Alfonso López Pumarejo

El hijo de Honda

Nació el 31 de enero de 1886 en Honda, el puerto sobre el Magdalena que entonces era la puerta comercial de Bogotá hacia el mundo. Su padre, Pedro Aquilino López, era un bogotano raizal cuya ambición no cabía en el comercio local: durante los años de la Primera Guerra Mundial y la posguerra consolidó una casa de exportación de café y un banco comercial, y con ellos una fortuna que abrió al hijo mayor las puertas de un mundo que ningún político colombiano de la época frecuentaba con la misma soltura.

Ese linaje mercantil se apoyaba en una tradición política más antigua. Ambrosio López, antepasado de la familia, había organizado en el siglo XIX las Ligas Democráticas de Bogotá —esos primeros ensayos de organización popular urbana que agitaron la capital en tiempos del liberalismo radical— y sus restos reposaban bajo el altar mayor de la iglesia de Las Nieves. La casa López combinaba dos herencias que en Colombia rara vez se juntaban: el capital moderno y la memoria de la política popular. El nieto ejercería ambas cosas.

Alfonso recibió sus primeras clases en Honda y, al trasladarse la familia a Bogotá, pasó por el Colegio San Luis Gonzaga y el Liceo Mercantil. La educación se completó con clases particulares con algunos de los maestros más notables de su tiempo, posiblemente entre ellos Miguel Antonio Caro, el gramático conservador que había cogobernado el país en los años noventa del siglo anterior. No obtuvo, en rigor, un título universitario convencional: su formación fue la de un hijo de comerciante rico al que se le da el conocimiento útil y las lecturas necesarias, sin las ceremonias del doctorado. Esa condición de autodidacta ilustrado, más cercana al gentleman anglosajón que al doctor bogotano, marcaría su estilo.

En los años previos a su carrera política, López se movió con naturalidad por los circuitos de Londres y Nueva York, entre tertulias, clubes y oficinas comerciales. Aprendió inglés, trató banqueros, entendió cómo funcionaba una economía moderna. Cuando regresó a la política doméstica, traía una ventaja que casi ningún dirigente colombiano poseía: sabía cómo pensaban las capitales del capitalismo mundial, y sabía —esto es lo decisivo— que Colombia no funcionaba de ese modo.

Pertenecía a lo que se llamó la generación centenarista, la cohorte que llegó a la vida pública alrededor del centenario de la independencia y que incluyó a Enrique Olaya Herrera y Eduardo Santos, dos futuros presidentes liberales. Era una generación de hijos de la Regeneración conservadora que decidieron desmontarla desde adentro, sin destruir sus formas.

El fin de la hegemonía

Para entender el ascenso de López hay que medir el edificio que le tocó heredar. Desde 1886 —el año de su nacimiento, coincidencia perfecta— Colombia había vivido cuarenta y cuatro años bajo dominio ininterrumpido del Partido Conservador. La hegemonía conservadora fue derrotada en 1930 no por una insurrección liberal sino por una división interna en sus propias filas, que permitió a Enrique Olaya Herrera llegar al poder con un gobierno de Concentración Nacional: bipartidista, con la mitad de los ministerios entregados al conservatismo y el compromiso explícito de no tocar el Concordato ni el estatuto de la Iglesia Católica. Fue un cambio de guardia negociado, no una revolución.

López, ministro y luego dirigente liberal durante ese gobierno de transición, entendió antes que nadie que la aritmética estaba cambiando. Las elecciones parlamentarias de 1933 se lo confirmaron: el liberalismo duplicó la votación conservadora y ganó en todos los departamentos salvo Antioquia, Caldas y Nariño, obteniendo por primera vez en más de medio siglo la mayoría en la Cámara de Representantes. El fenómeno de fondo era demográfico y sociológico —la universalización del sufragio para varones mayores de 21 años, sin requisito de alfabetización ni de renta, había vuelto mayoritario a un liberalismo que crecía sobre todo en las ciudades—, pero el efecto político inmediato fue táctico: el Directorio Nacional Conservador se percató de que era ahora un partido minoritario y respondió con la abstención.

