Idea transversal

Latifundio

El latifundio es la forma dominante de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, un dispositivo activo de acumulación que se ha reinventado desde la merced real del siglo XVI hasta el despojo paramilitar del siglo XXI, y cuya persistencia explica el conflicto agrario, la debilidad del Estado rural y la fisonomía social del país.

4.345 palabras66 documentos86 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1493
Bula papal y pacto colonial fundacional
1590
Composiciones y legalización de usurpaciones
1600
Dominio del latifundio ganadero en el Valle del Cauca y la Costa Caribe
1861
Desamortización de bienes de manos muertas
1926
Sentencia de la Corte Suprema y la prueba diabólica
1936
Ley 200 de 1936 y la función social de la propiedad
1961
Ley 135 de 1961 y creación del INCORA
1970
Pacto de Chicoral y contrarreforma agraria
2014
Agudización de la concentración: Gini de 0,905

La lectura

El latifundio colombiano no es una herencia pasiva del período colonial sino un mecanismo activo que ha sabido adaptarse a cada transformación jurídica, económica y política del país: sobrevivió a la Independencia, absorbió la desamortización liberal, neutralizó las reformas agrarias del siglo XX y se expandió mediante el despojo violento de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Su rasgo más persistente es la capacidad de utilizar el marco legal como instrumento de consolidación: las composiciones coloniales, los bonos territoriales del siglo XIX, la moderación de la Ley 135 de 1961 y el Pacto de Chicoral son momentos distintos de un mismo patrón en el que la ley enuncia redistribución y el poder territorial produce concentración. El complejo latifundio-minifundio que define la estructura agraria colombiana no es solo una desigualdad estadística: es la arquitectura de un orden social en el que el acceso a la tierra determina quién manda en el municipio, quién trabaja para quién y qué caminos se construyen. La frontera agraria ha operado históricamente como válvula de escape de ese orden, desplazando hacia la periferia selvática la presión campesina que de otro modo habría exigido redistribución en el centro, reproduciendo en cada nueva colonización el mismo ciclo de apertura por el pobre y apropiación por el rico que la ley de tres pasos describe con precisión brutal. Que el coeficiente Gini de tierras haya subido de 0,86 a 0,905 entre 1970 y 2014, en plena era de reformas y restituciones, es la medida más elocuente de la resiliencia estructural del latifundio colombiano.

El latifundio en Colombia

El latifundio es la forma dominante de propiedad de la tierra en Colombia y también el motor que explica, más que ninguna otra estructura, la persistencia del conflicto agrario, la debilidad del Estado en la periferia rural y la fisonomía misma del país. No es una reliquia colonial que se resiste a morir: es un dispositivo activo de acumulación que ha sabido reinventarse en cada coyuntura —de la merced real del siglo XVI al despojo paramilitar de los años dos mil— utilizando la frontera agraria como válvula de escape y las reformas legales como un cedazo que retiene la concentración y deja escapar los intentos redistributivos. En 1970 el coeficiente Gini de tierras se situaba en 0,86; en 2014, tras medio siglo de reformas agrarias, colonizaciones dirigidas, guerras y programas de restitución, había subido a 0,905. En el mismo intervalo, los predios mayores de mil hectáreas pasaron de ocupar el 30,4 % del área agropecuaria al 61,2 %. Ese salto —una estructura que se refuerza mientras la ley promete lo contrario— es el enigma que este artículo intenta desentrañar.

Qué es un latifundio, qué es una hacienda

En el lenguaje corriente colombiano, latifundio y hacienda tienden a superponerse, pero conviene separarlos. La hacienda es una unidad productiva: una finca agrícola operada por un terrateniente dominante y una fuerza de trabajo dependiente, organizada para abastecer un mercado pequeño con capital escaso, en la que los factores de producción no solo generan acumulación sino que sostienen las aspiraciones de estatus del propietario. Tiene un componente económico y otro social, inseparables: el hacendado produce carne, caña o café, pero también produce jerarquía, apellido, silla en el cabildo. El latifundio, en cambio, es una escala de propiedad: la gran extensión de tierra, muchas veces subutilizada, que concentra en pocas manos lo que sostiene la vida de muchos.

En Colombia, latifundio y hacienda han convivido con tal frecuencia que la distinción analítica se borra en la práctica. La hacienda es el latifundio en funcionamiento; el latifundio es la hacienda vista desde el catastro. Ambos existen dentro de un complejo estructural mayor, el binomio latifundio-minifundio, que es la forma específica de la estructura agraria colombiana: en un extremo, las pequeñas parcelas de menos de cinco hectáreas, insuficientes para reproducir a la familia campesina; en el otro, las grandes propiedades que concentran la mayor parte del área productiva. Hacia principios de la década de 1960, los predios menores de cinco hectáreas eran el 55 % de las unidades agrarias pero ocupaban apenas el 4,18 % de la tierra productiva; los mayores de cien hectáreas, con solo el 4,5 % de las propiedades, controlaban el 64 % del área. Esa desproporción no es un accidente estadístico: es el resultado de cuatro siglos de decisiones jurídicas, ocupaciones violentas y trabajo campesino no remunerado.

La estructura agraria, entendida como el conjunto de relaciones cuyo núcleo es la propiedad sobre la tierra y los medios de producción, se articula en cinco planos: tenencia, uso de recursos, relaciones sociales, relaciones de poder y relaciones de mercado. El latifundio colombiano los articula todos: define quién trabaja para quién, qué se produce, qué caminos se abren, quién manda en el municipio y a qué mercados se conecta la región. Por eso hablar de él no es hablar solo de hectáreas.

Del repartimiento a la merced: el pacto colonial

El latifundio colombiano nace del pacto fundacional entre la Corona española y los conquistadores. La Corona se consideraba, por la bula de Alejandro VI de 1493, legítima propietaria de las tierras del Nuevo Mundo; los conquistadores, a cambio de someter esos territorios, recibían privilegios sobre la distribución del suelo y sobre sus habitantes. Ese pacto se materializó en dos instituciones distintas pero entrelazadas: la encomienda y la merced de tierra.

La encomienda no era, en su formulación jurídica, una concesión de tierras. Era el derecho de un hidalgo a percibir el tributo —en trabajo, en granos, en mantas— de un grupo de indígenas, a cambio de protegerlos y catequizarlos. El repartimiento de indios fue su base operativa: el conquistador recibía fuerza laboral y podía emplearla, casi sin límites, en la actividad económica que escogiera. La merced de tierra, otorgada por la Corona a través de audiencias y gobernadores, era otra cosa: la concesión formal de un pedazo de suelo. En teoría, controlar hombres y poseer tierras eran regímenes separados. En la práctica, los títulos de encomienda mencionaban con ambigüedad calculada las labranzas y tierras de los indios como parte de lo concedido, y la frontera entre ambos derechos se difuminó desde el principio.

Sobre esa ambigüedad crecieron los primeros grandes patrimonios. Cuando la población indígena empezó a colapsar —hacia finales del siglo XVI la caída era ya alarmante—, la Corona intentó reorganizar el sistema. Instituyó los resguardos, territorios de propiedad comunal indígena donde el corregidor de indios sustituía al encomendero como recaudador del tributo. Pero los resguardos reunían en una misma unidad poblaciones de orígenes y tradiciones distintas, y desde su fundación sufrieron la presión de blancos pobres y mestizos sin tierra, la invasión de ganado de los terratenientes vecinos y la resistencia interna de indígenas que no se resignaban a haber perdido sus tierras originarias. Mientras tanto, la despoblación dejaba vacíos enormes que se incorporaban a los aposentos de los encomenderos o se convertían en nuevas mercedes. Las composiciones posteriores a 1590 —el procedimiento mediante el cual la Corona, a cambio de un pago, saneaba títulos precarios o legalizaba usurpaciones— fueron el mecanismo por el que buena parte de la apropiación irregular se volvió, retroactivamente, propiedad legítima.

