Terraje

El terraje

El terraje fue el arrendamiento de una parcela dentro de una hacienda a cambio de una renta pagada en trabajo, en especie, en dinero o en cualquier combinación de las tres. Bajo esa apariencia contractual —el terrajero era formalmente un arrendatario, no un siervo ni un esclavo— operó durante más de dos siglos uno de los dispositivos más eficaces de sujeción laboral de la Nueva Granada: un mecanismo que aseguraba al hacendado mano de obra cautiva sin necesidad de pagarle salario, que trasladaba al campesino todos los riesgos de la producción y que, cuando el terrajero fallaba en el pago, terminaba con su casa demolida por orden del juez, el alcalde o el comisario del lugar. El terraje no nació con la República ni desapareció con ella. Fue una institución de larga duración, formada al calor del derrumbe demográfico indígena y de las adaptaciones sucesivas del régimen colonial de trabajo, que sobrevivió a la abolición del tributo en 1821 y a la abolición de la esclavitud en 1851, y que reapareció con vigor en cada coyuntura en que el Estado liberó tierras sin distribuirlas y liberó trabajadores sin dotarlos de medios de producción. En sus contornos se cifra buena parte del conflicto agrario colombiano.

Anatomía de una renta

En su definición jurídica más sencilla, el terraje era el pago que hacía un ocupante por el derecho a cultivar una parcela ajena. Lo que distinguía a esta figura de un arrendamiento cualquiera era su carácter mixto y modulable. En la región de Loba, sobre la ribera del Magdalena, muchos terrajeros pagaban en el siglo XVIII dos pesos de plata al año como renta en metálico; en algunas haciendas de la Compañía de Jesús, el arriendo por pequeñas parcelas oscilaba entre uno y nueve pesos, y en áreas más extensas —aptas para cacao, caña o mantenimiento de ganado— podía llegar hasta cien pesos anuales. En haciendas de Cundinamarca los arrendatarios estaban obligados a trabajar quince días al mes en las tierras del propietario y a entregar además una pequeña suma en dinero. En las sabanas costeñas persistía todavía el llamado arriendo en especie para el tabaco, al que los propios campesinos tabacaleros denominaban erróneamente aparcería sin serlo técnicamente. Y en los baldíos del Estado, sobre la Costa, los terrajeros pagaban cuatro pesos anuales por rozas nuevas y dos por rozas viejas.

Detrás de esta variabilidad hay una lógica única. El terraje aseguraba al propietario mano de obra dentro de los límites de su hacienda, minimizaba sus costos al evitar el pago de salarios y trasladaba al campesino los riesgos climáticos, sanitarios y de mercado inherentes a la producción. Las parcelas terrajeras apenas alcanzaban, por regla general, para la subsistencia de la familia que las trabajaba. Nada de excedente, nada de acumulación: la renta se comía lo que sobraba después de comer, y a menudo se comía también parte de lo necesario.

La formalización del vínculo era otra pieza del engranaje. En al menos algunas haciendas, el pago debía consignarse en un documento que cada terrajero estaba obligado a otorgar; a quienes no lo habían firmado se los conminaba a reconocer el terraje o a abandonar la tierra bajo amenaza de despojo. Ese despojo tenía un protocolo: notificación al terrajero, plazo perentorio y, vencido el plazo, destrucción de la choza con apoyo del juez, el alcalde o el comisario. La autoridad pública prestaba, así, su fuerza al cobro de una renta privada. Allí donde el terraje se ejercía sobre linderos disputados, los propios terrajeros funcionaban como fuerza de presión —o de choque— contra comunidades vecinas, indígenas o campesinas, cuyas tierras el hacendado quería absorber. El terrajero era, en ese sentido, víctima e instrumento del latifundio al mismo tiempo.

