Iván Márquez

La semblanza

Márquez pertenece a la generación intermedia de las FARC. Ingresó a la guerrilla ya formada, se hizo adulto en la militancia clandestina de los años ochenta, sobrevivió a la guerra de los noventa y llegó al Secretariado en la etapa en que la organización perdía a sus fundadores. Cuando se sentó a negociar en La Habana en 2012, tenía a sus espaldas más de tres décadas de vida guerrillera y una biografía política que había pasado por la militancia comunista, la experiencia legal fallida de la Unión Patriótica y el retorno al monte tras la persecución contra ese partido. Esa doble condición, la de haber intentado la política legal y haber vuelto a las armas cuando esa política fue destruida, explica su peso en el proceso de paz. También explica la sombra que recorrió toda la negociación: la sospecha, nunca del todo desactivada, de que la historia podría repetirse.

No fue el comandante más carismático de las FARC ni su leyenda militar. Esa función la cumplieron otros: Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, el Mono Jojoy, Alfonso Cano. Márquez encarnó más bien la figura del cuadro político con formación ideológica sólida, capacidad de vocería y disciplina orgánica, el tipo de dirigente al que el Secretariado confía las tareas de representación externa. Por eso, cuando Timoleón Jiménez, alias Timochenko, diseñó la delegación negociadora de La Habana, Márquez apareció como su cabeza natural. Y por eso, cuando decidió romper con el Acuerdo en agosto de 2019, la fractura tuvo un peso simbólico desproporcionado: no era un mando periférico el que se marchaba, sino el rostro público de la firma.

En sus intervenciones de aquellos años se advertía ya una particularidad estilística que después resultaría decisiva. Márquez hablaba con la cadencia del cuadro doctrinario, pero introducía inflexiones que buscaban un público más amplio que el de la militancia. Citaba a Bolívar, apelaba a la reforma agraria pendiente, invocaba el precedente latinoamericano de guerrillas convertidas en gobierno. Esa mezcla de manual y pedagogía, incómoda para los sectores de la opinión pública que exigían una rendición pura, fue la moneda con la que el mando de las FARC compró tiempo, legitimidad y, finalmente, un acuerdo.

Los orígenes

Márquez nació en 1955 en el departamento del Caquetá, en el suroriente amazónico colombiano, una región que en las décadas siguientes se convertiría en uno de los corazones territoriales de las FARC. La geografía importa aquí: el Caquetá, con Florencia como capital y municipios como El Doncello, es una zona de colonización campesina, economía cocalera desde los años setenta y presencia guerrillera arraigada. La biografía de Márquez está entrelazada con ese territorio. Allí se instalarían, décadas más tarde, las zonas de despeje del Caguán y algunas de las estructuras más poderosas del Bloque Sur.

Su formación política inicial no fue en la selva sino en la militancia legal. Pasó por el Partido Comunista Colombiano y, a mediados de los años ochenta, se sumó a la Unión Patriótica, el movimiento que las FARC y el Partido Comunista impulsaron como brazo civil tras los Acuerdos de La Uribe. El 28 de marzo de 1984, en La Uribe, las FARC y el gobierno de Belisario Betancur habían firmado el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz, un documento de once puntos que contemplaba el cese al fuego, la creación de una Comisión de Verificación y el propósito declarado de las FARC de desmovilizar paulatinamente su estructura militar e iniciar el tránsito hacia un movimiento político legal.

La Unión Patriótica nació de esa apuesta. Concebida como plataforma amplia de sectores alternativos, no exclusivamente vinculada a la guerrilla, sumó rápidamente organizaciones campesinas de Tolima, Sumapaz, Cundinamarca, Huila, el Caribe, el Magdalena Medio, el Meta, Guaviare y el Caquetá, junto a sectores independientes del liberalismo y el conservadurismo, la Convergencia Liberal, el Nuevo Liberalismo Independiente y movimientos regionales como el Camilo Torres y el Causa Común.

