Diplomacia cultural

La diplomacia cultural en Colombia

La diplomacia cultural en Colombia es el conjunto de instituciones, redes y prácticas mediante las cuales el Estado colombiano ha proyectado su producción intelectual, patrimonial y artística como instrumento de política exterior y, a la vez, como espejo interno de un proyecto de nación. No es una tradición continua ni una doctrina explícita: es un aparato que se ensambla lentamente, con antecedentes en el hispanismo letrado de la Regeneración, se institucionaliza durante la República Liberal (1930-1946) bajo el impulso de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, y deja una estela discontinua que llega hasta la creación del Ministerio de Cultura en 1997.

El Estado descubre la cultura como política

Antes de tener nombre, la diplomacia cultural en Colombia fue una práctica de élites letradas. Desde 1832, los sucesivos gobiernos administraron museos, bibliotecas, escuelas normales y la producción de textos escolares como parte natural del ejercicio ejecutivo, sin distinguir todavía la política cultural interna de su proyección exterior. La cultura era un atributo del poder: quien gobernaba también definía los cánones, las lenguas legítimas y las tradiciones dignas de ser exportadas como imagen del país. No había una teoría de la diplomacia cultural; había una práctica de gobierno que confundía cultura con administración, y proyección exterior con hábito señorial.

Lo distintivo de la República Liberal fue romper esa naturalidad. Entre 1930 y 1946, y con particular densidad en el primer gobierno de López Pumarejo (1934-1938), la cultura se convirtió en un instrumento deliberado del Estado: se articularon reforma educativa, redes científicas internacionales, patrimonio arqueológico y proyección americanista dentro de un mismo movimiento. Ese ensamblaje —más una convergencia de iniciativas que una doctrina centralizada— es el momento fundacional de la diplomacia cultural colombiana. Antes había hispanismo; después habrá instituciones. La Revolución en Marcha fue la bisagra.

Hacer de la cultura un asunto de Estado suponía admitir tres cosas a la vez: que la nación no venía dada de una vez por todas, sino que había que producirla; que esa producción no podía delegarse íntegramente en la Iglesia ni en las academias privadas; y que el modo en que Colombia se mostraba al continente formaba parte de su política exterior tanto como los tratados de límites. Ninguna de esas premisas era obvia en 1930. Todas quedarían inscritas, sin manifiestos, en las instituciones que la República Liberal empezó a levantar. El desplazamiento fue tanto conceptual como administrativo: la nación dejó de concebirse como herencia y pasó a concebirse como obra, con todo lo que esa distinción implica para un Estado que hasta entonces se había pensado a sí mismo como custodio de un orden dado.

Los antecedentes: la Regeneración y el hispanismo gramatical

Toda historia de la diplomacia cultural colombiana debe empezar por lo que vino a desplazar. La Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, promulgados durante la Regeneración de Rafael Núñez en alianza con el Partido Conservador y su ideólogo Miguel Antonio Caro, sentaron las bases de un proyecto identitario centralista, católico e hispanista que dominaría la vida pública colombiana durante casi medio siglo. El Concordato estableció el catolicismo como religión oficial, devolvió a la Iglesia propiedades confiscadas por gobiernos liberales anteriores, ató la educación pública a los preceptos católicos y abolió el divorcio.

Caro fue el arquitecto intelectual de ese orden. Filólogo y latinista, traductor de Virgilio, católico ultramontano, apenas salió del altiplano bogotano y rara vez viajó más allá de la Sabana. Ejerció el poder ejecutivo como vicepresidente durante las ausencias y la enfermedad de Núñez desde 1892, y desde ese despacho impuso una cierta idea de Colombia: la de un país cuya identidad esencial residía en la lengua castellana correctamente hablada, en la fe católica y en la herencia española como fundamento civilizatorio. Las selvas, los valles y las costas, los indígenas y los afrodescendientes quedaron fuera del marco, no tanto por decisión programática como por efecto del centralismo y del perfil intelectual de sus promotores: una élite bogotana, eclesiástica y letrada, privilegiada pero siempre débil y fragmentaria en un país dividido por regiones.

