Bonanza marimbera

La bonanza marimbera

Entre 1972 y 1985, la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira funcionaron como el primer gran laboratorio del narcotráfico colombiano moderno. Durante poco más de una década, la marihuana cultivada en las estribaciones húmedas de la Sierra y embarcada por las playas del Caribe abasteció una porción decisiva del mercado estadounidense, movió cifras que ningún renglón legal de la economía regional podía igualar y dejó en pie —cuando se derrumbó— una infraestructura de rutas, capitales y complicidades sobre la que corrió el ciclo cocalero. La bonanza marimbera, como se conoció el episodio, no fue solo una fiebre de riqueza rápida entre colonos y contrabandistas: fue el momento en que Colombia se integró de manera masiva a la cadena internacional de las drogas ilegales, y el país descubrió —tarde— que la geografía, la exclusión y la demanda del norte podían fundirse en una industria capaz de reconfigurar su siglo.

Un episodio y su nombre

La palabra "marimbera" nombra a los productores, transportadores y exportadores de marihuana que dominaron el Caribe colombiano durante los años setenta. La bonanza remite al ciclo económico corto y explosivo que vivió la región mientras la hierba de la Sierra —la célebre Colombian Gold— fue el producto de referencia en el mercado estadounidense. Su epicentro geográfico fue el triángulo entre La Guajira, el Magdalena y el Cesar, con extensiones hacia el Magdalena Medio. Su epicentro humano fueron los colonos que subieron a las laderas de la Sierra, los clanes guajiros con siglos de oficio contrabandista, los pilotos y capitanes que sacaban los cargamentos por playas y pistas clandestinas, y una constelación de intermediarios estadounidenses que llegaban con dólares en efectivo a buscar la mercancía.

Su relevancia desborda las cifras. Fue el primer negocio ilegal de escala verdaderamente internacional operado desde Colombia, el primero en articularse de manera sistemática con élites políticas locales, el primero en producir ejércitos privados con vocación territorial, y el primero en inundar la economía nacional con divisas que ni el gobierno ni las élites empresariales supieron o quisieron interpretar a tiempo. Cuando el ciclo se agotó, hacia comienzos de los ochenta, el país había cambiado de una manera que aún no terminaba de reconocer.

El sustrato: contrabando, geografía y ausencia

La bonanza no brotó de la nada. La Guajira era, desde el siglo XVII, un territorio con vocación de frontera comercial ilegal. La península ofrece un litoral extensísimo y de acceso relativamente fácil al mar, y las potencias europeas rivales de España —holandeses, ingleses— habían establecido bases cercanas en el Caribe entre 1640 y 1660, en un contexto en que las naves oficiales de la Corona escaseaban en Riohacha y en los puertos menores de la costa. El contrabando se impuso allí como alternativa económica antes de que existiera Colombia, y sobrevivió a todos los regímenes posteriores: whisky, cigarrillos y armas de fuego entraban en intercambio por café y ganado, y la actividad se interiorizó socialmente como legítima pese a ser ilegal, tolerada de manera intermitente por los gobernantes.

Los wayúu tuvieron un papel notable en ese entramado. Los puertos de la Alta Guajira forman parte de entidades territoriales indígenas con autonomía de operación, lo que impidió históricamente que el Estado nacional tomara control real de sus embarcaderos. Las mujeres wayúu cumplieron funciones económicas de primer orden: comerciantes, dueñas de establecimientos, propietarias de vehículos de transporte, arrendadoras de bodegas. Alrededor del contrabando también existieron bandas dedicadas al robo de cargamentos, un sustrato de violencia que precedió al narcotráfico y que se articularía con él sin costuras visibles.

