Chaparral

La meseta al pie de la cordillera

Chaparral se extiende sobre una meseta situada al pie de las montañas del Quindío, en la vertiente oriental de la cordillera Central. Su cabecera municipal se levanta a 837 metros sobre el nivel del mar, pero el territorio trepa por las estribaciones andinas hasta cerca de 3.600 metros, y esa diferencia de casi tres kilómetros verticales dentro de un mismo municipio explica buena parte de su historia. En ese gradiente caben todos los climas y casi todos los cultivos posibles del país: café en las laderas medias, caña y frutales abajo, papa y pastos de altura arriba. Un pequeño mapa agrario colombiano dentro de sus 2.230 kilómetros cuadrados.

El municipio limita al norte con Roncesvalles, San Antonio y Ortega, y al oriente con Coyaima y Ataco. Está a 153 kilómetros de Ibagué y a unos sesenta al occidente de la troncal paralela al Magdalena, lo bastante cerca del río para pertenecer al mundo del valle, y lo bastante metido en la montaña como para que la cordillera decida su destino.

El agua estructura el territorio. El río Saldaña, el más importante del sur del Tolima, recibe al río Amoya, que a su vez recoge la quebrada Tuluni. Del sistema del Saldaña forma parte también el río Tetuán, que en el área chaparraluna se nutre de una red densa de afluentes: el Pedregal, el Maito, el Tigrero, el Tunito, el Lemayá, la quebrada Talaní y la quebrada El Chocho —que además recibe la quebrada La Pioja—. Esa hidrografía ramificada, que baja de las alturas cargando sedimentos, dibuja los valles donde se asentaron primero los pijaos, luego las haciendas y por último los colonos cafeteros.

Pijaos, oro y la fundación tardía

La conquista española del sur del actual Tolima fue lenta y sangrienta. Los pijaos, junto con paeces y yalcones al otro lado de la cordillera, integraban ese arco de pueblos belicosos que retrasó la penetración europea hasta bien entrado el siglo XVI. La disputa por el territorio aledaño a Popayán se prolongó casi un siglo. Los pijaos tenían una organización política descentralizada, con caciques locales y comunidades relativamente autónomas: una estructura que en teoría habría facilitado el sometimiento, pero que en la práctica los hizo particularmente esquivos a la derrota definitiva, pues no bastaba con vencer a un jefe para vencer a todos.

Lo que multiplicó las fundaciones españolas en estas tierras bajas fue el oro. Ibagué se estableció como etapa intermedia en el camino a Cartago a través de la selva del Quindío, y su fundación estuvo motivada por la cercanía a minas. La lógica, replicada en el corredor cordillerano, combinaba la búsqueda del metal con la necesidad de asegurar rutas y controlar el territorio. Chaparral se inscribe en ella: una fundación colonial en el piedemonte, en el borde entre la selva pijao y las mesetas cultivables.

De aquella matriz colonial nació, además, la forma que marcaría la vida agraria del país. Entre 1590 y 1620 ya se apreciaba en la Nueva Granada el régimen de haciendas, resultado de las composiciones de tierras al mejor postor con que la Corona tituló los realengos. No fue una simple modalidad de tenencia: fue concebido como un sistema social, económico y político integrado, que giraba en torno a la propiedad de grandes extensiones y vinculaba al campesinado solo como mano de obra sin derechos sobre la tierra. Cuatro siglos después, esa arquitectura seguiría gravitando sobre Chaparral con una obstinación asombrosa.

Cuna de estadistas

Chaparral produjo, en el siglo XIX y a comienzos del XX, tres de las figuras que ayudaron a definir la política nacional: Manuel Murillo Toro, José María Melo y Darío Echandía Olaya.

Murillo Toro es el más antiguo y quizá el más influyente. Bachiller gracias a la caridad de su madrina Ana Toro —cuyo apellido añadió al suyo en agradecimiento— y luego titulado por la Escuela de Derecho de Bogotá, encarnó en la segunda mitad del XIX la variante ilustrada del liberalismo radical. Que un hijo del sur del Tolima, sostenido por una red doméstica de caridad, llegara a la presidencia dice tanto de su talento como del carácter todavía abierto de la política decimonónica.

