Reformas liberales de medio siglo y abolición de la esclavitud (1850–1852)

Las reformas liberales de medio siglo y la abolición de la esclavitud

Entre 1850 y 1852, la Nueva Granada asistió al desmontaje jurídico simultáneo de dos instituciones que habían estructurado su orden social desde la Colonia: la esclavitud y el resguardo indígena. La ley del 21 de mayo de 1851, sancionada por el presidente José Hilario López, declaró libres a los esclavos existentes en el territorio a partir del 1° de enero de 1852; poco antes, en el mismo período de gobierno, se ordenó la partición y libre enajenación de los resguardos comunales. Ambas medidas se presentaron como piezas gemelas de una emancipación liberal: liberar cuerpos, disolver tutelas coloniales, incorporar a todos los habitantes a una república de ciudadanos iguales. La ejecución mostró otra cosa. La abolición indemnizó a los propietarios con dineros del Estado y no entregó tierra ni herramientas a los libertos; la disolución de los resguardos abrió las tierras comunales al mercado y, con ellas, la mano de obra indígena. En el Cauca y el litoral Pacífico —donde se concentraban esclavos, resguardos y la oligarquía payanesa que vivía de ambos—, esa asimetría reconfiguró el orden social: la ciudadanía formal llegó sin los recursos que la habrían hecho efectiva, y las relaciones de dependencia sobrevivieron bajo formas nuevas.

El mundo del que brotan las reformas

En marzo de 1849, tras una tormentosa sesión del Congreso, José Hilario López fue elegido presidente. No había alcanzado la mayoría absoluta, y el desempate se produjo bajo la presión de un pueblo vociferante —tal vez armado— agolpado alrededor del recinto. La imagen es útil: la administración que impulsaría las reformas nació con la calle encima, en un país que había recibido de lleno, apenas doce meses antes, la onda expansiva de la revolución francesa de febrero. En Bogotá, esa onda golpeó sobre todo a dos sectores: la juventud universitaria, permeable al pensamiento radical francés, y la clase artesanal, organizada en Sociedades Democráticas que discutían las cuestiones del día y presionaban directamente al gobierno. López simpatizaba con la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá y asistió a alguna de sus sesiones.

El país sobre el que iba a legislar seguía siendo, en lo esencial, el heredado del virreinato. La riqueza territorial estaba gravada por censos y diezmos, cargas patrimoniales que se transmitían con las propiedades y drenaban el producto agrícola entre censatarios y censualistas. El tabaco era estanco del Estado; los buques del Magdalena bajaban casi vacíos. Los resguardos indígenas, aunque debilitados por más de dos décadas de legislación republicana, seguían siendo el marco jurídico de amplias zonas del sur andino. Y la esclavitud, aunque erosionada por la ley de vientres de 1821, mantenía su lugar en la economía minera y agraria del occidente.

Ese occidente merece detenimiento. La élite payanesa había construido su fortuna a lo largo de la Colonia mediante un circuito ensamblado con precisión: minería de oro en el Chocó desde finales del siglo XVII, haciendas de producción mixta en el valle del Cauca para abastecer las zonas mineras, y cuadrillas de esclavos —de cincuenta a doscientos, a veces más— trabajando el aluvión en los ríos del Pacífico. La hacienda Coconuco, de unas treinta mil hectáreas y propiedad de la familia Mosquera, contenía dentro de sus confines dos minas de oro; los esclavos se repartían entre el laboreo minero y oficios agrícolas especializados —curtidores, molineros, queseros—, y la unidad se autoabastecía de lo esencial. Ese modelo, forjado en dos siglos, había sobrevivido a la Independencia. Popayán, sede de la élite, conservó su gravitación política durante la primera mitad del siglo XIX.

Los censos de los años 1850 son notoriamente poco confiables, pero sus números dibujan la sociología de la región. En el Gran Cauca, alrededor del veinte por ciento de la población era blanca, concentrada en las ciudades; menos del diez por ciento indígena, sobre todo en los altiplanos de Pasto, Túquerres e Ipiales; cerca del trece por ciento afrodescendiente; más del cincuenta por ciento de herencia mixta. Los propietarios del valle sentían el peso de esa aritmética: se veían rodeados y superados por una población que, esclavizada o libre, mestiza o negra, encarnaba a sus ojos una amenaza latente al orden. En Barbacoas, Buenaventura, Iscuandé y Tumaco, la fisonomía era otra: comunidades afrodescendientes asentadas en la selva pluvial del Pacífico, en un ecosistema poco fértil pero suficiente para la reproducción de la vida.

