Reclutamiento forzado

El reclutamiento forzado es la incorporación coercitiva de personas —hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes— a estructuras armadas legales o ilegales sin su consentimiento pleno, ya sea mediante violencia física directa, engaño, seducción, ofertas económicas en contextos de miseria o presión sobre familias y comunidades enteras. En Colombia no es una anomalía del conflicto contemporáneo ni una perversión reciente de los grupos ilegales: es una práctica estructural que atraviesa dos siglos de historia, del ejército libertador a las batidas urbanas del Ejército Nacional en el siglo XXI, y de las guerrillas liberales del XIX a las FARC-EP, el ELN, las AUC y los grupos posdesmovilización. Su hilo conductor es una lógica de disponibilidad coercitiva sobre ciertos cuerpos —pobres, rurales, indígenas, afrocolombianos, menores de edad— tratados como recursos de guerra por Estados y actores armados que, aunque enfrentados, comparten métodos. Entre 1990 y 2017, solo la cifra de niñas, niños y adolescentes reclutados documentada por el proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG asciende a 16.238 casos, y esa cifra, según los propios investigadores, subestima el fenómeno.

Del ciudadano-soldado a la leva: la matriz republicana

La idea de que todo hombre pertenece, en potencia, al ejército de la República es tan antigua como la República misma. Las constituciones de los estados de la Nueva Granada consagraron el principio de que "todo ciudadano es soldado nato de la patria", fórmula heredada, por vía de las Cortes de Cádiz, de la Constitución francesa de 1793 ("Todos los franceses son soldados"). Ese principio, aparentemente abstracto, es la piedra fundacional del edificio: si el ciudadano es soldado por definición, la frontera entre el llamado voluntario y la conscripción efectiva se vuelve porosa desde el origen.

En el siglo XIX colombiano, esa frontera se cruzó con frecuencia por la vía de la leva. Las guerras civiles —desde las de la primera mitad del siglo hasta la Guerra de los Mil Días (1899-1902)— hicieron corriente el reclutamiento inmediato sin preguntas. Bajo la urgencia bélica, niños, enfermos, incapacitados y dementes llegaron a las trincheras de ambos bandos. Los ejércitos federales y centralistas, los liberales de Rafael Uribe Uribe y los conservadores que sostenían la Regeneración, se nutrieron en buena medida de esa masa capturada más que convocada. La leva no era un accidente: era un método, tan eficaz como brutal, para llenar las filas cuando la retórica del deber cívico no bastaba.

La sociedad rural desarrolló sus propias defensas. Las haciendas del siglo XIX ofrecían a sus arrendatarios una garantía implícita de protección frente al reclutamiento forzoso, sostenida en la capacidad de los latifundistas para negociar o impedir la captura de su fuerza laboral. Era una protección de clase, mediada por el poder local del patrón, y explica en parte por qué la leva golpeó con especial dureza a los peones sueltos, los vagabundos, los hombres sin patrón. Durante las guerras civiles del último tercio del siglo, sin embargo, esa garantía falló repetidamente: cuando la máquina bélica necesitaba cuerpos, ni el hacendado más poderoso podía siempre proteger a los suyos.

La Constitución de 1886, con su promesa de un ejército único no deliberante, buscaba racionalizar el uso de la fuerza. Pero las guerras de 1895 y de los Mil Días aplazaron esa concreción, y cuando el siglo XX comenzó, el servicio militar obligatorio en Colombia arrastraba las mismas taras del sistema anterior: incorporaba personas con limitaciones físicas o enfermedades mentales, y su aplicación quedaba mediada por los párrocos regionales y los caprichos políticos de los alcaldes. Quién iba al cuartel dependía menos de la ley que de una red parroquial y clientelar que decidía, aldea por aldea, cuál cuerpo era prescindible.