Melo, también nacido en Chaparral, presidió el país brevemente en 1854, en uno de los episodios más singulares del siglo, cuando un militar liberal encabezó una asonada apoyada por artesanos bogotanos.

Darío Echandía Olaya, nacido en Chaparral el 13 de octubre de 1897, fue el más consumado hombre de Estado del liberalismo del siglo XX. Sus contemporáneos lo llamaban, con mezcla de cariño y respeto, El Maestro. El humorista Klim dejó de él un retrato inolvidable: cuando Echandía tomaba la palabra en el Parlamento se hacía el silencio en el recinto, y su voz, cansada y dejativa, estaba "llena de cadencias tolimenses". Aquel hombre de acento provinciano fue el reformador central de la reforma constitucional de 1936, la que introdujo la intervención estatal en la economía y sentó las bases de lo que después se llamaría Estado asistencial. Como presidente encargado, expidió el 14 de diciembre de 1943 el Decreto 2451, que reglamentó la Ley 2 de ese año sobre intendencias y comisarías: una pieza discreta pero significativa del andamiaje con que el liberalismo modernizó la administración territorial.

La presencia simultánea de estas tres figuras en la genealogía del municipio no es anecdótica. Chaparral fue, durante casi un siglo, uno de los lugares desde donde se pensó el Estado colombiano. Ese hecho tiñe con una ironía casi trágica lo que vendría después: la misma tierra que dio a Echandía —arquitecto del intervencionismo social del 36— sería el laboratorio donde la exclusión agraria irresuelta produciría la insurgencia más duradera del hemisferio.

Café, colonos y la Liga Campesina

La transformación decisiva llegó con el café. Durante el primer tercio del siglo XX, la bonanza cafetera —que siguió a la Guerra de los Mil Días y se vio interrumpida por la crisis mundial de 1929— arrastró consigo un incipiente desarrollo industrial y una creciente diferenciación social. En el sur del Tolima, ese movimiento tomó la forma de una intensa colonización: campesinos venidos de otras regiones, y también indígenas locales, se instalaron en las tierras aledañas a las haciendas y a los resguardos, abriendo monte, sembrando café y buscando un lugar propio.

Aquella colonización fue, como en tantas otras zonas del país, una estrategia de resistencia frente a la presión de las haciendas y la persecución estatal. Se inscribe en la primera de las tres grandes oleadas colonizadoras que Colombia vivió en los siglos XIX y XX: la de campesinos que escapaban del régimen hacendatario, extendida desde mediados del XIX hasta comienzos del XX; luego vendría la segunda, durante La Violencia, con los desplazados de Marquetalia, El Pato y Riochiquito; y en los años setenta, la tercera, ligada a economías ilegales y a los recursos extractivos.

En Chaparral, esa dinámica encontró suelo particularmente inflamable. Por un lado, los resguardos indígenas —creados por la Corona española en la segunda mitad del XVI para proteger a los indios del trato de esclavos por parte de los encomenderos, aunque a cambio de tributos— eran objeto de litigios permanentes. En Tierradentro y en Chaparral, entre 1922 y 1945, el líder indígena Manuel Quintín Lame libró una de las luchas más obstinadas del siglo por la defensa de esos territorios, movilizándose contra hacendados, terrajeros y politiqueros. Sus batallas, junto con las del alto Cauca, constituyen los dos grandes litigios históricos sobre la tierra en el sur del Tolima y el norte del Cauca.

Por otro lado, en las veredas cafeteras se gestaba algo distinto. La expansión del café creó una masa de jornaleros y recolectores sin tierra propia, que veían de cerca la fortuna del grano y no la tocaban. En la vereda El Limón, en el corazón rural chaparraluno, se fundó una Liga Campesina que agrupaba precisamente a esos trabajadores. No era una organización de propietarios agraviados ni una red clientelar del liberalismo local: era el embrión de una organización de clase, con vínculos crecientes al Partido Comunista, que tenía presencia e influencia política en las zonas del Tolima con conflictos agrarios desde los años treinta y cuarenta.

Esa Liga, fundada en El Limón, sería la matriz de todo lo que vino después.

