José Vicente Concha

José Vicente Concha

En la galería de presidentes colombianos del primer tercio del siglo XX, José Vicente Concha Ferreira ocupa un lugar peculiar: fue el jurista conservador que gobernó a Colombia entre 1914 y 1918, es decir, durante los cuatro años exactos de la Primera Guerra Mundial. Bogotano de nacimiento, cuadro central del Partido Conservador, diplomático de oficio y hombre de gabinete antes que caudillo, presidió una república que apenas empezaba a digerir la pérdida de Panamá y a reintegrar al liberalismo derrotado en los Mil Días. Su presidencia se define menos por grandes obras que por decisiones de contención: neutralidad frente al conflicto europeo, austeridad fiscal declarada como programa, firma del tratado que sellaría la reconciliación con Estados Unidos. Es, en rigor, el presidente bisagra de la Hegemonía Conservadora: el que administra el orden heredado de la Regeneración sin reformarlo, mientras a su alrededor la economía se reorienta del Atlántico europeo al Caribe norteamericano y el país entra, casi sin advertirlo, en el siglo XX.

Concha pertenece a esa estirpe de políticos colombianos formados en el derecho y en la prosa latina, más cómodos redactando alegatos que arengando plazas. Nació en Bogotá el 21 de abril de 1867, en plena vigencia del federalismo radical, y llegó a la mayoría de edad justo cuando Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro imponían el orden centralista y católico de la Constitución de 1886. Ese marco —la Regeneración— fue el aire que respiró toda su vida pública: no lo cuestionó ni lo reformó, lo administró.

De ahí que su figura resulte a la vez central y opaca. Fue elegido presidente con una mayoría abrumadora, ocho votos por cada uno del adversario; gobernó durante la mayor conmoción internacional de su época; firmó, siendo mandatario, el tratado que arreglaría las cuentas con Estados Unidos por el episodio de Panamá. Y, sin embargo, la historiografía tiende a recordarlo poco. La razón está en el propio material de su gestión: la política exterior de esos años quedó asociada al nombre de Marco Fidel Suárez, su canciller y sucesor; la estabilización monetaria que su gobierno no logró se atribuiría a la creación del Banco de la República en 1923; la política internacional de acercamiento a Washington se cristalizaría en la fórmula del Réspice polum, acuñada no por él sino por su ministro. Concha es el presidente cuya obra sus propios colaboradores completaron y capitalizaron.

Hay algo más que dificulta fijar su perfil: Concha no dejó una prosa doctrinaria de envergadura ni una escuela de discípulos que reivindicara su legado, como sí las tuvieron Caro o Suárez. Sus discursos son sobrios, técnicos, en ocasiones áridos; su vida privada, discreta hasta la invisibilidad. La historiografía conservadora del siglo XX, que sí construyó capillas para otros presidentes del período, prefirió sobre él el silencio o la mención de paso. La liberal, por su parte, tampoco tuvo con él un contencioso mayor: no fue perseguidor sectario ni protagonista de escándalos. Se instaló, así, en un limbo de respetabilidad sin brillo, que es tal vez la forma más difícil de sobrevivir en la memoria política de un país amigo del pathos.

Los orígenes de un jurista conservador

La biografía política de Concha se forja en el último cuarto del siglo XIX, cuando el orden regenerador aún estaba consolidándose. La Constitución de 1886 había inaugurado un régimen centralista y confesional que se mantendría en sus rasgos esenciales hasta 1991, y cuya hegemonía política se prolongaría sin ruptura hasta 1930. El Concordato firmado con la Santa Sede en 1887 devolvió a la Iglesia las propiedades confiscadas por los gobiernos anticlericales de mediados de siglo, ató la educación pública a los preceptos eclesiásticos y abolió el divorcio. Ese pacto entre altar y trono constituyó el edificio institucional dentro del cual Concha haría toda su carrera.

En la práctica, la Iglesia intervenía de manera constante en la política: condenaba al liberalismo desde el púlpito, orientaba el voto de los fieles, respaldaba candidatos conservadores. Se ha llamado a este período, con razón, uno de "ultraintolerancia": la política nacional se decidía en la intersección entre el Partido Conservador y la jerarquía católica, y quien no cabía en ese cruce quedaba, por definición, en los márgenes.