La doctrina del ciudadano movilizado: 1965 y sus antecedentes

A mediados del siglo XX, el principio del ciudadano-soldado fue actualizado bajo una gramática nueva: la doctrina de seguridad nacional. El Decreto Legislativo 3398 de 1965, expedido bajo estado de sitio en el gobierno de Guillermo León Valencia, cristalizó esa actualización con una precisión que conviene leer. Su artículo 1° definió la defensa nacional como "la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones". El artículo 3° estableció que "todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan". El artículo 4° extendió esa obligación a "todas las personas naturales y jurídicas del país", cuyas actividades quedarían "supeditadas a los fines" de la defensa.

Es la vieja fórmula neogranadina, pero radicalizada: no ya el ciudadano como soldado potencial, sino la totalidad de la población y sus recursos como reserva movilizable, en paz y en guerra, contra un enemigo interno. Ese marco doctrinal —combinado con el estado de sitio del artículo 121 de la Constitución de 1886 y con la aplicación rutinaria de la justicia militar a civiles— definió las condiciones jurídicas dentro de las cuales el reclutamiento estatal y paraestatal operaría en las décadas siguientes.

Las batidas: la conscripción del siglo XX y XXI

En la práctica cotidiana del siglo XX y del XXI, el servicio militar obligatorio se ejecutó en muchas regiones mediante batidas: jornadas de captura callejera en las que patrullas del Ejército Nacional o de la Infantería de Marina detenían a jóvenes en terminales, plazas de mercado, esquinas o buses, y los incorporaban al servicio sin verificación de situación militar, sin notificación a la familia, sin garantías. La ley formal exigía procedimientos ordenados; la práctica los sustituyó por la razia.

La Ley 548 de 1999, que modificó la Ley 418 de 1997, prohibió expresamente el reclutamiento de adolescentes por la fuerza pública bajo cualquier circunstancia y estableció que la autoridad civil o militar que desconociera la norma incurriría en causal de mala conducta sancionable con destitución. Pese a ese cerrojo jurídico, la Comisión de la Verdad recibió testimonios de menores de 18 años reclutados por el Ejército Nacional incluso después de esa fecha. La brecha entre la norma escrita y la práctica territorial —ese abismo tan característico del Estado colombiano— convirtió la prohibición en letra imperfecta.

Las batidas produjeron, además, un efecto secundario devastador. En regiones bajo disputa como el Putumayo, el reclutamiento de jóvenes por el Ejército desencadenó represalias de las FARC-EP contra los conscriptos y sus familias: los exsoldados no podían regresar a los territorios bajo control guerrillero, y sus familiares eran condenados al desplazamiento forzado o amenazados de muerte. El joven capturado en una esquina de Mocoa terminaba, sin haberlo decidido, marcado como enemigo por la insurgencia y expulsado de su lugar de origen. El reclutamiento forzado estatal producía así, en cadena, un segundo desplazamiento.

Las guerrillas: adoctrinamiento, control territorial y coacción

Del lado insurgente, el reclutamiento de menores fue una práctica sistemática con lógicas propias. Las FARC-EP definieron en sus normativas internas un rango de edad de vinculación entre los 15 y los 30 años, pero reconocieron autonomía a bloques y frentes para incrementar el pie de fuerza —autonomía que, en la práctica, abrió la puerta al reclutamiento de menores por debajo de los quince. Los métodos combinaron el adoctrinamiento paciente con la coacción abierta.

En zonas de fuerte control territorial y presencia estatal débil o inexistente, las FARC-EP aprovecharon las escuelas rurales y los internados para adoctrinar a niños, incluyendo la enseñanza del himno de la organización. Organizaron "jornadas de convivencia" en fincas o escuelas de formación: reunían a niños y jóvenes, les daban charlas y ejercicios sin armas durante una o dos horas, y los devolvían a sus casas. Era un mecanismo gradual, casi doméstico, de familiarización con la organización armada. La vulnerabilidad socioeconómica —pobreza, ausencia de oportunidades laborales, desestructuración familiar, violencia intrafamiliar— hizo el resto: la guerrilla se presentaba como oportunidad de reconocimiento social y acceso a recursos económicos donde el Estado no ofrecía nada.

