Jorge Holguín Mallarino

La semblanza: el segundo de a bordo

Holguín no fue un ideólogo ni un caudillo. Su capital político residía en tres cualidades que la Regeneración necesitaba en dosis distintas según el momento: pertenencia inequívoca a la élite conservadora bogotana y caucana, competencia técnica en finanzas y diplomacia, y una disposición al pragmatismo que le permitía sostener el régimen sin disputar su conducción. En una época en que el conservatismo se fracturaba entre nacionalistas e históricos, y en que los liberales independientes o nuñistas quedaban excluidos del poder por su pasado, Holguín ocupaba una posición singular: aceptable para todas las facciones del partido, respetado por los adversarios que había combatido en el campo de batalla, útil para las potencias extranjeras que exigían interlocutores previsibles.

El resultado fue una carrera que combina la visibilidad extrema —dos presidencias, la firma de un tratado que cerró el mayor conflicto diplomático de Colombia en el siglo XX, mando de tropas en las dos guerras civiles del período— con una peculiar opacidad histórica. En la memoria colectiva, Holguín no es Núñez ni Caro ni Reyes: es el nombre que aparece cuando las crisis se resuelven, no cuando se libran las grandes batallas ideológicas. Esa opacidad no debe confundirse con marginalidad. En una hegemonía que duró cuarenta y cuatro años, el operador que garantiza la continuidad importa tanto como el fundador que la instaura.

Buena parte de su eficacia provenía justamente de esa ambigüedad. Pudo firmar decretos que otros no habrían podido firmar sin ser derribados, pudo negociar con Washington sin ser acusado de traición, pudo entregar el poder sin resistencia porque nunca lo había reclamado como suyo. Ese perfil no era casualidad sino oficio: décadas de acomodarse a los mandos ajenos sin renunciar nunca a la proximidad de las decisiones.

Los orígenes: una dinastía del conservatismo caucano

La familia Holguín Mallarino pertenecía a esa élite del suroccidente que había dado al país presidentes, generales y arzobispos desde mediados del siglo XIX. El apellido Mallarino remitía al propio presidente Mallarino, cuyo gobierno de mediados de los años cincuenta había sido la ocasión para que el conservatismo, tras la explosión política de 1854, ratificara su adhesión al librecambismo —posición que Julio Arboleda, en el discurso de posesión, había fijado como rumbo del partido en materia de política económica. El horizonte doctrinario en el que Jorge Holguín se formó ya estaba trazado desde su cuna: catolicismo hispánico, centralismo, apertura comercial, desconfianza del federalismo radical.

Esa formación fue, más que una educación en sentido estricto, una impregnación por proximidad. El joven Holguín creció en un entorno donde las conversaciones de sobremesa versaban sobre encíclicas y aranceles, donde los tíos, primos y hermanos mayores ocupaban curules, embajadas y cátedras, y donde el aprendizaje del oficio público se hacía por ósmosis con los mayores del clan. La generación anterior había vivido la ruptura entre gólgotas y draconianos, la expulsión de los jesuitas por Mosquera, la desamortización de bienes eclesiásticos: heridas frescas que el conservatismo caucano transmitió a los suyos como memoria activa. Cuando Jorge llegó a la mayoría de edad, sabía ya distinguir a los aliados de los enemigos por el apellido, y podía recitar sin esfuerzo la genealogía de las alianzas y las traiciones que habían marcado a la élite del Cauca desde la Independencia.

El vínculo con la familia Caro, cristalizado en la generación siguiente con los apellidos compuestos Holguín y Caro —Álvaro Holguín y Caro, biógrafo de Carlos Holguín; Hernando Holguín y Caro—, configuró una red dinástica que entrelazaba a los Holguín con la familia del ideólogo mayor del régimen, Miguel Antonio Caro. Cuando Jorge Holguín ejerció la presidencia, no lo hacía como advenedizo, sino como miembro de una constelación familiar que llevaba décadas administrando el país.

Su hermano mayor, Carlos Holguín Mallarino, encarnó la primera oleada del ascenso familiar al poder ejecutivo. Diplomático, parlamentario, hombre de confianza de Rafael Núñez, Carlos asumió la presidencia en 1888 tras la revocación del nombramiento de Eliseo Payán. Gracias a la gestión del propio Núñez, el Congreso renovó su elección como designado en 1890, lo que le permitió completar un mandato de cuatro años, equivalente al tiempo que le restaba a Núñez como presidente titular. Para muchos observadores, la presidencia de Carlos Holguín representó el regreso del conservatismo al poder ejecutivo tras la derrota frente a Mosquera en 1861. Desde mediados de 1888, con su asunción, el poder pasó efectivamente a manos de los conservadores con la anuencia de Núñez, aunque se mantuvo la denominación formal de "partido nacional". En esa transición se forjó también el capital político de Jorge: crecer a la sombra de un hermano presidente, pero sin quedar reducido a él.

