Maicao

La semblanza: un municipio que se explica por sus flujos

Maicao no se entiende como capital ni como plaza señorial. Se entiende como paso. Por su suelo circulan, y han circulado durante casi un siglo, cuatro flujos que se enredan unos con otros: el pastoreo y la movilidad clanil de los wayuu, dueños ancestrales del suelo; el comercio transfronterizo con Venezuela, que en algunos períodos hizo del municipio el principal mercado importador informal de Colombia; el narcotráfico, primero como bonanza marimbera en los años setenta y luego como corredor de cocaína hacia el Caribe; y la migración humana, que se ha movido en ambos sentidos —colombianos hacia Zulia, venezolanos hacia La Guajira— según el ciclo económico y político del vecino.

Sobre esos flujos se montó, siempre después, una institucionalidad municipal: alcaldía, personería, empresas públicas, batallón. Pero esa institucionalidad ha sido estructuralmente delgada. La energía eléctrica se importa de Venezuela, la nómina de las Empresas Públicas Municipales está hinchada por cuotas electorales y la fuerza pública ha sido cooptada en varios momentos por los mismos actores armados que dominaban el comercio ilegal. La palabra que suele usarse —Estado débil— es imprecisa. En Maicao el Estado no es sencillamente débil: ha sido activamente vaciado por redes político-mafiosas y clientelares que encontraron, en el municipio, una forma de gobierno más rentable que la soberanía.

Sobre esa base se despliega también la vida cotidiana: el Mercado Nuevo con los almacenes de los comerciantes de origen árabe, el barrio El Cañaguate y sus casas de una generación que llegó con el auge textil, las rancherías wayuu que aún hoy definen el mapa social y la carretera hacia Paraguachón, por donde no se sabe cuántas trochas paralelas atraviesan la línea fronteriza.

Los orígenes: territorio wayuu antes del municipio

Mucho antes del acta de fundación, este pedazo de la media Guajira era territorio de clanes wayuu. La distinción importa porque los wayuu no ocupan un espacio geográfico abstracto: el territorio es, para ellos, elemento constitutivo de la identidad clanil. En él se ubica el ombligo del recién nacido, se asientan las raíces familiares, se crían los animales y —sobre todo— se entierran los muertos. El cementerio del clan no es un accesorio del paisaje: es lo que hace que un lugar sea propio.

Los wayuu son, y siguen siendo, aproximadamente la mitad de la población del departamento. Su sociedad se organiza por clanes con lealtades segmentadas antes que por identidades transversales, y su derecho propio funciona por compensación y mediación de facilitadores reconocidos, un sistema que el Estado colombiano ha permitido operar en lugar del régimen judicial nacional. Durante los siglos XVII y XVIII generalizaron el pastoreo de ovinos y caprinos, y desde entonces esa ganadería menor —adaptada a la aridez de la península— es una de las bases de su economía. La otra, tan antigua como la primera, es el comercio: los wayuu han participado con peso propio en la circulación de mercancías por la península, incluyendo lo que los Estados nacionales llaman contrabando y que, para la lógica clanil, es simplemente intercambio.

Cuando en 1927 se fundó Maicao —bajo el impulso, entre otros, del coronel José Manuel Vega Bermúdez— no se instaló una ciudad en tierra deshabitada. Se instaló un pueblo colombiano en territorio wayuu, y esa superposición nunca terminó de resolverse. El Estado colombiano, primero como Comisaría, luego como Intendencia y finalmente como Departamento, fue integrando La Guajira a su cartografía; le agregó porciones meridionales del Magdalena y desplazó la capital departamental desde Uribia hacia Riohacha, unos noventa kilómetros al occidente. El traslado se ha considerado un error de geografía política: la vida guajira —comercio, población, presión fronteriza— gravitaba y sigue gravitando hacia el oriente, hacia el eje Maicao-Paraguachón-Maracaibo, no hacia el litoral occidental.

Maicao nació, así, en el lugar equivocado para el orden que quería imponerse y en el lugar exacto para el orden que ya existía.

