Carlos Pizarro Leongómez

El hijo del almirante

La biografía de Pizarro carga desde el nacimiento una paradoja que nunca dejó de definirlo: fue hijo del almirante Juan Antonio Pizarro, oficial de alto rango de la marina colombiana, y nieto de militar. La casa en la que creció era parte constitutiva del establecimiento que él mismo terminaría queriendo derrocar por las armas. No era una biografía anómala en el M-19. Buena parte de sus cuadros provenía de familias con raíces profundas en el sistema, de universidades públicas y privadas, de sindicatos y de una clase media ilustrada que había leído a los teóricos de la revolución antes de conocer un fusil. El movimiento nunca fue —a diferencia de las FARC— una guerrilla campesina; fue una insurrección de hijos de la República contra la República, y Pizarro encarnó esa contradicción con más nitidez que casi ningún otro.

La ambivalencia de origen no era un dato menor. Explicaba, en parte, el registro estético y político del M-19: su gusto por el gesto simbólico, la campaña publicitaria, el guiño literario, el secuestro concebido como acto de teatro público. Explicaba también la relativa facilidad con la que sus dirigentes se moverían, cuando llegara el momento, en las salas de negociación, los hoteles internacionales y, finalmente, las tarimas electorales. Pizarro sabía por educación cómo hablaba el poder, y esa fluidez cultural terminaría siendo tan decisiva como su pericia militar.

Un movimiento nacido de un fraude

Para entender a Pizarro hay que entender qué era el M-19, y para entender al M-19 hay que remontarse al 19 de abril de 1970. Ese día, los primeros boletines de las elecciones presidenciales daban ganador al general Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular. Un apagón providencial suspendió la transmisión de los datos parciales, y cuando la información volvió a fluir, el resultado oficial proclamaba presidente a Misael Pastrana Borrero, el candidato del establecimiento bipartidista del Frente Nacional. Para la izquierda colombiana, y para amplios sectores de la ANAPO, aquello fue un fraude descarado. La sospecha se instaló como certeza, y de esa certeza nació, tres años después, un movimiento armado que llevaría por nombre y por bandera la fecha del despojo.

La primera conferencia constitutiva del Movimiento 19 de Abril se realizó en Cali en 1973, con unas veinticinco personas. Allí se conformó la dirección fundadora, integrada por Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Hélmer Marín, Andrés Almarales y Carlos Toledo Plata, entre otros. Varios venían de las FARC —Bateman, Fayad, Ospina, Ariel Otero— y habían dejado esa organización en medio de una crisis interna, atraídos por lo que percibían como una alternativa revolucionaria más audaz, urbana, sensible al pulso cultural de la época. Otros llegaban del activismo universitario, del sindicalismo, de la ANAPO Socialista. El clima era el de la rebeldía juvenil global de los sesenta y setenta, y la lectura compartida era que la elección de 1970 había demostrado que el sistema político colombiano no ofrecía espacios reales para la oposición: la vía armada quedaba, así, legitimada por la clausura de las otras.

El movimiento se dio a conocer en enero de 1974 con una operación que fijaría desde el inicio su marca de fábrica: precedido de una campaña publicitaria en los periódicos —anuncios crípticos que hablaban de parásitos y decaimiento, como si vendieran un remedio—, el M-19 robó la espada de Simón Bolívar de la Quinta de Bolívar en Bogotá. No era una acción militar; era una declaración semiótica. La guerrilla urbana que acababa de nacer proponía leer la política como un ejercicio de imágenes y símbolos, y anunciaba que la espada del Libertador volvería a la lucha.

De la trinchera al mando

Pizarro se sumó a esa aventura y ascendió por sus escalones. La cronología de su formación como cuadro guerrillero está atada a las grandes operaciones del movimiento en la segunda mitad de los setenta y los ochenta. En Año Nuevo de 1979, el M-19 ejecutó una de sus proezas más citadas: el robo de más de cinco mil armas del Cantón Norte del Ejército en Bogotá, sustraídas por un túnel construido en secreto hasta las instalaciones militares. Fue un golpe simbólico y logístico a la vez, y provocó una represalia brutal del Estado que llevó a la tortura y captura de decenas de militantes.

