Modernización agraria y científica en Colombia (1850–1953)

¿Fue la modernización agraria y científica en Colombia (1850–1953) una técnica neutra o una tecnología de territorialización?

Entre la abolición formal del régimen colonial de tierras y la primera dictadura militar del siglo XX, Colombia ensayó un ciclo largo de intervención estatal y científica sobre sus ecosistemas que se presentó a sí mismo como modernización neutra: legislar baldíos, introducir razas y pastos más productivos, abrir canales, cartografiar selvas, sembrar peces en lagunas altoandinas. Un siglo después, la pregunta pertinente es si aquel conjunto de dispositivos —régimen liberal de propiedad, imperialismo ecológico ganadero, ingeniería hídrica, expediciones botánicas metropolitanas— fue un ejercicio técnico de perfeccionamiento del territorio o una tecnología de territorialización cuyos efectos ambientales y sociales no fueron externalidades desafortunadas sino consecuencias legibles del propio diseño.

La lógica estructural tendía a la concentración de la tierra y a la sustitución de ecosistemas, pero no fue monolítica ni omnipotente, y sus contradicciones abrieron intersticios —desde la resistencia paez hasta la etnobotánica de Richard Evans Schultes— que conviene incorporar sin disolver la asimetría de fondo.

Que un Estado codifique en normas y presupuestos la transformación de sus paisajes no es asunto administrativo. Determina qué economías locales se consideran obstáculo, qué ecosistemas se leen como productivos, qué saberes valen como conocimiento y cuáles pasan a folclor. En Colombia, la fase 1850-1953 concentró decisiones fundacionales: la desamortización de los resguardos desde 1850, la política de baldíos consolidada por las Leyes 61 de 1874 y 48 de 1882, la Ley 200 de 1936 de la Revolución en Marcha, la modernización ganadera con Bos indicus y pastos africanos, las expediciones amazónicas de Schultes durante la Segunda Guerra Mundial. Detrás de cada dispositivo hay una definición operativa de qué es "poner en producción" un territorio, y esa definición decide, décadas antes que cualquier ministerio de ambiente, qué bosques se queman, qué lagunas se resiembran, qué ríos se desvían.

La cuestión no es retrospectivamente moral. Es analítica: si estas intervenciones fueron neutras, sus efectos ambientales serían accidentes que una mejor técnica habría corregido; si fueron dispositivos de territorialización, sus efectos son la obra misma, y toda política ambiental posterior que ignore esa genealogía parte de un diagnóstico falso.

Hay al menos cinco vertientes en tensión que conviene sopesar antes de pronunciarse. La primera sostiene que el régimen liberal de propiedad rural, al equiparar productividad con desmonte y pastoreo, codificó jurídicamente la destrucción de ecosistemas altoandinos y de tierras cálidas. No fue una omisión de la ley; fue su definición operativa de dominio útil. Quien tumbaba monte y metía ganado adquiría derechos; quien conservaba selva o resguardo comunal, no.

La segunda lee la introducción de la trucha arcoíris en altiplanos como algo más que política pesquera. En lagunas como Tota y La Cocha —territorios de comunidades indígenas y campesinas con ictiofauna nativa y tecnologías propias de pesca— la siembra de un salmónido depredador metropolitano funcionó como acto simbólico y material de territorialización estatal: reemplazar ecología local por especie de valor exportador bajo el lenguaje del progreso.

La tercera ve en la modernización ganadera —cebú, pastos africanos, alambre de púas, deforestación sistemática— una variante tropical del imperialismo ecológico: no una reforma agraria fallida sino una reforma ecológica exitosa que reorganizó suelos, biomasas y regímenes hídricos más profundamente que cualquier redistribución de títulos.

La cuarta interroga la ciencia botánica norteamericana en la Amazonía, particularmente la larga presencia de Schultes entre 1941 y 1953. Financiada en su origen por el esfuerzo bélico estadounidense para asegurar caucho durante la Segunda Guerra Mundial, esa expedición fue, en su lógica geopolítica, un dispositivo de reconocimiento territorial en una región donde el Estado colombiano casi no existía. Y sin embargo produjo un corpus etnobotánico que revalorizó el conocimiento indígena sobre yajé, plantas medicinales y ecología amazónica.

