José Vicente Concha

Los orígenes de un jurista conservador

La biografía política de Concha se forja en el último cuarto del siglo XIX, cuando el orden regenerador aún estaba consolidándose. La Constitución de 1886 inauguró un régimen centralista y confesional cuya hegemonía política se prolongó hasta 1930. El Concordato de 1887, aprobado por la Ley 35 de 1888, sometió la educación pública organizada por el Gobierno a la doctrina y moral católicas, reconoció efectos civiles al matrimonio canónico y reservó a la autoridad eclesiástica las causas sobre el vínculo matrimonial. En materia de bienes desamortizados, confirmó la propiedad de los compradores y ordenó devolver sólo los bienes religiosos sin destino, además de reconocer obligaciones estatales: no dispuso una devolución general de todas las propiedades confiscadas.

La Iglesia católica fue un actor político decisivo durante la Hegemonía Conservadora: intervino en debates públicos, orientó a sus fieles y respaldó candidaturas. Michael LaRosa ha caracterizado este orden como uno de “ultraintolerancia”, por la exclusión prolongada de ideas liberales bajo el régimen conservador y el Concordato. Esa interpretación ayuda a describir el marco general, pero no convierte cada decisión nacional en una orden conjunta del Partido Conservador y la jerarquía ni elimina las disputas internas entre históricos y nacionalistas.

Concha se movió con naturalidad en ese mundo, aunque dentro de una facción definida. Miembro destacado de los conservadores históricos, se distinguió como abogado penalista, catedrático, parlamentario, ministro, periodista y diplomático. Su ascenso siguió el patrón de las élites letradas: escritura jurídica, Congreso, gabinete y misión exterior. La Guerra de los Mil Días (1899–1902) terminó con la derrota militar liberal y agravó las divisiones del conservatismo, pero las fuentes consultadas no permiten reducir la actuación de Concha a la de un integrante de la “retaguardia vencedora”. Su identidad histórica y sus críticas a Caro lo separaban de los nacionalistas, aunque siguiera perteneciendo al partido que conservó el poder.

La misión de Washington: el drama del canal

El primer episodio verdaderamente central de la trayectoria de Concha fue diplomático, y ocurrió en el momento más grave de la historia externa colombiana del siglo: las negociaciones con Estados Unidos por el canal interoceánico. Bajo la presidencia de José Manuel Marroquín, Colombia había enviado a Washington a Carlos Martínez Silva como jefe de la misión encargada de negociar el tratado con el Secretario de Estado John Hay. Martínez Silva fue relevado en un momento crítico —al parecer por haber sobrepasado su autoridad al contactar en Nueva York al general Rafael Uribe Uribe, jefe liberal en armas o recién salido de ellas— y su reemplazo fue Concha.

Concha presentó al secretario de Estado John Hay, el 31 de marzo y el 18 de abril de 1902, unas bases de tratado para autorizar la transferencia de los derechos de la Nueva Compañía del Canal de Panamá y regular el canal. Esa correspondencia primaria muestra que conocía y trabajaba el expediente; no respalda la escena de un enviado sin antecedentes ni permite afirmar que no hablara inglés. La Ley Spooner del 28 de junio autorizó adquirir por hasta cuarenta millones de dólares los derechos de la compañía y negociar con Colombia el control de una franja para el canal. Dio preferencia a Panamá, pero conservó la ruta de Nicaragua como alternativa si Estados Unidos no obtenía de Colombia condiciones satisfactorias: no cerró definitivamente ese capítulo.

El desenlace de la negociación no lo firmaría Concha. Presentó sus bases en marzo y abril de 1902 y renunció a la legación el 28 de noviembre de ese año. El tratado Hay-Herrán fue suscrito después, el 22 de enero de 1903, y rechazado por el Senado colombiano; siguieron la separación de Panamá en noviembre y el tratado Hay-Bunau-Varilla del 18 de ese mes. Concha, por tanto, participó en una fase importante del expediente canalero, pero no negoció su desenlace final ni regresó después de la separación del istmo. La experiencia sí lo vinculó de manera duradera al problema de las relaciones con Estados Unidos.