En febrero de 1980 vino la toma de la embajada de la República Dominicana en Bogotá, otra operación firmada por la lógica del teatro: catorce embajadores retenidos —entre ellos el de Estados Unidos—, sesenta y un días de asedio televisado, negociación pública con el gobierno de Julio César Turbay, y una salida final con vuelo a La Habana y un rescate cuyo monto todavía se discute. Durante los años siguientes, el M-19 combinó acciones urbanas de alto impacto mediático —ataques con mortero al Palacio de Nariño, un carro-bomba frente a la casa de gobierno, secuestros de figuras políticas concebidos como pedagogía política y no como negocio— con intentos de abrir frentes rurales. El más ambicioso, la invasión por Nariño y el Chocó a comienzos de los ochenta con varias columnas guerrilleras, terminó siendo reprimido por las fuerzas militares y significó la captura de dirigentes de primera línea del movimiento.

Los golpes al mando fueron acumulándose. Bateman murió en un accidente aéreo en 1983. Iván Marino Ospina cayó en 1985. Álvaro Fayad, ese mismo año. La conducción del movimiento se desplazó hacia una nueva generación, y allí Pizarro fue ganando terreno como comandante militar. En noviembre de 1985 vino la toma del Palacio de Justicia, el episodio más catastrófico en la historia del M-19 y uno de los más oscuros del país: dos días de asalto y contraasalto que dejaron cerca de un centenar de muertos, entre ellos magistrados de la Corte Suprema, y una herida abierta que aún supura. Para cuando la organización comenzó a considerar en serio una salida negociada, hacia 1988, Pizarro era su comandante general.

La mesa y el fusil

El proceso que llevaría al M-19 de la manigua a las urnas comenzó formalmente el 2 de abril de 1988, con la declaración de un cese unilateral del fuego. Del otro lado de la mesa estaba el gobierno de Virgilio Barco, y su consejero de paz, Rafael Pardo, quien se convertiría en el interlocutor principal del proceso. Los primeros contactos serios se dieron en un contexto tenso: entre mayo y julio de 1988, el M-19 había secuestrado al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, y su liberación tras negociaciones abrió, paradójicamente, el canal para una conversación más amplia.

Los días 3 y 4 de marzo de 1989, en el hotel Camino Real de Ciudad de México, Pardo se reunió con los delegados del M-19 Antonio Navarro Wolff, Gerardo Ardila, Rafael Vergara y Rubén Carvajalino. De allí en adelante, el proceso se articuló alrededor de una propuesta que el propio movimiento tituló Pacto Social por la Paz y la Democracia: un gran acuerdo nacional que incluía reformas institucionales y, sobre todo, una reforma electoral que rompiera el monopolio bipartidista. En noviembre de 1989, gobierno y guerrilla firmaron el Pacto político por la paz, con la Iglesia católica incorporada como tutora moral del proceso.

Hubo un tropiezo mayúsculo. El Congreso hundió la reforma constitucional promovida por el gobierno, que incluía un referendo para reformar el estatuto electoral de la Constitución de 1886, pieza clave del acuerdo con el M-19. La renuncia del ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds fue el saldo político inmediato, y por un momento el proceso pareció desangrarse. Pero Pizarro, con Navarro, optó por seguir adelante aun sin la garantía institucional prometida. La decisión era arriesgada: significaba entregar las armas sin haber conseguido primero la reforma que justificaba entregarlas. Fue, en muchos sentidos, un acto de fe.

