Trino Morales

El guambiano que aprendió a traducir

Morales nació en el resguardo de Guambía, municipio de Silvia, departamento del Cauca, en la zona andina del suroccidente colombiano. La fecha precisa de su nacimiento pertenece a esa penumbra archivística que envuelve a buena parte de los liderazgos indígenas de su generación, pero su formación coincide con las décadas más duras del siglo XX para el pueblo misak: los años treinta y cuarenta, cuando el resguardo era ya un territorio mordido por colonos, terratenientes y misioneros, y las familias guambianas se veían empujadas hacia las cotas más altas y menos cultivables de la cordillera. En esa geografía angosta se formó Morales, en un mundo donde la papa, la cebolla y los ullucos eran a la vez alimento y frontera: lo que podía sembrarse a esa altura marcaba lo que quedaba del territorio ancestral.

El despojo no era una abstracción histórica sino una experiencia cotidiana. Los guambianos venían siendo desplazados desde el siglo XIX por sucesivas oleadas de colonización, por la presión de los latifundistas del valle y por la acción concurrente de instituciones religiosas y estatales que trataban al resguardo como reserva de mano de obra antes que como territorio con derecho propio. En los años cuarenta, un episodio conmovió especialmente al resguardo: la llegada de un grupo protestante evangélico a la vereda de Puente Real, que comenzó a convertir a familias misak y provocó la reacción airada del sacerdote de Silvia y de las monjas del pueblo. El conflicto religioso, en apariencia menor, mostraba con claridad el lugar asignado al indígena en el orden regional: objeto de disputa entre agentes externos, nunca sujeto de decisión.

Morales creció dentro de esa asimetría, y de ella extrajo dos lecciones que marcarían su trayectoria. La primera, que el problema guambiano era ante todo territorial: sin tierra, la cultura, la lengua y la autoridad del cabildo eran un edificio sin cimientos. La segunda, que la comunidad tenía que aprender a moverse en los códigos ajenos —el castellano, la ley, la burocracia agraria— si quería recuperar lo perdido. Esa doble convicción explica su perfil posterior: un dirigente enraizado en la vida del resguardo pero cómodo en las mesas técnicas del Estado, capaz de hablar con un cabildante de Jambaló y con un funcionario del Incora sin traicionar a ninguno.

Los antecedentes: Quintín Lame y la memoria larga

Ninguna semblanza de Morales resulta legible sin la sombra de Manuel Quintín Lame, el líder nasa nacido en el sur del Cauca a fines del siglo XIX y muerto en 1967, cuya lucha por la recuperación de los resguardos y la defensa del cabildo constituye el precedente directo de todo lo que Morales y sus contemporáneos harían después. Lame se puso al frente, en las primeras décadas del siglo XX, de los reclamos por la recuperación del gran resguardo indígena de Ortega y Chaparral, disuelto por la presión de los latifundistas del Tolima, y fue encarcelado, según su propio testimonio, cerca de setenta veces a lo largo de su vida. Su obra principal, Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas, escrita en 1939, permaneció inédita hasta 1971 —una fecha que no es casual: coincide con el año de fundación del CRIC.

El programa de Lame es reconocible en cada línea de lo que después sería el CRIC: recuperar y ampliar las tierras de los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terrajes. Sus luchas se concentraron en el norte del Cauca y el sur del Tolima, en las regiones de Tierradentro y Chaparral, un corredor montañoso que la historia posterior identificaría también como cuna de las FARC. La coincidencia geográfica no es anecdótica: sobre el mismo territorio se sedimentarían, en las décadas siguientes, luchas indígenas, luchas campesinas y luchas armadas que a menudo entrarían en conflicto entre sí.

Morales pertenece a la generación que retomó ese programa cuando su autor apenas acababa de morir. No lo hizo por continuidad biográfica —Lame era nasa, del sur; Morales era guambiano, del centro— sino por continuidad política: los objetivos enunciados por Lame en sus escritos y prédicas coincidían sustancialmente con lo que la nueva organización definiría como su propio programa de lucha. Que en 1984 una guerrilla indígena tomara precisamente el nombre de Quintín Lame confirma la profundidad de esa filiación en la memoria del movimiento.