Márquez fue uno de los cuadros de las FARC que se incorporaron a esa experiencia. La UP le ofrecía una carrera política legal a un militante formado en la clandestinidad. Pero la experiencia se rompió. El exterminio sistemático de militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica y la ausencia de garantías para ejercer la política de oposición produjeron indignación y desesperación entre sus miembros. Para los cuadros como Márquez que habían apostado por la vía legal, la lección fue brutal y quedaría inscrita como convicción biográfica: el Estado colombiano no ofrecía garantías reales para la disidencia armada que aceptaba desarmarse. Ese trauma, el de haber sido militante legal y haber visto asesinar a sus compañeros de partido, es una clave irremplazable para entender su desconfianza posterior, tanto en La Habana como después.

La trayectoria

Tras el naufragio de la UP, Márquez regresó a la vida guerrillera y ascendió en la estructura de las FARC. Ingresó primero al Estado Mayor Central y, luego, al Secretariado, el órgano de siete miembros que constituía la máxima dirección de la organización. Los años noventa lo encontraron consolidado como uno de los mandos de mayor peso político, aunque no como jefe militar de un bloque en sentido estricto.

Dentro del Secretariado, cada figura ocupaba una función reconocible. Marulanda era el jefe máximo y la figura fundacional. Arenas, el ideólogo, había muerto antes del proceso de La Habana. El Mono Jojoy encarnaba la leyenda militar. Raúl Reyes era el jefe diplomático. Alfonso Cano, el heredero político de Marulanda. Márquez se movía entre la política interna y la representación externa, sin la aureola militar de unos ni el pedigrí fundacional de otros, pero con el manejo de la palabra pública que el resto no cultivaba con la misma constancia.

Luego vino el Caguán. Entre 1998 y 2002, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se desarrolló el intento de negociación más ambicioso previo al de La Habana, con una zona desmilitarizada en el sur del país. Márquez participó en ese proceso, que terminó en fracaso. Las consecuencias fueron catastróficas para las FARC. Con Álvaro Uribe Vélez en la presidencia desde 2002 y una ofensiva militar sostenida, la guerrilla sufrió una acumulación de derrotas que la llevarían, una década después, a sentarse en La Habana desde una posición estructuralmente débil.

El descenso ocurrió en varios frentes a la vez. En lo militar, las FARC dejaron atrás las tomas de bases y pasaron a operar como cuadrillas dispersas: emboscadas a policías, torres y puentes dinamitados, trashumancia continua bajo bombardeos y persecución por tierra, agua y aire. En lo organizacional, la muerte de Jacobo Arenas y la de Manuel Marulanda antes de La Habana dejaron a la organización sin sus dos referentes fundacionales. Luego cayeron, en operaciones militares sucesivas, Raúl Reyes, el Mono Jojoy y Alfonso Cano, este último máximo comandante y cabeza del Secretariado tras la muerte de Marulanda. En lo político, la etiqueta de terrorismo se consolidó globalmente después del 11 de septiembre y erosionó cualquier reconocimiento internacional. En lo territorial, la ofensiva del Estado replegó a las FARC hacia sus zonas de retaguardia y hacia las fronteras nacionales, con la amenaza no consumada pero real de una propagación continental del conflicto.

Ese es el estado de la organización cuando Márquez asume, hacia el final de la primera década del siglo, un papel de primera línea en la diplomacia guerrillera. La ofensiva del Estado había logrado golpes decisivos, incluida la muerte de varios de los máximos comandantes, pero fue insuficiente para derrotar militarmente a la guerrilla. Un equilibrio precario: FARC replegadas pero no vencidas, Estado dominante pero incapaz de cerrar la guerra. Esa fue la condición material que hizo posible la negociación.

En febrero de 2012, contactos exploratorios secretos derivaron en conversaciones preliminares en La Habana. En agosto de ese año, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, que establecía las reglas de negociación y una agenda temática. El 4 de septiembre de 2012, Santos anunció públicamente los diálogos. La fase pública se lanzó formalmente en Oslo, en octubre, y se trasladó a La Habana, donde permaneció hasta el cierre. Márquez fue designado jefe del equipo negociador de las FARC.

