Comuneros

La Insurrección de los Comuneros

En la primavera de 1781, mientras la Corona española libraba en el Atlántico su guerra contra Inglaterra y necesitaba oro con urgencia, un edicto fiscal fijado en la plaza del Socorro fue arrancado por una mujer llamada Manuela Beltrán. De ese gesto —o del relato que quedó de él— nació la mayor rebelión que sacudió al Virreinato del Nuevo Reino de Granada antes de la Independencia. Durante seis meses, un ejército irregular de campesinos, artesanos, mestizos, mulatos e indígenas, encabezado por notables locales de la Villa del Socorro, marchó hacia Santafé de Bogotá al grito de "¡Viva el Socorro y muera el mal gobierno!". No pedían la ruptura con España ni la abolición de la monarquía: pedían que se derogaran los nuevos impuestos, que se respetaran las libertades locales toleradas por los Habsburgo, que los criollos tuvieran preferencia sobre los peninsulares en los cargos, que el aguardiente y el tabaco dejaran de ser monopolios asfixiantes. Los detuvieron en Zipaquirá con la firma de unas Capitulaciones que el virrey improbó apenas las tuvo en las manos; a los pocos meses, José Antonio Galán colgaba en la horca y su cabeza viajaba a Guaduas mientras su mano derecha se clavaba en El Socorro como advertencia. La Insurrección Comunera fue, en rigor, una revuelta fiscal de vasallos leales; el largo siglo posterior la convertiría, retroactivamente, en preludio de la nación.

El Socorro, o por qué allí

El estallido no ocurrió en Bogotá ni en Cartagena ni en Popayán, sino en una provincia de piedemonte oriental cuya economía era, dentro del virreinato, una excepción. En el Socorro, San Gil, Vélez y Pamplona, la tierra no estaba dominada por la gran hacienda esclavista ni por la mina de veta profunda: predominaban parroquias con propietarios blancos pequeños y medianos, y una densa población de artesanos que tejían algodón en rama, lienzos, paños de manos y colchas. Esos textiles se distribuían por todo el virreinato —Santafé, Popayán, Cartagena, Antioquia, Santa Marta, Riohacha—, y salían al río Magdalena por los puertos de Opón y Pedregal.

Había allí una división del trabajo más avanzada que en el resto de la Nueva Granada. El hilado y el tejido se ejercían por especialistas distintos, y en 1694 el Cabildo de San Gil había llegado a acordar que el algodón hilado sirviera como moneda de cambio. Era, en escala colonial, una sociedad mercantil: producía para el mercado interno, medía sus intercambios, dependía del comercio.

Esa estructura la volvía extraordinariamente vulnerable al reformismo borbónico. Donde la hacienda extraía trabajo excedente en forma de servicios y la mina rendía oro directamente a la Corona, en el Socorro cada peso circulaba varias veces por manos de tejedores, hilanderos, pequeños comerciantes y cultivadores de tabaco. Un aumento en la alcabala golpeaba varias veces la misma cadena; un estanco sobre el tabaco liquidaba la subsistencia de familias enteras; una restricción a las siembras "ilegales" era, literalmente, la ruina. No fue casualidad que los primeros disturbios estallaran en la región del Guanentá desde 1778 —en Mogotes en febrero de ese año, otra vez en Mogotes y Simacota en octubre de 1780, en Charalá en diciembre— antes de que Manuela Beltrán rompiera nada. Cuando el edicto voló en marzo de 1781, ya había casi tres años de fuegos menores.

Piñeres y la máquina fiscal

El artífice visible de la reforma se llamaba Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, Regente Visitador. Había desembarcado en 1778 con el encargo de aumentar la remesa fiscal que la Nueva Granada enviaba a la metrópoli, y ejecutó su tarea con la eficiencia gris del burócrata ilustrado. Ese mismo año restableció la Armada de Barlovento —un gravamen destinado a la defensa marítima antillana— y extendió la alcabala a productos que antes no la pagaban. Entre 1780 y 1781 apretó también sobre el tabaco, el aguardiente, la sal, los textiles y el algodón: precisamente los renglones que sostenían la economía socorrana.