Sobre la esclavitud misma, la legislación republicana había avanzado con timidez calculada. La ley del Congreso de Cúcuta de 1821 declaró libres a los hijos de esclavas nacidos a partir de su promulgación, pero los sujetó a la tutela del amo de la madre hasta los dieciocho años, como compensación por gastos de crianza. Los esclavos adultos no fueron tocados. La ley del 29 de mayo de 1842 extendió la servidumbre de los libertos entre los dieciocho y los veinticinco años, prolongando la dependencia más allá de lo previsto en 1821. La autocompra, que en principio permitía a los esclavos acumular el valor de su manumisión trabajando parcelas o cascajeros de oro, era casi imposible en la práctica; la manumisión voluntaria, cuando ocurría, solía beneficiar a esclavas concubinas y a sus hijos mulatos. Bolívar había liberado a sus esclavos en dos etapas —condicionalmente en 1814, sin condiciones en 1821—, pero pocos hacendados siguieron el ejemplo.

Ese era el suelo sobre el que iba a operar la administración López: un país de rentas coloniales, resguardos en el sur, esclavitud en el occidente y una élite payanesa cuya riqueza dependía de todo lo anterior.

El gabinete y su programa

El coordinador del programa reformista fue Manuel Murillo Toro, secretario de Hacienda. Murillo, nacido en 1816, era un racionalista antes que un romántico; su Memoria de 1850 expresaba una fe firme en el progreso y en las mayorías democráticas, pero la envolvía en un cálculo económico preciso. El objetivo declarado era sacar a la Nueva Granada del espectro colonial e integrarla a la economía mundial liberal. Eso significaba, en concreto: suprimir monopolios, aliviar la propiedad territorial de cargas heredadas, descentralizar rentas hacia las provincias, ampliar el mercado interno rompiendo las economías de autoabastecimiento y sustituir progresivamente las contribuciones indirectas por gravámenes directos —Murillo consideraba las aduanas una necesidad transitoria.

La ley del 20 de abril de 1850 suprimió el diezmo. Aunque se presentó como una liberación de la propiedad territorial de una carga colonial, en la práctica benefició sobre todo al latifundio, que era quien más diezmo pagaba. En el mismo período se abrió la vía a la redención de los censos que gravaban propiedades urbanas y rústicas. Se suprimió el monopolio estatal del tabaco, medida cuyos efectos fiscales fueron menos catastróficos de lo que a veces se dijo y que tuvo una consecuencia decisiva: permitió asentar sobre bases sólidas las empresas de navegación a vapor por el Magdalena, hasta entonces sostenidas por buques que bajaban casi vacíos. El auge exportador del tabaco de Ambalema empezó a vincular la producción interior con los mercados externos, y con él el librecambismo se instaló como marco de sentido.

La descentralización de rentas transfirió a las provincias buena parte de la recaudación, en un movimiento que redistribuía poder hacia las burguesías regionales. En el Congreso de 1850-1851, esas burguesías —reunidas bajo la bandera del liberalismo— aprobaron el grueso de las leyes de trascendencia. Fue el momento culminante formal del proceso: sobre una misma sesión legislativa se articuló la refundación jurídica del país. Las reformas granadinas fueron, en varios frentes, más radicales que pasos equivalentes tomados por otros países latinoamericanos en la misma década.

Junto a las medidas económicas corrieron las eclesiásticas. En 1850 fueron expulsados los jesuitas. La ley del 27 de mayo de 1851 estableció que los curas párrocos serían elegidos por los cabildos seculares, invirtiendo un orden que atribuía a la jerarquía la disposición de sus ministros. La élite payanesa, católica hasta la médula y ligada por parentesco al clero, vio en estas medidas un ataque frontal a su forma de vida. La abolición de la esclavitud, en ese contexto, no fue una medida aislada: llegó como parte de un paquete que también tocaba altares, diezmos y monopolios.