Ese hispanismo gramatical fue objeto de crítica temprana. El general Rafael Uribe Uribe lo denunció por su desconexión con la realidad del país: contrapuso al saber latinista de Caro el conocimiento práctico de las trochas, la navegación en piragua, la agricultura real. La disputa anticipaba una tensión que atravesaría toda la historia cultural colombiana: la del país letrado frente al país territorial. La hegemonía conservadora se extendería desde 1885 hasta 1930, y su modelo cultural —erudito, oral, católico, ordenado por la gramática— sería la matriz que la República Liberal debía transformar. No la destruiría, pero sí la desplazaría hacia un americanismo igualmente letrado.

La Revolución en Marcha: cultura como política de Estado

Cuando Alfonso López Pumarejo asumió la presidencia en 1934 e inauguró la Revolución en Marcha, la democratización de la educación fue una de las tres medidas simbólicas centrales de su programa, junto con la reforma tributaria y la reforma agraria. Enrique Olaya Herrera (1930-1934) ya había dado los primeros pasos al proponer una "gran cruzada de alfabeto" contra el analfabetismo, aunque limitada por las restricciones del erario. López radicalizó y sistematizó la apuesta.

El diagnóstico era claro. Durante gran parte del período anterior, la instrucción pública había sido administrada por departamentos y gobiernos locales, mientras el gobierno central descuidaba la educación pública hasta el punto de no incluir partidas para ella en algunos presupuestos nacionales. Los reformadores liberales de 1936 confiaban en la educación como instrumento de cambio, articulando motivaciones económicas —adaptar el sistema al proceso de desarrollo e industrialización que había cobrado impulso desde 1922— con los principios liberales de libre examen, fe en la razón y poder liberador de la ciencia.

López rodeó ese programa de un gabinete que la historia recordaría. Alberto Lleras Camargo tenía apenas 28 años; a su lado, Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral y Darío Echandía, ninguno mayor de 38, formaban una camada de jóvenes intelectuales llamada a dominar la política colombiana durante las tres décadas siguientes. En el Ministerio de Educación quedó Luis López de Mesa, y a su lado, como colaborador clave, Jorge Zalamea, responsable de publicaciones como Rin Rin y Revista del Maestro.

La Campaña de Cultura Aldeana (1934-1936) fue el emblema de esa apuesta: uno de los programas modernizantes y civilizadores más importantes de la primera mitad del siglo XX en Colombia, impulsado por López Pumarejo con López de Mesa al frente del ministerio y Zalamea entre los colaboradores intelectuales. La Comisión de Cultura Aldeana publicó una biblioteca de múltiples títulos para la "nueva escuela" que alcanzó a distribuirse en buena parte del país y realizó trabajos regionales en zonas como Nariño y el Huila. Era un programa culturizador en el sentido más literal: llevar libros, ideas, formas de leer y de escribir a las veredas, tejer un país que hasta entonces se había gobernado a sí mismo por regiones incomunicadas.

La reforma universitaria acompañó ese movimiento. Bajo López se construyó un campus integrado y moderno para la Universidad Nacional y se crearon nuevas facultades en áreas hasta entonces marginales: química, arquitectura, veterinaria, agronomía, economía, administración, filosofía. Aparecieron también institutos de investigación y laboratorios, y se consagraron principios como la libertad de cátedra, la extensión cultural y el bienestar estudiantil. La Revista de las Indias, creada en 1939, dedicó un número a esa reestructuración, incluyendo la incorporación de nuevas áreas académicas como sociología, psicología, filosofía, geografía e historia. Modernización educativa y modernización cultural se articulaban en un mismo movimiento.