En el siglo XVII, cuando la encomienda entró en decadencia, la sustituyó el régimen de conciertos: un sistema en teoría más regulado de distribución de mano de obra indígena. El control estatal, sin embargo, era mínimo: había pocos funcionarios y los corregidores de partido tenían nexos más inmediatos con los terratenientes locales que con la audiencia distante. La ley decía una cosa; el hacendado y el corregidor pactaban otra. Ese patrón —marco legal que se enuncia en Santafé o Madrid y se disuelve en la parroquia— quedaría como una constante estructural.

En el Nuevo Reino de Granada convivieron desde el principio tres formas de concentración: las encomiendas de particulares, las mercedes otorgadas por la Corona y los grandes latifundios de las comunidades religiosas. Las tres sentaron las bases del edificio.

La geografía del hato: valles, sabanas y costa

El latifundio colombiano no fue uniforme. Se especializó por regiones, según el clima, la mano de obra disponible y las rutas mercantiles.

En el valle del Cauca, el siglo XVII fue el siglo del latifundio ganadero. Los propietarios residían en las ciudades —Cali, Buga, Caloto, Popayán— y sus rebaños pastaban en llanuras extensas cuidadas por un número reducido de trabajadores. Cuando se abrió la frontera minera del Chocó, el modelo cambió: el nuevo mercado exigía carne, aguardiente de caña y víveres, y la llegada masiva de esclavos alteró la ecuación entre tierra y trabajo. Apareció entonces la hacienda propiamente dicha, con reacomodo de las tierras más fértiles hacia cultivos intensivos y una progresiva erosión de los grandes rebaños del valle. La caña sustituyó, en parte, al pasto.

En la Sabana de Bogotá, la ganadería fue de otro orden: el ganado, cruzado con razas europeas, mejor alimentado y cuidado, producía en promedio entre 400 y 450 libras de carne. Las haciendas sabaneras coloniales —el caso Lozano es paradigmático— operaban con arrendatarios estables que ocupaban estancias por tiempo fijo pagando renta en dinero o en especie, como las cargas de harina del vínculo de Pastrana. El altiplano, con población indígena densa concentrada en resguardos, permitió esa forma de relación laboral relativamente estable.

La costa Caribe es un caso aparte. Allí el latifundio ganadero se construyó desde el siglo XVII bajo la forma del hato-hacienda, con relaciones directas de producción distintas del feudalismo europeo. En la región de Mompox y Loba, la cadena de dominio de la propiedad puede rastrearse desde Diego Ortiz Nieto en el siglo XVII hasta los marqueses de Torre Hoyos hacia 1745: un patrimonio que atraviesa la Colonia entera cambiando de manos pero no de escala. Y fue en la costa donde se perfeccionó el mecanismo que reproduciría el latifundio en cada nueva frontera abierta durante los siguientes tres siglos: la llamada ley de tres pasos. Primero, el colono tumba el monte, quema la maleza, siembra pancoger y habilita la tierra. Después, presionado por deudas, aislamiento o intimidación, vende sus mejoras a bajo precio a un finquero. Finalmente, un gran terrateniente absorbe las fincas del intermediario y las incorpora a su hacienda. El costo de abrir la frontera lo paga el más pobre; la rentabilidad de la tierra habilitada la cosecha el más rico. En el Sinú, una sola hacienda construida con este mecanismo llegó a cubrir unas doce mil hectáreas de las mejores tierras, incluyendo predios como Coco, La Ceibita, El Cedro, Rosavieja y El Tajo, y combinaba ganadería con producción de azúcar.

La República hereda, la República tolera

La Independencia no tocó la estructura de la propiedad. Los títulos coloniales se convirtieron en títulos republicanos con la misma naturalidad con que las mercedes se habían convertido en composiciones dos siglos antes. En la segunda mitad del siglo XIX, el Estado liberal intentó dos operaciones que, en la superficie, parecían apuntar a democratizar la tierra: la desamortización de bienes de manos muertas, decretada el 9 de septiembre de 1861 por Tomás Cipriano de Mosquera, y la política de baldíos. Mosquera justificó su decreto sosteniendo que la falta de libre circulación de propiedades administradas por corporaciones —las comunidades religiosas, sobre todo— era un obstáculo para la prosperidad nacional. Pero la venta de esos bienes no democratizó la tenencia: los compraron quienes tenían capital, y consolidaron nuevos latifundios laicos sobre las antiguas propiedades eclesiásticas.

La política de baldíos operó en la misma dirección. La ley de 1868 exigía elevados gastos iniciales de deslinde, imposibles de cubrir por un colono pobre. El Código Fiscal de 1873 fijó un precio mínimo de cincuenta centavos por hectárea y estableció que la compra podía hacerse mediante bonos territoriales, títulos de deuda pública que estaban en manos de la clase mercantil urbana. El mecanismo formal para adjudicar tierras nacionales terminó siendo un instrumento de acumulación para quienes ya tenían patrimonio, mientras el colono real —el que abría el monte con hacha— quedaba sin título y disponible para ser desalojado.

La judicialización de la propiedad agravó el problema. La Corte Suprema de Justicia estableció en 1926, y reiteró en 1934, que quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a una concesión de la Corona o de la República. Era la prueba diabólica: pocos terratenientes disponían de esa cadena documental completa, y menos aún los colonos. La sentencia abrió una crisis de titulación que sacudió la política agraria durante toda la década de 1930, y de la que salieron los conflictos que marcarían el siglo.

Aparcería, arrendamiento y las ligas del Sumapaz

Antes de examinar las reformas, hay que mirar el interior de la hacienda. El latifundio colombiano no funcionó como un vacío de trabajo esclavo, ni como una plantación al modo brasileño o cubano: funcionó con una capa densa de relaciones de dependencia que la ley apenas formalizaba. En las haciendas cafeteras de Cundinamarca, Tolima y el Viejo Caldas coexistían aparceros, arrendatarios, obligacioneros, agregados y vivientes. Cada categoría implicaba un modo distinto de acceder a la tierra: unos entregaban al propietario una porción de la cosecha —que podía llegar a una tercera parte en el café—, otros trabajaban un número fijo de días en las tierras del hacendado, otros compartían los cultivos de subsistencia. Los acuerdos, hasta bien entrados los años treinta del siglo XX, eran verbales.

La verbalidad no era descuido: era estructura. Un contrato oral se interpreta como el propietario lo interpreta, y era el propietario, no el aparcero, quien decidía el tamaño de la parcela asignada. Ese control sobre la extensión de la tierra entregada era el mecanismo silencioso mediante el cual la hacienda aseguraba la disponibilidad de mano de obra: una parcela demasiado pequeña no reproducía la familia y obligaba al aparcero a vender su trabajo al hacendado; una parcela adecuada volvía innecesaria esa venta. Los trabajadores residentes vivían al borde de la pobreza: debían trabajar gratis en la construcción de caminos, servir como policías rurales, pagar peaje por el uso de los caminos internos de la hacienda.

En el Valle del Cauca, la trayectoria de las haciendas azucareras —la familia Éder es el caso más documentado— muestra otra transición: del sistema de explotación arrendataria hacia un peonazgo hacendatario que se fue modernizando con la llegada del ingenio y del mercado exportador. En la Sabana, la hacienda Fagua, entre 1917 y 1941, combinaba jornaleros temporales con arrendatarios estables, en un arreglo en el que el arrendamiento operaba menos como negocio inmobiliario que como estrategia para retener fuerza de trabajo cerca de la casa grande.