Los propios comandantes guerrilleros defendieron a menudo la tesis de que los jóvenes buscaban activamente vincularse. Los testimonios de víctimas y de docentes amenazados desmienten esa narrativa: hubo reclutamiento forzado directo, menores de quince años enviados a primera línea de combate, y maestros que intentaron impedir el reclutamiento y fueron amenazados o desplazados. La Operación Berlín, en diciembre de 2000, ofrece la evidencia más cruda de esa presencia infantil en las filas: de 78 necropsias practicadas por Medicina Legal a los muertos de la columna guerrillera Arturo Ruiz, 28 correspondieron a cuerpos de menores de edad. La columna estaba conformada por 361 personas, de las cuales 141 eran menores —27 por debajo de los 15 años y 114 entre 15 y 17—.

El ELN estableció formalmente, en su Código de Guerra, que no incorporaría menores de 15 años a la fuerza militar permanente, y el reglamento de las Milicias Bolivarianas de 1989 fijó la edad mínima en 16. En la práctica, la organización fue reiteradamente denunciada por el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. En el Chocó, durante la guerra con el Clan del Golfo, el ELN incrementó el reclutamiento forzado de niñas: en 2019, solo en el municipio de Juradó, reclutó a nueve menores, casi todas niñas desde los doce años. El EPL, a través del Frente Óscar William Calvo (antes Carlos Alberto Morales), reclutó niños, niñas y adolescentes desde mediados de los años ochenta hasta 2006 en Caldas y Risaralda; sus disidencias, las llamadas Nuevas Estrellas del EPL, siguieron siendo denunciadas por amenazas y presencia armada desde al menos 2014.

El paramilitarismo: engaño, oferta y violencia física

Los grupos paramilitares —organizados nacionalmente bajo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que Carlos Castaño Gil ayudó a articular en 1997— desarrollaron un repertorio de reclutamiento distinto en su acento pero convergente en sus resultados. La técnica más frecuente en varias estructuras fue la seducción, el engaño o la oferta económica explícita. En las Autodefensas de Cundinamarca, de once personas entrevistadas por los procesos de la Ley 1424, cuatro manifestaron haberse vinculado siendo menores de edad por motivos económicos. En el Bloque Mineros, integrantes declararon haberse vinculado motivados por condiciones de pobreza y por pagos adelantados ofrecidos por los reclutadores.

La violencia física también fue método documentado: reclutadores paramilitares identificaban familias con menores, irrumpían en viviendas o abordaban a jóvenes en espacios públicos y los subían a la fuerza a vehículos de las AUC. En abril de 2002, paramilitares de las Autodefensas del Bloque Central llegaron a la finca de Marco Tulio Cagueñas en Caparrapí, Cundinamarca, para reclutar a sus hijos; la familia se vio obligada a desplazarse a Facatativá para evitarlo. El reclutamiento producía desplazamiento; el desplazamiento, a su vez, empujaba a las familias hacia márgenes urbanos donde las mismas estructuras armadas seguían operando.

El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes fue un patrón sistemático en múltiples bloques. El Bloque Élmer Cárdenas reclutó ilegalmente a menores desde la segunda mitad de la década de 1990, principalmente en el Urabá antioqueño y el medio Atrato chocoano. Los datos de los Acuerdos de la Verdad muestran que cerca del 18,9% de los integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y el 15,5% de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá ingresaron siendo menores de 18 años. En el conjunto de estructuras paramilitares analizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el porcentaje de entrevistados reclutados siendo menores varió entre el 1,7% y el 31,4%. Ambas cifras deben leerse como pisos: el silencio, el ocultamiento y la negación operan como capas de subregistro.

