Cúcuta

Un valle indígena, una fundación tardía

Antes de la villa hubo un nombre, y ese nombre venía de la tierra. Una tradición local atribuye el topónimo a un indio llamado Cúcuta que habría dominado la comarca antes de la llegada europea; la memoria oral lo conservó, y a él terminaron debiendo su bautismo tanto el valle como la población. La historia documentada comienza hacia 1623, cuando los primeros colonos europeos entraron al valle bajo el mando del capitán Juan de San Martín, en una avanzada que prolongaba la conquista de Pamplona iniciada décadas antes por Pedro de Ursúa y Ortún Velasco.

Lo que siguió fue típico del régimen colonial en las tierras cálidas de la cordillera oriental: encomienda, sometimiento y desangre demográfico. Los sucesores de Ursúa y Velasco sojuzgaron a los indígenas del valle, y el sistema de repartimientos hizo lo suyo. Para 1761, un siglo y medio después de la llegada de los primeros europeos, apenas quedaban treinta indios en la comarca, acompañados por otros tantos vecinos blancos empobrecidos. La población era una sombra, pero el sitio conservaba su valor estratégico: quedaba en el camino entre Pamplona y las tierras del Zulia, en la ruta natural hacia el puerto de Maracaibo.

La fundación formal —con las escrituras, las varas y las formalidades legales del imperio— tardó todavía doce años más. Ocurrió en 1773, cuando el poblado recibió el nombre de San José de Cúcuta. La tradición regional atribuye el impulso decisivo a Juana Rangel de Cuéllar, matrona propietaria de las tierras donde se levantó el asentamiento. Entre la primera incursión europea y el bautismo oficial habían transcurrido cerca de ciento cincuenta años, un lapso extraño en el que la comarca existió sin existir del todo: presencia sin ciudad, encomienda sin poblado consolidado. Esa lentitud constitutiva es la primera pista de lo que vendría: Cúcuta nació como enclave de tránsito, no como capital de nada. Y esa vocación de paso, más que de asiento, será la constante que atraviese los tres siglos siguientes: la ciudad se define por lo que la cruza, no por lo que la fija.

La villa constituyente: 1821

Nada en la historia de la Independencia habría sugerido que un pueblo de frontera, apenas cincuentón, se convirtiera en la cuna jurídica de la República. Y sin embargo, el 6 de mayo de 1821, cincuenta y siete diputados de Cundinamarca y Venezuela caminaron hasta la iglesia del Rosario, en la Villa del Rosario de Cúcuta —a pocos kilómetros de San José—, oyeron la misa del Espíritu Santo y pasaron a la sacristía convenientemente preparada. Presidía el general Antonio Nariño. Los diputados votaron por unanimidad, y allí quedó instalado el Congreso Constituyente.

La elección del sitio no fue caprichosa. La Villa del Rosario quedaba entre San José de Cúcuta y San Antonio del Táchira, justo en el pliegue entre lo que era Nueva Granada y lo que era Venezuela. Reunir allí a los diputados equivalía a proclamar la unión antes de escribirla: la Gran Colombia se firmó donde los dos territorios se tocaban. Fue una decisión política antes que logística, y encierra una lección que Cúcuta llevaría marcada en la piel durante dos siglos: la frontera es un lugar donde las cosas se deciden, no donde se olvidan.

En ese Congreso se levantó la arquitectura de la nueva república. José Félix de Restrepo fue elegido presidente del cuerpo constituyente, Fernando Peñalver vicepresidente, y Francisco Soto y Miguel Santamaría secretarios. Nariño presentó un proyecto que se puede resumir en una fórmula difícil: "centralismo primero, federalismo después". Al no ser tratado con la premura que exigía, renunció a su cargo de vicepresidente de la República. La Constitución que finalmente se aprobó estableció un régimen republicano centralista para la República de Colombia —que abrazaba a Venezuela y a Nueva Granada— y sembró los principios jurídicos que marcarían el liberalismo del siglo: legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detención sin proceso judicial previo, prohibición de testificar contra uno mismo o los parientes. Ratificó, además, la abolición del tributo indígena que la Junta Suprema de Santafé había decretado en 1810, y reservó al Congreso la facultad exclusiva de decidir sobre la administración y enajenación de los bienes nacionales, incluidas las tierras baldías que serían el gran botín republicano del siglo XIX.

