Orinoquía

La Orinoquía colombiana

Al oriente de la cordillera, entre el páramo de Pisba y el Orinoco, se extiende una Colombia que cabe entera dentro de Alemania y que el país central ha preferido ver como frontera antes que como territorio propio. Los cinco departamentos que la componen —Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaviare, con retazos del Caquetá— suman 372.942 kilómetros cuadrados: entre una cuarta y una tercera parte del país. Sabanas que se vuelven mar durante seis meses del año, morichales, bancos altos de médanos pleistocénicos que emergen como islas en la inundación, piedemontes andinos, corredores biológicos que se prolongan sin costura hacia los llanos de Apure. Sobre esa base física se han sucedido, sin cancelarse, una frontera misional y ganadera, una frontera petrolera, una frontera guerrillera y paramilitar, y una frontera agroindustrial. Cada oleada se montó sobre la anterior. Ninguna terminó de convertir a la Orinoquía en algo distinto de un lugar del cual sacar cosas: almas para los colegios de la Compañía, cueros para Santafé, barriles para el mundo, hectáreas para los fondos de inversión. La memoria de esa serie de despojos, y de las agencias locales que la resistieron o la aprovecharon, es la que este artículo intenta poner en orden.

Un territorio antes de ser región

La geografía manda en la Orinoquía más que en ninguna otra parte de Colombia, y conviene fijarla antes de nombrar a los hombres. El río Meta cruza la llanura de suroeste a nororiente y funciona como divisoria estructural: al norte, en Arauca y Casanare, los llanos son bajos e inundables y se convierten en un mar durante las lluvias de abril a septiembre; solo los bancos altos de sabana —médanos depositados durante los períodos glaciales secos del Pleistoceno— quedan como islas de refugio para hombres y ganado. Al sur del Meta se abre la altillanura bien drenada, casi diez millones de hectáreas entre el Meta y el Vichada, con temperatura media uniforme y una estación seca de dos a cinco meses que la vuelve, en términos agronómicos, otra cosa.

El Orinoco propiamente dicho es un río frontera. Colombia y Venezuela lo comparten en un tramo de 250 kilómetros, entre la confluencia del Guaviare con el Atabapo y la desembocadura del Meta, tramo difícil de navegar por los raudales que labra una cadena de montañas graníticas. Sobre esa llanura sin horizonte emergen elevaciones aisladas —la Serranía de la Macarena, el Chiribiquete y otras serranías con alturas medias por debajo de los mil metros— restos del escudo cristalino precámbrico, el saliente del Vaupés asomando bajo la sedimentación. Montañas-isla, se les dice bien.

Sobre esa estructura, entre el Meta y el Vichada, coexisten hoy modos de asentamiento que pertenecen a tiempos distintos y no se han fundido: resguardos de sikuani, achagua, guahibos, piaroa, kurripaco, masiguare, piacoco; grupos nómadas y seminómadas; vaqueros de antigua estirpe; campesinos de vega de río; y, en la última capa, empresarios palmeros, cañeros, petroleros y ganaderos. La Orinoquía es, en sentido estricto, un palimpsesto: cada estrato sigue vivo bajo los que le pasaron por encima.

La conquista que no encontró oro

Al oriente de la cordillera, los conquistadores no hallaron El Dorado ni ciudades para saquear. Gonzalo Jiménez de Quesada subió por el Magdalena y encontró el altiplano muisca; Nicolás Federmann, viniendo desde Coro por los llanos de Apure y Casanare, cruzó la cordillera para llegar a Bogotá tarde, en 1539, cuando el reparto ya estaba hecho. La entrada de Federmann fue el reverso simbólico de la Orinoquía como territorio de paso: la llanura era la ruta, no el destino. La misma lógica se prolongó dos siglos: los llanos servían para llegar a otro sitio, o para sostener con vacas y almas lo que se hacía en Santafé.

Los pueblos indígenas que encontraron los europeos —achagua, sáliba, sikuani, guahibo, cuiba, piaroa, entre otros— tenían religiones propias que el catolicismo no logró desplazar por completo. De los sáliba se recogió testimonio de dioses del monte, del agua y de la sabana; los cuiba y otros grupos cazadores-recolectores lograron durante largo tiempo esquivar el contacto gracias a la eficacia de su modo de vida nómada. Ese equilibrio se rompería más tarde, y con una tragedia larga que aún dura.