Santo Domingo, 9 de marzo de 1990

El acuerdo definitivo se cerró en los primeros días de marzo de 1990, y la ceremonia de dejación de armas se realizó el 9 de marzo en Santo Domingo, un caserío en las montañas del Cauca donde el M-19 tenía uno de sus campamentos. Fue una escena diseñada con la misma pulsión simbólica que había caracterizado al movimiento desde el robo de la espada de Bolívar: no un rendimiento, sino una entrega ritualizada.

Sobre la mesa, Pizarro depositó su pistola calibre 45 envuelta en la bandera de Colombia. Pronunció las palabras que se volverían inseparables de su memoria: "El M-19, en las manos de su Comandante General, hace dejación de la última arma en manos del Movimiento 19 de Abril, por la paz y la dignidad de Colombia". Luego, con la solemnidad militar que nunca había abandonado del todo, ordenó: "¡Oficiales de Bolívar, rompan filas!". Antes, a las 16:37, Carlos Erazo, alias Nicolás, había dado la orden a la tropa con una fórmula tan sobria como la ocasión pedía: "Por Colombia, por la paz, dejad las armas". Uno a uno, los combatientes fueron depositando fusiles, armas cortas y fornituras.

El acta la suscribieron el presidente Barco, el consejero Pardo, el expresidente Turbay, Pizarro y Navarro como comandantes del M-19, monseñor Álvaro Fandiño por la Iglesia católica y Luis Ayala por la Internacional Socialista. Alrededor de novecientos guerrilleros se desmovilizaron. En cuestión de semanas, la organización armada se convirtió en Alianza Democrática M-19, partido político legal, y Pizarro fue proclamado su candidato presidencial para las elecciones del 27 de mayo.

El sombrero y la cámara

La metamorfosis de Pizarro en esas semanas fue una de las operaciones estéticas más audaces de la política colombiana. El comandante que las fotografías habían fijado con camuflado, metralleta al cinto y barba de campaña, apareció de un día para otro con traje, corbata, sombrero elegante y una sonrisa dispuesta a la cámara. No fue una casualidad ni un gesto ingenuo: fue un manejo mediático deliberado, la traducción visual de la tesis política del acuerdo. El M-19 quería demostrar que la transición era real, y que su comandante ya no era un hombre en armas sino un ciudadano que aspiraba a la presidencia.

La respuesta popular fue vertiginosa. Pizarro se lanzó también a la alcaldía de Bogotá ese mismo mes y obtuvo la tercera votación, un resultado extraordinario para una candidatura montada en pocas semanas. La AD M-19 se instaló rápidamente en el mapa electoral como una fuerza con capacidad real de disputa, no como una curiosidad testimonial. En un país acostumbrado a que las izquierdas legales orbitaran alrededor del cinco o el siete por ciento, la irrupción de un exguerrillero recién desmovilizado con un piso electoral significativo era una novedad inquietante para el bipartidismo tradicional.

Había, además, una posibilidad que aterraba a los sectores más duros del establecimiento y a sus aliados paramilitares y narcotraficantes: desde 1989, entre el M-19 y la Unión Patriótica —el partido nacido del acuerdo entre las FARC y el gobierno Betancur— había contactos y conversaciones para explorar una alianza electoral. Se discutía incluso quién sería el candidato presidencial conjunto. Una alianza así habría configurado una izquierda amplia, con vocación socialdemócrata, capaz de atraer a comunistas y sectores populares hacia una vía legal y de disputar en serio el poder. Los líderes paramilitares de Córdoba —los hermanos Castaño en primer lugar— leyeron esa posibilidad como potencialmente catastrófica, tomando en cuenta también las declaraciones y movimientos de las FARC al evaluar la magnitud de la amenaza.

Un avión, un adolescente

Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el aeropuerto El Dorado. Habían pasado trece días desde la dejación de armas del M-19. El mensaje no requería descifradores: la política legal de la izquierda, incluso la que se había constituido en partido tras un acuerdo con el Estado, no gozaba de garantías reales.

