Hugo Chávez

El coronel que llegó por las urnas

Chávez nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, un pueblo del estado de Barinas, en los llanos venezolanos que comparten paisaje y cultura con los llanos colombianos de Arauca y Casanare. Militar de carrera formado en la Academia Militar de Venezuela, se hizo público el 4 de febrero de 1992, cuando dirigió, siendo teniente coronel, un intento fallido de golpe contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Fracasó y fue apresado, pero su rendición televisada —el famoso "por ahora"— lo convirtió en símbolo de la impaciencia venezolana con un sistema político agotado.

Ese sistema era el del Pacto de Punto Fijo, firmado en 1958: un bipartidismo entre Acción Democrática (los adecos) y COPEI (los copeyanos) que durante casi cuatro décadas concentró el poder, alimentó redes de clientelismo y agotó su legitimidad en la corrupción. Chávez llegó al poder en un país harto de sus élites, análogo en su estructura al Frente Nacional colombiano: dos partidos que se turnaban, otras posiciones excluidas, un contrato tácito que había caducado. Salió de prisión en 1994 y fundó el Movimiento V República, con base en el bolivarianismo que venía incubando desde los años ochenta en el clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200). En diciembre de 1998 ganó la presidencia por elección, y en 1999 convocó una Asamblea Constituyente que redactó una nueva Carta, vieja aspiración venezolana bloqueada por el Congreso durante los años noventa.

Antes de asumir, Chávez había buscado activamente conocer la experiencia constitucional colombiana. Se reunió con constituyentes de 1991 —entre ellos Antonio Navarro Wolff y Álvaro Gómez—, interesado en el mecanismo mediante el cual Colombia había refundado su Carta política tras la debacle de fines de los ochenta. Navarro Wolff le explicó, con una metáfora que Chávez retendría, que una constituyente era como un mazo: una vez levantado había que dejarlo caer, porque el esfuerzo transformador no admitía frenos a mitad de camino. Poco después, ya en el poder, Chávez levantó su propio mazo.

Los orígenes de una relación turbia: 1992 y las FARC

El primer contacto documentado entre Chávez y las FARC-EP se produjo, con toda probabilidad, en 1992, cuando el coronel golpista estaba preso. Una comunicación interna de las FARC fechada el 31 de julio de 2004, cruzada entre Rodrigo Granda —alias Ricardo, encargado de las relaciones internacionales y las finanzas del secretariado— y Raúl Reyes, relata que la guerrilla habría hecho llegar cien millones de pesos colombianos al MBR-200 mientras Chávez cumplía prisión. Según ese mismo documento, un asesor presidencial de seguridad, Ramón Morales, de la Mesa de Planificación Estratégica, habría reconocido años después haber recibido ese dinero.

Ese episodio, de confirmarse, explica la naturaleza estructural del vínculo posterior: no una alianza ideológica formal, sino una deuda temprana convertida con los años en interdependencia. Las FARC necesitarían, apenas una década más tarde, territorio en Venezuela para replegarse; Chávez necesitaría, en cada uno de sus pulsos con Washington y con Bogotá, un contrapeso que solo la ambigüedad frente a la guerrilla podía darle. Esa interdependencia, más que ninguna afinidad programática, es la clave de lo que vino.

La era Chávez–Uribe: la diplomacia del micrófono

Cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia colombiana en agosto de 2002 con la bandera de la seguridad democrática, la colisión con el proyecto bolivariano estaba escrita. Los dos hombres se encontraron por primera vez y acordaron, explícitamente, no caer en la "diplomacia del micrófono", esa costumbre de sacar a la prensa lo que debía tramitarse por cancillería. Fue exactamente lo que hicieron durante los ocho años siguientes.

La lista de agravios se acumuló rápido. En diciembre de 2004, agentes colombianos capturaron en Caracas a Rodrigo Granda, el "canciller" de las FARC, y lo trasladaron a Cúcuta. Chávez consideró el hecho una violación de la soberanía venezolana; Bogotá replicó que Venezuela había estado dando refugio al guerrillero. Los mecanismos formales de vecindad —comisiones binacionales, canales técnicos— se paralizaron, sustituidos por lo que ambos gobiernos habían prometido evitar: recriminaciones por micrófono, denuncias cruzadas, escaladas verbales que subían por la mañana y bajaban por la tarde. Un patrón que se hizo estructural.