No todo fue armonía. Un diputado de la provincia de Bogotá protestó allí mismo contra los excesos cometidos por los gobernadores militares en provincias neogranadinas conquistadas por el ejército libertador: la denuncia dejaba constancia, en el corazón del Congreso, de que la liberación se estaba pagando con arbitrariedad. Bolívar, por su parte, expresó su intención de incorporar a los pueblos del Ecuador al proyecto grancolombiano, ampliándolo hacia el sur.

De aquella villa fronteriza nació también un hombre que marcaría el siglo: en la Villa del Rosario había nacido Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, el civilista al que Bolívar terminaría enfrentando. La ciudad que albergó el Congreso también parió al presidente que encarnaría, más que ningún otro, el legalismo neogranadino frente al militarismo continental. Dos figuras, un mismo suelo, y una tensión —ley contra espada— que definiría el resto del siglo XIX colombiano.

Café, ferrocarril y frontera: la economía de un puerto seco

La independencia dejó a Cúcuta con un capital simbólico enorme y una economía por inventar. Ese invento fue el café. Durante el siglo XIX, el Valle de Cúcuta y las vertientes santandereanas se convirtieron en una de las primeras zonas cafeteras de Colombia, y la ciudad en su centro de acopio. Pero el café cucuteño no salía por Cartagena ni por Barranquilla: bajaba por el río Zulia hasta el lago de Maracaibo y de allí al Atlántico. Colombia exportaba, en la práctica, a través de un puerto venezolano.

La ecuación era brutal. Para 1867, el flete de Cúcuta a Maracaibo se comía el 15% del precio del café en Nueva York: uno de cada siete dólares del grano se iba en transportarlo hasta el mar. En 1888 se inauguró un ferrocarril de 55 kilómetros que conectaba Cúcuta con Puerto Villamizar sobre el río Zulia, y por un momento pareció que la modernización aliviaría el yugo geográfico. No lo hizo. Venezuela construyó su propio ferrocarril cafetero, y a golpe de aranceles aduaneros desvió el tráfico comercial hacia su red, en detrimento del ramal cucuteño. La frontera, que había sido puerta, se convirtió en peaje.

En 1898, un memorándum presentado ante el Senado colombiano describía la asfixia. Los venezolanos maniobraban para capturar el tráfico cafetero; los comerciantes cucuteños veían mermar sus márgenes; se proponía un ferrocarril alternativo hacia Tamalameque, sobre el Magdalena, que llevara el grano a puertos colombianos. El proyecto quedó en el papel. El café santandereano llegaba, además, con desventaja a los mercados internacionales: se vendía por precios inferiores al de otras regiones colombianas, en ocasiones hasta por la mitad, comprimiendo la ganancia de los productores.

A esa hostilidad estructural se sumaba una idiosincrasia monetaria fascinante. Los comerciantes de Cúcuta rechazaban el papel moneda emitido por el gobierno colombiano y operaban con monedas de plata de ley 0.835, que se devaluaban menos que el papel frente al dólar. El Estado no consiguió imponer su ley monetaria: en la práctica, la ciudad tenía su propio sistema de pagos, mestizo entre lo colombiano y lo venezolano, indiferente a los edictos de Bogotá. Esa ausencia de uniformidad monetaria, lejos de ser un accidente, revelaba lo que Cúcuta ya era: un enclave que respondía a las señales de precio del sistema binacional antes que a las órdenes del centro.

El café llegó a representar cerca de la mitad del valor de las exportaciones colombianas en 1898, tras haber sido apenas una quinta parte al comenzar la década de 1870. Para 1910 había caído a un tercio. Entre esos dos picos se libró la vida económica de Cúcuta.

El ferrocarril, entretanto, siguió luchando. La Línea Sur del Ferrocarril de Cúcuta, ramal hacia Pamplona por Bochalema, se explotó bajo un esquema en el que el ferrocarril cucuteño recibía el 20% del producto mensual. La ecuación no cerraba: la carretera competía, los costos ahogaban, y en junio de 1931 el contrato de explotación delegada se dio por terminado por no resultar rentable para el gobierno. El sueño ferroviario cucuteño se apagó lentamente, víctima de la misma frontera que lo había hecho posible.

