Revolución en Marcha

La Revolución en Marcha

Con el nombre de Revolución en Marcha se conoce el programa de reformas que Alfonso López Pumarejo impulsó durante su primer gobierno (1934-1938), un ciclo breve y denso que reescribió la Constitución de 1886, redefinió la propiedad, la escuela y el trabajo, y estableció el molde del Estado intervencionista colombiano para las tres décadas siguientes. No fue una revolución en el sentido en que la palabra circulaba entonces por Europa y por América Latina —ni ruptura del orden social ni toma del poder por clases subalternas—, sino un proyecto modernizador conducido desde arriba por la élite liberal, en un país donde la Hegemonía Conservadora acababa de caer y donde la conflictividad agraria y obrera de los años treinta amenazaba con desbordar los cauces institucionales. Fue, por eso, un episodio doble: reforma sustancial que dejó huellas irreversibles en la vida pública, y contención estratégica que canalizó la presión de abajo antes de que se saliera del cauce liberal. En esa doble condición —fundacional y limitada— reside su peso simbólico en la memoria del Partido Liberal y la fuente permanente de sus impugnaciones.

El presidente y su generación

Alfonso López Pumarejo nació en Honda, Tolima, el 31 de enero de 1886, el mismo año en que Rafael Núñez sancionó la Carta que su gobierno vendría a reformar cincuenta años más tarde. Su formación fue heterodoxa: pasó por el Colegio San Luis Gonzaga y el Liceo Mercantil de Bogotá, y completó sus estudios con lecciones particulares, entre otros de Miguel Antonio Caro, uno de los arquitectos intelectuales de la Regeneración. Nunca obtuvo un grado universitario convencional. Nieto de Ambrosio López, recordado como organizador de las Ligas Democráticas de Bogotá y enterrado bajo el altar mayor de la iglesia de Las Nieves, cargaba con una genealogía política que le facilitaba invocar tradiciones populares mientras se movía con soltura en los círculos financieros donde había hecho su fortuna.

Perteneció a la generación centenarista, la misma de Enrique Olaya Herrera y Eduardo Santos, pero con una diferencia decisiva: aborrecía el republicanismo conciliador que había marcado a sus contemporáneos. Donde Olaya construía coaliciones bipartidistas y Santos administraba prudencias, López practicaba una política de choque, apoyada en una manipulación léxico-gráfica de hondo calado popular que le permitía combinar los sentimientos liberales de la tradición sectaria con las expectativas de reforma social que emergían de las ciudades y de las regiones cafeteras. Ningún otro dirigente de su tiempo dominó ese registro con tanta destreza. Habló de "gobiernos de casta" y "regímenes oligárquicos" desde su condición de connotado representante de esas mismas oligarquías, y esa aparente contradicción —lejos de debilitarlo— fue el resorte de su poder.

El gabinete con el que se posesionó en agosto de 1934 confirmó la apuesta generacional. Alberto Lleras Camargo, con veintiocho años, entró al gobierno junto a Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral y Darío Echandía; ninguno superaba los treinta y ocho años. Esa camarilla dominaría la política colombiana durante las tres décadas siguientes: de ella saldrían presidentes, cancilleres, magistrados y la conducción intelectual del liberalismo hasta el Frente Nacional. La Revolución en Marcha no fue solo un programa; fue también el rito de fundación de una élite política que se prolongaría hasta los años sesenta.

Del 30 al 34: por qué era posible

El terreno donde López plantó su programa había sido preparado por la caída del régimen conservador y por el gobierno de transición de Olaya Herrera. El dominio del Partido Conservador, que se extendía desde 1886, terminó en las elecciones de 1930 cuando la incapacidad del obispo primado de Bogotá para unificar al partido en torno a un solo candidato precipitó una división interna que abrió la puerta a la coalición liberal-conservadora encabezada por Olaya. Este primer presidente liberal en cuarenta y cuatro años llegó respaldado por su cercanía con banqueros norteamericanos y por la expectativa de que reabriría el flujo de capital externo, cerrado desde el crash de 1929.