Las instituciones de la proyección

El segundo López y, sobre todo, el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) consolidaron el andamiaje institucional. En 1938 se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Dos años más tarde nació la Radiodifusora Nacional de Colombia. Durante el período de la República Liberal se creó la Orquesta Sinfónica Nacional. En 1939, año en que Jorge Eliécer Gaitán fue nombrado ministro de Educación, apareció la Revista de las Indias, vinculada a sectores de la intelectualidad liberal y receptiva a temas culturales, arqueológicos y precolombinos. Ese mismo impulso estatal produjo, en 1940, el Instituto de Fomento Industrial (IFI), pieza económica del mismo movimiento.

La radio, el libro, la sinfonía, la revista, la biblioteca: cada uno de esos aparatos cumplía una doble función. Hacia adentro, tejía un público nacional donde antes había regiones dispersas; hacia afuera, presentaba a Colombia como una nación con instituciones culturales modernas, homologables a las de sus pares latinoamericanos. La Revista de las Indias es el caso más claro de ese doble filo. Publicaba investigación arqueológica —"Máscara de oro de Inzá" de José Pérez de Barradas, materiales sobre los hipogeos de Inzá, "Investigaciones arqueológicas de Tierra Adentro" de Gregorio Hernández de Alba—, poesía nueva y ensayo, y proyectaba un americanismo cultural que dialogaba con las corrientes que atravesaban entonces el continente: la Revolución mexicana, el aprismo peruano de Haya de la Torre, el marxismo de Mariátegui. El interés por las culturas indígenas precolombinas dejaba de ser anticuariato de eruditos para convertirse en política cultural.

En 1940, Santos acogió a intelectuales refugiados de la Guerra Civil española, incorporándolos al ambiente cultural colombiano. Fue un gesto de política exterior, de simpatía republicana y de aprovechamiento del capital intelectual europeo en fuga, todo a la vez. La diplomacia cultural funcionaba en las dos direcciones: Colombia se ofrecía al mundo, pero también recibía al mundo en su territorio y lo incorporaba a sus instituciones.

Las redes científicas: profesores europeos y estudiantes colombianos

Uno de los rasgos más decisivos de la institucionalización cultural de los años treinta y cuarenta fue la contratación de expertos europeos para las instituciones colombianas. La Escuela Normal Superior se convirtió en el espacio emblemático de ese intercambio. Allí enseñaron el etnólogo francés Paul Rivet, el geógrafo alemán Ernesto Guhl, el geógrafo español Pablo Vila y el historiador alemán Gerhard Masur, entre otros. Con sus estudiantes colombianos formaron una comunidad académica incipiente en ciencias sociales, con programas estructurados y exámenes rigurosos.

El paso fue significativo. La contratación de estos profesores representó un tránsito desde un saber de aficionados hacia ciencias sociales con marcos teóricos y metodológicos más exigentes, familiarizando a los estudiantes colombianos con las teorías dominantes en las universidades europeas. En 1941, Luis Eduardo Nieto Arteta —formado en ese ambiente— publicó una de las primeras aplicaciones del método marxista a la historia económica colombiana, marcando el comienzo de la reacción contra la interpretación tradicional de la historia patria que había dominado desde el siglo XIX.

Paralelamente, colombianos jóvenes eran enviados a formarse en Europa. Gregorio Hernández de Alba, tras contribuir a la creación del Servicio de Arqueología en 1938, se formó como etnólogo en París entre 1939 y 1941 bajo la tutela de Paul Rivet, entonces director del Museo del Hombre. Ese doble flujo —europeos que enseñaban en Bogotá, colombianos que se formaban en París— produjo una red transnacional que operaba en los intersticios entre instituciones nacionales e internacionales. La diplomacia cultural no era aquí un asunto de embajadas: era un asunto de becas, contratos docentes, cátedras y correspondencia entre museos.

Arqueología, patrimonio y museos

El Servicio de Arqueología, creado en 1938, fue una de las piezas más nítidamente diplomáticas del engranaje cultural liberal. En su nacimiento intervino Hernández de Alba, que combinaba en su trayectoria la promoción por instituciones internacionales, la participación en excavaciones estatales, la formación en París con Rivet y la publicación en las revistas nacionales. Era, él mismo, un enlace entre redes.