La estrategia de Timochenko, ya comandante en jefe tras la muerte de Cano, consistió en involucrar en la mesa a casi todos los miembros del Secretariado y a jefes guerrilleros de diferentes zonas del país, alternándolos entre las selvas colombianas y Cuba a través de subcomisiones y equipos de apoyo. Márquez encabezó una delegación en la que Jesús Santrich, Seuxis Hernández Solarte, funcionó como segundo simbólico, mientras que Rodrigo Granda, Andrés París y Marcos Calarcá, que ya habían participado en la fase secreta, aportaron continuidad diplomática. A ellos se sumaron Mauricio Jaramillo, alias el Médico, Joaquín Gómez, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, este último incorporado al Secretariado por decisión unánime tras la muerte de Marulanda. Del otro lado de la mesa, el gobierno colombiano designó a Humberto de la Calle como jefe negociador y a Sergio Jaramillo como alto comisionado para la paz.

Las negociaciones duraron cerca de cuatro años. Se organizaron en torno a una agenda de seis puntos y produjeron un documento final de aproximadamente 300 páginas, anunciado en agosto de 2016. En octubre, ese acuerdo fue sometido a un referéndum popular y derrotado por un margen estrecho. El gobierno Santos lo revisó, las FARC lo aceptaron nuevamente y el texto ajustado se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, para ser ratificado por el Congreso a finales de ese mes. Es el marco de transición política más amplio y completo de todos los procesos de paz colombianos. Incluyó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que estableció los parámetros legales para el retorno de las FARC a la vida civil dentro de un complejo sistema de justicia restaurativa, con amnistía para delitos que no fueran de lesa humanidad.

Márquez fue la voz visible de las FARC en ese proceso. Firmó el acuerdo original en Cartagena y el ajustado en Bogotá. En 2017, cuando las FARC aceptaron transitar a la vida legal, se integró al partido político surgido de la desmovilización. Su plan declarado era ejercer una curul en el Senado, garantizada por el propio Acuerdo. Nunca la ocupó.

En abril de 2018, Jesús Santrich fue arrestado por presunto narcotráfico posterior al Acuerdo de Paz, en el marco de una solicitud de extradición tramitada a través de Interpol. Para el sector encabezado por Márquez, la detención de Santrich, uno de los negociadores más determinantes en La Habana, fue la primera señal inequívoca de que el Estado no cumpliría su parte. Santrich pasó cerca de un año en prisión hasta que fue liberado por falta de pruebas sobre la fecha del supuesto delito, requisito jurídicamente decisivo porque el Acuerdo cubría los actos anteriores a la firma. Márquez, entretanto, se había apartado del espacio territorial de reincorporación en el que estaba ubicado y se había desplazado a la frontera con Venezuela.

El 29 de agosto de 2019, en un video grabado en algún punto de la selva, Iván Márquez, Jesús Santrich y aproximadamente veinte excombatientes más anunciaron el retorno a las armas. Acusaron al gobierno de Iván Duque, sucesor de Santos desde agosto de 2018, de traicionar el Acuerdo de Paz. Invocaron la insuficiencia de garantías legales y de seguridad como justificación explícita del rearme. El grupo se dio a conocer con la denominación de Segunda Marquetalia, en referencia al mito fundacional de las FARC de 1964. La denuncia se apoyaba en un dato incontestable: en los cinco años posteriores a la firma habían sido asesinados más de trescientos excombatientes de las FARC-EP, evidencia palpable de fuerzas dispuestas a impedir la reintegración de los firmantes y de un deterioro grave de las condiciones de seguridad en el posacuerdo.

Santrich murió en Venezuela en mayo de 2021, en circunstancias que las autoridades venezolanas y colombianas nunca aclararon del todo. A Márquez se le atribuyó estar herido en un atentado ese mismo año. Desde entonces ha operado principalmente en territorio venezolano, en zonas de frontera cercanas a Norte de Santander, sin haber vuelto a aparecer con la regularidad pública de sus años negociadores. Su rearme coincidió con una reconfiguración más amplia del conflicto: para 2021 existían al menos treinta grupos de disidentes de las FARC con estructuras de poder altamente localizadas, algunos integrados por miembros que nunca se acogieron al Acuerdo, otros por excombatientes reincidentes, en un mapa disputado también por el ELN y por herederos de estructuras paramilitares que competían por los territorios y las economías ilegales dejados por las FARC-EP.

