Colonización campesina

La colonización campesina en Colombia

La colonización campesina no es un episodio pintoresco de la historia rural colombiana ni la crónica de familias que abrieron monte con hacha y machete. Es un dispositivo estructural. Entre la segunda mitad del siglo XIX y el Acuerdo de La Habana en 2016, el Estado colombiano tramitó sin resolver el problema agrario mediante un mismo procedimiento: cada vez que la presión por la tierra amenazó con volverse redistributiva en las zonas centrales del país, la respuesta institucional consistió en desplazar esa presión hacia la frontera —baldíos, laderas, piedemontes, selvas—, delegando en el colono la tarea de habilitar territorios que, tras dos o tres décadas, terminaban concentrándose en manos de ganaderos, comerciantes y latifundistas. El resultado, repetido con obstinada regularidad a lo largo de siglo y medio, fue una frontera agrícola en expansión permanente, una periferia campesina desprovista de derechos consolidados y un centro agrario intocado. La Constitución de 1991 y la Ley 160 de 1994 intentaron romper ese ciclo instituyendo al campesinado colonizador como sujeto de derechos territoriales colectivos mediante las Zonas de Reserva Campesina; el intento coincidió con el momento en que las zonas de colonización se habían convertido en el principal teatro del conflicto armado y de la economía cocalera. La contradicción entre reconocimiento formal y despojo real, lejos de resolverse, se selló.

La forma antioqueña: baldíos, roza y ley de tres pasos

La política de tierras del siglo XIX colombiano estimulaba de manera simultánea dos vectores incompatibles: la inversión capitalista en grandes extensiones y la colonización campesina de los baldíos. El Código Fiscal de 1873 fijó un precio mínimo de cincuenta centavos por hectárea y estableció que la adquisición se hiciera mediante la compra de "bonos territoriales", requisito que en los hechos cerraba el acceso a los colonos sin capital. La Ley 61 de 1874, impulsada en el Congreso por Salvador Camacho Roldán, intentó contrarrestar ese sesgo restrictivo, aunque su aplicación efectiva quedó opacada por un aparato administrativo débil, antitécnico y sometido a cambios frecuentes de jurisdicción. Antes de 1886 los Estados soberanos tuvieron alguna autonomía sobre las concesiones que la nación les había cedido; ese año la administración se centralizó, sin que la centralización mejorara sustancialmente la calidad del registro. El agregado del siglo fue inequívoco: la mayoría de las tierras ocupadas hasta la década de 1920 se originaban en usurpaciones ilegales de baldíos, y la propiedad tendió a concentrarse en manos de un número reducido de grandes propietarios.

Sobre ese trasfondo legislativo se desplegó la colonización antioqueña. Desde mediados del siglo XIX, la frontera interior de la provincia de Antioquia avanzó al sur de Medellín sobre la Cordillera Central, y luego sobre las laderas orientales de la Cordillera Occidental —las que bordean el Valle del Cauca— y las orientales de la Central, con Sonsón como uno de sus puntos de partida y un movimiento sostenido hacia el sur. Mineros desilusionados por el agotamiento de los depósitos superficiales, agricultores en busca de mejores tierras y un estrato de colonos pobres expulsados por la presión demográfica sobre las montañas antioqueñas conformaron la corriente. Los mazamorreros —descendientes de esclavos y mestizos que extraían oro con bateas de madera talladas a mano y llegaron a producir una cuarta parte del oro exportado desde Antioquia en el siglo XIX— aportaron una cultura de movilidad extrema que se acopló bien a la vida colona.

La técnica agrícola era elemental y depredadora: roza y quema. El colono tumbaba el monte, sembraba maíz o yuca durante dos o tres cosechas y dejaba el suelo en barbecho durante diez años o más antes de repetir el ciclo en otro terreno. Esa lógica de rotación amplia sobre tierras nuevas alimentó lo que se conoció como la ley de tres pasos: primero el colono tumbaba el monte y habilitaba la tierra; luego, sin capital ni títulos, vendía sus mejoras a bajo precio a un contratista o finquero; finalmente, un gran terrateniente terminaba apropiándose de las tierras ya habilitadas. En la Costa Atlántica operaba una variante funcionalmente equivalente, la aparcería llamada "pasto por tierra": el campesino tumbaba monte, lo usufructuaba durante dos años sembrando maíz y plátano, y al vencerse el plazo entregaba la tierra sembrada en pastos al terrateniente, quien solo había adelantado víveres, semillas de pasto y alambre de púas. Los "avances" con que el propietario financiaba al colono rara vez se saldaban, y la deuda impagable lo empujaba a internarse aún más en el monte para abrir nuevas tierras destinadas al mismo dueño. Bajo distinta forma jurídica, el terrateniente habilitaba tierra transfiriendo el grueso del trabajo al colono a cambio de adelantos menores o del usufructo temporal.