El Instituto Colombiano de Antropología, en documentos posteriores de los años sesenta, elaboró relaciones de objetos arqueológicos destinados a ser enviados al Museo de Brooklyn y al Museo del Hombre de París. Aquellos envíos —o al menos su planificación— muestran hasta qué punto el patrimonio precolombino se había convertido en moneda de intercambio simbólico con centros internacionales. La conexión con el Museo del Hombre no era casual: Rivet había sido su director, había enseñado en Bogotá, había formado a Hernández de Alba. La red se cerraba sobre sí misma con una eficacia que ninguna cancillería habría podido diseñar.

La Revista de las Indias funcionaba como la vitrina impresa de ese trabajo. Al publicar en el mismo volumen investigación arqueológica de nivel internacional y ensayo literario colombiano, articulaba una imagen de país donde la modernidad convivía con la profundidad precolombina. Era la contracara exacta del hispanismo de Caro: donde antes se reivindicaba a España como fundamento, ahora se reivindicaba a América y a sus culturas originarias. Pero la estructura del gesto era la misma: una élite letrada bogotana definía, desde el centro, lo que la nación debía mostrar al mundo.

Los intelectuales mediadores: Arciniegas y el americanismo

Si las instituciones proveyeron el aparato, los intelectuales mediadores proveyeron la voz. Germán Arciniegas (1900-1999) —que vivió prácticamente todo el siglo XX— fue el más constante de ellos. Se formó en la generación centenarista, que tomó su nombre del centenario de la independencia de 1810 y estuvo activa en las décadas de 1920 y 1930. A esa generación la marcaron tres episodios traumáticos —la Guerra de los Mil Días, la pérdida de Panamá, la dictadura de Rafael Reyes—, que le inculcaron un rechazo al sectarismo, un nacionalismo antiimperialista y una pasión por la libertad.

Arciniegas publicó sus libros en las principales editoriales de América Latina, y estos fueron traducidos a varias lenguas, con Colombia y el mundo latinoamericano como temas predilectos. Su método era el del compilador de artículos periodísticos previos, sin indicar dónde ni cuándo los había publicado originalmente, y su estilo apuntaba a un público amplio, ameno, no académico. Décadas después, entre 1979 y 1982, dirigiría la revista Correo de los Andes desde su primer número hasta el número 18, con un comité editorial que incluyó a Danilo Cruz Vélez, Pedro Gómez Valderrama, Otto Morales Benítez, Ramón de Zubiría y Carlos Sanz de Santamaría, y con colaboradores de toda América Latina.

Su lugar en la historia cultural colombiana es paradigmático y contradictorio. Encarna un tipo de prestigio intelectual sostenido más en la cátedra y en la erudición hablada que en el aparato crítico científico, rasgo de una educación reservada a una minoría. Sus escritos históricos participaron de la popularización decimonónica del pasado a través de periódicos y revistas, tradición en la que Joaquín Tamayo fue otro representante. Su americanismo sostuvo que el fenómeno americano —y no la experiencia europea— era la base indispensable para construir una sociología general, y que los cronistas de Indias se habían anticipado a Auguste Comte y a Herbert Spencer en sus observaciones sobre la vida social.

Arciniegas es el arquetipo del agente cultural que no ocupa despacho pero cumple funciones diplomáticas: viaja, escribe, publica, es traducido, representa a Colombia en foros que ninguna embajada podría organizar. La generación centenarista —con Olaya Herrera como figura política representativa— sirvió de puente entre el hispanismo decimonónico y el americanismo liberal. No fueron ellos los que fundaron las instituciones, pero sí los que ocuparon el espacio simbólico que esas instituciones necesitaban llenar.

Piedra y Cielo, Cultura Aldeana y el tejido literario

La proyección cultural liberal no se hizo solo con arqueología y radio. En 1936, el mismo año en que estalló la Guerra Civil española, Eduardo Carranza publicó Canciones para iniciar una fiesta. Tres años después apareció el grupo Piedra y Cielo, encabezado por Carranza y Jorge Rojas, con sus Cuadernos de Piedra y Cielo. Era una generación poética que renovaba el lenguaje lírico colombiano en el mismo momento en que el Estado renovaba sus instituciones. La coincidencia temporal no es casual: la República Liberal creó un ecosistema en el que revistas, editoriales, ministerios y grupos literarios se retroalimentaban.