La red

La figura de Márquez es indisociable de tres círculos que la explican: el de las lealtades farianas, el de los interlocutores estatales y el de los lugares.

En el primero, la referencia mayor es la ausencia. Manuel Marulanda había muerto en 2008, Jacobo Arenas mucho antes; Alfonso Cano, dado de baja en operación militar en 2011, dejó abierta la línea de la salida negociada que Márquez asumió en La Habana. Timoleón Jiménez, comandante en jefe desde entonces, ejerció una función que a Márquez le fue ajena: sostuvo el Acuerdo desde el nuevo partido y no lo siguió en la ruptura de 2019. Esa divergencia entre el jefe máximo y el jefe negociador marca el momento en que el consenso del antiguo Secretariado se quiebra en dos vías legítimas para sus protagonistas y contradictorias entre sí. Simón Trinidad, extraditado a Estados Unidos años antes de La Habana pero mantenido nominalmente en la delegación como gesto político, y Raúl Reyes, jefe diplomático abatido tras el Caguán, funcionan como los antecedentes que Márquez actualizaba con su vocería. En el segundo anillo aparecen los compañeros de mesa y de ruptura: Jesús Santrich, con sus gafas oscuras por la ceguera, cuya detención y muerte funcionaron como bisagra entre las dos vidas de Márquez, y Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC por su papel diplomático internacional.

Del lado del gobierno, Juan Manuel Santos, presidente entre 2010 y 2018, fue el interlocutor bajo cuya administración se negoció y firmó el Acuerdo; recibió por ello el Premio Nobel de Paz en 2016. Álvaro Uribe Vélez, presidente entre 2002 y 2010 y luego líder de la oposición al Acuerdo, encarnó la posición contraria y fue la figura política central del No en el referéndum. Iván Duque, presidente desde agosto de 2018, es el mandatario a quien Márquez y Santrich acusaron directamente de traicionar lo firmado. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo fueron sus contrapartes técnicas y políticas en la mesa. El contraste entre el estilo jurídico de De la Calle, exvicepresidente y diplomático de carrera, y la retórica doctrinaria de Márquez definió buena parte del tono público de las rondas.

Los lugares constituyen la tercera coordenada. El Caquetá, con Florencia, El Doncello y la selva del Yarí donde las FARC celebraron su décima conferencia en 2016 para ratificar el paso a la vida legal, es el territorio de origen y de identidad. La región de La Uribe, en el Meta, es donde se firmó en 1984 el pacto que dio origen a la UP. El Caguán es el fracaso previo. La Habana es el lugar simbólico de la negociación. La frontera colombo-venezolana, con Tibú y Norte de Santander del lado colombiano y Caracas como retaguardia política, es el escenario del retorno a la clandestinidad armada.

Atraviesa toda esta red una idea: la desconfianza estructural en las garantías del Estado colombiano hacia la disidencia armada que acepta desmovilizarse. Esa desconfianza tiene una fecha de nacimiento verificable, los años del exterminio de la UP, y una fecha de confirmación, los años del posacuerdo, con sus más de trescientos firmantes asesinados. Márquez es el vehículo biográfico de esa continuidad.

La huella

Evaluar la huella de Iván Márquez exige separar tres planos que en su figura se enredan.

En el plano de la negociación de La Habana, Márquez firmó el acuerdo de paz más completo que Colombia haya alcanzado con una guerrilla, un texto que reordenó la reforma rural, la participación política, el problema de las drogas ilícitas, las víctimas, la justicia transicional y la dejación de armas. Que ese acuerdo se firmara y se ratificara, pese al revés del referéndum, es en sí mismo un hecho histórico irreversible, y Márquez fue una de las manos que lo hicieron posible. La creación de la JEP, la desmovilización efectiva de miles de combatientes y el desmantelamiento del proyecto militar de las FARC-EP son consecuencias directas de esa mesa. El propio Márquez, en las intervenciones públicas de aquellos años, oscilaba entre el discurso doctrinario del cuadro fariano y una prosa negociadora que buscaba explicar, ante una opinión pública desconfiada, por qué la organización aceptaba pactar con un Estado al que había combatido durante medio siglo. Esa función pedagógica, más que la militar, fue la que lo convirtió en pieza clave del proceso.