La trayectoria: contrabando textil, bonanza marimbera y paramilitarismo

La historia moderna del municipio puede leerse como una sucesión de bonanzas superpuestas, cada una montada sobre la anterior sin sustituirla del todo.

La primera fue el contrabando de mercancía general con Venezuela, que hizo de Maicao, sobre todo desde mediados del siglo XX, la plaza importadora informal más eficaz del país. Electrodomésticos, licores, textiles y perfumería entraban por Paraguachón y salían hacia Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y el interior. Los grandes almacenes del Mercado Nuevo se llenaron de comerciantes de origen libanés, sirio y palestino que instalaron familias, mezquita y una infraestructura mercantil que sigue siendo característica del casco urbano. La percepción del enriquecimiento veloz —autos de lujo, casas grandes, edificios— circulaba en las capitales costeñas como imagen de la Guajira contrabandista, y esa imagen no era caricatura: era descripción de una economía regional realmente organizada en torno al tráfico transfronterizo.

Sobre ese sistema comercial se montó, en los años setenta, la bonanza marimbera. La Guajira —con su costa poco vigilada, su clima adecuado al cultivo de marihuana y su tradición contrabandista ya afinada— se convirtió en el gran exportador continental hacia Estados Unidos. En el pico de 1977-1978, una proporción amplísima de la población del departamento y sus zonas aledañas estaba involucrada de algún modo: campesinos cultivadores, financiadores urbanos, transportadores, cargueros, clases medias que ponían plata. El sistema de financiación era ingenioso y colectivo: se conocía como apúnteme o va a salir el bus, y consistía en armar pools de inversores que compartían el costo de un cargamento según el porcentaje aportado, para poder sostener fletes cada vez más caros hacia el norte. Ese modelo distribuido explica por qué la bonanza no fue solo un asunto de capos, sino un sistema económico regional con miles de participantes menores.

Cuando la marimba entró en crisis a comienzos de los ochenta, el cultivo cedió terreno pero la infraestructura del narcotráfico no. Sobre las mismas rutas se montó el tránsito de cocaína: los cruces de Maicao y Paraguachón se volvieron punto de salida importante para cargamentos que venían de Catatumbo, Bucaramanga y Bogotá y salían hacia Venezuela o hacia las islas del Caribe. La ruta más consolidada bajaba por la costa —Dibulla, Camarones— con destino a Jamaica y Haití, donde los barcos se reabastecían de combustible antes de seguir hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Esa fase caribeña quedó bajo el control de los paramilitares Hernán Giraldo, en la Sierra Nevada, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La entrada del paramilitarismo a la alta y media Guajira, a comienzos de los años dos mil, marcó la fase más destructiva. En 2002, Jorge 40 impulsó la creación del Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte, con la intención de extender el control del bloque sobre todo el departamento. La zona no tenía presencia guerrillera relevante: el frente no se creó para combatir insurgencia, sino para dominar el negocio. En cuestión de meses, la estructura paramilitar ocupó el área fronteriza de Maicao, cooptó a la fuerza pública local, tomó el mercado ilegal de gasolina —un renglón esencial en una frontera donde el combustible venezolano se vende por debajo del precio colombiano— y se instaló en la logística del contrabando y el narcotráfico.

En Maicao y Riohacha operaba, dentro del bloque, una estructura de narcotráfico y extorsión encabezada por un hombre conocido solo como alias Pablo, que exportaba clorhidrato de cocaína y sostenía una red paralela sustentada en el miedo. Una de las descripciones más nítidas del período retrata una planta de gasolina que operaba con estructura empresarial completa —oficinistas, secretarios, gerente, subgerente, ingeniero de sistemas, ingenieros de tanques— y cuya cabeza visible era un individuo llamado alias Felipe, aunque nunca pudo confirmarse si era el propietario real o el testaferro. Esa imagen —una planta ilegal montada como una empresa formal, con nómina y jerarquía— resume el tipo de captura que ocurrió: no una economía sumergida, sino una economía paralela con oficina.