El estanco del tabaco condensó todo el problema. El Estado fijaba unilateralmente el precio al que compraba la hoja a los campesinos —a la baja—, imponía el precio al que la vendía al detalle —al alza— y perseguía las siembras no autorizadas. Junto con el aguardiente, ese monopolio aportaba cerca del 32% de los ingresos de la Corona en el virreinato durante la última década colonial. Era demasiado dinero para retroceder y demasiada intrusión para tolerarse.

En términos agregados, la carga tributaria en Nueva Granada se triplicó con las reformas borbónicas: pasó del 2,9% del PIB en las décadas anteriores a rondar el 10,4% a finales del siglo XVIII. Detrás de esos porcentajes había una lógica geopolítica que ningún campesino del Socorro leía en esos términos, pero cuyos efectos sentía en la báscula: España necesitaba financiar la guerra contra Inglaterra —la misma que había arrastrado al virrey Manuel Antonio Flórez a Cartagena para vigilar corsarios—, y sus colonias americanas fueron las llamadas a pagar la factura.

El común y sus fueros

Conviene detenerse en una palabra: común. Los rebeldes no la inventaron. La sacaron de una tradición jurídica y política castellana que había cruzado el Atlántico con los primeros pobladores y se había preservado, tercamente, en las provincias donde predominó el carácter castellano, leonés, aragonés o vizcaíno, favorecida por el aislamiento geográfico y por la relativa indiferencia de la Corona hacia los asuntos municipales. Común era el vecindario reunido, la comunidad política local, el cuerpo del pueblo con voz propia frente al señor o al rey.

En el sistema jurídico heredado de los Austrias, los magistrados tenían amplio poder discrecional: podían fallar conforme a la costumbre y la equidad, sin ceñirse a la letra de la ley cuando ésta resultaba manifiestamente injusta. La escolástica hispánica —la doctrina que Francisco Suárez había sistematizado en el siglo XVI— sostenía además que un mal gobierno invalidaba el juramento de obediencia y autorizaba, en casos extremos, la resistencia. Ese constitucionalismo pactista, con su altivo espíritu de fueros y comunidades, era antiabsolutista por vocación.

Los Borbones lo sabían y trataron de liquidarlo. En el siglo XVIII expulsaron a los jesuitas, que enseñaban esas doctrinas, y prohibieron la circulación de las obras de Suárez y la enseñanza del derecho natural. Cuando los rebeldes del Socorro se armaron en decenas de pueblos y llamaron a sus asambleas "comunes", cuando establecieron comités con ese nombre para tomar la administración local, no estaban improvisando un vocabulario: activaban —con la torpeza y la mezcla propias de un movimiento popular— una gramática política que la reforma ilustrada había intentado silenciar.

De ahí, también, la naturaleza de sus reclamos. Las Capitulaciones que firmarían en Zipaquirá no invocaron derechos inalienables del hombre ni contrato social a la manera de Rousseau. Formularon agravios fiscales concretos —el tributo indígena, la alcabala, el aguardiente— y pidieron equidad y alivio de cargas, disposiciones en favor de indios y mulatos, y preferencia de los neogranadinos nativos sobre los peninsulares en los nombramientos. Era el lenguaje del vasallo que apela al rey contra sus malos ministros, no el del ciudadano que reclama soberanía.

De Manuela Beltrán a Zipaquirá

El 16 de marzo de 1781, Manuela Beltrán arrancó en el Socorro el edicto que anunciaba los nuevos tributos. Se discute si fue en la oficina de rentas o en la plaza pública donde el papel estaba fijado; el gesto quedó fijado, en cambio, como emblema, aunque el descontento venía cocinándose desde hacía años en la región del Guanentá.

Lo que siguió fue una cadena de adhesiones. Mogotes, Simacota, Charalá —donde ya había habido disturbios el diciembre anterior—, San Gil, Vélez, Pamplona, Cúcuta: los notables locales, hasta entonces observadores, comprendieron que si no encabezaban el movimiento serían arrollados por él. En el Socorro emergió como jefe Juan Francisco Berbeo, hombre de la élite mercantil de la Villa, afectado él mismo por los nuevos impuestos. Junto a él aparecieron Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo, todos del mismo estrato: propietarios medianos, comerciantes, capitanes improvisados. Su función era doble y contradictoria: dar orden militar a la muchedumbre y, al mismo tiempo, contener sus impulsos más radicales.