El 6 de noviembre de 1933, López aceptó la candidatura presidencial de su partido. Una semana después, el 13 de noviembre, el Directorio Conservador decretó la abstención para los comicios de 1934. La estrategia se repetiría en las elecciones de renovación bicameral de 1935 y en la sucesión que llevó a Eduardo Santos al poder. La lógica declarada era la deslegitimación: si López había sido elegido solo con votos liberales, era presidente de los liberales y no de todos los colombianos; el Congreso resultante era un "congreso liberal" y no el del país. Entre 1933 y 1949, el Partido Liberal obtuvo mayorías en las dos Cámaras, en casi todas las asambleas departamentales y en seis o siete de cada diez concejos municipales. Sobre el papel, una hegemonía; en la práctica, una hegemonía cuya legitimidad la oposición nunca aceptó.

López, consciente del problema, intentó un gesto: tres días antes de posesionarse ofreció al Directorio Conservador tres ministerios —Hacienda, Agricultura e Industrias— con carácter fiscalizador y limitado. El Directorio rechazó la oferta. Y así, el 7 de agosto de 1934, tomó posesión el primer presidente colombiano del siglo XX que gobernaría sin conservadores en el gabinete y con un Congreso monocolor. Lo acompañaba un equipo llamativamente joven: Alberto Lleras Camargo con 28 años, Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral, Darío Echandía —todos menores de 38—, jóvenes intelectuales en lugar de los grandes barones tradicionales del liberalismo. Era ya una declaración.

La Revolución en Marcha

El nombre lo dice casi todo. La Revolución en Marcha era una promesa de movimiento y una advertencia sobre su límite: revolución, sí, pero en marcha, es decir procesal, gradual, dentro de las formas. Se apoyó en tres pilares simbólicos: reforma tributaria, reforma agraria y democratización de la educación. Y su coronación fue la reforma constitucional de 1936, la más importante que sufrió la Carta de 1886 en sus 105 años de vigencia.

La reforma tributaria introdujo impuestos directos y progresivos que aumentaron considerablemente los recursos del Estado. Por primera vez en Colombia, quien más tenía debía aportar proporcionalmente más al fisco, y el Estado dispuso de un músculo fiscal capaz de sostener obras públicas, educación e intervención económica sin depender exclusivamente del café y las aduanas.

La reforma constitucional de 1936 fue el gran giro doctrinario. Matizó el individualismo puro de 1886 con preceptos de contenido social y —lo decisivo— consagró el intervencionismo estatal como principio: el Estado quedó autorizado a intervenir en la explotación de industrias y empresas públicas o privadas para racionalizar la producción, la distribución y el consumo de las riquezas. Aquello significaba el fin del Estado gendarme decimonónico y la instauración jurídica de un Estado con deberes sociales activos. En materia religiosa, la reforma suprimió el artículo 38 de la Constitución de 1886, que reconocía a la Iglesia Católica como religión de la nación, e instauró la libertad de conciencia y de cultos. Pero —y aquí aparece el primer límite del reformismo— la libertad quedó condicionada a no ser contraria a la moral católica ni a las leyes, y el Concordato de 1887 quedó intacto. El Estado dejó de ser confesional en el texto, pero siguió siéndolo en la práctica, sobre todo en los territorios donde la Iglesia gobernaba de facto la educación, el registro civil y buena parte de la vida cotidiana. Esa tensión entre la letra reformada y el Concordato sobreviviente duraría hasta la Constitución de 1991.