Un mes y cuatro días después de la muerte de Jaramillo, el 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro fue asesinado a bordo de un avión comercial. El sicario, un adolescente vinculado al aparato paramilitar según declaraciones posteriores de Carlos Castaño, sacó una ametralladora en pleno vuelo y disparó. Uno de los escoltas que acompañaba a Pizarro, presa de la desesperación al comprender lo ocurrido, descargó una ráfaga al aire dentro del avión. La escena bastaría por sí sola para describir la desmesura del momento: un candidato presidencial muerto a diez mil pies de altura, un guardaespaldas disparando contra el techo de la cabina, y un país entero enterándose por radio de que otro magnicidio había ocurrido.

Años más tarde, Carlos Castaño reconoció su responsabilidad con una frase seca: "Carlos Pizarro tenía que morir". Su móvil declarado no fue la ideología ni la democracia; fue la lectura, o el pretexto, de que una victoria electoral de Pizarro equivaldría a una victoria de Pablo Escobar, dado el historial de colaboraciones entre el M-19 y el cartel de Medellín en los años ochenta. En aquel momento, Castaño estaba enfrentado a muerte con Escobar, y en su lógica de guerra la eliminación de Pizarro era un movimiento en ese tablero. Es posible que esa fuera la razón operativa. Pero conviene mirar el conjunto: Jaime Pardo Leal en 1987, Luis Carlos Galán en agosto de 1989, Jaramillo en marzo de 1990, Pizarro en abril de 1990. Cuatro dirigentes de oposición o disidencia asesinados en un lapso brevísimo, tres de ellos precandidatos o candidatos presidenciales, en un contexto en que narcotráfico y paramilitarismo actuaban en alianza contra cualquier proyecto que amenazara sus intereses. Cualquiera que haya sido el detonante inmediato en el caso de Pizarro, el efecto agregado fue el cierre de la posibilidad de alternancia democrática por vía electoral, y ese cierre no fue un subproducto sino un objetivo compartido por quienes apretaron los gatillos.

La red

Pizarro no fue una figura solitaria; se entiende en el tejido de nombres, lugares e influencias que compusieron su recorrido. En el orden familiar, la genealogía militar —el padre almirante, el abuelo militar— fue tanto el punto de partida como aquello contra lo cual se definió. La memoria familiar sería recogida décadas después por su hija, María José Pizarro, quien haría de la reivindicación de la figura del padre y del proceso de paz del M-19 una plataforma política propia.

En el orden guerrillero, sus interlocutores principales fueron los cuadros que fundaron y condujeron el M-19: Jaime Bateman Cayón, con su carisma de comandante popular y su gusto por la política concebida como fiesta; Álvaro Fayad, el intelectual del movimiento; Iván Marino Ospina, más militar y más rural; y sobre todo Antonio Navarro Wolff, su segundo en el mando durante los años de la transición, el compañero indispensable en las mesas de negociación y quien recogería el liderazgo político tras su muerte.

En el orden estatal, los nombres que jalonan su trayectoria en el proceso de paz son los de Virgilio Barco, presidente que hizo de la salida negociada con el M-19 uno de los legados centrales de su gobierno, y Rafael Pardo, el consejero de paz que operó como interlocutor cotidiano. Julio César Turbay, en calidad de expresidente, firmó como testigo el acta de Santo Domingo, un guiño no menor considerando que había sido presidente durante la toma de la embajada dominicana. Del otro lado del espectro, los nombres que se cruzan con el suyo por la vía de la violencia son los de Pablo Escobar, con quien el M-19 mantuvo vínculos ambiguos en los ochenta, y Carlos Castaño, jefe paramilitar que años después se atribuyó la orden de su asesinato.

