Economía de guerra

En Colombia, la economía de guerra no ha sido un accidente ni una desviación pasajera del curso económico normal: ha sido un régimen recurrente por el que se financia el combate, se extraen recursos de los territorios y se redistribuye la propiedad —sobre todo la de la tierra— bajo el imperio de las armas. Dos siglos de guerras, desde los empréstitos de la Independencia hasta las rentas del narcotráfico y la extorsión, muestran una constante incómoda: el Estado colombiano nunca logró construir una fiscalidad capaz de sostener por sí sola sus conflictos, y los actores armados —patriotas, ejércitos federales o centralistas, guerrillas, paramilitares, carteles— aprendieron a costearse mediante deuda externa, reclutamiento forzoso, depredación agraria, extorsión sistemática y, en la fase contemporánea, un negocio ilícito de alcance global. Esa mecánica no solo prolongó las guerras: reordenó regiones enteras y desplazó a millones de personas. La expresión "economía de guerra" nombra ese régimen, y también las herramientas conceptuales con que la economía y la historia han intentado descifrarlo.

Un concepto de dos filos

En su acepción más neutra, la economía de guerra designa el conjunto de mecanismos por los que un actor armado obtiene, administra y gasta los recursos que le permiten hacer la guerra: cómo se paga a la tropa, cómo se compran las armas, de dónde salen los víveres, quién asume los costos que la guerra impone sobre la producción y la propiedad. En un sentido más analítico, el término remite a un debate mayor sobre por qué existen y persisten los conflictos armados.

Ese debate tuvo, en las dos últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, un referente incómodo: la tipología que el economista británico Paul Collier propuso para clasificar las guerras civiles posteriores a la Guerra Fría según la motivación de los combatientes. De un lado, el agravio —grievance—: guerras nacidas de injusticias históricas, exclusión política, desigualdad, discriminación. Del otro, la codicia —greed—: guerras entendidas como empresas económicas, donde los grupos armados combaten para apropiarse de rentas. El caso colombiano fue, en cierto modo, el que hizo colapsar la tipología. Las guerrillas revolucionarias, nacidas del agravio, se involucraron con creciente profundidad en economías ilegales y terminaron mostrando comportamientos que la clasificación reservaba a los depredadores puros; los carteles del narcotráfico, presuntamente movidos solo por codicia, articularon discursos políticos, hicieron demandas sociales y, en algunos casos, tejieron alianzas con estructuras armadas que aspiraban al poder. La distinción se invirtió con tanta frecuencia que dejó de operar como criterio.

Los modelos económicos del conflicto ofrecen otra puerta de entrada. En su mayoría, por diseño metodológico, tratan la guerra como una situación de equilibrio —una condición estable en la que dos partes calculan racionalmente cuánto invertir en violencia—, lo que limita la comprensión de sus mutaciones en el tiempo. Solo algunos intentos han extendido esos modelos para pensar la dinámica del conflicto. Uno de ellos, formulado por Skaperdas y Syropoulos en 1996, resulta especialmente iluminador para el caso colombiano: demuestra que la actividad depredadora desincentiva la producción legal, y que una parte que valore mucho las rentas futuras del poder invertirá más en armamento en el presente para mejorar su posición futura. De ahí se sigue una distinción decisiva. Una organización subversiva que busca el poder valora el beneficio económico futuro de conquistarlo y reinvierte sus rentas depredadoras en operaciones ofensivas; un actor de crimen organizado orientado a la ganancia inmediata no. Con la persistencia del conflicto colombiano, esa frontera se fue borrando: las guerrillas se criminalizaron, los grupos criminales imitaron formas políticas, y el resultado —una mezcla híbrida de motivaciones— hizo aún más difícil clasificar a los actores.