En el siglo XVIII las misiones jesuíticas convirtieron a la Orinoquía en algo cercano a una provincia productiva. Los nombres de la trilogía casanareña —Caribabare, Cravo, Tocaría— eran los de tres haciendas contiguas cuya integración fue la clave del sistema. El ganado circulaba libremente entre ellas según buscara agua o pasto, y esa aparente indeterminación de linderos era en realidad un instrumento deliberado: los jesuitas controlaban el territorio moviendo las reses con el clima, aprovechando los cuatro meses de verano para consolidar rebaños y jerarquías. Las utilidades sostenían los colegios de la orden. Las almas indígenas reducidas eran, a la vez, feligreses y mano de obra. Cuando el padre José Gumilla escribió su Orinoco ilustrado a mediados del siglo XVIII, describía un mundo que era, además de espiritual, comercial. Las misiones eran exitosas precisamente porque eran rentables.

La expulsión de los jesuitas en 1767 desmontó ese engranaje sin que el poder civil supiera sustituirlo. Cuando estalló la revolución de los comuneros en 1781, un grupo rebelde de los Llanos —cerca de mil quinientos indígenas montados a caballo, posiblemente guahibos— engrosó el movimiento en Támara, Pore, Morcote, Paya y Pisba al grito de «¡Viva el rey inca y muera el rey de España!». No era todavía la independencia, pero ya era una demostración de que la llanura podía, cuando quería, salir a caballo hacia el altiplano.

La provincia libertadora

La Orinoquía decidió la independencia de la Nueva Granada. No es hipérbole patriótica: es descripción de logística. Casanare fue el santuario militar de la causa republicana, la retaguardia donde Francisco de Paula Santander rehizo un ejército mientras el resto del país sufría la Reconquista de Pablo Morillo. Para mayo de 1819, Santander había limpiado la provincia de realistas y podía reportarle a Simón Bolívar que Casanare estaba «entusiasta por su independencia» y lista para su papel.

El plan se concertó en la Aldea de Setenta, a orillas del río Apure, a finales de mayo de 1819, cuando Bolívar convocó un consejo de oficiales y expuso la invasión por sorpresa a la Nueva Granada. Las discusiones ásperas sobre si avanzar o retroceder vinieron después, en el Llano de Miguel, donde Santander impuso su criterio con el apoyo de los comandantes venezolanos. La campaña arrancó el 15 de junio con la vanguardia santanderiana y la retaguardia de José Antonio Anzoátegui, y cruzó la cordillera por el páramo de Pisba, considerado inaccesible. Los llaneros —jinetes semidesnudos, a pelo, con lanzas de palma, endurecidos en la ferocidad de las guerras de los llanos venezolanos, donde José Antonio Páez acababa de derrotar a Morillo en Las Queseras del Medio el 3 de abril— sufrieron el frío del páramo como un tormento. Muchos murieron en la subida sin haber visto un realista.

En el Pantano de Vargas, y luego en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, esa caballería —entre cuyos oficiales destacaba el coronel Juan José Rondón— cargó en el momento decisivo contra las fuerzas de José María Barreiro. El ejército libertador era, en su gran mayoría, nativo; los ingleses de la Legión Británica eran una fracción minoritaria. La independencia neogranadina se ganó, en lo esencial, con hombres del Llano.

Ese hecho fundó una imagen y un problema. La imagen: el llanero como guerrero de resistencia extrema, ferocidad y sentido del honor, fijado como emblema nacional. El problema: la sospecha, que germinó desde entonces y no dejó de crecer, de que la Orinoquía era una tierra conflictiva y tendiente a la guerra, una periferia armada que el centro debía contener más que integrar. La proyección del llanero como caudillo rebelde vino junto con la del Llano como frontera indócil. Ambas imágenes, nacidas a la vez, se refuerzan hasta hoy.

El hato como país

El siglo XIX y buena parte del XX consolidaron en la Orinoquía una sociedad ganadera cuya unidad no era el pueblo sino el hato. Los hatos eran latifundios extensivos, poco productivos en rendimiento por hectárea, que crecían por acumulación de tierra más que por tecnificación. Una sola cabeza de ganado podía disponer de más superficie que una familia entera de la región. Esa era la ecuación fundamental: mucha tierra, poca gente, y una jerarquía laboral que reproducía la dependencia.

En el hato coexistían roles diferenciados. El veguero era el trabajador agrícola de las riberas, dueño de algunas reses y de una casa, que recibía del señor del hato víveres —plátano, yuca— pagados con vacas viejas para carnear; un intercambio comercial desproporcionado que lo mantenía atado por deuda. El caballicero, adolescente o joven, cuidaba los caballos, se levantaba a las dos de la mañana y era el correo insustituible de la pampa; en esa función se curtía. El vaquero ocupaba la cima de la escala: ser vaquero era honor, tenía categoría social, y solía ser propietario de su caballo, su silla, su soga y sus implementos. En medio, capataces y caporales.