Las raíces coloniales del sometimiento

Para entender por qué el terraje pudo consolidarse como forma dominante de vinculación laboral en el campo neogranadino hay que remontarse al siglo XVI, cuando la Corona ensayó varios regímenes sucesivos para extraer trabajo del cuerpo indígena. La encomienda fue el primero. Un hidalgo recibía de la Corona el control de un número determinado de indígenas obligados a pagarle tributo en trabajo, en bienes agrícolas o en mercancías. En la práctica, el encomendero disponía de esa fuerza laboral casi sin límite, y la relación entre él y sus tributarios funcionó como una de amo y siervo, con poder coactivo para percibir tributos y sin derechos efectivos del indígena frente al encomendero. La encomienda fue la columna vertebral del régimen colonial durante los siglos XVI y XVII, pero entró en decadencia conforme avanzaba la centuria del mil seiscientos, en paralelo con un descenso demográfico indígena que desde comienzos de ese siglo se volvió alarmante.

La mita, por su parte, obligaba a los indígenas a trabajar por turnos a cambio de alguna remuneración en labores de importancia económica, sobre todo mineras. Sus efectos fueron devastadores. Al arrancar hombres jóvenes de sus resguardos para enviarlos a las minas, la mita desintegró las comunidades: cuando el mitayo regresaba —si regresaba—, encontraba menguado el número de comuneros que debían compartir la carga tributaria, y para cubrirla se veía obligado a trabajar por un salario fuera del resguardo. Ese desplazamiento fue, en la lectura clásica, el germen del proletariado moderno americano.

Sobre las ruinas de la encomienda y de la mita se levantó una tercera figura: el concierto. Formalmente, el concierto agrario era un acuerdo por el cual los indígenas trabajaban períodos de entre tres y seis meses en una hacienda a cambio de un salario. El régimen del trabajo colonial evolucionó, con esta figura, desde la coerción absoluta —heredera de convertir el pago del tributo en servicio personal— hacia una distribución administrada de mano de obra bajo control estatal. Pero ese control era mínimo en la práctica: había pocos funcionarios, y los corregidores de partido, encargados de aplicar la ley, mantenían vínculos estrechos con los terratenientes locales. El concierto tendió, por eso, a evolucionar hacia la fijación del indio a la tierra. Cuando los hacendados comenzaron a ofrecer, además del salario, un pedazo de terreno donde el indígena y su familia pudieran establecerse, el sistema derivó en un orden señorial en el que los indios asignados a una hacienda permanecían en ella prácticamente como siervos por tiempo indefinido. Ese fue el germen directo del sistema de mano de obra permanente con matiz feudal que caracterizó a la hacienda neogranadina y del que el terraje sería la expresión más acabada.

La hacienda emergió como forma dominante en el siglo XVII, alimentada por el debilitamiento de la encomienda, la titulación de tierras a los antiguos encomenderos y un nuevo flujo de mano de obra desprendida de comunidades en descomposición. Su régimen productivo era predominantemente extensivo: cultivo itinerante de maíz y plátano, pastoreo de baja intensidad. Solo las huertas de los arrendatarios —las parcelas de los terrajeros— se trabajaban intensivamente. Dato revelador: dentro de la propia hacienda, la parte productiva del suelo la sostenía el campesino que pagaba renta, no el propietario que la cobraba.

El resguardo, escudo y jaula

Paralelamente a la hacienda se consolidó otra institución decisiva para la geografía social del terraje: el resguardo. Creado por la Corona en la segunda mitad del siglo XVI, tuvo desde el origen una doble función: proteger a los indígenas del trato que les daban los encomenderos —trato asimilable al de esclavos— y, al mismo tiempo, garantizar el cobro del tributo. Dentro del resguardo, la propiedad de la tierra era colectiva e indivisa; el indígena tenía solo un derecho de usufructo sobre la parcela que trabajaba, y no podía venderla. Esa condición jurídica lo sujetaba a una posesión forzosa de la tierra. El corregidor de indios sustituyó al encomendero en la percepción del tributo, ahora destinado directamente a la Corona.

El resguardo funcionó, además, como sistema de reducción: concentraba a grupos indígenas dispersos en núcleos delimitados, y esa concentración permitía declarar "vacías" las tierras circundantes, sobre las cuales los españoles podían solicitar mercedes reales. Se creó así, en torno al resguardo protegido, un anillo de tierras enajenadas que fueron el sustrato territorial de las futuras haciendas. Y desde el origen mismo hubo resistencia: los indígenas reducidos no se resignaban a la pérdida de sus tierras originarias.