Este análisis no supone que las motivaciones económicas manden sobre las políticas o las identitarias. Su punto de partida es más modesto: asume que las decisiones de los individuos —incluidos sus valores, filiaciones y agravios— son racionales dentro de las restricciones que enfrentan, y desde allí deduce resultados sobre la emergencia y evolución de la violencia. Aplicado a Colombia, el enfoque revela algo que la historia política sola no permite ver: la autonomía financiera de los grupos armados frente al Estado y frente a las dinámicas internacionales de la Guerra Fría fue la causa esencial de la prolongación excepcional del conflicto. Las guerrillas colombianas no necesitaron ni recibieron financiación decisiva de potencias extranjeras; el paramilitarismo, aunque emparentado con sectores del Estado, no dependió de él para sostenerse. Ese autofinanciamiento —posible gracias a la depredación primero, y al narcotráfico y la extorsión después— explica que Colombia librara la guerra civil más larga del hemisferio occidental cuando en el resto del mundo las guerras revolucionarias se apagaban al retirárseles el sustento externo.

Los patriotas y la deuda: 1810-1830

El primer ciclo de la economía de guerra colombiana coincide con la fundación misma del país. Entre 1819 y 1824, la República de Colombia —la Gran Colombia bolivariana— sostuvo un esfuerzo militar de dimensiones inéditas para el territorio. Los efectivos del ejército patriota pasaron de 7.000 hombres a principios de 1819 a por lo menos 23.000 en 1821, y el presupuesto oficial del ejército creció de varios millares de pesos en 1818 a millones en 1823. Ni las rentas coloniales heredadas ni la producción agrícola devastada por más de una década de combates podían costear esa maquinaria.

La respuesta fue doble: deuda externa y depredación interna. Durante la década de 1820, la Gran Colombia contrató empréstitos con acreedores ingleses para financiar la guerra de liberación y la administración pública. Fueron los primeros títulos soberanos del país en los mercados internacionales, y su desenlace anticipó una pauta que se repetiría. Desde 1827, el valor real de los debentures colombianos en la Bolsa de Londres se redujo a menos de la cuarta parte de su valor nominal, mientras los hacendistas granadinos —incapaces o poco dispuestos a reconocer el desplome— seguían calculando sus obligaciones con las cifras oficiales. La primera experiencia colombiana con el crédito internacional terminó en un déficit de credibilidad que la joven república no supo administrar.

Puertas adentro, el costo lo pagaron las haciendas y los pueblos. La depredación patriota sobre los grandes dominios agrícolas —requisas de ganado, tomas de cosechas, ocupación de tierras, reclutamientos forzados— desorganizó la producción y agotó las fuentes de recursos sin orden ni medida. Hacia 1822 y 1823, el ejército republicano era percibido por buena parte de la población civil como un cuerpo extraño y depredador, y ese desafecto —tan visible en la Costa Caribe, donde numerosos habitantes huyeron hacia el interior escapando de conscripciones repetidas— tuvo consecuencias duraderas: dispersó y redujo la fuerza laboral disponible para las haciendas, debilitó el control de los hacendados sobre poblaciones ya escasas y sembró la desconfianza entre las regiones y el poder central. La incapacidad del gobierno para construir mecanismos fiscales sólidos —para cobrar impuestos legítimos en vez de arrebatar recursos— fue una de las razones estructurales del declive del prestigio militar bolivariano tras Ayacucho.

Las guerras del siglo XIX: hacienda, aduana y recluta

Disuelta la Gran Colombia en 1830, la Nueva Granada heredó un aparato fiscal precario y una tradición de guerras civiles que, a lo largo del siglo XIX, se repetirían con intervalos cada vez más cortos: 1839-1842, 1851, 1854, 1859-1862, 1876-1877, 1885, 1895 y, en el desenlace del siglo, la Guerra de los Mil Días de 1899-1902. Cada uno de esos conflictos activó el mismo mecanismo económico básico, con variaciones.

