Hispanismo

El hispanismo en Colombia

El hispanismo colombiano no fue una nostalgia difusa ni un gusto de letrados por lo antiguo: fue un dispositivo ideológico-institucional montado con precisión entre 1886 y 1930 para refundar la nación sobre tres pilares —la lengua castellana, la fe católica y la herencia hispánica— contra el proyecto federal y laico que los liberales radicales habían intentado a partir de 1863. Su arquitecto principal fue Miguel Antonio Caro; su instrumento jurídico, la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887; su clima cultural, un catolicismo ultramontano que hacía del pasado colonial no un accidente que superar sino el fundamento que preservar. Fue proyecto de Estado antes que estilo literario: una manera de decidir quién hablaba en nombre de Colombia, qué se enseñaba en sus escuelas, qué historia se contaba en sus manuales y qué lugar ocupaban en ese relato los indios, los negros, las regiones y las mayorías mestizas. Que su eficacia haya sido más de clausura que de integración —cerrar el espacio público a las alternativas antes que construir una nación cohesionada— explica tanto su persistencia como su fragilidad estructural.

Antes de la Regeneración: la reacción conservadora al radicalismo

El hispanismo regeneracionista no nació en 1886. Sus raíces se hunden en el medio siglo de conflicto que siguió a las reformas liberales de mediados del XIX y que fue endureciendo, en el bando conservador, la convicción de que Colombia se había desviado de su sustancia hispano-católica.

El punto de partida está en el gobierno de José Hilario López, iniciado en 1849: expulsión de los jesuitas en 1850, abolición de la esclavitud en 1851, eliminación de los privilegios eclesiásticos. Cada una de esas medidas tuvo un costo político y económico que empujó a terratenientes, clero y a un sector de la clase letrada a organizarse. El Partido Conservador se formó, en buena parte, para defender esos intereses concretos —la Iglesia era entonces el mayor terrateniente del país— apelando a un lenguaje que ya combinaba orden, tradición, religión y evolución pausada frente a los cambios bruscos. Sus padres fundadores, Julio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, habían defendido inicialmente el librecambio; fue la reacción al romanticismo político radical surgido de las revoluciones europeas de 1848 la que acentuó, en su pensamiento, la dicotomía entre libre comercio y democracia plebeya.

La ofensiva liberal culminó en la desamortización de bienes de manos muertas decretada en 1861 por Tomás Cipriano de Mosquera, que golpeó a la Iglesia con brutal desproporción: sus propiedades estaban avaluadas en diez millones de pesos cuando el presupuesto nacional apenas alcanzaba dos millones. La Constitución de Rionegro, sancionada en 1863, coronó el proyecto radical: régimen federal, nueve estados soberanos, Ejecutivo débil, amplias libertades individuales. Para los conservadores, esa Constitución era la fórmula misma del desorden.

Sobre ese fondo trabajaron los historiadores conservadores del XIX, sobre todo José Manuel Groot, cuya Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada de 1869 fue la formulación más elaborada de una relectura del pasado colonial como época de orden, gobierno y valores, frente al desorden republicano. La operación no era decorativa: ponía en circulación una memoria alternativa a la crítica liberal —que había construido al Estado colonial como centralista, monopólico y fiscalista para legitimar sus propias revoluciones— y ofrecía a la reacción una genealogía respetable.

Dos hechos precipitaron el final del ciclo radical. La reforma educativa de 1870, que impuso la enseñanza laica, la intervención del Estado en la instrucción pública y la contratación de una misión pedagógica alemana de orientación protestante para crear escuelas primarias y normales, chocó frontalmente con el Partido Conservador y con la Iglesia; la guerra civil de 1876 fue, en parte, su consecuencia. Y el colapso de la economía tabacalera a partir de 1875, junto con la caída de los precios de otras exportaciones, minó la base material del liberalismo radical. Cuando el Partido Liberal se dividió entre radicales e independientes, y estos últimos se aliaron con los conservadores en torno a Rafael Núñez, la puerta a la Regeneración quedó abierta.

