La Guajira

Una península que es casi una isla

El geógrafo Ernesto Guhl definió el carácter de La Guajira con una imagen que sigue siendo la más exacta: es una península con carácter insular, comparable a Curazao, Aruba y Paraguaná. Lo determinan su clima —seco, batido por unos alisios que no logran condensar la humedad sobre un relieve casi allanado— y una geografía que la aísla del resto del país. La única conexión terrestre con Colombia es la estrecha depresión que corre entre la Sierra Nevada y las últimas estribaciones de la Cordillera Oriental; durante siglos, las vías de acceso fueron marítimas, y hasta hace pocas décadas no había otra alternativa práctica que el barco. La carretera troncal del oriente vino tarde, y llegó a un territorio ya organizado según sus propias reglas.

La razón de esa aridez tan singular en el Caribe húmedo se remonta a la deriva continental. La península que hoy llamamos Guajira formó parte de Gondwana, y en sus costas se abrió parte de la grieta que separó esa masa de lo que hoy es Norteamérica. Las sucesivas irrupciones y retiradas del mar Caribe sobre la placa gondwánica depositaron sedimentos, allanaron el relieve original y dejaron una superficie donde las nubes cargadas de humedad no encuentran ya montañas donde precipitarse. El resultado es una de las pocas zonas semiáridas sobre el Caribe.

El territorio se divide en tres franjas de fisonomía muy distinta. La Baja Guajira, al sur, vecina a los sistemas montañosos, dispone de agua y pastos y ha sido tradicionalmente la más agrícola. La Media Guajira ocupa una posición intermedia. La Alta Guajira, al norte, es semiárida, salpicada de pequeños macizos y bordeada por dunas litorales que corren de Riohacha a Sinamaica y llegan hasta los cincuenta metros de altura, interrumpidas por fallas geológicas en Bahía Portete y Bahía Honda. En el extremo nororiental, la serranía de la Macuira —822 metros— intercepta las nubes que vienen del oriente y las convierte en lloviznas: en su sombra crecen, a escala menor, fríjol, patilla y yuca, y hoy el Parque Nacional Macuira conserva parte del ecosistema original de la península.

De esa combinación de clima duro, aislamiento y suelos ingratos surgió, a lo largo de los siglos, una cultura pastoril, seminómada y, en el mejor sentido de la palabra, anárquica: un orden social sin más autoridad central que la del clan, orientado hacia el mar y hacia el oriente venezolano más que hacia el interior andino.

El primer suelo del continente

En 1499, Alonso de Ojeda alcanzó el Cabo de la Vela y con ese desembarco La Guajira se convirtió en la primera tierra firme suramericana pisada por los europeos. Ojeda navegaba con licencia obtenida en el marco de la política de la Corona de recortar los privilegios de Colón sobre Tierra Firme —una política canalizada por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que multiplicó los permisos entre navegantes— y llevaba la compañía de Juan de la Cosa y Américo Vespucio.

Poco después, en 1500, Rodrigo de Bastidas firmó su propia capitulación con la Corona y zarpó hacia el Cabo de la Vela; recorrió la costa hacia el occidente, descubrió la desembocadura del río Magdalena y la ensenada de Urabá, y comerció con los indígenas mediante el sistema del rescate: espejos, avalorios y machetes a cambio de oro, perlas y nácar. Bastidas tuvo, entre los conquistadores, fama de moderación —trataba bien a los indígenas y esquivaba el combate cuando podía—, aunque el modelo de intercambio que inauguró contenía ya la lógica que definiría la explotación de la península. En 1508 la Corona repartió el litoral: a Ojeda y sus asociados les asignó la franja entre el golfo de Urabá y el Cabo de la Vela; a Diego de Nicuesa, la provincia de Veraguas al occidente.

El Cabo de la Vela fue, durante décadas del siglo XVI, una de las plazas más codiciadas del Caribe por sus bancos de perlas. Pero la conquista efectiva del interior peninsular nunca ocurrió. Los wayúu resistieron —a caballo, con armas de fuego adquiridas por rescate, aprovechando el conocimiento del terreno y la porosidad de la frontera con Venezuela— y produjeron a lo largo de los siglos coloniales una realidad singular: mientras el resto del Virreinato del Nuevo Reino de Granada se estructuraba bajo encomiendas, resguardos y cabildos, en la Alta Guajira la Corona nunca logró imponer un dominio estable. La península quedó como un territorio de frontera interna, formalmente español pero de hecho gobernado por los clanes wayúu y por sus alianzas cambiantes con contrabandistas holandeses, ingleses y franceses.

