División de la ANUC en líneas Sincelejo y Armenia (1972)

División de la ANUC en líneas Sincelejo y Armenia (1972)

En 1972 la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —la mayor organización rural que ha existido en Colombia, con cerca de un millón de afiliados en su punto más alto— se partió en dos. De un lado quedó la Línea Sincelejo, mayoritaria, radical, partidaria de continuar las tomas de tierra sin mediación estatal y apadrinada por sectores maoístas, trotskistas e independientes de izquierda; del otro, la Línea Armenia, minoritaria, gobiernista, ligada por afinidades al oficialismo conservador de Misael Pastrana Borrero y a sectores del reformismo liberal. La escisión coincidió con la firma del Pacto de Chicoral en enero de ese año, la clausura política de la reforma agraria y el retiro del apoyo financiero que el propio Estado había prestado a la ANUC desde su fundación. En pocos meses, la organización perdió cerca de medio millón de afiliados: la Sincelejo retuvo unos 300.000 y la Armenia apenas 10.000. La ruptura se prolongaría hasta el Tercer Congreso Nacional de Bogotá en 1974 y decantó a lo largo de la década. El campesinado colombiano dejó allí de ser sujeto autónomo de su propia lucha y pasó a ser terreno disputado por vanguardias externas, en el instante mismo en que el sistema político cerraba la vía institucional a la redistribución de la tierra.

El terreno del que brota la ruptura

La ANUC había sido creada en 1967 por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo como el brazo organizativo campesino de su reforma agraria. La operación tenía una lógica precisa: el Frente Nacional necesitaba una base rural para desatascar la Ley 135 de 1961, atacada desde adentro por los sectores más influyentes de los dos partidos tradicionales, que sabotearon sistemáticamente cualquier redistribución seria. Lleras apostó por movilizar al campesinado desde arriba para presionar contra los latifundistas de su propia coalición; la ANUC fue el instrumento de esa apuesta. Nació tutelada: financiada por el Ministerio de Agricultura, con contactos institucionales, con dirigentes formados en cursillos oficiales.

Ese origen contiene ya la contradicción constitutiva del proceso. La organización creada para presionar por una reforma controlada terminó desbordando el marco previsto. Entre 1970 y 1971, con Lleras fuera del poder y Pastrana instalado en el Palacio de Nariño, la ANUC pasó a la ofensiva directa: las recuperaciones de tierras se multiplicaron en la Costa Atlántica —Sucre, Córdoba, los Montes de María, el sur del Bolívar— y en zonas del Tolima, el Valle del Cauca y el Cauca. La tutela original se rompió en la práctica antes de romperse en el papel.

En julio de 1971, en el Encuentro Nacional Campesino de Villa del Rosario de Cúcuta, la ANUC hizo pública su Plataforma Ideológica, documento de un radicalismo inequívoco: expropiación de los latifundios sin indemnización, contenido de clase explícito, articulación de la lucha reivindicativa con la solución estructural del problema agrario. Un mes después, en agosto, la Junta Directiva reunida en Fúquene aprobó el Mandato Campesino, que definió a la ANUC como una organización autónoma de campesinos asalariados, pobres y medios, comprometida con una reforma agraria integral y democrática. Autonomía frente al Estado que la había parido cuatro años antes: en pocos meses, la ANUC había dejado de ser lo que Lleras quiso que fuera. El Estado tomó nota.

El Pacto de Chicoral y el cierre de la vía institucional

El 9 de enero de 1972, en el pequeño corregimiento de Chicoral, Tolima, se firmó un acuerdo entre el gobierno de Pastrana, las bancadas parlamentarias de los partidos tradicionales y los gremios de la propiedad rural. El Pacto de Chicoral consagró un giro doctrinario: abandonar el enfoque redistributivo heredado de la Alianza para el Progreso y de la CEPAL, y adoptar en su lugar el modelo de agricultura capitalista moderna que Lauchlin Currie venía proponiendo desde su Operación Colombia. La lógica pastranista era otra: seguridad jurídica para la gran propiedad, estímulo a la agroindustria comercial, proteccionismo arancelario, y desplazamiento del campesinado sobrante hacia la colonización de baldíos periféricos o hacia los barrios subnormales de las ciudades.