Bajo ese régimen se cometieron las peores violencias del municipio. El 3 de septiembre de 2003, integrantes del Bloque Norte perpetraron una masacre en el corregimiento de Majayura, en la zona rural de Maicao, asesinando a cinco personas, al parecer apoyando a uno de los clanes wayuu en disputa. La operación —instrumentalizar un conflicto interno para insertarse en el tejido clanil— se repitió con más brutalidad meses después. Entre el 18 y el 20 de abril de 2004, el Frente Contrainsurgencia Wayúu perpetró la masacre de Bahía Portete, en el municipio vecino de Uribia, contra miembros del clan Epinayú. Los balances más conservadores registran seis víctimas fatales, cuatro de ellas mujeres —Rosa Fince Uriana, Margoth Fince Epinayú, Diana Fince Uriana y Reina Fince Pushaina, junto con Rubén Epinayú y un brazo calcinado no identificado—; la denuncia comunitaria elevó las cifras a doce muertos, entre ellos cuatro niños carbonizados, y treinta desaparecidos. Cualquiera sea el conteo definitivo, Bahía Portete es la referencia central de la victimización wayuu contemporánea, y su onda expansiva se sintió con especial fuerza en Maicao, donde vivía y opera parte de las redes que la ejecutaron.

Antes, el 28 de enero de 2001, la masacre de Rodeíto El Pozo, en el vecino municipio de Hatonuevo, había dejado trece muertos. Fue inicialmente presentada como una disputa interna entre clanes wayuu —una manera común de desviar la investigación en la Guajira— y solo después se demostró la responsabilidad paramilitar. El 12 de mayo de 2004, apenas tres semanas después de Bahía Portete, paramilitares asesinaron en Maicao a tres indígenas wayuu: Wilmer Mendoza Boscán Ureche, Hernán Eduardo Ospino López y José Luis Solano Gómez. El 7 de diciembre de 2005 se registraron tres nuevos asesinatos en el mismo municipio.

El Frente Contrainsurgencia Wayúu no se acogió al proceso de desmovilización de las AUC. Bajo el mando de alias Pablo, mantuvo presencia activa en la media y alta Guajira, siguió participando en el narcotráfico y la extorsión, y protagonizó disputas territoriales al menos hasta finales de la década. En los territorios que dejó abiertos la reconfiguración paramilitar entraron Los Urabeños de alias Don Mario, que consolidaron dominio sobre la Troncal del Caribe hacia Magdalena y las estribaciones de la Sierra Nevada. En Maicao y Bahía Portete, los nuevos grupos posdesmovilización mantuvieron un control férreo del contrabando, concentrado sobre todo en operaciones de narcotráfico, pese a la presencia formal de un batallón del Ejército en la alta Guajira. Los wayuu de Maicao, ante ataques recurrentes de esos grupos, comenzaron a armarse.

La red: wayuu, árabes, venezolanos, funcionarios

Maicao es una ciudad de identidades yuxtapuestas más que fundidas, y cada capa tiene su propia red de personas, negocios y lealtades.

El sustrato es wayuu. Los clanes —Epinayú, Uriana, Pushaina, Ipuana, Jusayú, entre otros— definen alianzas y disputas que atraviesan la frontera con Venezuela sin sentirla, porque los wayuu poseen doble nacionalidad y han circulado entre la Guajira colombiana y el Zulia venezolano desde antes que existieran los dos Estados. Esa doble condición ha sido crucial: cuando la violencia arrecia en Colombia, hay familias que se van a Maracaibo; cuando la crisis económica arrecia en Venezuela, regresan. Es un movimiento pendular que no es migración en el sentido estricto sino uso ancestral de un territorio dividido a posteriori por las repúblicas. La justicia interna sigue funcionando por compensación y mediación clanil, y el Estado colombiano ha optado por reconocerla en lugar de sustituirla, lo que ha permitido a la vez preservar formas propias de resolución y, en algunas coyunturas, mimetizar violencias no clanales bajo la etiqueta de "conflicto entre clanes" —como se intentó hacer, sin éxito, con Rodeíto El Pozo—.