La economía del contrabando: siglo XVII a XX

Lo que en otras regiones fue anomalía, en La Guajira fue estructura. Desde el siglo XVII —y con especial intensidad entre 1640 y 1660, cuando las potencias rivales de España se establecieron en el Caribe insular—, el contrabando desplazó al comercio legítimo en los puertos de Riohacha y Santa Marta. Las naves españolas casi no atracaban allí; los comerciantes cartageneros se negaban a transportar bienes legales a esas plazas; y en el vacío se instaló un sistema alterno que no era marginal sino central. Los criollos de Riohacha comerciaban productos locales con los wayúu y los exportaban, pasando por las islas holandesas —Curazao, sobre todo—, hacia los mercados del Atlántico Norte. En sentido inverso, grupos de comerciantes turcos y del interior andino introducían mercancías hacia Venezuela y las tierras altas colombianas por lo que se llamó la Ruta de Jerusalén, una red de caminos de origen colonial.

Los gobernantes lo sabían y en gran medida lo permitían. El contrabando no fue nunca perseguido con seriedad porque una parte de la sociedad guajira —criolla, wayúu, mestiza— vivía de él, y porque interiorizó esas actividades como procesos legítimos, con reglas propias, códigos de honor y disputas resolubles fuera del aparato judicial del Estado. Whisky y cigarrillos entraban desde el Caribe; armas de fuego circulaban en las dos direcciones; salían café y ganado. El acordeón —hoy consustancial a la música de la costa Caribe— y el whisky escocés llegaron por esas mismas rutas: el contrabando fue también un canal cultural.

En el siglo XX el modelo persistió con adaptaciones. La república lo toleró con las mismas ambigüedades del virreinato, y las autoridades departamentales convivieron con jefes y familias contrabandistas que, sin sustituir formalmente al Estado, gozaban de un peso real en la vida política y económica. Desde los años sesenta se elevaron los índices de homicidio en la península, muchos de ellos asociados al contrabando, al narcotráfico incipiente y a los ajustes de cuentas entre esas redes. Pasado y presente del contrabando en La Guajira, de Santiago González-Plazas, publicado en 2008 por la Universidad del Rosario, dio nombre académico a lo que en la península era un saber cotidiano: que la economía ilegal no era una desviación del sistema, sino el sistema mismo, alimentado por una exclusión económica, política y social que llevaba siglos acumulándose.

Intendencia, comisaría, departamento: una integración fallida

La forma en que Bogotá administró La Guajira durante el siglo XX es un catálogo de decisiones que confundieron la geografía con la nómina. La península fue encuadrada alternativamente como Intendencia y como Comisaría antes de convertirse en departamento; en 1911 se creó la Comisaría de la Guajira, una entre varias entidades administrativas de orden inferior al departamento que la República creó para gestionar sus periferias sin darles peso pleno.

La primera capital fue Uribia, decisión discutible por estar situada fuera de la lógica de asentamiento indígena que animaba a la península. Su traslado posterior a Riohacha —noventa kilómetros hacia el occidente— fue, en términos de geografía política, un error mayor: alejó el centro administrativo del grueso de la población wayúu y desplazó la capital en la dirección contraria a la orientación vital del territorio, que miraba al oriente, hacia La Guajira alta y hacia Venezuela. La justificación aparente del traslado no fue geográfica ni administrativa, sino presupuestal: apropiarse de las partidas que sostenían la entidad. A la comisaría se le agregaron además partes meridionales del antiguo Departamento del Magdalena, y en esa franja anexada se concentró después la mayor parte de la población urbana del nuevo ente. Hoy, el 21,7 % de los habitantes del departamento vive en zonas urbanas ubicadas en ese territorio de origen magdalenense, mientras la población indígena —cerca de la mitad del total— habita la península propiamente dicha. La heterogeneidad interna del departamento no es un accidente sino el resultado de esas costuras administrativas.

El caso de las Empresas Públicas de Maicao ilustra el patrón. Las campañas electorales inflaron nóminas y convirtieron estructuras administrativas municipales en instrumentos de intereses electorales particulares, con la consecuente ineficiencia. La debilidad del Estado central y la ausencia de una clase dominante regional enraizada favorecieron un localismo centrífugo que obstaculizó la consolidación de estructuras estables. Más que un caos incompetente, lo que se ve en la trayectoria administrativa de La Guajira es un Estado selectivamente presente: incapaz de ordenar el territorio, pero muy capaz de sostener burocracias funcionales a redes clientelares locales y a intereses económicos que operaban por encima o por debajo de la legalidad.