La colonización antioqueña, celebrada durante décadas como una gesta democratizadora, no produjo una estructura de tenencia igualitaria. La mayor parte de la tierra quedó en manos de un número reducido de grandes propietarios vinculados a la colonización capitalista ganadera, mientras los colonos pobres se instalaron en tierras de ladera en condiciones precarias. Solo más tarde, con el auge cafetero, la coexistencia entre grandes haciendas y medianas y pequeñas explotaciones abrió un espacio de propiedad campesina relativamente estable —espacio en cuya génesis, sin embargo, siguió pesando la asimetría inicial.

La primera institucionalización: la Ley 200 y sus paradojas

En 1926 la Corte Suprema de Justicia introdujo una decisión que hizo temblar el edificio de la propiedad rural: en caso de litigio, el presunto propietario debía exhibir títulos que se remontaran a una concesión de la Corona española o de la República. La doctrina, reiterada en 1934, hacía visible lo que todos sabían: la mayor parte de la propiedad rural colombiana descansaba sobre usurpaciones acumuladas de baldíos, y los grandes propietarios consideraban "diabólico" que se les exigiera lo que no podían presentar. Esa presión jurídica, sumada a la agitación campesina en Sumapaz, Tequendama y el Tolima durante los años veinte y comienzos de los treinta, dio contexto a la Ley 200 de 1936, aprobada durante la primera administración de Alfonso López Pumarejo.

La Ley 200 no fue una reforma agraria. No redistribuyó tierra, no tocó la estructura latifundista heredada de la Colonia y del siglo XIX. Su efecto principal, y en buena medida su propósito operante, fue subsanar el problema de los títulos para los terratenientes: sustituyó la prueba documental por la demostración de destinación económica. Quien pudiera acreditar que la tierra estaba siendo explotada podía consolidar su propiedad, con independencia de si los papeles se remontaban o no a una concesión original. Al mismo tiempo, la Ley 6ª de 1936 estableció trabas para el lanzamiento de colonos ocupantes y adjudicó la propiedad al aparcero o arrendatario que hubiera trabajado la tierra durante diez años. La consecuencia fue paradójica: temerosos de que sus arrendatarios y aparceros les disputaran el dominio, muchos terratenientes procedieron a expulsarlos preventivamente. Las expectativas reformistas abiertas por la República Liberal se cerraron desde el mismo aparato normativo que las había levantado.

Durante el período liberal, entre 1930 y 1946, las adjudicaciones de baldíos tendieron a corregir el sesgo histórico a favor de grandes extensiones, aumentando la proporción de pequeñas —inferiores a veinte hectáreas— y medianas adjudicaciones. Fue el momento en que empezó a crecer una clase media rural, y algunas tensiones agrarias cedieron. Pero la magnitud del rezago era colosal: entre 1902 y 1953 solo se adjudicó el seis por ciento del área total de baldíos que habría de adjudicarse hasta 2012; el noventa y cuatro por ciento restante se adjudicó entre 1954 y 2012. La colonización campesina llevaba un siglo abriendo frontera sin que el Estado alcanzara a formalizar la tenencia.

La Violencia como colonización forzada

A mediados de los años cuarenta, el equilibrio precario se rompió. La Violencia bipartidista, sumada a la pobreza extrema y a la concentración persistente de la tierra, se convirtió en el principal motor del desplazamiento campesino masivo hacia las periferias. Las ventas forzadas, los robos de cultivos y animales y los desplazamientos con pérdida de parcelas se concentraron con especial intensidad en las zonas cafeteras del centro y norte del Tolima y el antiguo Caldas, y ocurrían con mayor virulencia en épocas de cosecha, cuando la disputa por el fruto de la tierra hacía más rentable el despojo. De las zonas centrales, decenas de miles de familias huyeron hacia el piedemonte llanero, la Amazonía y el nororiente. La colonización dejó de ser una estrategia de acomodo demográfico para convertirse en un mecanismo de expulsión.

