Fundación del CRIC y el resurgimiento del movimiento indígena (1971)

El Consejo Regional Indígena del Cauca

En la mañana del 24 de febrero de 1971, en el resguardo de Toribío, delegados de siete comunidades indígenas del norte y centro del Cauca se reunieron con dirigentes campesinos del Frente Social Agrario para constituir una organización que llevaría un nombre modesto y una ambición desmedida: Consejo Regional Indígena del Cauca. Nadie sospechaba entonces que aquella asamblea, interrumpida por autoridades locales y obligada a repetirse siete meses después en un caserío llamado La Susana, en Tacueyó, sería recordada como el acto fundacional del movimiento indígena colombiano moderno. El CRIC nació como asociación de cabildos para recuperar tierras usurpadas, defender resguardos y fortalecer el gobierno propio. Hizo mucho más: reactivó, cuarenta años después, el programa que Manuel Quintín Lame había predicado y que la violencia del latifundio había mantenido latente, y trazó el borrador de lo que dos décadas más tarde entraría en la Constitución de 1991 con el nombre de derechos étnicos y multiculturalismo.

El sedimento lamista: cuarenta años de programa en espera

Nada de lo que ocurrió en Toribío en 1971 se entiende sin remontarse al terrajero que, medio siglo antes, había recorrido el Cauca y el Tolima con un fajo de leyes bajo el brazo. Manuel Quintín Lame nació en el sur del Cauca en las últimas décadas del siglo XIX. Autodidacta y estudiante de derecho, se defendió a sí mismo en tribunales que, según su propio recuento, lo encarcelarían ciento ocho veces solo en el Tolima. Desde los años diez y veinte del siglo XX enunció un programa cuya arquitectura sobreviviría intacta hasta 1971.

Los cinco puntos que Lame predicaba eran a la vez elementales y subversivos: recuperar las tierras de los resguardos, ampliarlos, fortalecer los cabildos como autoridad propia, dejar de pagar el terraje y difundir las leyes indígenas para exigir su aplicación. En 1924, junto con José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timonté, fundó el Supremo Consejo de Indias, con el que intentó reconstituir los resguardos de Natagaima, Velu, Yaguara y Coyaima en el sur del Tolima. Lame luchaba en el Cauca contra la usurpación de resguardos hasta que la persecución lo obligó a cruzar la cordillera y encabezar en el Tolima el reclamo por el gran resguardo de Ortega y Chaparral, disuelto bajo la presión de los latifundistas.

Aquel movimiento se quebró por dos razones. Primero, por sus propias fracturas internas: Lame permaneció conservador mientras Sánchez y Timonté se acercaron al Partido Socialista Revolucionario, fundado en 1926, y luego al Partido Comunista, creado en 1930. Pocos indígenas quisieron seguirlos por esa vía, y los dos aliados de Lame quedaron como líderes sin base. Segundo, por la victoria liberal de 1930, que asestó al movimiento un golpe del que no se recuperaría. Las Ligas Campesinas de inspiración liberal que se formaron en el norte del Cauca a partir de ese año intentaron llenar el vacío, pero fracasaron al pretender imponer entre los indígenas una mentalidad sindicalista ajena a la lógica comunitaria del cabildo y del resguardo.

El programa quedó en suspenso, pero no muerto. Sobrevivió en los papeles de Lame, en la memoria oral de los mayores, en pleitos judiciales dispersos y, sobre todo, en la persistencia de las condiciones materiales que lo habían hecho necesario. El terraje no había desaparecido; los resguardos seguían recortados; los cabildos, cuando existían, actuaban debilitados. Lo que en 1971 se llamó fundación fue, más exactamente, activación.