Debajo de ellos hervía un mundo más ancho. Campesinos del Guanentá, artesanos textiles, tejedores del algodón, mulatos pobres —quienes más se habían quejado de la arrogancia e insensibilidad de los guardias de rentas—, indígenas de resguardos que veían en la revuelta la ocasión de reclamar tierras y aliviar tributos. Ambrosio Pisco, cacique de Chía y Bogotá, sería aclamado por algunos como "Príncipe de los Chibchas". Lorenzo Alcantuz encabezaba partidas propias. Y desde abajo, con menos maneras que Berbeo y más furor, subía la figura de José Antonio Galán, un mestizo de Charalá que hacía suya la causa de los pobres con literalidad incómoda para los notables.

Los rebeldes destruyeron las existencias de tabaco y aguardiente pertenecientes a los estancos: acto simbólico y económico a la vez, ataque directo al corazón del sistema fiscal borbónico. El 8 de mayo de 1781, al norte de Tunja, unos quinientos comuneros derrotaron a las fuerzas que el gobierno virreinal había mandado a contenerlos. La noticia cayó en Santafé como una piedra en un estanque quieto. Gutiérrez de Piñeres huyó hacia Cartagena, donde el virrey Flórez seguía atento a los corsarios. En la capital quedaba poca tropa; el aparato militar del virreinato estaba en la costa.

Las Capitulaciones y su improbación

La respuesta institucional fue diplomática por necesidad. Se designó al arzobispo de Santafé, Antonio Caballero y Góngora, para encabezar la comisión negociadora. Cuando el ejército comunero —unas cuatro mil personas, no los dieciséis mil que la leyenda posterior hincharía— llegó a Zipaquirá, el arzobispo estaba esperando.

Las Capitulaciones se firmaron a comienzos de junio de 1781. El documento incluía la reversión de varias medidas fiscales: ajustes en el aguardiente, moderación de la alcabala, alivios al tributo indígena, disposiciones a favor de comunidades indias y mulatas, y la petición de que los criollos tuvieran preferencia sobre los españoles peninsulares para los cargos del virreinato. Berbeo firmó por los comuneros; el arzobispo, por la Corona.

Lo que Berbeo y su gente no sabían —o preferían no considerar— era que el virrey Flórez, todavía en Cartagena, ya tenía formada su opinión. Cuando recibió el texto de las Capitulaciones, las improbó de inmediato. Alegó un defecto que, en la lógica del derecho público, era efectivamente incorregible: haberse negociado bajo amenaza de violencia. Un pacto firmado con las armas al cuello no obligaba a la Corona. La palabra del arzobispo, en rigor, no valía.

Pero la noticia no llegó a los comuneros a tiempo. Confiando en el acuerdo, la multitud se desbandó. Los campesinos regresaron a sus siembras, los artesanos a sus telares, los notables a sus casas. Fue el momento decisivo: el ejército rebelde se disolvió antes de tener a la vista ninguna traición formal. Solo entonces —y solo porque la coalición se había deshecho por sus propias contradicciones internas— pudieron llegar refuerzos desde Cartagena para restablecer el orden.

Galán, o la insurrección que no capituló

Galán no aceptó las Capitulaciones. Consideró que se habían aprobado demasiado rápido, sin garantías, con confianza excesiva en la buena fe de la Corona. Mientras el grueso del movimiento se desbandaba, él siguió recorriendo pueblos, movilizando a mulatos, indios y pobres, radicalizando la protesta original. En sus partidas circulaban además rumores del sur: la rebelión de Túpac Amaru estallaba ese mismo año en el Perú, y algunos agitadores invocaban órdenes suyas para proclamar que todos estaban exentos de tributos, que habían cesado los diezmos, que se acababan las obligaciones eclesiásticas. El eco andino llegaba al Guanentá deformado y potenciado.

Galán planeaba una segunda marcha sobre Santafé para el 15 de octubre. Dos días antes fue aprehendido cerca de Onzaga y conducido a la capital. Lo juzgaron con el nuevo aparato de fuerza ya instalado en Bogotá.

El 18 de marzo de 1782, la Real Audiencia —contando con la tropa venida de Cartagena— expidió el Acuerdo que anulaba formalmente las Capitulaciones de Zipaquirá. Lo firmaron Gutiérrez de Piñeres, ya de regreso, y los oidores Pey Ruiz, Mon y Velarde, Vasco y Vargas y Catani. En esa firma se leía el fondo del asunto: la coalición que aplastaba al movimiento popular incluía a los peninsulares, al arzobispo firmante de las Capitulaciones —que sería premiado con el virreinato— y también al corregidor criollo Juan Francisco Berbeo, que se acomodó al orden restaurado. Del otro lado, colgado ya y descuartizado, quedaba Galán.