La ley del 21 de mayo de 1851

El texto era breve. El artículo 1° disponía que, desde el 1° de enero de 1852, serían libres todos los esclavos existentes en el territorio de la República; desde esa fecha gozarían de los mismos derechos y tendrían las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes imponían a los demás granadinos. El artículo 2° establecía que el comprobante de libertad sería la carta expedida en favor de cada esclavo con arreglo a las leyes vigentes, previos los avalúos practicados con las formalidades legales. La ley fue sancionada por López con refrendo del secretario de Relaciones Exteriores, Victoriano de D. Paredes, y aprobada por el Congreso bajo la firma del presidente del Senado, Juan N. Azuero, y del vicepresidente de la Cámara, José Caicedo Rojas. El texto original no traía numeración; la denominación de Ley 2 de 1851 fue posterior.

Dos rasgos del texto pesarían más que su brevedad. El primero fue el lapso entre la sanción, en mayo de 1851, y la entrada en vigor, el 1° de enero de 1852. Ocho meses en los que la esclavitud siguió existiendo jurídicamente y en los que se practicaron los avalúos y se expidieron las cartas de libertad, procedimiento sobre el que se asentaba el pago de indemnizaciones a los propietarios. El segundo, más determinante, fue el diseño mismo del mecanismo: el Estado compró a los amos su propiedad esclavista, no entregó tierra ni herramientas a los libertos. La emancipación se concibió como una operación de compensación patrimonial hacia los antiguos propietarios. Cerca de diecisiete mil esclavos fueron liberados al entrar en vigor la ley en 1852; la mayoría estaba concentrada en las provincias mineras del occidente: Antioquia, Barbacoas, Buenaventura, Cauca y Chocó. Salvador Camacho Roldán había estimado que eran esas las regiones que más tenían que perder con la abolición, precisamente porque dependían en mayor medida de la mano de obra esclava.

Al amanecer del 1° de enero de 1852, decenas de miles de personas se despertaron jurídicamente libres, con una carta que lo certificaba y sin el más elemental de los medios materiales para ejercer esa libertad. La ley no había previsto acceso a la tierra, dotación de aperos ni programa alguno de transición. En un territorio como el Cauca y el Pacífico, donde la geografía era ya de por sí un cerco —selva, ríos, cordilleras, distancia a las ciudades—, la libertad formal chocó desde el primer día con la ausencia de las condiciones para volverla efectiva.

Los resguardos: la otra pieza del desmontaje

La legislación sobre resguardos venía de más atrás. La ley del 11 de octubre de 1821 había suprimido la capitación indígena y ordenado la liquidación de los resguardos, pero de momento no tuvo efecto mayor; fue derogada por el decreto dictatorial de Bolívar del 15 de octubre de 1828, que restableció el tributo indio bajo presión de sectores dominantes. A lo largo del siglo XIX, y con notable continuidad transversal a los partidos, la legislación republicana volvió una y otra vez sobre los resguardos con el mismo propósito: extinguirlos. Bajo el gobierno de López, hacia 1850, se ordenó la partición de las tierras comunales, medida que —como la abolición— fue más radical que sus equivalentes latinoamericanos.

El cálculo era explícito. Romper la economía de autoabastecimiento indígena ampliaba la demanda de bienes de consumo y engrosaba el mercado nacional; liberar la tierra comunal ponía en circulación una mano de obra hasta entonces adscrita a sus comunidades, en beneficio de un mercado laboral que las fuerzas económicas en ascenso querían abundante y barato. La eliminación de resguardos permitió, además, que muchos particulares y sectores de la élite agraria accedieran a grandes extensiones de tierra hasta entonces inaccesibles al mercado.

La convergencia con la abolición salta a la vista. Ambas reformas anunciaban emancipación e igualdad ciudadana; ambas producían, como efecto material, una masa de trabajadores sin recursos propios, forzada a vincularse a la hacienda o a la mina bajo formas contractuales nuevas. Pero la convergencia no fue producto de un plan único. La coalición que impulsó la disolución de resguardos reunió a grupos de intereses y partidos muy diversos, no siempre movidos por los mismos objetivos. Y la propia abolición contradecía frontalmente los intereses de los esclavistas caucanos, que no tardaron en rebelarse contra el gobierno que la había decretado.