La Regeneración: hispanismo hecho constitución

La Regeneración fue un proyecto político concreto —centralización, fortalecimiento del Ejecutivo, restauración de relaciones armónicas con la Iglesia— impulsado por Rafael Núñez en alianza con el Partido Conservador y su ideólogo Miguel Antonio Caro. Su producto mayor fue la Constitución de 1886, que se mantendría, en lo esencial, vigente hasta 1991.

El texto era hispanista de principio a fin. Estableció el catolicismo como religión de la Nación y ordenó a los poderes públicos protegerlo como elemento esencial del orden social. Su artículo 41 dispuso que "la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica". El diseño fue fuertemente centralista y devolvió al Ejecutivo el peso que la Constitución de 1863 le había quitado. Restringió la prensa: Núñez y Caro, provenientes de la "república de las letras", buscaron cerrarla a los disidentes bajo el principio de "responsabilidad de la prensa", sustituyendo el ultra-individualismo liberal por valores autoritarios. Limitó el sufragio con requisitos de alfabetización y propiedad. Amplió los poderes presidenciales.

El complemento indispensable llegó al año siguiente. El Concordato con la Santa Sede, negociado en 1887 y aprobado en 1888, ató la educación pública a los preceptos católicos, dispuso indemnizar a la Iglesia por la desamortización mediante pagos anuales a perpetuidad —no devolvió los bienes—, abolió el divorcio civil, otorgó a la Iglesia el fuero eclesiástico, autonomía plena de gobierno, ventajas fiscales y protección frente a la competencia de otros cultos. En materia educativa, entregó al clero el control directo de la instrucción pública y la vigilancia sobre la privada, dominio que las congregaciones religiosas mantendrían durante los cincuenta años siguientes.

La operación conjunta de Constitución y Concordato instaló la infraestructura ideológica del hispanismo. La Iglesia fue definida como parte esencial del orden nacional; la lengua castellana, unificada por Caro y su círculo, se volvió sinónimo de nación; la memoria colonial dejó de ser un pasado que superar para convertirse en el fundamento sobre el cual entender el presente. Bajo la Regeneración, el vínculo con el mercado mundial en modalidad agroexportadora se mantuvo —el proyecto no era económicamente proteccionista— pero el marco cultural y político se replegó sobre una identidad católica e hispanófila que se pretendía inmutable.

El costo fue el sectarismo. El liberalismo padeció los rigores de la discriminación política, y esa exclusión —agravada por el centralismo y por tensiones regionales que la Constitución no supo digerir— empujó al partido derrotado a dos guerras civiles: la de 1895 y, sobre todo, la Guerra de los Mil Días, iniciada en 1899. La alianza entre Iglesia y Partido Conservador, mientras tanto, convirtió al clero en actor político determinante: intervenía en elecciones, condenaba al liberalismo desde el púlpito, orientaba el voto de los fieles.

Caro, arquitecto y símbolo

Ninguna figura encarna mejor las virtudes y los límites del hispanismo colombiano que Miguel Antonio Caro. Fue el principal pensador conservador de la Regeneración, redactor decisivo de la Constitución de 1886, vicepresidente de Núñez y titular del poder en Bogotá desde 1894, tras la muerte del presidente, hasta el final de su período. Fue también gramático, latinista, poeta, traductor y director de El Tradicionista, el periódico donde forjó y difundió su ortodoxia.

Su hispanismo era total. Católico ultramontano, hispanófilo, tradicionalista, Caro creía que la nación colombiana era la prolongación americana de una civilización cuya forma acabada estaba en la Iglesia romana y en la España de los Austrias. Tradujo La Eneida de Virgilio en octavas reales y dejó versiones de otros poetas latinos, bíblicos, franceses e ingleses, además de ensayos sobre asuntos que iban de la gramática al derecho constitucional. Su producción letrada era imponente. Precisamente por eso resultaba tan visible el contraste con su desapego del país real: sus contemporáneos decían que, por principio, raramente viajaba más allá de los confines de la Sabana de Bogotá.