El instrumento legal más citado de esa política fue la Ley 6ª de 1975, aprobada en la estela de Chicoral, que permitía adjudicar la propiedad al aparcero o arrendatario únicamente después de diez años de trabajo continuo sobre la tierra. La disposición revertía, en la práctica, los avances tímidos que la Ley 135 de 1961 y la Ley 1ª de 1968 habían logrado en materia de titulación. Chicoral fue una contrarreforma: no derogó la reforma agraria, pero la vació de contenido y le puso candado a la expropiación como herramienta.

Este cierre institucional operó sobre la ANUC como detonante. La organización que había pasado dieciocho meses radicalizándose en la Plataforma de Villa del Rosario y el Mandato de Fúquene se encontró, en enero de 1972, sin interlocutor estatal posible. La negociación con el gobierno dejó de tener sentido para una parte del liderazgo; para otra parte, precisamente porque la puerta se estaba cerrando, había que mantenerla entreabierta a cualquier costo. Ahí se articuló la fractura.

La maniobra gubernamental y la creación de la Línea Armenia

Pastrana no se limitó a firmar Chicoral. Su gobierno operó simultáneamente sobre la ANUC con dos movimientos: cortó el apoyo financiero que el Estado venía prestándole desde 1967 y promovió la creación de una organización paralela, que se conocería como ANUC-Línea Armenia por el lugar de su congreso constitutivo en la capital del Quindío. Esta fracción reunió a los sectores del liderazgo campesino más ligados al aparato ministerial, dispuestos a mantener la mediación institucional aun al precio de aceptar el nuevo marco contrarreformista.

La Armenia se construyó desde arriba, con recursos oficiales, cuadros formados en programas estatales y respaldo mediático. Su repertorio era el de la negociación: solicitar titulaciones, presionar por adjudicación de baldíos, canalizar créditos del Incora, evitar las tomas y aceptar los procedimientos legales fijados por Chicoral. Fue, en la práctica, la ANUC que Lleras había querido inicialmente, resucitada por Pastrana en un contexto donde ya no tenía sentido reformista alguno: la Armenia negociaba una redistribución que las nuevas leyes hacían imposible.

Su capacidad instrumental de sabotaje al sector rival fue, sin embargo, notable. En al menos un episodio documentado, la Línea Armenia invocó requisitos estatutarios sobre el número mínimo de comités veredales que debía acreditar cada delegación para participar en instancias directivas, calculando con precisión que sus oponentes de la fracción radical no los cumplirían. Emitió resoluciones deslegitimando a dirigentes contrarios por supuestas actividades divisionistas y por incumplimientos formales. Esas maniobras no consolidaron a la Armenia como fuerza propia —los 10.000 afiliados que reportó tras la escisión revelan su fragilidad social—, pero sí sirvieron al propósito gubernamental de embarrar el terreno organizativo de la ANUC mayoritaria y disputarle la representación legal.

Frente a la maniobra gubernamental, el sector mayoritario respondió con un congreso propio en Sincelejo, capital del departamento de Sucre. La escogencia del lugar no fue casual: Sucre había sido la vanguardia territorial de las recuperaciones de tierra desde 1970, con una densidad organizativa y una radicalización de base que ningún otro departamento igualaba. Sincelejo era, en el mapa mental del movimiento, sinónimo de lucha campesina.