La renta de aduanas fue la más importante de las rentas nacionales de la Nueva Granada en los primeros años del período republicano, aunque su peso relativo fue menor que durante la Gran Colombia, en parte por el mayor peso de la renta de tabaco. Los ingresos aduaneros dependían del comercio de importación, y este colapsaba con cada guerra civil: los puertos se cerraban o cambiaban de mando, los flujos comerciales se interrumpían, los recaudos caían. La guerra de 1840 produjo un desequilibrio característico: el gasto militar creció más rápido que la recuperación de las rentas, y la deuda interna se disparó. A eso se sumó una consecuencia menos visible pero corrosiva: los conflictos civiles minaban los acervos de capital disponible mediante su fuga hacia Europa, préstamos forzados al gobierno y el aumento de las tasas de interés, lo que dificultaba el establecimiento de nuevas empresas y empobrecía a la población.

Sin fiscalidad ni crédito suficientes, los ejércitos —oficiales e insurrectos— se financiaban de otras maneras. El reclutamiento forzoso fue el mecanismo sistemático de provisión de tropas. Todavía en 1899, al estallar la Guerra de los Mil Días, el Decreto No. 66 de Cundinamarca estableció que todo varón menor de sesenta años debía prestar servicio militar o pagar una exención de veinticinco pesos —una forma de convertir la sangre en dinero, o el dinero en sangre. La institución que hizo posible la recluta a gran escala fue la hacienda: los latifundistas prometían a sus arrendatarios protegerlos del reclutamiento forzoso, promesa que a veces cumplían y a veces no; en cualquier caso, la relación de dependencia entre patrón y peón facilitaba movilizar mano de obra rural hacia los frentes. Al mismo tiempo, muchos hacendados intentaban proteger su fuerza laboral, en una tensión permanente entre las lealtades partidarias que los llevaban a apoyar la guerra y los intereses productivos que los empujaban a resguardar sus fincas.

Durante los intervalos de paz —o de agotamiento— el gasto militar se comprimía a niveles llamativos. En el período 1856-1860, solo el 12,5% del presupuesto nacional correspondió al Departamento de Guerra, y el tamaño legal del ejército se redujo de 5.000 a 800 hombres. Pero el tamaño legal era una ficción: cuando estallaba un nuevo conflicto, las fuerzas efectivas se multiplicaban por reclutamiento y por adhesión de milicias regionales. La República tenía un ejército pequeño en el papel y una capacidad de movilizar hombres armados que superaba con creces esa cifra, lo que reforzaba la dependencia del país frente a los caudillos locales y las estructuras clientelares que podían convocar tropa.

Presidentes como Rafael Núñez y, más tarde, Rafael Reyes intentaron romper ese círculo dotando al Estado de instrumentos fiscales y bancarios más robustos; los resultados fueron parciales. La Guerra de los Mil Días —última y más devastadora del ciclo— terminó con el país en bancarrota, con la moneda envilecida por la emisión y con la pérdida de Panamá en 1903 como corolario económico y territorial de una guerra que también había sido, en el fondo, una crisis de financiamiento del Estado.

La Violencia y el despojo agrario: 1946-1964

El régimen bipartidista, la modernización agroexportadora y la explosión demográfica de la primera mitad del siglo XX llevaron a Colombia a un nuevo ciclo de guerra —esta vez no declarada, sin ejércitos rivales formales, pero de una intensidad devastadora. La Violencia, desatada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 y prolongada al menos hasta comienzos de los años sesenta, reveló una mutación decisiva del régimen económico de la guerra colombiana: por primera vez, la guerra se convirtió en un mecanismo masivo de reordenamiento de la propiedad agraria.

Los cálculos de Paul Oquist, publicados en 1978, siguen siendo la referencia obligada: durante La Violencia se perdieron 393.648 parcelas en Colombia, entre casos de abandono forzado y de venta apremiada a precios irrisorios. Los departamentos más afectados fueron Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Antiguo Caldas y Norte de Santander, con variaciones según se midiera por número de muertes o por parcelas perdidas. En el Tolima —epicentro particularmente atroz— el 42,82% del total de propiedades, 40.176 predios pertenecientes a 32.400 propietarios, fueron abandonadas transitoria o permanentemente, y se quemaron 34.304 casas; el 46% de los abandonos ocurrió en un lapso concentradísimo, entre 1955 y 1956.