Un país cerrado: el Frente Nacional como escenario

Para entender la centralidad de Morales hay que entender la clase de país en el que operó. Entre 1958 y 1974, Colombia vivió bajo el Frente Nacional, un pacto aprobado por plebiscito en diciembre de 1957 que estableció la alternancia de la presidencia entre liberales y conservadores cada cuatro años durante dieciséis, con reparto paritario de todos los cargos públicos. Concebido como remedio a la violencia bipartidista de los años cincuenta, el Frente Nacional se convirtió en la práctica en un dispositivo de exclusión: quien no perteneciera a los dos partidos tradicionales quedaba fuera del sistema, y la representación política se cerró a un puñado de familias regionales que se turnaban el presupuesto público.

El sistema estimuló el clientelismo y el gamonalismo a niveles alarmantes. Los partidos se convirtieron en federaciones de caudillos locales que usaban los recursos del Estado como herramienta de manipulación electoral, y los espacios asociativos —sindicatos, juntas de acción comunal, cooperativas— quedaron tutelados por redes bipartidistas que delimitaban las fronteras de la inclusión política frente a cualquier oposición autónoma. Este arreglo produjo lo que después algunos analistas llamarían una democracia sin ciudadanos: un régimen formalmente electoral pero incapaz de tramitar demandas colectivas fuera de los cauces del bipartidismo.

La reforma agraria, gran promesa del período —encarnada en la Ley 135 de 1961 y en la creación del Incora—, fue sistemáticamente bloqueada. Las élites terratenientes usaron su representación en el Congreso, la captura de parte de la burocracia del instituto y el clientelismo rural para reducir su alcance redistributivo. La figura de la expropiación existía en el papel; en la práctica, la principal acción del Incora fue la colonización dirigida fuera de la frontera agrícola, en lugar de redistribuir tierras ya aptas para la producción. La concentración de la propiedad no se tocó; el problema se desplazó a la selva.

En ese cierre político, sin embargo, el propio régimen abrió una grieta. El presidente Carlos Lleras Restrepo, entre 1966 y 1970, decidió organizar a los campesinos desde arriba como base de apoyo para su reforma agraria: creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos mediante el Decreto 755 del 2 de mayo de 1967 y la Resolución 061 del mismo mes. La ANUC se puso en marcha operativamente en agosto de 1969 y, a mediados de ese año, contaba con cerca de 700.000 campesinos afiliados y 563.224 usuarios organizados, una cifra que ascendería a 845.000 usuarios inscritos hacia 1970. Era una criatura del Estado, pero también, y muy pronto, algo más: la primera plataforma de escala nacional donde el mundo rural colombiano podía hablar con voz propia.

Fue en esa grieta donde entró Trino Morales.

La Secretaría de Asuntos Indígenas: aprender la maquinaria

Morales fue nombrado primer secretario de Asuntos Indígenas de la ANUC en el departamento del Cauca. El cargo, en principio, era modesto: un puesto en una asociación estatal, dentro de un aparato pensado para encuadrar campesinos alrededor de la reforma agraria de Lleras. Pero en manos de Morales, y en el Cauca de finales de los sesenta, la secretaría se convirtió en otra cosa: una escuela organizativa donde los dirigentes guambianos, nasas, coconucos y totoroes aprendieron a moverse en las estructuras del Estado sin dejarse tragar por ellas.

El propio Morales lo diría después, con la sobriedad de quien no quiere inflar su papel: la secretaría dio pie para consolidar y crear el CRIC. La frase, breve, contiene una operación política sutil. La ANUC había sido creada para movilizar campesinos, categoría en la que el Estado y buena parte de la izquierda subsumían por defecto a los indígenas. Morales, desde adentro, insistió en que el reclamo indígena no era reductible al reclamo campesino: los guambianos y los nasas no pedían simplemente tierra, pedían territorio, y no reivindicaban solamente redistribución sino restitución de resguardos disueltos, autonomía de cabildos, defensa cultural. Esa distinción, que hoy parece obvia, era en 1970 una herejía tanto para el bipartidismo agrarista como para el marxismo clasista que dominaba a las corrientes campesinas más combativas.