En mayo de 2004, el gobierno venezolano señaló públicamente al general Martín Carreño, comandante del Ejército colombiano, como responsable de acciones opositoras contra Chávez, y afirmó que parte de la incursión —el llamado episodio de los "paramilitares en la finca Daktari"— había sido preparada desde Cúcuta. Voces venezolanas afirmarían más tarde que durante el primer mandato de Uribe se habían enviado sicarios de las autodefensas a asesinar al presidente venezolano. Estas versiones circularon en el ecosistema informativo caribeño y alimentaron la sensación, del lado de Caracas, de que Colombia era una plataforma de agresión.

Del lado colombiano, la sensación era simétrica y opuesta: Venezuela era el santuario. La ofensiva militar de Uribe había replegado a las FARC hacia las fronteras nacionales, especialmente hacia Venezuela y Ecuador, convirtiendo esos territorios en zonas de retaguardia y refugio. El Plan Colombia, iniciado bajo Andrés Pastrana y profundizado por Uribe, internacionalizó el conflicto: los guerrilleros desbordaron hacia Venezuela, Ecuador, Panamá, Brasil y Perú, en busca de refugio y de puntos de operación defensiva. La ambigüedad venezolana frente a esta presencia nunca pudo esclarecerse, porque los canales por los que debía tramitarse estaban rotos.

Los costos económicos fueron reales. Venezuela sustituyó importaciones colombianas por proveedores de otros países; la participación de Colombia en la balanza comercial venezolana cayó, según cifras del lado crítico al manejo uribista, del 16% al 7%, y la producción colombiana de automóviles se contrajo en torno al 30%. La industria fronteriza y andina veía cerrarse un mercado histórico. A finales de 2006 Venezuela salió de la Comunidad Andina de Naciones, un gesto que obligó a renegociar desde cero los acuerdos de zona de libre comercio y unión aduanera, y que debilitó el marco institucional del intercambio bilateral.

La escalada culminó en julio de 2010, cuando Chávez rompió relaciones diplomáticas con Colombia tras las denuncias del gobierno saliente de Uribe ante la OEA sobre presencia de comandantes de las FARC en territorio venezolano. Fue el punto más bajo de la relación en el siglo XXI. La retórica belicista había calado: un "patrioterismo" alimentado por un manejo de la información que había convertido un diferendo bilateral en un choque de identidades, y que llevó a sectores importantes de la opinión colombiana a contemplar sin escándalo la hipótesis de una guerra con Venezuela.

Chávez mediador: el acuerdo humanitario y los rehenes

En medio de la hostilidad ocurrió algo que en retrospectiva fue decisivo: en 2007, el propio gobierno Uribe le entregó a Chávez una función delicada y de alta visibilidad —la intermediación para la liberación de rehenes en poder de las FARC—. La senadora liberal Piedad Córdoba fue designada como facilitadora, con autorización plena bajo la Ley 1106 de 2006, respaldada por el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, y con Chávez como su interlocutor y garante ante la guerrilla.

Fue una decisión operativa que revela el pragmatismo profundo del uribismo. Restrepo comunicó por carta a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, que el canal alterno de comunicación con Pablo Catatumbo quedaba suspendido para darle prioridad al esfuerzo de Córdoba y Chávez. El politólogo Alfredo Rangel, cercano a la ortodoxia de seguridad, reconoció que la inclusión de Piedad Córdoba y Chávez le había dado a la gestión una fluidez que antes no existía. La guerrilla, que había desconfiado durante décadas de cualquier intermediario colombiano, aceptaba hablar con un jefe de Estado que reconocía su naturaleza política.

El proceso produjo hitos concretos: la liberación unilateral de Clara Rojas y Consuelo González en enero de 2008, y luego la de un grupo de políticos —Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge Eduardo Géchem— en febrero. También produjo el gesto que puso a Chávez en su frontera más comprometedora: en enero de 2008 pidió formalmente a la Asamblea Nacional venezolana el reconocimiento del estatus de beligerancia para las FARC y el ELN, es decir, su calificación como fuerza en guerra legítima y no como organización terrorista. La solicitud no prosperó, pero dejó constancia de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Chávez para blindar a sus interlocutores.