El gobierno de Unidad Nacional de Olaya tuvo, sin embargo, un margen estrecho. Los liberales controlaban el ejecutivo pero se encontraron con que los conservadores dominaban todas las demás instancias del poder y con un clero decidido a impedir cualquier modificación del Estado confesional. Aun así, Olaya introdujo un giro decisivo en la manera de tratar los conflictos laborales: en lugar de la represión sistemática que había caracterizado a los años veinte —cuya expresión más brutal fue la masacre de las bananeras de 1928—, empezó a legislar sobre los derechos básicos de los trabajadores y a reducir el uso de la fuerza contra las huelgas. Ese giro fue el andamiaje sobre el que se levantaría la política laboral de López.

Las elecciones para Cámara de 1933 sellaron la nueva correlación de fuerzas: los liberales duplicaron la votación conservadora y ganaron en todos los departamentos excepto Antioquia, Caldas y Nariño. Desde entonces conservarían mayorías en ambas cámaras hasta 1949. Los conservadores, divididos y humillados electoralmente, adoptaron una estrategia de abstención sistemática que, aunque privó al régimen de una oposición institucional, también le dio a López un Congreso a su medida para tramitar reformas que en condiciones normales habrían encontrado obstáculos formidables. La Revolución en Marcha fue, en parte, hija de esa asimetría.

Detrás de todo estaba la presión de abajo. La élite colombiana enfrentaba dos grandes desafíos: uno económico —la recuperación después de la Depresión— y otro social, ligado a la insurgencia del movimiento obrero y campesino. Las tomas de haciendas en Cundinamarca, Tolima y Sumapaz, la organización de sindicatos en las zonas cafeteras y bananeras, y la circulación cada vez más audible de ideas socialistas y comunistas hacían del reformismo no un lujo ideológico sino una necesidad de gobernabilidad. López lo entendió antes que nadie dentro de su partido.

Las tres columnas: tributos, tierra, escuela

El propio López sintetizó su programa en tres reformas: la tributaria, la agraria y la educativa. Cada una atacaba un pilar del orden decimonónico, y cada una revelaría, con el tiempo, tanto la ambición como los límites del proyecto.

La reforma tributaria de 1935 buscó instalar la tributación directa y personal como base del Estado intervencionista. El impuesto sobre la renta, introducido tímidamente en 1918 y objeto de sucesivas reformas menores, era hasta entonces una fuente marginal de recursos: el grueso de la carga fiscal recaía sobre el impuesto de aduanas, que gravaba mercancías de consumo masivo y trasladaba el peso a las clases populares mientras dejaba a los grupos privilegiados con una tributación mínima. Ya en 1914 Rafael Uribe Uribe había señalado esa inequidad y propuesto el impuesto sobre la renta como el más justo y equitativo de los existentes; López y su equipo, veinte años después, convirtieron esa crítica en política de Estado. La contradicción entre las necesidades financieras del Estado que empezaba a intervenir y la estrechez del régimen tributario heredado exigía una solución, y la reforma del 35 fue el intento de proveerla. Sus efectos redistributivos fueron modestos, pero su significado institucional fue mayúsculo: por primera vez el Estado colombiano contó con una base fiscal capaz de sostener políticas sociales sin depender exclusivamente del comercio exterior.

La reforma agraria se cifró en la Ley 200 de 1936, y allí la ambigüedad del proyecto lopista alcanzó su expresión más nítida. La ley planteaba, en apariencia, dos vías para el desarrollo del capitalismo en el campo: la distribución de tierras no explotadas —con la disposición de que los predios privados incultos durante diez años continuos quedarían sujetos a reversión al Estado— y la transformación capitalista de la hacienda mediante trabajo asalariado. En el papel, ambas posibilidades convivían; en la práctica, el régimen optó por la segunda. La cláusula de reversión nunca se aplicó de manera efectiva. Y, mucho más importante, la Ley 200 resolvió el problema jurídico que los terratenientes venían arrastrando desde las sentencias de la Corte Suprema de 1926 y 1934, que exigían para acreditar propiedad títulos originarios que se remontaran a concesión de la Corona o de la República —una exigencia que amenazaba con desmoronar la propiedad territorial de amplias regiones—. La ley sustituyó ese criterio por el de la destinación económica del predio: bastaba con demostrar que la tierra estaba produciendo. Los grandes propietarios, que habían visto con pánico la doctrina de la Corte, respiraron.