En aquel proceso Morales no estuvo solo. Javier Calambá, otro dirigente guambiano y fundador de una organización local en Las Delicias, participó también en la ANUC y en la gestación del CRIC. Y hubo, sobre todo, agentes no indígenas cuya presencia sería decisiva: Gustavo Mejía, organizador del Frente Social Agrario, FRESAGRO, y promotor de las primeras asambleas; Edgar Londoño, técnico de fomento social del Incora que había llegado al Cauca a finales de los sesenta con la tarea de consolidar la organización campesina y que terminaría siendo cofundador e ideólogo del CRIC; Pablo Tattay, vinculado como profesor desde 1970; y el padre Pedro León Rodríguez, sacerdote que apoyó abiertamente FRESAGRO y convocó a otros clérigos del Cauca para respaldar el nuevo movimiento.

La presencia de estos aliados obliga a matizar cualquier lectura romántica del origen del CRIC como pura autogestión indígena. La organización nació en un entrelazamiento complejo entre liderazgos comunitarios como el de Morales y Calambá, funcionarios estatales heterodoxos como Londoño, activistas laicos como Mejía y clérigos progresistas influidos por la teología de la liberación como Rodríguez. Morales operó dentro de esa red, la aprovechó y, en el mismo movimiento, la desbordó: la ANUC fue el andamio, no el destino.

Toribío, 1971: el nacimiento del CRIC

En febrero de 1971, en el resguardo de Toribío, se reunió la Asamblea Indígena que fundó el Consejo Regional Indígena del Cauca. Asistieron representantes de los resguardos de Toribío, Tacueyó, San Francisco, Jambaló, Guambía, Totoró y Pitayó, junto con dirigentes campesinos de FRESAGRO. Aquella primera asamblea, sin embargo, no logró consolidar la organización: la imposibilidad de reunir el primer consejo, las intervenciones más radicales que provocaron represión y la detención del cabildo obligaron a convocar una segunda reunión.

Esa segunda asamblea se celebró el 6 de septiembre de 1971 en La Susana, corregimiento de Tacueyó, con delegados adicionales de Paniquitá y Poblazón. Allí se avanzó de manera decisiva en la consolidación organizativa. El CRIC nacía formalmente como estructura regional, con un programa que retomaba —consciente y explícitamente— la agenda de Quintín Lame: recuperar y ampliar las tierras de los resguardos, fortalecer los cabildos, no pagar terrajes, difundir las leyes sobre indígenas, defender la lengua, la historia y las costumbres, y formar profesores indígenas para las comunidades.

La posición de Morales en aquel proceso fundacional no fue la de tribuno sino la de nudo articulador. Su condición doble —guambiano de resguardo y funcionario de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la ANUC— le permitía convocar a comunidades que se conocían poco entre sí, poner en la misma mesa a nasas del norte del Cauca y a misak del centro, y traducir las agendas locales a un lenguaje regional común. Que la fundación del CRIC coincidiera con la publicación, ese mismo año 1971, de los Pensamientos de Lame es la clase de simultaneidad que no puede leerse como casualidad: el nuevo movimiento heredaba, deliberadamente, un archivo.

El CRIC surgió, además, en un momento de particular tensión agraria. La ANUC había radicalizado su acción bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero: en 1971 impulsó un Mandato Campesino con demandas de reforma agraria más ambiciosas que las que el propio Frente Nacional estaba dispuesto a tolerar, y comenzó a ejecutar tomas de tierras en varios departamentos. Dentro de la asociación se agudizaron las diferencias entre una línea más autónoma y otra más cercana al gobierno, y esas tensiones se derramarían pronto sobre la relación con el CRIC.

Discrepancias: el CRIC frente a la ANUC y las izquierdas

La relación entre el CRIC y la ANUC, que había sido de gestación compartida, se volvió tensa muy pronto. La causa profunda era la distancia entre dos maneras de entender el problema rural. Para las corrientes hegemónicas de la ANUC, y para las izquierdas que las orientaban, el indígena era ante todo un campesino más, y sus demandas debían encuadrarse en la lucha de clases contra el latifundio. Para el CRIC, en cambio, el reclamo era étnico-territorial: el resguardo no era solo tierra, era jurisdicción, autoridad propia, memoria; el cabildo no era una junta de acción comunal, era gobierno.

