Álvaro Gómez Hurtado

La semblanza

Pocos personajes de la política colombiana cargaron una herencia tan pesada. Álvaro Gómez llegó al mundo siendo hijo del hombre que sería presidente de la República entre 1950 y 1953, jefe del Partido Conservador durante décadas, fundador del diario más combativo de la derecha colombiana y protagonista de los años más sangrientos de la Violencia. Vivir bajo esa sombra hubiera bastado para desaparecer; Álvaro, en cambio, hizo del apellido un instrumento y una carga que llevó con soltura orgullosa hasta el final.

Su figura pública se construyó en tres registros simultáneos: el del intelectual conservador que escribía columnas y libros con la seguridad de quien creía tener razón; el del político que competía por la presidencia y perdía con una regularidad casi ritual; y el del hombre de partido que —a diferencia de su padre, refugiado tantas veces en la intransigencia— aprendió a pactar cuando la circunstancia lo exigía. La Constituyente de 1991, donde compartió la presidencia con el excomandante del M-19, es la síntesis más elocuente de esa doble condición: doctrinario en el discurso, pragmático en la mesa. Su asesinato, cuatro años después, dejó una pregunta abierta que ni la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020 ni las confesiones posteriores de la antigua guerrilla han logrado cerrar del todo.

Los orígenes: la casa de Laureano

Álvaro Gómez creció en el corazón mismo del laureanismo. Su padre, Laureano Gómez Castro —nacido en febrero de 1889, hijo de José Laureano Gómez y Dolores Castro—, se había graduado de bachiller en el Colegio San Bartolomé en 1904 y desde entonces había hecho de la fe católica militante y de la ingeniería polemista sus dos herramientas de combate. Álvaro y sus hermanos varones, Enrique y Rafael, fueron formados en la misma escuela: el San Bartolomé jesuita para el bachillerato, la Universidad Javeriana para el derecho. La formación bajo tutela jesuita marcó de raíz. En las aulas del San Bartolomé se cocinaba una manera de estar en el mundo: instrucción académica rigurosa acompañada del fortalecimiento de principios y valores católicos que perfilaban, casi por decantación, una postura ideológica conservadora. Allí coincidió Álvaro con Misael Pastrana Borrero —futuro presidente entre 1970 y 1974, futura figura tutelar del mismo partido—, ambos alumnos de un mismo profesor de matemáticas. La élite conservadora se formaba, literalmente, entre los mismos pupitres.

De esa casa Álvaro heredó tres cosas: un método (la polémica escrita como forma superior de la política), un enemigo (el liberalismo, con todas sus variantes) y una tribuna. Los tres hermanos se vincularon al periodismo desde jóvenes. Enrique llegaría a ser jefe de redacción de El Siglo y luego gerente y director del Diario Gráfico. Rafael entró a la gerencia de El Siglo y fue, en la memoria de la casa, su mejor jefe de relaciones públicas hasta que un accidente aéreo lo mató en plena juventud. Álvaro, el destinado a la política mayor, hizo el recorrido más largo dentro del periódico paterno: fue jefe de redacción y después subdirector. La pluma antes que la curul; el editorial antes que el discurso.

El Siglo: la trinchera familiar

Para entender a Álvaro Gómez hay que entender el diario en el que se formó. El Siglo fue fundado por Laureano Gómez en 1936, en plena hegemonía de la República Liberal, y desde el primer número se propuso ser lo que su fundador ya era: uno de los más implacables enemigos del liberalismo. El periódico atacaba al Ministerio de Educación —al que Laureano llamaba, sin sonrojarse, "Ministerio de Corrupción Nacional"— por promover la escuela laica; defendía el orden confesional; denunciaba cada reforma social como un paso hacia el comunismo. Cuando el conservatismo recuperó el poder en 1946, El Siglo se convirtió en el vocero natural del giro institucional: apoyó a la UTC (Unión de Trabajadores de Colombia), impulsada por el gobierno conservador a partir de 1947 como contrapeso a las centrales sindicales de filiación liberal y comunista, y acompañó cada movimiento del proceso de conservatización del Estado.