La Violencia sobre Chaparral

Cuando el 9 de abril de 1948 el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán detonó la larga guerra civil no declarada que hoy llamamos La Violencia, el sur del Tolima estaba entre las regiones más expuestas. La estrategia estatal fue explícita: a partir de 1948, las áreas de Santiago Pérez, Planadas y Gaitania fueron objeto de sucesivas comisiones de policía chulavita en un gran operativo contra los colonos liberales de la región. En El Limón —la vereda de la Liga— los ataques dejaron trece muertos según los registros de la época.

La violencia combinó dos niveles. Uno partidista: matanzas en distritos rurales donde había empate o leve mayoría liberal, con el objetivo de invertir demográficamente la geografía electoral. Y otro clasista: represión sistemática de organizaciones campesinas y sindicales. La política de Laureano Gómez, que equiparaba liberalismo con comunismo para buscar la "reconquista" total del poder, contribuyó a fundir ambos enemigos en un solo objetivo, e incluyó entre sus víctimas a los movimientos campesinos surgidos en los años treinta. El conjunto de las clases dominantes tampoco veía con malos ojos ese proyecto: la represión política resolvía, de paso, la incómoda cuestión agraria.

La respuesta armada tomó dos formas distintas en el mismo territorio, y esa distinción es fundamental para entender lo que vendría.

Las guerrillas liberales fueron organizadas y comandadas por Gerardo Loaiza y Leopoldo García —alias Peligro—, hacendados que habían colonizado tierras en la región de Rioblanco, con la orientación de la dirección liberal de Ibagué. Eran guerrillas dirigidas desde arriba, por hombres con propiedad, que respondían a la lógica partidista tradicional aunque con un fuerte componente defensivo. Un testimoniante describió el origen de esas autodefensas: grupos de campesinos rasos, con armas rudimentarias, organizados para protegerse de los Pájaros y los Chulavitas, "que quemaban casas y perseguían a todo el que era de izquierda o sindicalista".

La guerrilla comunista tuvo otro origen. Se formó con las bases de la Liga Campesina de El Limón y de veredas aledañas, integrada por campesinos sin tierra ligados a la economía cafetera. La lideraba Isauro Yosa, alias Mayor Lister: un indígena natagaimuno que había sido jornalero y recolector de café, cuya biografía condensaba las tres condiciones que definían a esa insurgencia: campesino, indígena y trabajador agrícola. Frente a la guerrilla liberal de hacendados de Rioblanco, la comunista de Chaparral era orgánica, obrera y campesina, y respondía a una tradición organizativa previa. No era una autodefensa improvisada: era la continuación de la Liga Campesina por otros medios.

Ambas corrientes convergieron por un tiempo. En el paraje de El Davis, en lo alto del cañón del Cambrín, en el municipio de Rioblanco, se creó el Comando del Davis, con un estado mayor unificado entre los destacamentos comunistas embrionarios y los grupos guerrilleros liberales de Loaiza. Allí llegó, en 1950, la llamada Columna de Marcha de la primera resistencia armada liberal-comunista. La convivencia duró poco: la ruptura entre los limpios —liberales— y los comunes —comunistas— dejaría, unos años después, dos caminos separados. El sur del Tolima quedaba dividido no solo geográficamente, sino por la naturaleza social de sus armados.

De la autodefensa a Marquetalia

El Partido Comunista de Colombia desarrolló entre 1949 y 1964 una política cíclica de autodefensa y guerrilla móvil, alternando entre ambas modalidades según la coyuntura política nacional. Chaparral, El Líbano y Rovira nutrieron con campesinos desplazados las zonas donde ese ciclo se materializó. La fortificación militar de esas regiones comenzó antes de 1953, y la organización política se consolidó entre 1953 y 1955.

Tras la guerra de Villarrica, en 1955 —cuando el régimen de Rojas Pinilla lanzó una ofensiva contra los enclaves campesinos armados—, el reagrupamiento en el sur del Tolima reunió a figuras cuyos nombres serían pronto los de la historia de la insurgencia colombiana: Jacobo Prías Alape, Charro Negro; Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tirofijo; Ciro Castaño; e Isauro Yosa, el hijo de la Liga de El Limón. Este núcleo, replegado en la cordillera, sostuvo durante años una existencia de guerrilla móvil y autodefensa en pequeñas zonas de colonización campesina.