Sobre esa base indígena se montó, desde mediados del siglo XX y con especial fuerza en los años setenta y ochenta, la colonia árabe. Libaneses, sirios y palestinos —musulmanes en su mayoría, aunque también cristianos y drusos— llegaron atraídos por el auge comercial y montaron el Mercado Nuevo, con almacenes de importación, negocios textiles y de electrodomésticos. Levantaron mezquita, colegio y una vida comunitaria propia que hizo de Maicao una de las mayores concentraciones árabes de Colombia. Esta capa mercantil convive con la wayuu en una división del trabajo tácita: el comerciante árabe suele controlar el punto de venta formal, el intermediario wayuu circula la mercancía y garantiza el paso fronterizo.

La tercera capa es venezolana, y ha cambiado radicalmente en los últimos años. Durante décadas, el flujo dominante fue de colombianos hacia Venezuela: familias enteras se instalaban en Maracaibo buscando el bolívar fuerte y el empleo en la Zulia petrolera. A partir de 2015, con la crisis del gobierno de Nicolás Maduro y las deportaciones masivas ordenadas desde Caracas, el sentido se invirtió. Muchos colombianos deportados quedaban separados de sus familias —había casos de personas deportadas hasta tres veces en una misma semana, que regresaban clandestinamente por trochas para reunirse con sus hijos— y no encontraban condiciones de reasentamiento en el lado colombiano, de modo que volvían a cruzar. A esos retornados se sumó la migración venezolana propiamente dicha: al 12 de junio de 2018, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos contabilizaba aproximadamente 39.000 familias en La Guajira, un 16,92% de la población departamental, la segunda mayor concentración relativa del país tras Norte de Santander. Maicao fue —y sigue siendo— uno de los puntos principales de entrada y asentamiento.

La cuarta capa es la institucional, y es la más frágil. La alcaldía municipal existe, la personería existe, las Empresas Públicas Municipales existen. Pero las EPM están centralizadas en la Alcaldía sin junta administradora independiente que las fiscalice, y su nómina —cuarenta mil pesos mensuales en la contabilidad denunciada por el personero, cifra que refleja una fronda burocrática hinchada por las campañas electorales— es desproporcionada a la operación real, que se limita en gran medida a distribuir energía importada de Venezuela y que, según cálculos del propio personero, podría atenderse con cuatro obreros y un ingeniero. La explicación es directa: la maquinaria política local ha maniobrado deliberadamente para eludir la fiscalización y sostener el clientelismo. La cooptación paramilitar de la fuerza pública durante la ocupación del Bloque Norte agrega otra capa a esa fragilidad: en Maicao, en varios momentos, quienes debían aplicar el orden estatal respondían a otro mando.

La vida a ras de suelo: transporte, colegios, mercados

Debajo de las grandes categorías —contrabando, migración, paramilitarismo— hay una ciudad que funciona todos los días con los recursos que tiene. En Maicao, transporte y seguridad son las áreas que la comunidad identifica como más urgentes. Los padres del Centro Educativo Indígena N°6 han señalado que el paso fronterizo, tanto por la carretera oficial de Paraguachón como por las trochas paralelas, es una zona de inseguridad cotidiana, y que no existe un sistema de transporte escolar adecuado que cubra las rancherías dispersas. El deterioro de la red vial —agravado por el incremento del contrabando y el movimiento de personas por pasos irregulares, que erosionan las trochas no pavimentadas— es constatado también por funcionarios de Valledupar, que reportan además un aumento sostenido en el contrabando de gasolina.