Concha se movió con naturalidad en ese mundo. Miembro destacado del Partido Conservador, formado en el derecho, se distinguió pronto como jurista y como cuadro parlamentario. Su ascenso siguió el patrón clásico de la élite regeneradora: cátedra, escritura de doctrina, banca en el Congreso, ministerio, misión diplomática. Para el cambio de siglo ya era una figura reconocida en Bogotá y con presencia en los círculos donde se decidían las cosas del país. La Guerra de los Mil Días, que entre 1899 y 1902 devastó al liberalismo militarmente y agotó al conservatismo económicamente, encontró a Concha en el bando vencedor y en las labores civiles de retaguardia; nunca fue hombre de armas, sino de gabinete. Esa posición lo mantuvo lejos de las heridas más crudas del conflicto y le permitió, terminada la contienda, aparecer como interlocutor viable para todos los sectores del propio partido, desde los nacionalistas duros hasta los históricos más templados.

La misión de Washington: el drama del canal

El primer episodio verdaderamente central de la trayectoria de Concha fue diplomático, y ocurrió en el momento más grave de la historia externa colombiana del siglo: las negociaciones con Estados Unidos por el canal interoceánico. Bajo la presidencia de José Manuel Marroquín, Colombia había enviado a Washington a Carlos Martínez Silva como jefe de la misión encargada de negociar el tratado con el Secretario de Estado John Hay. Martínez Silva fue relevado en un momento crítico —al parecer por haber sobrepasado su autoridad al contactar en Nueva York al general Rafael Uribe Uribe, jefe liberal en armas o recién salido de ellas— y su reemplazo fue Concha.

El nuevo negociador llegó a Washington sin conocer bien los antecedentes de las conversaciones y, para colmo, sin hablar inglés. La escena resume, con crueldad, la desventaja estructural de la diplomacia colombiana frente al aparato norteamericano: un jurista bogotano, competente en su lengua y su tradición, enfrentado a un Departamento de Estado que decidía en otro idioma y con otra lógica. Y, sin embargo, el proyecto diplomático que Concha llevó a la mesa contribuyó —junto con los movimientos sísmicos en Centroamérica y la erupción del Mont Pelée en Martinica, que desprestigiaron la ruta nicaragüense— a que la opinión estadounidense comenzara a inclinarse por Panamá. La ley Spooner del 28 de junio de 1902 autorizó al presidente de Estados Unidos a adquirir por 40 millones de dólares los derechos de la nueva Compañía del Canal, cerrando el capítulo de la ruta alternativa por Nicaragua.

El desenlace de la negociación no lo firmaría Concha. El tratado Hay-Herrán, resultado final de aquellas conversaciones, sería rechazado por el Senado colombiano; a ese rechazo seguiría la separación de Panamá en noviembre de 1903, y luego el tratado Hay-Bunau-Varilla del 18 de noviembre de ese año, en el que un francés ejerciendo como plenipotenciario panameño concedió a Estados Unidos "todos los derechos, poderes y autoridad" en la zona del canal, "como si fuera el país soberano", con exclusión del ejercicio de esos derechos por parte de Panamá. Colombia perdió el istmo. Concha volvió a Bogotá con la experiencia amarga de haber estado en el epicentro de un desastre nacional que no había causado, pero cuya cercanía lo marcó para siempre.

Esa marca tendría consecuencias políticas de largo aliento. El paso por Washington le dio a Concha una autoridad técnica en materia norteamericana que ningún otro dirigente conservador de su generación podía exhibir con la misma legitimidad. Había visto de cerca el modo en que las cosas se decidían en el Norte y regresado sin claudicaciones evidentes. Cuando, una década más tarde, se plantee el arreglo definitivo con Estados Unidos, será natural que se le encomiende el papel principal: no como el jurista intocado, sino como el negociador escaldado por la experiencia.