La otra pieza del sustrato fue la geografía de la Sierra Nevada de Santa Marta. La montaña litoral más alta del mundo, con los picos Bolívar y Colón por encima de los 5.700 metros, se levanta bruscamente desde el nivel del mar hasta las nieves perpetuas a pocos kilómetros del Caribe. Concentra todos los pisos térmicos en menos de cincuenta kilómetros, lo que permite alternar cultivos y esconder laboratorios en la espesura. Su vertiente norte, húmeda porque los vientos alisios del nordeste depositan allí la carga que traen del mar, alimenta ríos torrenciales como el Palomino, el Cañas y el Buritaca, y desemboca en un litoral de playas, bahías y ensenadas donde la montaña se sumerge directamente en el agua. Esa combinación —relieve accidentado para esconderse, clima variado para cultivar, costa recortada para embarcar— fue leída sin dificultad por quienes conocían el oficio del contrabando.

A ello se sumó una constante estructural: la ausencia del Estado. La Guajira era, y siguió siendo, un departamento excluido económica, política y socialmente del centro del país. Santa Marta y los pueblos de la Sierra vivían en la periferia administrativa. Los colonos que subían a las laderas huyendo de la violencia bipartidista de los años sesenta encontraron tierras vírgenes, pocos títulos claros y ningún poder público con capacidad efectiva de mediación. Ese vacío no era un accidente: era la condición sobre la que se asentó todo lo que vino después.

El detonante externo: México, Vietnam y la demanda del norte

El ciclo marimbero fue, en su origen, un fenómeno de demanda estadounidense. A finales de los años sesenta, la irrupción de los movimientos juveniles pacifistas, la protesta contra la guerra de Vietnam y el retorno de soldados que habían conocido la marihuana en el sudeste asiático dispararon el consumo en Estados Unidos. El mercado se abastecía principalmente desde México, hasta que el gobierno mexicano, a instancias de Washington, fumigó las plantaciones con herbicidas tóxicos. La destrucción de la oferta mexicana redirigió a los traficantes hacia el sur.

Colombia ofrecía lo que México acababa de perder: clima, mano de obra abundante y barata, una costa Caribe con siglos de práctica en burlar aduanas y una proximidad razonable al mercado. Los primeros compradores fueron extranjeros —principalmente estadounidenses— que llegaron a buscar mercancía y a pagarla muy bien en efectivo. Ese detalle fija el carácter del negocio desde el inicio: la demanda venía de afuera, los precios se fijaban afuera, y la porción del valor que quedaba en el país era una fracción minúscula del total. De los aproximadamente 39.940 millones de dólares que producía la venta al detal de todas las drogas en Estados Unidos, los productores extranjeros recibían apenas 2.400 millones. El 93 por ciento del negocio se quedaba del otro lado de la frontera.

El auge: colonos, jornaleros y clanes

Hacia 1974, cerca del ochenta por ciento de los finqueros de La Guajira sembraban marihuana. La cifra da la medida del vuelco. Los cultivos desplazaron al café y a los cultivos tradicionales en La Guajira y en la Sierra Nevada, y transformaron la economía rural del Caribe colombiano en cuestión de dos o tres cosechas. La marihuana ofrecía ventajas comparativas irresistibles para la colonización de fronteras agrícolas rocosas como el sector de Pénjamo: un ciclo de cultivo cortísimo, de cinco a nueve meses entre siembra y cosecha; capacidad de preparar suelos vírgenes para plantaciones posteriores; y precios que ningún grano tradicional podía igualar.

Un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras estimó que en la Sierra Nevada había alrededor de 6.000 productores y unos 13.000 jornaleros rurales atraídos por salarios que duplicaban o triplicaban los del campo tradicional. El mismo estudio calculó que unas 30.000 familias dependían total o parcialmente de la marihuana, una cifra equivalente a cerca de un tercio de los hogares rurales registrados en los departamentos orientales según el censo de 1973. Un colono podía, como escribió Alfredo Molano, "coronar en una sola cosecha lo que no había podido hacer durante toda su vida con el maíz, el arroz, el plátano y los cerdos". La expansión se explica por esa aritmética elemental combinada con la ausencia casi total del Estado.