El pueblo wayúu: territorio, clan y justicia propia

En todo esto, los wayúu no fueron actores pasivos. Descienden, según las hipótesis clásicas de Schmidt (1917) y Jahn (1927), de grupos arawak cultivadores de yuca y maíz que se expandieron buscando tierras adecuadas, y llevan al menos medio milenio como el eje sociocultural de la península. Los cinco siglos que van del desembarco de Ojeda al presente los han visto conservar territorio, lengua —el wayuunaiki—, sistema de parentesco matrilineal, autoridades propias y una relación con la tierra que no se deja traducir a las categorías del Estado colombiano.

Para los wayúu, el territorio está inseparablemente unido al clan: sin territorio no hay posibilidad de crianza de animales, ni de enterramiento de los muertos, ni por tanto de pertenencia a una ranchería. La tierra es soporte físico, pero también genealogía y ritual. Esa concepción explica por qué la resistencia wayúu no ha sido solo una defensa de recursos, sino de la condición misma de existir como pueblo.

El sistema de justicia wayúu, articulado en la figura del pütchipü'üi o palabrero —un mediador comunitario que resuelve conflictos entre clanes—, es reconocido por el Estado colombiano como jurisdicción legítima, en el marco constitucional del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. El palabrero no impone: escucha, traduce, propone compensaciones, teje acuerdos. Que Bogotá haya aceptado convivir con esa justicia paralela es a la vez un acto de reconocimiento tardío y un reconocimiento de facto de que en la Alta Guajira nunca gobernó plenamente.

Los wayúu han desempeñado además papeles centrales en el comercio regional, incluidas las actividades que los Estados nacionales no siempre reconocieron como legítimas. Su presencia estructura la vida cotidiana también fuera de sus rancherías: la sociedad criolla guajira está fuertemente influida por pautas wayúu de control social, sociabilidad y economía, y en la vida urbana de Riohacha, Maicao o Uribia el orden wayúu no es un exotismo sino un ingrediente. Las experiencias wayúu sobre desigualdades sociales y ambientales acumuladas no han sido tenidas en cuenta con la seriedad que exigen las decisiones que hoy afectan su territorio: la expansión minera, los parques eólicos, la disputa por el agua.

La bonanza marimbera: el primer paraíso de la droga

A mediados de los años setenta, La Guajira se convirtió en el epicentro del primer boom colombiano de exportación de drogas. La marihuana cultivada en la Sierra Nevada de Santa Marta empezó a salir hacia Estados Unidos por las rutas antiguas de contrabando de La Guajira y Magdalena, y también por vía aérea y camuflada en bultos de café, aprovechando la bonanza cafetera de la misma década.

La coyuntura la hizo posible la represión mexicana. El llamado efecto colchón de aire —la fumigación intensiva de los cultivos en México— dejó libre el mercado estadounidense y Colombia, con su clima, su Sierra y sus rutas listas, ocupó el hueco. Un estudio de ANIF estimó que había unos 6.000 productores de marihuana solo en la Sierra Nevada, y que 13.000 jornaleros rurales se dejaban atraer por salarios dos o tres veces superiores a los del campo tradicional. Cerca de 30.000 familias dependían total o parcialmente de la marihuana: aproximadamente un tercio de los hogares rurales de los departamentos orientales de la Costa Atlántica según el censo de 1973, y cerca de uno de cada siete del total de hogares rurales costeros. Fue una economía que dobló la vida cotidiana de la región.

El vínculo entre las redes tradicionales del contrabando y la nueva bonanza no fue circunstancial: el whisky, los cigarrillos, las armas y la marihuana usaron las mismas ensenadas, los mismos pilotos, los mismos intermediarios. Y los dólares volvieron al país lavados por mecanismos que el Estado toleró con extraordinaria elasticidad: la ventanilla siniestra del Banco de la República compraba dólares sin preguntar, hubo amnistías tributarias y las exportaciones ficticias o sobrefacturadas encontraron laxitud en las aduanas. Washington lo detectó y lo denunció.