La paradoja del resguardo respecto al terraje es fundamental. Mientras el resguardo se mantuvo en pie, protegía al indígena de convertirse en terrajero: le garantizaba una base territorial, aunque fuera pequeña. Pero al atarlo a la posesión forzosa de la tierra, restringía su participación en el mercado de trabajo y limitaba su capacidad de consumo, lo que muchos observadores ilustrados leyeron como un obstáculo para el desarrollo manufacturero y agrícola del virreinato. Esa lectura sería el fundamento ideológico de la ofensiva republicana contra los resguardos y, con ello, la puerta de entrada al terraje masivo del siglo XIX.

Una escasez fabricada

La estructura agraria neogranadina se caracterizó, a lo largo del siglo XVII, por una situación que a primera vista parece paradójica: abundancia de tierras y escasez de mano de obra. La escasez no era natural: la había producido el vertiginoso descenso de la población indígena tributaria. Los hacendados y los dueños de minas competían por los trabajadores sobrevivientes, y esos trabajadores probablemente disfrutaron, en el margen, de mejores condiciones de vida. Pero esa competencia no operó como un arbitraje libre de mercado. La Corona intervenía la distribución de la mano de obra mediante asignaciones administrativas, y la debilidad efectiva de ese control —pocos funcionarios, corregidores capturados por los terratenientes— dejó el terreno abonado para las soluciones señoriales.

Hacia fines del siglo XVII la situación comenzó a revertirse. A partir de 1690, la rápida reproducción de mestizos, negros y mulatos reactivó el crecimiento demográfico y económico. Pero la hacienda ya se había constituido en torno a una lógica específica: escaso capital, orientación a mercados pequeños, monopolio sobre vastas extensiones explotadas solo en mínima parte. Los factores de producción se empleaban tanto para acumular capital como para sostener las aspiraciones de estatus del propietario. Las Indias no experimentaron durante el siglo XVIII la revolución tecnológica agraria que transformó el agro europeo. Y en ese cuadro de parsimonia productiva y mercados exiguos, el terraje encajaba con precisión inquietante: no requería inversión, no exigía innovación, no necesitaba salarios, y proporcionaba al propietario tanto una renta segura como un peso político local en forma de terrajeros disponibles como clientela y como fuerza.

El virrey Pedro Mendinueta reconoció en 1803 que el predominio latifundista generaba una proliferación de vagos itinerantes y personas sin tierra que recurrían a la mendicidad. Matizó, es cierto, que versiones anteriores habían exagerado la magnitud de esa inactividad. Pero la observación de fondo era diagnóstica: el latifundio expulsaba población tanto como la retenía, y esa población excedente engrosaba —cuando lograba anclarse en algún borde de hacienda— las filas del terrajero.

Popayán y el Cauca: la aristocracia de la tierra

La región donde el terraje adquirió mayor visibilidad histórica y donde su continuidad se prolongó con más nitidez fue el Cauca. El poder político y económico de Popayán y su élite se había fundado en la explotación minera y el trabajo esclavo, y esa combinación la convirtió en una de las aristocracias más influyentes del virreinato. Pero su epicentro real se redujo durante mucho tiempo al valle de Pubenza; solo a finales del siglo XVIII la ciudad extendió su control sobre territorios fronterizos como el valle del Patía, las estribaciones de la Cordillera Central y la banda occidental del río Cauca. La prosperidad payanesa del siglo XVIII estuvo precedida por casi un siglo de resistencia indígena de pijaos, paeces y yalcones, que obligó a disputar palmo a palmo el territorio aledaño antes de que la ocupación colonial pudiera consolidarse.

La hacienda caucana logró sobrevivir al golpe de las guerras de Independencia, pero en la segunda mitad del siglo XIX enfrentó dificultades severas: descenso de la producción minera, manumisión de los esclavos y conflictos civiles recurrentes. En ese contexto de crisis, la aristocracia caucana sobrevivió a costa de las tierras y del trabajo de los indígenas, quienes soportaron en buena medida el peso de su hundimiento. Y fue allí donde el terraje se convirtió, tras 1851, en el mecanismo por excelencia para captar mano de obra: especialmente de negros liberados sin tierra, pero también de población indígena arrinconada por la disolución de sus resguardos.