Su ejecución se cumplió el 1 de febrero de 1782, junto con Molina, Alcantuz y Ortiz. La sentencia fue de una brutalidad ejemplar y cuidadosamente distribuida. Galán fue ahorcado, decapitado y descuartizado. Su cabeza viajó a Guaduas; la mano derecha se expuso en El Socorro; la izquierda en San Gil; el pie derecho en Charalá; el pie izquierdo en Mogotes. Sus bienes fueron confiscados, su casa arrasada, el suelo sembrado de sal, su descendencia declarada infame, su nombre condenado al olvido. Cada pueblo insurrecto recibió su porción del cuerpo. El mensaje era físico y explícito.

Por qué fracasó

Es tentador reducir el desenlace a una traición: los criollos de Berbeo pactaron con la Corona y vendieron a los plebeyos que los habían llevado al poder. La imagen tiene fuerza —y algo de verdad—, pero es incompleta.

La coalición comunera se sostenía sobre un único cemento: el agravio fiscal concreto. Cuando la promesa de derogar los impuestos ofensivos se firmó en Zipaquirá, ese cemento se disolvió. Campesinos, artesanos, indios y mulatos no compartían con Berbeo y Plata un proyecto político; compartían un enemigo puntual. Retirado ese enemigo por vía diplomática —así fuera engañosamente—, no había programa común que sostuviera al ejército unido. La debilidad estructural del movimiento era anterior a la deslealtad de sus jefes: era lo que hacía posible esa deslealtad.

Hay una segunda razón, de clase. Los notables criollos del Socorro estaban afectados por los estancos y las alcabalas, sí, pero eran también propietarios medianos, comerciantes, hombres de las parroquias que dominaban a sus vecinos indios y mestizos. Un movimiento que se radicalizara —como el que Galán empezaba a articular—, uno que incorporara demandas de tierras, de abolición de tributos, de liberación de obligaciones eclesiásticas, no amenazaba solo a la Corona: los amenazaba a ellos. Preferir el orden imperial restaurado, con algunas concesiones fiscales, era una decisión racional desde su lugar. La fractura decisiva no corría entre criollos y peninsulares. Corría entre las élites locales —criollas y peninsulares juntas— y el común.

De ahí que varios de los futuros líderes de la Independencia hayan estado en 1781 del lado de la Corona. La élite criolla nunca fue un bloque homogéneo. Su alianza táctica con el común contra los estancos no anticipaba una alianza estratégica contra el rey.

El ciclo atlántico y sus resonancias

Los comuneros no leían gacetas de Filadelfia. Las noticias de la independencia norteamericana se filtraban con retraso y llegaban con poca fuerza emocional a Suramérica; la Corona las controlaba. La Revolución francesa todavía no había ocurrido. El horizonte ideológico de los rebeldes era hispánico: Suárez sin nombrarlo, las libertades castellanas, el rey justo frente al mal ministro.

Pero sí compartían el año con Túpac Amaru. La revuelta andina y la comunera fueron parte de un mismo pulso: 1781 fue, como escribiría un cronista, un año cabalístico y antitiránico. Los agitadores del Guanentá invocaban al Tupamaro; la poesía rebelde comunera —la cédula atribuida al lego fray Ciriaco de Arcila entre ellas— dejaba percibir el eco de los levantamientos de México y del Perú. Los canales exactos por los que circulaba esa información son difíciles de rastrear, pero la sincronía es innegable. En las últimas décadas del siglo XVIII, el Imperio español entero temblaba por sus bordes.

Lo que unía esas revueltas no era una ideología común sino un mismo estímulo: la fiscalidad borbónica. Carlos III y sus ministros necesitaban extraer más de América para financiar sus guerras europeas, y esa extracción producía, por reacción, insurrecciones simultáneas en geografías distantes. Los comuneros no sabían que participaban de un ciclo imperial; los dominadores españoles sí lo percibieron. Habían pasado, escribió alguien entonces, los tiempos de la callada obediencia.

