Tomás Cipriano de Mosquera

El patricio de Popayán

Los Mosquera pertenecían a esa capa estrecha de familias que dominaba Popayán desde el siglo XVI, con una continuidad casi lineal entre los encomenderos y terratenientes de los primeros tiempos coloniales y los mineros que hicieron del Cauca una de las regiones más prósperas del virreinato de la Nueva Granada. A comienzos del siglo XVIII, los hermanos Mosquera figuraban entre los notables de la provincia junto con los Arboleda, los Saa, los Gómez de la Asperilla y los Valencia; cada uno de ellos ejerció, a su turno, el gobierno delegado. La consolidación de esa red se selló por vía matrimonial: el segundo Francisco de Arboleda casó a su hija Bartolomea con Cristóbal de Mosquera —el quinto de la dinastía, 1699–1754—, tejiendo entre las dos casas mineras más importantes de la ciudad un solo linaje de sangre e intereses.

Sobre esa base se levantó la fortuna material del sur: haciendas trabajadas por esclavos, cuadrillas dedicadas a la explotación aurífera, casas señoriales en Popayán. La prosperidad regional alcanzó su cima en el siglo XVIII, y sobre esa cima se educó la generación de Tomás Cipriano. Bolívar, con la crudeza que le permitía la correspondencia privada, llamaría después a los Mosquera, Arboledas, Arroyos y sus parientes los patriarcas esclavistas, una aristocracia sin título formal que se oponía al llamado partido de la canalla del que desconfiaba pero también se servía. Esa era la sociedad señorial que sobrevivió al orden republicano en las provincias del Cauca durante todo el siglo XIX, y de la que Tomás Cipriano fue, hasta el final, tributario y representante.

La familia dio a la República varios de sus hombres. Su hermano Joaquín Mosquera sería presidente en 1830, en el breve interregno tras la salida de Bolívar. Otro hermano, Manuel José Mosquera, sería arzobispo de Bogotá y —con una ironía que la historia se encargó de subrayar— jerarca de la Iglesia que Tomás Cipriano habría de desamortizar. En una misma casa payanesa convivieron así el poder militar, el poder político y el poder eclesiástico de la primera mitad del siglo.

Del bolivarianismo a la primera presidencia

Tomás Cipriano hizo su carrera dentro del ejército libertador y en la órbita directa de Bolívar. Allí se fraguó también una de sus enemistades más célebres. Durante el período bolivariano, José María Córdova lo acusó públicamente de cobardía y de incumplimiento del deber militar; el episodio dejó a Mosquera herido en lo profundo del alma y sembró un odio que jamás se disipó. La rivalidad creció con el ascenso político de Mosquera, y Bolívar debió convocar a ambos a Quito para forzar una tregua. Aquella enemistad con el influyente Mosquera fue uno de los empujones que terminaron llevando a Córdova a la rebelión.

En la Colombia del siglo XIX, el grado de general en las milicias regionales no siempre respondía a méritos estrictamente militares: el padrinazgo político, los vínculos familiares y la cercanía con el potentado regional pesaban tanto o más que las hojas de servicio. El ejército libertador se desmontó gradualmente bajo la lógica federalista, y en las regiones fue reemplazado por tropas paramilitares al mando de caudillos locales. Mosquera se movió con destreza en ese sistema: era, por origen y por convicción, uno de los potentados regionales cuya milicia y cuya influencia el nuevo orden republicano tenía que reconocer.

En la guerra de los Supremos (1839–1841) los rebeldes leyeron el conflicto como una maniobra del gobierno para hundir políticamente a José María Obando en beneficio de Mosquera y de su aliado Pedro Alcántara Herrán. Los gobiernistas, por su parte, atribuían la contienda a las ambiciones de los jefes locales. La caracterización, sesgada como toda propaganda de guerra civil, es reveladora en un punto: ya en esos años Mosquera era percibido como una de las piezas centrales del engranaje conservador-bolivariano, aliado natural de Herrán —que sin embargo tomaría a lo largo del conflicto varias iniciativas de paz—, adversario de Obando y del sur liberal.