El Congreso rechazó frontalmente las políticas agrarias de Pastrana, acordó continuar promoviendo las recuperaciones de tierra como método principal, y ratificó las orientaciones de Villa del Rosario y Fúquene. En su interior se debatieron dos consignas que resumían la tensión estratégica del momento: Tierra para quien la trabaja y Tierra sin patrones. La primera aludía al reparto de la propiedad entre productores directos, dentro de un horizonte de pequeña y mediana propiedad campesina; la segunda apuntaba a un cambio estructural más profundo, la abolición de las relaciones de subordinación agraria en su conjunto. El Comité Ejecutivo concilió ambas fórmulas con una distinción políticamente cargada: Tierra sin patrones sería el objetivo a largo plazo, Tierra para quien la trabaja la meta inmediata. Esa doble consigna resume el carácter híbrido de la Sincelejo. Era, por un lado, una organización de campesinos reales que peleaban por parcelas reales; por el otro, un espacio donde varias corrientes marxistas competían por dotar a esa pelea de un horizonte revolucionario. La convivencia funcionó mientras el enemigo común —Chicoral, Pastrana, la Armenia— fue nítido. Las fisuras internas vendrían después.

Los actores partidarios en la fractura

La escisión de 1972 no fue solo una disputa entre reformismo y radicalización; fue el momento en que la ANUC se convirtió en campo de batalla de las vanguardias marxistas colombianas, entonces en pleno auge organizativo.

En Sucre y Córdoba, particularmente en la región de Tomala, coexistían dentro de la ANUC-Sincelejo al menos tres tendencias definidas. El Partido Comunista Marxista-Leninista, de orientación maoísta y vinculado al proyecto guerrillero del Ejército Popular de Liberación, pugnaba por convertir a los usuarios campesinos en base de un proceso de guerra popular prolongada. La Liga Socialista, conocida en la región como Línea Morroa por su implantación en el municipio sucreño de ese nombre, aportaba una lectura trotskizante que privilegiaba la autonomía obrero-campesina y la construcción de poder popular desde abajo. Estaban también los independientes, dirigentes con espíritu de izquierda pero dispuestos a negociar con el Estado, herederos de las prácticas del liberalismo popular y del gaitanismo tardío. Las tres corrientes compartían la oposición al gobierno y a la Línea Armenia, pero no compartían proyecto: cada una veía en la ANUC el vehículo de una estrategia diferente.

A esas tendencias internas se sumaba la presión de fuerzas mayores que también aspiraban a controlar el movimiento campesino. El Partido Comunista Colombiano, formalmente adscrito a la Armenia por su tradición de mediación institucional pero con presencia militante en distintos frentes, tenía sus propios cuadros dentro y fuera de la ANUC; entre 1972 y 1976 conquistó 179 concejales y 12 diputados aprovechando su implantación rural, prueba de que la disputa por el campo no era solo asunto de guerrillas. Las FARC, entonces todavía enfocadas en la consolidación de sus zonas históricas del sur, veían la movilización campesina como caldo de cultivo para una insurrección popular en la que debían asumir la dirección; el ELN, replegado tras el desastre de Anorí, mantenía redes rurales en el nororiente; y el MOIR, brazo maoísta legal cercano al PCML pero con perfil propio, disputaba el terreno de la izquierda no armada. El intento simultáneo de todas estas fuerzas por apoderarse de la ANUC es una de las razones que exdirigentes campesinos identificaron después para explicar la división y el debilitamiento posterior.

El resultado fue paradójico. La Línea Sincelejo, presentada externamente como el bastión de la autonomía campesina frente a la cooptación gubernamental, era internamente el escenario de una cooptación distinta pero igualmente intensa: la de las vanguardias marxistas que pretendían dirigir al campesinado hacia horizontes definidos por fuera de él. En el bando opuesto, la Línea Armenia articulaba a los dirigentes campesinos ligados al Partido Liberal —figuras como Alberto Santofimio Botero en el Tolima llevaban años trabajando la base rural liberal— con los cuadros comunistas dispuestos a la mediación institucional y con los sectores del pastranismo interesados en desactivar la movilización.

Ninguna de las dos fracciones era, en rigor, expresión pura del campesinado. Ambas eran arenas donde fuerzas partidarias y armadas mayores libraban su propia guerra por la dirección política del país.

Cronología del quiebre

El proceso de división se despliega en un arco de aproximadamente dos años, entre finales de 1971 y comienzos de 1974, con hitos precisos.