En el otro extremo de la cadena, un mayorista radicado en Miami, Donald Steinberg, recordó ante un tribunal en 1984 haber descargado un envío de 50.000 kilos de Colombian Gold que vendió por 25 millones de dólares y le dejó una utilidad de dos millones. Un solo cargamento. Esa desproporción entre las ganancias del intermediario estadounidense y la renta que recibían los productores colombianos definió la economía política del ciclo: una bonanza real para los colonos, medida contra la miseria previa; una bonanza minúscula frente a lo que se quedaba en Miami, Nueva York o Florida.

Los clanes guajiros —los Dávila, los Cárdenas, los Valdeblánquez y otros linajes con arraigo en Riohacha, Maicao, Manaure y las rancherías de la Alta Guajira— coparon el eslabón intermedio: acopio, transporte terrestre, control de pistas y embarcaderos, negociación con los compradores. Pistas clandestinas se multiplicaron por decenas en La Guajira. Las playas del Cabo de la Vela, Bahía Portete, Dibulla y Palomino se convirtieron en puntos de embarque hacia el norte. Santa Marta, favorecida por su posición entre las zonas productoras y el mercado estadounidense y por la infraestructura portuaria de la ciudad y sus alrededores, emergió como centro neurálgico del tráfico.

Riqueza visible, política sorda

Los beneficios económicos de la bonanza fueron visibles desde el comienzo. Aumentó la disponibilidad de divisas, se dispararon las inversiones en bienes raíces y la compra de artículos suntuarios, se levantaron mansiones y se importaron autos que ningún ingreso legal declarado podía justificar. Los costos políticos y sociales, en cambio, tardaron en percibirse. El gobierno colombiano y las élites empresariales manejaron durante años la idea cómoda de que "el problema de las drogas" era de Estados Unidos y no de Colombia. Esa lectura permitió que el fenómeno se consolidara antes de que existiera una respuesta institucional coherente.

La cifra macroeconómica es elocuente. Durante la administración de Julio César Turbay Ayala, entre 1978 y 1982, las reservas internacionales de Colombia crecieron hasta alcanzar 5.630 millones de dólares en 1981. La bonanza cafetera de 1976-1978 y la bonanza de narcóticos de 1978-1983 se superpusieron, sumadas a una política de endeudamiento externo, y produjeron un exceso de divisas que abarató las importaciones, encareció relativamente la producción nacional y afectó perversamente al conjunto de la economía. El período coincidió con una apertura comercial creciente que el país no debatió como tal.

El lavado de esos capitales tenía nombre en la jerga oficial estadounidense: la "ventanilla siniestra". Washington identificó tres mecanismos que facilitaban el reciclaje del dinero del narcotráfico en Colombia: esa ventanilla del Banco de la República que permitía cambiar dólares sin preguntar su origen, las amnistías tributarias sucesivas y la laxitud con prácticas de registro de exportaciones ficticias o sobrefacturadas. La presión diplomática de Estados Unidos para desmontar esos mecanismos fue creciente, junto con la exigencia de reformar los códigos penales y militarizar la lucha antidrogas. En ese ambiente Turbay negoció y concluyó un tratado de extradición con Washington, pieza que sería el pararrayos político de la década siguiente.

Turbay, el paraquat y el Estatuto

La respuesta del Estado colombiano al ciclo marimbero fue tardía, fragmentada y, cuando llegó, marcadamente militarizada. La DEA había iniciado ya en diciembre de 1975 la Operation Stopgap, con vuelos de agentes sobre la costa de La Guajira para reportar embarcaciones sospechosas y avisar a la Guardia Costera estadounidense; hacia 1978 la agencia calculaba haber reducido en un tercio el flujo de marihuana hacia Estados Unidos.

Pero fue con Turbay Ayala, presidente entre 1978 y 1982, cuando la ofensiva antinarcóticos tomó forma nacional. Su gobierno acogió la propuesta de Washington de fumigar con paraquat los cultivos de marihuana en la región Caribe, particularmente en la Sierra Nevada y en La Guajira. El herbicida no eliminó los cultivos: los desplazó, principalmente hacia el Cauca, donde se instalaría una segunda geografía marimbera de menor escala. Las aspersiones causaron protestas de cultivadores y de políticos regionales por los excesos de los operativos, y produjeron desplazamientos poblacionales no previstos.