En 1845 asumió por primera vez la presidencia de la República de la Nueva Granada. Aquel gobierno, que se extendió hasta 1849, fue la administración más modernizadora del período previo al medio siglo. Su ministro de Hacienda, Florentino González, impulsó en 1847 la reducción de las tarifas aduaneras, adoptando el liberalismo económico internacional que entonces se imponía como dogma en Europa y ganaba terreno en las Américas. El gobierno ordenó, desde 1848, la construcción del Capitolio Nacional en Bogotá, con la participación del arquitecto europeo Thomas Reed —una obra que tardaría décadas en concluirse y que hasta hoy preside la Plaza de Bolívar. En esa misma plaza, el 20 de julio de 1846, se había levantado la estatua del Libertador. Manuel Ancízar, uno de los intelectuales más finos del siglo, ocupó la subsecretaría de Relaciones Exteriores antes de convertirse en secretario de la Comisión Corográfica.

Durante estos años se firmó también el contrato definitivo para el ferrocarril de Panamá, obra que abriría al comercio internacional el istmo entonces neogranadino. Fue un gobierno de obras y de reformas económicas, coincidente con la agitación política que consolidaría los partidos Liberal y Conservador como identidades duraderas. En 1849, al término del mandato, el candidato conservador Rufino Cuervo representaría el espíritu de transacción con el liberalismo que el propio Mosquera había encarnado en el tramo final de su presidencia. Aquel primer Mosquera era, todavía, un hombre del bolivarianismo institucional.

La ruptura: guerra civil y toma del poder

La distancia entre el Mosquera de 1849 y el Mosquera de 1861 es abismal. En doce años, el patricio conservador se transformó en jefe de la revolución liberal radical. No fue una conversión ideológica: fue el cálculo de un caudillo que leyó el mapa del poder y decidió cambiar de bando.

El detonante fue el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez, que hacia 1859 promovió dos leyes cuya lógica centralizadora resultaba intolerable para los estados federales: una ley electoral que transfería a los poderes nacionales el control de los escrutinios, y una ley de orden público que permitía al poder central suspender a los gobernadores de los estados. Mosquera, entonces gobernador del Cauca, se declaró en rebeldía. La guerra que estalló en 1860 y se prolongó hasta 1862 lo llevó a encabezar a los rebeldes liberales del Cauca contra Bogotá.

Fue una guerra total en un país que había conocido ya varias. Desde el primer golpe de Estado, el del 4 de septiembre de 1830, la República no había vuelto a conocer paz duradera: ocho grandes guerras civiles y decenas de contiendas regionales jalonaron el siglo. Pero la de 1860–1862 tuvo un carácter singular: fue la única en toda la historia colombiana en que un gobierno fue derrocado de manera inequívoca mediante una guerra civil a gran escala.

Las fuerzas del Cauca bajo mando de Mosquera avanzaron hacia la Sabana de Bogotá, mientras otros generales liberales como Obando operaban en el sur, entre Popayán y Pasto. En el trayecto se suscribieron acuerdos que, en el marco del derecho de gentes, intentaron regular la conducta de los combatientes: el Pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales y el Armisticio de Chaguaní. Aquellos instrumentos —sobre el trato de prisioneros, heridos y población civil— convivían con la crudeza real de un enfrentamiento que no cedía.

El desenlace formal llegó en Bogotá el 20 de septiembre de 1861. Los plenipotenciarios de Bolívar, Santander, Tolima, Cauca, Cundinamarca, Boyacá y Magdalena firmaron el Pacto de Unión de los Estados Unidos de Colombia, reconociendo a Mosquera como presidente provisional y a Juan José Nieto como vicepresidente. El nombre mismo del país había cambiado; y el hombre que lo presidía, aunque llevara la casaca del liberalismo radical, era el mismo patricio caucano que dieciséis años antes había gobernado como conservador bolivariano.

La ruptura con la Iglesia

Nada define tanto la segunda presidencia de Mosquera como su ofensiva contra la Iglesia católica. Y nada revela mejor la lógica pragmática de su poder, porque no fue una guerra de convicción atea —Mosquera venía de una familia con un arzobispo dentro— sino una guerra por los recursos materiales y por la soberanía política de un Estado que se sentía menor frente a una institución mucho más rica que él.