Escombros y reconstrucciones

Dos veces en el lapso de una generación, Cúcuta fue arrasada. La primera fue la tierra: el 18 de mayo de 1875, un terremoto destruyó la ciudad casi en su totalidad. San José de Cúcuta, apenas centenaria, tuvo que ser reconstruida desde los cimientos. La cuadrícula moderna que hoy caracteriza el trazado urbano, con sus avenidas amplias y su damero riguroso, es hija de esa reconstrucción decimonónica: la ciudad quedó, en su forma actual, marcada por una catástrofe.

La segunda ruina llegó por mano de hombre. En 1900, en los peores meses de las guerras civiles que sacudían la República, Cúcuta fue sitiada y arrasada. La Guerra de los Mil Días (1899-1902) hizo el resto. Un observador brasileño de la época describió cafetales y beneficiaderos destruidos en Santander: la infraestructura productiva que sostenía la economía cucuteña quedó reducida a cenizas. La combinación fue devastadora: al terremoto que había arruinado la ciudad se sumaba ahora una guerra que arruinaba el campo que la alimentaba, todo mientras Venezuela seguía apretando la aduana.

Estas dos catástrofes —una geológica, otra política— explican mucho de la mentalidad cucuteña: una ciudad reconstruida dos veces en un cuarto de siglo aprende a vivir con la reversibilidad del progreso. La inestabilidad política de la segunda mitad del XIX no fue un episodio pasajero, sino la textura de la vida local. Cuando entró el siglo XX, Cúcuta era, otra vez, una ciudad recién levantada, y esa condición —la de empezar de nuevo sobre los restos de lo anterior— iba a resultar útil pronto: la centuria que se abría exigiría a la ciudad reinventar, no ya sus edificios, sino su relación entera con el país vecino.

La bisagra binacional del siglo XX

El XX trajo modernización y también una consolidación curiosa: Cúcuta profundizó, en lugar de disolver, su vocación fronteriza. La Nación Wayúu en La Guajira, la Nación Barí en Norte de Santander, los Sikuani en Arauca, junto con comunidades yukpa, kurripaco, puinave, piapoco, piaroa y amorua, mantenían y aún mantienen una visión integradora del territorio binacional, con prácticas de intercambio que preceden a los Estados y los trascienden. Sobre esa capa indígena binacional se superpuso, en el siglo XX, una integración económica y social entre Cúcuta, San Antonio del Táchira, Ureña y San Cristóbal —capital del estado Táchira— que hizo del corredor uno de los ejes de intercambio más intensos del continente.

Norte de Santander, en compañía de Arauca y una franja estrecha de Boyacá, conforma la frontera nororiental colombiana con Venezuela. En ese conjunto, Cúcuta funciona como capital natural y como principal punto de paso desde el Catatumbo hacia el estado Táchira, donde se encuentran los centros urbanos más desarrollados del territorio fronterizo. La subregión central de Norte de Santander se organiza como área metropolitana en torno a Cúcuta, y su carácter interfronterizo ha determinado las formas de vida de buena parte de los habitantes: familias binacionales, comercio cotidiano, escolarización cruzada, atención médica en ambos lados. Las fronteras se disuelven en la práctica de sus habitantes, aun cuando los Estados intenten cerrarlas.

De ese siglo emergieron figuras que Cúcuta reclama con orgullo: José Eusebio Caro, poeta y publicista del conservatismo decimonónico —vinculado por familia y afecto a la región—, Camilo Daza, pionero de la aviación colombiana, y Virgilio Barco Vargas, ingeniero, empresario y presidente de la República entre 1986 y 1990. Barco, cucuteño de nacimiento, encarna una paradoja frecuente en las élites regionales: hijo de la frontera que llega a la Casa de Nariño para gobernar el país entero.