La quinta pone el foco en decisiones aparentemente menores —la apertura del canal de Morrohermoso hacia 1938 en la Mojana— para mostrar que la ingeniería hídrica local, tomada por lógicas sectoriales relativamente autónomas del régimen de propiedad, reconfiguró equilibrios ecológicos y conflictos agrarios por décadas.

Cada una de estas lecturas tiene su mejor argumento contrario. La codificación liberal de la destrucción puede leerse como incentivo de mercado exportador que el Estado no diseñó y del que los "hombres de empresa" se aprovecharon dentro de una legislación ambigua. La trucha, como política pesquera pragmática. La modernización ganadera, como respuesta racional a la ventaja comparativa tropical. Schultes, como científico que operó al margen de la geopolítica. Morrohermoso, como respuesta a una necesidad real de navegación.

El régimen colonial de haciendas nació de las composiciones de tierras entre 1590 y 1620, cuando la Corona tituló al mejor postor las tierras realengas y fijó un sistema social que vinculaba al campesinado como mano de obra sin derechos sobre la tierra. La república decimonónica no rompió con esa estructura: la reprodujo con nuevos lenguajes. Los baldíos se destinaron a pagar bonos de deuda pública, compensar servicios militares, financiar colonización empresarial y construcción de vías, adjudicar tierras a inmigrantes y provincias, y —solo residualmente— permitir la ocupación por colonos.

Los datos son inequívocos. Entre 1827 y 1900 se registraron 1.132 títulos de adjudicación de baldíos; los que superaron las 5.000 hectáreas fueron apenas 75 —el 6,62%— y concentraron la mayor parte del área adjudicada. Cuando en 1873-74 Aníbal Galindo publicó en el Diario Oficial que se habían emitido títulos por 3.318.500 hectáreas frente a adjudicaciones materiales por 1.159.592, usó esas cifras como acta de acusación contra la administración de baldíos: apenas una fracción de la superficie titulada correspondía a ocupantes y cultivadores efectivos. Las Leyes 61 de 1874 y 48 de 1882, formalmente pensadas para otorgar derechos a quienes establecieran habitación y labranza, impusieron requisitos —gastos de deslinde, precios mínimos, adquisición mediante bonos territoriales— que sesgaron el sistema hacia los grandes propietarios.

La disolución de los resguardos indígenas desde 1850 completó el cuadro. Miguel Samper, protagonista del liberalismo radical, reconoció que aquella medida destruyó la economía colectiva campesina y convirtió a los indígenas en arrendatarios o en fuerza de trabajo proletaria. La misma legislación estimulaba simultáneamente la inversión capitalista en frontera y la colonización campesina, sin que ningún actor central orquestara unitariamente la contradicción: en la práctica, el auge exportador desde mediados del siglo XIX coincidió con el alza de concesiones y de precios de la tierra, y el resultado agregado fue la concentración latifundista.

Lo que ocurría sobre el terreno tenía nombre técnico entre los propios protagonistas: la "ley de tres pasos". El colono tumbaba el monte y habilitaba la tierra; vendía sus mejoras a bajo precio a un contratista o finquero; un gran terrateniente absorbía las tierras ya habilitadas, por título o para montar hacienda nueva. La destrucción del bosque se pagaba con trabajo campesino barato y se capitalizaba en propiedad concentrada. En el Sinú, entre comienzos del siglo XX y 1930, la expansión del latifundio se hizo con cercamiento progresivo de baldíos y tierras comunales, uso del ganado para arrasar cultivos de parceleros, amenazas y despliegue coercitivo de la Fuerza Pública. La hacienda Berástegui llegó a doce mil hectáreas, ligada a capitales extranjeros dedicados al azúcar y eventualmente al petróleo. En el Patía, los nuevos hacendados abrieron potreros mediante rondas de quemas —círculos de tierra pelada para contener el fuego y luego candela— que destruyeron nidos, silenciaron aves y fueron identificados por los propios habitantes como la primera transformación ambiental profunda de la región. El alambre de púas, llegado con la carretera Panamericana, cerró el proceso: restringió el acceso de la población negra a tierras usadas comunalmente y consolidó los potreros como frontera privada.