La elección de 1914

Una década después, Concha era el candidato natural del Partido Conservador para suceder a Carlos E. Restrepo. Restrepo había gobernado entre 1910 y 1914 como cabeza de la Unión Republicana, la coalición transversal que intentó superar el bipartidismo tras el Quinquenio autoritario de Rafael Reyes. El republicanismo, inspirado por el propio Restrepo, reunió en 1910 a sectores liberales orientados por Benjamín Herrera, Eduardo Santos y Luis Cano, y a conservadores históricos entre los que figuraba Pedro Nel Ospina. Fue una apuesta seria por una política menos sectaria. Pero la coalición nació frágil: desde el principio los conservadores dominaron el nuevo tercer partido, y los más intransigentes rechazaban cualquier cooperación con los liberales.

En 1914 esa fragilidad se convirtió en derrota. Concha, respaldado por los conservadores nacionalistas y por la Iglesia, se presentó con el añadido decisivo —y para muchos sorprendente— del apoyo del líder liberal Rafael Uribe Uribe. Uribe, el jefe militar de los Mil Días convertido en diplomático y estadista, respaldó al candidato conservador con el cálculo de que podría influirlo para garantizar un trato justo al liberalismo. Contra ese frente heterogéneo compitió Nicolás Esguerra por la Unión Republicana.

El resultado fue devastador para el republicanismo. Concha obtuvo 300.735 votos; Esguerra, 36.763. Ocho a uno. La Unión Republicana se desintegró tras la derrota, y Restrepo se retiró del primer plano por casi quince años —reaparecería recién en 1930 como ministro de gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera—. La elección de 1914 fue, en rigor, la reafirmación del bipartidismo tradicional sobre las cenizas del ensayo republicano: no una victoria personal de Concha, sino la constatación de que la coalición transversal no tenía electorado propio.

La sombra del magnicidio

Concha asumió la presidencia el 7 de agosto de 1914, seis días después de que en Europa se dispararan las primeras declaraciones de guerra que darían inicio a la Gran Guerra. Casi al mismo tiempo, en Bogotá, ocurría un hecho que ensombreció desde el primer momento a su gobierno: el asesinato del general Rafael Uribe Uribe, muerto a hachazos cuando se dirigía al Capitolio.

El crimen mataba al hombre que había hecho posible la victoria conservadora al respaldar a Concha desde el liberalismo. Con Uribe desaparecía la pieza sobre la que estaba concebido el equilibrio del cuatrienio. La elección de agosto se había ganado con el argumento tácito de que un gobierno conservador podía ser al mismo tiempo un gobierno de conciliación, y esa promesa tenía nombre propio: el del jefe liberal que había cruzado la línea partidista para respaldarlo. Sin él, el gobierno de Concha quedaba reducido a su base originaria —los nacionalistas y la Iglesia—, sin el interlocutor que hubiera podido negociar en su nombre las concesiones prácticas al liberalismo derrotado.

El magnicidio produjo, además, una crisis de credibilidad judicial que se arrastró durante todo el cuatrienio. La captura de los autores materiales —dos artesanos— no alcanzó a esclarecer la trama de instigadores, y las sospechas apuntaron a círculos altos que el proceso nunca nombró con contundencia. La duda pública sobre quién había mandado matar a Uribe se instaló como un rumor de fondo bajo cada decisión del gobierno: cuando Concha nombraba, cuando legislaba, cuando dialogaba con el liberalismo, la pregunta implícita era si el aparato que él encabezaba había sido, por acción u omisión, cómplice del crimen. Ninguna sentencia disipó esa sospecha durante su mandato. El liberalismo, huérfano de su jefe más carismático, se replegó; los republicanos, ya derrotados en las urnas, se dispersaron; y la reconciliación bipartidista que Uribe encarnaba quedó pospuesta a otra generación.

A esa herida inicial se sumarían, a lo largo del cuatrienio, otros desastres: el terremoto de 1917, la epidemia de gripe de 1918 —parte de la pandemia global de influenza— y otras plagas que agravaron la fragilidad económica del país. Pero ninguno tuvo el peso simbólico del hachazo del 15 de octubre de 1914. Concha gobernó, hasta el último día, bajo la sombra alargada de un crimen que no cometió pero cuya elucidación no supo, o no quiso, forzar.