El siglo XX también dejó a Cúcuta expuesta a una geografía menos amable. La condición fronteriza y la abundancia de recursos naturales coincidieron con la llegada de actores armados irregulares y economías ilegales vinculadas al contrabando y a la coca. Y las relaciones binacionales, siempre volátiles, terminaron marcadas por episodios de "diplomacia del micrófono" que sustituyeron los mecanismos formales de vecindad por declaraciones de mandatarios en cámara, agravando la desconfianza mutua. Las tensiones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe paralizaron los mecanismos de vecindad y agravaron los problemas fronterizos: casi estalló una guerra regional, y Uribe acusó repetidamente al mandatario venezolano de apoyar y abastecer a las FARC. Un decreto firmado por Chávez en 2004 otorgó ciudadanía venezolana acelerada a unos doscientos mil extranjeros, en su mayoría colombianos, concediéndoles derecho al voto; la oposición venezolana denunció aquello como manipulación electoral, pero para la sociología fronteriza el gesto reconocía una realidad: cientos de miles de colombianos vivían en Venezuela, muchos de ellos con vínculos directos con Cúcuta y su área metropolitana.

Juan Manuel Santos, ya en la presidencia colombiana, normalizó las relaciones con Chávez, y con ello devolvió algo de aire a la economía cucuteña. Pero la volatilidad diplomática siguió siendo, para Cúcuta, una variable macroeconómica más importante que la inflación o el precio del café. Un discurso presidencial en Caracas podía cerrar una aduana, y una aduana cerrada podía desplomar el empleo en barrios enteros del área metropolitana en cuestión de semanas. La política exterior venezolana, en Cúcuta, se leía en la caja registradora.

Guerra sucia en la ciudad fronteriza

Entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, Cúcuta fue escenario de una violencia que combinó la de una capital urbana con la propia de una zona de conflicto rural. El ELN mantenía influencia significativa en la ciudad, especialmente en las barriadas populares, y sostenía redes de milicianos, extorsión y presencia armada. Pero fue la irrupción paramilitar la que reconfiguró el mapa del poder local.

El Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los aparatos más letales del paramilitarismo colombiano, operó en Cúcuta a través del Frente Fronteras, su estructura urbana. La llegada de los paramilitares a Norte de Santander no fue una invasión externa: fue solicitada por comerciantes, empresarios y políticos de la región. Ese origen —la invitación local— define el carácter del fenómeno. No se trató de una fuerza que se impuso contra la voluntad de las élites, sino de una alianza en la que sectores del poder económico y político regional buscaron respuesta armada frente a la insurgencia y, en el camino, terminaron enredados en un cogobierno criminal.

La sentencia contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias 'el Iguano', comandante del Frente Fronteras, dejó constancia judicial de que en Cúcuta se configuró un cogobierno paramilitar con la élite política y económica regional. Múltiples instituciones del Estado habrían estado, según ese fallo, al servicio de los paramilitares. La directora seccional de Fiscalías, Ana María Flórez, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por sus vínculos con las AUC. Los paramilitares operaban con una oficina ubicada frente a la Fiscalía en la ciudad: la justicia y su contrario compartían manzana.

Las estrategias del Frente Fronteras incluyeron guerra sucia contra civiles considerados proclives a la insurgencia, extorsiones sistemáticas a comerciantes en plazas de mercado y control de negocios ilegales. La violencia no fue puramente ideológica: era también extractiva.

La desmovilización del Bloque Catatumbo en 2004 no cerró el ciclo. Pocas semanas después, paramilitares continuaban extorsionando en las plazas de mercado y reunían campesinos en zonas rurales para informarles que "nada había cambiado". Para 2014, Los Urabeños, Los Rastrojos —también conocidos como Frente Héroes del Norte— y rezagos de Las Águilas Negras mantenían presencia en Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander y Villa del Rosario. Las estructuras habían mutado, no desaparecido.

Rutas ilegales: coca, gasolina y contrabando

La violencia armada no era gratuita: se pagaba con narcotráfico y contrabando. El primer narcotraficante que llegó al Catatumbo fue Pablo Escobar, pero la magnitud del fenómeno se hizo visible con la captura de Justo Pastor Perafán —exsuboficial del Ejército y jefe de los carteles del Cauca y Cali— en San Cristóbal, del otro lado de la frontera. La ubicación del arresto ya lo decía todo: los grandes capos del narcotráfico colombiano operaban con una fluidez binacional que Cúcuta hacía posible.