La cercanía tuvo un doble efecto. Le abrió puertas —comisiones, delegaciones, ministerios— que ningún hombre de su generación habría podido franquear en soledad. Y le impuso, al mismo tiempo, la disciplina de no eclipsar al hermano mayor, de administrar la propia ambición en clave de servicio familiar. Cuando Carlos dejó la presidencia en 1892, Jorge no heredó el cargo pero sí la red de relaciones, la confianza de Núñez y el capital simbólico de un apellido que ya había demostrado saber gobernar sin romper el país.

La trayectoria: guerras, hacienda, diplomacia

La carrera pública de Jorge Holguín se despliega en tres frentes entrelazados: el militar, el hacendístico y el diplomático. En cada uno de ellos su función fue la misma —resolver, cerrar, estabilizar— y en cada uno operó desde una posición de segundo rango que, sin embargo, tomaba las decisiones prácticas del régimen.

La Regeneración había desatado, con su intransigencia política, un ciclo de guerras civiles que culminaría en la conflagración más larga y sangrienta de la historia colombiana. Holguín participó como general del ejército gubernamental tanto en la guerra de 1895 como en la Guerra de los Mil Días, iniciada el 17 de octubre de 1899 con el pronunciamiento liberal en Santander contra el gobierno de Manuel Antonio Sanclemente. Fue una hecatombe: en 220 combates se enfrentaron aproximadamente 75.000 soldados del gobierno conservador y otros tantos liberales. La batalla de Palonegro, entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, duró dieciséis días y dejó cerca de 5.000 liberales y 3.000 conservadores muertos, además de casi 7.000 heridos; la más larga y mortífera de una guerra que devastó amplias zonas del país y sembró una memoria duradera de violencia. El conflicto se cerró el 21 de noviembre de 1902, pero su consecuencia más grave llegaría al año siguiente: la pérdida del departamento de Panamá el 3 de noviembre de 1903, herida geopolítica que definiría toda la diplomacia colombiana de las tres décadas siguientes —y en cuya cicatrización Holguín tendría, más tarde, un papel central.

En el terreno militar, la guerra fue también una lección sobre los límites del derecho de gentes. Las guerrillas liberales incurrieron en actos de perfidia —ataques silenciosos, degüellos de soldados dormidos—, aunque en pocos casos fusilaron civiles o prisioneros; tampoco se aplicaron plenamente otras normas, como la visita de médicos a heridos y enfermos. Del lado gubernamental, el argumento del no reconocimiento de la beligerancia liberal sirvió para eludir compromisos humanitarios. Terminada la guerra, la conclusión política sería más profunda que cualquier balance militar: la revolución armada y los ejércitos caudillistas quedaban erosionados como vías realistas de acceso al poder. Ese cambio de horizonte —que Rafael Reyes intentaría capitalizar con su gobierno de "concordia nacional" entre 1904 y 1909, incorporando incluso a Rafael Uribe Uribe como ministro— abriría el espacio en que Holguín pasaría del uniforme a la administración.

Cuando asumió responsabilidades hacendísticas, heredó un desorden monetario cuyos cimientos se habían fijado décadas antes. El Banco Nacional, creado en 1881 durante el primer gobierno de Rafael Núñez, había tenido como objetivo consolidar una emisión de dinero que cubriera la totalidad del país y sentar las bases económicas del proyecto centralista. Tras el triunfo del gobierno en la guerra civil de 1885, el papel moneda de curso forzoso fue implantado mediante el decreto 104 del 19 de febrero de 1886, y el privilegio exclusivo de emisión del Banco Nacional quedó consolidado por la ley 57 de 1887. La política aumentó el dinero en circulación y redujo la tasa de interés, favoreciendo actividades productivas, pero también generó desvalorización monetaria y descontento en los sectores comerciales y bancarios que perdían el monopolio del crédito. Durante la administración de Carlos Holguín se intensificó la división interna del conservatismo, alimentada precisamente por el manejo de la política monetaria y las emisiones del Banco Nacional. Los históricos, a partir de 1896, publicarían el Manifiesto de los 21 y Las bases para exigir reformas a la Constitución de 1886. Ese fue el escenario que Jorge Holguín aprendió a administrar desde adentro, como funcionario y como miembro de la familia que había firmado buena parte de las decisiones cuestionadas.