Un programa de contención

El programa que Concha anunció desde el primer día fue explícito en su modestia. La obra administrativa, declaró, debía reducirse a "modestas proporciones", limitándose al recaudo metódico y a la inversión ordenada de las rentas, sin emprender grandes empresas. Reconocía la necesidad de capitales extranjeros para el desarrollo material del país, pero advertía —con prudencia que sonaba casi profética a la luz del endeudamiento posterior— que recurrir a ellos podía imponer una carga excesiva a las generaciones futuras.

Esa retórica de austeridad no era mera prosa: describía una convicción de época. La República Conservadora entendía el Estado como garante del orden y guardián de las rentas, no como motor de transformación. En cuatro años, el gobierno de Concha construyó varios kilómetros de vías férreas, puentes y líneas telegráficas —lo indispensable para conectar un territorio que seguía siendo un archipiélago de regiones—, pero no acometió proyectos de gran calado. También firmó tratados de límites con Ecuador y con Venezuela; para el diferendo con este último se solicitó el arbitraje del Consejo Federal suizo, práctica habitual de la diplomacia colombiana del período.

El problema estructural que ese programa dejó sin resolver fue el monetario, y conviene detenerse en él, porque explica más del país real de esos años que cualquier declaración oficial. En 1914, en toda Colombia circulaban apenas diez millones de pesos oro, cifra insuficiente para una economía que ya empezaba a exportar café en volúmenes crecientes. La guerra europea agudizó la crisis fiscal al reducir la circulación interna: las exportaciones se contrajeron y las deudas externas debían pagarse en oro, drenando divisas. Cuatro años después, en 1918, el circulante se había más que duplicado, pero su composición delataba un desorden monetario de fondo: convivían en cantidades comparables el temido billete inconvertible heredado de Núñez, las monedas de plata y las divisas extranjeras —dólares y libras—. No había unidad monetaria. Ese caos solo se ordenaría en 1923, con la creación del Banco de la República bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina y la misión Kemmerer, cinco años después de terminado el gobierno de Concha.

Neutralidad en la Gran Guerra

La decisión de política exterior más importante del cuatrienio fue también la menos anunciada: Colombia se mantuvo neutral durante los cuatro años de la Primera Guerra Mundial. Concha inauguró su presidencia seis días después del estallido del conflicto y la entregó nueve meses antes del armisticio; toda su gestión discurrió bajo el peso de la guerra.

La neutralidad colombiana se inscribió en el patrón general latinoamericano: la mayoría de las naciones de la región declararon neutralidad frente al conflicto europeo. Pero cuando Estados Unidos entró en la guerra en abril de 1917, muchos países cambiaron de posición. Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay rompieron relaciones con Alemania; Brasil, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá declararon la guerra a las Potencias Centrales. Colombia, en cambio, mantuvo la neutralidad, junto con Argentina y algunos otros. La decisión era políticamente delicada: significaba no plegarse al alineamiento panamericano que Washington impulsaba y, al mismo tiempo, no exponer al país —recién herido por la pérdida de Panamá— a una guerra que no tenía capacidad de librar.

Los efectos económicos, en cambio, fueron irreversibles y contrarios a la intención política. La guerra aceleró un giro estructural del comercio exterior colombiano. Las importaciones desde Estados Unidos, que representaban poco más de la cuarta parte del total antes de la guerra, superaban la mitad ya en 1915 y llegaron a concentrar cerca de tres cuartas partes al terminar el conflicto; Alemania, proveedor importante hasta 1914, desapareció como origen de mercancías durante los años de guerra. El caso de los textiles es diciente: los productores norteamericanos, que antes del conflicto tenían apenas una porción marginal del mercado colombiano, terminaron controlándolo mayoritariamente. Colombia entraba, por la vía silenciosa del comercio, a la órbita económica de Estados Unidos, precisamente en los años en que su gobierno se esforzaba por mantener la equidistancia política.

El tratado Urrutia-Thompson

El otro gran hito internacional del gobierno de Concha fue la firma, el 6 de abril de 1914 en Bogotá, del tratado Urrutia-Thompson entre Colombia y Estados Unidos. Aunque la firma antecede en cuatro meses a la posesión de Concha, la negociación política del acuerdo, su defensa doctrinaria y el largo proceso de aprobación se desplegaron durante su mandato. El tratado buscaba arreglar las diferencias surgidas por los acontecimientos del istmo de Panamá en noviembre de 1903. Estados Unidos se comprometía a pagar a Colombia veinticinco millones de dólares como indemnización, y Colombia reconocía la soberanía y la independencia de Panamá.