A esa inseguridad estructural se suma una violencia posparamilitar que sigue activa. En la zona cercana a Maicao opera la banda criminal conocida como La Zona, que recluta jóvenes del área. Han emigrado familias enteras hacia Maracaibo para proteger a sus hijos de ese reclutamiento. A la salida de Maicao, en las inmediaciones del colegio de Fe y Alegría, se han registrado enfrentamientos entre bandas con víctimas mortales que no son contabilizadas oficialmente por nadie. La ausencia de denuncia es doble: por un lado, existe entre algunos wayuu vinculados a actividades ilegales una tendencia arraigada a no acudir a las autoridades estatales; por otro, el miedo generado por bandas como La Zona inhibe la denuncia incluso en comunidades no involucradas. El resultado es que el conteo de muertos de la Maicao contemporánea es, casi con certeza, incompleto.

La economía comercial, mientras tanto, se recompone. La crisis venezolana desarticuló durante años el flujo de mercancía barata que sostenía el Mercado Nuevo, y muchos comerciantes árabes han diversificado o se han mudado. La gasolina venezolana sigue entrando, ahora en un contexto de mayor descontrol y con actores armados nuevos regulando los precios. Los wayuu adultos y mayores sostienen las prácticas que siempre los sostuvieron: los tejidos, los cultivos adaptados a la aridez, el pastoreo, el contrabando menor. Los jóvenes desplazados a Maracaibo son otra cosa: la nueva generación wayuu urbana en Zulia ha comenzado a abandonar la manta como vestimenta cotidiana, señal —discreta pero medible— de un cambio cultural acelerado que ni la doble nacionalidad ni las prácticas tradicionales logran contener.

La huella: memoria disputada de una frontera

Maicao dejó una huella que la historiografía colombiana convencional apenas ha empezado a procesar. Su nombre aparece, casi siempre, asociado a lo ilegal: la marihuana, el contrabando, las masacres, la migración. Pero esa reducción no hace justicia a lo que el municipio efectivamente es: un experimento de convivencia entre wayuu, árabes, colombianos del interior y venezolanos, sostenido durante casi un siglo sin que ninguna de las capas absorbiera del todo a las otras. Es una plurinacionalidad de hecho, incómoda para el relato del Estado unitario, y valiosa precisamente por eso.

La memoria de la violencia paramilitar está siendo lentamente recuperada. Bahía Portete se ha convertido en símbolo nacional de la victimización wayuu, sobre todo por el trabajo de la Fuerza de Mujeres Wayúu, y su reconocimiento como crimen paramilitar —no como conflicto interno— fue una pequeña victoria contra la lógica que había pretendido presentar las masacres de la alta Guajira como asuntos de "los indios matándose entre ellos". Rodeíto El Pozo, Majayura y los asesinatos de mayo de 2004 y diciembre de 2005 en Maicao componen el mapa de una violencia que no fue interna sino externa: del Estado ausente y de los ejércitos privados presentes.

Hay, al tiempo, una lectura complementaria que conviene no eludir. La economía transfronteriza que Maicao encarna no fue nunca un orden estable ni benigno: fue también el vector por donde entraron el paramilitarismo, el narcotráfico y la instrumentalización de los conflictos claniles. La debilidad institucional del municipio no explica por sí sola la victimización; explica por qué, cuando llegó la violencia, nadie pudo contenerla. El Frente Contrainsurgencia Wayúu no prolongó un orden preexistente: lo fracturó. Y la agencia wayuu —su sistema de justicia, su doble nacionalidad, su autoarmamento reciente contra las bandas posparamilitares— ha sido, más que la institucionalidad municipal, el factor que ha sostenido la vida social en el municipio cuando ni el Estado ni los actores ilegales ofrecían garantías.

Maicao, en ese sentido, es una lección política sobre los límites del mapa. La república pintó una línea en 1927 y otra en Paraguachón para separar dos Estados; los flujos reales del territorio —wayuu, mercantiles, migratorios, ilegales— nunca respetaron ninguna de las dos. La historia del municipio es la historia de esa desobediencia estructural del territorio a la cartografía, y de la violencia que se produjo cuando actores armados descubrieron que en ese hueco entre soberanías se podía instalar un negocio. Comprender Maicao no es comprender un margen: es comprender que, en Colombia, hay lugares donde el centro nunca estuvo, y donde el orden —cualquier orden— ha sido siempre una construcción local, precaria y disputada.