Fue una de esas zonas la que, en 1964, se convirtió en símbolo. Cuando el conservador Álvaro Gómez Hurtado denunció desde el Senado la existencia de "repúblicas independientes" en el corazón del país, señaló entre ellas a Marquetalia, en el vecino municipio de Planadas. El 27 de mayo de 1964 el Ejército lanzó la Operación Marquetalia, una ofensiva de gran escala contra el reducto campesino donde Marulanda y los suyos habían organizado la vida y la resistencia. El ataque no logró exterminar a los guerrilleros: los marquetalianos rompieron el cerco y migraron hacia las selvas del suroriente.

Ese mismo 20 de julio, en Marquetalia, se proclamó el Programa Agrario de las guerrilleras y guerrilleros, un texto que se autoidentificaba como expresión de un movimiento revolucionario que venía de 1948 y cuyos integrantes se presentaban como víctimas de sucesivas guerras. La Primera Conferencia del Bloque Sur, celebrada en Riochiquito, Cauca, en 1965, unificó los destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia, con unos cien combatientes. En la Segunda Conferencia Guerrillera, en 1966, esa fuerza —crecida a trescientos hombres en seis frentes— adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: FARC.

De la Liga Campesina de El Limón a la Segunda Conferencia habían pasado poco más de treinta años. Todos los eslabones estaban en el mismo territorio: la vereda chaparraluna, el Comando del Davis, el repliegue posterior a Villarrica, Marquetalia, Riochiquito. La geografía de origen de las FARC es, con precisión cartográfica, la geografía del sur del Tolima con Chaparral en su centro simbólico y humano.

La huella del conflicto en el municipio

Durante las décadas siguientes, Chaparral vivió el conflicto en todas sus formas. Fue territorio de retaguardia guerrillera, escenario de operaciones militares y, con el tiempo, zona de disputa entre las FARC, los paramilitares y las Fuerzas Armadas. La geografía que había sostenido a los colonos y a las autodefensas —el gradiente hacia la cordillera, los cañones del Amoya y el Tetuán, las selvas de altura hacia Las Hermosas— era la misma que ahora funcionaba como corredor estratégico.

La población civil quedó atrapada en esa maquinaria. Con la consolidación de la presencia guerrillera, los habitantes debieron comenzar a pagar anualmente una "vacuna" —la extorsión rutinaria—; y personas de orientación sexual o identidad de género no normativas llegaban desplazadas a la cabecera municipal desde Planadas o San Antonio, expulsadas por los armados. La cabecera funcionó, para ellos, como refugio relativo dentro de una geografía de expulsión mayor.

La acción paramilitar, que se extendió por el sur del Tolima con particular intensidad desde los años noventa, agregó otra capa. Amenazas, asesinatos, masacres, torturas, desapariciones, violencias sexuales y daños sobre la infraestructura productiva fueron las herramientas con las que se forzó el abandono y el despojo de tierras de campesinos, afrodescendientes e indígenas. La lógica era funcional: los territorios vaciados por la violencia se recomponían bajo nuevas manos y nuevos usos. Guerrillas, narcotraficantes y paramilitares, cada uno a su modo, impusieron órdenes violentos de gobierno territorial y socavaron la autonomía alimentaria de las comunidades con la presión hacia el monocultivo y las plantaciones ilícitas.

Aquel Chaparral productor de café, del que habían salido tanto Echandía como Isauro Yosa, se convirtió durante décadas en un territorio administrado por el miedo. La imagen de la meseta al pie de la cordillera —esa que la vieja publicación local celebró en 1950 como paraíso de todos los climas— quedó tensada entre lo que el paisaje ofrecía y lo que el conflicto imponía.

Después del Acuerdo

El Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP tocó, por razones simbólicas y materiales, especialmente al sur del Tolima. El municipio que había visto nacer a la Liga Campesina de El Limón, y con ella el hilo que llevaba a Marquetalia, era ahora escenario del cierre —o del intento de cierre— de aquel ciclo.

El efecto inmediato fue medible. La desmovilización de las FARC-EP produjo una reducción mecánica de la violencia: la guerrilla era una imponente máquina militar capaz de causar daño directo y de servir de pretexto a otras violencias, y su salida quitó combustible al conflicto. A diferencia de lo ocurrido en El Salvador o Guatemala, la paz colombiana no abrió una oleada de violencia urbana criminal, aunque las razones exactas de ese contraste no se comprenden del todo; entre los factores identificados figura la deslegitimación creciente de las lógicas homicidas. El año 2017 fue, con todos sus problemas, el más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo. Para muchas comunidades del sur del Tolima significó, por primera vez en la vida de una generación, saber concretamente lo que significa la paz.