Las cifras son elocuentes. En 1861, la Iglesia colombiana poseía propiedades avaluadas en diez millones de pesos. El presupuesto nacional era de dos millones. La institución religiosa disponía de cinco veces los recursos del Estado que pretendía gobernarla. Contra ese desequilibrio se dirigió el decreto del 9 de septiembre de 1861, firmado por Mosquera como presidente provisional: la desamortización de bienes de manos muertas, que adjudicaba a la nación los inmuebles en poder de corporaciones civiles y eclesiásticas, junto con capitales de censos y sus réditos. La medida alcanzó a comunidades religiosas, hermandades laicas y capellanías, y descargó sobre el patrimonio eclesiástico un golpe estructural.

A la desamortización se sumó la tuición de cultos, por la cual todo sacerdote debía solicitar permiso —el llamado pase— a las autoridades civiles y jurar obediencia a la Constitución para poder ejercer sus funciones religiosas. Los que se negaran podían ser desterrados sin procedimiento judicial. Y a la tuición se sumó la expulsión: los jesuitas fueron echados del país en 1861, y otras comunidades corrieron la misma suerte.

En enero de 1862, en plena guerra civil, Mosquera escribió al papa Pío IX una carta en la que intentaba justificar teóricamente su política. El nuevo Estado colombiano, argumentaba, debía heredar el derecho de patronato que la Corona española había ejercido en América desde el siglo XVI: el derecho a nombrar obispos y beneficiarios eclesiásticos, a intervenir en tribunales, a recibir diezmos, a controlar administrativamente al clero. Era la vieja tesis regalista aplicada al Estado republicano. Mosquera acusaba, además, a los sacerdotes indignos de haber deshonrado a la Iglesia con conducta escandalosa, avivado la guerra civil desde el púlpito y tomado ellos mismos las armas.

La carta iba a un destinatario particular: Pío IX era el primer papa que había vivido personalmente en América Latina, hecho que Mosquera invocaba como argumento de cercanía. Pero el papa respondería a Mosquera y a todos los liberales hispanoamericanos con el Syllabus errorum de 1864, que condenaría el liberalismo como error doctrinal y excluiría a la Iglesia de la administración de asuntos temporales bajo el poder civil. Se cerraba así un debate que Bolívar mismo había intentado orientar en otra dirección, cuando gestionó ante la Santa Sede el reconocimiento de la Gran Colombia como jurisdicción autónoma y consiguió de los papas León XII y Pío VIII la creación de un episcopado nacional independiente de la Corona española.

La ofensiva anticlerical no fue producto exclusivo de la voluntad de Mosquera. Miembros moderados de las élites tanto del Partido Liberal como del Conservador coincidían en la necesidad de someter a la Iglesia al gobierno civil, aunque los conservadores la defendieran como institución cultural. La disputa por el patronato era estructural: los gobernantes republicanos hispanoamericanos habían intentado a lo largo del siglo mantener ese mecanismo como instrumento para controlar un poder eclesiástico cuya base social y económica desbordaba la del Estado. Mosquera fue el ejecutor más radical de esa disputa, no su inventor. Y sus reformas, precisamente por responder a una demanda estructural, sobrevivirían a su persona: la Convención de Rionegro las mantuvo y prolongó en 1863.

La aplicación regional fue desigual. En Antioquia los ingresos obtenidos por la desamortización fueron sorprendentemente bajos, en parte porque la Iglesia local no había acumulado riqueza en la misma escala que en otras regiones, y en parte porque los terratenientes antioqueños, temerosos de la desaprobación eclesiástica, apenas redimieron censos en el tesoro nacional. La resistencia social a la reforma, discreta y capilar, moduló su efecto real. Décadas más tarde, el Concordato de 1887 negociado durante la Regeneración no lograría revertir el fondo de aquellas reformas, aunque restableció relaciones más armónicas entre la Iglesia y el Estado.

Rionegro y el país federal

Ganada la guerra, Mosquera necesitaba refundar la República. Para eso se convocó la Convención Nacional de Rionegro, que abrió sesiones en febrero de 1863. El presidente provisional llegó a la sede acompañado de una división militar fiel, anticipándose casi un mes al inicio de los debates. La explicación oficial fue de seguridad; el mensaje real era otro: los diputados sabían que el general estaba mirando.