En ese periódico se hizo Álvaro. Aprendió que un artículo bien escrito podía ser un acto de gobierno o un detonante de violencia, que la palabra impresa era la forma más eficaz de la oposición y que el conservatismo, para sobrevivir en un país mayoritariamente liberal, necesitaba una tribuna doctrinaria permanente. Cuando el bogotazo del 9 de abril de 1948 dejó las oficinas del diario destruidas y a Laureano en el exilio español, el proyecto sobrevivió; y cuando el país entró en la Violencia, El Siglo siguió librando su propia guerra desde el papel. En 1962, todavía bajo la impronta laureanista, el diario participó en una campaña de descalificación contra los autores del libro La Violencia en Colombia —monseñor Germán Guzmán y Eduardo Umaña Luna—, con ataques personales que revelaban hasta qué punto la línea editorial seguía siendo combativa, no analítica. Álvaro no dirigió esa campaña, pero se formó en su lógica. Cuando años más tarde firme editoriales o pronuncie discursos, cargará ese estilo como quien carga una segunda lengua materna: la del panfleto que no se disculpa.

Las "repúblicas independientes": la fórmula que fundó una guerra

La contribución más duradera de Álvaro Gómez al vocabulario político colombiano —y, paradójicamente, la más letal— fue una expresión: "repúblicas independientes". Con ella designaba, desde su curul en el Senado y desde las páginas de El Siglo, aquellas zonas del territorio nacional donde, a su juicio, el Estado colombiano no ejercía ningún control efectivo y donde se habían enquistado enclaves campesinos de filiación comunista. La fórmula era retórica y operativa a la vez: al nombrarlas así, Gómez las convertía en objetivos militares. Su denuncia, repetida en el hemiciclo con la insistencia de un metrónomo, empujaba al Ejecutivo a hacer con las armas lo que el orador exigía con las palabras.

El desenlace es conocido. En mayo de 1964, bajo el gobierno del conservador Guillermo León Valencia —tercer presidente del Frente Nacional—, el Ejército colombiano lanzó una operación militar contra el reducto revolucionario campesino de Marquetalia, en el sur del Tolima. La operación combinó fuerzas terrestres y aéreas contra una comunidad de autodefensa liderada por Manuel Marulanda Vélez. Pese a la abrumadora inferioridad numérica de los insurgentes, Marulanda y la mayoría de sus hombres escaparon del cerco militar. Pocas semanas después, los sobrevivientes redactaron su Programa Agrario y constituyeron el Bloque Sur; en 1966 se organizarían formalmente como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los mismos guerrilleros situarían siempre el nacimiento de las FARC en aquella fallida operación de Marquetalia.

Tres décadas después, la organización que había nacido en respuesta a la retórica anticomunista de Álvaro Gómez confesaría haberlo matado. El discurso doctrinario y la insurgencia que ese discurso ayudó a parir terminaron atados en un círculo que el país todavía no ha logrado deshacer. Una frase acuñada en el Senado tuvo una descendencia armada que se prolongó por medio siglo.

El heredero del pacto: Frente Nacional y candidaturas

La política de Álvaro Gómez se desplegó dentro de un marco que su propio padre había cofundado. El Pacto de Benidorm, firmado el 24 de julio de 1956 en la costa española por el liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez, sentó las bases del Frente Nacional: la alternancia presidencial entre liberales y conservadores y la repartición igualitaria de la burocracia en todos los niveles del Estado. El acuerdo fue ratificado en un plebiscito con la participación más numerosa registrada hasta entonces en Colombia —más de cuatro millones de votos por el SÍ frente a algo más de doscientos mil por el NO, con una participación cercana al 82%— y buscaba dos objetivos simultáneos: cerrar el período conflictivo de la Violencia y desmontar el poder personal del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyo mandato se había convertido en un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales.