El paso por Washington dio a Concha experiencia directa en la cuestión del canal y en la negociación con Estados Unidos. Sin embargo, el arreglo de 1914 no le fue encomendado como protagonista principal. Se negoció bajo Carlos E. Restrepo y fue firmado antes de la posesión de Concha por el canciller Francisco José Urrutia, Marco Fidel Suárez, Nicolás Esguerra, José María González Valencia, Rafael Uribe Uribe y Antonio José Uribe, junto con Thaddeus Thomson. Ya como presidente, Concha defendió el pacto y urgió su aprobación en Washington; esa fue su intervención mejor documentada.

La elección de 1914

Una década después, Concha era el candidato natural del Partido Conservador para suceder a Carlos E. Restrepo. Restrepo había gobernado entre 1910 y 1914 como cabeza de la Unión Republicana, la coalición transversal que intentó superar el bipartidismo tras el Quinquenio autoritario de Rafael Reyes. El republicanismo, inspirado por el propio Restrepo, reunió en 1910 a sectores liberales orientados por Benjamín Herrera, Eduardo Santos y Luis Cano, y a conservadores históricos entre los que figuraba Pedro Nel Ospina. Fue una apuesta seria por una política menos sectaria. Pero la coalición nació frágil: desde el principio los conservadores dominaron el nuevo tercer partido, y los más intransigentes rechazaban cualquier cooperación con los liberales.

En 1914 esa fragilidad se convirtió en derrota. Concha, dirigente del conservatismo histórico pero respaldado por la maquinaria oficial del Partido Conservador y por la Iglesia, recibió también el apoyo —sorprendente para muchos— del líder liberal Rafael Uribe Uribe. Según la reconstrucción de Jane Rausch, Uribe esperaba influir en el nuevo presidente para asegurar un trato justo a su partido. Contra ese frente heterogéneo compitió Nicolás Esguerra por la Unión Republicana. El respaldo liberal está documentado; presentarlo como causa única o indispensable del triunfo excede las fuentes.

El resultado fue devastador para el republicanismo. Concha obtuvo 300.735 votos; Esguerra, 36.763. Ocho a uno. La Unión Republicana se desintegró tras la derrota, y Restrepo se retiró del primer plano por casi quince años —reaparecería recién en 1930 como ministro de gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera—. La elección de 1914 fue, en rigor, la reafirmación del bipartidismo tradicional sobre las cenizas del ensayo republicano: no una victoria personal de Concha, sino la constatación de que la coalición transversal no tenía electorado propio.

La sombra del magnicidio

Concha asumió la presidencia el 7 de agosto de 1914, diez días después de la declaración de guerra austrohúngara a Serbia y cuando el conflicto europeo ya se ampliaba. El asesinato de Rafael Uribe Uribe no ocurrió “casi al mismo tiempo” que la posesión: fue atacado con hachuelas junto al Capitolio el 15 de octubre y murió en la madrugada del 16, algo más de dos meses después del inicio del gobierno. El crimen sí abrió una crisis política y judicial temprana en el cuatrienio.

El crimen eliminó a un dirigente liberal que había respaldado a Concha con la expectativa de obtener un trato más equitativo para su partido. Su muerte redujo una vía importante de interlocución, pero las fuentes no prueban que Uribe hubiera sido el único arquitecto posible de una conciliación ni que su apoyo hubiera “hecho posible” por sí solo la victoria conservadora. El gobierno conservó otros canales políticos y el liberalismo no quedó representado por una sola persona; conviene hablar de una pérdida significativa, no de un equilibrio institucional enteramente dependiente de Uribe.

Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal fueron capturados como autores materiales, procesados y condenados en junio de 1918. El expediente y la discusión pública no cerraron todas las sospechas: el abogado Marco Tulio Anzola Samper sostuvo desde 1917 que existían instigadores y maniobras de encubrimiento, mientras el proceso condenó a los dos ejecutores con base en testimonios, confesiones y su captura inmediata. Esa controversia historiográfica y judicial debe presentarse como tal. No hay una sentencia que atribuya el crimen a Concha o a su gobierno, de modo que describir al aparato presidencial como cómplice por acción u omisión convierte una sospecha política en hecho probado.

A esa herida se sumó el terremoto del 31 de agosto de 1917, que afectó a Bogotá y otras poblaciones. La gran crisis sanitaria de la gripe en la capital no pertenece, en cambio, al balance del gobierno de Concha: los primeros casos documentados en Bogotá aparecieron a finales de septiembre de 1918 y la mayor mortalidad ocurrió en octubre y noviembre, después de que Marco Fidel Suárez asumiera la presidencia el 7 de agosto. Uribe fue atacado el 15 de octubre de 1914 y murió al día siguiente. La persistencia de preguntas sobre posibles instigadores marcó la memoria del crimen, pero no demuestra que Concha se negara a esclarecerlo.