La justicia transicional y la máquina de la impunidad

El proceso de desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, tramitado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez bajo la Ley 975 de 2005, expuso con crudeza cómo el aparato estatal contribuyó a perpetuar la invisibilidad del reclutamiento de menores. Varios bloques —el Bloque Norte y el Bloque Resistencia Tayrona entre ellos— desvincularon a los menores antes de las ceremonias oficiales, enviándolos a sus casas por instrucción de sus dirigentes para eludir consecuencias legales. El Alto Comisionado para la Paz, en las diligencias de desarme y desmovilización, se abstuvo de realizar identificaciones, listados y censos de menores desvinculados. La Fiscalía constató después que ese despacho conocía la desvinculación previa —incluyendo el caso del programa "Reconstructores Sociales Juveniles" en Necoclí, donde hubo 309 menores desvinculados, entre ellos niños desde los 10 años— y aun así no censó.

El resultado fue estructural: al momento del reporte, el ICBF tenía a cargo 4.353 menores desvinculados de grupos armados ilegales, de los cuales 2.455 procedían de guerrillas y solo 704 de las AUC. La desproporción no reflejaba la realidad del reclutamiento paramilitar sino la eficacia con que ese reclutamiento fue borrado antes del proceso formal. Sin censo, no hubo restablecimiento de derechos; sin registro, no hubo acceso a la justicia; sin justicia, no hubo verdad plena sobre la magnitud del fenómeno. El Tribunal Superior de Barranquilla, en su Sala de Justicia y Paz, abordó en 2017 esa problemática en su sentencia contra postulados del Bloque Resistencia Tayrona, dejando constancia de cómo la desvinculación anticipada obstruyó tanto el conocimiento del reclutamiento ilícito como el acceso de las víctimas menores a la justicia.

Esa arquitectura de la impunidad no es solo un fracaso técnico. Es un mecanismo que, al invisibilizar a las víctimas más jóvenes, protege a los responsables y garantiza que la práctica pueda repetirse. La deuda de reconocimiento con los menores muertos en combate, ejecutados por consejos de guerra internos, nacidos en las filas o enterrados sin identificar, permanece abierta: son las víctimas de segundo plano frente a quienes lograron salir mediante procesos de desarme y reintegración.

La geografía del reclutamiento: los territorios sacrificados

El mapa del reclutamiento forzado en Colombia dibuja con precisión el mapa del abandono estatal. Entre 1990 y 2017, los departamentos con mayor intensidad de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes fueron Meta (2.977 víctimas, 18% del total nacional), Antioquia (2.346, 14%), Guaviare (1.105, 7%), Caquetá (1.063, 6%) y Cauca (838, 5%). Son territorios de frontera agraria, de colonización tardía, de economías de coca y de presencia armada disputada; territorios donde el Estado llega, cuando llega, en uniforme antes que en escuela.

En el Cauca, entre 2016 y 2020, los datos gubernamentales registraron al menos 59 casos de reclutamiento forzado, concentrados en el norte del departamento, aunque las organizaciones territoriales y la Defensoría del Pueblo advirtieron que la cifra real podría ser sustancialmente mayor por el subregistro. Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016 y la desocupación de sus antiguos territorios, el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias y otros grupos armados entraron a llenar el vacío, y el reclutamiento aumentó de forma considerable en las zonas de frontera y con presencia étnica.

El pico histórico del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se registró entre 1995 y 2000, en el año más agudo de expansión simultánea de las FARC-EP y de las AUC bajo la presidencia de Andrés Pastrana Arango. La curva coincide con la fase de mayor territorialización armada del país y con el momento en que las dos máquinas —insurgente y contrainsurgente— competían por controlar territorios y poblaciones.

Dimensión étnica: racismo estructural y reclutamiento diferenciado

El reclutamiento forzado en Colombia tiene una dimensión étnica que no puede leerse como accidente. La Comisión de la Verdad concluyó que el racismo estructural y la inoperancia estatal en los territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sumados a la oferta de remuneración económica de los grupos armados, crearon condiciones específicas de riesgo. Del reclutamiento de población infantil y juvenil afrocolombiana documentado, el 50,84% fue responsabilidad de las FARC-EP, el 30% del ELN, el 8,63% de las bandas criminales sucesoras del paramilitarismo, el 4,8% de los grupos posdesmovilización y el 1,31% de las AUC.