La modernización ganadera del siglo XX radicalizó esta lógica. El cebú alcanzaba su desarrollo a los dos años frente a los cuatro del criollo, y tres siglos de mecanismos adaptativos previos facilitaron su expansión en el neotrópico. La hacienda Jesús del Río, entre 1915 y 1938, comercializó ganado cebú en más de setenta poblaciones de doce departamentos, con Medellín, Bucaramanga, Arjona, Honda y Barranquilla como plazas principales. En la Zona Norte —Córdoba, Urabá, Sinú, San Jorge, Atrato, Bajo Cauca— la población ganadera pasó de 6,8 millones de cabezas en 1950 a 12,0 millones en 1976, el crecimiento más alto del país, con una capacidad de carga que subió de 0,86 a 1,05 cabezas por hectárea, concentrada en un Valle del Sinú sembrado en un 75% con pastos mejorados. La reforma agraria como redistribución no ocurrió; la reforma ecológica —sustitución de bosques y sabanas nativas por potreros de pastos africanos alambrados y poblados de cebú— sí.

La Ley 200 de 1936, promovida por Alfonso López Pumarejo, se recuerda por la letra que insinuaba redistribución y se olvida por lo que hizo: estimular productividad y modernización rural, y desplazar la presión hacia la adjudicación de baldíos y la colonización de nuevos territorios. La política liberal, incluso en su fase más reformista, prefirió abrir frontera antes que tocar la propiedad consolidada.

La resistencia fue temprana y persistente, y conviene no romantizarla ni minimizarla. Los paeces del alto Cauca opusieron a la desamortización una combinación de protesta violenta, dilaciones legales, resistencia pasiva y alianzas con líderes liberales regionales. Las Cámaras Provinciales de Neiva, Riohacha, Cartagena y Chocó intervinieron ante el gobierno nacional sobre las leyes de desamortización. En los años treinta, la zona cafetera de Cundinamarca y Tolima se volvió epicentro: 75 de las 153 agremiaciones campesinas con personería jurídica hasta 1939 se concentraban allí, protagonizadas por arrendatarios de hacienda que a cambio de una parcela debían trabajar los cafetales del propietario. La UNIR de Jorge Eliécer Gaitán pagó cara la articulación: el 4 de febrero de 1934 la guardia de Cundinamarca disolvió a bala una manifestación campesina en Fusagasugá; el 14 de agosto del mismo año otra masacre ocurrió en la hacienda Tolima de Ibagué, motivada por la negativa de colonos a aceptar avalúos arbitrarios de mejoras. En el Sumapaz, el Partido Agrario Nacional de Erasmo Valencia eligió concejales en Fusagasugá, Pasca, San Bernardo y Pandi en octubre de 1935, y llevó a Valencia a la Asamblea de Cundinamarca para 1935-1936, donde propuso —entre otras medidas— la prohibición del concierto de personas en el departamento. Que estas resistencias existieran y a veces triunfaran localmente no contradice la lógica estructural; matiza su omnipotencia y explica por qué la concentración, siendo tendencia dominante, no fue absoluta.