Esa estructura importa porque explica lo que vendría después. La ganadería llanera no generó una clase campesina propietaria ni una industria transformadora; generó un latifundio con dependientes y una cultura del hato —joropo, coleo, contrapunteo, el mito del hombre libre a caballo— que sirvió para dorar la asimetría. La atracción cultural del Llano, notoria en observadores y visitantes de la primera mitad del siglo XX, se posó sobre un edificio social profundamente jerárquico. Cuando llegaron las siguientes oleadas —la Violencia, el petróleo, el paramilitarismo, la agroindustria— encontraron ese piso ya listo: tierra concentrada, mano de obra sin activos, memoria de guerra.

Guadalupe y los cinco mil

En 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la violencia bipartidista se derramó sobre el país. En los Llanos, donde el liberalismo era antiguo y el conservatismo se percibía como intrusión centralista, la persecución del régimen conservador de Mariano Ospina Pérez y luego de Laureano Gómez generó una respuesta armada rápida. A comienzos de los años cincuenta, el liberal Elíseo Velásquez se alzó en armas para defenderse. En Yopal, en Casanare, se fue formando un núcleo dirigente alterno alrededor de Guadalupe Salcedo Unda y Eduardo Franco Isaza, dos hombres que terminarían simbolizando la resistencia llanera.

La guerrilla del Llano fue rápidamente el emblema nacional de la resistencia liberal. Su composición social calcaba la estructura del hato: campesinos desplazados, familiares de víctimas del terror oficial, aparceros, vegueros, peones, vaqueros y caporales. Los hacendados liberales patrocinaron el movimiento, pero solo mientras funcionara como guardián de sus hatos; ese límite —la propiedad ganadera como frontera del apoyo elitario— definió el techo político de la insurgencia. Cuando en su mensaje presidencial de 1951 Laureano Gómez ni siquiera mencionó al Llano, hablando de los alzados en términos que negaban su condición política, dejó ver la lógica del poder central: se trataba de bandidos, no de un problema de país.

En 1953, con la llegada al poder de Gustavo Rojas Pinilla, se abrió una amnistía. Guadalupe Salcedo, convencido de la sinceridad de la oferta, persuadió a sus guerrilleros —unos cinco mil hombres— de deponer las armas. Se entregaron. Cuando el bipartidismo retomó el poder tras la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957 y sentó las bases del Frente Nacional, la promesa se deshizo. Guadalupe Salcedo fue asesinado poco después. Su figura quedó fijada como la del insurrecto amnistiado y traicionado, cifra de una constante colombiana: al Llano se le hacen promesas para desmovilizarlo, y luego se le cobra.

La Violencia no fue en los Llanos, ni en el resto del país, una guerra de clases en sentido estricto; en la mayoría de las regiones los campesinos siguieron la orientación de los terratenientes, y las estructuras del poder rural fueron esenciales en la organización del conflicto. Pero en el Llano esa dinámica se cruzó con una tradición de autonomía armada que venía de la independencia, y produjo una insurgencia que no era ideológica en el sentido comunista posterior, sino profundamente ligada al hato, a la lealtad partidista liberal y a la memoria de la caballería libertadora. Cuando la memoria de Guadalupe se instaló en la cultura popular, ya cargaba dos siglos de acumulación simbólica.

El barril que lo cambió todo

En julio de 1983, tras un largo proceso exploratorio y setenta millones de dólares invertidos, Occidental Petroleum descubrió petróleo en Caño Limón, en Arauca. Las pruebas confirmatorias de noviembre de ese año establecieron reservas de hasta mil millones de barriles: uno de los descubrimientos más importantes del mundo en los quince años previos. El impacto fue inmediato y estructural. La producción petrolera colombiana pasó de unos 265.000 a unos 480.000 barriles diarios, y el país, que era importador desde 1974, volvió a exportar en 1986. El oleoducto Caño Limón-Coveñas, de 800 kilómetros hasta la costa atlántica, se construyó en tiempo récord, cerca de dos años.