La resistencia indígena fue más eficaz de lo que se suele reconocer. En las provincias sureñas de Popayán y Pasto, la geografía —cordilleras, cañones, ríos— dio a los resguardos una tregua frente a las políticas de división. Los paeces y otros pueblos del alto Cauca estrecharon lazos, protestaron con violencia cuando fue necesario, dilataron los trámites legales, se aliaron con líderes regionales del liberalismo y negociaron cuando podían. La Legislatura del Cauca terminó oponiéndose a la política nacional de división hasta 1886, cuando el nuevo marco constitucional cambió las reglas. Esa oposición no impidió las invasiones ni las usurpaciones por parte de haciendas de familias poderosas, pero mantuvo en pie una parte sustancial del entramado comunal que la ley había ordenado disolver. Las Cámaras Provinciales de Neiva, Riohacha, Cartagena y el Chocó se dirigieron al gobierno nacional oponiendo argumentos propios a la aplicación uniforme de las leyes sobre resguardos.

La reacción esclavista: julio de 1851

Que la ley de abolición había tocado un nervio profundo lo mostró la rebelión que estalló el 1 de julio de 1851, apenas seis semanas después de la sanción. Julio Arboleda, del Cauca, encabezó el alzamiento en su región; Eusebio Borrero lo hizo en Antioquia; Pastor Ospina Rodríguez en Cundinamarca. Contaron con apoyo del gobierno ecuatoriano. Las motivaciones declaradas fueron dos: revertir las medidas de orden eclesiástico y anular la abolición de la esclavitud.

Arboleda encarnaba con exactitud lo que estaba en juego. La familia Arboleda era propietaria de esclavos, y su patrimonio en el Cauca reposaba sobre haciendas y minas trabajadas por cuadrillas. La ley de mayo, aun con indemnización, disolvía el capital humano que sostenía esa economía. Que su hermano Sergio Arboleda desarrollara luego una obra de pensamiento conservadora sobre el orden social caucano no es dato menor: la resistencia a la abolición no fue solo económica, fue una defensa de un orden completo.

La rebelión fue derrotada a los pocos meses por fuerzas leales al gobierno constitucional. El gobierno de López había alimentado deliberadamente el conflicto de clases en las regiones conservadoras del suroccidente, con nombramientos de gobernadores afines a los artesanos y con una actitud menos contenedora que la que aplicaba en Bogotá, donde tendía más bien a desalentar a las Sociedades Democráticas. En Cali y Palmira se fomentó la hostilidad entre los democráticos y los terratenientes conservadores. Esa política, calculada para mantener a la oligarquía caucana a la defensiva, contribuyó a que la reacción esclavista se estrellara sin conseguir su propósito. La ley entró en vigor puntualmente el 1° de enero de 1852.

El día después en el Cauca y el Pacífico

La derrota militar de los propietarios no significó el desmoronamiento del orden que defendían. Significó que ese orden tuvo que reconfigurarse bajo un marco jurídico distinto. Como la ley no había entregado tierra ni herramientas a los libertos, buena parte de ellos entró al servicio de sus antiguos dueños bajo formas de peonaje. En el Cauca, los empresarios rurales buscaron reemplazar la mano de obra esclava mediante contratos de aparcería que adscribían a los trabajadores a las tierras que trabajaban. Se afianzó el sistema del terraje —pago del arrendamiento de la tierra en especie o en jornadas de trabajo—, que operó junto al peonaje para vincular a los libertos, ahora sin propiedad, a las mismas unidades productivas de las que habían sido propiedad ellos mismos.

Hubo, sin embargo, fuga. Después de la abolición, el movimiento de negros y mulatos hacia tierras baldías aumentó de manera significativa. En el valle del Patía, familias afrodescendientes libres se apropiaron de predios vacíos entre las haciendas ganaderas y formaron pequeñas parcelas —platanares, unidades económicas domésticas— al margen de las grandes propiedades o a orillas de los ríos. Paralelo a la consolidación de la hacienda ganadera patiana, se afirmaron dos palenques que dieron a la región una fisonomía propia: comunidades autónomas nacidas de la cimarronía y prolongadas en la etapa posabolición como espacios de vida al margen del mundo hacendatario. En el Pacífico, la selva absorbió a quienes optaron por el retorno a la minería con batea, único oficio que muchos conocían, complementado con la agricultura de subsistencia que hubo que aprender.