Las tensiones internas eran ya visibles en el segundo semestre de 1971, entre el Encuentro de Villa del Rosario en julio y la Junta Directiva de Fúquene en agosto. Los sectores más moderados del liderazgo —los que después conformarían la Armenia— consideraron el radicalismo de la Plataforma un exceso que rompería el diálogo con el gobierno; los sectores radicales lo vieron como el paso necesario para dotar al movimiento de un horizonte propio.

El 9 de enero de 1972, la firma del Pacto de Chicoral cerró la vía institucional y volvió urgente la definición de estrategia. Durante los meses siguientes, la fractura se hizo pública. El gobierno de Pastrana suspendió el apoyo financiero a la ANUC y comenzó a promover la organización paralela. Se convocaron entonces los dos congresos rivales: la Armenia constituyó su fracción en la capital del Quindío, y la Sincelejo respondió con su propio cónclave en la capital sucreña, donde ratificó las orientaciones de Villa del Rosario y Fúquene.

Entre 1972 y 1974, ambas fracciones operaron por separado, cada una reclamando la representación legítima de los usuarios campesinos. El Tercer Congreso Nacional realizado en Bogotá en 1974 llevó las tensiones a su punto más agudo, aunque la ruptura práctica ya estaba consumada desde dos años antes. Después de 1974, cada línea siguió su curso: la Sincelejo, con sus contradicciones internas cada vez más visibles entre PCML, Liga Socialista e independientes; la Armenia, agonizando como aparato residual sin base real.

El saldo cuantitativo fue nítido: cerca de 500.000 campesinos abandonaron las filas de la ANUC como consecuencia directa de la escisión. La Sincelejo retuvo unos 300.000 afiliados; la Armenia contabilizó 10.000. El movimiento que había llegado a movilizar a un millón de familias rurales quedó reducido, sumadas ambas fracciones, a una tercera parte.

Las causas: estructurales y coyunturales

La escisión no obedeció a un solo factor. Se superpusieron la contradicción de origen, una serie de detonantes coyunturales y una fragmentación interna previa. Una organización nacida por decreto estatal para presionar una reforma controlada terminó desbordando su tutela cuando la reforma que le daba sentido fue saboteada desde el propio gobierno. La ANUC no tenía cómo resolver ese dilema sin romperse: o volvía a la tutela original, aceptando el marco cada vez más estrecho que le fijaban Pastrana y Chicoral, o rompía con el Estado que la había creado, exponiéndose a perder el respaldo institucional que había sostenido su expansión inicial. La escisión fue la traducción organizativa del dilema irresoluble: una fracción escogió cada uno de sus cuernos.

Sobre esa contradicción operaron, en cadena, tres detonantes coyunturales. Primero, la radicalización programática de 1971, con la Plataforma de Villa del Rosario y el Mandato de Fúquene, que hicieron políticamente insostenible la mediación gubernamental para los sectores moderados. Segundo, el Pacto de Chicoral en enero de 1972, que cerró definitivamente el horizonte institucional de la reforma. Tercero, la maniobra gubernamental deliberada: retiro del financiamiento, apoyo a la fracción paralela, hostigamiento judicial y policial a los dirigentes radicales. Cada uno de estos detonantes habría podido, por sí solo, generar tensiones; su superposición en un lapso de seis meses hizo la ruptura inevitable.

Por debajo —y este es el matiz que las narrativas heroicas suelen minimizar—, la ANUC ya estaba fragmentada por dentro antes de que Chicoral y Pastrana operaran sobre ella. La disputa entre las corrientes marxistas y los sectores liberales por el control de la organización precedía a la escisión formal y explica por qué la maniobra gubernamental encontró terreno fértil. Un movimiento internamente cohesionado habría podido resistir la operación externa; una organización que era ya, en 1971, un campo de batalla de vanguardias rivales, no.

La causalidad de 1972 funcionó como una pinza. La contrarreforma agraria y la maniobra gubernamental proporcionaron el detonante externo y los recursos organizativos para la ruptura, pero esa ruptura solo pudo consumarse porque la ANUC ya era internamente un espacio de disputa entre proyectos irreconciliables. Ni la iniciativa del Estado por sí sola, ni las pugnas internas por sí solas, explican la escisión. La explicación está en el punto donde ambas fuerzas se encuentran.