Al interior de las Fuerzas Armadas hubo malestar creciente con la política antidrogas de Turbay. La conducción castrense consideraba que emplear militares en actividades de corte policíaco generaba corrupción en sus filas y desviaba a la institución de su misión principal. En 1981 los mandos consiguieron que la Policía Nacional, y no el Ejército, quedara al frente del combate al narcotráfico. La decisión marcaría por décadas el reparto de responsabilidades en la política de drogas.

El Estatuto de Seguridad, con el que Turbay pretendía enfrentar simultáneamente a la insurgencia y a la criminalidad, se aplicó en un contexto en el que la línea entre subversión, delincuencia y narcotráfico se difuminaba en el discurso oficial, aunque las tres categorías respondían a lógicas distintas. La militarización antidrogas se prolongó después de Turbay: las fumigaciones en la Sierra Nevada comenzaron a extenderse en 1984 y siguieron avanzando hacia el sur del país durante los años noventa, empujando cultivos y poblaciones —como ocurrió en Caquetá a comienzos de esa década— hacia nuevas fronteras internas.

El derrumbe: sinsemilla, sobreproducción, reconversión

A comienzos de los ochenta el precio de la marihuana colombiana comenzó a caer. El derrumbe tuvo tres componentes convergentes. Primero, la producción interna estadounidense se disparó: pasó de abastecer menos del diez por ciento del consumo en 1978 a cubrir alrededor del treinta por ciento pocos años después, con proyecciones —en algunos análisis del momento— de cubrir la totalidad del mercado en dos o tres años. Los cultivos se expandieron desde California y Oregón hacia West Virginia, Kentucky, Florida, Missouri y Hawái. Segundo, apareció en el mercado norteamericano la sinsemilla, una variedad cultivada en Estados Unidos, de mayor potencia y calidad que la Colombian Gold, que desplazó rápidamente a la hierba importada en las preferencias de los consumidores. Tercero, la sobreproducción colombiana, acumulada en años de cosechas incontroladas, saturó la oferta y presionó los precios a la baja.

El colapso reveló una debilidad estructural que las utilidades habían disimulado. La marihuana es cultivable en cualquier clima, lo que permitió que la competencia estadounidense la produjera dentro de su propio territorio y eliminara la ventaja comparativa colombiana. Su volumen —muchos kilos para relativamente poco valor— la hacía difícil de transportar y vulnerable a la interdicción. Y su cadena de producción y comercialización era relativamente simple, lo que reducía las barreras de entrada para nuevos competidores. La cocaína, en cambio, requería condiciones tropicales específicas, ofrecía un valor por unidad de peso muy superior y demandaba una cadena de procesamiento más compleja, lo que la protegía de la competencia y multiplicaba sus márgenes.

La reconversión fue rápida donde la geografía lo permitía. Los cultivos ilícitos se desplazaron: la marihuana del Caribe hacia el Cauca, la coca desde la Amazonia y la Orinoquía hacia la franja Pacífica. Muchos campesinos que habían sembrado marihuana pasaron a la coca o, más tarde, a la amapola. Los intermediarios y transportistas que habían aprendido a exportar hierba se reciclaron sin dificultad hacia el nuevo producto. Las rutas antiguas de contrabando de La Guajira y el Magdalena, usadas primero para whisky y cigarrillos, luego para marihuana, quedaron disponibles para la cocaína.

Violencia privada y política local: la Sierra de Giraldo

El legado más pesado de la bonanza no fue, sin embargo, económico ni logístico: fue político-territorial. Desde la década de los setenta, en la Sierra Nevada, la actividad marimbera generó la aparición de grupos ilegales vinculados a ejércitos privados que en ocasiones actuaron en conjunto con la fuerza pública. Playas, bahías y ensenadas eran activos estratégicos que había que controlar; los cargamentos eran vulnerables al robo; los rivales debían ser disciplinados; los cultivos y los laboratorios requerían protección. Esa demanda de violencia produjo su propia oferta.