En la muestra de 9.021 desmovilizados paramilitares, 1.982 personas —cerca del 22%— se autorreconocieron como negras, mulatas, afrocolombianas o afrodescendientes; 237 —el 1,32%— como indígenas. Son cifras que, sin necesidad de forzar la interpretación, sugieren cómo el paramilitarismo se nutrió en su base rasa de las mismas poblaciones sobre las cuales, en su discurso, decía imponer orden. La Comisión de la Verdad interpretó el uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de comunidades negras y afrocolombianas como una práctica con connotación diferenciada: buscaba romper y utilizar las tradiciones culturales de estas comunidades, debilitando sus estructuras familiares y comunitarias.

El impacto sobre los pueblos indígenas fue igualmente profundo. Las guerrillas reclutaron jóvenes y niños de los pueblos Makabaju, Inga y Murui en Caquetá; Jiw y Nukak en Guaviare; Sikuani en Vichada y Meta. Usaron sus territorios como campo de batalla, instalaron minas antipersona en ellos y prohibieron prácticas culturales propias como el uso del yagé y el yopo. En el Chocó, la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo produjo confinamiento de comunidades indígenas y desplazamientos masivos de comunidades negras, afrocolombianas y de los pueblos wounaan y embera-katíos. El reclutamiento no era solo la captura de individuos: era, para estas comunidades, un ataque a la reproducción misma de la vida colectiva.

Vida dentro de las filas: tareas, muerte, ausencia

Los testimonios de quienes fueron reclutados siendo menores y hoy son adultos —muchos en exilio— dibujan un catálogo denso de tareas impuestas: cargue y mantenimiento de armamento, cuidado de personas secuestradas, vigilancia de cultivos ilícitos, procesamiento de droga, participación en actividades del tráfico de coca, combates, y las tareas cotidianas de servicio doméstico y cuidado colectivo dentro del campamento. Niños que aprendieron primero a limpiar un fusil que a leer un libro.

El sufrimiento asociado a la participación forzada en combates aparece de manera recurrente en los testimonios, junto con la muerte de compañeros en enfrentamientos. Y hay una segunda muerte, más silenciosa, que el reclutamiento produce: la desaparición. Cuando un menor es reclutado y no vuelve, su ausencia prolongada es asimilada por la familia como desaparición forzada. Si muere en combate y su cadáver no es entregado, la asimilación se vuelve definitiva. La relación entre reclutamiento y desaparición opera así en dos sentidos: la ausencia como duelo suspendido, y el cuerpo perdido como imposibilidad del duelo.

El problema de la voluntariedad

Hay una discusión conceptual que atraviesa todo el debate colombiano sobre reclutamiento y que conviene formular con claridad. Jurídicamente, tratándose de niñas, niños y adolescentes, la voluntariedad no existe. La Corte Constitucional estableció en 2009 que el Estatuto de Roma no contempla la voluntariedad como causal de exculpación, y que cualquier participación de menores en hostilidades está proscrita independientemente del consentimiento. El Grupo de Memoria Histórica lo formuló con precisión: el orden violento en que se produce el reclutamiento ilícito elimina cualquier consideración sobre este como acto voluntario y consensuado, porque los menores son reclutados, retenidos y obligados a convertirse en victimarios sin derecho a abandonar las filas ni a expresar sus opiniones.

Para los adultos, el asunto se complica. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha propuesto el concepto de "contexto forzoso" para nombrar aquellas vinculaciones formalmente voluntarias que ocurren, sin embargo, dentro de condiciones estructurales —pobreza extrema, ausencia de oportunidades laborales, desestructuración familiar, violencia intrafamiliar, control territorial armado— que cuestionan la plenitud del consentimiento. En Medellín, en las décadas del conflicto urbano, los grupos armados combinaron la coacción directa —el caso del joven obligado a transportar armas tras un incidente fortuito— con la atracción mediante drogas, fama y dinero, y algunos actores locales llegaron a distinguir léxicamente entre "reclutamiento" y "vinculación" para marcar esa diferencia.