Esa contradicción se convirtió en munición polémica. El general Rafael Uribe Uribe —caudillo liberal, jefe militar en la Guerra de los Mil Días y uno de los adversarios más lúcidos del régimen regeneracionista— lo hizo notar con crueldad: el conocimiento de Virgilio y las Geórgicas no servía para aprender las fatigas de una trocha ni la navegación en piragua, ni para gobernar un país cuya realidad exterior se desconocía. Uribe Uribe contraponía a los productores —el cafetero— frente a los políticos e ideólogos tradicionales, y criticaba el gobierno de "ideólogos, abogados, militares y eruditos"; la contraposición entre "cafetero" y "palaciego" anticipaba lo que más tarde Gaitán llamaría "país nacional" y "país político". Ya en clave contemporánea, el escritor y ensayista William Ospina ha caracterizado a Caro como arquitecto de instituciones que borraban a indios, negros y a la diversidad geográfica del país, construyendo un modelo de nación que ignoraba la realidad plural de Colombia en favor de un ideal centralista.

Hay otra objeción, menos frecuente, formulada por el propio Uribe Uribe en sus Notas de Viaje sobre Venezuela y demás naciones grancolombianas de 1908: la del hispanismo como "prurito retrospectivo". Reconociendo que era tiempo de superar la vieja declamación anticonquista, criticaba sin embargo que Caro llegara a la santificación del pasado colonial sin exceptuar la Inquisición, postura difícilmente conciliable —añadía— con su alta inteligencia.

El "humanismo" que Caro y sus seguidores promovieron fue denunciado, ya entonces, como filológicamente precario y socialmente ineficaz: ejercicios escolares apoyados en crestomatías latinas de seminarios eclesiásticos y en manuales de mitología, sin altura científica comparable a las formas históricas del humanismo europeo. La equiparación colombiana entre humanismo y conservatismo era, en el fondo, un eco tardío del conflicto hispano entre ciencia moderna y universidad medievalizante, entre las suscitaciones de la Ilustración y la pertinacia tradicionalista de la ortodoxia eclesiástica. Un escritor bogotano llegó a sostener que España había sido tierra estéril para la ciencia moderna y que, fuera de algunos clásicos, los libros españoles podían desaparecer sin que la cultura universal sufriera mengua.

Caro nunca aceptó ese diagnóstico. Su respuesta, más implícita que sistemática, señalaba que el fanatismo español no había tenido un efecto singular sobre la ciencia: otras naciones europeas habían padecido también fanatismo religioso y sin embargo produjeron ciencia. La defensa era honesta y a la vez insuficiente: no explicaba por qué Colombia, bajo la hegemonía cultural que él mismo había ayudado a instaurar, se acercaba mucho más al modelo peninsular deficitario que al de otras naciones europeas.

Cuervo, Suárez y la lengua como patria

El hispanismo no fue solo derecho eclesiástico y arquitectura constitucional. Fue también, y de manera decisiva, filología. La lengua castellana se convirtió en el territorio simbólico donde la nación era pensada como continuación de España.

Rufino José Cuervo, nacido en Bogotá el 1 de septiembre de 1844, fue la figura mayor de esa corriente. Formado en filología por los jesuitas y por educadores como Lorenzo Lleras, Mariano Ortega, Ricardo Carrasquilla y Santiago Pérez, Cuervo elevó el estudio del español a un nivel de rigor científico que trascendía cualquier militancia partidaria. El prestigio que su obra confirió al idioma castellano —y al cuidado bogotano de ese idioma— fue, sin embargo, capitalizado por el proyecto hispanista como prueba de que Colombia, en la Atenas suramericana que se decía ser Bogotá, había asumido una custodia especial de la herencia peninsular. La operación no dependía de la voluntad de Cuervo: la filología rigurosa quedaba de todos modos investida de una función política que la excedía.

El 17 de julio de 1914, la inauguración en Bogotá del monumento a Cuervo materializó ese reconocimiento. Más allá de la ceremonia, lo que se celebraba era una comunidad letrada que se pensaba a sí misma como puente y como aduana del castellano en América.

Más tarde, la Selección Samper Ortega de literatura colombiana consagraría en su canon obras de Caro —entre ellas Del uso en sus relaciones con el lenguaje— y de Cuervo, fijando la centralidad de esta tradición filológica en la memoria escolar del país. La operación fue circular: el hispanismo daba prestigio a la lengua, la lengua daba prestigio al hispanismo, y el conjunto ocupaba las aulas.