De ese éxodo nacieron enclaves de resistencia campesina en El Pato, Riochiquito, Marquetalia y otras zonas periféricas, hacia donde huyeron colonos que llevarían tras de sí la organización política. El Partido Comunista fue ganando influencia entre esos colonos y organizó nuevos frentes mediante las llamadas columnas de marcha, que empujaban la frontera hacia Guaviare, Caquetá y Norte de Santander. En ese sedimento organizativo se incubaron las bases de lo que en 1964 sería Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y del proceso que llevaría a la fundación de las FARC.

El Estado respondió tarde y de manera insuficiente. La Ley 20 de 1959 estableció el Plan Nacional de Rehabilitación y Socorro y asignó a la Caja Agraria la responsabilidad de dirigir la colonización de baldíos, seleccionando zonas en Caquetá y Meta. El programa benefició a apenas unas tres mil personas y encontró un obstáculo estructural que se repetiría durante décadas: muchas de las zonas baldías seleccionadas por el Estado ya estaban ocupadas por colonos espontáneos previos, lo que generaba tensiones, litigios de titulación y una expansión adicional de la frontera hacia zonas más alejadas. La colonización dirigida no ordenaba la espontánea: la empujaba.

La Ley 135 y el INCORA: reforma que no reformó

La Ley 135 de 1961, promulgada durante la administración de Alberto Lleras Camargo en el marco del Frente Nacional y de la presión reformista continental de la Alianza para el Progreso, prometía otorgar tierras a los campesinos, dirigir la colonización y mejorar la vivienda, la salud, la educación y la seguridad social de la población rural. Creó el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, el INCORA, como organismo encargado de dirigir la colonización y redistribuir tierras. Durante los años sesenta, el INCORA operó en el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba, el bajo Cauca antioqueño, el nordeste y Urabá.

El balance real fue muy inferior a la retórica. El INCORA entregó en propiedad una cantidad insignificante de tierras y se dedicó fundamentalmente a titular baldíos: a reconocer, con papel sellado, el derecho de antiguos colonos que ya habían habilitado el terreno por su cuenta. Terminó, paradójicamente, convertido en uno de los mayores propietarios territoriales del país, con 4.312.940 hectáreas de predios sobre baldíos bajo su administración.

Las cifras regionales confirman el patrón. En Arauca adjudicó 85.830 hectáreas entre 1961 y 1973, pero la región permanecía aislada, con comunicación predominantemente fluvial y una sola ruta aérea comercial: cualquier ambición de reforma integral quedaba comprometida de antemano por el vacío estatal. En el Caquetá, el período 1962-1974 concentró casi un tercio del total de adjudicaciones de baldíos que se harían allí entre 1903 y 2012 —cerca de diez mil actos administrativos, el 32,4 por ciento del acumulado secular—: una aceleración notable que, sin embargo, no revirtió la concentración, porque titular no es lo mismo que redistribuir. A comienzos de los años setenta el INCORA compró fincas por 472.470 hectáreas y distribuyó tierra a treinta mil familias, cifra que parece considerable hasta que se contrasta con la magnitud del problema: el campesinado sin tierra o con tierra insuficiente se contaba entonces por millones.

Los propios estudios del INCORA en los años sesenta llegaron a una conclusión incómoda: la concentración de la tierra en las zonas centrales estaba estrechamente vinculada a la dinámica de colonización periférica. Uno alimentaba al otro. La respuesta política a ese diagnóstico, sin embargo, fue detener la reforma. El Pacto de Chicoral de 1972, negociado entre Misael Pastrana Borrero, los gremios agrícolas y ganaderos y una mayoría bipartidista en el Congreso, dejó intacta la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales del país y devolvió a los campesinos al circuito acostumbrado: colonización periférica e informal, barrios subnormales en las grandes ciudades o parcelas insuficientes de pancoger. La cuestión agraria perdió centralidad en la política colombiana durante la segunda mitad de los años setenta y la década de los ochenta, en un período de congelación del proceso reformista.

La ANUC y la agencia campesina

Cinco años antes de Chicoral, en un movimiento inicial que parecía apuntar en dirección opuesta, el presidente Carlos Lleras Restrepo había creado la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos mediante la Resolución 061 y el Decreto 755 del 2 de mayo de 1967. La ANUC nació con una dualidad congénita —era organización estatal de usuarios y a la vez movimiento social autónomo— que definiría toda su trayectoria. Hacia 1970 contaba con unos 845.000 usuarios inscritos, organizados en asociaciones municipales.