El proyecto agrario que se había discutido en 1933, bajo el gobierno de Olaya, era mucho más radical: de haberse convertido en ley, más de las tres cuartas partes de la propiedad privada colombiana habrían revertido a la nación. La Ley 200 fue una versión considerablemente moderada de aquella ambición. No fue una reforma redistributiva: su propósito era estimular la productividad y modernizar la hacienda, no repartir la tierra entre los campesinos pobres. Su aplicación dependió del equilibrio de poder local, y allí los terratenientes que controlaban los gobiernos municipales, la policía y los jueces de distrito pudieron burlarla o imponer interpretaciones favorables. Algunos aprovecharon disposiciones de la propia ley y su control sobre las instituciones locales para arrebatar tierras a colonos que llevaban años trabajándolas. En otros casos, los colonos lograron permanecer.

Y sin embargo, el efecto general fue de distensión. En regiones como el Tolima —foco activo de conflictos agrarios en la primera mitad de la década— los campesinos percibieron que por primera vez el gobierno reconocía su situación. Esa percepción, más que las disposiciones concretas, fue el logro político central de la Ley 200: neutralizar la temperatura del campo sin alterar la estructura de propiedad. La reforma agraria fue, en sentido estricto, un aparato de contención que salvó a la hacienda modernizándola.

La tercera columna, la reforma educativa, resultó paradójicamente la más transformadora en el largo plazo. En su discurso de posesión, López había criticado duramente el sistema educativo en todos sus niveles —primaria, secundaria y universidad— por su desconexión de los problemas nacionales. Olaya, absorbido por urgencias políticas y económicas, había relegado la educación a un segundo plano; López la puso en el centro. En 1932, Germán Arciniegas ya había presentado al Congreso un proyecto de reforma universitaria inspirado en el movimiento estudiantil de Córdoba de 1918, que proponía autonomía absoluta y un órgano directivo amplio; el proyecto no había prosperado. En 1935, la reforma universitaria impulsada por el gobierno reorganizó la Universidad Nacional, le concedió una autonomía parcial —no absoluta, porque las tendencias intervencionistas del Estado liberal impedían instituciones completamente fuera de su jurisdicción— y ordenó la construcción de la Ciudad Universitaria en Bogotá.

Ese campus reunió por primera vez en un solo espacio las profesiones tradicionales —ingeniería, medicina, derecho— con nuevas facultades: química, arquitectura, veterinaria, agronomía, economía, administración, filosofía. Se agregaron institutos de investigación, laboratorios, gabinetes y bibliotecas. Se instituyó la libertad de cátedra, la extensión cultural y el bienestar estudiantil. Y, en un gesto de consecuencias hondas, se abrió la Universidad a la mujer, permitiéndole participar tanto en las labores académicas como en los cuerpos de dirección. La construcción del campus enfrentó una oposición feroz: El Siglo, periódico laureanista, difundió la especie de que el proyecto encubría lucros personales del presidente. A pesar de esas resistencias, la Ciudad Universitaria se levantó y con ella se formó, en las décadas siguientes, el capital humano del Estado intervencionista colombiano. La Revolución en Marcha proyectó también una "gran cruzada del alfabeto", campaña nacional de alfabetización cuya ambición desbordó ampliamente sus resultados prácticos, pero que instaló la educación popular como asunto de Estado.

La reforma constitucional de 1936

Sobre esas tres columnas se levantó la pieza jurídica que le dio arquitectura al conjunto: la reforma constitucional de 1936, tramitada mediante el Acto Legislativo N° 1 de ese año. Se producía exactamente cincuenta años después de sancionada la Carta de 1886, y aunque la coincidencia no fue proclamada como aniversario, cargaba con toda la fuerza del gesto. El ministro de Gobierno Darío Echandía había presentado los proyectos al Senado desde el 10 de septiembre de 1934, y fue identificado en el debate público como "el reformador del momento", el rostro visible de una operación que llevaba la firma política de López.

