a los grupos armados. Los críticos señalaron, además, que los retenes paramilitares no se desmontaron, que la relación con la fuerza pública continuaba siendo visible en muchas regiones y que el proceso equivalía más a una integración o legalización del paramilitarismo que a su eliminación. En vastas zonas del país, particularmente en la costa norte, los desmovilizados se reorganizaron como bandas criminales —las llamadas Bacrim— que conservaron influencia política y económica de facto.

Con Ralito y la Ley 975 quedó instalado un principio decisivo: un proceso de paz colombiano podía —debía— combinar penas atenuadas con verdad y reparación, y las víctimas eran su beneficiario primero. Uribe insistiría más tarde en que aquel modelo, con prisión efectiva a cambio de verdad, era una cosa completamente distinta —y más rigurosa— que la que se pactaría luego con las FARC. La disputa sobre esa distinción atravesaría toda la década siguiente.

La Habana: la arquitectura del Acuerdo con las FARC-EP

El proceso que llevó al Acuerdo de 2016 empezó en secreto. Las conversaciones exploratorias entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP se iniciaron el 23 de febrero de 2012 en La Habana y concluyeron el 26 de agosto de ese año, tras diez encuentros y 65 sesiones secretas. El equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos tuvo a Sergio Jaramillo como Alto Comisionado para la Paz y a Humberto de la Calle como jefe negociador en la fase pública. Su diseño rompía con el del Caguán: no habría zona de despeje, no se negociaría bajo cese al fuego, la agenda sería cerrada y acotada.

El 26 de agosto de 2012 se suscribió el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Estableció una agenda de seis puntos —cinco sustantivos y uno procedimental— que orientaría todas las negociaciones formales: Política de Desarrollo Agrario Integral; Participación política; Fin del conflicto; Solución al problema de las drogas ilícitas; Víctimas; e Implementación, verificación y refrendación. Es una lista breve, pero cada punto abre décadas de conflicto no resuelto en Colombia. El 4 de septiembre de 2012, Santos anunció públicamente el inicio del proceso rodeado por la cúpula de las Fuerzas Armadas y el gabinete ministerial —un gesto calculado para blindar la negociación frente a la acusación de debilidad.

La fase pública se inauguró en Oslo, Noruega, en octubre de 2012, y la sede principal de las conversaciones se estableció en La Habana. Cuba y Noruega actuaron como países garantes; Venezuela facilitó la logística y el apoyo operativo. Iván Márquez encabezó la delegación de las FARC-EP en la mesa, con Rodrigo Londoño, alias Timochenko, al mando de la organización desde el terreno.

Las negociaciones se prolongaron durante casi cuatro años. Fueron tensas y quirúrgicas. El gobierno estableció límites claros frente a las demandas de las FARC. Rechazó las reformas más radicales al sistema económico y se negó a discutir en serio las relaciones de propiedad de la tierra y el acceso a los recursos naturales, históricamente sesgadas. La reforma rural que se pactó —el primer punto de la agenda— contempló mecanismos como un censo de tierras, inversiones en salud, educación, vivienda e infraestructura, y zonas de reserva campesina, pero no tocó la estructura profunda de la desigualdad agraria.

El acuerdo final se firmó en Cartagena en una ceremonia con presencia internacional a fines de septiembre de 2016. Poco después, el 2 de octubre, se celebró el plebiscito de refrendación. El No se impuso por un margen estrecho, en un resultado que sorprendió a encuestadoras y a los partidarios de ambas opciones. La oposición, liderada por Álvaro Uribe, había centrado su campaña en dos frentes: la impunidad que —según su argumento— suponía la justicia transicional acordada, y la percepción de que las FARC entrarían a la política sin rendirse ni pagar cárcel efectiva. Uribe contrastaba una y otra vez el nuevo acuerdo con el proceso paramilitar de una década antes, donde —sostenía— sí hubo penas de prisión a cambio de verdad y reparaciones.

El gobierno abrió entonces una fase de renegociación con los voceros del No. El texto revisado incorporó ajustes; entre los documentados, la obligación explícita de los insurgentes de entregar todos sus bienes mal habidos a las víctimas. La versión definitiva se firmó en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno Santos, y fue ratificada por el Congreso colombiano entre el 29 y el 30 de noviembre de ese mismo año. El Kroc Institute, tras analizar 51 variables, lo consideró el acuerdo con mayores probabilidades de gestar un posconflicto pacífico y sostenible: el marco más amplio de transición política de todos los procesos de paz en Colombia.