El Frente Nacional resolvió lo que buscaba resolver —la guerra bipartidista entre liberales y conservadores— y creó todo lo que después denunciarían sus críticos, incluido el propio Álvaro Gómez cuando le convino: anuló la competencia política entre los partidos, disparó el clientelismo e impidió la ampliación del espectro político al obstaculizar los derechos de nuevos grupos y movimientos. El gamonalismo del período frentenacionalista obnubiló la contienda programática y la lucha ideológica, y convirtió a los partidos en federaciones de caudillos locales que controlaban electores mediante el presupuesto público. El pacto nació del miedo mutuo de los dos partidos tradicionales y reprodujo una lógica de exclusión. Los nuevos actores no cabían: FARC, ELN, EPL, M-19 y MAQL surgieron en ese vacío, empujados hacia los márgenes o hacia las armas.

El Partido Conservador, además, quedó fragmentado desde el primer día en varios bandos favorables y opositores al pacto —laureanistas, ospinistas y valencistas de un lado; leyvistas, rojistas y alzatistas del otro—. Los laureanistas, curiosamente, obedecían cada vez menos al anciano caudillo Laureano Gómez, señal de que la figura paterna, aun viva, ya empezaba a ser más símbolo que jefatura efectiva. En ese mapa fracturado Álvaro construyó su carrera: heredero del laureanismo, pero obligado a moverse en un conservatismo que ya no era una casa sino un archipiélago. Cada facción reclamaba una parte de la herencia paterna, y él debía negociar con adversarios que se llamaban a sí mismos, también, conservadores.

Su primera candidatura presidencial fue la de 1974, la primera elección posterior al fin de la alternancia formal. En municipios como San Rafael, Antioquia, obtuvo 1.064 votos, encabezando la lista local de los tres candidatos más votados. Perdió a nivel nacional. Volvería a competir en 1986, esta vez contra Virgilio Barco Vargas, y volvería a perder. Cada derrota lo confirmó en su papel de opositor perpetuo —un lugar donde, en realidad, se sentía más cómodo que en la presidencia misma. La derrota, en su caso, no era el fin de una campaña sino la confirmación de una identidad.

El secuestro y el reencauche

El 29 de mayo de 1988, en Bogotá, un comando del M-19 secuestró a Álvaro Gómez Hurtado. Tenía entonces 69 años, arrastraba la derrota reciente frente a Barco y su vigencia política pasaba por uno de sus momentos más bajos. El cautiverio se prolongó hasta julio del mismo año. El objetivo declarado del secuestro, según los propios secuestradores, era presionar al gobierno para abrir un diálogo multipartidista sobre la crisis que vivía el país.

El episodio tuvo un doble efecto paradójico que sus contemporáneos no dejaron de subrayar. Por un lado, reavivó la vigencia política de Álvaro Gómez, venido a menos tras la derrota electoral frente a Barco: la solidaridad nacional en torno a su liberación lo devolvió al primer plano y lo instaló como interlocutor legítimo de los debates sobre paz y reforma institucional. Por otro, reencauchó al propio M-19, que arrastraba un inmenso desprestigio desde la toma del Palacio de Justicia de noviembre de 1985 y que necesitaba desesperadamente una operación política que lo devolviera al centro de la conversación nacional. Secuestrador y secuestrado, en cierto sentido, se salvaron mutuamente. Rara vez un rehén y sus captores han salido de un episodio criminal tan igualmente beneficiados en el tablero público.

Del cautiverio salió, además, un producto político concreto: las Conversaciones de Usaquén, promovidas por el M-19, a las que el gobierno no asistió oficialmente pero que crearon un ambiente de diálogo que empujó al Ejecutivo hacia la mesa. La "Iniciativa de Paz" de septiembre de 1988 nació en parte de ese impulso, aunque el plan ya venía elaborándose desde principios de ese año, con la propuesta del plebiscito, meses antes del secuestro. Atribuirle en exclusiva el proceso de paz al episodio de Gómez es una simplificación cómoda. La propia "Iniciativa" solo tomaría vuelo real a partir del asesinato de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, aproximadamente un año después de la liberación.

Lo que sí quedó claro fue que Álvaro Gómez, tras el cautiverio, era otra vez un hombre que pesaba. Y ese peso recuperado llegaría justo a tiempo para el terremoto institucional que se avecinaba. En muy pocos meses, el asesinato de Galán, la desmovilización del M-19 y la convocatoria de una Asamblea Constituyente redibujarían por completo el mapa de la política colombiana; y en ese nuevo mapa, contra todo pronóstico, Álvaro Gómez tendría un lugar central.