Norte de Santander, por su carácter fronterizo, por la ausencia de infraestructura, comunicación terrestre y presencia efectiva de la Fuerza Pública, se consolidó como corredor estratégico del narcotráfico y como región de cultivo de coca, especialmente en la zona del Catatumbo. Cúcuta, sin ser productora, era el nodo urbano donde confluían las rutas: por aquí se movían drogas, dinero, armas e insumos.

Tras la desmovilización del Bloque Catatumbo, el negocio continuó con nuevos actores. Águilas Negras y Los Paisas se sumaron al paisaje, al menos hasta 2014, en un escenario de violencia y asesinatos selectivos. El ELN, en connivencia con grupos criminales, ejercía control predominante sobre las salidas del narcotráfico en el departamento, disputándose el territorio con las FARC.

El contrabando de gasolina —fenómeno decisivo en la economía popular fronteriza— se articuló con el tráfico de drogas. Desde estaciones de servicio en el área de Puerto Santander, se movían combustibles hacia Venezuela cruzando por Boca del Grita, y diversos grupos criminales participaban en acuerdos de trueque con los Rastrojos para beneficiarse de ambos negocios. Coloncito, municipio venezolano en el norte del estado Táchira, se convirtió en nodo crucial del tráfico de drogas por su ubicación sobre la Carretera Panamericana, y los Rastrojos se expandieron hacia territorio venezolano para controlar secciones clave de esa ruta.

El resultado, para la vida cotidiana en Cúcuta, fue una integración perversa: los flujos que cruzaban el puente eran comerciales y humanos, pero también criminales, y los tres se entrelazaban en la misma trama. La franja fronteriza en Cúcuta ha sido, paradójicamente, uno de los pocos puntos con mayor presencia estatal en la frontera colombo-venezolana; el resto ha funcionado como zona de tránsito de armas, cocaína y dinero ilegal. El fenómeno del "pimpinero" —el vendedor callejero de gasolina en garrafas plásticas traída desde Venezuela— se convirtió, durante décadas, en oficio de miles de familias del área metropolitana, sostenido por el diferencial de precios entre un país con combustible subsidiado y otro con precios de mercado. Cuando ese diferencial se alteró con la crisis venezolana, un sector económico entero se derrumbó de la noche a la mañana.

La ciudad ante el éxodo venezolano

El siglo XXI trajo a Cúcuta el episodio quizá más definitorio de su historia contemporánea: la crisis migratoria venezolana. El colapso económico y político del país vecino convirtió a la ciudad en la principal puerta de entrada de venezolanos hacia Colombia, y luego hacia el resto de Suramérica. La geografía de siempre —la vieja bisagra— absorbió, entre 2015 y 2020, uno de los movimientos migratorios más grandes del hemisferio occidental.

En 2020, Norte de Santander se había convertido en el segundo lugar de recepción de migrantes venezolanos en Colombia, con 195.079 personas registradas, sólo por detrás de Bogotá, que albergaba 339.132. Pero la diferencia con la capital es engañosa: mientras Bogotá recibe migrantes ya instalados en el país, Norte de Santander —y Cúcuta en particular— los recibe en el momento del cruce, cuando la vulnerabilidad es máxima y la infraestructura de acogida más precaria.

El detonante político se había insinuado años antes. El 13 de julio de 2015, el gobierno de Nicolás Maduro implementó el Plan de Seguridad N.º 25, conocido como Operación por la Libertad del Pueblo. La operación se asoció a graves afectaciones sobre colombianos residentes en zonas fronterizas venezolanas, incluyendo deportaciones masivas. Maduro y otros funcionarios atribuían públicamente los problemas de seguridad y desabastecimiento venezolanos a "fuerzas colombianas de ultraderecha que quieren implantar el modelo paramilitar", instrumentalizando la narrativa fronteriza. La consecuencia inmediata fue una oleada de retornos forzosos que llegó a Cúcuta cargada de familias enteras arrancadas de sus casas venezolanas.

Cuando la crisis venezolana se hizo estructural, la dirección del flujo se invirtió: ahora eran venezolanos los que cruzaban hacia Colombia. En La Parada, corregimiento de Villa del Rosario, y en el puente internacional Simón Bolívar, se desarrolló una economía informal de subsistencia que las fotografías del periodo hicieron célebres: venta de pelo, de medicinas, de carne, de cobre extraído de cables, de gasolina traída desde Venezuela. Al mismo tiempo, un comercio transfronterizo cotidiano —refrescos y comestibles llevados hacia el vecino país— sostenía a miles de familias en ambos lados.