La tensión es real y no debe evadirse. Reducir toda vinculación adulta a coacción estructural corre el riesgo de desagentivar a las víctimas y de igualar situaciones cualitativamente distintas; pero ignorar el peso de las condiciones materiales convierte en voluntario lo que fue, en verdad, la única puerta abierta. La posición sensata reconoce ambos hechos: el reclutamiento forzado en Colombia opera a lo largo de un gradiente que va de la captura violenta al enganche por miseria, y en cada punto del gradiente los grupos armados —estatales o ilegales— han sabido aprovechar la vulnerabilidad producida por el abandono.

Cifras, subregistro y lo que no se sabe

Las cifras disponibles son, casi todas, pisos y no techos. El proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG documentó 16.238 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre 1990 y 2017. Otras estimaciones han calculado que en Colombia hubo entre 8.000 y 13.000 niños y niñas soldados activos en un momento dado, con una edad promedio de reclutamiento de 13 años. Las cifras del ICBF —4.353 menores desvinculados a cargo, con la desproporción ya mencionada entre guerrillas y AUC— revelan más sobre las políticas de desmovilización que sobre la realidad del reclutamiento.

El subregistro tiene causas específicas y acumulativas: el silencio de las víctimas por miedo a represalias; el ocultamiento activo de los reclutadores; la negación institucional en los procesos de desmovilización; la ausencia de denuncia en zonas donde el Estado nunca llegó; el estigma que pesa sobre quienes salieron de las filas; la imposibilidad de contar a los muertos en combate, a los ejecutados por consejos de guerra internos, a los nacidos en cautiverio, a los enterrados sin identificar. Cada silencio es una decisión —de la víctima, del victimario o del funcionario— y el conjunto de esos silencios es una política.

Herencia y presente

El reclutamiento forzado en Colombia no es un capítulo cerrado del conflicto armado. Los grupos surgidos tras la desmovilización de las AUC continuaron reclutando mediante oferta económica; tras el Acuerdo de Paz de 2016, la ocupación por parte del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de territorios antes controlados por las FARC-EP produjo un incremento considerable del reclutamiento de menores, particularmente en regiones de frontera y con presencia étnica. La curva no se cerró en 2016: se transformó y se redistribuyó.

Mirado en la escala larga —de la leva contra los peones del siglo XIX a las batidas urbanas del XXI, de los soldados a la fuerza en las guerras federales al niño reclutado en un río del Chocó—, el reclutamiento forzado revela una constante incómoda de la historia colombiana: la construcción del Estado y de sus contendientes armados ha descansado, en momentos decisivos, sobre la disponibilidad coercitiva de los cuerpos más pobres. Los uniformes cambiaron; las armas se modernizaron; los marcos jurídicos se refinaron. La lógica —ciertos cuerpos son recursos disponibles para la guerra— ha demostrado una persistencia que ningún cambio formal, por sí solo, ha logrado interrumpir.

La garantía de no repetición, en ese sentido, no es solo una cláusula del proceso transicional. Es la pregunta de fondo que la historia entera del reclutamiento forzado plantea al país: qué se necesita para que ciertos cuerpos dejen de ser considerados prescindibles, y qué se necesita para que el Estado deje de ser, en algunas de sus regiones y en algunas de sus prácticas, cómplice de esa consideración. Reconocer a todas las víctimas —incluidas las que no salieron de las filas por ninguna puerta— es apenas el primer requisito. El segundo, más difícil, es desmontar las condiciones materiales y territoriales que hicieron y hacen posible el reclutamiento: la miseria, el abandono, la impunidad y la desigualdad, esa vieja materia prima con la que en Colombia se ha alimentado tanto a los ejércitos como a sus enemigos.