La hacienda y el terraje: la estructura que hizo inevitable el retorno

Para entender por qué el programa lamista podía repetirse casi textualmente cuarenta años después hay que mirar la estructura agraria del Cauca. La hacienda caucana descansaba sobre un sistema —el terraje— por el cual las familias indígenas asentadas en tierras del patrón debían pagarle una renta, casi siempre en especie o en jornales, a cambio del derecho a residir y cultivar. Quien no pagaba era desalojado; su casa, quemada o derribada por orden judicial. El sistema tenía respaldo legal completo: alcaldes, jueces y comisarios podían ser convocados por el hacendado para ejecutar el desalojo.

El terraje aseguraba al propietario mano de obra cautiva y salarios mínimos, trasladaba el riesgo productivo al terrajero y otorgaba al hacendado un poder político sobre el municipio que, llegado el caso, podía convertirse en fuerza de choque contra comunidades vecinas. La relación no era solo económica. Los testimonios recogidos décadas después hablan de indígenas que se dirigían al hacendado como mi patrón, mi dueño, mi amo, fórmula que revela un régimen de subordinación personal que trascendía el contrato. En las haciendas cafeteras convivía además una jerarquía racial: propietarios y administradores blancos, jornaleros y peones indios, y una batería de estereotipos que legitimaba la desigualdad como si fuera naturaleza.

La usurpación de resguardos, iniciada desde la colonia y acelerada en el siglo XIX, había recibido en 1905 un espaldarazo definitivo: la Ley 55 de ese año permitió adjudicar como baldíos tierras que en realidad pertenecían a comunidades indígenas, transfiriéndolas legalmente a colonos y hacendados. Sobre este despojo se levantó la geografía del Cauca del siglo XX: haciendas grandes en los valles fértiles, resguardos empujados hacia laderas y páramos, terrajeros atrapados en tierras que habían sido ancestralmente suyas.

Ese era el paisaje que el CRIC encontró al nacer, y era el mismo paisaje —apenas más viejo, apenas más consolidado— que Lame había recorrido en los años veinte. La denuncia de 1971 pudo ser casi idéntica a la de 1924 porque la realidad denunciada casi no había cambiado.

Los años sesenta: la ANUC, el Incora y la incubadora institucional

Lo que sí había cambiado hacia finales de los años sesenta era el entorno político. El gobierno de Carlos Lleras Restrepo había impulsado en 1968, con la Ley 1ª, una segunda oleada de reforma agraria y había creado un instrumento para movilizar campesinos desde el Estado: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. La idea era darle base social a la reforma, presionar desde abajo a los terratenientes reticentes, agilizar los procesos de titulación del Incora. Pocas veces un instrumento estatal se ha vuelto tan rápidamente contra sus creadores.

La ANUC creció, se organizó por departamentos, empezó a tomar decisiones que ya no le pedía a nadie. En el Cauca, la coincidencia entre la movilización campesina y la reactivación indígena fue casi inmediata. Un guambiano, Trino Morales, fue nombrado primer secretario de Asuntos Indígenas de la ANUC departamental, y desde ese cargo empezó a articular una reflexión que la organización campesina no podía absorber plenamente: los indígenas no querían tierra a título individual como pequeños propietarios sindicalizados; querían resguardo, territorio comunal, autoridad de cabildo. Javier Calambá, también guambiano, se sumó a esa corriente interna. La secretaría indígena de la ANUC caucana funcionó como matriz organizativa: allí se discutió, se debatió y se fue perfilando lo que en febrero de 1971 se convertiría en organización propia.

Junto a la ANUC operaba el Incora, y dentro del Incora operaban funcionarios que veían con simpatía —a veces con militancia— el proceso. Edgar Londoño, antioqueño de Rionegro, había llegado al Cauca a finales de los sesenta como técnico de fomento social con el encargo de contribuir a la organización campesina. Londoño se quedaría en el Incora hasta 1988, pero desde el principio hizo algo más que su trabajo institucional: promovió, junto con el dirigente Gustavo Mejía, la fundación del CRIC, y se convirtió en uno de sus ideólogos. A ese núcleo se sumó Pablo Tattay, ingeniero de la Universidad Nacional en Medellín, que llegó al Cauca en 1970 como profesor universitario y se integró al proceso. Con ellos entraron estudiantes universitarios que asesoraron cooperativas y cabildos en Silvia, Jambaló y otros municipios en tareas contables y organizativas.