La reforma modificó el Título III de la Constitución, dedicado a los derechos civiles y las garantías sociales, y allí introdujo cambios que alteraron el sentido del texto original. La propiedad dejó de ser un derecho absoluto para convertirse en función social: el interés colectivo podía imponerse sobre la propiedad privada bajo determinadas condiciones. El Estado quedó autorizado para intervenir en la explotación de industrias y empresas públicas y privadas con el fin de racionalizar la producción, la distribución y el consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa protección a que tenía derecho. El trabajo fue definido como obligación social bajo la especial protección del Estado. Se consagró el derecho de huelga —con excepción de los servicios públicos—, y la asistencia pública se estableció como obligación estatal.

En materia religiosa, el gesto fue medido pero real: la reforma suprimió el artículo que declaraba a la religión católica como religión de la nación y ordenaba a los poderes públicos protegerla, con lo cual limitó los poderes de la Iglesia dentro del Estado. Mantuvo, no obstante, la restricción de que la libertad de conciencia y de cultos no podía ser contraria a la moral católica ni a las leyes, con lo cual el laicismo quedó a medio camino.

La reforma encontró bases en la Constitución de la Segunda República Española, entonces recién promulgada, y su núcleo doctrinal —la función social de la propiedad, el intervencionismo estatal— circulaba en el derecho público europeo del período de entreguerras. Con esa incorporación, Colombia matizó el individualismo de la Carta del 86 y adoptó los rudimentos de lo que hoy se llama Estado social. En los ciento cinco años de vigencia de aquella Constitución, la de 1936 fue considerada la más importante de las reformas que sufrió.

Sindicatos bajo tutela

Junto a las reformas simbólicas se articuló una política laboral que reordenó las relaciones entre trabajadores, patronos y Estado. La Ley 12 de 1936 creó el Departamento Nacional del Trabajo, y el Estado asumió un papel de mediador: sentaba a las partes en la mesa de negociaciones en lugar de aplastar la huelga con policía y ejército. Fue la primera vez en la historia colombiana en que la fuerza pública no intervino de manera sistemática contra las organizaciones populares en conflictos rurales o sindicales —lo cual no significa que la represión desapareciera por completo, pero sí que dejó de ser el reflejo automático del Estado ante cada paro.

En ese marco se consolidó la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), central sindical favorecida por el Estado como interlocutor privilegiado y correa de transmisión hacia el mundo obrero. La CTC agrupó buena parte del sindicalismo colombiano bajo una orientación liberal —con presencia comunista significativa en algunas de sus federaciones— y funcionó, durante los años lopistas, como brazo social del régimen tanto como órgano de reivindicación autónoma. Esa doble condición fue característica del reformismo de López: no reprimía al movimiento popular, lo incorporaba; y al incorporarlo, lo canalizaba.

El conjunto de normas sindicales y prestacionales adoptadas durante la República Liberal —jornada, contratos, prestaciones, negociación colectiva, sindicalización— constituyó la reforma laboral más ambiciosa de la historia colombiana. Sus elementos básicos regularon las relaciones obrero-patronales durante décadas y sobrevivieron a los vaivenes políticos posteriores. Aun cuando el proyecto agrario se estancó y la reforma tributaria fue debilitada, el andamiaje laboral resistió.

Domesticar al inconforme

Para entender la lógica interna del programa conviene atender a una operación que López practicó con astucia: la incorporación de intelectuales de izquierda al aparato estatal. Repartió puestos burocráticos entre jóvenes que se decían socialistas o habían militado en la izquierda, y les pidió que no abandonaran el lenguaje socializante, que siguieran acudiendo a congresos y manifestaciones populares. Con ese gesto —la "domesticación del movimiento inconforme"— logró tres efectos simultáneos: apropiarse del vocabulario de la izquierda, restar cuadros al comunismo y al socialismo revolucionario, y presentarse ante las bases populares como un régimen amigo.