Fue el instrumento con el que la Regeneración tardía procesó, once años después, la herida de 1903. Su tramitación política sería tortuosa: el Senado estadounidense, mientras vivió Theodore Roosevelt —el presidente que en 1903 había protegido la secesión panameña—, rechazó la ratificación por considerar que la indemnización equivalía a una admisión de culpa. Solo después de la muerte de Roosevelt en 1919 se pudo avanzar. El Senado estadounidense ratificó el tratado el 22 de diciembre de 1921, y el canje de ratificaciones se produjo el 1 de marzo de 1922 en Bogotá, firmando por Colombia el canciller Antonio José Uribe bajo la presidencia de Jorge Holguín.

Concha, entonces, firmó el tratado como texto y lo defendió como política durante su gobierno; su canciller, Marco Fidel Suárez, orientó su tramitación diplomática; el propio Suárez, ya como presidente, pagaría con su renuncia el costo político de sostenerlo, a trueque de la aprobación del tratado; y Holguín, sucesor de Suárez, lo llevaría a su ratificación final. Es el ejemplo más claro de cómo la obra de Concha fue completada por sus colaboradores y sucesores: la firma es de 1914, la ratificación de 1922, y en el imaginario público la operación quedó asociada al nombre de Suárez.

Vale la pena subrayar el detalle político del episodio, porque revela la textura del sistema. La ratificación en 1921 llegó cuando Colombia ya no era el mismo país que en 1914: el café había desplazado a los antiguos rubros de exportación como fuente principal de divisas, el petróleo había entrado en escena y las compañías norteamericanas presionaban para asegurar concesiones. Los veinticinco millones de indemnización no fueron un gesto tardío de justicia, sino la contrapartida de un nuevo equilibrio en el que Estados Unidos necesitaba a Colombia jurídicamente pacificada para hacer negocios. Concha había firmado el texto en un contexto; Suárez y Holguín lo llevaron adelante en otro, y ese desfase entre firma y ratificación es, en sí mismo, un retrato de la lentitud de la política colombiana frente a los tiempos de la economía.

La red: Suárez canciller, la Iglesia, Uribe Uribe

Ningún presidente gobierna solo, y en el caso de Concha la red importa más que la biografía personal. La figura central de esa red fue Marco Fidel Suárez, cuya trayectoria se cruza con la de Concha en dos momentos sucesivos que conviene distinguir.

El primer momento va de 1914 a 1918. Durante todo el cuatrienio, Suárez fue canciller de Concha. Gramático y ensayista, autodidacta que había aprendido latín en el seminario, dirigió desde el ministerio la política exterior colombiana, orientó la defensa diplomática del tratado Urrutia-Thompson, sostuvo la neutralidad frente a la guerra europea y consolidó los canales de trabajo con Washington. En esa etapa, Suárez es ejecutor: la voz presidencial es la de Concha, y el canciller construye la doctrina que hará suya más tarde.

El segundo momento comienza el 7 de agosto de 1918, cuando Suárez sucede a Concha en la presidencia. Es entonces —no antes— cuando formula la fórmula del Réspice polum, "mirar al norte", que definiría la diplomacia colombiana durante décadas. La consigna no era caprichosa. Al terminar la guerra, Inglaterra había sido desplazada por Estados Unidos como principal mercado y fuente de inversión extranjera de Colombia; los norteamericanos controlaban ya los cultivos de banano y querían invertir en petróleo. Mirar al norte era el reconocimiento de una realidad económica que la propia neutralidad de Concha no había podido conjurar. El gobierno presidencial de Suárez, respaldado sin reservas por la Iglesia —sus opositores lo calificarían de teocrático y ultramontano—, prolongó la lógica clerical-conservadora del cuatrienio anterior, contra el poeta Guillermo Valencia, cuya candidatura recibiría el apoyo cruzado de liberales, republicanos y conservadores históricos. La política exterior de Suárez presidente fue, en gran medida, la sistematización doctrinaria de la política exterior que había practicado como canciller de Concha.