La operación mediadora terminó abruptamente en marzo de 2008, cuando la Fuerza Aérea colombiana bombardeó un campamento de Raúl Reyes en Angostura, en territorio ecuatoriano, matando al número dos del secretariado de las FARC. La operación puso a Colombia en crisis con Ecuador y con Venezuela —Chávez movilizó tropas a la frontera— y congeló la mediación. También expuso lo que la ambigüedad chavista implicaba: en los computadores incautados a Reyes aparecieron correspondencias que sugerían vínculos operativos entre altos funcionarios venezolanos y la guerrilla. La sospecha se instaló como certeza política en Bogotá.

Santos y la conversión del enemigo en aliado

Cuando Juan Manuel Santos, exministro de Defensa del propio Uribe y arquitecto militar de los golpes más duros a las FARC, asumió la presidencia el 7 de agosto de 2010, las relaciones diplomáticas de Colombia con Venezuela y con Ecuador estaban rotas. Santos tomó, en cuestión de semanas, la decisión que definiría su política exterior y la posibilidad misma de negociar la paz: restablecerlas.

La lógica era transparente. Santos entendía que era imposible construir la paz en Colombia mientras subsistieran las enemistades con Venezuela y Ecuador, porque ambos países eran actores clave en el juego estratégico regional y controlaban, geográficamente, la retaguardia de la guerrilla. Formulaba el asunto como un principio: cuando se persigue un bien superior —la paz— es necesario "convertir al enemigo en amigo o aliado". Chávez y Rafael Correa lo consideraban un enemigo por su condición de heredero del uribismo; había que transformar esa percepción.

El primer encuentro Santos–Chávez, en Santa Marta, el 10 de agosto de 2010, fue simbólicamente denso: la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde había muerto Bolívar, servía de escenario a dos herederos autoproclamados del Libertador que ponían fin, con un apretón de manos, a la ruptura. Poco después, la Corte Constitucional declaró sin efecto el acuerdo de cooperación militar que Uribe había firmado con Estados Unidos permitiendo el uso de bases colombianas, y Santos —que habría podido insistir— optó por no hacerlo. Esa decisión desactivó una de las mayores fuentes de tensión con la región. Apoyó también la candidatura de María Emma Mejía para la Secretaría General de Unasur y sumó a Colombia a la Alianza del Pacífico, en un rediseño integral de la posición regional.

Con Chávez de aliado, la logística del proceso comenzó a moverse. Fueron los venezolanos quienes ayudaron a establecer los primeros contactos secretos con la guerrilla en 2011, quienes garantizaron traslados y comunicaciones seguras, y quienes contribuyeron a que las FARC creyeran, por fin, en la seriedad de una mesa. El acuerdo general para la terminación del conflicto se firmó en La Habana en agosto de 2012, con Cuba y Noruega como garantes y Venezuela y Chile como acompañantes. Chávez, ya visiblemente enfermo del cáncer que lo mataría en marzo del año siguiente, alcanzó a ver el arranque formal de la mesa en Oslo en octubre de 2012.

Fue una jugada estratégica de una lucidez inusual, y también una apuesta arriesgada. Santos no domesticó la ambigüedad venezolana: la aplazó. La cuestión del santuario guerrillero en territorio venezolano no se resolvió, se subordinó a la utilidad táctica de Chávez como mediador. La política exterior colombiana quedó, además, atada a la estabilidad de un régimen que ya mostraba signos serios de fragilidad. Era el precio de la paz, y Santos lo pagó a ojos abiertos.

La frontera: contrabandos, migraciones y desplazamientos

Ninguna imagen resume mejor la ambivalencia colombo-venezolana que la frontera de 2.219 kilómetros que comparten los dos países. La franja entre Norte de Santander y Táchira, entre La Guajira y Zulia, entre Arauca y Apure, concentra las tensiones más graves de Colombia con sus vecinos, superando en intensidad —aunque no en naturaleza— a las que se viven con Brasil, Ecuador, Perú y Panamá.

Por esa frontera sale cocaína colombiana rumbo a Europa vía Venezuela y entran clandestinamente ganado, café, cigarrillos y, sobre todo, gasolina subsidiada que puede costar hasta once veces menos que en Colombia. Los paramilitares expandieron su presencia hacia Norte de Santander en la última década del siglo XX y la primera del siguiente con el objetivo explícito de arrebatarle a la guerrilla el negocio del narcotráfico en La Gabarra, en el municipio de Tibú, corazón del Catatumbo. Las tasas de homicidios en Norte de Santander doblaron durante años el promedio nacional, en una región donde criminales comunes se disputaban desde siempre el control de los contrabandos.