Represión y sostén internacional

La escisión no operó en el vacío. Bajo el gobierno de Pastrana, y especialmente desde finales de 1971 y comienzos de 1972, la represión estatal se concentró en las áreas más afectadas por las recuperaciones de tierra: la Costa Atlántica, particularmente Sucre y Córdoba, y algunas zonas del Tolima y el Valle. Miembros del movimiento fueron perseguidos y encarcelados, la desposesión de minifundistas y colonos se reanudó bajo formas administrativas, y los terratenientes locales recurrieron a pandillas privadas para desalojar invasores. Esta represión no era una novedad en la larga duración de las luchas agrarias colombianas —los años cincuenta habían enseñado hasta el extremo lo que podían hacer las armas privadas contra el campesinado organizado—, pero adquirió en 1972 un carácter específicamente dirigido a contener la Sincelejo.

En este contexto de asfixia institucional y hostigamiento, la Línea Sincelejo encontró un sostén externo que resultó decisivo para su supervivencia organizativa: la solidaridad internacional articulada a través de las redes que Orlando Fals Borda había construido desde los años sesenta. El sociólogo, entonces vinculado a la Fundación Rosca de Investigación y Acción Social, transfirió fondos de sus propios proyectos a la ANUC y facilitó contactos europeos que se convertirían en un flujo continuo de financiamiento. Fundaciones caritativas, organizaciones religiosas progresistas y sindicatos agrarios de Europa occidental empezaron a canalizar recursos hacia el movimiento campesino colombiano. En Holanda, un grupo de intelectuales colombianos y holandeses creó la organización Aktie Colombia, que publicaba anuncios en medios locales, recaudaba donaciones privadas para la ANUC y alentaba al público europeo a enviar cartas de protesta al gobierno colombiano por la represión. Este apoyo externo no compensó del todo el retiro del financiamiento estatal, pero permitió a la Sincelejo mantener una infraestructura organizativa mínima en los años más duros de la contrarreforma.

Aquí aparece una segunda paradoja del proceso. La Sincelejo, que se presentaba como el sector autónomo del campesinado colombiano frente a la cooptación estatal, dependía simultáneamente del respaldo económico de fundaciones europeas y de las orientaciones políticas de vanguardias marxistas con referentes internacionales soviéticos, cubanos y chinos. La autonomía real del campesinado seguía siendo, en 1972 como en 1967, más aspiración programática que realidad organizativa. Cambiaban los tutores; la condición tutelada persistía.

Dimensiones regionales de la fractura

La escisión se expresó de manera distinta en cada región, revelando que la ANUC nunca había sido una organización homogénea sino una federación de procesos locales con dinámicas propias.

En la Costa Atlántica —Sucre, Córdoba, sur del Bolívar, particularmente los Montes de María— la Sincelejo fue casi hegemónica. Ovejas, Corozal, San Onofre, Los Palmitos, Tolú, San Pedro y la propia Sincelejo funcionaron como núcleos de una densidad organizativa sin equivalente en el resto del país. En el municipio atlanticense de Piojó, el proceso organizativo tuvo raíces directas en el trabajo previo hecho en Ovejas, revelando la red subregional que unía a los municipios sucreños con sus vecinos del Atlántico. Fue en esta región donde las tres tendencias internas de la Sincelejo se disputaron más intensamente la dirección.