La rama Caquetá de la ANUC ilustra la agenda integral que asumió el sindicalismo colono. Organizó huelgas cívicas —cuyo punto álgido llegó en 1971— en las que los colonos exigían alivio por inundaciones, condonación de deudas, créditos, construcción de caminos y precios fijos para el arroz y el maíz. Más allá del acceso a la tierra, la demanda articulaba crédito, servicios agropecuarios, infraestructura rural y garantías de precios. La ANUC desarrolló prácticas de toma de tierras precedidas por un trabajo minucioso de reconocimiento territorial: los propios campesinos, con vecinos y abogados, identificaban fincas ociosas y su situación catastral, y contaban con el apoyo de organizaciones estudiantiles y sindicales. El gobierno de Pastrana respondió con persecución sistemática, encarcelamientos y hostigamientos que fracturaron a la organización entre las líneas Sincelejo y Armenia.

La ANUC no era el primer ni el único proceso organizativo en las zonas de colonización. Desde la conformación de las primeras comunidades, prácticas solidarias como las mingas indígenas y la mano prestada habían fortalecido lazos comunitarios, y las Juntas de Acción Comunal creadas desde 1958 reforzaron esos tejidos previos. Sobre ese sedimento asociativo —Juntas, ligas agrarias, comités locales heredados de la ANUC, redes solidarias campesinas— se armaría, en la década siguiente, la trama organizativa de las marchas cocaleras y las Zonas de Reserva Campesina. El terreno que ese tejido tendría que disputar, sin embargo, ya no sería el mismo: en los intersticios de la crisis reformista, otra economía estaba entrando en la frontera.

La coca y la reconfiguración de las zonas de colonización

A finales de los años setenta e inicios de los ochenta ocurrió una transformación que alteraría de manera irreversible el sentido de la colonización. La introducción del cultivo de coca aceleró la ocupación de Caquetá, Putumayo y Guaviare y atrajo población de todo el país. En 1980 se registró por primera vez la producción comercial de coca en Calamar, Guaviare, y en Putumayo. La expansión del cultivo en los años siguientes convirtió esas zonas —hasta entonces periferias agrarias— en el epicentro de una nueva economía política del país.

La relación entre las FARC y la coca fue gradual. Durante décadas la organización había operado en zonas de colonización sin participar en el tráfico, y su crecimiento inicial se atribuía a la represión estatal y al empobrecimiento campesino, no a la economía ilegal. Hacia 1983 y 1984, en algunas áreas del Caquetá, empezaron a permitir el cultivo de hoja a cambio del cobro de impuestos, y desde allí la vinculación se profundizó. Las FARC tendieron a controlar el eslabón inicial del negocio —productores de hoja, pasta y base en zonas aisladas—, mientras las fases de transformación y comercialización, dotadas de organizaciones más complejas y aparatos armados propios, quedaron en manos de actores mejor posicionados. El crecimiento militar de las FARC a partir de la década de 1980 quedó estrechamente ligado a la economía cocalera de frontera, aunque su implantación territorial la precedía.

La Comisión de Superación de la Violencia consignó en 1992 el diagnóstico que sintetizaba el ciclo: la colonización amazónica fuera de control, con la coca como principal acicate durante la década precedente, combinada con la ineficiencia absoluta del Estado, había generado vacíos de autoridad llenados por contrapoderes guerrilleros y paramilitares, con el consiguiente despojo de territorios indígenas, particularmente en el Putumayo.

La Constitución de 1991 y la Ley 160: el reconocimiento tardío

En ese contexto —una periferia colonizadora atravesada por la coca, la guerrilla, el paramilitarismo naciente y el vacío estatal— se aprobaron la Constitución Política de 1991 y, tres años después, la Ley 160 de 1994. La Carta consagró en sus artículos 60 y 64 el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios y la promoción de formas asociativas y solidarias de propiedad. La Ley 160, adoptada durante la administración de César Gaviria, se presentó como el desarrollo legislativo de esos mandatos: intento de reformar la estructura agraria y garantizar la seguridad alimentaria de los sectores campesinos menos favorecidos.

El mecanismo central de la ley marcaba un giro paradigmático respecto al modelo del INCORA. En lugar de adjudicar baldíos directamente o comprar tierras para redistribuirlas, el Estado se limitaba a ofrecer un subsidio del setenta por ciento del valor de un predio, dejando en manos del campesino la negociación con el propietario y la financiación del treinta por ciento restante mediante crédito bancario, todo condicionado a la presentación de un proyecto productivo competitivo en el mercado. El acceso a la tierra dejaba de ser un derecho tutelado por el Estado y pasaba a depender de la capacidad del campesino para operar como empresario agrícola frente a la banca comercial y frente al vendedor. La ley trasladó al mercado la función redistributiva y, con ello, la clausuró de hecho: el pequeño colono sin capital, sin garantías bancarias, sin capacidad de gestionar un plan agroindustrial rentable, quedó fuera del circuito. Los observadores caracterizaron muy pronto la Ley 160 como fallida, y la evidencia posterior confirmó ese diagnóstico: durante los años noventa y comienzos de los dos mil, los subsidios efectivamente entregados fueron marginales frente a la magnitud del problema, y buena parte terminó capitalizando a los vendedores de tierras antes que consolidando economías campesinas.