En el plano de la implementación, el balance es más sombrío y Márquez tiene razones documentales de peso para sostener su denuncia. El asesinato de más de trescientos exmiembros de las FARC-EP en los cinco años posteriores a la firma no es un dato marginal: es evidencia de fuerzas activas opuestas a la paz operando sobre la población firmante en condiciones de garantía estatal insuficiente. La detención de Santrich, posteriormente desmontada por falta de pruebas sobre la fecha del delito, señaló que incluso la protección jurídica pactada era frágil frente a la persecución judicial. El correlato de exilio de firmantes y la reconfiguración territorial de grupos armados no estatales completan el cuadro de un posacuerdo cumplido a medias. Cuando Márquez y sus veinte compañeros denunciaron una traición, no inventaron esa realidad: la nombraron. La curul que nunca ocupó en el Senado quedó como emblema material del incumplimiento: un asiento vacío en el corazón institucional del Estado con el que había pactado.

Y sin embargo, en el plano del rearme, la trayectoria posterior de Márquez no está a la altura de su denuncia. La Segunda Marquetalia no es una fuerza política con proyecto nacional creíble; comparte con las demás disidencias, con el ELN y con los herederos paramilitares una característica que las diferencia radicalmente de las FARC históricas: la ausencia de un relato capaz de sostener política, apoyos y reclutamiento masivo. Su base social es débil, su territorio se traslapa con economías ilegales y su liderazgo opera desde Venezuela, lejos de las regiones colombianas cuya representación reclamaba en La Habana. La sospecha, difícil de disipar, de que su regreso al monte estuvo también condicionado por incentivos organizacionales y por la lógica de preservación de estructuras armadas ligadas a economías de guerra convive con la denuncia legítima del incumplimiento estatal, y ninguna de las dos lecturas cancela a la otra. El hombre que en La Habana argumentaba la necesidad del tránsito a la política legal terminó, en la selva venezolana, invocando el mito fundacional de 1964 para justificar un retorno a las armas cuyo horizonte político nadie ha logrado precisar.

De ahí la incomodidad que Márquez produce en el debate público colombiano. La derecha lo señala como prueba de que las FARC nunca fueron negociadoras sinceras y de que el Acuerdo fue una concesión ingenua. Esa lectura desconoce que casi todo el Secretariado sostuvo el proceso, que Timochenko no rompió y que Márquez rompió con veinte hombres, no con veinte mil. Un sector de la izquierda lo eleva a mártir del incumplimiento estatal. Esa lectura invisibiliza que su retorno al monte no reconstruyó proyecto político alguno y que las estructuras que hoy operan bajo la etiqueta de Segunda Marquetalia están profundamente enredadas con economías ilegales. Lo más honesto que puede decirse sobre su huella es que Márquez encarna la ambigüedad irresuelta del cuadro político-militar fariano: negoció con seriedad un acuerdo que el Estado implementó de manera insuficiente y en condiciones de violencia sistemática contra los firmantes, pero su ruptura también dejó al descubierto los límites estructurales de una guerrilla que nunca resolvió del todo la tensión entre proyecto político y economía de guerra.

Su nombre quedará asociado, para las próximas generaciones, a dos escenas de una misma biografía: el hombre trajeado que firma en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016, y el hombre uniformado que, tres años después, anuncia desde algún punto de la selva el regreso a las armas. Entre ambas escenas caben la historia inconclusa del posacuerdo colombiano, la fragilidad de las garantías estatales para quienes deponen las armas y la continuidad obstinada de un conflicto que Colombia todavía no ha terminado de cerrar.