Santiago Pérez de Manosalbas

El letrado que salió al territorio

Pérez pertenece a la generación que se formó leyendo a Bentham en las escuelas de derecho neogranadinas y que, al salir de las aulas, encontró un país todavía sin mapa. Su primera aparición pública de peso no fue política sino científica: entró como miembro de la Comisión Corográfica, la empresa fundada por Agustín Codazzi para levantar el inventario físico, humano y económico de la Nueva Granada. Como secretario y cronista, recorrió con la Comisión el Chocó, Buenaventura, Túquerres y Pasto, y de aquel itinerario surgieron los Apuntes de Viaje que publicó en 1853 en El Neogranadino y El Tiempo de Bogotá.

Esos apuntes son un documento clave para entender al Pérez posterior. Describió allí con detalle etnográfico el paso de la montaña del Quindío y la práctica del carguero —los hombres que atravesaban la cordillera con viajeros a la espalda—, registró la pobreza de los negros libres del Pacífico, la ausencia de caminos, la carencia de escuelas y la indiferencia de los blancos hacia esas poblaciones. Al lado de la denuncia asomaban juicios menos generosos sobre las gentes que describía: el liberal cosmopolita miraba a la Colombia real desde una distancia que él mismo reconocía y a la vez no lograba franquear. Aquel viaje sembró la convicción que atravesaría toda su carrera política: sin caminos y sin escuelas no habría república. La escuela, sobre todo. Pérez volvió a Bogotá con la certeza de que la nación estaba por hacerse con instrucción pública y federalismo, y esa certeza orientaría al radicalismo por las tres décadas siguientes.

De aquel primer momento salieron también las herramientas de su oficio: la prosa clara, el gusto por el dato preciso, la vocación pedagógica y una relación con el periodismo que no abandonaría jamás. Los radicales se dedicaban ante todo al mundo de la política y de la ideología, y cuando no ocupaban cargos preferían la cátedra y la redacción. Pérez fue ejemplo puro: hombre de gobierno cuando le tocó, maestro y publicista cuando no.

El Olimpo Radical: sociología de una élite

Para entender a Pérez hay que entender el grupo. El Olimpo Radical no era un partido en sentido moderno sino una fracción del liberalismo que, entre 1863 y 1885, controló los mecanismos centrales del Estado y buena parte de la vida intelectual del país. Sus dirigentes compartían un perfil reconocible: Manuel Murillo Toro, Salvador Camacho Roldán, Aquileo Parra, Felipe y Dámaso Zapata, Eustorgio Salgar y el propio Pérez venían de un mismo origen letrado. Se habían formado en el utilitarismo de Bentham, leían a Frédéric Bastiat y Jean-Baptiste Say, y profesaban una fe en el progreso científico y la libertad de comercio que era, en igual medida, doctrina económica y programa civilizatorio.

Su base social se concentraba en la burguesía comercial bogotana. Entre 1867 y 1877, los comerciantes de la capital lograron, a través del Partido Liberal, una hegemonía política que en la práctica se ceñía al Estado Soberano de Cundinamarca, pero que desde allí proyectaba influencia sobre la federación. El dato importa: el radicalismo era, más que un movimiento nacional, la construcción política de una élite regional que gobernaba a la nación en nombre de principios universales. La contradicción entre discurso universalista y anclaje oligárquico habitó al proyecto desde el comienzo.

En ese círculo, Pérez ocupaba un lugar peculiar. No era el estratega financiero como Camacho Roldán, ni el caudillo partidario como Murillo Toro, ni el gestor administrativo como Parra. Era, ante todo, el letrado: el hombre de la palabra pública y de la escuela, el que redactaba discursos memorables y organizaba periódicos, el pedagogo del grupo. Esa condición le dio prestigio moral y, cuando la Regeneración lo persiguió, credibilidad simbólica; pero también lo dejó desprovisto de la maquinaria clientelar que sus rivales manejaban con desenvoltura. Pérez gobernaría con el prestigio de la doctrina, no con el peso de una red.

La reforma educativa: el corazón del proyecto

Antes de llegar a la presidencia, Pérez fue actor y beneficiario de la reforma educativa que definió al radicalismo. El decreto orgánico de instrucción pública, publicado en enero de 1871 y difundido en el periódico La Escuela Normal, estableció el carácter obligatorio, gratuito y de neutralidad religiosa de la escuela pública. Fue la empresa educativa más ambiciosa intentada en el siglo XIX colombiano —probablemente desproporcionada para los recursos económicos y humanos del país— y el eje sobre el que giraría todo el enfrentamiento con la Iglesia y con el Partido Conservador.