La respuesta estatal llegó bajo presión diplomática de Estados Unidos. El gobierno de Julio César Turbay Ayala militarizó la lucha antidrogas y ordenó fumigaciones con paraquat sobre los cultivos de la región caribeña. Desde diciembre de 1975, la DEA ejecutó la Operation Stopgap con vuelos sobre la costa de La Guajira para detectar embarcaciones sospechosas y alertar a la Guardia Costera estadounidense; hacia 1978 calculaba haber reducido en un tercio el flujo de marihuana colombiana. La combinación de fumigaciones y patrullaje agotó la bonanza, pero dejó estructuras: capitales, contactos internacionales, redes de sicariato, tradición del negocio. Sobre ese sedimento se montaría, en la década siguiente, la cocaína, que Colombia industrializaría a mayor escala aunque ya no principalmente desde La Guajira. La península había servido de laboratorio.

El Cerrejón: el enclave del carbón

Mientras la marihuana declinaba, otra bonanza tomaba forma bajo tierra. El Cerrejón —yacimiento de carbón térmico en el centro-sur del departamento— se convirtió en las décadas siguientes en la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia y de América Latina, y la décima del mundo. Desde los años noventa, el carbón es el segundo producto de exportación del país después del petróleo, y los proyectos de Drummond y Cerrejón aportan el 92,3 % del volumen total producido en Colombia.

La operación es de una escala industrial y logística difícil de exagerar. El Puerto Bolívar, ubicado a 150 kilómetros al norte de la mina y conectado por un ferrocarril propio, recibe barcos de hasta 180.000 toneladas de peso muerto, con una tasa de cargue promedio de 5.900 toneladas por hora y picos de hasta 9.000. Es una salida directa al mercado global que apenas toca el país que la aloja.

Los beneficios de esa escala rara vez se han quedado en La Guajira. El gobierno colombiano redujo las regalías del carbón a instancias del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, permitiendo a las empresas extranjeras retener una mayor proporción de la riqueza extraída. Según datos del DANE de 2005, la minería representaba el 52,64 % del PIB departamental: la economía de La Guajira depende del carbón, pero la riqueza del carbón no depende de La Guajira. Los empleos generados por la mina, aunque existieron, rara vez fueron ocupados por miembros de las comunidades locales; la mayor parte del valor fluyó a multinacionales y a élites nacionales.

El costo ambiental y social ha sido brutal. En 2015, Cerrejón consumía más de 45 millones de litros de agua por día en un departamento donde solo el 16,3 % de la población rural dispersa tiene acceso a agua potable y apenas el 4 % a sistemas de saneamiento básico mejorado. La mina ocupa 69.393,45 hectáreas de territorio ancestral, ha deforestado masivamente e intervenido directamente el río Ranchería y los arroyos Tabaco, Bruno y Cerrejón, con la desviación de más de ocho corrientes de agua. Las comunidades afrodescendientes de Tabaco, Roche, Manantial, Patilla y Chancleta —fundadas históricamente siguiendo el curso del Ranchería y del arroyo Tabaco— fueron desplazadas o reasentadas, perdiendo con ello la referencia hídrica que las había constituido como asentamientos. La antropóloga Astrid Ulloa ha estudiado cómo el pueblo wayúu representa y defiende los derechos territoriales del agua frente a la expansión de Cerrejón, y organizaciones como la Fuerza de Mujeres Wayúu han encabezado esa resistencia. En una cultura donde el territorio es indisociable del clan y donde el agua tiene una dimensión ritual, la desviación de un arroyo no es un daño ambiental abstracto: es una amputación cultural.

Bahía Portete y la violencia paramilitar

El paramilitarismo llegó a La Guajira con la lógica que había ensayado en otras regiones —ocupación territorial, control de rentas ilegales, desarticulación del enemigo social— pero adaptada a las condiciones de la península. El Frente Contrainsurgencia Wayúu, integrado al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, se conformó en 2002 con la meta de ocupar la Alta Guajira y sus rutas.

El 18 de abril de 2004, hombres de ese frente atacaron Bahía Portete. La masacre dejó seis víctimas fatales, cuatro de ellas mujeres. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha sostenido que las mujeres asesinadas no fueron víctimas casuales, sino conscientemente seleccionadas por su rol en la comunidad. Los paramilitares torturaron a las víctimas, destruyeron sus rostros, abandonaron los cuerpos en lugares públicos, profanaron el cementerio y quemaron las casas.

Cada uno de esos actos era una violación deliberada del orden simbólico wayúu. En esa cultura, los cuerpos de las mujeres están fuera de las dinámicas de la guerra y los cementerios son inviolables incluso por los enemigos. Impedir los rituales funerarios, desfigurar los cuerpos, atacar precisamente a mujeres: era la forma más eficaz de lesionar cultural y moralmente a la comunidad entera. La masacre no fue solo un episodio de violencia sino un mensaje —brutal, calculado— sobre quién mandaba en la Alta Guajira y sobre el precio de sostener el propio orden.