El Sistema Integral: JEP, Comisión de la Verdad, UBPD

La novedad institucional del Acuerdo se concentró en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tres cuerpos lo componen. La Jurisdicción Especial para la Paz —la JEP— asume la investigación y sanción de los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por excombatientes como por agentes del Estado y terceros civiles. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, recibió el mandato de esclarecer la verdad del conflicto en un período de tres años y medio. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas asumió la tarea humanitaria de localizar a los miles de desaparecidos que dejó la guerra.

La JEP priorizó siete macrocasos que ordenan su trabajo por dinámicas y patrones criminales; cuatro de ellos guardan relación con dinámicas del conflicto armado en la Amazonía. La construcción de esos casos —con testimonios de víctimas, comparecientes y organizaciones sociales— constituye el primer intento sistemático de establecer verdades judiciales sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia, incluidas las responsabilidades de agentes del Estado.

El Sistema fue la respuesta institucional a las críticas de impunidad que había arrastrado la Ley de Justicia y Paz. También fue el punto más polémico del Acuerdo. La oposición uribista sostuvo que equivalía a impunidad y argumentó que la justicia requería la rendición de las FARC y el cumplimiento de penas en establecimientos carcelarios estatales. Entre 2018 y 2021, el campo de la memoria en Colombia atravesó una transformación notable: la memoria dejó de organizar los conflictos políticos con la centralidad que había tenido en el período anterior, y las tres instituciones del Sistema quedaron como espacios donde ese trabajo seguía haciéndose, con recursos y voluntad política menguantes.

Territorios, tierras y excombatientes: la implementación

El corazón operativo del Acuerdo se jugó en los territorios. Se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación —los ETCR— en distintas zonas del país para facilitar la transición de los excombatientes a la vida civil. Sobre esa base se desplegaron dos programas de mayor alcance: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, o PDET, diseñados para llevar inversión estatal a los municipios más golpeados por el conflicto, articulando obras de infraestructura, servicios y desarrollo productivo; y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PNIS, que ofreció a las familias campesinas alternativas económicas a la coca.

La lógica de priorización territorial venía de antes. La investigadora Claudia López había propuesto, en la antesala del Acuerdo, concentrar la inversión posconflicto en 388 municipios rurales, con un subconjunto de 346 municipios de riesgo alto y medio por presencia de grupos ilegales y economías ilícitas, todo bajo el liderazgo de un Ministerio del Posconflicto. Esa arquitectura se filtró en el diseño oficial y quedó incorporada, con variaciones, en el mapa de los PDET.

La reincorporación produjo cifras concretas pero desiguales. En 2020 había 632 personas en proceso de reincorporación en Norte de Santander y 425 en Arauca, correspondientes a excombatientes de los frentes 33, 10 y 45 de las FARC-EP. Muchos avanzaron en proyectos productivos; otros denunciaron incumplimientos. Los patrones se repetían en distintos territorios y con distintos grupos: testimonios de excombatientes paramilitares dan cuenta de falencias reiteradas en el cumplimiento de proyectos productivos y en el acceso a créditos de vivienda, y de la percepción —extendida entre los desmovilizados— de que el incumplimiento estatal alimenta el rearme y la conformación de nuevos grupos armados posdesmovilización.

La reforma rural avanzó más lentamente que cualquier otro punto. En zonas amazónicas, actores sociales del territorio identificaron el PLADIA como instrumento orientador de los PDET y del PNIS, articulando la historia territorial con los mecanismos del proceso de paz. Pero la restitución de tierras arrastraba problemas de fondo. Al menos en un caso documentado, tierras redistribuidas por el Incoder terminaron entregadas discrecionalmente a personas que resultaron ser paramilitares, comprometiendo la legitimidad del proceso. Reclamantes de tierras enfrentaron amenazas directas por insistir en sus derechos, sin recuperar sus predios. Para el expresidente César Gaviria, parte de la violencia posacuerdo contra líderes sociales se explica precisamente porque los conflictos agrarios quedaron intactos tras la firma y porque los "terceros civiles" —empresarios, terratenientes, financiadores— se negaron a hacerse parte de la justicia transicional.

La violencia después del acuerdo

Tras la firma, en las zonas donde antes tenían presencia las FARC-EP comenzaron a operar múltiples grupos armados: disidencias de las propias FARC, el ELN en expansión, el Clan del Golfo, Los Caparros y otras estructuras menores. En 2018, comparado con 2017, la seguridad se deterioró en distintos municipios, sobre todo en aquellos donde antes había presencia guerrillera consolidada. En el Bajo Cauca antioqueño, el Clan del Golfo y Los Caparros protagonizaron una disputa armada que produjo desplazamientos masivos y asesinatos cotidianos. Las disidencias recurrieron al reclutamiento forzado bajo amenazas, ofrecieron "seguridad" a cambio de apoyo a la población civil e intentaron reclutar a firmantes del Acuerdo para regresarlos a las filas.