La reforma no fue solo un texto legal. Trajo consigo la contratación de una misión pedagógica alemana que, para finales de 1872, había organizado escuelas normales en todos los estados federales, masculinas y femeninas. Uno de aquellos maestros, Hotschick, se radicó en Colombia, editó libros y llegó a dirigir la educación pública en Santander. La misión no fue un gesto de propaganda: fue una operación técnica seria, financiada con recursos escasos, sostenida contra la resistencia de la Iglesia y de amplios sectores conservadores que veían en la escuela laica la amenaza directa a su hegemonía cultural.

Las cifras acompañaron el proyecto. De unos veintidós mil niños matriculados en escuelas elementales hacia 1852, se pasó a sesenta mil en 1870, setenta mil en 1874 y cerca de ochenta mil en 1876, distribuidos en más de mil cuatrocientas escuelas. En el cuatrienio 1872-1876 se sumaron más de trescientas escuelas nuevas y más de veintisiete mil escolares. Un dato paradójico atraviesa el balance: el estado de mayor crecimiento educativo bajo el régimen radical fue Antioquia, gobernada por el conservador Pedro Justo Berrío, cuyas autoridades hicieron un esfuerzo notable por instalar escuelas incluso mientras rechazaban la orientación laicista del decreto. Antioquia demostró, sin proponérselo, que la reforma podía funcionar cuando el poder local la asumía, y que la controversia no era tanto sobre la instrucción como sobre quién controlaba su contenido.

Ese detalle explica en buena medida lo que vendría después. La reforma de 1871 no fracasó por incompetencia técnica ni por indiferencia social; produjo resultados. Fracasó porque tocaba la cuestión religiosa, la línea de fractura que separaba a liberales de conservadores más que cualquier otra doctrina. La Iglesia consideró la escuela laica como una expropiación simbólica y respondió con toda la fuerza de su influencia sobre curas de pueblo, cofradías y familias. Cuando Pérez llegó al poder, la reforma llevaba tres años operando y la reacción clerical ya estaba cargada.

La presidencia (1874-1876)

Pérez asumió la presidencia en 1874, sucediendo a Manuel Murillo Toro, que ejercía desde 1872 su segunda administración. Las elecciones que lo llevaron al cargo fueron disputadas y anticiparon lo que definiría al bienio: la pugna dentro del propio liberalismo. Las fracturas no eran doctrinarias —radicales y nuñistas compartían formación, base social y buena parte del programa— sino de facciones, intereses regionales y ambición de poder. Dos grupos rivales de una misma agrupación política se disputaban la conducción del Estado.

El sistema federal instituido por la Constitución de Rionegro de 1863 organizaba el conflicto de un modo que lo agravaba. Los períodos presidenciales de 24 meses sin sucesión inmediata condenaban al fracaso cualquier plan de largo plazo en transporte, comunicaciones o educación: en los años previos a 1884, cada presidente ocupó el cargo poco más de un año en promedio. Los nueve estados soberanos disponían de amplia autonomía fiscal y legislativa; podían adoptar códigos propios —minero, civil, electoral, de tierras— e imponer aduanas interiores que fragmentaban el mercado nacional. Dos estados, Antioquia y Tolima, estaban firmemente en manos conservadoras, lo que hacía decisiva la disputa por los otros siete.

Sobre este tablero, el gobierno central carecía de mecanismos legales para garantizar elecciones limpias o para apoyar legítimamente a gobiernos estatales aliados. Cuando lo hacía, era por vías ilegales, incluida la intervención armada de la guardia nacional a favor de facciones amigas. El fraude era generalizado, y cada división del Partido Liberal se convertía en incentivo para golpes y revoluciones. Pérez heredó ese sistema y, como todos sus antecesores, tuvo que operar dentro de él.

En 1876, con la elección presidencial encima, Pérez apoyó francamente la candidatura de Aquileo Parra. Fue una decisión política deliberada, coherente con la lógica del radicalismo bogotano, y también el detonante inmediato del estallido. La postura del presidente enfureció a los nuñistas, que consideraron el respaldo un abuso de poder, y precipitó levantamientos armados que llegaron a poner en riesgo su permanencia en la primera magistratura. La elección de 1876 hizo visible lo que el sistema de Rionegro ocultaba mal: que el liberalismo se había partido en dos y que la reforma educativa laica había reunido en su contra a una coalición clerical-conservadora dispuesta a la guerra.