Esta constelación —secretaría indígena de la ANUC, técnicos del Incora, universitarios, dirigentes campesinos del FRESAGRO— explica algo decisivo: el CRIC no brotó por generación espontánea de las comunidades. Tuvo mediadores externos, funcionarios estatales, intelectuales blancos y mestizos que aportaron cuadros, recursos y marco jurídico. La continuidad con Lame fue real en el contenido reivindicativo, pero requirió, para actualizarse, una infraestructura de aliados que la Quintinada no había tenido. Reconocerlo no debilita al CRIC: lo sitúa. El movimiento fue simultáneamente reactivación endógena de un programa histórico y construcción mediada por una coyuntura estatal favorable.

Toribío, 24 de febrero de 1971

La primera asamblea se convocó en el resguardo de Toribío, en la cordillera nororiental del Cauca, territorio Nasa. Asistieron representantes de siete resguardos: Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó. Junto a ellos, dirigentes campesinos agrupados en el Frente Social Agrario, FRESAGRO. La composición ya anunciaba la tensión que atravesaría al CRIC toda su historia: mayoritariamente Nasa, con presencia Misak significativa desde Guambía, y con articulación campesina.

La reunión no salió como se esperaba. Algunos participantes hicieron intervenciones que las autoridades locales consideraron radicales; llegó la represión; el cabildo fue detenido. La primera asamblea no pudo cerrar formalmente sus trabajos ni instalar un consejo operativo. Por eso, aunque la fecha del 24 de febrero se ha fijado como aniversario oficial, la propia memoria del CRIC reconoce que se trata de una convención: la organización tuvo que reconvocarse.

La segunda asamblea se celebró en septiembre de 1971 en La Susana, un paraje del resguardo de Tacueyó. Acudieron delegados adicionales de Paniquitá, Poblazón y otros resguardos. Allí se consolidó lo iniciado en febrero: se acordaron los primeros puntos de la plataforma de lucha y se organizó la estructura operativa. Los siete puntos originales retomaban con exactitud a Lame —recuperar las tierras de los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terraje, exigir la aplicación de las leyes indígenas— y añadían dos que la coyuntura hacía urgentes: defensa de la historia, la lengua y las costumbres, y formación de maestros indígenas para enseñar en las propias comunidades. Los puntos 8, 9 y 10 se incorporarían más tarde, a medida que la dinámica local exigiera nuevas respuestas.

La plataforma casi no se ha modificado desde entonces. Su estabilidad de medio siglo es, en sí misma, un dato: significa que las condiciones que la hicieron necesaria no han desaparecido.

La recuperación de tierras: acción directa nocturna

El CRIC entendió desde el primer día que la ley por sí sola no devolvería los resguardos. La reforma agraria, aun con el Incora simpatizante, era lenta, cara y burocrática, y los terratenientes disponían de recursos jurídicos y políticos para dilatarla indefinidamente. La organización adoptó una estrategia de tres frentes: la vía institucional del Incora, la reconstitución de cabildos y la organización comunitaria local, y —el más audaz— la ocupación de hecho.

La técnica se refinó rápido. Grupos de indígenas, generalmente de noche, entraban a las haciendas señaladas como usurpadoras de tierras de resguardo. Se asentaban, dividían el predio en dos partes —una para el cabildo, otra para el usufructo particular de los comuneros— y ponían el terreno en cultivo de inmediato. La siembra era clave: convertía la ocupación en trabajo, y el trabajo en argumento moral y jurídico. Cuando llegaba el desalojo, ya había maíz o fríjol de por medio.

En febrero y octubre de 1971, apenas nacido el CRIC, las tomas afectaron predios de personajes de peso: políticos regionales, obispos y hasta el propio ministro de Agricultura, cuyos nombres aparecieron en los listados de propietarios de fincas ocupadas. El gobierno de Misael Pastrana Borrero respondió con un comunicado que calificó las acciones como intento coordinado de perturbación del orden público. La ANUC rechazó el comunicado, aunque para entonces ya empezaba a marcarse la distancia entre la organización campesina y la organización indígena.