Un programa de contención

El programa que Concha anunció desde el comienzo fue explícito en su modestia. En su mensaje de gobierno señaló que la obra administrativa debía reducirse a “modestas proporciones” y concentrarse en el recaudo e inversión ordenada de las rentas. También advirtió que la República no podía costear todo su desarrollo material sólo con los tributos disponibles y que recurrir a capital extranjero podía cargar a las generaciones futuras. Las frases documentan una preferencia por la austeridad en medio de restricciones fiscales; calificarlas de proféticas es una valoración posterior, no parte del programa.

La austeridad tuvo efectos administrativos concretos, aunque no equivale a que el Estado se limitara siempre a guardar el orden. Durante el cuatrienio continuaron obras ferroviarias, puentes y líneas telegráficas, a escala contenida por la crisis fiscal. En política limítrofe, el tratado con Ecuador del 15 de julio de 1916 fue suscrito por el canciller Marco Fidel Suárez, Alberto Muñoz Vernaza y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores; entró en vigor mediante el canje del 26 de enero de 1917. Suárez y Demetrio Lozada Díaz suscribieron el 3 de noviembre de 1916 el acuerdo que remitió el diferendo con Venezuela al Consejo Federal suizo. Fueron actos del gobierno de Concha, pero él no fue su firmante personal.

El problema monetario siguió sin solución integral. Jane Rausch, con apoyo en estudios de la época, estima que en 1914 circulaban sólo diez millones de pesos oro, insuficientes para la economía nacional, y vincula la guerra con escasez de circulante y crisis fiscal. Marco Palacios calcula para 1918 un circulante de veinticuatro millones de pesos oro: 42 % correspondía todavía a papel moneda de la Regeneración y otro 40 % a monedas de plata y divisas extranjeras. Son estimaciones historiográficas sobre un sistema heterogéneo, no un conteo oficial único. La creación del Banco de la República en 1923 perteneció al gobierno de Pedro Nel Ospina y respondió a un proceso más amplio que no puede describirse sólo como la corrección de un “caos” dejado por Concha.

Neutralidad en la Gran Guerra

La decisión de política exterior más importante del cuatrienio fue la neutralidad. Todos los países latinoamericanos la declararon al comienzo de la guerra y Colombia la mantuvo cuando varios cambiaron de posición tras la entrada de Estados Unidos en abril de 1917. El mandato de Concha comenzó el 7 de agosto de 1914, diez días después del inicio convencional del conflicto, y terminó el 7 de agosto de 1918, noventa y seis días antes del armisticio. Casi toda su gestión transcurrió bajo la guerra, pero no sus “cuatro años exactos” ni hasta nueve meses antes de la paz.

Durante los dos primeros años y medio del conflicto, las veinte repúblicas latinoamericanas permanecieron neutrales. Después de la entrada de Estados Unidos, Brasil y Cuba participaron en la guerra; Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá también la declararon; Perú, Bolivia, Uruguay, Ecuador y República Dominicana rompieron relaciones con Alemania. Colombia mantuvo la neutralidad junto con Argentina, Chile, México, El Salvador, Venezuela y Paraguay. Esa decisión evitó una participación militar y preservó margen diplomático frente a Washington, aunque dentro de Colombia coexistieron simpatías aliadas y germanófilas: neutralidad estatal no significó equidistancia uniforme de la sociedad.

La guerra sí aceleró el giro del comercio colombiano hacia Estados Unidos, pero sus efectos fueron desiguales. Rausch documenta la pérdida de mercados y suministros europeos, las restricciones estadounidenses al transporte y las gestiones de la legación para preservar importaciones y exportaciones. El café continuó llegando al mercado norteamericano, el platino del Chocó ganó importancia estratégica y los embarques de banano cayeron cuando Estados Unidos requisó buques de la United Fruit Company. Las series comerciales recopiladas por José Antonio Ocampo muestran el aumento de la participación estadounidense en las importaciones. Es más preciso hablar de una reorientación económica bajo neutralidad que de una “equidistancia” política derrotada automáticamente por el comercio.