Aun así, la Convención no fue instrumento dócil de Mosquera. Los liberales radicales que la dominaban tenían programa propio y lo impusieron. La Constitución fechada el 8 de mayo de 1863 —conocida como la Constitución de Rionegro— cambió el nombre del país a Estados Unidos de Colombia y adoptó un sistema federal extremo: nueve estados soberanos con facultades amplísimas frente a un gobierno central deliberadamente débil. Abolió la pena de muerte, garantizó libertades individuales de expresión, imprenta, religión y enseñanza en términos entonces inusitados, y contempló alguna forma de tenencia de armas por los ciudadanos. Solo podía reformarse con el consentimiento unánime de todos los estados, requisito que la volvía prácticamente inmodificable.

La Constitución mantuvo íntegras las leyes anticlericales de 1861. Bajo sus disposiciones se prolongó la expropiación de tierras, casas y edificios pertenecientes a comunidades religiosas, se ordenó el cierre de los conventos que desacataran las órdenes, y los diputados impulsaron una reforma educativa dirigida a eliminar la influencia de la Iglesia católica en la formación pública. Aquella carta —que sus enemigos llamarían la constitución hecha para ángeles y no para hombres— fue el pico ideológico del liberalismo colombiano del siglo XIX.

El 14 de mayo de 1863 la Convención nombró a Mosquera presidente de los Estados Unidos de Colombia. Su tercer mandato se extendería hasta el 1 de abril de 1864. Durante ese período libró la batalla de Cuaspud, el 6 de diciembre de 1863, contra el ejército ecuatoriano, y firmó el tratado de Pinsaquí el 30 de enero de 1864. La política internacional acompañaba a la doméstica: Mosquera actuaba como el hombre fuerte de un país cuya arquitectura constitucional había convertido al presidente en una figura casi ceremonial.

La cuarta presidencia y el golpe de 1867

Elegido por cuarta vez para el período 1866–1868, Mosquera regresó al poder envejecido pero no domesticado. El país que gobernaba era el que él había fundado, y sin embargo pronto entró en choque con las instituciones que la Convención de Rionegro había levantado. Su temperamento autoritario chocaba con el federalismo doctrinario de los radicales que lo habían acompañado; su tendencia a decidir por decreto, con el legalismo de un Congreso que pretendía tomarse en serio los frenos constitucionales.

El desenlace llegó en 1867. Un golpe rápido, sin derramamiento de sangre, lo derrocó y lo apartó definitivamente del poder. No fue una revolución en toda regla ni el resultado de una nueva guerra civil, sino un movimiento contenido, casi quirúrgico, ejecutado desde las propias filas del liberalismo. Fue, en cierto sentido, la venganza institucional de una república que Mosquera había ayudado a fundar y que ya no lo toleraba. Aquel derrocamiento —uno de los pocos exitosos del siglo XIX colombiano— cerró su ciclo como hombre de Estado.

Le sobrevivió una década larga. Murió en 1878, en Coconuco, en las tierras del Cauca donde su familia había construido su fortuna dos siglos atrás. El país que dejaba había cambiado de nombre y de forma bajo su mano; y sin embargo la red de familias que gobernaba el sur seguía siendo, en lo esencial, la misma que los Mosquera y los Arboleda habían tejido desde el siglo XVI.

Aliados, rivales y la red del suroccidente

Ninguna biografía política colombiana del siglo XIX se entiende sin su malla de parentescos y alianzas, y la de Mosquera menos que otras. Las redes familiares de Mosqueras, Valencias y Arboledas fueron, a lo largo de todo el siglo, los representantes más claros de la sociedad señorial que sobrevivió al orden republicano en el Cauca. Bolívar las identificó como la aristocracia esclavista del suroccidente y las opuso al partido de la canalla que abusaba de la libertad de prensa.

Dentro del bando gubernamental que Mosquera integró en sus años conservadores, Pedro Alcántara Herrán fue el aliado clave. Los rebeldes de la guerra de los Supremos lo consideraban el brazo civil de los intereses políticos de Mosquera, aunque a lo largo del conflicto Herrán tomó varias iniciativas de paz que matizan esa lectura. La política colombiana del siglo pasado se hacía en buena medida entre familias que se casaban entre sí y se heredaban los cargos: el propio Herrán transmitía influencias a su primo Francisco Javier Zaldúa, en un patrón que atravesaba ambos partidos y que reproducía la influencia política por vía de parentesco.