El Pacto de Chicoral, firmado el 9 de enero de 1972 entre el gobierno Pastrana, los gremios agropecuarios y los partidos tradicionales, frenó en seco la reforma agraria y provocó una fractura profunda en la ANUC. Para el CRIC, el pacto confirmó lo que sospechaba: no habría redistribución significativa desde el Estado. La acción directa se volvió la palanca principal.

En sus primeros diez años, el CRIC logró recuperar treinta mil hectáreas pertenecientes a antiguos resguardos. Reconstituyó cabildos en Caldono, Santander de Quilichao, Miranda, Morales, Corinto y Caloto. Puso en marcha más de cincuenta tiendas comunales y veinticinco empresas comunitarias, todas ellas con la doble función de mejorar la economía de las comunidades y demostrar en la práctica las ventajas del trabajo colectivo frente a la propiedad individual.

La represión: violencia oficial, sicariato, guerrilla

La eficacia del CRIC produjo su reacción proporcional. Desde 1971 la respuesta terrateniente combinó violencia privada y aparato estatal. Los propietarios afectados recurrieron a jueces y policía para desalojos, y al sicariato cuando las vías legales no bastaban. Para los años setenta, el campo caucano estaba prácticamente militarizado: hubo restricciones al movimiento de personas, control de la circulación de medicinas y alimentos en zonas de conflicto, presencia militar continua.

El CRIC insistió en la caracterización no violenta de sus acciones. Las ocupaciones se hacían sin armas, la resistencia a los desalojos era colectiva y pasiva, y el discurso de la organización mantuvo un rechazo explícito al recurso armado. Esa opción, sostenida en un contexto violento, tuvo un costo alto en vidas: dirigentes asesinados, miembros encarcelados, comunidades atacadas.

Un actor sumó luego un frente adicional de hostilidad. Las FARC, cuya cuna geográfica había sido precisamente el sur del Tolima y el norte del Cauca —los mismos territorios donde Lame había litigado medio siglo antes—, entraron en tensión con el movimiento indígena. Particularmente el Sexto Frente, en la zona norte del Cauca, recrudeció el conflicto y dirigentes del CRIC fueron asesinados. La lógica guerrillera de control territorial chocó con la lógica indígena de autonomía y autoridad propia. El asesinato en 1984 del padre Álvaro Ulcué Chocué, sacerdote Nasa y una de las figuras más importantes de la articulación entre pastoral indígena y proyecto del CRIC, marcó un umbral doloroso en esa cadena de violencias que ya venía cobrando cuotas desde los primeros años de la organización.

Bajo ese fuego cruzado, el CRIC tuvo que precisar qué era exactamente lo que defendía. La violencia, en vez de disolver al movimiento, lo forzó a definirse con más nitidez, y esa nitidez condujo a una pregunta que en 1971 apenas se había insinuado: quién es el sujeto que se llama a sí mismo indígena y cómo se organiza.

Sujeto étnico: Nasa, Misak y la cuestión del cabildo

El CRIC nació multiétnico pero con un centro de gravedad claro. El pueblo Nasa —también llamado paez— fue y sigue siendo su base social principal. Los Misak (guambianos) participaron desde la primera asamblea de Toribío con la delegación de Guambía, y aportaron figuras clave como Trino Morales y Julio Tunubalá. Totoroes, Coconucos, Yanaconas y otros pueblos se sumaron en los años siguientes.