Más tarde llegarían los campos de Cusiana y Cupiagua en Casanare, y la Orinoquía quedó configurada como el enclave energético del país. Las regalías fluyeron. Con ellas se pavimentaron carreteras, se dotaron ciudades del piedemonte —Yopal, Villavicencio, Saravena, Arauca— y creció un poblamiento denso donde antes había sabana. Sin embargo, la riqueza no se tradujo en mejoras proporcionales de las condiciones de vida. Hacia 2012, la industria extractiva representaba el 61% del PIB de Arauca: una economía de enclave sin encadenamientos productivos endógenos, donde el barril salía sin dejar cadena de valor detrás. La Gobernación de Arauca reconocía en ese año que la economía extractiva había producido conflictos internos y falta de oportunidades. Regalías gigantescas, pobreza persistente: la fórmula colombiana del petróleo.

El otro efecto del boom fue militar. El Ejército de Liberación Nacional, que venía debilitado, encontró en el petróleo su recomposición. El Frente de Guerra Nororiental y los frentes Camilo Torres y Domingo Laín crecieron enormemente en los años ochenta y noventa alrededor de la explotación. Entre 1985 y 1989 se conformaron nuevos frentes —Efraín Pabón Pabón, Armando Cacua Guerrero— financiados por la construcción de oleoductos. El ELN desarrolló entre 1986 y 2001 lo que los analistas llamaron «clientelismo armado»: extorsión a empresas petroleras, voladura sistemática de oleoductos, secuestro de personal, y a la vez presión a gobiernos locales y contratistas para que las regalías beneficiaran a colonos y trabajadores. En 1987, en una campaña de sabotaje, la organización acuñó una consigna que era programa: «Despierta Colombia, nos están robando el petróleo». El ELN actuaba como intermediario armado entre poblaciones marginadas y un Estado percibido como distante y capturado.

El petróleo, en suma, no llegó como desarrollo sino como disrupción. Reconfiguró todas las relaciones previas: financió simultáneamente al Estado clientelar, a la insurgencia y —muy pronto— al paramilitarismo que vendría a disputarle a la guerrilla el control del territorio y de la renta.

Mapiripán y la contraofensiva

Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, convertidas por entonces en Autodefensas Unidas de Colombia, torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron a unas 49 personas, y arrojaron sus restos al río Guaviare. La fuerza pública llegó el 22 de julio, siete días después del inicio de la masacre y dos días después de su conclusión, cuando los paramilitares ya habían destruido gran parte de la evidencia y los medios ya estaban en el lugar. La justicia colombiana estableció después la responsabilidad, por acción u omisión, de altos mandos militares; el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui fue condenado a 37 años de prisión. La Corte Interamericana confirmó lo que documentaron los procesos: la operación se ejecutó con colaboración, aquiescencia y tolerancia de miembros de las Fuerzas Armadas.

Mapiripán no fue un episodio aislado sino la puerta de entrada de las AUC a los Llanos Orientales y el preámbulo de la consolidación del Bloque Centauros bajo el mando de Miguel Arroyave. La motivación era múltiple: control de cultivos de coca, laboratorios, rutas de narcotráfico, corredores estratégicos hacia Venezuela y el río Meta, y lucha contrainsurgente impulsada por ganaderos de la región. Ganaderos llaneros habían contactado a los hermanos Castaño para que implantaran un grupo paramilitar ante el acoso guerrillero; tropas de la Casa Castaño se desplegaron entonces sobre los Llanos, aunque no fue el único vector: los primeros grupos de autodefensa en la Altillanura recibieron influencia también desde Puerto Boyacá, epicentro histórico del paramilitarismo colombiano.

Lo que vino después fue un despojo sistemático. Miles de campesinos fueron desplazados. Las tierras vaciadas se legalizaron a favor de nuevos propietarios mediante testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces, registradores y notarios. Y se valorizaron, además, con dos motores paralelos: la explotación petrolera y la expansión agroindustrial de palma aceitera y caña para biocombustibles. El despojo no fue caótico: fue una operación de acumulación con blindaje jurídico.

Tras la desmovilización de las AUC, el patrón se prolongó en el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, ERPAC, que hacia 2010 controlaba un poder territorial considerable en los Llanos, defendiendo el nuevo statu quo del despojo. La violencia no había resuelto la disputa por la tierra; la había redistribuido a favor de nuevos dueños.

La altillanura como fondo de inversión

En febrero de 2014, la Contraloría General de la Nación publicó un informe de actuación especial sobre la acumulación irregular de predios baldíos en la Altillanura colombiana, correspondiente al año 2012. El informe identificó una presunta connotación fiscal de $150.378,92 millones derivada del incumplimiento de los artículos 1, 12 y 72 de la Ley 160 de 1994 por parte del INCODER. El caso emblemático fue el de Cargill: a través del fondo de inversión Black River, la multinacional creó 40 sociedades por acciones simplificadas —40 SAS— y compró 43 parcelas en Vichada que sumaban 61.000 hectáreas, sorteando el tope legal previsto para la adjudicación de baldíos a un solo comprador. El mecanismo, replicado por otros actores, convertía la ley agraria en un ejercicio de ingeniería societaria.