Los hacendados no se resignaron a esa fuga. Entre las estrategias para mantener a los libertos disponibles como fuerza de trabajo estuvieron el aumento deliberado de la distancia física entre las viviendas y los lugares de trabajo, y presiones diversas para excluir de ciertos territorios a los ex esclavos. La legislación posterior, además, dio a los propietarios una herramienta suplementaria: la figura de la vagancia. Miguel Antonio Caro describiría años después un mecanismo perverso: los libertos podían ser reclutados en el ejército como forma de castigo por desobediencia bajo la acusación de vagancia, y la propia dificultad de probar que uno no era vago se tomaba como indicio de vagabundaje. En la práctica, era casi imposible eludir el reclutamiento cuando se lo quería aplicar.

La abolición coincidió, además, con dos procesos que agravaron la crisis de la economía señorial caucana. La producción minera del occidente venía en descenso desde la Independencia, cuando la huida y el reclutamiento de esclavos durante las guerras habían interrumpido el ritmo de las cuadrillas. Y las guerras civiles se sucedieron sin tregua durante toda la segunda mitad del siglo XIX: el Cauca fue el principal teatro de conflicto armado en el país entre la Independencia y la guerra de 1876-1877. Los propietarios se vieron atrapados entre una mano de obra que huía, unos precios internacionales del oro que ya no compensaban, y unos enfrentamientos políticos que cada tanto arrasaban las cosechas. La región entró, tras la abolición, en una crisis estructural que se prolongaría por décadas.

En esos mismos años, grupos liberales con apoyo afrocolombiano protagonizaron disturbios en el Valle del Cauca; el temor de los propietarios a una ruptura del orden social se agudizó cuando los ataques contra propiedad eclesiástica se sumaron a las tensiones sociales heredadas de la abolición. La élite payanesa vivió el medio siglo como una amenaza continua a su lugar en el mundo. La fragmentación del Gran Cauca, décadas después, terminaría de mermar el peso político y territorial que había conservado desde la Colonia.

Las causas

Las razones estructurales del proceso están entretejidas y no admiten separación tajante. En el plano económico, las fuerzas liberales en ascenso —comerciantes de las burguesías provinciales, exportadores, hacendados del oriente vinculados al tabaco— convergían en la necesidad de ampliar el mercado nacional. Ese objetivo exigía dos cosas simultáneas: romper las economías de autoabastecimiento, esclavista y comunal indígena; producir trabajadores disponibles en el mercado libre. La retórica emancipadora del liberalismo no fue una cortina para ese cálculo: fue un lenguaje sinceramente creído por muchos de sus impulsores, pero embonaba con precisión en una economía que necesitaba trabajadores sin adscripción para funcionar.

A ese cálculo se sumó una atmósfera ideológica nueva. La revolución francesa de febrero de 1848 llegó a Bogotá con fuerza. La juventud universitaria bebía del pensamiento radical francés; los artesanos, organizados en las Sociedades Democráticas, importaban vocabulario y consignas de un ciclo revolucionario europeo. El liberalismo neogranadino de medio siglo no fue una copia mecánica de esa ola, pero sí un capítulo suyo. La consigna de igualdad ciudadana ganó una plausibilidad que no había tenido antes.

Y hubo, finalmente, una dimensión de disputa política que atraviesa todo lo demás. El liberalismo era el partido de una coalición heterogénea: burguesías regionales, artesanos, sectores universitarios, comerciantes librecambistas. Sus adversarios eran la oligarquía terrateniente conservadora, especialmente fuerte en el suroccidente, y la Iglesia. Las reformas eran también un instrumento de disputa por el poder regional: golpear a la élite payanesa en su base económica —esclavitud, resguardos, diezmo, monopolios— era, al mismo tiempo, debilitar al enemigo político. La agencia estuvo, en lo esencial, en manos de las élites liberales; los artesanos, los libertos y los indígenas jugaron papeles importantes, pero desde posiciones subordinadas dentro de la coalición.