Salvación Nacional y la Constituyente

En 1990, en el vértigo político abierto por los magnicidios de Galán y Bernardo Jaramillo, la desmovilización del M-19 y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, Álvaro Gómez fundó el Movimiento de Salvación Nacional. La operación era de una audacia calculada: separarse formalmente del Partido Social Conservador —que él mismo había ayudado a construir— para presentarse como una fuerza electoral diferenciada, capaz de capturar el voto conservador descontento y de negociar en la Asamblea desde una posición propia. En las estadísticas electorales colombianas el MSN quedaría clasificado como una de las facciones que componen el voto conservador, distinta del Partido Social Conservador y de los conservadores independientes; pero en la conversación política del momento apareció como algo nuevo: un conservatismo dispuesto a refundar el país.

En la Asamblea Constituyente de 1990-1991 se cristalizó la paradoja final de su carrera. Álvaro Gómez y Antonio Navarro Wolff —comandante del M-19 desmovilizado, hombre de la organización que lo había secuestrado tres años antes— presidieron conjuntamente la Asamblea. Los dos aliados en iniciativas fundamentales. Los dos firmando el texto que enterraría la Constitución de 1886, obra intelectual del conservatismo del siglo XIX que Laureano y su hijo habían defendido durante décadas.

La Asamblea se articuló en torno a dos bloques enfrentados: liberales y M-19 de un lado; MSN y Partido Social Conservador del otro, con la frecuente concurrencia de los conservadores independientes. Los números favorecieron ligeramente al primer bloque, que votó unido en veintidós ocasiones y ganó trece; el segundo lo hizo en veintiuna y ganó ocho. Detrás de esa aritmética había una verdad más difícil de medir: Álvaro Gómez no impuso su agenda —el laicismo del nuevo texto, la apertura pluralista, el desmonte del estado de sitio permanente iban contra buena parte de su tradición—, pero tampoco fue derrotado. La copresidencia con Navarro fue, en sí misma, el reconocimiento de que ningún proyecto constitucional podía prosperar sin sentar al último gran doctrinario conservador en la cabecera de la mesa.

Que un heredero del laureanismo terminara firmando una Constitución que garantizaba libertad de cultos, reconocía la diversidad étnica y consagraba mecanismos de democracia participativa podía leerse de dos maneras. Como traición al legado paterno —y así lo leyeron sus enemigos internos—. O como la conclusión lógica de una vida entera pasada dentro de la gramática del pacto bipartidista: el hombre que había hecho oposición perpetua desde El Siglo, pero siempre desde dentro del sistema que su padre cofundó en Benidorm, no podía sino terminar pactando también él. Su fidelidad última no era a una doctrina cerrada sino al lugar desde el cual esa doctrina se enunciaba: la mesa donde se decidían las cosas, aunque decidirlas supusiera negar buena parte de lo que se había defendido.

El magnicidio

La noche del 2 de noviembre de 1995, en Bogotá, Álvaro Gómez Hurtado salió de la Universidad Sergio Arboleda —a la que estaba vinculado— y cayó bajo una ráfaga de tiros. El país, ya sacudido por la crisis del Proceso 8.000 y las acusaciones de financiación del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, quedó suspendido en un instante que reprodujo, con veinte años de distancia, la conmoción de otros magnicidios: Gaitán, Galán, Jaramillo, Pizarro.

Las hipótesis se multiplicaron desde el primer día. El narcotráfico como venganza, sectores del propio Estado, disidencias militares, la extrema izquierda: cada versión servía a un cálculo político distinto. El gobierno Samper —recordado como uno de los momentos en que "se jodió Colombia"— cargó desde entonces con la sombra de la sospecha, sin que ninguna investigación judicial lograra establecer autoría material e intelectual con solidez definitiva.

Décadas después, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición derivado del Acuerdo de Paz de 2016, dirigentes de las antiguas FARC —incluidos Carlos Alberto Lozada y Rodrigo Londoño— confesaron públicamente ante la Comisión de la Verdad que había sido esa guerrilla la que mató a Álvaro Gómez Hurtado. La confesión partió al país. Unos la recibieron como un avance histórico, la primera admisión clara de responsabilidad sobre un crimen que había envenenado tres décadas de política nacional. Otros la miraron con escepticismo, sugiriendo que las FARC asumían un crimen ajeno para blindar a autores más incómodos. La familia Gómez la rechazó como mentira.