En el orden geográfico, tres lugares condensan su biografía: Bogotá, ciudad de las operaciones fundacionales del M-19 —el Cantón Norte, la embajada dominicana, el Palacio de Justicia— y de su campaña política; el Cauca, montaña donde el movimiento tenía campamento y donde se realizó la dejación de armas en Santo Domingo; y ese avión indeterminado del 26 de abril, un no-lugar aéreo donde la política colombiana perdió a otro de sus candidatos.

La huella

La muerte de Pizarro produjo un efecto político que sus asesinos no previeron o no pudieron impedir. La reacción popular fue una ola de solidaridad que llevó a la Alianza Democrática M-19, ya bajo el liderazgo de Antonio Navarro Wolff, a resultados electorales inéditos para la izquierda colombiana. Navarro tomó la decisión —fórmula suya, sencilla y grave— de "enterrar a Pizarro en paz" y aceptó la candidatura presidencial en su reemplazo. En las elecciones del 27 de mayo de 1990, en las que resultó electo César Gaviria Trujillo, Navarro obtuvo la máxima votación conseguida hasta entonces por un candidato de izquierda en Colombia. Y a fines de ese mismo año, en los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente, la AD M-19 obtuvo aproximadamente un tercio de la votación, un resultado sin precedentes que le entregó la copresidencia de la Asamblea a Navarro Wolff.

La paradoja es amarga y hay que enunciarla con precisión: el asesinato de Pizarro contribuyó, por vía de la solidaridad popular que provocó, a acelerar precisamente el cambio institucional que sus autores intelectuales buscaban impedir. La Constitución de 1991 —con su carta de derechos, su tutela, su reconocimiento del pluralismo étnico, su reforma del régimen electoral— fue redactada en buena parte con la participación decisiva de los excombatientes del M-19. La reforma que Pizarro había perseguido en la mesa de negociación, la que el Congreso había hundido en 1989, terminó ocurriendo dos años después por una vía constituyente que su muerte ayudó a legitimar. Es una lectura incómoda pero honesta: la violencia produjo, en este caso, el desenlace institucional que la violencia pretendía cerrar.

Del lado personal, el legado de Pizarro fue recogido por Navarro Wolff, quien tras la Constituyente ocupó sucesivamente los cargos de ministro, congresista, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño, en una trayectoria que se prolongaría durante tres décadas y que fue, en cierto modo, la vida civil que Pizarro no alcanzó a tener. También por su hija María José, senadora y figura pública de la izquierda contemporánea, que ha hecho de la reivindicación del padre y del proceso de paz una parte central de su trabajo político.

Del lado del país, el balance es menos consolador. El patrón que se ensayó con Jaramillo y Pizarro en 1990 —eliminar por vías extralegales a los dirigentes de una izquierda que se había desarmado y jugaba por las reglas del sistema— se repitió con obstinación durante toda la década. La Unión Patriótica sufrió un exterminio sistemático que le costó miles de militantes. La AD M-19 se fragmentó en pocos años y no logró consolidarse como fuerza política duradera. La lección amarga fue que en Colombia, durante mucho tiempo, dejar las armas no era garantía de seguridad para quien las había cargado, y que la transición a la política legal podía resultar más peligrosa que la guerrilla misma.

Queda, finalmente, la imagen: el sombrero, la sonrisa, la pistola envuelta en la bandera. Queda un hombre que hizo el recorrido inverso al de su clase, que fue disciplinado hasta en la ceremonia de su rendición, y que murió a los 38 años volando hacia una campaña electoral en la que había cambiado el fusil por el discurso. Carlos Pizarro Leongómez no fue un santo ni un mártir ficticio: fue un guerrillero real, con las responsabilidades que eso implica y los muertos que eso deja, que decidió apostar por la política legal antes que muchos de sus contemporáneos y que pagó esa decisión con la vida. Su nombre pesa en la historia de Colombia porque encarna, con una nitidez que pocos alcanzan, tanto la posibilidad de la reconciliación como el precio que este país ha estado dispuesto a cobrarle a quienes creyeron en ella.