La lógica del despojo era metódica. Grupos armados —de filiación partidaria variable, pero muchas veces con complicidades locales del poder público— sembraban terror contra personas y bienes hasta provocar el éxodo colectivo de familias enteras; luego mantenían el terror para impedir el retorno. En las zonas cafeteras, los asesinatos, robos y asaltos se intensificaban durante los períodos de cosecha, alterando la apropiación de los beneficios económicos del grano. Las tierras vaciadas se traspasaban a nuevos propietarios que las adquirían a bajo precio.

El destino de los desplazados marcó la geografía colombiana. Bogotá pasó de cerca de 500.000 habitantes a comienzos de los años cuarenta a 620.000 en 1950 y 1.300.000 en 1960, y una parte significativa de ese crecimiento acelerado provino del desplazamiento forzado. Otros migrantes tomaron una segunda ruta: la colonización espontánea de zonas más allá de la frontera agrícola —el piedemonte oriental, el Magdalena Medio, el sur de Córdoba, el sur del Tolima, el oriente caucano, el Catatumbo—, tierras donde el Estado apenas llegaba y donde los colonos, huérfanos de titulación y de servicios, terminarían décadas después convertidos en bases sociales y territoriales de las guerrillas.

La Violencia produjo, además, transformaciones estructurales de fondo. A partir de 1950, el reordenamiento agrario impulsó el avance de la agricultura comercial, con el desarrollo de grandes explotaciones y el uso de técnicas más intensivas. En algunas zonas cafeteras coexistieron el despojo y la fragmentación, e incluso el fortalecimiento de economías campesinas. El saldo no fue uniforme: no en todas partes La Violencia produjo mayor concentración de la propiedad —el mapa agrario colombiano ya era muy desigual antes—, pero sí instaló un patrón que se repetiría medio siglo después: la violencia como mecanismo eficaz para transferir tierra, expulsar población y redibujar la propiedad rural en beneficio de quienes tuvieran capital, armas o vínculos con el poder local.

El narcotráfico y la mutación contemporánea: 1964-2016

El nacimiento de las guerrillas comunistas colombianas —las FARC en 1964, el ELN en 1964, el EPL en 1967, el M-19 en 1974— coincidió con un mundo bipolar en el que el patrón esperable era el financiamiento internacional de las guerras revolucionarias. Colombia siguió otro camino. Sus guerrillas, tras dos décadas de existencia relativamente precaria, encontraron en el auge del narcotráfico de finales de los setenta y comienzos de los ochenta un motor de recursos que ninguna insurgencia latinoamericana había tenido antes.

El punto de inflexión fue la Séptima Conferencia de las FARC-EP en 1982, en la que la organización adoptó un modelo militarista de expansión. El narcotráfico contribuyó a financiar ese salto, aunque la magnitud precisa de esa transformación —cuánto de la expansión territorial, del armamento pesado adquirido, de las operaciones de escala que la organización pudo montar en los años noventa— sigue siendo objeto de investigación. Las FARC, y con retraso el ELN, se integraron gradual y diferenciadamente a distintas etapas del negocio: cobro de gramaje sobre cultivos y laboratorios, regulación de precios locales, control de rutas. Mantuvieron durante mucho tiempo un discurso y un horizonte políticos —la toma del poder— mientras sus fuentes de sustento se volvían indistinguibles de las del crimen organizado. Esa tensión —fines políticos con medios ilícitos— definiría el debate sobre la naturaleza última del grupo hasta los Acuerdos de La Habana en 2016.