El Frente Contrainsurgencia Wayúu no participó en el proceso de desmovilización paramilitar y permaneció activo en el tráfico de drogas y la extorsión. Tres años antes, el 28 de enero de 2001, otra masacre paramilitar —la de Rodeíto El Pozo, en el municipio de Hatonuevo— había dejado trece víctimas; la institucionalidad la atribuyó inicialmente a un conflicto entre clanes wayúu, interpretación que sirvió para estigmatizar a las víctimas y postergar la justicia hasta que se demostró la responsabilidad paramilitar. El patrón se repetía: la violencia contra los wayúu se convertía primero en una supuesta violencia de los wayúu, y esa reescritura era ya parte del daño.

La crisis del agua y el presente

En el presente, La Guajira concentra las contradicciones acumuladas en cinco siglos. Es el departamento del enclave minero más grande de América Latina y, al mismo tiempo, uno de los territorios con peores indicadores de acceso a agua potable y saneamiento del país: apenas el 16,3 % de la población rural dispersa dispone de agua potable, y solo el 4 % de sistemas de saneamiento básico mejorado. En asentamientos donde no llega el servicio de recolección de residuos sólidos han proliferado botaderos satelitales que contaminan fuentes hídricas ya escasas.

La falta de agua se ha vuelto en las últimas décadas un problema estructural que las comunidades wayúu describen con imágenes precisas: tormentas tropicales que ya no traen agua, arroyos que se secan, distancias que se alargan para acercarse a un pozo. Mientras tanto, la mina de Cerrejón consume decenas de millones de litros al día. La coexistencia es obscena y no es casual: pertenece al mismo régimen territorial que reduce regalías, entrega el agua a la extracción y deja las cifras de mortalidad infantil como problema de otros.

A eso se suma el desplazamiento. En la Serranía del Perijá, zona limítrofe entre La Guajira y el Cesar, el municipio de Agustín Codazzi ha sido identificado como el de mayor expulsión y recepción simultánea de población desplazada de la región. La violencia armada convive con la sequía en los territorios ancestrales; el mismo departamento que exporta carbón al mundo importa hambre desde sus propios corregimientos.

La huella de una frontera

La historia de La Guajira no es la historia de una periferia que llegó tarde a la nación, sino la de una nación que llegó a la península en modo extractivo y distorsionado. La Corona española repartió licencias sobre su costa sin someterla; la República la reencuadró como intendencia y comisaría antes que como departamento pleno, y cuando le dio ese estatuto lo hizo con capitales mal ubicadas y territorios anexados sin lógica geográfica. Las bonanzas se sucedieron sin dejar riqueza: las perlas del Cabo de la Vela en el siglo XVI, el dividivi en los siglos XVIII y XIX, la marihuana de los setenta, el carbón desde los ochenta, el gas y hoy los parques eólicos que se instalan sobre territorios wayúu sin consulta suficiente. Cada bonanza recodificó las anteriores: las rutas del contrabando colonial sirvieron a la marimba, la infraestructura del carbón se apoyó en el trazado ferroviario de sus propias necesidades, la crisis del agua actual continúa la desviación de arroyos iniciada por la mina.

Y sin embargo, la península resiste como sujeto. Los wayúu sostienen su lengua, su justicia, su matrilinealidad y su territorio, con una tenacidad que las políticas de Estado no han logrado erosionar. La sociedad criolla guajira —con sus propias élites, sus contrabandistas de leyenda, sus músicos, sus escritores, sus políticos— es reconocible como guajira antes que como colombiana, orientada al Caribe y a Venezuela, tejida por parentescos y códigos que Bogotá apenas alcanza a nombrar. El acordeón, el whisky, el vallenato, la mochila arhuaca y wayúu, el ganado y la sal de Manaure, la memoria de la cacica Eulalia Ipuana y del almirante José Prudencio Padilla, la Riohacha de Jorge Isaacs y el Maicao contemporáneo componen una identidad regional densa, hecha en el pulso mismo con el Estado.

La Guajira sigue siendo, como al principio, una frontera. No una frontera hacia adentro que espera ser conquistada, sino una frontera que ha aprendido a existir como tal: puerta abierta al mar, patria del clan, territorio del contrabando, enclave del carbón, escenario de una crisis humanitaria que interpela al país entero. Cinco siglos después de Ojeda, la pregunta que abre no es cuándo terminará de incorporarse a Colombia, sino qué tipo de Colombia sería la que estuviera a la altura de incorporarla.