En el frente educativo, López fue tajante en su discurso de posesión: denunció la falta de maestros formados, universidades desconectadas de los problemas del país, ausencia de estadísticas y de ciencias sociales que pudieran orientar la acción del Estado. El gobierno lanzó una campaña nacional de alfabetización y, mediante la Ley 12 de 1934, creó la Campaña de Cultura Aldeana y Rural. Se buscó adaptar la enseñanza al proceso de industrialización, incorporando motivaciones económicas y sociales junto a los principios liberales de libre examen y fe en la ciencia. El proyecto más visible fue arquitectónico: entre 1934 y 1936 se desarrolló en Bogotá el Plan General de la Ciudad Universitaria, diseñado por los alemanes Fritz Karsten, Eric Lange y Leopoldo Rother, en paralelo al Plan Regulador de la ciudad trazado por el urbanista austríaco Karl Brunner. La Universidad Nacional recibió, por primera vez, un campus concebido como tal —un pedazo de modernidad europea trasplantado a la sabana— y con él una idea nueva: la universidad como institución central del Estado moderno.

La Ley 200 y sus trampas

El pilar más ambicioso y más traicionero fue la reforma agraria, condensada en la Ley 200 de 1936. Sobre el papel, la ley era audaz: si un propietario no daba destinación económica a su predio rural, éste revertiría al Estado al cabo de diez años. Además, otorgaba a los colonos que hubieran explotado económicamente un predio durante cinco años el derecho a adquirir el dominio, siempre que hubieran obrado de buena fe. El principio subyacente —la función social de la propiedad— era revolucionario para la Colombia terrateniente.

La realidad fue otra. La Ley 200 no fue en verdad una reforma redistributiva: fue una medida para estimular la productividad y modernizar el campo sin tocar la estructura latifundista. Y su efecto más importante, quizá inconfesado, fue resolverles a los grandes propietarios un problema jurídico secular: hasta entonces, quien reclamaba un título sobre tierra debía remontarlo a una concesión de la Corona española o de la República —la llamada "prueba diabólica", casi imposible de aportar—. La Ley 200 sustituyó ese requisito por el criterio de la destinación económica del predio. Bastaba estar explotando la tierra para consolidar su propiedad. Al gran terrateniente esto le regalaba, de un plumazo, la seguridad jurídica que siglos de litigios coloniales no habían logrado.

Peor aún: en varias regiones la ley produjo el efecto contrario al anunciado. Temerosos de que colonos, arrendatarios y aparceros les disputaran las tierras alegando haberlas explotado, muchos terratenientes procedieron a expulsarlos antes de que se cumplieran los plazos. La aplicación fue radicalmente desigual, y dependió del equilibrio de poder local: donde los grandes propietarios controlaban los gobiernos municipales, la policía y los jueces de distrito —es decir, casi en todas partes—, lograron burlar la ley, imponer su propia interpretación o, sencillamente, quedarse con las tierras de los colonos. El artículo sexto, que preveía la extinción del dominio sobre predios incultos, tuvo aplicación mínima. La ambigüedad de la ley —oscilaba entre la vía de la pequeña propiedad y la vía de la transformación de la hacienda en empresa capitalista— se resolvió en la práctica por la segunda: el capitalismo agrario avanzó sin desmontar el latifundio.

El desenlace lo confirmaría el propio López. Durante su segundo mandato, en pleno reflujo político, sancionó la Ley 100 de 1944, que amplió los plazos concedidos a los propietarios para poner a producir la tierra improductiva y, en términos generales, restauró poderes de los terratenientes que la Ley 200 había amagado con recortar. Los gobiernos liberales posteriores reforzarían la vía del crédito y la tecnología, abandonando toda perspectiva redistributiva. Hacia mediados de los años cuarenta, la ventana que se había abierto en 1936 estaba cerrada. La cuestión agraria, sin resolver, quedó incubándose bajo la superficie del país. Diez años después, se llamaría la Violencia.

El obrero como ejército del régimen

Si con la Ley 200 López intentó absorber al campesinado desde arriba sin distribuir tierra, con el movimiento obrero ensayó una operación paralela y más exitosa: absorber sus demandas sin ceder el poder. La lógica era limpia. Para los liberales progresistas —y para López en particular— la oposición reaccionaria del conservatismo y la Iglesia solo podía neutralizarse si el gobierno contaba con un respaldo popular organizado. El movimiento obrero, aún incipiente pero en crecimiento, era el "ejército en potencia" del régimen.