Esa diferencia, que parecería filosófica, tenía consecuencias prácticas inmediatas. Cuando la ANUC discutía si tomarse una hacienda para redistribuirla, el CRIC discutía si recuperar un resguardo para restituirlo a un cabildo. Cuando la ANUC pensaba en cooperativas de producción, el CRIC pensaba en escuelas bilingües. Y cuando la ANUC se dividió entre una línea más autónoma y otra más cercana al gobierno tras el Pacto de Chicoral de 1972 —el acuerdo entre las élites que enterró la reforma agraria—, el CRIC había ya tomado distancia suficiente para no descomponerse con ella.

Morales operó en esa fractura sin estridencia. Su artículo El movimiento indígena en Colombia, publicado en 1981 en la revista Controversia números 91 y 92 del CINEP, entre las páginas 135 y 148, es una de las pocas piezas donde su voz analítica queda registrada. Allí, y en las conversaciones que darían lugar a la historia de vida A mí no me manda nadie, escrita con el antropólogo Christian Gros, Morales fijó la posición que había sostenido en los hechos: el movimiento indígena no era un apéndice del movimiento campesino, ni una minoría folklórica, ni una reserva étnica a proteger. Era un sujeto político con proyecto propio.

El título del libro con Gros —A mí no me manda nadie— condensa, con esa contundencia guambiana, lo que estaba en juego. No se trataba de rechazar la solidaridad con campesinos, obreros o estudiantes; se trataba de rechazar la tutela. Ni el bipartidismo del Frente Nacional, ni el Incora, ni las izquierdas marxistas, ni las guerrillas, ni la Iglesia, tenían mandato sobre los cabildos. Esa afirmación, aparentemente elemental, era en la Colombia de los años setenta profundamente disruptiva.

Tierra, prensa y violencia: los años del CRIC en marcha

El CRIC creció rápido y ganó legitimidad combinando tres frentes de acción que Morales había visto operar durante su paso por la ANUC: la vía institucional de la reforma agraria a través del Incora, la organización comunitaria en resguardos y cabildos, y las ocupaciones directas de haciendas —las célebres tomas nocturnas— que devolvían de hecho lo que la ley demoraba en devolver.

En 1974 la organización fundó Unidad Indígena, periódico que seguiría publicándose décadas después y que le dio al movimiento algo que hasta entonces no había tenido: voz propia impresa, capaz de circular más allá de las asambleas de resguardo. Ese mismo año, en agosto, murió en Cali, en circunstancias extrañas, el padre Pedro León Rodríguez, uno de los aliados clave del proceso fundacional. La muerte de Rodríguez inauguró una larga lista de bajas que marcaría al movimiento durante los siguientes veinte años.

El Cauca se convirtió, en las décadas siguientes, en un tablero especialmente denso de conflicto. Las FARC, cuya presencia se había consolidado en el corredor montañoso del norte del departamento, entraron en tensión creciente con el CRIC y con las comunidades: la guerrilla pretendía subordinar la organización indígena a su propia lógica militar y política, y las autoridades tradicionales resistieron ese encuadramiento con la misma firmeza con que habían resistido a los latifundistas y a la ANUC.

El estallido llegó en noviembre de 1984. El día 9, la fuerza pública desalojó violentamente a comunidades indígenas que recuperaban las tierras de López Adentro, entre los municipios de Caloto y Corinto, en el norte del Cauca. Al día siguiente, el 10 de noviembre, fue asesinado en Santander de Quilichao el sacerdote indígena nasa Álvaro Ulcué Chocué, figura central de la pastoral indígena y aliado del CRIC. Diecinueve días después, el 29 de noviembre de 1984, en el páramo de Las Moras, resguardo de Mosoco, nació el Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL: una estructura de autodefensa indígena que se convirtió pronto en grupo guerrillero y que operó hasta 1991 como respuesta a la doble presión de terratenientes y guerrillas.

Morales no formó parte de la línea armada. Su lugar siguió siendo el de la construcción organizativa civil, la asamblea, el cabildo, la mesa de negociación. Pero la existencia del Quintín Lame confirmaba algo que él venía advirtiendo desde la Secretaría de Asuntos Indígenas de la ANUC: que la exclusión sistemática del movimiento indígena de los canales institucionales terminaría produciendo desbordamientos. El Frente Nacional había cerrado la puerta formal en 1957; veintisiete años después, en un páramo del Cauca, alguien la había roto por la ventana.