Juan Manuel Santos, que había firmado el Acuerdo con las FARC, señaló que la confesión lo tomó por sorpresa: días antes se había reunido con la cúpula guerrillera sin que ninguno de sus interlocutores mencionara el asunto. Su valoración final sobre la veracidad de lo confesado quedó envuelta en la misma bruma que envuelve todo lo que rodea al caso.

El magnicidio de Álvaro Gómez es hoy un crimen confesado y no resuelto. La confesión responde una pregunta —quién apretó el gatillo— y deja intactas las otras: quién lo ordenó, con qué complicidades, en qué juego de intereses. En un país donde los acuerdos oscuros rara vez terminan de nombrarse, esa opacidad no es un accidente sino un patrón.

Su red

La biografía de Álvaro Gómez se teje con nombres que son, cada uno, capítulos de la historia colombiana reciente, y ninguno pesa tanto como el del propio padre. Laureano fue la sombra imposible: el punto de partida y también el techo contra el que Álvaro chocó toda la vida. Contra esa figura tutelar se definió, incluso cuando parecía continuarla; sin ella no se explica ninguna decisión de las que tomó. Al otro lado del bipartidismo estaba Alberto Lleras Camargo, el liberal con quien Laureano había firmado Benidorm, un adversario doctrinal que la memoria familiar convirtió en el nombre mismo del reparto del país. La política de Álvaro se movió durante décadas entre esos dos apellidos: el que llevaba y el que su padre había abrazado en la costa española.

En las aulas del San Bartolomé había compartido pupitre con Misael Pastrana Borrero, el conservador que sí llegaría a la presidencia en 1970, aliado y rival interno de toda una vida: los dos formados por los mismos jesuitas, los dos llamados a disputarse la conducción de un partido que ya no cabía en una sola dirección. A la generación siguiente pertenecería Andrés Pastrana Arango, hijo de Misael y presidente entre 1998 y 2002, cuya carrera Álvaro alcanzó a ver madurar antes de morir; el relevo generacional del conservatismo se cocinó ante sus ojos.

En su propia liga se cruzó con Belisario Betancur, el conservador que sí llegó al poder en 1982 y abrió el primer proceso de paz serio con la insurgencia —donde Gómez, opositor perpetuo, jugó el papel del escéptico ilustrado—; con Virgilio Barco, el liberal que le impuso la última de sus derrotas presidenciales en 1986 y bajo cuyo mandato fue secuestrado; y con Ernesto Samper Pizano, el presidente bajo cuyo gobierno fue asesinado y cuya administración quedó, quisiéralo o no, marcada por ese crimen. Con Rodrigo Lloreda Caicedo, director de El País de Cali, se disputó la candidatura presidencial conservadora y luego coincidió en la Constituyente; entre los dos, contra la costumbre partidista, hubo un respeto que jamás se agrió en rencor —una excepción en un país donde la disputa interna suele quemar más que la contienda con el adversario.

En la orilla contraria, la del M-19, se alzaban los nombres que primero lo persiguieron y luego lo acompañaron. Jaime Bateman Cayón, el fundador de la guerrilla que lo secuestraría, murió en 1983 sin ver el desenlace pactado de su proyecto. Carlos Pizarro Leongómez, el comandante que firmó la desmovilización y fue asesinado en 1990, encarnó el tránsito de las armas a la política que Álvaro terminaría legitimando desde la copresidencia de la Constituyente. Y Antonio Navarro Wolff, el copresidente inesperado, fue la síntesis viviente de esa paradoja: el hombre de la organización que lo había secuestrado sentado a su lado firmando la Constitución. Alrededor, el paisaje sombrío de los magnicidios contemporáneos enmarcaba su época: Rodrigo Lara Bonilla, ministro asesinado en 1984; Enrique Low Murtra, magistrado y ministro asesinado en 1991; y Pablo Escobar, la figura que dio nombre a la violencia de esos años y cuyo cartel sobrevolaba cada muerte de la política nacional.