Esa estrategia dio también su nombre a la retórica del período. López habló de "gobiernos de casta" y "regímenes oligárquicos" con la misma naturalidad con que administraba fortunas y presidía juntas. La Revolución en Marcha adoptó, en su registro público, una entonación que rozaba lo insurreccional; en su ejecución, mantuvo intactos los mecanismos fundamentales del poder liberal. La elección misma de López había sido producto de alianzas tácticas dentro del Partido Liberal, y en modo alguno había significado la derrota de la fuerte facción terrateniente del partido. Esa facción —dueña de tierras en Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y las zonas cafeteras— seguía sentada a la mesa donde se decidían las reformas, y su presencia explica en buena medida el tono conciliador de la Ley 200 y el freno posterior de las reformas.

La derecha en pie de guerra

La oposición conservadora respondió al reformismo lopista con una combinación de abstención institucional y radicalización callejera. Los conservadores no participaron en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a López, ni en la renovación bicameral de 1935, ni en la coyuntura en que el liberalismo eligió a Eduardo Santos. La estrategia se fundaba en declarar ilegítimo al gobierno: alegaban fraude y falta de garantías electorales, y buscaban divorciar al presidente del país negándole reconocimiento. Un balance posterior de Otto Morales Benítez sintetizó los objetivos de esa oposición: divorciar al presidente del país, rechazar propuestas de entendimiento, desacreditar al primer mandatario, debilitar al régimen separando grupos liberales, unificar la oposición contra el Ejecutivo y propiciar el desconocimiento de las instituciones.

En paralelo, sectores de la derecha exploraron el repertorio simbólico del fascismo europeo. Por las calles de Bogotá y otras ciudades desfilaron grupos ataviados con camisas negras —el distintivo del fascismo italiano— y camisas pardas —el uniforme del nacionalsocialismo alemán—, en un contexto en que Hitler había ascendido en 1933 y la Falange española tomaría forma desde 1936. Laureano Gómez, la figura más beligerante del conservatismo de esos años, ha sido descrito no tanto como fascista sino como falangista, un matiz que los propios diplomáticos norteamericanos recogieron al observar los grupos fascistoides colombianos sin considerarlos una amenaza seria. Gómez venía anunciando su diagnóstico desde 1928, cuando pronunció las conferencias Interrogantes sobre el progreso de Colombia —influidas por Spengler— destinadas a trazar caminos de acción política para un Partido Conservador entonces en crisis.

Algunos sectores propietarios se agruparon en la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN), asociación cuyo propósito declarado era impedir el avance de doctrinas consideradas "conculcadoras de la propiedad". APEN reunía a hacendados, industriales y voceros del conservatismo tradicional, y funcionó como plataforma para articular la resistencia contra la reforma constitucional y la Ley 200. La derecha calificó las nuevas normas de contrarias a los principios liberales clásicos y favorables al socialismo, y en la prensa —El Siglo a la cabeza— libró una campaña permanente contra el gobierno.

Las tensiones alcanzaron también al propio liberalismo. Sectores moderados, cercanos a Eduardo Santos y a El Tiempo, veían con inquietud el tono radical de López y buscaban distanciarse de las izquierdas que apoyaban el reformismo. La oposición conservadora explotó ese resquicio con destreza, intentando separar a los liberales templados de los reformistas y presentar al gobierno como cautivo de una minoría radical dentro de su propio partido.

La pausa y el retorno

En 1938 López entregó el poder a Eduardo Santos, quien había ganado la presidencia dentro del propio Partido Liberal y quien anunció y ejecutó lo que llamó "la pausa": un gobierno de moderación destinado a frenar los aspectos más conflictivos de la Revolución en Marcha sin alterar formalmente su contenido básico. Santos detuvo las incipientes expropiaciones de hacendados y desactivó la tensión con los sectores propietarios que la Ley 200 había producido. Al mismo tiempo, su gobierno mantuvo el hilo intervencionista en otros frentes: creó el Instituto de Crédito Territorial en 1939 y el Instituto de Fomento Industrial en 1940, dos piezas que apuntalaban la modernización económica dentro de un tono menos confrontacional.