Los mayores valores de la tierra en la provincia de Popayán se concentraban en la ciudad misma, donde la explotación agrícola era más intensiva; en el valle, las propiedades tenían menor valor monetario porque la disponibilidad era mayor y la explotación más incipiente. Sobre ese suelo barato y extenso operaba una jerarquía de dependencias en la que el terrajero era el escalón visible, con su choza levantada en tierra ajena y su renta pagada con jornadas de trabajo en las tierras del propietario.

Loba, Mompox y el terraje anfibio

En la Costa Caribe, el terraje adoptó formas propias. En los hatos y haciendas de Mompox y Loba —territorios anfibios cortados por los brazos del bajo Magdalena— el terraje se pagaba en metálico o en especie, con predominio creciente del pago en dinero. La forma originaria en Loba había sido la renta en especie, que a lo largo del siglo XVIII se fue combinando o sustituyendo por el pago en plata: dos pesos al año era la cifra habitual. La cadena administrativa era característica: los mayordomos residían en las propias haciendas y recibían el terraje directamente; los administradores regionales —hombres letrados con título de don— vivían en poblados cercanos y gestionaban las propiedades en nombre de sus señores.

Hacia 1790, un marqués cuyos dominios se extendían por la isla de Mompox tenía por administrador a Julián José Guillén, quien recibía el terraje en metálico o especie y lo enviaba a Mompox en las canoas del señor. Los mayordomos, además de recaudar la renta, representaban al dueño en diligencias de campo: reconocimiento de linderos, notificaciones a colonos, evicciones. Al mayordomo de Loba se lo miraba con desdén, en esa mezcla de temor y desprecio con que las comunidades campesinas suelen tratar al ejecutor visible de un poder lejano.

Los latifundistas costeños —Diego Ortiz Nieto y sus sucesores en Loba, entre otros— no establecieron un régimen feudal en sentido estricto sino un hato-hacienda con relaciones directas de producción propias del contexto anfibio, distintas a los usos agrarios peninsulares. El terrajero de Loba podía levantar su choza sobre las tierras de la hacienda si no vivía en algún caserío cercano a la mayoría —es decir, a la casa principal—, y ese asentamiento en la propia tierra del señor era otra manera de asegurar su disponibilidad.

En las sabanas costeñas persistió el arriendo en especie para el tabaco, y a lo largo de la cuenca del San Jorge —Caimito, San Benito Abad, San Marcos— el terraje se practicó bajo modalidades semejantes. La abolición de la esclavitud produjo aquí, en 1851, la figura del concierto forzoso de manumisos, que no alteró la tenencia de la tierra en haciendas y estancias costeñas: los libertos pasaron simplemente a otra forma de dependencia, más cerca del terraje que del salariado libre.

De 1821 a 1858: la República que hereda y reinventa

La transición republicana ofrecía, en teoría, una oportunidad para desmontar el edificio colonial de sujeción. La Ley del 11 de octubre de 1821, expedida por el Congreso de Cúcuta, suprimió el tributo indígena y ordenó la distribución de los resguardos en propiedad individual entre sus comuneros. La medida se presentaba como emancipatoria: liberar al indígena de la carga tributaria y darle una parcela propia con la que integrarse al mercado. En la práctica, la repartición enfrentó desde el inicio complicaciones, quejas, corrupción y conflictos que obligaron a expedir disposiciones correctivas sucesivas. El propio tributo, apenas siete años después de suprimido, fue restablecido durante la dictadura de Bolívar mediante el Decreto del 15 de octubre de 1828, en buena parte por presiones de sectores dominantes que veían en su abolición una pérdida fiscal y disciplinaria.

A lo largo del siglo XIX, gobiernos de todos los signos políticos —liberales y conservadores, federalistas y centralistas— coincidieron en legislar persistentemente para extinguir los resguardos. Fue el único punto de consenso transversal de la política agraria republicana: destruir la propiedad comunal indígena. Las leyes de 1850 y 1851 sobre disolución de resguardos contribuyeron a liberar mano de obra hacia las áreas productoras de tabaco, como Ambalema, y sus propios impulsores reconocieron años después que la destrucción de la economía colectiva había reducido las fuentes de abastecimiento de víveres. Miguel Samper, uno de los ideólogos del liberalismo económico, admitió tiempo después que la ley había sido inconsulta y que el ex-comunero indígena había pasado a ser arrendatario mientras la tierra se destinaba a ganadería.