La Revista del Maestro y Rin Rin, ambas impulsadas por Zalamea desde el Ministerio de Educación, y la Revista de las Indias creada en 1939, formaron una familia de publicaciones estatales o paraestatales que servían simultáneamente para formar maestros, para llegar a los niños con literatura infantil y para proyectar la producción intelectual colombiana hacia el continente. La Comisión de Cultura Aldeana, con su biblioteca distribuida en buena parte del país y sus trabajos regionales en Nariño y Huila, cerraba el circuito por abajo: llevaba la cultura letrada al último rincón donde el Estado alcanzaba a llegar.

Colombia, Estados Unidos y el Buen Vecino

La proyección cultural liberal no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el sistema interamericano que Franklin D. Roosevelt había empezado a construir en 1933 con la política del Buen Vecino y que se consolidó, para efectos colombianos, en dos momentos. El primero fue la conferencia especial celebrada en Buenos Aires en 1936, con motivo del fin de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, donde se aprobó la propuesta de Roosevelt de consulta continental ante conflictos bilaterales o conmociones civiles y militares. El segundo, la primera reunión de consulta del sistema interamericano en 1939, ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Colombia se posicionó dentro de ese sistema con una alineación notablemente estrecha respecto a Washington. El embajador estadounidense en Bogotá evaluó que Colombia fue el país más cooperador de Sudamérica con la política de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, afirmando que Washington obtuvo todo lo que solicitó sin regateos. La cooperación no fue solo militar y diplomática: incluyó la vigilancia del espionaje alemán en territorio colombiano y la coordinación con el FBI, documentadas después en Colombia Nazi, 1939-1945 de Silvia Galvis y Alberto Donadio. La obra de David Bushnell Eduardo Santos y la Política del Buen Vecino reconstruyó esa alineación en clave presidencial.

Ese contexto matiza cualquier lectura triunfalista de la diplomacia cultural liberal. La acogida de refugiados españoles en 1940, la modernización de la Radiodifusora Nacional, la producción arqueológica destinada a museos del Norte, la propia lógica americanista de la Revista de las Indias: todo eso se movía dentro del marco que el sistema interamericano y la guerra imponían. La proyección cultural exterior colombiana fue, en gran medida, un subproducto de esa alineación geopolítica. No la anuló, pero sí la enmarcó. Colombia se proyectaba como nación culta, moderna y americanista dentro de un continente en el que Washington era el interlocutor decisivo.

Los límites del arreglo liberal

Coherente en sus efectos, el arreglo cultural liberal fue fragmentario en su diseño, y esa fragilidad tenía un rostro concreto: dependía de trayectorias personales antes que de doctrinas o partidas presupuestales estables. Cuando Arciniegas viajaba, cuando Hernández de Alba escribía a Rivet, cuando Zalamea decidía el sumario de Rin Rin, la política cultural del Estado colombiano se jugaba en gestos que no estaban codificados en ningún manual. Bastaba con que una de esas figuras cambiara de destino, cayera en desgracia política o simplemente muriera, para que un tramo entero del edificio se descoyuntara.

La República Liberal produjo un dispositivo cultural sin producir la doctrina que lo sostuviera, y ese desfase explica por qué su herencia sobreviviría a los gobiernos que la formularon, pero también por qué nunca terminaría de consolidarse en un aparato pleno. Fue una modernización sin modernización burocrática: instituciones nuevas administradas con hábitos viejos, redes internacionales sostenidas por agendas personales, proyección exterior sin manual de estilo.