Su capítulo XIII, sin embargo, introdujo una figura que sí tenía potencial transformador: las Zonas de Reserva Campesina. Concebidas para regular y racionalizar la ocupación de baldíos, evitar la concentración de la tierra y proteger los recursos naturales y el medio ambiente, las ZRC eran una manera de institucionalizar al campesinado colonizador como sujeto colectivo con derechos territoriales sobre franjas específicas de la frontera. No eran resguardos ni titulaciones colectivas al estilo de las comunidades negras: eran zonas donde el Estado se comprometía a limitar la concentración —fijando extensiones máximas de la unidad agrícola familiar— y a acompañar la economía campesina con planes de desarrollo sostenible concertados con las organizaciones locales. El giro conceptual era significativo: por primera vez, la legislación agraria colombiana reconocía que el campesinado colonizador no era una población transitoria destinada a ser desplazada por la propiedad capitalista consolidada, sino un sujeto territorial con derechos propios sobre la frontera que había habilitado.

Entre 1997 y 2002 se constituyeron seis Zonas de Reserva Campesina: la Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas en Caquetá, Calamar en Guaviare en 1997, Morales-Arenal en el sur de Bolívar en 1999, Cabrera en Cundinamarca en 2000, Bajo Cuembí y Comandante en Putumayo en 2000, y el Valle del Río Cimitarra entre Antioquia y sur de Bolívar en 2002. Geográficamente coincidían con el mapa de la colonización histórica: piedemonte amazónico, Serranía de San Lucas, Magdalena Medio, la vieja frontera sumapaceña.

La derrota paramilitar del reconocimiento formal

El reconocimiento formal llegó justo cuando la violencia sobre las zonas de colonización se intensificaba. Entre 1989 y 1994, 1.115 personas fueron asesinadas por motivos políticos en zonas de colonización —en su mayoría colonos, pequeños campesinos e indígenas—, sometidas a desplazamiento forzado o eliminadas mientras sus tierras se revalorizaban al calor de la especulación. Desde los años ochenta, la tierra en las periferias se había convertido en activo especulativo, propulsor de un capitalismo rentista que rediseñó las estructuras agrarias y generó nuevos conflictos de clase.

El paramilitarismo en Urabá y Córdoba, impulsado desde finales de los ochenta por Fidel Castaño y el Cartel de Medellín, estuvo vinculado desde su origen a la compra de tierras, a la ofensiva contraguerrillera y al apoyo activo de hacendados y ganaderos resentidos por las acciones guerrilleras. En Agustín Codazzi, en el Magdalena, propietarios de tierras conformaron grupos armados de vigilantes para expulsar campesinos, en algunos casos con apoyo de autoridades, antes o en paralelo a la incursión paramilitar formal. Los desalojos adelantados por alcaldes y policías, y los grupos privados de vigilantes, prepararon el terreno para las masacres.

En 1996, cuando comenzó a explorarse la posibilidad de establecer la primera Zona de Reserva Campesina en el Meta, el ejército, junto con unidades paramilitares, desató un gran operativo que agudizó el terror entre los pobladores y su desplazamiento de la región. Ese mismo año se realizaron las marchas cocaleras, una de las protestas agrarias más amplias de la historia colombiana, que movilizaron a Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta. Según testimonios de líderes cocaleros, las FARC habrían brindado un respaldo tácito, buscando demostrar al Estado su capacidad de movilización en el sur del país; los campesinos, en todo caso, asumieron los mayores costos represivos. En las marchas, los pobladores rurales vinculados a economías de coca disputaron su identidad frente a las etiquetas de guerrilleros o narcotraficantes, exigiendo ser reconocidos por el Estado bajo la categoría de "campesinos".