En el Valle del Cauca la división generó dos aparatos paralelos que operaron cada uno por su lado, principalmente en zonas de vertiente, con un trabajo ideológico intenso pero movilización de base más limitada que en la Costa. Tras el Tercer Congreso de 1974, el punto álgido se expresó en episodios como la toma de la Alcaldía de Riofrío en 1974 y la del hospital de Tuluá en 1975, cuando unos 300 campesinos y obreros vinculados a la fracción radical ocuparon el edificio. Fanal, sindicato católico de trabajadores agrícolas que en años anteriores había participado en ocupaciones junto a la ANUC, se distanció de la Sincelejo vallecaucana a raíz de sus posiciones cada vez más marxistas, ilustrando cómo la radicalización programática fragmentó incluso a los aliados originales. En el Cauca la política de la Línea Sincelejo estructuró buena parte del trabajo organizativo, y la crisis nacional se vivió allí con retraso, hacia finales de los setenta o comienzos de los ochenta. En el Tolima, en cambio, la presencia del liberalismo popular representado por dirigentes como Santofimio Botero mantuvo cierto peso, disputándole al PCML y al PCC la representación de las bases campesinas, en una región donde la larga memoria de la Violencia hacía pesar los alineamientos partidarios tradicionales más que en la Costa.

Hablar de la división de 1972 en singular es, en parte, una simplificación. Hubo muchas divisiones, con actores locales, tiempos y motivos específicos, articuladas por un mismo eje nacional pero traducidas de manera distinta en cada geografía.

Consecuencias y lección

La escisión marcó el comienzo del declive de la ANUC como sujeto político nacional. El movimiento no desapareció de inmediato —las tomas del Valle en 1974 y 1975, las movilizaciones costeñas de la segunda mitad de la década, la persistencia de núcleos en el Cauca lo prueban—, pero perdió su capacidad de operar como interlocutor nacional único del campesinado colombiano. Las políticas agrarias contrarreformistas se consolidaron a lo largo de los setenta y ochenta sin que ninguna organización campesina tuviera fuerza para revertirlas; la cuestión agraria, sin desaparecer de la agenda, dejó de ser la prioridad que había sido entre 1967 y 1971.

Las guerrillas ocuparon, en distintas regiones y momentos, el vacío organizativo que dejó la ANUC. Los Montes de María, donde en 1972 se había concentrado la vanguardia de la Sincelejo, se convirtieron en las décadas siguientes en escenario del conflicto armado más intenso del país, con presencia sucesiva de EPL, ELN, FARC y paramilitares. Dos vectores confluyeron en la violencia posterior contra líderes campesinos: la visión conspirativa de las élites propietarias que veían en el movimiento la punta de lanza de la revolución comunista, y la visión de las guerrillas que buscaban dirigir esa movilización como parte de un proceso de insurrección popular. La escisión de 1972 no causó directamente esta violencia, pero al debilitar al campesinado como sujeto autónomo lo dejó más expuesto a ser tratado, desde ambos lados, como pieza de una guerra que no había convocado.

Los intentos de reunificación en los años ochenta —cuando la crisis nacional de la ANUC se hizo evidente incluso para sus fracciones sobrevivientes— llegaron demasiado tarde y en un contexto ya dominado por la escalada del conflicto armado. La organización sobrevivió como marca y como red de dirigentes históricos, pero nunca recuperó la centralidad de sus años dorados.

La lección incómoda de 1972 es doble. Por un lado, muestra que un Estado dispuesto a cerrar la vía institucional a la redistribución de la tierra dispone de herramientas eficaces para desarticular la organización campesina: basta con firmar un pacto contrarreformista, retirar el financiamiento y bendecir a una fracción paralela. Por el otro, muestra que un campesinado convertido en escenario de disputa entre proyectos revolucionarios rivales carece de la cohesión necesaria para resistir esa desarticulación. La Sincelejo era mayoritariamente popular pero internamente fragmentada; la Armenia era orgánicamente débil pero institucionalmente favorecida. Ninguna de las dos pudo defender lo que la ANUC había prometido en Villa del Rosario y Fúquene: una organización autónoma de campesinos que peleara por una reforma agraria integral.

Chicoral y la escisión de 1972 clausuraron, en la práctica, el ciclo reformista de la cuestión agraria colombiana. La expansión guerrillera en zonas de frontera, el desplazamiento forzado, el paramilitarismo agrario, la concentración creciente de la tierra: todo lo que vino después se desplegó sobre el terreno que ese año dejó despejado, bajo la sombra larga de una derrota que nunca terminó de procesarse.