La pausa era, en el fondo, el reconocimiento de que el reformismo lopista había tocado el techo político de lo que la coalición liberal podía absorber sin fractura. Cuando López regresó al poder en su segundo mandato, iniciado en 1942, encontró un país distinto: la Segunda Guerra Mundial imponía sus urgencias, la polarización política se había endurecido, y Jorge Eliécer Gaitán empezaba a construir el movimiento populista que desbordaría por la izquierda al liberalismo oficial. Los intentos de reafirmar las reformas del primer gobierno tropezaron con una oposición mucho mayor. Hubo inestabilidad rural, intentos de golpe de Estado, escándalos y un desgaste creciente del propio López.

El símbolo del retroceso fue la Ley 100 de 1944. Esa ley constituyó una contrarreforma agraria en toda regla: amplió los plazos dados a los latifundios para poner a producir la tierra improductiva, expresó un giro a favor de los grandes propietarios e impulsó el escalamiento de los conflictos agrarios. Revirtió, en buena medida, los avances tímidos de la Ley 200 de 1936 y mostró los límites reales del reformismo lopista: cuando el gobierno se debilitó políticamente, los propietarios recuperaron el terreno. En 1945, agotado y acosado, López dimitió; el Ministro de Hacienda, Alberto Lleras Camargo, asumió la presidencia y condujo el país hacia posiciones más conciliadoras con los sectores propietarios y con el conservatismo, en un giro que preparó el fin del ciclo liberal y la explosión que vendría el 9 de abril de 1948.

Qué queda de la Revolución en Marcha

Medida por sus ambiciones declaradas, la Revolución en Marcha se quedó corta. No repartió la tierra, no desmontó el poder terrateniente, no democratizó a fondo la sociedad colombiana. La Ley 100 selló su frustración agraria, y el asesinato de Gaitán en 1948, precedido por años de degradación política, cerró la posibilidad de que su promesa se retomara desde el liberalismo. La violencia de mitad de siglo fue, entre otras cosas, la factura impaga de las reformas que el lopismo prometió y no cumplió.

Medida por sus efectos institucionales, en cambio, fue el punto de inflexión más importante entre la Regeneración y el Frente Nacional. La reforma constitucional de 1936 instaló la función social de la propiedad y el intervencionismo estatal en el corazón del ordenamiento jurídico colombiano, y sobrevivió hasta la Constitución de 1991. La legislación laboral fijó los términos de la negociación colectiva y el derecho de huelga por más de medio siglo. La Ciudad Universitaria, la autonomía parcial, la libertad de cátedra y la apertura de la Universidad a la mujer transformaron la formación de las élites y crearon el cuerpo técnico del Estado intervencionista. La reforma tributaria dotó al fisco de una base directa que —con todos sus vacíos— permitió construir políticas públicas antes impensables.

Y quedó, sobre todo, un mito. En la memoria del Partido Liberal, la Revolución en Marcha ha sido el momento fundacional del liberalismo social colombiano, el instante en que el partido decimonónico se hizo moderno y popular. Ese mito ha alimentado, por igual, la reivindicación y la crítica. Reivindicación de quienes ven en López al reformador que le dio al país su primera Constitución social, su primera legislación laboral, su primera universidad moderna. Crítica de quienes ven en él al operador astuto que domesticó al movimiento popular, resolvió los títulos de los terratenientes bajo apariencia de reforma agraria y consolidó una élite política —la de los jóvenes intelectuales del primer gabinete— que gobernaría el país durante treinta años.

Ambas lecturas son ciertas, y ambas conviven en el mismo material histórico. La Revolución en Marcha fue reforma real y contención estructural al mismo tiempo. No fue una revolución: fue el modo colombiano de responder, desde el Estado liberal y con los instrumentos disponibles, a la presión de un tiempo en que el capitalismo mundial se sacudía, los fascismos avanzaban en Europa y las masas rurales y urbanas del país exigían un lugar. Que ese modo haya dejado tanto como dejó —una Constitución, una universidad, un derecho del trabajo— y a la vez tan poco como dejó —una estructura agraria intacta, una violencia inminente— es la medida exacta de sus posibilidades y de sus renuncias.