Las cifras del asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en un país que declaraba haber entrado al posconflicto, dibujan una curva que no baja: 207 en 2017, 298 en 2018, 279 en 2019, 310 en 2020, 168 en 2021. El pico se dispara en los tres años inmediatamente posteriores a la firma y sostiene una meseta alta hasta 2020, en plena pandemia, cuando los confinamientos restringieron la movilidad civil pero no la de los violentos. Más de 1.200 líderes asesinados en cinco años sitúan a Colombia entre los países más peligrosos del mundo para quien defiende derechos humanos, ejerce liderazgo comunitario o reclama tierras. El patrón detrás de la magnitud es preciso: los asesinatos se concentran en líderes de sustitución de cultivos, reclamantes de tierras, defensores ambientales, dirigentes comunales de zonas PDET, autoridades étnicas. Buscan limitar la organización política, impedir la garantía de derechos humanos y entorpecer la implementación del acuerdo, la restitución de tierras, la defensa del medio ambiente y la sustitución de cultivos ilícitos. Los blancos han sido los actores que encarnaban, en el terreno, la promesa del Acuerdo.

De "posconflicto" a "posacuerdo": la palabra bajo tensión

El vocabulario oficial se adelantó a los hechos. En junio de 2015, durante una visita a Noruega, el presidente Santos declaró que Colombia ya había entrado al posconflicto —un año antes de que se firmara el Acuerdo, mientras las negociaciones aún continuaban en La Habana. La Fundación Ideas para la Paz, creada en 1999 con recursos del sector privado colombiano, había establecido desde antes un eje de investigación dedicado al posconflicto, enfocado en el rol de las Fuerzas Armadas, la justicia transicional, la gobernanza territorial y la educación para la paz. La categoría circulaba en think tanks, cooperación internacional y agencias del Estado antes de que existiera acuerdo alguno.

Desde la perspectiva militar institucional, la transición del conflicto a la paz implicó retos nuevos que complementaban las operaciones militares: memoria histórica, justicia transicional, Comisión de la Verdad, tareas que —según el propio discurso castrense— no habían sido atendidas con eficacia bajo las exigencias del conflicto armado activo. Para las Fuerzas Armadas, el posconflicto fue también un ejercicio de reinvención de misión.

El triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y los años posteriores de escasa implementación pusieron en evidencia las limitaciones del marco. La brecha entre la declaración institucional —"estamos en el posconflicto"— y la persistencia de la violencia territorial hizo que sectores académicos propusieran sustituir la palabra por "posacuerdo", más precisa: existe un escenario posterior al acuerdo formal, pero no una superación del conflicto. Otros fueron más lejos y cuestionaron la categoría misma. Al declarar cerrado un conflicto que muta, "posconflicto" opera ideológicamente: legitima la reducción del Estado a gestor de seguridad, desactiva las demandas de transformación estructural y facilita la captura del proceso por élites negociadoras cuyo interés es integrar a los actores armados sin alterar las relaciones de propiedad y poder que alimentan la guerra.

Un patrón, y una diferencia

El patrón colombiano de los umbrales de posconflicto es reconocible. Cada cierre pactó las condiciones jurídicas para incorporar a los excombatientes al orden legal, falló en el cumplimiento de las contraprestaciones estatales —tierras, seguridad, oportunidades— y engendró disidencias, rearmes, reciclajes: guerrillas liberales convertidas en bandoleros, autodefensas del Sumapaz convertidas en guerrillas comunistas, paramilitares desmovilizados convertidos en Bacrim, frentes de las FARC convertidos en disidencias. El posconflicto ha sido, en Colombia, menos una superación del conflicto que una fase del conflicto mismo.

El Acuerdo de 2016 introdujo, sin embargo, algo que ninguno de los cierres anteriores había logrado: una arquitectura institucional densa —JEP, Comisión de la Verdad, UBPD, ETCR, PDET, PNIS— y un protagonismo de las víctimas como actor político central. Las audiencias de la JEP, el Informe Final de la Comisión de la Verdad presentado en 2022, la búsqueda de desaparecidos que continúa, la participación política del partido Comunes —heredero jurídico de las FARC-EP— dejaron registros públicos, verdades judiciales y comunidades organizadas que no existían antes. Que su implementación haya sido parcial, o que la violencia haya mutado en su contra, no cancela ese salto: lo hace más costoso. Como categoría recurrente, el posconflicto colombiano sigue reproduciendo el patrón. Como apuesta contingente, dejó por primera vez instrumentos institucionales para juzgarlo por sus propios criterios.