Sobre ese entramado estalló el conflicto agrario de los años veinte. En Sumapaz y Tequendama, los aparceros cafeteros exigían el derecho a sembrar café en sus parcelas —derecho que los hacendados les negaban para evitar la competencia y la autonomía económica del arrendatario— y los colonos disputaban a los herederos de títulos coloniales unas trescientas mil hectáreas situadas entre Bogotá, Usme, Pandi, Cunday, San Martín y La Uribe, que unos consideraban baldíos y otros propiedad heredada. Allí emergió como dirigente Juan de la Cruz Varela, y allí, en el sur del Tolima cafetero, alrededor de 1936, unos mil ochocientos colonos invadieron tierras sobre el río Combeima aprovechando la poca claridad de los títulos de una hacienda. Las ligas agrarias del período tejieron una tradición organizativa que iba a alimentar, décadas después, tanto la lucha campesina como la insurgencia.

Ley 200, Ley 135: la reforma que sanea

La Ley 200 de 1936, impulsada bajo el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, suele recordarse como la primera reforma agraria colombiana. Su intención era doble y ambigua: por un lado, subsanar el problema de los títulos que la sentencia de 1926 había vuelto ingobernable, ofreciendo a los terratenientes un camino para regularizar propiedades cuya cadena documental era imposible de reconstruir. Por otro, introducir el principio de la función social de la propiedad: la tierra debía cumplir un destino productivo, y su artículo sexto —considerado el más revolucionario de la ley— contemplaba consecuencias para los predios incultos. La disposición prometía transformar la relación con la tierra ociosa, pero su aplicación práctica fue tan tímida que quedó como letra.

En el corto plazo, la Ley 200 sirvió más para consolidar propiedades que para redistribuirlas: legalizó títulos precarios, estableció trabas al lanzamiento de colonos ocupantes y, sobre todo, dio a los grandes propietarios una base jurídica firme para expulsar a los aparceros que empezaban a sembrar café por su cuenta. Complementada más tarde por la Ley 100 de 1944, terminó reforzando la aparcería como régimen laboral en lugar de disolverla.

La Ley 135 de 1961, promulgada durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo en el marco de la Alianza para el Progreso y llevada adelante bajo Carlos Lleras Restrepo, fue el segundo intento. Cuando se debatía, los predios menores de cinco hectáreas —el 55 % del total— ocupaban apenas el 4,18 % de la tierra productiva, y los mayores de cien —el 4,5 %— concentraban el 64 %. El proyecto original contemplaba herramientas redistributivas robustas para combatir simultáneamente el minifundio y el latifundio, pero encontró una oposición feroz y fue moderado en el texto final. La ley creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, estableció la figura de los procuradores agrarios y contempló mecanismos para adjudicar baldíos y declarar la extinción de dominio sobre tierras incultas.

Sobre el papel, era un aparato completo. En la práctica, entre 1960 y 1970 la concentración aumentó en lugar de disminuir: las explotaciones menores de diez hectáreas perdieron peso en número y en superficie, las unidades medias siguieron perdiendo importancia relativa, y los estratos por encima de las cincuenta hectáreas crecieron, con incrementos particularmente marcados en el estrato más alto. La reforma legal existió; la reforma real, no.

La ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fue creada en julio de 1970 durante el gobierno de Lleras Restrepo, con base en el Decreto 755 de 1967, precisamente para movilizar la base campesina que la reforma prometía. Llegó a inscribir entre ochocientos mil y ochocientos cuarenta y cinco mil usuarios: casi un millón de campesinos organizados. En agosto de 1971, reunida en Fúquene, la ANUC aprobó el Mandato Campesino, un documento que exigía la extinción del dominio de las tierras privadas incultas, la expropiación del latifundio y declaraba la autonomía de la organización frente al gobierno bajo la consigna la tierra pa'l que la trabaja.

La respuesta de las élites no se hizo esperar. Durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero se pactó el llamado Acuerdo de Chicoral, negociado entre el ejecutivo y los grandes propietarios, que dio por terminada la amenaza redistributiva y se tradujo en legislación posterior de signo contrario. La Ley 6ª revirtió la posibilidad que las leyes de 1936 y de 1968 habían abierto —que un aparcero o arrendatario pudiera convertirse en propietario del terreno tras diez años de trabajo—, y con ello se cerró la única vía legal por la que el campesino trabajador podía acumular derechos sobre la tierra que hacía producir. Chicoral no fue solo el fin de una reforma: fue la conversión formal del Estado en garante del statu quo agrario. Sus efectos moldearon la política de tierras durante toda la segunda mitad de los años setenta y los ochenta: la concentración quedó intacta en las zonas agrícolas centrales, y el excedente campesino fue empujado hacia la colonización periférica, los barrios subnormales de las ciudades y los minifundios insuficientes.

La frontera como válvula: colonización que reproduce

Uno de los rasgos más particulares del latifundio colombiano es que ha convivido, sin resolverse, con una frontera agraria en movimiento perpetuo. Cada vez que el conflicto por la tierra en las zonas viejas ha amenazado con estallar, el Estado y las élites han ofrecido una salida: colonizar el monte, ir más allá, abrir nuevas tierras. Y cada vez, en la nueva frontera, la ley de tres pasos ha reproducido el patrón.

En el Caquetá, durante la primera mitad del siglo XX, las adjudicaciones en el rango de 501 a 2.500 hectáreas controlaron el 93,10 % de la superficie asignada representando solo el 26 % del total de adjudicaciones, mientras los pequeños colonos, que sumaban el 69,57 % de las adjudicaciones, se repartían apenas el 4,21 % de la superficie. Entre 1962 y 1995, en el mismo departamento, la gran propiedad —predios de más de doscientas hectáreas— concentró el 12,2 % del área con solo el 1,2 % de los adjudicatarios. Algunos individuos llegaron a poseer, para principios de los años sesenta, entre treinta y cinco mil y setenta y dos mil hectáreas, acumuladas mediante compras a colonos ya establecidos e intimidación violenta a los recién llegados.

En Arauca, entre 1961 y 1973, el INCORA adjudicó 85.830 hectáreas en el marco de la colonización dirigida. La región, aislada del centro del país —con comunicación predominantemente fluvial y una sola ruta aérea comercial inaugurada en 1959—, requería inversión estatal en vías y servicios que la ley contemplaba pero que nunca llegó en la escala prometida. La colonización dirigida por el INCORA en el piedemonte oriental, el Magdalena Medio, la altillanura Meta-Vichada, el sur de Córdoba y Urabá no tuvo efectos significativos sobre la concentración de la tierra: mientras se abrían nuevos frentes, en los viejos la propiedad seguía concentrándose. El 76,9 % de los conflictos de tierra registrados en 1971 se localizaban precisamente en los latifundios de la costa Atlántica, los valles interandinos y los Llanos Orientales, es decir, en las zonas donde el capitalismo agrario ganadero se consolidaba. La colonización no descomprimía: aplazaba.

Y La Violencia bipartidista añadió al proceso una capa brutal. El despojo de aproximadamente 393.648 parcelas, calculado por Paul Oquist principalmente en Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, el antiguo Caldas y Norte de Santander, empujó a cientos de miles de campesinos hacia colonizaciones espontáneas donde el ciclo volvía a empezar. Cada oleada de violencia rural fue seguida por una oleada de colonización, y cada colonización terminó, en el mediano plazo, produciendo nuevas concentraciones.