En el altiplano cundiboyacense, la ecología prehispánica ofrecía un contrapunto elocuente al lenguaje de la modernización. En 1597, los indígenas de Bogotá tenían pesquerías por "zanjas y corrales"; en 1605, los de Fontibón declaraban poseer "hoyos y pesquería" heredados de sus antepasados en el río Fontibón. El vocabulario muisca de las gramáticas coloniales registraba términos técnicos —chupcua para pesquería o pantano, iaia para red, tijisua para anzuelo— y Puerto Alegre había señalado en 1571 la captura del pez capitán con anzuelos y redes. La dieta indígena combinaba arracacha, cubios, hibias, ullucos, achira, maíz, frijol, ahuyama y pescado. Milenios de conocimiento del medio produjeron tecnologías de siembra y pesca ajustadas a los ecosistemas altoandinos. Cuando el siglo XX introdujo trucha arcoíris en Tota y La Cocha, no llenó un vacío: reemplazó una ecología. Investigaciones posteriores como las de Peña-Rodríguez y colegas en 2011 confirmarían, con evidencia genética y taxonómica, que la presencia de Grundulus bogotensis en la Cocha responde a introducción antrópica; el capitán y otros peces nativos quedaron desplazados por un salmónido depredador cuya ventaja no era ecológica sino comercial. La trucha vino con el mismo lenguaje que el cebú y los pastos africanos: mejorar, tecnificar, modernizar.

En la Mojana, la apertura del canal de Morrohermoso hacia 1938 muestra otra vertiente del mismo dispositivo. Se buscó reabrir la boca de Caribona para que la corriente del Cauca llegara hacia Sucre y Majagual, atendiendo demandas de agua y navegación. La obstrucción se atribuyó, entre otras causas, a los sedimentos vertidos por las dragas mineras estadounidenses y antioqueñas en Caucasia, Nechí y El Bagre. La decisión no contempló las consecuencias sobre las fincas de caña y trapiches de Sucre, que habían florecido gracias al tapón de Caribona: eran los mayores productores de panela en la Costa, y su suerte quedó librada al azar de las crecientes. En el Bajo Sinú, el Proyecto Córdoba N.1 del Incora contempló luego adecuar 30.000 hectáreas, con La Doctrina como piloto en Lorica, operando desde 1969 con drenaje a 3.875 hectáreas y riego a 2.000. El patrón se repite: la ingeniería hídrica opera con lógicas sectoriales propias, atiende demandas puntuales de sectores con voz, y ni el régimen de propiedad ni las economías locales preexistentes entran en el cálculo.

El caso Schultes complica la fórmula sin desmentirla. A finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, el Vaupés era prácticamente desconocido para el mundo exterior. Tras el Concordato de 1887 y la Ley 89 de 1890, el proyecto evangelizador misionero se había consolidado como lo más parecido a una presencia estatal en la Amazonía colombiana. Richard Evans Schultes llegó a esa región en el marco de una expedición estadounidense concebida en clave de guerra: asegurar caucho para el esfuerzo aliado. Su permanencia se prolongó más allá del conflicto y produjo un corpus etnobotánico monumental sobre plantas medicinales, alucinógenos rituales y saberes indígenas amazónicos. El bejuco del alma, escrito con Robert Raffauf y reeditado en Colombia en 2018 por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional con presentación de Fernando Urbina y traducción de Carlos Alberto Uribe Tobón, documenta con detalle la relación de los pueblos del Vaupés con el yajé —Banisteriopsis caapi—, planta que en la mitología registrada por el antropólogo Stephen Hugh-Jones es comparada con un cordón umbilical que vincula a los humanos con el pasado mítico.

Schultes operó dentro de la maquinaria de reconocimiento territorial —geopolítica de guerra, ausencia de Estado colombiano, presencia misionera— y aun así el resultado científico revalorizó el saber indígena en términos que la propia ciencia metropolitana no había concedido antes. Que las culturas amazónicas habían sido devastadas por la explotación cauchera y por décadas de evangelización no es un dato accesorio: es el contexto en que la etnobotánica se hizo posible, con informantes que sobrevivían al colapso demográfico y cultural del ciclo cauchero previo. El dispositivo produjo, en este caso, un excedente no calculado.