Del otro lado del tablero, el narcotráfico organizado en carteles produjo su propia respuesta armada. En 1986 se rompió el convenio entre las FARC-EP y los paramilitares organizados por Gonzalo Rodríguez Gacha en la región del Ariari, cuando las FARC comenzaron a amenazar el control territorial de los narcotraficantes; ese quiebre alimentó un anticomunismo virulento en Rodríguez Gacha y derivó en una confrontación paramilitar contrainsurgente que sería el prototipo de los conflictos regionales de los años siguientes. La estructura resultante —bandas contratadas para proteger cultivos, laboratorios y rutas, que además ejecutaban campañas contra la insurgencia y contra la izquierda legal— convirtió al narcotráfico en el eje articulador de una nueva economía de guerra.

Cuando los grandes carteles de Medellín y Cali fueron desmantelados a mediados de los noventa, el patrón cambió, pero no hacia la desaparición del negocio, sino hacia su fragmentación. Los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, junto con otros narcotraficantes disidentes del Cartel de Medellín, formaron los Pepes en alianza con el Cartel de Cali para combatir a Pablo Escobar; de ese núcleo saldrían, más tarde, las estructuras que darían forma a las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997. La estructura del narcotráfico se dispersó por todo el país; el cultivo se descentralizó en múltiples regiones y ningún actor logró recuperar el control monopólico que los carteles habían ejercido. En cada región, distintos actores —guerrillas, paramilitares, redes emergentes— pasaron a controlar partes del proceso.

El resultado fue un efecto espejo: guerrillas y paramilitares, adversarios ideológicos irreconciliables, se disputaban las mismas etapas del negocio y a veces se aliaban tácticamente en él. Todos los actores armados —insurgentes, contrainsurgentes, criminales— quedaron simultáneamente entrelazados con la coca. Esa autonomía financiera compartida dotó al conflicto colombiano de su duración excepcional y de su degradación característica.

La extorsión como sistema

Junto al narcotráfico, la extorsión se consolidó desde los ochenta como la segunda gran fuente de financiamiento de los actores armados, y en muchas regiones fue la principal. Guerrillas y paramilitares —cada uno con su código y sus formas— la aplicaron sobre hacendados, ganaderos, comerciantes, políticos y sectores del campesinado bajo denominaciones que oscilaban entre lo eufemístico y lo abiertamente coactivo: "vacunas", "impuestos de guerra", "aportes a la causa".

Las FARC-EP dieron un paso simbólicamente importante al formalizar la extorsión en el año 2000 mediante lo que llamaron una "ley revolucionaria", que fijaba criterios sobre a quién cobrar, cuánto y bajo qué condiciones —un intento de dar apariencia normativa a lo que era coacción. Entre 1999 y 2003, los costos de la extorsión en Colombia sumaron 564.127 millones de pesos, el 6,67% del total del gasto en seguridad y defensa del país durante ese período: una cifra que muestra hasta qué punto los actores armados llegaron a operar como sistemas tributarios paralelos.

En el Magdalena Medio de los años ochenta, los ganaderos asociados a Acdegam pagaban a los paramilitares una "vacuna" de mil pesos por cabeza de ganado mensual, y los hacendados que se negaban a asociarse o a pagar podían ser asesinados —aunque también hubo aportes descritos como voluntarios por quienes los realizaban, en un continuo turbio entre la colaboración por convicción, la conveniencia política y el chantaje. En las regiones bananera y carbonífera se registraron peajes específicos sobre la exportación: los paramilitares habrían cobrado 50 centavos de dólar por cada caja de banano exportada en Urabá y un dólar por tonelada de carbón exportada en La Guajira, cifras que ilustran cómo la extorsión se acopló a los circuitos legales del comercio exterior colombiano. Los alcaldes de municipios como Venadillo, Purificación, Natagaima y Prado aportaron recursos al Bloque Tolima de las AUC, con una línea siempre borrosa entre coerción y complicidad.