La frontera es también el escenario de la migración humana y del desplazamiento forzado. Durante el boom petrolero venezolano de los años setenta, cientos de miles de colombianos emigraron a Venezuela en busca de trabajo. Décadas después, el flujo se invirtió: los desplazados internos del conflicto colombiano cruzaban hacia Venezuela por múltiples pasos irregulares, especialmente en la Serranía del Perijá, donde el municipio de Agustín Codazzi (Cesar) se destaca como el de mayor expulsión y recepción, por su proximidad estratégica a Machiques, en el estado Zulia. En La Guajira, las trochas de Paraguachón se deterioraron por el tráfico incesante de personas y mercancías, y niños escolarizados cruzaban a diario una frontera cada vez más insegura para llegar a clase.

Arauca vivió su propia guerra silenciosa: municipios como Saravena, Arauquita y Tame concentraron durante décadas la actividad del ELN y de frentes de las FARC que se movían con soltura entre los dos lados del río, mientras el petróleo de Caño Limón y el oleoducto hacia Coveñas ofrecían un objetivo permanente de extorsión y voladuras. En el lado venezolano, Apure funcionó como retaguardia sin control efectivo del Estado, con hatos ganaderos y pistas clandestinas que servían a las mismas economías ilegales que operaban en Colombia. Las autoridades venezolanas hicieron durante años como que el problema era ajeno, y las colombianas, incapaces de perseguir más allá de la línea, aceptaron un statu quo que la retórica presidencial no reflejaba.

El 13 de julio de 2015, ya bajo el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela lanzó el Plan de Seguridad N.° 25, que puso en marcha la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó en 2016 graves afectaciones sobre la población colombiana en zonas fronterizas. El gobierno de Maduro atribuyó los problemas de seguridad y desabastecimiento venezolanos a "fuerzas colombianas de ultraderecha que quieren implantar el modelo paramilitar", y una crisis diplomática mayúscula estalló cuando tropas venezolanas cruzaron a territorio colombiano en el Guainía. Santos protagonizó una confrontación telefónica directa con Maduro, con la amenaza explícita de arrestar a los soldados si no se retiraban en tres horas. Maduro cedió.

La red bolivariana y la izquierda colombiana

Chávez no fue una figura aislada: encarnó una generación de gobernantes latinoamericanos llegados al poder por vía electoral en la primera década del siglo XXI, que rechazaban la lucha armada como alternativa política y se convirtieron en referentes ideológicos para el continente. El giro histórico dejaba atrás la vieja izquierda insurgente de los años sesenta y setenta, cuyos proyectos armados —Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Perú— habían producido resultados amargos incluso cuando ganaban.

La lección se leyó de dos maneras opuestas en Colombia. Para la izquierda democrática, encarnada por el Polo Democrático y más tarde por el Pacto Histórico de Gustavo Petro, Chávez era prueba de que se podía transformar América Latina desde las urnas. Para las FARC —que insistieron durante veinte años más en las armas—, Chávez era un aliado natural pero no un modelo a imitar: era, más bien, el garante de que el mundo posterior a la desmovilización sería habitable.

Del otro lado del espectro colombiano, el "socialismo del siglo XXI" y el "castro-chavismo" se convirtieron en la principal categoría de amenaza esgrimida por el uribismo. Toda propuesta de reforma social, todo intento de negociación con la guerrilla, todo cuestionamiento al modelo económico podía ser recodificado como avance del proyecto bolivariano. La polarización interna en torno a esta categoría —que rebasaba con mucho lo que Venezuela realmente hacía o dejaba de hacer— reconfiguró el sistema de partidos, movilizó votos en cada elección desde 2010 y sobrevivió, cambiando de rostro, a la muerte del propio Chávez.

La huella póstuma

Chávez murió el 5 de marzo de 2013 en Caracas. Nicolás Maduro asumió la presidencia venezolana tras unas elecciones cuyos resultados no fueron reconocidos por la oposición, y la crisis venezolana —económica primero, humanitaria después— se convirtió en la principal preocupación regional. Colombia, presa de una paradoja diplomática, mantuvo durante los últimos años del gobierno Santos una posición distante y conciliadora: Venezuela era uno de los países acompañantes del proceso de paz, y confrontar a Caracas podía dinamitar la mesa. Bogotá hizo pronunciamientos sobre la necesidad de que la crisis se resolviera en instancias internacionales, sin sumarse a las posiciones más duras.