El otro nombre esencial de la red es póstumo: Rafael Uribe Uribe. Sin el respaldo del jefe liberal, la victoria de 1914 no habría tenido el margen aplastante que tuvo, ni el sentido político de cierre del ciclo de los Mil Días. Su asesinato en el propio año de la posesión dejó al gobierno huérfano de aquel puente y marcó, con violencia, el límite de la reconciliación bipartidista dentro del orden conservador.

Y como marco general de esa red, la Iglesia Católica: aliada estructural del Partido Conservador, orientadora del voto, condenadora del liberalismo desde el púlpito, presencia constante en cada decisión del gobierno. Fue ella la que garantizó la disciplina electoral en 1914, la que blindó al ejecutivo frente a la crítica desde las diócesis y los seminarios, la que aseguró que la escuela pública siguiera formando ciudadanos en la doctrina que el Concordato de 1887 había convertido en política de Estado. Concha no la construyó ni la desafió; la administró. La misma alianza que sostuvo su gobierno sostendría, con más celo aún, el de Suárez, y solo comenzaría a resquebrajarse en los años finales de Abadía Méndez, cuando la Hegemonía entró en su fase terminal.

Balance y posteridad

Concha entregó el poder el 7 de agosto de 1918 a Marco Fidel Suárez. Falleció en 1929, un año antes del fin de la Hegemonía Conservadora. En el balance largo de la República Conservadora, su gobierno aparece como un cuatrienio de administración y espera: mantuvo el orden regenerador sin reformarlo ni dañarlo, sostuvo el orden público y las libertades civiles —al menos para los sectores altos, matiz que la propia historiografía reconoce— sin resolver los problemas estructurales de moneda e infraestructura, y firmó el tratado que arreglaría con Estados Unidos las cuentas de Panamá mientras mantenía al país fuera de la guerra mundial sin imaginar una política exterior nueva.

El sistema del que fue custodio se prolongaría otros doce años más allá de su presidencia. Miguel Abadía Méndez, quien asumió en 1926, sería el último presidente conservador de la Hegemonía, y afrontaría su decaimiento previsible bajo el peso de la masacre de las bananeras, la crisis de 1929 y las divisiones internas del propio conservatismo. En 1930, los conservadores divididos perdieron las elecciones y entregaron el poder a los liberales en una transición pacífica —hecho excepcional en la América Latina de la crisis mundial—. Los liberales organizaron entonces un gobierno de "concentración nacional" con una minoría de ministros conservadores encabezados por Carlos E. Restrepo, aquel mismo republicano al que Concha había desalojado del centro político dieciséis años antes.

Situado en ese arco largo, Concha resulta menos protagonista que engranaje. Fue el presidente que aseguró la continuidad del régimen regenerador en su fase tardía, el que mantuvo la neutralidad cuando otros latinoamericanos se plegaron, el que firmó el tratado que otros ratificarían, el que administró la contención mientras la economía se realineaba hacia el norte.

Concha fue un jurista puesto en la presidencia, y ejerció el cargo como se ejerce una notaría de la República: dando fe de lo firmado, guardando los libros, cerrando cuentas antiguas antes que abriendo empresas nuevas. Ese temperamento explica al mismo tiempo su eficacia y su opacidad: en circunstancias en que la guerra mundial hubiera podido arrastrar al país a alineamientos apresurados, en que el fantasma de Panamá seguía envenenando la relación con Washington, en que el liberalismo derrotado esperaba señales y en que el hachazo a Uribe Uribe había cargado al régimen con una sospecha imborrable, el gobierno se sostuvo sin estridencias ni rupturas.

La firma del Urrutia-Thompson en 1914, la neutralidad sostenida durante cuatro años y el tránsito ordenado del poder a Suárez son legados concretos, no menores. Concha fue el presidente cuya obra otros completaron y capitalizaron; pero sin esa obra —firmada en Bogotá antes de que llegara a la Casa de Nariño, defendida durante su cuatrienio, ratificada por sus sucesores— la reconciliación con Estados Unidos y la consolidación externa de la República Conservadora habrían tomado otro camino. En la historia de Colombia hay lugar, aunque discreto, para los presidentes que hicieron que las cosas siguieran su curso.