Ese tránsito —de comunero a arrendatario— fue la puerta grande del terraje republicano. Al indígena despojado del resguardo no le quedaba, en muchos casos, más opción que aceptar una parcela en la hacienda vecina bajo condiciones de terraje. La reforma liberal, presentada como emancipación, funcionó como redistribución de la sujeción: cambió al patrón, no la relación.

Simultáneamente, el otro gran proceso de esta franja —la abolición de la esclavitud— siguió una lógica análoga. La libertad de vientres, decretada por el Congreso de Cúcuta el 21 de julio de 1821, estableció que los hijos de esclavas nacidos desde esa fecha quedaban libres, pero debían permanecer bajo tutela de los amos de sus madres, sirviéndoles hasta los dieciocho años como compensación por gastos de alimentación y vestuario. Ese concierto forzoso de manumisos prolongaba la esclavitud bajo otro nombre. La ley del 29 de mayo de 1842 extendió la sujeción hasta los veinticinco años. Solo la ley sancionada el 21 de mayo de 1851 por el presidente José Hilario López —hoy conocida como Ley 2 de 1851, aunque esa numeración se introdujo después— puso fin efectivo a la institución.

Pero la abolición de 1851 fue diseñada desde la óptica de los propietarios. La ley no contempló la concesión de tierra ni de herramientas a los liberados; autorizó, en cambio, la compra estatal de esclavos para indemnizar a los dueños de latifundios, haciendas y minas por la pérdida de su propiedad. El resultado era previsible: los libertos, sin tierra ni instrumentos, entraron al peonaje y al terraje al servicio de sus antiguos dueños. Fue en el Cauca donde este proceso se hizo más visible. La élite payanesa, golpeada por la manumisión, capturó a los propios manumitidos como terrajeros, convirtiendo la abolición formal en una reconfiguración de la dependencia.

En este arco de menos de cuatro décadas —de 1821 a 1858— la República liquidó dos grandes instituciones coloniales, el tributo indígena y la esclavitud, sin acompañar ninguna de las dos liquidaciones con una redistribución de tierra. El terraje fue el precipitado de esa doble omisión: la fórmula por la cual el indio comunero perdido y el esclavo manumiso pudieron seguir siendo trabajadores cautivos dentro de la misma hacienda que ya los explotaba.

Estudios, plumas y linderos

La comprensión moderna del terraje debe mucho al trabajo de una generación de historiadores que, desde mediados del siglo XX, se ocupó de descifrar los archivos de la hacienda neogranadina y de leer los procesos agrarios como procesos sociales y no como pura crónica jurídica. Juan Friede, en sus estudios sobre los resguardos y las comunidades indígenas, expuso la lógica del despojo detrás del lenguaje protector de la Corona y de la República. Germán Colmenares reconstruyó la formación de la hacienda colonial en Popayán y en el altiplano, con atención minuciosa al régimen laboral y a la circulación de la tierra. Hermes Tovar Pinzón trabajó sobre la estructura agraria costeña, la hacienda del Caribe y las formas específicas del terraje anfibio de Loba y Mompox. Silvio Zavala, desde México, señaló que los orígenes de la hacienda no podían confundirse jurídicamente con la atribución de encomiendas —pues existió un régimen de tierra diferenciado—, aunque en la práctica muchos títulos de encomienda otorgados en la Nueva Granada mencionaban ambiguamente las labranzas de los indios como parte de lo recibido.

Estas obras revelaron que el terraje no era una simple relación contractual entre dos partes libres, sino el precipitado de una historia larga en la que confluían encomienda, mita, concierto, resguardo, latifundio, hacienda, esclavitud y república. Y mostraron que sus formas concretas variaban de una región a otra: no era lo mismo el terrajero indígena del altiplano cundiboyacense pagando quince días de trabajo mensual, que el terrajero costeño de Loba entregando dos pesos de plata al mayordomo, que el liberto caucano trabajando la tierra de su antiguo amo tras 1851. Bajo esa diversidad palpitaba, sin embargo, una lógica común: la extracción de renta a un cultivador sin tierra propia, con el respaldo último de la autoridad pública y el amparo simbólico del contrato.