El tratado Urrutia-Thomson

El tratado Urrutia-Thomson fue firmado en Bogotá el 6 de abril de 1914, bajo el gobierno de Carlos E. Restrepo y cuatro meses antes de que Concha asumiera la presidencia. Por Estados Unidos lo suscribió Thaddeus Austin Thomson; por Colombia, Francisco José Urrutia, Marco Fidel Suárez, Nicolás Esguerra, José María González Valencia, Rafael Uribe Uribe y Antonio José Uribe. El acuerdo buscaba resolver las diferencias por los sucesos de Panamá de 1903: incluía privilegios de tránsito por el canal, una expresión de “sincero pesar” de Estados Unidos —suprimida después por una enmienda—, el pago de veinticinco millones de dólares y el reconocimiento colombiano de Panamá. Durante su mandato, Concha defendió el instrumento y urgió su aprobación estadounidense; no participó en su firma.

La tramitación fue larga y cambió el texto. El Congreso colombiano aprobó el tratado en 1914. El Senado de Estados Unidos dio su consentimiento con enmiendas el 20 de abril de 1921, entre ellas la eliminación de la cláusula de “sincero pesar”; el presidente estadounidense lo ratificó el 11 de enero de 1922 y Colombia ratificó la versión modificada el 1 de marzo. Ese mismo día Hoffman Philip y el canciller Antonio José Uribe canjearon las ratificaciones en Bogotá, bajo la presidencia de Jorge Holguín; el tratado fue proclamado el 30 de marzo. El 22 de diciembre de 1921 corresponde a la ley colombiana que aceptó las modificaciones, no a la ratificación del Senado estadounidense.

Concha no firmó el tratado, pero su gobierno pidió de manera reiterada que el Senado estadounidense lo aprobara. Marco Fidel Suárez había participado como plenipotenciario en 1914, fue canciller de Concha hasta octubre de 1917 y siguió defendiendo el acuerdo durante su propia presidencia. Su crisis y renuncia de 1921 tuvieron varias dimensiones políticas; el tratado fue una de ellas, pero no basta para afirmar que dejó el cargo como simple precio de su aprobación. Jorge Holguín presidía el país cuando se produjo el canje final en 1922. La continuidad entre gobiernos existe en la defensa del instrumento, no en una autoría personal de Concha sobre su firma.

El retraso del tratado atravesó contextos distintos. En 1914, Woodrow Wilson buscaba normalizar las relaciones con Colombia, vecina del canal y posible fuente de petróleo; en los años siguientes, empresarios de ambos países y los presidentes Concha, Suárez y Wilson instaron al Senado estadounidense a actuar. La guerra y la resistencia a la cláusula de pesar demoraron la aprobación, mientras el peso del café, el petróleo y la inversión norteamericana aumentaba. Es válido analizar esos intereses económicos, pero afirmar que los veinticinco millones “no fueron justicia” y constituyeron una contraprestación empresarial directa excede la evidencia aquí reunida.

La red: Suárez canciller, la Iglesia, Uribe Uribe

Ningún presidente gobierna solo, y en el caso de Concha la red importa más que la biografía personal. La figura central de esa red fue Marco Fidel Suárez, cuya trayectoria se cruza con la de Concha en dos momentos sucesivos que conviene distinguir.

El primer momento va del 7 de agosto de 1914 al 29 de octubre de 1917, no durante todo el cuatrienio: ese día Suárez renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores para concentrarse en la campaña presidencial. Hasta entonces dirigió la aplicación de la neutralidad, participó en la defensa diplomática del Urrutia-Thomson y suscribió los acuerdos limítrofes de 1916. El gobierno de Concha definía la política general, mientras el canciller aportaba experiencia en derecho internacional y formulaba posiciones que después seguiría defendiendo.

El segundo momento comienza el 7 de agosto de 1918, cuando Suárez sucede a Concha en la presidencia. La fórmula del Réspice polum no nació entonces: según la reconstrucción de Jane Rausch, Suárez la había introducido en las negociaciones del Urrutia-Thomson en 1914, la desarrolló ante periodistas en febrero de 1916 y la defendió ante el Congreso en julio. Su presidencia convirtió esa orientación en una referencia duradera mientras Estados Unidos ganaba peso comercial y financiero. La continuidad con Concha fue importante, pero no absoluta: Suárez había dejado la cancillería en 1917 y su programa presidencial enfrentó una coalición distinta, incluida la candidatura de Guillermo Valencia apoyada por liberales, republicanos y conservadores históricos.