En el otro extremo del arco político y familiar del Cauca estaban los Arboleda, con quienes los Mosquera compartían sangre pero se disputaban orientación. Julio Arboleda encabezó en 1851 una rebelión conservadora contra el gobierno liberal de José Hilario López, junto con Eusebio Borrero en Antioquia y Pastor Ospina Rodríguez en Cundinamarca. Aquel alzamiento evidenció la capacidad de movilización armada del conservadurismo caucano —de la misma capa social a la que Mosquera pertenecía— y prefiguró los enfrentamientos que se prolongarían hasta la guerra de 1860.

Del lado liberal, Mosquera se alió con José Hilario López y con José María Obando —el mismo Obando cuyo hundimiento político los rebeldes de 1839 habían atribuido a las maniobras del gobierno en beneficio de Mosquera. Las alianzas del caudillo caucano cruzaban decisiones tácticas y viejas rencillas; en las guerras del siglo XIX colombiano, los enemigos de la víspera podían convertirse en compañeros de armas cuando se realineaban los tableros del poder.

Sobre esa red operaban mecanismos electorales que las élites regionales usaban para colocar aliados en el Congreso y defender intereses concretos de control económico y administrativo, como ilustraba el caso de Santiago Arroyo y sus vínculos con las principales familias de Popayán. Los cargos directivos del Estado se transmitían, en buena medida, como herencias familiares. Mosquera fue producto y agente de ese sistema. Su cambio de bando —del conservadurismo bolivariano al liberalismo radical— alteró la política nacional pero no el patrón de reproducción oligárquica del poder regional en el Cauca: la misma capa señorial que había producido a un presidente conservador en 1845 produjo al presidente liberal de 1861, y ambos eran el mismo hombre.

Huella

Mosquera legó un país transformado. El nombre de Estados Unidos de Colombia, que perduró de 1863 a 1886, definió una época; la Constitución de Rionegro dio forma jurídica al federalismo radical más audaz que ha tenido el país. La desamortización redistribuyó una masa patrimonial que la Iglesia colombiana no volvería a recuperar en las mismas proporciones. La ruptura con Roma, formalizada en la carta a Pío IX de enero de 1862, abrió una disputa entre el Estado y la Iglesia que solo el Concordato de 1887 lograría enmarcar de nuevo en términos negociados, y sin revertir el fondo.

Su figura resulta imposible de reducir a una etiqueta. Fue esclavista de origen y liberal de ejercicio; conservador bolivariano en 1845 y radical anticlerical en 1861; autoritario en el ejercicio del poder y demoledor de las instituciones autoritarias del país precedente. Pragmático antes que doctrinario, entendió la política como un juego de fuerzas donde las convicciones eran instrumentos y no dogmas. Precisamente por eso pudo ejecutar reformas estructurales que ningún liberal de pura convicción tenía la fuerza militar de imponer.

Pero esas reformas, una vez decretadas, adquirieron vida propia. Los diputados de Rionegro, los estados federados y las élites regionales sostuvieron y prolongaron lo que Mosquera había iniciado; y cuando su autoritarismo amenazó el mismo orden que había contribuido a fundar, lo derrocaron sin mayores contemplaciones. En eso reside la ironía última de su trayectoria: fue indispensable y prescindible al mismo tiempo, catalizador de un cambio histórico y víctima de la lógica institucional que ese cambio había instaurado.

En la memoria colombiana, Mosquera oscila entre dos imágenes que ninguna síntesis termina de armonizar. Para unos, el gran reformador liberal, el hombre que emancipó al Estado del tutelaje eclesiástico y federalizó una nación tercamente centralista. Para otros, el patricio esclavista que se disfrazó de liberal para conservar su hegemonía regional, el general autoritario que llegó armado a las convenciones y trató a la República como una hacienda ampliada. Ambas imágenes tienen sustento, y quizá por eso ninguna basta. Mosquera fue, más que un liberal o un conservador, la contradicción viva del siglo XIX colombiano: un hombre que llevaba dentro las tensiones estructurales de un país que apenas empezaba a inventarse a sí mismo.