Marco Fidel Suárez completó la trilogía, no tanto por su obra filológica cuanto por su trayectoria política y por la forma en que hizo suyo el estilo hispanista como manera de ejercer el poder. Con él, y con José Manuel Marroquín antes, el hispanismo se volvió gramática de la vida pública: el gobernante escribía como si redactara una oración de sujeto y predicado, y esa corrección formal se ofrecía como sustituto del gobierno efectivo.

La historiografía y el manual: cómo se enseñó Colombia

Si la Constitución fijó el marco jurídico y la filología el marco cultural, la historiografía fijó el marco de la memoria. Aquí el hispanismo tuvo su triunfo más silencioso y más duradero.

La historiografía conservadora del siglo XIX, cuya figura mayor había sido Groot, revalorizó el período colonial como fuente de orden, jerarquía y religión, contrastándolo con los desórdenes republicanos. La operación era simétricamente inversa a la de la historiografía liberal, que había construido una imagen crítica de la Colonia para legitimar sus revoluciones. Bajo la Regeneración, esa manera de contar el pasado dejó de ser una corriente entre otras para convertirse en la voz oficial.

La Historia de Colombia de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla ganó el premio de historia del Centenario en 1910 y se convirtió, durante los siguientes tres cuartos de siglo, en el texto con el que los colombianos aprenderían su propia historia. Su continuidad con el proyecto regeneracionista era explícita: no repudiaba a España ni al accionar de la Conquista y la Colonia, y cohesionaba la herencia colonial con el período republicano en un solo relato de linealidad heroica. Los cortes temporales que fijó —los períodos, los personajes centrales, las gestas ejemplares— se mantuvieron durante todo el siglo XX.

La Academia Colombiana de Historia funcionó como aparato institucional de esa memoria. Vinculada a un proyecto de historia patria centrado en héroes y grandes personalidades, encuadró con los manuales escolares y con la sensibilidad conservadora en la lectura del pasado. Años después, el historiador austriaco-colombiano Juan Friede —pionero de la historia indígena y de la investigación archivística en Colombia— la criticaría públicamente por limitarse a la interpretación ideológica de hechos insuficientemente estudiados, produciendo obras de género literario más que histórico; ese defecto, decía, generaba en Colombia un "complejo de inferioridad" ante su propia trayectoria histórica. La observación era severa y, en lo esencial, exacta: la historia oficial hispanista era menos investigación que confirmación.

El Centenario de 1910: apogeo y grieta

Las celebraciones del centenario de la independencia, en 1910, fueron el momento en que el hispanismo se exhibió con mayor amplitud y, simultáneamente, empezó a mostrar sus grietas.

Los actos incluyeron una gran exposición con logros artísticos, científicos, industriales, agrícolas, ganaderos y artesanales; la inauguración de monumentos, estatuas, del acueducto de Chapinero y del Parque de la Independencia; concursos científicos y culturales. La exposición reunió representantes de todas las tendencias políticas, con un espíritu de optimismo, conciliación, concordia e integración que más tarde se llamaría "centenarismo". El manual de Henao y Arrubla se llevó el premio de historia, sellando el matrimonio entre relato oficial e institución celebratoria.

El "centenarismo" fue construido por un grupo relativamente pequeño —la Generación del Centenario— que proyectó una imagen optimista y conciliadora del país. Su lectura de la independencia era, en clave hispanista atenuada, deudora del uruguayo José Enrique Rodó, cuya influencia se dejó sentir sobre todo a través de la obra Idola Fori: el sustrato castellano y comunero se reivindicaba como fuente del espíritu de libertad trasladado a América, en una operación que emparentaba la independencia con la propia España profunda antes que con la ruptura frente a ella.