La presión sobre la ciudad fue intensa. Pobladores locales atribuyeron a los migrantes el aumento de la inseguridad, la saturación hospitalaria y el crecimiento del trabajo informal; percepción no siempre proporcional a los hechos, pero políticamente significativa. Los puntos fronterizos colombianos han sido los más afectados por la exigencia de atender más población con presupuestos que no crecieron: entre 2009 y 2016, el número de atenciones médicas llegó a duplicarse respecto a la línea base, mientras el gasto en salud se mantuvo estable.

A la crisis migratoria se sumó, en el mismo periodo, la tensión histórica entre desplazados internos y flujo transfronterizo. Muchos desplazados colombianos que llegan a Cúcuta han cruzado en algún momento la frontera hacia Venezuela buscando protección, siendo el estado Táchira el principal receptor. La frontera funciona en ambos sentidos: expulsa y acoge, protege y expone. Y en Cúcuta, esa doble dirección no es una metáfora: es la biografía de sus habitantes.

Una ciudad hecha de umbrales

El puente internacional Simón Bolívar, inaugurado en 1962 sobre el río Táchira, es hoy el emblema visible de todo lo anterior. Por sus 315 metros pasaron, en las décadas de bonanza venezolana, colombianos que iban a comprar electrodomésticos a Ureña; en los años de la asfixia cafetera del XIX habían pasado, un poco más al norte, arrieros con cargamentos de grano hacia el Zulia; en la sacristía del Rosario, a pocos kilómetros, se firmó una constitución que abrazaba ambas orillas. La geografía es tozuda: los mismos vados, los mismos pasos, las mismas rutas de acopio y de contrabando se repiten a lo largo de dos siglos, cambiando de mercancía y no de trayecto.

Esa continuidad geográfica tiene un correlato demográfico. Cúcuta ha crecido, censo tras censo, alimentándose de todas las oleadas: colonos santandereanos del XIX, retornados del petróleo zuliano en los años treinta y cuarenta del XX, desplazados del conflicto armado interno desde los ochenta, deportados colombianos de 2015, refugiados venezolanos desde 2017. Cada uno de esos flujos ha dejado un barrio, un acento, una parroquia, una manera de cocinar. La ciudad —hoy con más de 700.000 habitantes en su núcleo y superando el millón en su área metropolitana— es un archivo demográfico de las convulsiones binacionales.

La Villa del Rosario conserva el templo histórico y la memoria del Congreso Constituyente, y en su suelo permanece la referencia a Santander. El trazado urbano de San José recuerda la reconstrucción posterremoto. Los rieles abandonados del Ferrocarril de Cúcuta hablan del sueño cafetero. Las plazas de mercado guardan la memoria —judicialmente probada— de las extorsiones del Frente Fronteras. El puente Simón Bolívar concentra, en un solo umbral, la crisis humanitaria más visible del país en el último decenio. Todas esas capas coexisten en un radio de veinte kilómetros.

Lo que las enlaza es la frontera. No la frontera como accidente geográfico, sino como principio estructurante: Cúcuta es lo que es porque está donde está. Su vitalidad y su precariedad brotan de la misma fuente. La misma condición binacional que la hizo cosmopolita, sede de la Gran Colombia y capital cafetera del oriente, la hizo también contrabandista, expuesta al arancel venezolano, dependiente de la Fiscalía de al lado y anfitriona a la fuerza de una diáspora que Colombia no había planeado recibir. Cuando en algún debate público colombiano se habla de "integración fronteriza", "cooperación binacional" o "agenda migratoria", suele hablarse, sin decirlo, de Cúcuta. Es la ciudad donde esas categorías dejan de ser abstracciones y se convierten en filas para pasar el puente, en camas de hospital, en precios de gasolina, en acuerdos entre alcaldías vecinas que hablan el mismo idioma y no siempre coinciden en el reloj. San José de Cúcuta, capital de una frontera que es a la vez su fortuna y su condena.