Hernán Giraldo Serna, un colono llegado del interior del país en el marco de la violencia de los años sesenta, organizó hacia finales de esa década un grupo armado que se consolidaría como "Los Chamizos". Adán Rojas, también colono desplazado, siguió una trayectoria similar. Giraldo construyó una fortaleza territorial en la Sierra Nevada aprovechando la valorización estratégica de la vertiente costera y extendió su influencia hasta el Mercado de Santa Marta, donde operó una red ilegal de drogas y ordenó asesinatos selectivos. Su modelo no era solo militar: tejió alianzas con políticos locales determinando quién podía hacer política en su territorio. Los aliados le ofrecían votos y recursos; él les proveía bienes públicos que el Estado no llevaba, protección frente a las autoridades y mediación con los nuevos actores que llegaban al negocio.

La red política del narcotráfico marimbero fue amplia y dejó nombres reconocibles. Samuel Santander Lopesierra, conocido en La Guajira como "El Hombre Marlboro" por sus años en el contrabando de cigarrillos, llegó al Congreso y terminó extraditado a Estados Unidos. Alex Durán Fernández, representante a la Cámara, fue asesinado en 1994 en un episodio que ilustró los costos de esas alianzas. Jorge Gnecco Cerchar, exdiputado del Cesar, fue asesinado en 2001; había sido auspiciador de la Convivir Guaymaral, considerada célula madre del paramilitarismo en su departamento. El circuito conecta con nitidez los dos ciclos: la política clientelar de la bonanza marimbera fue la matriz de la política narcoparamilitar del ciclo cocalero.

La violencia asociada al tráfico también se derramó sobre la vida urbana. Los homicidios y la inseguridad crecieron en Santa Marta al ritmo del negocio, y el principal festival local de la ciudad tuvo que ser cancelado por las condiciones de orden público. La sociedad de La Guajira y del Magdalena se vio involucrada de manera directa e indirecta en prácticas ilegales interiorizadas como legítimas. Quienes dominaban el contrabando y luego el narcotráfico se perfilaron como figuras de poder local y encontraron pocas resistencias para incursionar en la política formal.

Presidentes en el marco

Cuatro presidentes definen el arco político del ciclo. Alfonso López Michelsen, en el poder entre 1974 y 1978, gobernó durante el auge y bajo el signo de la anterior bonanza cafetera; su administración reflejó la mezcla de perplejidad y tolerancia con que las élites nacionales miraron el nuevo fenómeno. Julio César Turbay Ayala, entre 1978 y 1982, fue el presidente de la respuesta estatal: fumigación con paraquat, Estatuto de Seguridad, presión estadounidense creciente, tratado de extradición. Belisario Betancur, entre 1982 y 1986, heredó un país en el que el ciclo marimbero se apagaba y el cocalero comenzaba a instalarse, y su gestión estuvo cruzada por las primeras muestras de lo que sería la guerra de los carteles.

Al otro lado del Caribe, la política estadounidense marcó el pulso. Richard Nixon había declarado la "guerra contra las drogas" a comienzos de los setenta y bajo su administración se iniciaron las fumigaciones en México que redirigieron el negocio a Colombia. Jimmy Carter, entre 1977 y 1981, mantuvo la presión y bajo su gobierno se profundizó la Operation Stopgap y la exigencia de acción colombiana. Sinaloa, en México, había sido el escenario original del negocio; su desmantelamiento parcial abrió el espacio que ocupó la Sierra Nevada.

Herencias: los rieles del ciclo siguiente

Cuando la bonanza marimbera terminó, dejó tras de sí un país cambiado en varias dimensiones simultáneas. La primera, económica: el país había aprendido —o, mejor, había practicado sin nombrarlo— el lavado de activos a gran escala, la evasión sistemática de controles cambiarios, la sobrefacturación de exportaciones y la integración de capitales ilegales al ciclo formal a través de amnistías y ventanillas complacientes. Los carteles cocaleros que emergieron a comienzos de los ochenta encontraron ese aprendizaje disponible.