AICO, el sur y la construcción de una plataforma nacional

Mientras el CRIC crecía y se enfrentaba con las FARC, Morales y otros dirigentes guambianos abrieron un segundo frente organizativo. En 1977 surgió una organización nacional inicialmente llamada Gobernadores en Marcha, después renombrada Autoridades Indígenas del Sur Occidente, AISO, con fuerte impronta guambiana. AISO representaba una apuesta distinta a la del CRIC: no una federación regional de cabildos, sino una red de autoridades tradicionales que reivindicaba el gobierno propio como categoría política.

La organización creció durante los años ochenta al calor del hermanamiento entre los pueblos misak y pasto del Cauca y Nariño, y en 1990 —con el proceso constituyente ya en marcha— cambió su nombre a Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, incorporando otros pueblos y proyectándose como plataforma nacional. La coexistencia entre CRIC y AICO, entre la lógica de consejo regional y la lógica de autoridades tradicionales, sería a la vez fecunda y tensa: dos maneras de hacer política indígena que compartían agenda pero disputaban formato.

Morales pertenece plenamente a esa segunda línea. Su condición de guambiano lo situaba naturalmente en la órbita de AICO, y desde allí participó en los procesos que llevarían a la elaboración del primer Plan de Vida del Cabildo de Guambía, formalizado en 1994 en el contexto abierto por la nueva Constitución. El Plan de Vida —instrumento hoy adoptado por decenas de pueblos indígenas en Colombia— nació precisamente en Guambía como forma de reorganización política y cultural propia, respuesta a la pregunta que Morales llevaba haciéndose desde los años setenta: qué significa gobernarse.

La red: contemporáneos y antagonistas

La biografía de Morales se teje con nombres que conviene fijar. Entre los suyos, los guambianos: Javier Calambá, dirigente de Las Delicias, cofundador con él del CRIC desde el ala misak; Lorenzo Muelas, autoridad de Guambía que llevaría la voz indígena a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y que en 2000 vería a Floro Tunubalá, otro misak, convertirse en el primer gobernador indígena del Cauca. Entre los aliados nasas, Marco Aníbal Avirama, figura del CRIC desde sus primeros años, y el padre Álvaro Ulcué Chocué, cuyo asesinato en 1984 selló la memoria de una generación entera.

Entre los aliados no indígenas: Gustavo Mejía, organizador de FRESAGRO y promotor de las asambleas fundacionales; Edgar Londoño, el funcionario del Incora que se volvió ideólogo del movimiento; Pablo Tattay, profesor vinculado desde 1970; el padre Pedro León Rodríguez, muerto en circunstancias oscuras en Cali en 1974. Y en el fondo de la memoria, la figura tutelar de Manuel Quintín Lame, muerto en 1967 —el año mismo en que Lleras Restrepo creaba la ANUC— y cuya obra, publicada finalmente en 1971, coincidió con la fundación del CRIC como si ambas fechas hubieran sido puestas a hablar por la historia.

Entre los antagonistas, la nómina es igualmente reveladora. Los presidentes del Frente Nacional bajo cuyos gobiernos transcurrió su formación política: Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero. Las élites terratenientes del valle de Popayán, que habían empujado a los guambianos hacia las montañas durante generaciones. Las FARC, que pretendieron subordinar al movimiento indígena a su estrategia militar en el corredor Tierradentro-Chaparral, la misma región donde Lame había peleado medio siglo antes. Y las corrientes de la ANUC que quisieron encuadrar al CRIC como apéndice campesino, negando la especificidad del reclamo étnico-territorial.

La huella: 1991 y después

Cuando en 1991 se reunió la Asamblea Nacional Constituyente que reescribiría la Constitución de Colombia, el movimiento indígena llegó con representación propia por primera vez en la historia de la república. Las demandas que confluyeron en esa mesa eran las mismas que Morales y el CRIC venían formulando desde 1971: recuperar y ampliar tierras de resguardo, fortalecer la autonomía de los cabildos, defender prácticas culturales, educar en lenguas indígenas, obtener representación en el Congreso Nacional. La confluencia se aceleró porque varias guerrillas —el propio Quintín Lame, el PRT y el EPL— se desmovilizaron en 1991, motivadas por la perspectiva de participar en la Constituyente.