Pero el Centenario ocurrió a apenas siete años del fin de la Guerra de los Mil Días y de la separación de Panamá, en 1903. La retórica de la concordia disimulaba una fatiga profunda. El embajador francés Daloz, en conversación con el diplomático y economista Aníbal Galindo, formuló hacia esos años una crítica devastadora: ochenta años de independencia y el país seguía sin lograr construir infraestructura básica mientras se gastaba en guerras civiles. Liberales y modernistas caracterizaban el período 1886-1903 como una etapa de intransigencia, represión y oscurantismo, marcada por el cierre de la Universidad Nacional y por la censura de obras de ilustrados y librepensadores. El hispanismo conservador, encarnado en Caro y Marroquín, era criticado por su incapacidad de pasar de la contemplación verbal a la acción política concreta: el poder real durante la Guerra de los Mil Días había quedado en manos de militares como Arístides Fernández, no de los latinistas.

Hegemonía Conservadora: administración del legado

Entre 1910 y 1930 el Partido Conservador logró una estabilidad política que contrastaba con el siglo XIX. Las libertades civiles de las clases altas se respetaron en términos generales, y la sucesión presidencial se dio sin las convulsiones armadas del período anterior. En 1914, José Vicente Concha, candidato conservador apoyado por Uribe Uribe, fue elegido con una ventaja de ocho a uno, inaugurando su gobierno el 7 de agosto de ese año. La imagen de orden ocultaba, sin embargo, una infraestructura de poder mucho menos sólida de lo que parecía.

Esa fragilidad se hacía visible primero en el terreno del orden público. Las policías departamentales eran corruptas, politizadas e indisciplinadas, carecían de uniforme y de unidad de mando, y participaban directamente en la política partidista y faccional local. Eran instrumentos del régimen más que aparatos modernos de seguridad. La hegemonía se apoyaba en alinear tras el gobierno a los actores clave del poder municipal —fuerzas policiales, poderes locales, redes clientelares— más que en una capacidad estatal genuinamente cohesiva.

El mismo cuadro de fragilidad se repetía en el terreno ideológico. En los años diez y veinte surgió un anticlericalismo obrero y artesanal, expresado en periódicos que no eran ateos —el matiz importa— sino opositores a la jerarquía eclesiástica. En paralelo, el ambiente intelectual dejó de ser el jardín cerrado del hispanismo de sacristía: Rodó seguía presente, pero también Taine, la generación española de 1898, Anatole France, D'Annunzio. La simple coexistencia de esas voces bastaba para que el monopolio conservador sobre lo que un lector culto podía leer y pensar se resquebrajara. Y desde afuera del país, el Tratado de Versalles de 1919 introdujo presiones internacionales que empujaron hacia reformas jurídicas laborales que el marco confesional no había contemplado.

Dentro del propio Partido Conservador, la crisis fue diagnosticada por Laureano Gómez en sus Interrogantes sobre el progreso de Colombia, conferencias publicadas en 1928. En tono spengleriano, Gómez ofreció un examen sombrío del país y de su futuro, en un momento en que en las élites —conservadoras y también liberales— circulaban presupuestos sobre la composición racial de Colombia influidos por ideas de "pureza de raza" que luego tomarían forma más aguda en el franquismo y el fascismo. Ese hispanismo tardío ya no era el de Caro, seguro de la superioridad de una tradición; era un hispanismo defensivo, atormentado por la pregunta sobre si la nación mestiza sobre la que se había construido el proyecto era capaz de sostener el edificio.

El final llegó en clave de sectarismo. Entre el 29 y el 30 de diciembre de 1930, en Capitanejo, Santander, liberales cometieron una masacre de quince conservadores: señal inequívoca del deterioro de la convivencia política y del ciclo que se cerraba. La hegemonía conservadora había durado casi medio siglo, pero terminó sin haber resuelto las tensiones raciales, regionales y de clase que su hispanismo fundacional se había limitado a ignorar.

La huella: qué queda del hispanismo

El hispanismo dejó tras de sí una arquitectura institucional persistente y una cultura letrada cuyos ecos aún se dejan sentir. Su permanencia no se explica solo por la fuerza de sus doctrinas, casi todas desprestigiadas hoy, sino por el modo en que se sedimentaron en tres estratos —el jurídico, el letrado y el memorioso— que sobrevivieron a la desaparición del clima intelectual que los había producido.