El método fue triple. Primero, apropiarse del lenguaje: la Revolución en Marcha adoptó el vocabulario socializante y las demandas de la izquierda —justicia social, intervencionismo, derechos laborales, redistribución— sin nunca comprometerse con un proyecto socialista. Fue un reformismo pragmático más cercano al New Deal de Roosevelt que a cualquier utopía europea, aunque prestara de ambos. Segundo, cooptar a los cuadros: puestos burocráticos para jóvenes intelectuales de izquierda o con militancia en ella, a los que se les pedía no abandonar el lenguaje socializante y a quienes se permitía asistir como funcionarios a congresos y manifestaciones populares. Tercero, garantizar reformas laborales concretas —la reforma constitucional de 1936 y las leyes que la desarrollaron abrieron un piso jurídico para el sindicalismo moderno— que hicieran del gobierno liberal un aliado estratégico frente a la patronal.

El resultado fue una domesticación del movimiento inconforme. El sindicalismo colombiano se organizó bajo el ala del liberalismo, y el liberalismo se apropió de la capacidad de movilización obrera que otros países latinoamericanos verían crecer por fuera de los partidos tradicionales. Cuando los golpes conspirativos contra López se multiplicaron —y llegaron a materializarse en 1944—, ese respaldo obrero organizado fue el principal sostén popular del régimen. La ecuación era estable mientras funcionara: el Estado entregaba reformas legales; los sindicatos entregaban lealtad. Pero era también una ecuación frágil, porque desactivaba la agencia autónoma de las clases populares y dejaba su suerte atada a la voluntad reformista del liberalismo. Cuando el liberalismo se dividió y perdió el poder en 1946, el movimiento obrero cooptado se quedó sin protectores. La Violencia lo encontraría desarmado.

La segunda presidencia

Entre 1938 y 1942 gobernó Eduardo Santos, liberal moderado, que enfrió el ímpetu reformista y buscó reconciliar al país. Cuando López volvió al Palacio de la Carrera en 1942, la Colombia que encontró era otra: la Segunda Guerra Mundial imponía sus emergencias, el conservatismo se había reorganizado bajo el liderazgo de Laureano Gómez, y el propio liberalismo estaba profundamente faccionalizado. La segunda presidencia de López fue el reverso agrio de la primera.

Laureano Gómez, desde el diario El Siglo —que había fundado en 1936 precisamente para combatir la Revolución en Marcha—, lanzó una corriente constante de denuncias que iban desde los derechos electorales conservadores hasta las finanzas personales del presidente. La oposición conservadora enmarcó las reformas lopistas como vehículo de infiltración comunista, proyectando sobre Colombia los enfrentamientos europeos entre extremismos de derecha e izquierda. La prensa conservadora —El Siglo, la Revista Javeriana, un semanario radical en Medellín— se alineó como un frente denso contra el gobierno. Gómez, seguidor doctrinal de la Falange española más que estrictamente fascista, había pasado con López por años de amistad personal; ahora esa cercanía se había convertido en enemistad pública. El Congreso, pese a la mayoría liberal, bloqueaba sistemáticamente los programas domésticos del presidente. López, cercado, empezó a hablar públicamente de renunciar desde octubre de 1943.

Entonces estallaron los escándalos. En 1943, Alfonso López hijo —el delfín— fue vinculado al asesinato del ex boxeador Francisco Pérez, apodado "Mamatoco", quien editaba un pasquín antigobiernista y había publicado un enredo sentimental del joven López con una dama del cuerpo diplomático. Al mismo tiempo, el hijo del presidente aparecía involucrado en negocios de la firma Handel y de la Trilladora del Tolima, en un caso de tráfico de influencias que Gómez amplificó desde El Siglo dentro de una campaña permanente sobre moral y buenas costumbres.