A fines de 1996, tras el paro cocalero, el paramilitarismo se reorganizó en regiones de colonización como Morelia, Caquetá, y asesinó a líderes campesinos que habían participado en las marchas; el líder Noé Sánchez fue asesinado en 1997. En el Guaviare, que para 1994 concentraba las dos terceras partes de los cultivos de coca del país —unas 26.300 hectáreas de las 43.000 nacionales según la Policía Antinarcóticos—, la intensificación de la erradicación forzada desde mediados de los noventa incidió en el aumento del precio de la coca y en la agudización de las disputas por los corredores estratégicos. El Bloque Catatumbo de las AUC destruyó el tejido social campesino de esa región. Los gremios reforzaron políticamente el asedio: la Sociedad de Agricultores de Colombia declaró "inaceptable" darle autonomía a las ZRC y las relacionó con "repúblicas independientes"; Fedegán fue más incisiva, calificándolas de "cartuchos rurales", "peligrosas" o "repúblicas independientes".

Organizaciones campesinas como la Coordinadora Nacional Agraria, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y Fensuagro enfrentaron graves violaciones de derechos humanos durante los años noventa; Anzorc estuvo casi desaparecida desde 2004. La ANUC, debilitada desde los setenta, había perdido buena parte de su capacidad de convocatoria. La estigmatización política —el mote de "repúblicas independientes" ya había servido para justificar la ofensiva contra Marquetalia en 1964— y la violencia material se articulaban en una misma operación de clausura. A partir del año 2000, con la intensificación de acciones armadas de las FARC en casi todas las regiones y el despliegue simultáneo del paramilitarismo, las zonas de colonización se consolidaron como el principal teatro del conflicto.

Larga duración y deuda pendiente

El balance de larga duración lo sintetizan las cifras mejor que cualquier retórica. De todos los baldíos adjudicados por el Estado colombiano hasta 2012, apenas el seis por ciento se había adjudicado antes de 1953: el Estado dedicó buena parte del siglo XX a formalizar tenencias que llevaban décadas —a veces un siglo— establecidas de hecho, mientras la frontera seguía expandiéndose por delante de esa formalización. El INCORA, brazo de la reforma agraria durante medio siglo, tituló mucho más de lo que redistribuyó. Las colonizaciones dirigidas por el Estado se superpusieron a las espontáneas y a las forzadas sin alterar significativamente la concentración de la tierra.

En 2011, con la caída de los homicidios y del desplazamiento, el resurgimiento de organizaciones campesinas como el CNA, Anzorc y Fensuagro reactivó la movilización. Y en La Habana, entre 2012 y 2016, la mesa de negociación entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC colocó como primer punto una reforma agraria integral, reconociendo que la tierra y la pobreza campesina habían ocupado un lugar central en las causas del conflicto armado. La Política de Desarrollo Agrario Integral —bautizada como Reforma Rural Integral, RRI— contemplaba un Fondo de Tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y fijaba como meta la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un cincuenta por ciento de la pobreza rural en un plazo de diez años. Incluía además, articulada con el problema agrario, la sustitución de cultivos ilícitos como estrategia para las comunidades campesinas.

La pregunta redistributiva reabierta en la mesa de negociación reaparecía, con otro vocabulario, en el debate de política económica. Albert Berry había sostenido durante décadas que una distribución más igualitaria de la tierra era condición de modernización rural; en 2014, en una visita al país, James Robinson propuso reemplazar esa vía por la mejora del acceso a la educación, calificando de irrealizable la restitución y redistribución de tierras. En clave de política pública se reproducía la vieja bifurcación que había atravesado siglo y medio de política agraria colombiana: resolver el problema en el centro, tocando la estructura de la tenencia, o volver a aplazarlo por otras vías —la frontera, ayer; el capital humano, hoy.

Ahí está el nudo. El mecanismo forjado en el Código Fiscal de 1873 y perfeccionado por Chicoral no fue un accidente institucional ni la crónica de una intención bienintencionada que salió mal. Fue la forma misma del Estado colombiano frente a su cuestión agraria: cada generación de campesinos sin tierra enviada a habilitar una frontera cuyas mejoras, río abajo, terminarían concentradas, mientras el centro permanecía intacto. Lo que se derrotó entre 1996 y 2002 no fue una ley débil ni un sujeto inviable, sino la posibilidad concreta de que ese ciclo dejara de operar: la violencia paramilitar, la estigmatización gremial y la superposición de la economía cocalera cancelaron el reconocimiento formal en el mismo momento en que se enunciaba. Queda por saber si la Reforma Rural Integral, o lo que sobreviva de ella, alcanzará a interrumpir el ciclo o si volverá a inscribirse en él como una capa más de derecho enunciado sobre despojo consumado.