Otras rentas se sumaron. El robo y comercialización ilegal de combustible movilizaba camiones con producto hurtado de los oleoductos, con peajes ilegales en rutas como Campo 23, La Lizama, La Fortuna y La Renta, y con coacción sobre gasolineras y vigilantes de la infraestructura petrolera. La minería aurífera ilegal, sobre todo en el Chocó y en el sur de Bolívar, se convirtió en la fase final de esa diversificación: en el Chocó operaban extranjeros —principalmente brasileños, y también ciudadanos asiáticos— sin permisos de exploración ni de trabajo, a quienes grupos como Renacer prestaban servicios de seguridad, mientras la actividad extractiva devastaba ríos con mercurio, alteraba cauces y eliminaba la base de subsistencia de comunidades afrodescendientes.

La máquina paraeconómica

Los paramilitares llevaron la economía de guerra a su forma más articulada. Lo que hacia finales de los noventa y principios de los dos mil se consolidó en las AUC no fue solo un ejército contrainsurgente: fue una arquitectura de colaboración entre empresarios, ganaderos, narcotraficantes, palmicultores y militares —una máquina paraeconómica— en la que ninguno de los actores se subordinaba enteramente a los demás, sino que sostenían relaciones de cooperación mutua para apropiarse de territorios y ordenarlos económicamente.

La agroindustria de la palma en Urabá es el caso emblemático. Vicente Castaño Gil, en una entrevista publicada por la revista Semana, declaró abiertamente haber conseguido empresarios para invertir en cultivos de palma en la región, y presentó estos proyectos como "duraderos y productivos" —una confesión que hizo visible la trama entre la jefatura paramilitar y capitales agroindustriales. En el Magdalena, el Bloque Norte operó en zonas de plantación palmera como Ciénaga, Algarrobo, Fundación y la Zona Bananera, con una superposición geográfica notoria entre presencia armada y expansión del cultivo. En el Urabá antioqueño y en el Atrato, el Bloque Élmer Cárdenas y otras estructuras financiaron sus operaciones con narcotráfico, explotación maderera y palmicultura, ejerciendo dominio total sobre esos ciclos extractivos y drenando de ellos las rentas.

Las Convivir —cooperativas de vigilancia y seguridad privada creadas legalmente en los años noventa— fueron aprovechadas por estructuras paramilitares para superar problemas de coordinación y dotarse de fundamento legal, y se convirtieron en un vehículo de expansión con la Casa Castaño como actor central de esa estrategia. Con ese respaldo institucional, los paramilitares operaron durante años en una zona gris entre la legalidad formal y el terror efectivo.

Un hallazgo perturbador matiza cualquier lectura simplista: los nuevos dueños de las tierras despojadas no fueron principalmente los comandantes paramilitares ni los narcotraficantes, sino políticos en ejercicio, empresarios y particulares plenamente en la legalidad, que accedieron a esas tierras mediante acuerdos con los grupos armados o a través de mecanismos de tercerización. La economía de guerra no operó como sistema cerrado: fue una máquina de transferencia que benefició a actores que nunca dispararon un tiro, pero cuya prosperidad quedó anclada en el trabajo del terror. Al final del ciclo, durante el conflicto contemporáneo, se arrebataron a los campesinos colombianos 8 millones de hectáreas, y la concentración de la tierra se profundizó de forma severa.

El costo y la respuesta estatal

Poner cifras al conflicto es siempre un ejercicio imperfecto, pero las estimaciones disponibles bastan para dimensionar el sacrificio. En ausencia de conflicto armado —y bajo el supuesto crítico de que la criminalidad violenta no ocupara el espacio dejado por los grupos armados—, el PIB departamental colombiano habría crecido en promedio 4,4 puntos porcentuales adicionales al año. Entre 2000 y 2009, la tasa de crecimiento efectiva del país rondó el 3,8%; los 4,4 puntos perdidos equivalen a más del 100% de esa tasa observada. Sin guerra, y bajo aquel supuesto, el PIB departamental habría podido crecer alrededor del 8,2% anual, reduciendo drásticamente el tiempo necesario para duplicarlo. A esos costos directos —pérdidas de capital físico y humano— se suman los indirectos: desinversión, distorsión en la asignación de recursos, aumento de los costos de transacción y todo un tejido de decisiones económicas paralizadas o desviadas por la incertidumbre.