Narcotráfico, paramilitares y la reconcentración de los ochenta

Hasta comienzos de los años ochenta, la estructura latifundista colombiana se movía a los ritmos lentos de la ley, la política y la migración campesina. A partir de esa década entró un actor que aceleró todos los procesos: el narcotráfico. Desde finales de los años ochenta hasta los primeros años del siglo XXI, narcotraficantes compraron entre tres y cuatro millones de hectáreas de tierra. Lo hicieron por razones que combinaban lavado de capitales, búsqueda de estatus rural —la vieja hacienda como signo de ascenso social, ahora al alcance del recién enriquecido— y necesidad de control territorial en un país donde la propiedad rural sin seguridad estatal exigía seguridad privada.

Esa seguridad privada se llamó paramilitarismo. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y luego las Autodefensas Unidas de Colombia, encabezadas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso entre otros, apuntalaron un modelo de desarrollo rural basado en la ganadería extensiva y la agroindustria, y su expansión estuvo asociada de manera indisociable a la reconcentración de la tenencia de la tierra. Entre 1980 y 2010, más de 6,6 millones de hectáreas fueron perdidas o abandonadas por desplazamiento forzado; el 79,3 % de ese despojo ocurrió entre 1998 y 2008. Más de 537.503 familias fueron despojadas de sus tierras o forzadas a abandonarlas entre 1985 y 2013. Solo entre 1995 y 2004, ocho millones de hectáreas cambiaron de manos por vía violenta.

La geografía del despojo empezó en Urabá, el sur de Córdoba, el Magdalena Medio y las zonas limítrofes con los Llanos Orientales, y desde la segunda mitad de los años noventa se expandió al resto del Caribe, sobre todo los Montes de María y el corredor minero del Cesar. En los Montes de María, la coincidencia es reveladora: allí donde en los años setenta la ANUC había protagonizado tomas de tierras y donde los campesinos habían intentado forzar la reforma agraria, veinte años después ocurrieron algunas de las masacres paramilitares más brutales del país. El despojo no fue únicamente militar: se valió también de mecanismos administrativos y judiciales que facilitaron la transferencia formal de la propiedad a nombres nuevos, en un fenómeno que implicó grados variables de complicidad institucional. Los líderes campesinos y de organizaciones de víctimas que empezaron a reclamar tierras despojadas fueron sistemáticamente asesinados; los nombres —como el de Rogelio Martínez, o los tres líderes asesinados en menos de quince días en un solo episodio— se acumulan en un martirologio que la restitución nunca ha logrado cerrar.

Entre 2002 y 2009, el índice de concentración de la tierra aumentó un 2,5 %, con un pico particular en 2005, en el 57 % del territorio nacional. Ese incremento coincidió con la fase de consolidación paramilitar y con la negociación y desmovilización de las AUC bajo la Ley 975 de 2005. La reconcentración no fue un efecto colateral del conflicto armado: fue uno de sus productos centrales.

Un país que se aleja

En 2005, en el Valle del Cauca, el 2,39 % de los propietarios controlaba el 45,78 % de la tierra, mientras el 88,26 % de los propietarios más pequeños se repartía el 22,19 %. Entre 2000 y 2015, el Gini rural aumentó en 21 de los 31 departamentos. En 2016, Colombia ocupaba el primer lugar del ranking latinoamericano de desigualdad en la distribución de la tierra: el 1 % de las explotaciones de mayor tamaño controlaba más del 80 % de la superficie.

Es tentador leer esa cifra como el peso muerto del pasado colonial, la larga sombra de la merced real. Sería solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que la concentración se ha renovado en cada generación mediante actores nuevos: los colonos que abren la frontera y luego la pierden, los narcotraficantes que lavan capitales, los paramilitares que despojan por encargo o por cuenta propia, los ganaderos que compran las mejoras a un cuarto de su valor. El latifundio no es una herencia inerte: es un mecanismo activo que ha capturado sistemáticamente cada intento del Estado por transformarlo, convirtiéndolo en su instrumento. La Ley 200 saneó títulos. La Ley 135 legitimó la moderación. Chicoral desmontó los avances. La Ley 6ª cerró la puerta del aparcero. La colonización dirigida abrió nuevas fronteras para viejas concentraciones. La restitución de tierras posterior a 2011 se ha topado con el asesinato sistemático de sus reclamantes.

El trabajo intelectual sobre el problema no ha faltado. Desde las advertencias tempranas de Alejandro López sobre la estructura de la propiedad rural, pasando por la crítica de Antonio García Nossa al latifundio como obstáculo del desarrollo, hasta los diagnósticos regionales de Orlando Fals Borda sobre la costa Caribe y las investigaciones sistemáticas de Absalón Machado y Darío Fajardo, existe una tradición robusta de pensamiento agrario colombiano que ha nombrado el problema con precisión durante casi un siglo. Nombrarlo no ha bastado para desmontarlo.

El latifundio colombiano, entonces, no es tanto una estructura como un proceso: una máquina de reproducción de la desigualdad rural que combina inercia jurídica —los títulos que se remontan a la Corona, las composiciones del siglo XVI, las adjudicaciones de baldíos del XIX— con captura política —el Pacto de Chicoral es el modelo— y con violencia contingente que en cada ciclo consolida lo que la ley se niega a redistribuir. Comprender por qué el Gini de tierras subió de 0,86 a 0,905 en el medio siglo en que Colombia se urbanizó, se modernizó y firmó dos acuerdos de paz agraria —el de 1990 con el M-19 y el de 2016 con las FARC-EP, cuyo primer punto es precisamente la reforma rural integral— es comprender que el latifundio no sobrevive por accidente. Sobrevive porque cada generación reinventa las razones para dejarlo en pie.

En el archivo

182 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Prehispánicoantes de 14991

900Cacicazgo muiscaFicha

02Conquista1499–15995

03Colonia1600–17808

04Pre-independencia1780–18095

05Independencia1810–18313

06Nueva Granada1831–186212

07Estados Unidos de Colombia1863–18858

08Regeneración1886–192911

09República Liberal1930–194614

10La Violencia1946–195710

11Frente Nacional1958–197416

12Crisis y narcotráfico1974–19905

13Constitución de 19911991–20024

14Seguridad Democrática2002–20164

15Posconflicto2016–presente2

16Transversal—73

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Reforma agraria — proceso político y jurídico históricamente opuesto al latifundio, que en Colombia resultó sistemáticamente neutralizado por la resistencia terrateniente
02Encomienda — institución colonial que, junto con la merced de tierra, sentó las bases jurídicas y laborales del latifundio en el Nuevo Reino de Granada
03Frontera agraria — válvula de escape estructural del latifundio colombiano, que desplazó colonos hacia la periferia en lugar de redistribuir la tierra central
04Aparcería — relación laboral de dependencia interna del latifundio, mediante la cual el hacendado controlaba la fuerza de trabajo campesina sin necesidad de salario formal
05Despojo — mecanismo de expansión del latifundio en el siglo XX y XXI, asociado a la violencia paramilitar y a la acumulación por desposesión
06Alfonso López Pumarejo — presidente que impulsó la Ley 200 de 1936, primer intento legislativo moderno de limitar el latifundio mediante la función social de la propiedad
07Carlos Lleras Restrepo — presidente bajo cuyo gobierno se intentó aplicar la reforma agraria de 1961, proceso que derivó en el Pacto de Chicoral y la contrarreforma
08Orlando Fals Borda — sociólogo colombiano que estudió el latifundio ganadero de la Costa Caribe y documentó sus estructuras históricas de dominación
09Absalón Machado — economista agrario que analizó la estructura latifundio-minifundio y la persistencia de la concentración de la tierra en Colombia
10Sabana de Bogotá — región donde el latifundio colonial adoptó la forma de hacienda con arrendatarios estables y ganadería de alta calidad, articulada al mercado urbano de Bogotá
11Costa Caribe — región donde el latifundio ganadero se construyó mediante la ley de tres pasos, desplazando colonos y concentrando las mejores tierras en grandes hatos-haciendas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