López pidió al Congreso, en noviembre de 1943, permiso para una licencia. Ostensiblemente, para llevar a su esposa María Michelsen a tratamiento médico en Estados Unidos. Se ausentó del 16 de noviembre de 1943 al 16 de mayo de 1944, dejando al designado Darío Echandía al mando. Fueron seis meses de vacío presidencial en una república acorralada por escándalos, prensa hostil, oposición virulenta y un Congreso que no legislaba. Cuando volvió, era ya un presidente disminuido.

Pasto

El desenlace llegó el 10 de julio de 1944. López se encontraba en Pasto asistiendo a maniobras militares cuando un grupo de oficiales sublevados lo apresó. El principal ejecutor identificado del golpe fue el coronel Diógenes Gil. En Bogotá, el designado Darío Echandía asumió inmediatamente el mando, con la colaboración estrecha del ministro Alberto Lleras Camargo, el respaldo de amplios sectores de la sociedad y —decisivamente— la adhesión de los altos mandos militares, que no siguieron a los sublevados. Trabajadores y comunistas se movilizaron en respaldo del presidente secuestrado. En aproximadamente dos días, el golpe estaba fracasado y López libre.

La consecuencia inmediata fue el endurecimiento del régimen: estado de sitio, cierre del Congreso, censura de prensa. Laureano Gómez fue arrestado en 1944 por el carácter inflamatorio de sus ataques desde El Siglo. Pero el golpe fallido había roto algo más profundo que la legalidad. Había demostrado que el presidente era vulnerable, que su base militar era incierta y que su capital político estaba agotado. López lo entendió mejor que nadie: en 1945 renunció formalmente, antes de terminar el mandato que le correspondía hasta 1946.

Alcanzó, en ese último tramo de gobierno, a impulsar en 1945 una reforma constitucional que otorgó la ciudadanía a la mujer —sin que el reconocimiento del voto viniera todavía—, prohibió a los militares en servicio activo sufragar e intervenir en política, e introdujo modificaciones laborales y territoriales. Fue su despedida legislativa. La sancionó y se fue.

Alberto Lleras Camargo, uno de aquellos jóvenes intelectuales del primer gabinete de 1934, completó el período. Su gobierno de transición incorporó tres ministerios conservadores y practicó una política de entendimiento bipartidista. La era del reformismo lopista había terminado. En 1946, con el liberalismo dividido entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, ganó las elecciones el conservador Mariano Ospina Pérez. La República Liberal, iniciada en 1930, había concluido.

La red y el país

Ningún reformador opera solo, y menos un patricio. López se movió toda su vida dentro de una red densa y muy definida. Su primera generación de aliados fue la centenarista: Enrique Olaya Herrera, que le abrió el camino en 1930; Eduardo Santos, moderador y rival amistoso; los intelectuales jóvenes que armó como cuadro de gobierno —Alberto Lleras Camargo, Darío Echandía, Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral—, todos ellos futuros protagonistas del liberalismo colombiano. Su antagonista mayor fue Laureano Gómez, con quien la relación pasó de la amistad personal a la enemistad más pública que conoció la política colombiana de la primera mitad del siglo. En el flanco populista de su propio partido creció Jorge Eliécer Gaitán, cuyo ascenso López observó con la ambivalencia del reformador desde arriba frente al agitador desde abajo. Y en el conservatismo dialogante estaba Mariano Ospina Pérez, quien en 1946 recogería —bajo el rótulo bipartidista— algunas de las ideas de convivencia entre los partidos que López, al retirarse, habría dejado esbozadas.