En el estrato jurídico, la Constitución de 1886 se mantuvo, en lo esencial, hasta 1991. Durante 105 años, el Estado colombiano fue confesional en su declaración, centralista en su diseño y presidencialista en su reparto de poderes. Esa duración es, en sí misma, un hecho comparativamente extraño: muy pocas cartas hispanoamericanas de finales del XIX resistieron intactas hasta el fin del siglo XX. El Concordato aseguró a la Iglesia católica un lugar en la educación pública que solo empezaría a resquebrajarse hacia mediados del siglo XX y que la Constitución de 1991 finalmente superaría al establecer un marco pluralista. La red de colegios de congregaciones religiosas, que había crecido al amparo del control eclesiástico sobre la educación garantizado en 1886 y 1887, sobrevivió como parte del paisaje escolar colombiano mucho más allá del fin de la Hegemonía; buena parte de las élites dirigentes del siglo XX se formó en sus aulas, y con ellas se formó también una cierta manera de entender la autoridad, la disciplina y el lugar de la religión en la vida civil.

En el estrato letrado, la lengua castellana quedó en Colombia investida de un prestigio y de una vigilancia gramatical que muy pocos países hispanoamericanos alcanzaron. La labor filológica de Cuervo, ejercida sin cálculo hispanista, se articuló con un aparato institucional —la Academia Colombiana de la Lengua, los manuales escolares, la Selección Samper Ortega— que hizo del cuidado del idioma un rasgo identitario. Que Bogotá se autodenominara "Atenas suramericana" no era vanidad gratuita: era la expresión cultural de un proyecto político que había hecho de la lengua uno de sus fundamentos. La consecuencia fue una cultura pública donde la corrección idiomática funcionó como signo de clase y de autoridad, y donde el argumento gramatical pudo suplir, en más de una ocasión, al argumento sustantivo. Esa herencia sigue operando allí donde la buena sintaxis se toma todavía por prueba de buen gobierno.

En el estrato memorioso, el manual de Henao y Arrubla enseñó a los colombianos, durante tres cuartos de siglo, una historia lineal y heroica en la que el legado colonial no era objeto de repudio y la nación aparecía como continuidad natural de una tradición hispano-católica. La Academia Colombiana de Historia consolidó ese enfoque desde su función institucional. Descentrar a los héroes, incorporar a los invisibilizados y cuestionar la linealidad fue tarea que solo la historiografía profesional de la segunda mitad del siglo XX empezaría a asumir en serio, y que aún compite con la memoria escolar sedimentada por aquellos manuales. Buena parte de las discusiones contemporáneas sobre monumentos, próceres y fechas patrias son legibles como querellas dentro de ese depósito hispanista aún sin desmontar.

Y sin embargo, medida por su propia ambición, la obra del hispanismo estuvo lejos de completarse. Su función real fue más de clausura que de integración: cerró el espacio público a la educación laica, al federalismo, a la prensa disidente, a las corrientes intelectuales modernas, pero no logró construir la nación cohesionada que decía fundar. La invisibilización de indios, negros y de la diversidad geográfica del país señalada por Ospina; la brecha entre "país nacional" y "país político" denunciada por Uribe Uribe y luego por Gaitán; el "complejo de inferioridad" ante la propia historia diagnosticado por Friede: todos son síntomas de la misma insuficiencia. El hispanismo dio a Colombia un marco jurídico, una lengua vigilada y una memoria oficial. No le dio, sin embargo, una manera de reconocerse plural, ni instituciones capaces de digerir el conflicto sin recurrir a la guerra civil, ni una relación honesta con las mayorías que su proyecto no lograba nombrar.

Su historia, entendida en esta escala, es la de un dispositivo que funcionó espléndidamente para lo que se propuso —fijar el poder de una élite letrada bogotana durante casi medio siglo, sedimentar un marco confesional-centralista durante más de un siglo— y que fracasó exactamente en lo que decía perseguir: fundar una comunidad nacional. Esa doble condición, de éxito institucional y fracaso integrador, es lo que hace del hispanismo colombiano un objeto histórico cuyos efectos siguen operando incluso ahora que sus doctrinas fundacionales han perdido casi todo su prestigio.