Quintín Lame y la larga sombra

El terraje no se extinguió con las reformas del siglo XIX. Se prolongó, con variantes, hasta bien entrado el siglo XX, y encontró en Manuel Quintín Lame a su denunciante más radical. Indígena páez nacido en el Cauca, Lame encabezó desde principios del siglo XX una lucha contra la disolución de los resguardos y por la recuperación del gran resguardo indígena de Ortega y Chaparral, en el Tolima, disuelto por presión de los latifundistas. Sus siete puntos programáticos incluían de manera explícita no pagar terrajes. Fue encarcelado, según su propio testimonio, cerca de setenta veces. El representante Guillermo Valencia llegó a pedir ante la Cámara su destierro de Colombia, solicitud que —siempre según Lame— debía ser confirmada por el ministro de Gobierno Miguel Abadía Méndez.

Cuando Lame murió, en 1967, sus ideas parecían olvidadas. Y cuando en 1971 nació el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC reconoció en su propia plataforma política que casi nada quedaba a nivel organizativo de las experiencias previas. Fue la Fundación La Rosca, con Orlando Fals Borda entre sus impulsores, la que editó los escritos de Lame bajo el título En defensa de mi raza en un intento explícito de rescatar del olvido a líderes populares y de dar una lección al Partido Comunista y a la izquierda colombiana, más habituados al obrero fabril que al comunero indígena. La coincidencia entre los siete puntos de Lame y el programa del CRIC no fue, pues, adopción directa: fue reencuentro. La lucha contra el terraje resurgía en un país que llevaba más de un siglo prometiendo abolirlo.

Lo que queda

Visto en su arco largo, el terraje fue simultáneamente herencia estructural y reinvención coyuntural. De la encomienda heredó el principio de que el indígena debía trabajar para un particular sin salario efectivo. De la mita heredó la lógica del turno y de la extracción periódica de trabajo. Del concierto heredó la fijación a la hacienda y la evolución hacia un vínculo indefinido. Del resguardo heredó, paradójicamente, tanto el modelo de tierra ajena a la que se está atado como la reserva demográfica que sus disoluciones sucesivas fueron liberando hacia las haciendas circundantes. Y del latifundio criollo heredó el respaldo político local, la connivencia de las autoridades subalternas, la capacidad de ejecutar el despojo con el juez de la mano.

Pero el terraje no fue mera repetición. En cada coyuntura se ajustó a las condiciones específicas de oferta de mano de obra. Cuando en el siglo XVII la población indígena se desplomó, operó como mecanismo para inmovilizar a los pocos trabajadores disponibles. Cuando en el siglo XVIII la recuperación demográfica trajo mestizos, negros y mulatos, se expandió como forma de vincularlos al suelo sin convertirlos en propietarios. Cuando en 1821 la República suprimió el tributo, ocupó el lugar que la carga fiscal dejaba libre. Cuando en 1851 se abolió la esclavitud, absorbió a los libertos que quedaron sin tierra. Cuando en 1850-1851 se ordenó liquidar los resguardos, recibió a los indígenas desposeídos como nuevos arrendatarios cautivos.

Por eso, decir que el terraje fue una institución colonial que sobrevivió a la República resulta a la vez cierto e insuficiente. Sobrevivió porque cada reforma liberal, al desmontar una forma de sujeción sin distribuir tierra, creó las condiciones para reproducir otra. La República no heredó pasivamente el terraje: lo reconfiguró activamente en 1821, en 1828, en 1842, en 1851. Esa reconfiguración persistente —el arrendatario donde antes hubo comunero, el terrajero donde antes hubo esclavo— fue la manera concreta en que el latifundio colombiano se reprodujo a sí mismo en el tránsito hacia el orden republicano. Los conflictos agrarios del siglo XX, y con ellos buena parte de la violencia rural colombiana, tomaron su primera forma en esa herencia inconclusa: en la promesa liberal de propiedad individual que se disolvió, para millones de campesinos, en la obligación mensual de pagar un terraje al dueño de la tierra en la que habían nacido.