La palma aceitera, promovida como cultivo estrella del desarrollo llanero, tenía una lógica de escala. Según Fedepalma, la rentabilidad mínima requería 3.000 hectáreas. Las «alianzas productivas» con pequeños y medianos cultivadores implicaban que estos asumieran durante tres años los costos de preparación y mantenimiento sin ingresos, frecuentemente vía crédito, en una transferencia sistemática de riesgo hacia los eslabones débiles. En el Urabá chocoano, plantaciones ilegales sembradas inicialmente por paramilitares atrajeron inversiones respaldadas por Finagro, el Fondo Agropecuario de Garantías y el incentivo a la capitalización rural; en 2005, el INCODER emitió fallos que afectaron territorios colectivos reconocidos a 1.125 familias en beneficio de empresas palmeras. La misma lógica —despojo, blanqueo jurídico, financiación pública, agroindustria— se desplegó con matices en la Altillanura.

En medio de este nuevo ciclo, los doce pueblos indígenas repartidos en unos 80 resguardos entre el Meta y el Vichada sostienen su presencia sobre un territorio simultáneamente asediado por economías ilícitas —narcotráfico, tráfico de armas— y por economías legales que operan con la misma lógica de enclave. La reocupación del piedemonte y de las riberas del Meta por los guahibos en el siglo XIX, cuando adoptaron el semisedentarismo combinando horticultura con cacería, pesca y recolección tras el diezmo de los achagua, fue una respuesta indígena al colapso colonial. Hoy la presión es otra pero el patrón se parece: territorios que se defienden mientras el ciclo económico dominante los rodea.

Lo que queda debajo

La Orinoquía que hoy se lee en el mapa administrativo —Arauca, Casanare, Meta, Vichada, con las porciones del Guaviare y el Caquetá— es la suma no resuelta de todas sus fronteras. Los hatos jesuíticos dejaron la matriz ganadera; el hato republicano dejó el latifundio y la cultura del vaquero; la guerra de independencia dejó la imagen del llanero armado y la sospecha centralista sobre él; la Violencia dejó el luto de Guadalupe Salcedo y la memoria de la amnistía traicionada; el petróleo dejó el enclave fiscal, las regalías sin desarrollo y una guerrilla financiada por barriles; el paramilitarismo dejó Mapiripán, el despojo y la valorización sucia de la tierra; la agroindustria dejó las SAS, la palma y la legalización notarial de lo arrebatado.

Nada de eso se ha cancelado. Los sikuani siguen ahí, los vaqueros siguen ahí, los desplazados de Mapiripán siguen buscando restitución, los oleoductos siguen bombeando, los fondos de inversión siguen comprando. Cada oleada llegó con una promesa de integración —salvación de almas, ciudadanía republicana, modernización petrolera, seguridad democrática, desarrollo agroindustrial— y cada una terminó extrayendo más de lo que dejó. Alfredo Molano, que caminó estas sabanas durante décadas y las escribió como pocos, sostuvo que la Orinoquía era el ensayo permanente de otra Colombia posible que el centro nunca quiso ver. Es una manera de decir lo mismo: la región ha sido gobernada como frontera, no como país.

Pero el palimpsesto no es solo un archivo de despojos. Es también un archivo de agencia. Los llaneros decidieron Boyacá. Los guerrilleros de Guadalupe negociaron una amnistía y forzaron un lugar en la memoria nacional. Los guahibos reocuparon el Meta después del colapso colonial. Los sikuani y los u'wa han bloqueado, litigado y sobrevivido. El ELN, con todos sus horrores, obligó a nombrar en voz alta la pregunta por a quién le pertenece el petróleo. Cada oleada externa se estrelló contra formas locales de organización que la modificaron, aunque no la vencieran.

La Orinoquía se termina de imaginar como propia el día que Colombia entienda que sus llanos no son un margen sino uno de sus centros —histórico, ecológico, económico— y que las cinco fronteras superpuestas no son un pasado sino un presente vivo. El río Meta seguirá dividiendo el norte inundable de la altillanura seca; los médanos pleistocénicos seguirán emergiendo cada verano como islas; los resguardos seguirán ahí; los oleoductos también. Sobre esa base física y humana, la pregunta que la región le hace al país sigue abierta desde 1539: si algún día va a dejar de ser el lugar del cual sacar cosas, para volverse un lugar donde también se construye.