Pero el Acuerdo fue modificado a finales de 2016 para incorporar objeciones de sectores encabezados por partidos afines al expresidente Uribe y grupos rurales empresariales y políticos enfrentados a la guerrilla, que exigían sanciones más severas para los jefes de las FARC. Y en la implementación, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial —los PDET, llamados a transformar regionalmente las zonas más golpeadas por el conflicto— se limitaron a proyectos demostrativos, sin alcanzar la transformación participativa regional prometida.

En el sur del Tolima, además, aparecieron pronto los ajustes de cuentas entre grupos más o menos vinculados a las antiguas FARC-EP, en circunstancias confusas, con denuncias del Partido Comunes y de organizaciones de Derechos Humanos sobre la falta de garantías y protección por parte del Estado. La paz no llegó completa a los territorios donde había empezado la guerra.

Un funcionario del programa de restitución de tierras del sur del Tolima resumió la clave del asunto: la no repetición requería hacer justicia en esas zonas, implementar el punto uno del Acuerdo de La Habana —la reforma rural integral— y garantizar condiciones de vida digna. Es decir, resolver por fin lo que las composiciones de tierras del siglo XVI habían dejado planteado, lo que la bonanza cafetera había agudizado, lo que la Liga Campesina había denunciado y lo que la guerra había pospuesto por seis décadas.

Un territorio y su memoria

Chaparral llega al presente cargando dos linajes que la memoria pública tiende a presentar como opuestos. De un lado, la genealogía civil: Murillo Toro, Melo y sobre todo Darío Echandía, el maestro de voz cansada y cadencias tolimenses que redactó la reforma con la que el Estado colombiano se hizo, por primera vez, promotor de la equidad social. Del otro, la genealogía insurgente: la Liga Campesina de El Limón, Isauro Yosa, el Comando del Davis, Marulanda, Marquetalia, las FARC.

La tentación es leer esos dos linajes como paradoja: la misma tierra que dio al liberal ilustrado dio al comandante guerrillero. La lectura más ajustada es otra. Ambas tradiciones son respuestas distintas a una misma exclusión: la que el régimen colonial de haciendas dejó inscrita en la estructura agraria y que ni la República ni el liberalismo del siglo XX lograron desmontar. Echandía intentó resolverla por vía estatal en 1936, con la intervención económica y el Estado asistencial. Los jornaleros de El Limón, cuando la violencia bipartidista los alcanzó, intentaron resolverla por vía armada. No son destinos contradictorios de un mismo territorio: son dos rostros del mismo problema irresuelto.

Chaparral no fue "cuna de las FARC" por azar geográfico ni por vocación trágica. Fue cuna porque en su suelo se combinaron, con particular densidad, todos los ingredientes: un régimen de haciendas heredado del XVI; una diversidad altitudinal que atrajo la colonización cafetera y produjo una masa de jornaleros; unos resguardos indígenas en litigio permanente que Quintín Lame llevó a la primera línea entre 1922 y 1945; una organización campesina de clase —la Liga— con vínculos comunistas; y, por último, una violencia bipartidista de escala nacional que convirtió esa base social en objetivo militar. La pólvora se acumuló en el sur del Tolima durante décadas. El chispazo, en 1948, fue nacional.

La memoria del municipio hoy oscila entre la reivindicación de sus estadistas —cuya efigie recorre las plazas y las aulas— y el peso callado de haber sido el punto de partida de la guerra más larga del continente. Ambos pesos son verdaderos, y ambos se niegan a excluirse. En la meseta al pie de la cordillera, entre el Amoya y el Tetuán, entre los cafetales de las laderas medias y los páramos de las alturas, Chaparral sigue siendo lo que siempre fue: un lugar donde las tensiones fundamentales del orden agrario colombiano no se dejan olvidar, porque se hicieron carne en sus veredas. La reforma rural del Acuerdo de La Habana, todavía sin implementar, es el nombre reciente de una deuda que este municipio conoce de memoria.