Cerrando el círculo, en el interior silencioso de la casa Gómez, estuvieron siempre las mujeres —su madre Mariela Espinosa de Gómez, María Cecilia Tulcán Lucio y las generaciones femeninas que sostuvieron la vida doméstica mientras los hombres firmaban editoriales y perdían elecciones—. La red completa dibuja el mapa de un hombre que se movió, casi siempre, entre iguales: presidentes, comandantes, directores de periódico. Rara vez estuvo solo. Nunca estuvo entre desconocidos.

Su huella

Álvaro Gómez Hurtado dejó cuatro herencias que la historia colombiana aún administra, y ninguna se ha cerrado del todo.

La primera es lingüística y política: la fórmula de las "repúblicas independientes" sobrevivió a su autor y sigue circulando en los debates sobre soberanía territorial, presencia estatal y militarización del campo. Cada operación militar contra zonas de retaguardia guerrillera —desde Marquetalia en 1964 hasta las ofensivas contra las disidencias actuales— se piensa, consciente o inconscientemente, en el vocabulario que él acuñó. Su idea más influyente fue también su idea más letal: no hay muchos políticos colombianos del siglo XX de los que pueda decirse que una frase suya bastó para fundar una guerra de sesenta años, y él es uno de ellos.

La segunda es institucional: la Constitución de 1991, con toda su carga liberal-pluralista, lleva su firma. El conservatismo doctrinario colombiano no fue derrotado en la Constituyente; se autolimitó allí, aceptando un texto que enterraba buena parte de sus premisas confesionales y centralistas a cambio de participar en la construcción del nuevo orden. Álvaro Gómez encarnó esa transacción, y su posteridad política es, en gran medida, la posteridad de esa Constitución que hoy se defiende y se disputa por igual. Cada intento de reformarla o de defenderla —y ha habido muchos en tres décadas— dialoga en silencio con el hombre que la firmó siendo lo que era.

La tercera es partidista: el Movimiento de Salvación Nacional no sobrevivió a su fundador, pero abrió una pauta que la derecha colombiana repetiría después: escisiones personalistas dentro del conservatismo, movimientos-etiqueta construidos alrededor de una figura, coaliciones circunstanciales con el Partido Social Conservador. Buena parte de la política de derecha del siglo XXI en Colombia opera bajo esa lógica que Álvaro inauguró en 1990. Los liderazgos posteriores —los Uribe, los Pastrana en su segunda encarnación, las apuestas más recientes— han vivido de ese molde: una figura fuerte, un vehículo electoral hecho a su medida, una negociación permanente con el conservatismo institucional. El MSN duró poco; el modelo, en cambio, lleva ya tres décadas replicándose.

La cuarta, y quizá la más pesada, es simbólica: su magnicidio se convirtió en una de las heridas emblemáticas de la política colombiana. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2020, que responsabilizó al Estado colombiano por la falta de esclarecimiento del crimen, cristalizó judicialmente lo que la vida pública ya sabía: hay expedientes fundamentales que este país no ha sido capaz de cerrar. Álvaro Gómez es hoy más que un personaje; es un espejo de una política nacional donde las verdades se pactan, se administran o se aplazan, pero rara vez se dicen del todo. Su nombre reaparece cada vez que un caso viejo vuelve a los titulares sin resolverse, cada vez que una confesión abre más preguntas de las que responde.

Fue el último gran conservador doctrinario porque después de él el conservatismo colombiano se volvió otra cosa: una etiqueta electoral, una franquicia, una nostalgia. Álvaro creyó de verdad en las ideas que defendía —el orden, la autoridad, la tradición católica, la nación indivisible— aunque su práctica política lo obligara una y otra vez a negociar con lo que negaba. Esa tensión, más que sus victorias o sus derrotas, es lo que lo hace irrepetible. Y por eso su nombre sigue apareciendo cada vez que el país intenta explicarse a sí mismo un magnicidio sin culpables plenos, una Constitución sin doctrinarios que la defiendan y una derecha que ya no encuentra doctrina, sino sólo herencia.