Esta pluralidad no fue pacífica. En 1977 se produjo la primera gran fractura interna. Un sector, con fuerte presencia Misak, se separó del CRIC bajo el nombre inicial de Gobernadores en Marcha y luego como Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO. El debate era de fondo: ¿debía la acción política indígena estar liderada por las autoridades tradicionales de cada pueblo —los gobernadores de cabildo elegidos según usos y costumbres— o por una organización regional de tipo asociativo con dirigencia electa por congreso? El CRIC representaba el segundo modelo; AISO, el primero. En 1990, AISO se transformó en Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, incorporó a los Pastos del sur y otros pueblos, y afirmó una presencia nacional.

La escisión importa. Muestra que la construcción del sujeto étnico no fue lineal, y que dentro del propio movimiento se disputaron dos modelos: la asociación regional moderna, con secretarías, congresos y plataforma escrita, y la confederación de autoridades tradicionales, más apegada a las formas de gobierno propio de cada pueblo. Ambos convivieron y, a la larga, se complementaron. Pero la tensión entre representación asociativa y autoridad tradicional recorre toda la historia del movimiento indígena colombiano.

La lengua fue otro marcador. Los Nasa siguieron hablando nasa yuwe y los Misak siguieron hablando namtrik; entre los pueblos indígenas del Cauca, son los dos que mantienen viva su lengua ancestral, y los Misak, además, conservan su atuendo propio —la manta azul, la ruana, el sombrero—. Estos elementos, que en otros contextos podrían haber quedado como folclore, se volvieron en el CRIC parte del programa político: la defensa de la lengua, la historia y las costumbres —los puntos 6 y 7 de la plataforma— se ejerció como práctica cotidiana y no solo como consigna.

Juan Gregorio Palechor, dirigente yanacona cuya autobiografía se ha vuelto documento clásico del movimiento, encarnó junto con Marco Aníbal Avirama la generación de líderes que unió la memoria de las luchas viejas por la tierra con la nueva forma organizativa. Gustavo Mejía, campesino y dirigente asesinado en los primeros años del CRIC, dejó un vacío que la organización llenó con nuevos cuadros formados en la propia práctica.

El periódico, la escuela, el modelo

En 1974 el CRIC fundó Unidad Indígena, periódico que se convertiría en el principal órgano de comunicación del movimiento y que seguía publicándose casi medio siglo después. La existencia del periódico —redactado, financiado y distribuido por la organización— fue una decisión estratégica: la lucha por la palabra propia complementaba la lucha por la tierra propia. Con el mismo espíritu, el CRIC impulsó desde muy temprano programas de educación bilingüe y formación de maestros indígenas, aplicando en la práctica el punto siete de la plataforma. La escuela dejó de ser lugar de castellanización forzada y pasó a ser instrumento de continuidad cultural: los maestros salían de las comunidades, enseñaban en lengua propia y volvían a las comunidades, cerrando un circuito que hasta entonces había fugado hacia la ciudad y hacia el olvido.

La influencia del modelo fue rápida. Entre indígenas de otras regiones surgieron organizaciones inspiradas directamente en la experiencia caucana: el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, y el Consejo Regional Indígena de Risaralda, ambos creados a partir de fricciones con la ANUC sobre la visión de la tierra —individual y sindical para los campesinos, comunal y territorial para los indígenas—. En pueblos como los Zenú, los Emberá, los Wayuu y los pueblos amazónicos se replicaron formas organizativas análogas, adaptadas cada una a las condiciones de su territorio pero reconocibles en la matriz caucana: cabildo, plataforma de lucha, educación propia, prensa propia.

Los efectos de esta irradiación culminaron a comienzos de los ochenta. En 1980 el pueblo Nasa desarrolló en Toribío una Asamblea Constituyente del Pueblo Nasa, ejercicio de autonomía territorial, política, cultural y económica que se autodenominó constituyente casi una década antes de que Colombia entera se planteara ese lenguaje. Fue un gesto de una audacia poco advertida en su momento: un pueblo indígena decidía darse una carta propia mientras la República seguía atada al pacto de 1886. En 1982 se fundó la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que agrupó a los movimientos regionales y proyectó a escala nacional lo que el CRIC había ensayado a escala departamental.