La ambigüedad tenía costos. Cientos de miles y luego millones de venezolanos comenzaron a cruzar hacia Colombia a partir de 2015, en el mayor éxodo humano de la historia contemporánea sudamericana. La frontera, que había sido durante décadas paso de colombianos hacia Venezuela, invirtió su sentido. Ciudades como Cúcuta, Riohacha y Bogotá recibieron oleadas migratorias que reconfiguraron la vida urbana, los mercados laborales, los sistemas de salud y educación. El país que Chávez había considerado enemigo se convirtió en el refugio de sus compatriotas.

En agosto de 2015, en pleno pico de tensión, Maduro decretó el cierre de la frontera y ordenó la deportación masiva de colombianos en la zona de Táchira, en operativos que dejaron a miles de familias en la miseria. Santos denunció los hechos internacionalmente, y por primera vez la vieja diplomacia del micrófono resonó en sentido inverso: Bogotá acusaba, Caracas se defendía.

La firma del Acuerdo Final con las FARC en noviembre de 2016 —el objetivo que había justificado toda la política de Santos hacia Venezuela— coincidió con el momento de mayor deterioro venezolano. La huella póstuma de Chávez sobre Colombia terminó siendo doble y contradictoria. Sin él, la paz de La Habana probablemente no habría sido posible, porque solo su ambigüedad calculada podía darle a la guerrilla las garantías internacionales que necesitaba. Pero el colapso de su régimen bajo su heredero produjo el fenómeno migratorio que definió la política colombiana de la segunda mitad de la década de 2010, alimentó la reacción uribista contra el acuerdo y aportó los argumentos que llevaron al triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 —con una diferencia de menos de sesenta mil votos, la más estrecha de la historia electoral colombiana reciente—.

La disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo, encabezada por alias Iván Márquez y otros exnegociadores en 2019, se refugió precisamente en Venezuela, replicando el patrón que Chávez había inaugurado. El ELN, que no había firmado nada, consolidó su presencia binacional en Arauca-Apure, en Catatumbo-Táchira y en La Guajira-Zulia, convirtiéndose en la organización armada más internacionalizada del país. Lo que Santos había aplazado —la cuestión del santuario— volvió, agrandado, sobre los gobiernos de Iván Duque y de Gustavo Petro. Duque desconoció al gobierno de Maduro y rompió de nuevo las relaciones diplomáticas en 2019, con lo que se cerraron los canales técnicos justo cuando más se necesitaban; Petro los reabrió en agosto de 2022 y designó embajador, apostando por una diplomacia de reincorporación regional que, en su lógica, prolongaba la lección de Santos.

Un legado en disputa

Para Colombia, Chávez fue enemigo estratégico y aliado táctico, amenaza continental y garante de paz, cómplice probable de la guerrilla y palanca imprescindible para su desmovilización. Su relación con las FARC —nacida en 1992 como una operación financiera menor, consolidada en los años 2000 como retaguardia territorial, formalizada en 2008 con la solicitud de beligerancia, instrumentalizada por Santos entre 2010 y 2013 como puente hacia La Habana— atraviesa una década larga de historia colombiana como su columna vertebral externa.

Su figura sigue vigente en la política interna, no como recuerdo histórico sino como categoría operativa: el "castro-chavismo" fue el eje de la campaña ganadora de Iván Duque en 2018 y volvió a ser argumento central del uribismo frente al triunfo de Gustavo Petro en 2022. La izquierda colombiana, que reivindica selectivamente el legado bolivariano en materia social pero suele mantener distancia frente al deterioro democrático venezolano, tampoco ha logrado deshacerse de su sombra.

Lo que Chávez le enseñó a Colombia —para bien y para mal— es que la geografía es destino. Ninguna política de seguridad, ningún proceso de paz, ninguna estrategia diplomática colombiana puede ignorar al vecino con el que se comparten más de dos mil kilómetros de frontera, tres cordilleras, una historia bolivariana común y un conflicto interno que durante décadas desbordó los mapas. Chávez encarnó esa lección en su versión más incómoda: la de un adversario ideológico al que había que convertir en aliado táctico porque no había alternativa. Santos lo entendió; Uribe se resistió; los gobiernos posteriores siguen navegando las consecuencias de haberlo tenido, y de haberlo perdido.