66 documentos · 86 fragmentos

01La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 61, 1092 citas

[1]
se aborda la «cuestión agraria» desde el concepto de estructura agraria, definida como «un conjunto de relaciones endógenas y exógenas cuyo núcleo central es la propiedad sobre la tierra y sobre los medios de producción, y cuya dinámica depende de los diferentes modos como se inserta en la economía capitalista de…
p. 61

[77]
colonos. Los actores y beneficiarios del despojo son múltiples y heterogé- neos, y así sus motivaciones. Los actores armados, en primer lugar los paramilitares, seguidos por la guerrilla; y detrás los «actores históricos»: hacendados y grandes ganaderos; o los más modernos, como los narcotraficantes 87 o los…
p. 109

02Assembling Flowers and Cultivating Homes: Labor and Gender in ColombiaGreta Friedemann-Sánchez · 2006 · p. 37, 412 citas

[2]
since the seventeenth century. The definition of hacienda that best encompasses most of its characteristic elements comes from Eric Wolf and Sidney Mintz (1957a): “An agricultural estate, operated by a dominant landowner and a dependent labor force, organized to supply a small market by means of scarce capital, in…
p. 37

[43]
farm is managed by a descendant of the original hacienda owners on the inherited property. Other farms produce flowers on land that was sold after 1974. Somewhat ironically, this section of the original Hacienda Fagua, which has developed in a way that has removed it far from its hacienda eco- nomic origins and…
p. 41

03Historia doble de la Costa. Tomo 1: Mompox y LobaOrlando Fals Borda · 2002 · p. 1161 cita

[3]
Loba y la fuerza de trabajo local, los nuevos latifundistas? Proviniendo ésros de un país feudal —o en trance de dejar de serlo— como España, el observador desprevenido esperaría que los conquis- tadores y colonos blancos duplicarían aquí las normas y reglas de la feudalidad que conocían. Y sin embargo ello no ocurrió…
p. 116

04Industria y protección en Colombia, 1810-1930Luis Ospina Vásquez · 2017 · p. 601 cita

[4]
comúnmente órdenes religiosas. No parece que el latifundio se estuviera extendiendo en forma muy notoria. En ciertas regiones de las tierras calientes ocupaba una porción importante de las tierras. Se trataba principalmente de haciendas ganaderas, más raramente, de haciendas de caña y de cacao. * El latifundio era de…
p. 60

05Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 315, 3412 citas

[5]
el resto los te- rrenos de rastrojo. Son muchas las tierras, inclusive en el centro del país, que escapan a la apropiación privada, pero las tierras baldías pueden ser ocupadas por co- lonos, ocupantes precarios de peque- ñas o grandes superficies. La ley 200 de 1936, de haberse aplicado, hubiera podido resolver estos…
p. 341

[52]
liberales después de 1930 para que se haga un esfuerzo por re- visar las titulaciones de los años an- teriores. La gravedad de estos conflic- tos puede ser atestiguada en el caso del Sumapaz. Ya en su Memoria de Industrias de 1933, Francisco José Chaux muestra los conflictos entre los herederos de títulos coloniales y…
p. 315

06El café en ColombiaMarco Palacios · 2002 · p. 1941 cita

[6]
ocupación más importante de las tierras planas y fértiles bajo la modalidad de latifundios. Por otra parte, llama la atención el hecho de que c 1880 el número de habitantes por casa es más bajo en la zona campesina, densamente poblada, que en las zonas latifundistas, muchas de las cuales tienen bajas densidades…
p. 194

07Enciclopedia de Colombia - Volumen 3Camilo Calderón Schrader (coordinador), Carmen Astrid Romero Baquero, Néstor Iván Osuna Patiño, José Eduardo Rueda Enciso, Blas Jaramillo Martínez, José Alejandro Rodríguez Ruiz, Henry Luque Muñoz · 2002 · p. 131 cita

[7]
y los resguardos, para organizar la producción agrícola de autoabaste- cimiento, así como la mita, para la extracción del oro y otros metales preciosos. La encomienda La encomienda fue una institución que se caracterizó por el poder otorgado por la Corona a un hidal- go, quien ejercía el control, cuida- do y…
p. 13

08Historia de Colombia. El Establecimiento de la Dominación EspañolaJorge Orlando Melo · 1977 · p. 1211 cita

[8]
el proceso de la conquista siguiera un ritmo diferente y sea por lo tanto difícil de escoger una fecha como indicativa de una transformación básica en la nueva sociedad, puede acogerse la fecha tradicional de 1550 como punto final de esa época, momento de transición entre la sociedad de conquista, basada en el saqueo…
p. 121

09Nueva Historia de Colombia. Vol. I: Colombia Indígena, Conquista y ColoniaÁlvaro Tirado Mejía, Jaime Jaramillo Uribe · 1989 · p. 125, 1272 citas

[9]
veces gar- banzos, habas, fríjoles, caña y lino). Fuera de esto, debían dar indios de servicios (un 3 o 4% de los varones adultos) para los aposentos del encomendero, los cuales eran casi siempre tie- rras ocupadas de hecho en las inmediaciones del asentamiento indígena. Además, la obliga- ción del tributo en especie…
p. 125

[11]
actuaciones administrativas de los oido- res, sino de la disminución de los indios, que ya era alarmante a comienzos del siglo XVII. De otro lado, la presencia de propietarios no encomenderos forzó a adoptar un régimen de distribución de mano de obra para las estancias con el control directo de la Audiencia. A peti-…
p. 127

10Breve historia de BogotáMarco Forero · 2016 · p. 291 cita

[10]
Gonzalo Jiménez de Quesada sentó su real en la Sabana de Bogotá, mandó construir doce bohíos en memoria de las doce tribus de Israel en su estación de Elim... Esta puede ser la clave de la persistencia del trazado en damero y de la regularidad creciente de la manzana cuadrada en las ciudades americanas... El modelo de…
p. 29

11Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader · 2002 · p. 2282 citas

[12]
normas que databan del siglo anterior pero 216 Minas de Montuosa ya que escapaban a Baja, en Santander. Los todas las normas de pueblos de minas no fundaciones urbanas eran núcleos formales dictadas en la época. ANOAAREn A que no habían sido puestas en práctica por los en- comenderos —fieles al principio de «se acata…
p. 228

[13]
normas que databan del siglo anterior pero 216 Minas de Montuosa ya que escapaban a Baja, en Santander. Los todas las normas de pueblos de minas no fundaciones urbanas eran núcleos formales dictadas en la época. ANOAAREn A que no habían sido puestas en práctica por los en- comenderos —fieles al principio de «se acata…
p. 228

12Historia de Colombia. País fragmentado, sociedad divididaFrank Safford, Marco Palacios · 2012 · p. 1041 cita

[14]
e cu ltu ra hispana y no tan dócil como los indígenas. La presión de blancos pobres y de libres p o r ob ten er tierra halló su ex presión en dos tipos de colonización, q u e H erm es T ovar Pinzón ha llam ado la "frontera cerrada" y la "frontera abierta". La p rim era consistía en las tierras co m unitarias indígenas…
p. 104

13Historia Económica y Social de Colombia I 1537-1719Germán Colmenares · 1997 · p. 2181 cita

[15]
Hernán Pérez de Quesada. chas de las atribuciones de tierras que contienen los títulos de encomienda de la Nueva Granada pueden tener este origen. Posteriormente a los trabajos del historiador mexicano Silvio Zavala, se suele hacer una cuidadosa distinción entre los orígenes de la propiedad territorial y el sistema de…
p. 218

14Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 721 cita

[16]
única mano de obra disponible. El régimen del trabajo evolucionó de una coerción absoluta, que resultaba de transformar en servicios personales la obligación de pagar un tributo, hacia un sistema de conciertos. Como se ha visto, la distribución de la mano de obra disponible se realizaba en los conciertos mediante…
p. 72

15Economía y cultura en la historia de ColombiaLuis Eduardo Nieto Arteta · 2016 · p. 4411 cita

[17]
en el Nuevo Reino de Granada. En ella se establecen todas las instituciones coloniales: encomiendas, mercedes, grandes latifundios de las comu- nidades religiosas, etcétera. Esa circunstancia histórica, perfectamente explicable, como lo ha demostrado don Miguel Samper en los párrafos reproducidos antes, pro- ducirá…
p. 441

16Manual de Historia de Colombia, Tomo IJaime Jaramillo Uribe (Director Científico), Gerardo Reichel-Dolmatoff, Juan Friede, Jorge Palacios Preciado, Alberto Corradine Angulo, Francisco Gil Tovar, María Teresa Cristina · 1982 · p. 2541 cita

[18]
sido muy semejantes a los del valle del Magdalena. En el curso del siglo xvii domin ó en el valle del Cauca el latifundio 266 LA ECONOM Í A Y LA SOCIEDAD COLONIALES, 1550-1800 ganadero con propietarios que resid í an en las ciudades de; Cali, Buga, Caloto y Popay á n. El surgimiento de una nueva frontera mi nera en el…
p. 254

17Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 32, 362 citas

[19]
Santander, palos de tinte en la costa Atlántica, y caucho en el Caquetá, Vichada y Putumayo y en me - nor escala en To lima. Pero por su base demográfica y por su im- pacto en definir las grandes regiones colombianas del siglo xx, las colonizaciones decisivas habrían de ser las del café, muy identifi- cadas con el…
p. 36

[22]
dera movidos por bue yes o mulas y de sperdiciaban mucho jugo. En las haciendas cundibo yacenses de predominio ga nadero fueron introducidas nuevas variedades de trigo y papa, pero la producti- vidad era muy baja; se trillaba haciendo correr bestias de carga sobre montones de trigo segado. Después de 1870 aparecieron…
p. 32

18El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 1141 cita

[20]
se ha descrito en el primer capítulo de este trabajo, los pastizales fueron abiertos en gran medida por colonos, en la forma de aparcerías de relativo corto plazo. Según Fals Borda, los campesinos colonos espontáneos llamaron a esta institución la "ley de tres pasos": el colono tumbaba el monte, habilitaba la tierra…
p. 114

19Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno a la tierraOrlando Fals Borda · 2002 · p. 1531 cita

[21]
en gran medida a intereses capitalistas extranjeros, así en la producción de azúcar como en la eventual búsqueda de petróleo. Allí hubo de todo: opulencia y miseria; acumulación y explotación; injusticias y aberraciones; el cepo junto a un Cristo y una fábrica de "ron burguero". También allí se cumplió inexora- ble la…
p. 153

20Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 cita

[23]
cercano al poder, y quien fuera uno de los más grandes tenedores de tierra del conti- nente, llegó a poseer para principios de la década del sesenta entre 35.000 y 72.000 hectáreas en el Caquetá, incluyendo varias decenas de miles en los llanos del Yarí 139. Un campesino relata: «Coparon prácticamente todo el…
p. 62

21Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 1942 citas

[24]
con el terrateniente por parte de los vaqueros. 58 En la Sabana de Bogotá, la ganadería había llegado a ser de mejor calidad que en el resto del país, como lo atestigua el mis- mo informador norteamericano citado atrás: "En primer término, la mayor parte del ganado es cruzado con especies europeas y el viejo acervo de…
p. 194

[25]
con el terrateniente por parte de los vaqueros. 58 En la Sabana de Bogotá, la ganadería había llegado a ser de mejor calidad que en el resto del país, como lo atestigua el mis- mo informador norteamericano citado atrás: "En primer término, la mayor parte del ganado es cruzado con especies europeas y el viejo acervo de…
p. 194

22Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientesCarlos Dávila Ladrón de Guevara (compilador) · 2003 · p. 143, 3822 citas

[26]
con la actividad ganadera, apreciaba su naturaleza y, sobre todo, su importancia central en el pasado nacional. Para Ospina Vásquez, “la extensión de la ganadería [...] fue el principal elemento dinámico de nuestra evolución agrícola desde el fin del período colonial hasta la gran expansión del café”1 2. Esta…
p. 143

[45]
al a renta de la tierra, é s t aprocedía d e larrendamiento p a r c i a lde l aha c i e n d a.E s t ar e n t ad e ls u e l otambién r e v e s t í ados formas: en l ofundamental s et r a t a b a de r e n t aen d i n e r o,pero en algunosc a s o ss epagabaen e s p e c i eo combinada l a sformas d i n e r o - e s p e c i…
p. 382

23El poder de la carne. Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX en ColombiaAlberto G. Flórez-Malagón (ed.), Luis Guillermo Baptiste, Ingrid Johanna Bolívar, Stefania Gallini, Shawn Van Ausdal · 2008 · p. 341 cita

[27]
en los años 20, Absalón Machado y otros afirman que Colombia nunca realmente ha tenido una revolución burguesa (únicamente en los años cincuenta, el país comenzó a adoptar el llamado camino junker del desarrollo agrario capitalista desde arriba)"'. En los años 30, apunra Gómez, el latifundio ganadero estaba al frente…
p. 34

24Introducción a la historia económica de ColombiaÁlvaro Tirado Mejía · 2019 · p. 4451 cita

[28]
situación de los últimos en la medida en que la Corte Suprema de Justicia por sentencia de 1926, reiterada en 1934, había establecido que en caso de litigio, quien pretendiera ser propietario de un predio debía exhibir títulos que se remontaran a concesión de la Corona o de la República, y muchísimos terratenientes…
p. 445

25Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 1181 cita

[29]
by the large estates but by peasant producers, the government endeavored to facilitate colonization of the public domain by peasant settlers in order to expand food production. The uncertain status of landownership, however, frustrated the endeavor, leading the Supreme Court to define what was private property and…
p. 118

26La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 281 cita

[30]
crecimiento del producto agropecuario ha sido inferior a su potencial” [2006, 376]. Clemencia Gómez realizó un intento de mostrar la evolución de las políticas de tierras desde el siglo XX en “ Evolución histórica del proceso de reforma agraria en Colombia” [1993], el cual termina en un relato descriptivo con muy poca…
p. 28

27Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 80, 1382 citas

[31]
entonces senador Carlos Lleras Restrepo, quien señaló cómo los predios de menos de cinco hectáreas –el 55 % del total de las unidades agrarias– ocupaban en ese momento apenas el 4,18 % de la tierra productiva, mientras que los predios mayores de 100 hectáreas, que representaban el 4,5 % de las propiedades, ocupaban el…
p. 80

[75]
el mapa 9 se pueden apreciar, por ejemplo, los municipios que presentan expansión de cultivos de palma en el periodo 2001-2013, en relación con los que registran fenómenos de desplazamiento forzado entre 2001 y 2004. Se evidencia allí una correspondencia en algunas regiones del Urabá, el Magdalena Medio o el Meta. La…
p. 138

28Estado crítico de la propiedad colectivaDelgado Castaño, P. · 2018 · p. 92 citas

[32]
Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9

[33]
Fondo Nacional Agrario; la clarificación desde el punto de vista jurídico de la situación de las tierras rurales del país, incluso las de carácter -privado; la promoción y la ejecución de labores de recuperación de tierras; y la promoción de la colonización, a través de la prestación de ayuda técnica y financiera en…
p. 9

29Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 2491 cita

[34]
puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249

30Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 26, 294 citas

[35]
36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29

[36]
36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29

[53]
prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26

[54]
prin - cipio de “la tierra para el que la trabaja”, y las “leyes del Llano” de 1953 que, en un principio, conservaron la orientación liberal al promover “la confiscación de los bienes del enemigo o sea de los godos chulavitas”, y que después mostraron más autonomía al extenderla a todos “los hatos y propiedades de…
p. 26

31Historia económica de Colombia, 1845-1930William Paul McGreevey · 2015 · p. 1981 cita

[37]
haciendo legalmente difícil la adquisición de tierras. La política agraria, por lo tanto, estuvo en- caminada a desincentivar la fuga de la barata mano de obra rural. La adquisición de baldíos por parte de individuos de escasos medios fue obstaculizada por una ley de 1868 que establecía como requisito de compra una…
p. 198

3230 hechos que cambiaron la historia de ColombiaRafael Pardo Rueda · 2022 · p. 941 cita

[38]
desde 1863 hasta la expedición de la Constitución de 1886. Fue elegido para el primer periodo, que terminó en abril de 1864. De acuerdo con la Constitución, la presidencia debía durar dos años. Fue elegido por cuarta vez para el periodo 1866 al 1868. Murió en su Hacienda Coconuco. Este es el texto de la ley de manos…
p. 94

33El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y políticaMarco Palacios · 2009 · p. 3101 cita

[39]
la hacienda sirve de puente para emprender un análisis a otro nivel: el uso de la tierra, las técnicas del cultivo y los requerimientos de fuerza de trabajo en función del ciclo botánico del cafeto, lo cual da pie para describir en más detalle la jerarquización de los diferentes tipos de trabajadores y los sistemas de…
p. 310

34Los trabajadores en la historia latinoamericana. Estudios comparativos de Chile, Argentina, Venezuela y ColombiaCharles Bergquist · 1988 · p. 3831 cita

[40]
a veces una tercera parte de la cosecha. En ciertos lugares eran obligados, además, a trabajar un determinado número de dias en las tierras de la hacienda, con el salario vigente en la región. En otras localidades se les exigia compartir con el propietario una porción, casi siempre una cuarta parte, de los cultivos…
p. 383

35Coffee in Colombia, 1850-1970: An Economic, Social and Political HistoryMarco Palacios · 1980 · p. 1181 cita

[41]
tasks such as weeding, the haciendas also imposed on the permanent workers a minimum annual area for them to clear, while the workers wanted a fixed daily wage for this work. The neo-classical dictum on the inefficiency of share-cropping is well known: 2 The share-cropper will exert a minimum effort to obtain a crop…
p. 118

36Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)Catherine LeGrand · 2016 · p. 1871 cita

[42]
del propietario, los arrendatarios y los peones asalariados a menudo tenían que trabajar gratis en la construcción de caminos y servir como policías; sin embargo, tenían que pagar por el uso de los caminos dentro de las haciendas. Debido a estas reglamentaciones, los trabajadores re- sidentes en las grandes haciendas…
p. 187

37Caña de azúcar en el "espléndido" valle del río Cauca, Colombia: Historia ambiental, conflictos ambientales y acción colectivaHernando Uribe Castro · 2021 · p. 1121 cita

[44]
implementando parámetros de la Revolución Verde. En los años sesenta se implementa el arrendamiento de tierras y la figura de la provisión. Se introduce la refinación de azúcar en el ingenio Manuelita (1952); empezándose a comprar caña a los agricultores independientes. Se hace nítida la separación entre producción…
p. 112

38Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 2681 cita

[46]
50 a 100 has 2,4 98 5,9 21 100 a 500 has 1,7 99,7 12,6 33,6 500 a 1.000 has 0,2 99,9 4,8 38,4 >1000 has 0,2 100,1 61,2 99,6 Sin contar los territorios étnicos del censo agropecua- rio, el Gini de 2014 se reduce a 0, 905, bastante mayor que el de 1970 que alcanzó 0, 86, reflejo de la concentración de la propiedad que…
p. 268

39Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 801 cita

[47]
(Christodoulou, 1990: 27). When looking at land concentration based on plots of land less than 10 hectares, Sanders (1981: 90) discovered that in the 1960s roughly 76.5 percent of the population (small producers and/or peasants) had access to a mere 8.8 percent of available land. This inequitable distribution saw a…
p. 80

40"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 1351 cita

[48]
como el po- der militar, social y político de los narcotra fi cantes. Para el año 2005 la estructura de tenencia mostraba los mismos rasgos de concentración que se observaban a nivel nacional: el 2, 39 % de los propietarios controlaban el 45, 78 % de la tierra, en tanto que el 88, 26 % de los propietarios más pequeños…
p. 135

41Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 991 cita

[49]
desigualdad no ha dejado de aumentar 223. En 2016, s egún esta organización, Colombia se situaba en primer lugar en el ranking de desigualdad en la distribución de la tierra en Latinoamérica, seguido por Perú, Chile y Paraguay. En el país, el 1 % de las explotaciones de mayor tamaño controlaba más del 80 % de la…
p. 99

42La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 201 cita

[50]
sobre tenencia de la tierra, entre 2002 y 2009 hubo un incremento del 2,5 por ciento, especialmente en 2005, en el 57 por ciento del territorio nacional (Ibañez y Muñoz, 2009, s.p.). Temporalmente estos datos coinciden con la consolidación de estructuras como el Bloque Norte, así como la fase de negociación y…
p. 20

43Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 1871 cita

[51]
de las rebeliones in d í genas en el sur del Tolima y el Cauca, revivieron despu é s de 1920, apoyadas por ligas agrarias o campesinas, por un ef í mero Partido Agrario, por disidencias liberales y por el Partido Socialista Revolu cionario, y estuvieron concentradas en sitios como el Tequendama y Sumapaz. All í…
p. 187

44Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 331 cita

[55]
los bajos precios de compra y las exigencias de 7 “China en Miniatura”, Semana, febrero 5 de 1949. 8 Víctor Julio Merchán, “La Autodefensa. Testimonio”, Estudios Marxistas 10 (1975): 118. 9 José Gutiérrez, Un intruso en el espejo (Bogotá: Ediciones Spiridon, 1988), 243. 35 Primer Periodo trabajo obligatorio, impuestos…
p. 33

45No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1231 cita

[56]
de julio de 1970, a un mes de que se terminara el gobierno de Lleras, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Para entonces, había casi un millón de hombres y mujeres afiliados a las asociaciones campesinas, y un empoderamiento que se reflejaba en las palabras del líder agrario sucreño Francisco…
p. 123

46Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 291 cita

[57]
que se tradujo en la institucionaliza- ción del movimiento campesino bajo el lema “la tierra pa’l que la trabaja” (Archila, 2005, página 97). Con base en el Decreto 755 de 1967, el Ministerio de Agricultura realizó un “empadronamiento masivo de usuarios reales y potenciales de servicios agropecuarios estatales”…
p. 29

47Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 1391 cita

[58]
un énfasis en la dotación de tierras a los arrendata - rios y aparce ros, y la profun dización de la reforma por medio de la organiza ción de los campe sinos. Esta última medida condujo a la creación de la Asocia ción Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que constituía una osada respuesta al ascenso de los movi…
p. 139

48Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 691 cita

[59]
pequeño paso para la organización campesina, pero un gran salto para reformar con equidad la estructura agraria del país. La dureza del discurso del presidente Lleras no era nueva. Tampoco gratuita. En 1968, durante la entrega de títulos de propiedad a antiguos terrajeros y aparceros del bajo Sinú, dejaba un vehemente…
p. 69

49Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 651, 10022 citas

[60]
que fue un pañito de agua que se dio con el gobierno de Carlos Lleras. Y ya con el gobierno de Misael Pastrana hubo un reversazo, porque [...] se dio el acuerdo de Chicoral, y en el acuerdo de Chicoral se reversó toda la política de equidad en el campo, de reforma agraria» 2123. Estos antecedentes son clave para…
p. 651

[74]
1002 armados, políticos, administrativos y judiciales para facilitar el proceso de acumulación de tierra en pocas manos, lo que ha agravado la problemática agraria. El subregistro del despojo, que hunde sus raíces en la época de la Violencia, no permite afirmar con precisión cuál es el universo real de víctimas ni la…
p. 1002

50Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 401 cita

[61]
la ANUC. En ellos la Asociación rechazaba la colonización como substituto de la reforma agraria, exigía la extinción del domi- nio de tierras privadas incultas y la expropiación del latifundio, ade- más de los apoyos estatales para elevar el nivel de vida campesino. El Mandato Campesino de la ANUC, aprobado por la…
p. 40

51Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 42, 462 citas

[62]
Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46

[64]
regiones como el centro y norte del Tolima y el antiguo Caldas. Fueron las zonas cafeteras en regiones centrales del país –aquellas donde se habían concentrado los conflictos entre hacendados y campesinos colonos en las décadas del veinte y treinta– donde fue más cruda la violencia, y donde se produjeron con más…
p. 42

52Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 44, 1782 citas

[63]
años treinta denunciada por parte de los conservadores (Guzmán, Fals Borda y Umaña, 1962). Como consecuencia de lo anterior, la arremetida latifundista tuvo, entre otros efectos, un despojo de tie- rras que el analista Paul Oquist calculó en 393.648 parcelas, princi- palmente en departamentos como Valle del Cauca,…
p. 44

[76]
creadas en su mayo- ría por actores económicos y políticos para proteger sus tierras e intereses, buscaba aumentar su presencia en regiones estratégicas. En la región Caribe, su interés fue aprovechar el potencial econó- mico para el narcotráfico: [P]odría establecerse la conformación de un gran complejo cocalero que…
p. 178

53Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 491 cita

[65]
conflictos campesinos por la tierra han tenido mayor intensidad en la costa Caribe y el Magdalena medio y, en menor extensión, en el norte del Huila, Cauca y el sur del Tolima. En la costa Caribe las regiones de mayor conflicto agrario han sido Urabá, Córdoba, Sucre, norte de Bolívar, sur del Magdalena y Cesar. En…
p. 49

54La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 1021 cita

[66]
el corazón de los Montes de María, ade- más de permitir el acceso y la disposición de agua en una región seca y caliente. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una geografía como la que habitualmente se asocia con una 62 Ibíd. Grupo de Memoria Histórica 102 zona de retaguardia estratégica desde el…
p. 102

55Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 3281 cita

[67]
de los años ochenta la región vivió una temprana mili- tarización de los conflictos agrarios (página 49). Para Carrillo (2004, páginas 2 y 3), narcotraficantes llevaron a cabo la compra sistemática de entre tres y cuatro millones de hec- táreas de tierra en el país, desde finales de los ochenta hasta los primeros años…
p. 328

56Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 352 citas

[68]
principal la misma demanda de seguridad rural de grandes propietarios, especialmente en regiones de ganadería extensiva sujetos al régimen de extorsiones y secuestros impuesto por las guerrillas a los propietarios rurales (…) La propiedad extensiva de la tierra sin seguridad estatal perdió valor y comenzó a…
p. 35

[69]
principal la misma demanda de seguridad rural de grandes propietarios, especialmente en regiones de ganadería extensiva sujetos al régimen de extorsiones y secuestros impuesto por las guerrillas a los propietarios rurales (…) La propiedad extensiva de la tierra sin seguridad estatal perdió valor y comenzó a…
p. 35

57Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1321 cita

[70]
ONG, que muestran los auto- res, es evidente la mayor participación de las guerrillas en comparación con los gru- pos paramilitares y su actual etapa de los GAPD (CNMH, 2015j, páginas 320 y 324). 132 Paramilitarismo Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico mes del CNRR-GMH y del CNMH reseñados.…
p. 132

58Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 1141 cita

[71]
suroccidente colombiano (2018a); Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (2018); y el informe El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá (2019a), sobre los grupos para- militares del Magdalena Medio. 40- Este tema será abordado en el apartado 2.5 del presente…
p. 114

59Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 5032 citas

[72]
otros bienes despojados. en la política de desmovilización y reinserción no se ha avan - zado en la construcción de acuerdos entre el Gobierno nacio - nal y los GAIML, particularmente con los grupos de auto - defensas, para que estos restituyan efectivamente los bienes a las víctimas, como condición indispensable para…
p. 503

[73]
otros bienes despojados. en la política de desmovilización y reinserción no se ha avan - zado en la construcción de acuerdos entre el Gobierno nacio - nal y los GAIML, particularmente con los grupos de auto - defensas, para que estos restituyan efectivamente los bienes a las víctimas, como condición indispensable para…
p. 503

60Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4632 citas

[78]
recibidos y, adicionalmente, complementan el entendimiento del fenómeno en: (i) la tenencia de la tierra como factor clave en la financiación del grupo armado y (ii) las violencias ejercidas hacia la población civil para fines de despojo. Los relatos recopilados también permiten identificar la forma en que algu- nos…
p. 463

[79]
recibidos y, adicionalmente, complementan el entendimiento del fenómeno en: (i) la tenencia de la tierra como factor clave en la financiación del grupo armado y (ii) las violencias ejercidas hacia la población civil para fines de despojo. Los relatos recopilados también permiten identificar la forma en que algu- nos…
p. 463

61La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 2421 cita

[80]
que haya reforma agraria". Estos datos excluyen los territorios colectivos, resguardos indígenas, los parques nacionales y en general zonas de reserva natural. Pero los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) nos dan otra situación aún más complicada y es el tratamiento diferencial en impuestos. "Más…
p. 242

62El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 2971 cita

[81]
mano los paramilitares (como cuidanderos de las propiedades rurales di los narcotraficantes), pero también de agencias de seguridad del Estado. Y, en el proceso, no solo despojaron a campesinos sino también a otros terratenientes. Una vez más, nos encontramos con agentes que por una combinación de acceso a medios…
p. 297

63Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 451 cita

[82]
impulsó una “gesta civilizadora” orientada a llevar a los territorios selváticos “el progreso” y “los valores antioqueños” (Steiner, 2000). Por tanto, se realizaron misiones evangelizadoras y se impulsó la ocupación a través de las concesiones de tierras por el camino de occidente que pasaba por Cañasgordas. La…
p. 45

64La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 112, 1502 citas

[83]
los procesos de distribución de la propiedad rural son bastante inequitativos. Vemos que las adjudicaciones en los rangos de 501-1.000 hectáreas y de 1.001-2.500 hectáreas con- trolan el 93,10 % de la superficie asignada y representan sólo el 26 % del total de adjudicaciones, mientras que los predios de peque- ña…
p. 112

[84]
74,5 % del total de adjudicatarios y controlaron el 84,1 % del total del área entregada, mientras las adjudicaciones de gran propiedad repre- sentaron el 1,2 % del total de adjudicatarios y controlaron el 12,2 % del total del área adjudicada. Gráfica 11. Porcentaje de adjudicaciones y superficie por tamaños: 1962-1995…
p. 150

65Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 311 cita

[85]
Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31

66Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 511 cita

[86]
El proceso de colonización fue asumido por el Incora 66. Entre 1961 y 1973 se adjudicaron en la intendencia de Arauca 85.830 hectáreas 67, con el propósito de incor- porarlas a la producción agropecuaria nacional 68. Aparte de brindar asistencia técnica y créditos a los pequeños productores campesinos, la ley incluía…
p. 51