El otro nombre esencial de la red es Rafael Uribe Uribe. Su respaldo dio a la candidatura conservadora una señal de conciliación y estuvo acompañado por la expectativa de un trato justo para los liberales. No puede medirse con seguridad cuántos votos aportó ni afirmarse que sin él el margen de 1914 hubiera sido imposible. Su asesinato, ocurrido dos meses después de la posesión, eliminó a un interlocutor de gran peso y dejó una controversia duradera sobre los móviles y posibles instigadores del crimen.

La Iglesia católica fue el marco institucional más amplio de esa red. Respaldó la candidatura de Concha en 1914 y su alianza histórica con el Partido Conservador influyó en la escuela y en la movilización electoral. Las fuentes permiten documentar ese apoyo estructural; no demuestran, en cambio, que la jerarquía “blindara” cada decisión del Ejecutivo ni que garantizara por sí sola toda la disciplina electoral. Concha gobernó dentro del orden confesional del Concordato y de la Constitución de 1886, pero también dentro de un conservatismo dividido entre históricos y nacionalistas. La alianza Iglesia-partido continuó bajo Suárez sin borrar esas fracturas políticas.

Balance y posteridad

Concha entregó el poder el 7 de agosto de 1918 a Marco Fidel Suárez. Nombrado después ministro plenipotenciario en Italia, murió en Roma el 8 de diciembre de 1929, pocos meses antes del fin de la Hegemonía Conservadora. Su gobierno sostuvo la neutralidad, administró una severa restricción fiscal, mantuvo algunas obras y promovió acuerdos limítrofes, pero convivió con escasez monetaria, huelgas obreras y conflictos políticos. Defendió el tratado Urrutia-Thomson ya firmado; no lo suscribió. La evidencia disponible tampoco permite resumir el cuatrienio como una garantía general de libertades civiles para las élites ni como una administración que simplemente conservó un orden sin producir tensiones.

El sistema del que fue custodio se prolongaría otros doce años más allá de su presidencia. Miguel Abadía Méndez, quien asumió en 1926, sería el último presidente conservador de la Hegemonía, y afrontaría su decaimiento previsible bajo el peso de la masacre de las bananeras, la crisis de 1929 y las divisiones internas del propio conservatismo. En 1930, los conservadores divididos perdieron las elecciones y entregaron el poder a los liberales en una transición pacífica —hecho excepcional en la América Latina de la crisis mundial—. Los liberales organizaron entonces un gobierno de "concentración nacional" con una minoría de ministros conservadores encabezados por Carlos E. Restrepo, aquel mismo republicano al que Concha había desalojado del centro político dieciséis años antes.

Situado en ese arco largo, Concha resulta menos protagonista que engranaje. Fue el presidente que aseguró la continuidad del régimen regenerador en su fase tardía, sostuvo la neutralidad cuando parte de América Latina cambió de posición y defendió un tratado firmado antes de su posesión que sólo entraría en vigor bajo sus sucesores. Su administración privilegió la contención mientras la guerra aceleraba la reorientación económica hacia Estados Unidos.

Concha fue un jurista puesto en la presidencia y ejerció el cargo con énfasis en la contención fiscal y la continuidad institucional. En circunstancias de guerra mundial, tensiones laborales, escasez monetaria y resentimiento por Panamá, el gobierno evitó entrar en el conflicto y mantuvo el relevo constitucional de 1918. Esa continuidad no debe confundirse con ausencia de conflicto: el asesinato de Uribe Uribe generó sospechas enfrentadas, hubo huelgas portuarias en 1918 y la neutralidad se administró mediante medidas concretas sobre puertos, radiotelegrafía, armas y suministros.

La neutralidad durante el mandato, la defensa del Urrutia-Thomson y el tránsito constitucional del poder a Suárez son legados concretos. El tratado había sido firmado antes de que Concha llegara a la Casa de Nariño y fue aprobado en Colombia en 1914; durante su cuatrienio, el presidente urgió sin éxito su aprobación en Estados Unidos. El canje sólo se produjo en 1922. Su papel fue, por tanto, el de defensor de una política diplomática compartida y no el de autor o firmante exclusivo. Esa distinción permite reconocer su lugar en la normalización con Washington sin atribuirle actos realizados por Restrepo, Urrutia, Suárez, Holguín y las comisiones de relaciones exteriores.