La Constitución de 1991 reconoció por primera vez el carácter pluriétnico y multicultural de la nación. Ese reconocimiento, con todas sus limitaciones, materializó buena parte del programa que venía de Quintín Lame, pasaba por Morales y desembocaba en Lorenzo Muelas: los resguardos fueron reconocidos como entidades territoriales, los cabildos como autoridades públicas, la educación intercultural bilingüe como derecho. La Ley 60 de 1993 abrió la transferencia de recursos a los resguardos, y el primer Plan de Vida del Cabildo de Guambía, elaborado en 1994, fue el ensayo pionero de lo que la nueva arquitectura constitucional permitía imaginar.

La experiencia del CRIC, además, se replicó fuera del Cauca. Inspiró la creación del Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, y del Consejo Regional Indígena de Risaralda, ambos surgidos también en fricción con la ANUC. En el año 2000, Floro Tunubalá se convirtió en el primer gobernador indígena del Cauca, cerrando simbólicamente un ciclo que Morales había abierto tres décadas antes: el pueblo misak, empujado a las laderas altas en los años cuarenta, gobernaba ahora el departamento entero desde Popayán.

Sería, sin embargo, un error convertir esta trayectoria en marcha triunfal. Sectores con poder decisivo —la guerrilla de las FARC, sobre todo— quedaron fuera del pacto constituyente, muchos artículos tardaron en reglamentarse y la falta de voluntad política impidió que la Constitución representara plenamente el sentir de todos los colombianos. La violencia sobre los pueblos indígenas del Cauca, lejos de terminar en 1991, se intensificó en las décadas siguientes con la expansión del paramilitarismo, el conflicto FARC-Estado y la disputa por territorios ricos en minerales y cultivos ilícitos.

El operador y su lugar

Trino Morales no fue un caudillo. Ese hecho, que podría leerse como limitación biográfica, es en realidad la clave de su relevancia histórica. En un país donde el liderazgo político se ha entendido tradicionalmente como carisma personal —el gamonal, el jefe único, el hombre providencial—, Morales encarnó una figura distinta: la del operador que construye estructura, la del articulador que teje red, la del traductor que hace posible el diálogo entre mundos incomunicados.

Su relación con el Frente Nacional ilustra bien esa singularidad. Morales no fue un enemigo declarado del régimen, ni un rebelde exterior a él, ni un revolucionario armado. Fue algo más complejo y, en muchos sentidos, más incómodo: un hombre que entró por la puerta que el propio Frente Nacional había dejado entreabierta —la ANUC, la Secretaría de Asuntos Indígenas— y que desde allí construyó un movimiento que el sistema no había previsto ni podía absorber. Aprovechó los intersticios del orden para armar una plataforma que desbordó ese orden. Usó los instrumentos del Estado para restituir lo que el Estado había dejado despojar.

Esa manera de operar lo volvió incómodo simultáneamente para el bipartidismo, que lo veía escapar de la lógica clientelar; para las izquierdas clasistas, que lo veían negarse a subsumir lo indígena en lo campesino; y para las guerrillas, que lo veían resistir el encuadramiento militar. La contundencia guambiana del título A mí no me manda nadie no era eslogan: era la descripción precisa de una posición política construida a pulso, en las asambleas de Toribío y de La Susana, en las oficinas de la ANUC en Popayán, en las páginas de Unidad Indígena y de Controversia.

Si hoy Colombia tiene una arquitectura constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho —con todos los déficits de implementación que se quieran señalar—, esa arquitectura descansa sobre el trabajo silencioso de figuras como Trino Morales. No sobre discursos épicos ni sobre gestas armadas, sino sobre el paciente aprendizaje de cómo se traduce un agravio en programa, un cabildo en institución, un resguardo en territorio con voz. Esa es la clase de historia que este país ha aprendido tarde a reconocer: la de quienes cambiaron las cosas sin necesidad de subir al balcón.