La segunda, logística. Las rutas antiguas de contrabando de La Guajira y el Magdalena, recicladas primero para la marihuana, quedaron listas para exportar cocaína y, más tarde, heroína. Los carteles que se venían conformando alrededor del tráfico de marihuana a principios de los setenta lograron, en alianza con poderes locales, consolidarse territorialmente y establecer corredores para la cocaína. En 1984, Colombia ocupaba el tercer lugar mundial en área cultivada de coca pero el primero en exportaciones de cocaína: la ventaja no estaba en la producción primaria sino en el procesamiento y la exportación, es decir, en la parte de la cadena en la que la experiencia marimbera había especializado al país. Hacia 1997, Colombia había desplazado a Perú y a Bolivia como principal productor mundial de hoja de coca, impulsado por la interdicción en los países andinos vecinos y por la infraestructura de elaboración y exportación ya consolidada.

La tercera, política. Los grupos armados privados nacidos en la Sierra Nevada durante la bonanza no se disolvieron con el colapso del negocio marimbero. Se reconvirtieron. Los Chamizos de Giraldo y las estructuras similares que operaban en la región siguieron controlando territorio, cobrando por servicios de seguridad, articulándose con políticos locales y, más tarde, integrándose al proyecto paramilitar de los años noventa. La Convivir Guaymaral, auspiciada por Gnecco Cerchar en el Cesar, es el ejemplo más nítido de esa continuidad. Tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos como Los Urabeños y el Bloque Contrainsurgencia Wayúu siguieron operando en La Guajira y la Sierra Nevada, manteniendo redes de contrabando y narcotráfico y vínculos con sectores de élite y con la fuerza pública. La cadena, aunque discontinua, es reconocible.

La cuarta, cultural. La bonanza marimbera consolidó una manera de estar en el mundo en la que la ilegalidad económica no era una excepción sino una infraestructura de la vida social. En La Guajira y en el Magdalena, dominar una economía ilegal se convirtió en una vía razonable de ascenso social y de acceso al poder político. Las canciones del vallenato de los años setenta y ochenta registraron sin pudor las figuras del marimbero, del piloto, del contrabandista rico; los apellidos que aparecen en la política regional del último medio siglo se cruzan con las genealogías del contrabando y del narcotráfico con una frecuencia que no admite ser leída como coincidencia.

Balance

La bonanza marimbera fue, en sentido estricto, corta. Poco más de una década separa el auge de los cultivos guajiros a comienzos de los setenta de la crisis de precios a comienzos de los ochenta. Fue efímera en el perfil económico colombiano, a diferencia de la industria de la cocaína, que se instaló como aspecto permanente por razones estructurales propias: mayor valor por unidad de peso, requerimientos climáticos específicos que impedían la competencia estadounidense, mayor complejidad de la cadena productiva.

Pero su brevedad como ciclo económico contrasta con la duración de sus efectos. La bonanza tendió los rieles —rutas, capitales, complicidades políticas, embriones paramilitares, prácticas culturales— sobre los que corrió el ciclo cocalero. Fue el momento en el que Colombia se integró de manera masiva al mercado internacional de las drogas ilegales, y ese ingreso fue irreversible. Los mecanismos financieros de lavado, las alianzas entre traficantes y políticos locales, los ejércitos privados con vocación territorial, la militarización de la respuesta antidrogas: todo eso, que definiría al país en las décadas siguientes, se ensayó primero en la Sierra Nevada y en La Guajira entre 1972 y 1985.

Leerla como una simple fiebre de riqueza rápida en un rincón periférico del país —como se la leyó en su momento desde Bogotá— es perder el punto. La bonanza fue el proceso por el cual la geografía del Caribe colombiano, con sus siglos de contrabando y su ausencia de Estado, se articuló con la demanda estadounidense y produjo la primera versión moderna del narcotráfico colombiano. Cuando la marihuana perdió su mercado, el andamiaje no se desmontó: cambió de producto. Ese es, más que las cifras de exportación o los nombres de los clanes, el peso histórico del episodio.