La guerra civil de 1876-1877

El estallido no vino primero de los liberales divididos sino de los conservadores. En 1876, una facción conservadora del Estado del Cauca se levantó en armas contra el gobierno de Aquileo Parra —que sucedía a Pérez en la presidencia— con la bandera declarada de la oposición a la educación laica. Los clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista que precedió a la contienda en el Cauca. Era la reacción largamente incubada contra el decreto de 1871.

La guerra se libró principalmente en el Cauca y el Tolima, con actividad conexa en Antioquia y Santander. Duró aproximadamente once meses. Su costo equivalió al 118% del presupuesto nacional aprobado para 1878: una hemorragia fiscal que un Estado ya débil no podía absorber sin quedar tullido. Las tropas liberales, predominantemente negras y mulatas, ocuparon Cali en la Nochebuena de 1876 y saquearon propiedades de conocidos conservadores; el episodio quedaría en la memoria caucana como emblema de la guerra racial que los conservadores denunciaban y de la revancha social que algunos liberales encarnaban. Las fuerzas conservadoras de Antioquia, al intentar penetrar en el territorio caucano, fueron derrotadas en la batalla de Garrapata, en la región de Los Chancos.

La guerra también hirió a la reforma educativa que la había desencadenado. La Universidad Nacional cerró el 21 de agosto de 1876 y solo reabrió el 22 de febrero de 1877. En 1877, los liberales santandereanos —envalentonados por la victoria y por el resentimiento acumulado— promulgaron legislación anticlerical que dio pie al destierro del obispo de Pamplona y al arresto de eclesiásticos. La derrota militar del conservatismo no cerró el conflicto religioso: lo profundizó.

Los liberales ganaron la guerra con relativa facilidad, y ese dato pesa. La coalición clerical-conservadora no era militarmente invencible, y el proyecto radical aún tenía capacidad de imponerse en el campo. Lo que no logró imponerse fue en su propio interior. La intransigencia con que los radicales manejaron la victoria —las medidas anticlericales de Santander son solo un ejemplo— alejó a un sector del liberalismo, que empezó a llamarse independiente y a mirar hacia Rafael Núñez. Esa división, más que la fuerza del enemigo, decidiría la suerte del proyecto.

Washington y París: la misión diplomática

La misión diplomática más recordada de Pérez fue su ministerio en Washington, cumplido antes de la presidencia. En 1872, al despedirse del presidente Ulysses S. Grant, este declaró que el gobierno de Colombia, al nombrar a Pérez ministro, se había honrado a sí mismo y honraba al gobierno estadounidense. La frase se cita hasta hoy como testimonio de la calidad humana de Pérez. Es también un dato sobre el radicalismo: la generación que gobernó a Colombia entre 1863 y 1885 se preciaba, y con razón, de haber producido diplomáticos cuya sobriedad y cultura hacían buena impresión en las capitales del mundo. En una época en la que Colombia era, para casi todo el planeta, un accidente geográfico, ese capital simbólico contaba.

La misión en Washington no fue un adorno curricular. La relación con Estados Unidos giraba entonces sobre el problema del istmo de Panamá —parte todavía del territorio colombiano— y sobre la cuestión de un canal interoceánico que las potencias europeas y la norteamericana disputaban en la sombra. La generación radical entendía que la geografía colombiana era, en ese punto, un asunto de negociación permanente, y que los ministros enviados a Washington no viajaban a saludar sino a contener. Pérez cumplió esa función con la sobriedad que le era propia, sin dejar rastros ruidosos y sin producir concesiones onerosas. En el mismo período, el radicalismo mantuvo agentes en París y Londres, escenarios donde se dirimía la reputación financiera del país y la posibilidad de acceder a crédito externo. La diplomacia bogotana de aquellos años se movía en un tablero de dependencia estructural que ningún discurso podía disimular, y trabajaba con las herramientas disponibles: la palabra correcta, el traje sobrio, la insistencia paciente en los foros donde Colombia figuraba, cuando figuraba, como república remota.