El detonante fue el propio calendario político. La elección de López en marzo de 1849, bajo presión popular; la conformación de un gabinete con Murillo Toro a la cabeza de Hacienda; el Congreso de 1850-1851, con mayoría reformista; la ola de la revolución de 1848 aún fresca; la organización artesanal en su punto más alto. Fue en ese cruce donde las reformas pasaron del papel a la ley.

Las consecuencias

En el corto plazo, los efectos jurídicos fueron nítidos y los materiales, ambiguos. La esclavitud terminó como institución legal en el territorio granadino el 1° de enero de 1852. Diecisiete mil personas dejaron de ser propiedad de otros. Los resguardos entraron formalmente en proceso de disolución en las provincias donde la legislación se aplicó. El diezmo desapareció; el estanco del tabaco se abolió; los censos empezaron a redimirse; los curas párrocos pasaron a ser electos por cabildos; los jesuitas fueron expulsados. El andamiaje colonial del país recibió, en tres años, el mayor golpe de su historia republicana.

En el mediano plazo, el balance fue más ambiguo. La abolición no fue seguida de un programa de acceso a la tierra, y los libertos entraron al peonaje, al terraje, a los baldíos o a la selva pacífica. La disolución de los resguardos, donde se aplicó, transfirió tierra comunal a manos privadas y produjo la mano de obra barata que las fuerzas económicas necesitaban; donde no pudo aplicarse por resistencia indígena o distancia geográfica, dejó a las comunidades en un limbo jurídico que se prolongaría durante décadas. La economía señorial caucana, golpeada por la abolición, el descenso minero y las guerras civiles, entró en una crisis estructural. Las élites payanesas conservaron poder político por un tiempo, pero su base material se erosionaba.

En el largo plazo, la revolución de medio siglo consolidó al liberalismo y al conservatismo como las dos instituciones políticas centrales del país. Los realineamientos que dejó —artesanos con el liberalismo, oligarquía terrateniente y clero con el conservatismo, regiones enteras marcadas por su posición frente a las reformas— dieron el molde de la política colombiana por el resto del siglo XIX. El sufragio universal masculino, aprobado en el período, amplió la participación política sin resolver las asimetrías materiales que la desigualaban. Y en el Cauca y el Pacífico, la fisonomía social de la posabolición —libertos sin tierra, indígenas resistiendo la disolución de sus comunidades, propietarios en crisis, palenques y comunidades ribereñas afirmándose al margen— se instaló como paisaje duradero.

Coda: lo que dijo la ley y lo que no

La ley del 21 de mayo de 1851 se recuerda a veces como el gran gesto emancipador de la Nueva Granada, y en un sentido preciso lo fue: el Estado declaró jurídicamente libres a decenas de miles de personas y sostuvo esa declaración frente a una rebelión armada. Pero recordarla solo así deja fuera lo que la ley calló. Calló sobre la tierra: no la entregó a quienes durante generaciones la habían trabajado. Calló sobre las herramientas: no dotó de medios de producción a los libertos. Habló, en cambio, del avalúo y la indemnización: puso al Estado a pagar el precio de la mercancía humana a quienes la habían poseído.

Ese silencio tiene una geografía. Se lee todavía en los platanares del Patía y en los palenques que sobrevivieron a la cimarronía, en los ríos del Pacífico donde la batea reemplazó a la cuadrilla, en las tierras del alto Cauca donde los paeces siguieron pleiteando resguardos que la ley había dado por muertos, en los peonajes y terrajes que la hacienda inventó para retener a quienes ya no podía comprar. Se lee en el hecho, no menor, de que la propiedad comunal indígena y afrodescendiente haya tenido que ser reconquistada jurídicamente por vías propias del siglo XX, ciento cuarenta años después de la carta que declaró a sus antepasados iguales ante la ley.

Los redactores de 1851 no diseñaron esa geografía en un pizarrón. La produjeron por acumulación de decisiones y omisiones, entre coaliciones frágiles y resistencias imprevistas; la propia rebelión de julio y la terquedad paez lo prueban. Pero la produjeron. La república de medio siglo emancipó cuerpos y compensó a los amos; a los emancipados les entregó una carta, un nombre nuevo y la intemperie. El resto —el peonaje, el terraje, la vagancia, la fuga a la selva— lo escribieron ellos, sin ley que los amparara.