La memoria y sus reescrituras

Después vino el largo silencio. La sentencia contra Galán había ordenado el olvido de su nombre, y esa orden se cumplió, a medias, durante más de un siglo. La historiografía decimonónica colombiana estaba ocupada en otras cosas: los héroes epónimos de la Independencia, el Descubrimiento, la Conquista. La rebelión de 1781 era un episodio incómodo —de vasallos que no habían proclamado independencia, de plebeyos aplastados por una alianza de criollos y peninsulares, de una violencia estatal que no encajaba en la épica republicana— y quedó en la sombra.

El primer texto historiográfico importante sobre el movimiento, Los comuneros de Manuel Briceño, apareció en Bogotá en 1880, casi un siglo después de los hechos. Antes de eso, el uso más notable de la memoria comunera había sido externo: Francisco de Miranda, en Londres hacia 1798, incluyó en su expediente ante los británicos una narración de la sublevación iniciada en el Socorro el 16 de marzo de 1781, escrita por un protector general de indios del virreinato. El propósito de Miranda era demostrar que los suramericanos estaban listos para la revolución y se unirían a una expedición libertadora. En sus manos, la revuelta fiscal de vasallos leales se convirtió en prueba de una vocación independentista. Era la primera resignificación, y no sería la última.

A lo largo del siglo XX, la izquierda colombiana recuperó a Galán como símbolo. El Ejército de Liberación Nacional bautizó uno de sus frentes con su nombre. La figura del mestizo ahorcado, descuartizado y esparcido por los pueblos del Guanentá funcionaba bien como emblema de la traición de las élites y de la continuidad de la lucha popular. Desde otra orilla —también de izquierda, pero más escéptica—, Orlando Fals Borda relativizó el alcance transformador de la rebelión: el esfuerzo de Galán, escribió, fue sofocado en su cuna sin lograr impacto de entidad en la sociedad colonial. La disputa por la herencia comunera es, todavía, una disputa política.

Hay algo revelador en el hecho de que la pintura colonial no representara el suplicio de Galán. El 1 de febrero de 1782 no dejó cuadro alguno: los pintores del virreinato seguían trabajando para los mismos poderes que habían firmado la condena. La imagen de la rebelión hubo que construirla después, con óleos tardíos y monumentos republicanos, cuando ya se le había impuesto un sentido ajeno al que sus protagonistas le habían dado.

Lo que queda

La Insurrección Comunera no fue, en sentido estricto, un preludio de la Independencia. Sus dirigentes no lo pretendieron; su gramática política era hispánica, no ilustrada; sus reclamos apuntaban al mal gobierno, no al rey; su desenlace fue un acuerdo con el arzobispo, no una declaración de ruptura. Convertirla retroactivamente en gesta protonacional es una operación de la memoria republicana, no una lectura fiel de los hechos.

Pero tampoco fue un accidente sin consecuencias. Dejó tres cosas duraderas. Un repertorio de agravios —los estancos, las alcabalas, la Armada de Barlovento, la arrogancia de los recaudadores— que treinta años después seguiría vivo en la memoria de las provincias y alimentaría las primeras Juntas de 1810. Una figura: la de Galán, el mestizo que no capituló y fue descuartizado por eso, disponible para todas las apropiaciones posteriores. Y, sobre todo, una demostración incómoda: que las élites locales, criollas y peninsulares, podían aliarse contra el común cuando el común iba demasiado lejos. Esa lección quedó grabada por debajo de la retórica independentista y explicaría, décadas después, muchas cosas: por qué la revolución de 1810 fue tan cuidadosa en su vocabulario social, por qué las guerras civiles del siglo XIX enfrentaron ante todo a facciones de la misma clase, por qué la cuestión agraria y la cuestión indígena siguieron pendientes tanto tiempo.

Los comuneros del Socorro pedían, en 1781, que se derogaran unos impuestos y se respetaran las libertades locales. Eran fieles al rey, hostiles al mal gobierno, herederos de una tradición castellana que los Borbones querían liquidar. Los aplastaron entre todos —el virrey, el arzobispo, los oidores, el corregidor de la Villa que había firmado con ellos las Capitulaciones—, y luego, poco a poco, los inventaron de nuevo. La historia de Colombia los necesitaba fundadores, y ellos, sin haberse propuesto serlo, terminaron siéndolo por defecto.