De la Cámara al frente doctrinario

Tras entregar el poder en 1876, Pérez continuó activo en la Cámara, en el periodismo y en la enseñanza. La derrota electoral del liberalismo radical llegaría en 1880, cuando Rafael Núñez —con apoyo de liberales independientes y conservadores— ganó la presidencia y comenzó una política de centralización que rompía con Rionegro. La segunda elección de Núñez en 1884 y la derrota liberal de 1885 sellaron el fin del ciclo. Pérez, en el frente doctrinario, mantuvo la posición radical con dignidad y sin estridencia. Redactó editoriales, sostuvo periódicos de vida efímera, dio clases, corrigió pruebas, contestó ataques con la misma cortesía cansada con la que había gobernado. Los últimos radicales aprendieron en esos años a hacer oposición con los recursos de la letra, no de las armas, y Pérez fue el pedagogo silencioso de esa reconversión.

El discurso de 1884

En 1884 pronunció en Bogotá un discurso que sería reproducido en textos de literatura durante décadas. Expresó allí las esperanzas de progreso científico y universal para Colombia que habían animado a su generación: la fe en la razón, en la educación, en la libertad y en el trabajo, el vocabulario ilustrado con el que se habían formado en las aulas neogranadinas y con el que aún creían posible pensar el país. El discurso quedó como monumento de un momento y como epitafio de un proyecto.

En los dieciséis años siguientes, tres guerras civiles frustrarían aquellas esperanzas. La de 1876-1877 ya había sucedido. La de 1884-1885 estaba por estallar y sería la que le daría a Núñez la excusa para enterrar la Constitución de Rionegro. La de los Mil Días, entre 1899 y 1902, coincidiría con la muerte de Pérez y con el hundimiento del país en su peor sangría del siglo. Pérez pronunció su discurso en el punto exacto en que la esperanza aún era pronunciable y ya no era razonable. Por eso se sigue citando.

La Regeneración y el destierro

La Constitución de 1886 —obra en gran medida de Miguel Antonio Caro, el principal pensador conservador de la época— clausuró el proyecto de Rionegro y estableció el marco político que regiría a Colombia, en lo esencial, hasta 1991. El Concordato de 1887, firmado por Núñez, hizo del catolicismo la religión oficial del Estado, devolvió propiedades eclesiásticas que gobiernos anticlericales habían confiscado, ató la educación pública a los preceptos de la Iglesia y abolió el divorcio. Era la antítesis punto por punto del proyecto radical.

La Regeneración no se limitó a un cambio constitucional. Bajo el gobierno de Caro —que asumió el control completo en Bogotá tras la muerte de Núñez en 1894, aunque en la práctica lo ejercía desde antes—, el régimen adquirió un carácter marcadamente autoritario. Caro prefirió gobernar con la ley 61 de 1888, conocida como ley de los caballos, un estatuto excesivamente represivo que rigió las administraciones regeneradoras hasta 1904. En documentos oficiales, calificó al Partido Liberal como banda de facciosos que actuaba en cuadrilla de malhechores, negándole toda legitimidad política. Sostenía que no podían concederse derechos a quienes estaban en el error —los liberales— y se consideraba investido de respaldo divino, convicción que reforzaba su intransigencia. El sistema electoral, viciado y fraudulento, se encargó del resto: durante toda la Regeneración, el liberalismo tuvo un único representante en la Cámara, ninguno en el Senado, y su presencia en el gobierno fue nula.

En este contexto se produjo el segundo acto público mayor de Pérez tras la presidencia. En septiembre de 1892, delegados liberales de todo el país se reunieron en Bogotá y lo nombraron director del Partido Liberal. El nombramiento reconocía su prestigio moral y también la escasez de opciones: la generación radical, sobria y moderada, era casi lo único que quedaba de una tradición proscrita. Pérez asumió la jefatura con la misma discreción con que había gobernado.

Duró poco. El diario El Relator, órgano cercano a los liberales, fue clausurado por el gobierno en 1893. Por decreto número 1227 del 14 de agosto de 1893, el presidente Caro desterró a Santiago Pérez, jefe del Partido Liberal. El gobierno se valió del artículo K de las Disposiciones Transitorias de la Constitución, invocado para dictar decretos destinados a reprimir los abusos de la prensa y utilizado también con fines persecutorios contra los liberales. La persecución respondió más al feroz ultramontanismo que la Regeneración exhibía por rachas que al radicalismo real del expresidente, que hacía tiempo era, como otros liberales de su generación, un ejemplo de sobriedad, moderación y virtud cívica. Caro necesitaba enemigos ejemplares; Pérez, por su prestigio y por lo que representaba, era el enemigo perfecto.