La Alianza Social Indígena, ASI, partido político creado más adelante por el CRIC para incursionar en la política electoral, prolongó esa lógica al terreno de la representación institucional, aunque no sin críticas internas por incluir miembros no indígenas. El paso a la política de partidos abría una paradoja que el movimiento no acabaría de resolver: cómo participar en las instituciones del Estado sin diluir la reivindicación de autonomía frente a ese mismo Estado.

Herencia: el borrador operativo del multiculturalismo

Cuando en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente redactó una nueva carta política, tres constituyentes indígenas —dos de ellos vinculados al proceso caucano y a la ONIC— participaron en la definición del capítulo sobre derechos étnicos. Los artículos que reconocieron la diversidad étnica y cultural de la Nación, los territorios indígenas como entidades territoriales, la jurisdicción especial indígena, la propiedad colectiva de los resguardos y el derecho a la educación propia no salieron de la teoría constitucional: salieron de veinte años de práctica del CRIC y organizaciones hermanas.

Los puntos que Lame había predicado en los años veinte, que el CRIC había reactivado en 1971, terminaron siendo Constitución en 1991. La recuperación de tierras se tradujo en el reconocimiento constitucional del resguardo como propiedad colectiva inembargable, inalienable e imprescriptible. El fortalecimiento del cabildo se tradujo en la jurisdicción especial indígena y en la autonomía de las entidades territoriales indígenas. La defensa de la lengua, la historia y las costumbres se tradujo en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural como fundamento del Estado. Cada uno de esos artículos tenía detrás, como sustento empírico, hectáreas concretas: predios recuperados en Corinto y Caldono, cabildos reconstituidos en Miranda y Caloto, escuelas bilingües funcionando en Jambaló, tribunales indígenas resolviendo conflictos en Toribío según usos propios.

Sería exagerado atribuir todo esto al CRIC en solitario: la Constituyente fue obra de muchos actores y respondió a una crisis de régimen más amplia. Pero sería igualmente inexacto ignorar que sin las hectáreas recuperadas de noche, sin los cabildos reconstituidos en Caldono y Corinto, sin Unidad Indígena, sin la Asamblea del Pueblo Nasa de 1980, sin la ONIC de 1982, el capítulo indígena de 1991 habría sido letra sin sustento. El multiculturalismo constitucional colombiano tuvo un largo laboratorio en el Cauca, y ese laboratorio se llamó CRIC.

La María, Piendamó, y el largo aliento

Décadas después de aquella asamblea interrumpida en Toribío, el resguardo de La María, en Piendamó, se convirtió en escenario permanente de las grandes movilizaciones indígenas del país. Allí se han convocado las mingas por la vida, por la tierra y por la paz que reúnen a delegaciones de todo el suroccidente y arrastran, en cada ciclo, a sectores urbanos, sindicales y estudiantiles. La María funciona como territorio-asamblea: espacio físico donde el gobierno propio se ejerce ante el país y donde las agendas nacionales se someten a la deliberación indígena antes que al revés. Que un resguardo se haya vuelto tribuna del debate público nacional no es gesto simbólico ni casualidad: es la forma que toma, en el presente, medio siglo de asambleas nocturnas, tierras recuperadas a la madrugada, dirigentes enterrados y cabildos rehechos uno por uno.

Manuel Quintín Lame murió en 1967, cuatro años antes de que en Toribío se reuniera aquella primera asamblea. Alcanzó a ver la reforma agraria de Lleras Restrepo y la creación de la ANUC, pero no supo del CRIC. Sus cinco puntos, escritos en cárceles y despachos judiciales del sur del Tolima, seguían intactos porque las razones que los habían hecho necesarios seguían intactas. La historia del CRIC entre 1971 y 1974 —los años del arranque, las tomas, la represión, el periódico, la primera oleada de imitadores— es la historia de cómo un programa que había estado en espera cuatro décadas encontró por fin la infraestructura institucional, la coyuntura política y los cuadros necesarios para volverse organización, movimiento y, con el tiempo, Constitución.