La proyección familiar fue tan fuerte como la política. Su hijo Alfonso López Michelsen, educado en universidades extranjeras y perteneciente a la élite dirigente bogotana, fundaría a fines de los años cincuenta y comienzos de los sesenta el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la disidencia rebelde del liberalismo y el más elocuente crítico del Frente Nacional. El padre había pactado la fórmula bipartidista al retirarse; el hijo la combatiría desde su izquierda antes de reintegrarse al partido y llegar, décadas después, a la presidencia. La saga López es una de las más largas del país: Ambrosio en el siglo XIX, Pedro Aquilino en la transición, Alfonso en la reforma, Alfonso López Michelsen en la crítica y luego en el poder. Un linaje que atraviesa la historia política moderna colombiana de punta a punta.

Los territorios de su biografía dibujan también un mapa: Honda —la puerta fluvial—, Bogotá —el escenario—, Londres y Nueva York —el afuera formativo—, Pasto —la humillación—, y finalmente Londres otra vez, donde moriría en 1959 lejos del país al que había intentado modernizar.

La huella

López Pumarejo dejó tres herencias mayores. La primera es institucional: el Estado colombiano posterior a 1936 no fue el Estado de 1886. Adquirió capacidad tributaria, base jurídica intervencionista, y una idea de sí mismo como agente de transformación social —así fuera limitada, así fuera contradictoria— que ningún gobierno posterior pudo enteramente revertir. La reforma constitucional de 1936 sobrevivió al lopismo, al Frente Nacional y a la propia Carta de 1886, y sus principios pasaron ampliados a la Constitución de 1991.

La segunda es política: López inauguró en Colombia el modelo de reformismo desde arriba que buscaría, con distintos rostros, resolver los conflictos sociales sin alterar sustancialmente la estructura de poder. La cooptación del movimiento obrero, la ambigüedad reformista en el agro, la modernización educativa sin resolver el analfabetismo estructural: todo eso fue plantilla para gobiernos posteriores. También lo fue el bipartidismo pactado que, embrionariamente presente al final de su segundo mandato y al principio del de Lleras, cristalizaría trece años después en el Frente Nacional. Mariano Ospina Pérez, al presentarse al debate electoral de 1946, retomaría la idea de suprimir los gobiernos de partido y distribuir el poder entre los dos bandos históricos.

La tercera herencia es más incómoda: el fracaso relativo del reformismo lopista dejó abierta la brecha entre las expectativas movilizadas y la redistribución efectivamente entregada. La cuestión agraria no se resolvió; el conflicto en el campo se agudizó bajo la superficie. La polarización política, exacerbada por la oposición furibunda de Laureano Gómez y agitada por la faccionalización del liberalismo, no se enfrió cuando López se fue: estalló en abril de 1948 con el asesinato de Gaitán y se desató en la Violencia. No cabe responsabilizar a López de aquello. Pero sí cabe decir que su proyecto fue la última oportunidad ordenada que tuvo el orden liberal colombiano para procesar por vía institucional las tensiones que venían acumulándose desde el fin de la hegemonía conservadora, y que esa oportunidad se perdió parcialmente por diseño, parcialmente por resistencia de las élites terratenientes, parcialmente por la contingencia de escándalos y golpes, parcialmente por el propio agotamiento del reformador.

En su figura conviven por igual el patricio que quiso democratizar el país sin dejar de ser patricio y el modernizador cuyo programa era lo bastante audaz para asustar a las élites y lo bastante limitado para no aliviar de verdad a los desposeídos. Ambas cosas son ciertas y no se cancelan. López fue el presidente que le dio a Colombia el Estado social sobre el papel, la reforma agraria sin reforma, la separación de la Iglesia con Concordato intacto, la modernidad urbana sin alfabetización universal, la ciudadanía sin voto para la mujer, el sindicalismo protegido y domesticado. Fue el reformador que un país oligárquico permitió: exactamente el que fue posible, no más.

Murió en Londres el 20 de noviembre de 1959, casi setenta y cuatro años después de haber nacido en Honda. Colombia estaba entonces bajo el Frente Nacional que él había ayudado a esbozar. La Violencia declinaba lentamente. Y la cuestión agraria seguía sin resolverse.