Leídas en conjunto, las cinco vertientes muestran un patrón coherente. La modernización agraria y científica en Colombia entre 1850 y 1953 no fue una técnica neutra con efectos ambientales desafortunados: fue una tecnología de territorialización cuya lógica interna —definir productividad como desmonte, ganadería y monocultivo exportador; asignar propiedad al que transformaba el ecosistema; introducir especies y variedades cuyo valor era comercial antes que ecológico; abrir infraestructura hídrica sin cálculo redistributivo; cartografiar selvas en clave geopolítica— produjo los resultados ambientales y sociales que observamos como su obra, no como su daño colateral.

El régimen liberal de baldíos codificó jurídicamente la destrucción de ecosistemas altoandinos y tropicales al hacer del desmonte la prueba misma de dominio útil. La "ley de tres pasos" no fue un abuso del sistema: fue el sistema funcionando. La modernización ganadera con cebú, pastos africanos y alambre de púas reorganizó los suelos y las biomasas de la Zona Norte con una profundidad que ninguna reforma agraria alcanzó, y lo hizo con incentivos de mercado que la legislación amplificaba en lugar de contener. La ingeniería hídrica de Morrohermoso y de los distritos de riego del Sinú ilustra que la lógica sectorial de la técnica puede reconfigurar ecosistemas y economías locales sin que medie un plan integral, precisamente porque el plan integral —una política territorial que integrara agua, tierra, ecosistemas y pobladores— nunca existió.

La introducción de la trucha, aunque de escala menor, encaja en el mismo patrón simbólico y material. Y la expedición Schultes, siendo la vertiente más ambigua, confirma la regla por su excepción: incluso el dispositivo que abrió un espacio de revaloración del saber indígena lo hizo desde una infraestructura geopolítica —guerra mundial, financiación metropolitana, ausencia de Estado colombiano, aparato misionero— que era, ella misma, parte del proyecto de territorialización.

La asimetría de fondo no significa monolitismo. Los paeces resistieron desamortización con dilaciones que ganaron décadas. Los colonos del Sumapaz y de Cundinamarca-Tolima llevaron a Erasmo Valencia a una diputación y a Gaitán a articular un movimiento nacional. Las comunidades del Sinú aprendieron a leer las alambradas como frontera de guerra. Los pueblos del Vaupés convirtieron a un botánico norteamericano en cronista de su saber. La agencia local moduló resultados, ralentizó procesos, forzó pactos parciales. Sin ella, la concentración habría sido aún mayor y la sustitución ecológica aún más completa. Reconocerlo no diluye la asimetría; la vuelve legible como campo de fuerzas.

Toda política ambiental o agraria contemporánea que trate la deforestación del Sinú, la degradación del Patía, la sustitución de ictiofauna en Tota o el conflicto por baldíos en la Amazonía como problemas técnicos aislados de esa genealogía opera con un mapa recortado. Quedan flancos que este marco no cierra: el peso relativo del marco jurídico, los precios internacionales, la coerción local y la fragmentación de las comunidades desamortizadas en la concentración latifundista sigue siendo objeto de análisis regional, y el caso Cauca no se comporta como el Sinú, ni ninguno como Cundinamarca. La obra de Schultes revalorizó saberes indígenas pero también alimentó formas de apropiación farmacéutica y de turismo del yajé cuyos costos se trasladaron a las comunidades del Vaupés en décadas posteriores. La cadena precisa entre la alteración de Morrohermoso, la sedimentación del bajo Cauca y las inundaciones recurrentes del siglo XXI exige integrar minería aluvial, cambio climático y canalización posterior. Las masacres de Fusagasugá e Ibagué en 1934 sugieren que la modulación de la resistencia fue costosa y limitada; el éxito electoral del PAN en el Sumapaz, que hubo momentos de captura institucional real. Cuánto de la ecología colombiana contemporánea sigue siendo obra viva de aquel siglo es una pregunta abierta. Los potreros del Sinú, las lagunas altoandinas con trucha, las tierras concentradas del Magdalena Medio, la Amazonía cartografiada por otros antes que por el Estado colombiano: el objeto no ha terminado de suceder, y por eso la historia ambiental tampoco ha terminado de responder.