Murió en el exilio en 1900. Ese año la guerra de los Mil Días —desencadenada en buena medida por la exclusión política sistemática del liberalismo bajo Caro— entraba en su fase más destructiva. Pérez no vio el final del conflicto ni la Colombia que emergería de él, mutilada por la separación de Panamá en 1903 y agotada en su tesoro y en sus hombres.

La familia y la red

El radicalismo fue también una cuestión de familias. Camacho Roldán, los Zapata, los Cuervo, los Pérez: un tejido de linajes bogotanos entrelazados por matrimonios, sociedades comerciales, colaboraciones periodísticas y padrinazgos escolares. Los hijos estudiaban en los mismos colegios, se casaban entre sí, heredaban las suscripciones a las revistas europeas y las tertulias del padre. Cuando la Regeneración proscribió al liberalismo, no clausuró solo un partido: intervino sobre una red familiar densa que había sido, al mismo tiempo, aparato político, círculo intelectual y sociedad económica. La derrota del proyecto no disolvió esa red, pero la dispersó geográficamente y la obligó a operar desde los márgenes o desde el extranjero.

El caso del hijo de Pérez ilustra esa deriva con particular claridad. Santiago Pérez Triana prolongó en el exilio la tradición liberal cosmopolita del padre y llevó al terreno de la escritura y la diplomacia oficiosa el capital simbólico que la familia había acumulado en Bogotá. Publicista, diplomático y escritor, se instaló en Londres, donde fundó revistas de tono hispanoamericanista y sostuvo correspondencia con Rubén Darío y otros modernistas. Desde allí actuó en negociaciones sobre asuntos colombianos —incluida la cuestión panameña— en un exilio que fue a la vez destierro y observatorio; sus intervenciones en la prensa europea sobre la separación de Panamá y sobre la política de Washington en el istmo dieron continuidad, en clave de opinión internacional, a la vieja diplomacia radical que su padre había practicado en misiones oficiales. Otros hijos y nietos del radicalismo escribirían en París, enseñarían en universidades del continente, regresarían a la Cámara cuando la política colombiana volvió a permitirlo tras 1904. La biografía de Pérez, vista desde este ángulo, es el primer capítulo de una diáspora liberal que se extendería por décadas y que solo empezaría a repatriarse, en clave institucional, con la República Liberal de los años treinta.

Balance: catalizador de una crisis estructural

Las fracturas eran anteriores a Pérez y más profundas que su gestión: el período presidencial de 24 meses, el fraude electoral estructural, las aduanas interiores, la incapacidad del centro para arbitrar entre estados, la debilidad fiscal, la fragmentación del mercado interno, la cuestión religiosa como línea de fractura irresuelta. Cualquier presidente radical entre 1874 y 1876 habría enfrentado los mismos vientos. Los conservadores del Cauca no se levantaron contra Pérez sino contra el decreto de 1871, y lo habrían hecho tarde o temprano, con cualquier ocupante del palacio.

Su gestión, sin embargo, fue el momento en que esas tensiones latentes se convirtieron en guerra abierta y en división liberal irreversible. Su respaldo franco a la candidatura oficial en 1876 no fue la causa de la crisis, pero fue el gesto que la desencadenó; su continuidad de la política laica no creó la reacción clerical, pero la coaguló; su fidelidad a la doctrina radical no dividió al liberalismo, pero le negó la maniobra que quizás lo habría mantenido unido. Pérez actuó como catalizador de un colapso estructural que necesitaba, como todo colapso histórico, un rostro y un momento.

Su trayectoria posterior a la presidencia se ajusta a un patrón sobrio: gobernó dos años, entregó el poder, no se enriqueció, mantuvo su doctrina bajo persecución, murió en el exilio. El Olimpo Radical, con todas sus contradicciones —la hegemonía bogotana, la desconexión con el país profundo, la fe en la escuela como redentora universal—, produjo dirigentes de ese corte, y la figura de Pérez condensa el intento colombiano de constituir, en el último tercio del siglo XIX, una república laica y federal. Aquella república no llegó a existir. Sobrevivieron, en cambio, los materiales sueltos que la habían anunciado: escuelas normales que la Regeneración reabsorbió sin destruir del todo, una prosa pública sobria que ninguna proscripción logró borrar del canon escolar, una tradición liberal que resistió cuarenta y cinco años de exclusión y volvió a gobernar cuando el país estuvo dispuesto a leerla de otro modo. Pérez alcanzó a ver el hundimiento y no la resaca, y esa fue, quizá, la ironía última de un letrado que confió en la instrucción pública como cimiento de la república en un país que apenas comenzaba a deletrearla.