La huella larga: de Colcultura al Ministerio de Cultura

La República Liberal terminó en 1946, con el retorno del conservatismo al poder, y el aparato cultural que había construido entró en una fase de discontinuidad. Las instituciones creadas —Biblioteca Nacional, Radiodifusora Nacional, Servicio de Arqueología, Escuela Normal Superior en su versión reformada, revistas ministeriales— sobrevivieron, pero la articulación política que las había convertido en piezas de un mismo proyecto se disolvió. La violencia bipartidista, el Bogotazo de 1948, la dictadura de Rojas Pinilla y el Frente Nacional fueron años en los que la cultura dejó de ocupar el centro simbólico de la política de Estado que había tenido bajo López Pumarejo y Santos.

Aun así, la acumulación institucional continuó. Colcultura —el Instituto Colombiano de Cultura— publicó la revista Gaceta al menos en 1984, con el número 43 de esa fecha, funcionando como instrumento de difusión cultural estatal en la segunda mitad del siglo XX. Su papel como bisagra entre la herencia liberal y la institucionalidad posterior es reconocible, aunque la continuidad formal entre Colcultura y las instituciones que la sucedieron no esté trazada con precisión.

El paso decisivo llegó con la Constitución de 1991 y la ola de creación ministerial que la acompañó. En 1993 se creó el Ministerio de Ambiente. En 1997, el Ministerio de Cultura, culminando un largo proceso en el que el Estado colombiano fue diferenciando sus funciones y dotándose de aparatos especializados. Hacia 2023, la denominación de la cartera se había transformado —Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con dependencias como la Dirección de Patrimonio y Memoria—, señal de un desplazamiento conceptual del singular al plural, de la cultura como norma a las culturas como diversidad. El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional impulsaron proyectos editoriales como la colección digital Cultura Colombiana, retomando, ampliada por lo digital, la vocación de la Biblioteca inaugurada en 1938 y de la Revista de las Indias creada en 1939.

Balance

La diplomacia cultural colombiana tiene una historia de acumulaciones y desplazamientos más que de fundaciones nítidas. La Regeneración instaló un hispanismo gramatical que definió la identidad exportable de Colombia hasta 1930. La República Liberal la sustituyó por un americanismo institucionalizado, articulado desde el Ministerio de Educación y proyectado a través de la radio, las revistas, la arqueología, las redes científicas transnacionales y los intelectuales mediadores. Los gobiernos posteriores heredaron ese aparato sin refundarlo, hasta que la Constitución de 1991 abrió un ciclo que culminaría, en 1997, con la creación de un ministerio propio.

La República Liberal no inventó la diplomacia cultural colombiana: la institucionalizó. Le dio nombres, edificios, revistas, becas, cátedras, museos, y con ellos una gramática mínima —siempre implícita— para que el Estado hablara al mundo. Pero también le fijó unos límites que aún pesan. El primero es la continuidad problemática con el orden que se pretendía desplazar: el americanismo liberal cambió el contenido de la representación nacional, pero mantuvo intacta la lógica de una élite bogotana que definía la identidad del país desde el centro, dejando en los márgenes a los indígenas contemporáneos —no ya los precolombinos exhibidos en los museos—, a los afrodescendientes, a las selvas, a los valles y a las costas. El cambio fue de contenido, no siempre de estructura.

El segundo límite es institucional. La política exterior cultural nunca contó con un aparato propio que la administrara con doctrina. El Ministerio de Relaciones Exteriores concentró su atención principalmente en asuntos fronterizos, manejando una diplomacia política discreta y subordinada a una diplomacia económica gestionada por otras instituciones, sin percibir la necesidad de modernización que le habría permitido centralizar las diversas dimensiones de las relaciones internacionales del país. La cultura viajaba, entonces, en las maletas de los intelectuales y en los envíos de los museos, más que en las valijas diplomáticas.

El tercer límite es geopolítico. La proyección cultural colombiana se desplegó dentro del marco del sistema interamericano y de la política del Buen Vecino, y esa inscripción condicionó tanto los interlocutores como los formatos. Los efectos de aquel momento se sienten hasta hoy como el terreno sedimentado sobre el que se han construido, con dificultad, todas las políticas culturales posteriores.