En municipios como Granada, en Antioquia, el impacto adquirió formas específicas: empobrecimiento, menoscabo de la economía local, pérdida del bienestar, deterioro de las prácticas de subsistencia campesinas ligadas a la tierra. En muchas regiones rurales, la combinación de conflicto y adversidades climáticas dejó a comunidades enteras sin capacidad de sembrar ni de garantizar su sustento.

La respuesta estatal más ambiciosa de todo el ciclo contemporáneo fue el Plan Colombia, concebido bajo la presidencia de Andrés Pastrana y ejecutado a partir de 1999. Diseñado como una estrategia de seis años (1999-2005) con un costo total de 10.000 millones de dólares, de los cuales el 35% sería financiado por Estados Unidos y el resto por Colombia, el Plan asignó en el papel el 57,5% de sus recursos a operaciones antinarcóticos y combate al crimen organizado, el 26,5% al fortalecimiento institucional y el 16% al desarrollo social y económico. En la práctica, la deriva fue otra. Entre 1999 y 2002, la ayuda estadounidense totalizó unos 2.000 millones de dólares, de los cuales el 80% fue ayuda militar. El gobierno colombiano nunca ejecutó los 4.000 millones de dólares en gasto social que había comprometido. Y en 2002 —bajo la administración de George W. Bush y ya con Álvaro Uribe Vélez en la Presidencia colombiana— la directiva NSPD 18 amplió explícitamente la misión estadounidense más allá de las operaciones antidrogas para incluir operaciones dirigidas contra organizaciones terroristas, lo que en la práctica expandió el uso de recursos militares —capacitación, equipos, helicópteros— hacia fines abiertamente contrainsurgentes. La ayuda militar y policial estadounidense promedió más de 500 millones de dólares anuales desde Pastrana hasta Uribe. El Plan, concebido como estrategia integral, terminó como programa de guerra.

Herencia y umbral

Cuando el gobierno de Juan Manuel Santos firmó en 2016 el Acuerdo Final con las FARC-EP, cerró el ciclo bélico más largo del hemisferio pero no clausuró la economía de guerra colombiana. Las estimaciones sobre el dividendo económico de la paz asumen que la criminalidad violenta no ocuparía el espacio dejado por los grupos armados, y ese supuesto es precisamente lo que la experiencia posterior ha venido cuestionando: la fragmentación de estructuras armadas, la persistencia de rentas ilegales en los territorios, la debilidad histórica del Estado para instalar fiscalidad legítima donde reinaron los fusiles.

Vista en la larga duración, la economía de guerra colombiana exhibe una recurrencia estructural inquietante: deuda externa mal administrada en los años veinte del siglo XIX y de nuevo en los ochenta del siglo XX; reclutamiento forzoso desde los ejércitos patriotas hasta los frentes cocaleros; despojo agrario en La Violencia y en el conflicto contemporáneo; extracción de rentas territoriales por parte de actores armados que operan como sistemas tributarios paralelos. Ese régimen no fue nunca un proyecto coherente ni la obra de un solo actor: fue el resultado sedimentado de dos siglos en los que el Estado colombiano no logró sustituir la depredación por fiscalidad legítima ni el clientelismo por ciudadanía. Sobre ese vacío institucional, sucesivas generaciones de actores armados —con motivaciones muy distintas, desde el agravio hasta la codicia, desde la ambición política hasta el enriquecimiento inmediato— construyeron órdenes locales específicos cuya lógica no puede reducirse ni a la pura violencia depredadora ni al puro cálculo político.

Entender la economía de guerra no es un ejercicio abstracto de historia económica: es la manera de reconocer que en Colombia la guerra ha sido una forma de acumulación, la paz una economía por construir, y la fiscalidad legítima —esa que grava a los ricos, sostiene los bienes públicos y no depende del terror— la tarea pendiente que dos siglos de Estado no han sabido saldar.