Cuando Holguín llegó a la administración financiera, Colombia era una de las economías menos productivas de América Latina y arrastraba, en vísperas de los Mil Días, un default de su deuda externa provocado por la caída del precio del café y los estragos de la guerra de 1895. Durante el conflicto, la financiación mediante emisión irresponsable de papel moneda produjo la hiperinflación más alta registrada hasta entonces en la historia del país, y ninguna banca extranjera prestaba ya sobre la firma colombiana. Su gestión concreta consistió en administrar lo insostenible: sostener la caja del Estado en guerra, negociar con acreedores que habían perdido la confianza y preparar el terreno para las reformas que vendrían después. Las del gobierno de Reyes, apoyadas en un mejor comportamiento de la balanza de pagos, permitirían cumplir los servicios de la deuda durante las primeras dos décadas del siglo XX; la indemnización por Panamá y el auge cafetero desde 1905 harían el resto. Holguín no diseñó esos pilares, pero fue el hombre que firmaba los decretos cuando cada uno de ellos entró en operación.

La primera vez que ejerció la presidencia fue en el momento más frágil de la política colombiana desde el fin de la guerra. Rafael Reyes, que había gobernado con mano fuerte desde 1904, se enfrentó en 1909 a una indignación pública que combinaba tres cargas: su intento de hacer aprobar tratados con Estados Unidos y Panamá que reconocían la independencia panameña, el rechazo creciente a su autoritarismo, y la irritación por los privilegios otorgados a allegados suyos. El Quinquenio se derrumbó con velocidad. Holguín, en su calidad de designado, asumió temporalmente el mando y tomó la decisión que definiría la salida de la crisis: retirar los tratados del debate del Congreso. Ese gesto —técnicamente administrativo, políticamente estratégico— desactivó la principal fuente de la protesta ciudadana y creó espacio para una transición ordenada. Reyes reasumió el poder brevemente antes de abandonar el país, embarcándose hacia Santa Marta.

Al recibir su renuncia definitiva, Holguín pronunció la fórmula que resumía su método: declaró que no permitiría que el general Ramón González Valencia se posesionara por vía de hecho, pero que acataría la decisión del Congreso si este lo elegía. Era la aceptación institucional pura: no obstruir la voluntad legislativa, no forzar la propia continuidad, no convertir el mando transitorio en poder. El Congreso eligió a González Valencia para terminar el período, y al año siguiente la Reforma Constitucional de 1910 redujo el período presidencial a cuatro años, prohibió la reelección inmediata y abolió la pena de muerte, cerrando el ciclo del Quinquenio.

Entre esa presidencia efímera y la que asumiría doce años más tarde, Holguín ocupó el espacio que mejor definía su oficio: el de hombre disponible. Fue designado en más de una ocasión, cumplió misiones diplomáticas en Europa, integró comisiones económicas, mantuvo su presencia parlamentaria y siguió siendo, en cada gabinete que se armaba, un nombre al que se recurría sin dramatismo. Los gobiernos de González Valencia, Restrepo, Concha y Suárez lo tuvieron a la vista, unas veces como ministro, otras como enviado, siempre como reserva. En esos años consolidó también la fisonomía pública que llegaría intacta a 1921: un hombre mayor, canoso, de palabra breve, de trato afable con adversarios, cuya sola aceptación de un cargo bastaba para que las bolsas y las cancillerías consideraran que la situación estaba bajo control.

La red: familia, régimen, potencia

Ningún político colombiano del período operaba solo. La red que sostenía a Holguín tenía tres círculos concéntricos, cada uno con su propia lógica y sus propios costos.

El primero era el familiar. Los Holguín Mallarino se entrelazaban con los Caro por vía matrimonial en la generación siguiente, produciendo esos apellidos compuestos —Holguín y Caro— que reaparecen en la bibliografía canónica de la Regeneración. Esa fusión no era decoración genealógica: era la infraestructura social sobre la que se ejercía el poder. Décadas más tarde, la propia familia se ocuparía de fijar su memoria: Julio Holguín Arboleda publicaría en Bogotá, en 1959, Mucho en serio y algo en broma, mezcla de recuerdos y anécdotas del clan; Álvaro Holguín y Caro daría a la imprenta en 1981 su estudio sobre Carlos Holguín; Hernando Holguín y Caro dejaría sus propios trabajos; y Sylvia Mallarino de Rueda coordinaría en el siglo XX la Historia de Colombia de Salvat. Que los Holguín escribieran sobre los Holguín era, más que un gesto endogámico, la prolongación natural de una lógica dinástica: la élite conservadora bogotana producía su propia historia con la misma naturalidad con que había producido presidentes.

El segundo círculo era el del régimen. Holguín se movía en el eje Núñez-Caro-Reyes-Suárez, adaptándose a cada figura sin quedar identificado exclusivamente con ninguna. Con Núñez compartió la lógica de la estabilización pragmática. Con Caro, la pertenencia a la élite ideológica del conservatismo hispánico. Con Reyes, la disposición a operar dentro de gobiernos que combinaban autoritarismo y modernización. Con Suárez, la orientación diplomática hacia Estados Unidos. Fue miembro de todas las coaliciones sin fundar ninguna: una posición que le permitió sobrevivir a las divisiones entre nacionalistas e históricos, a la caída de Reyes y al colapso de Suárez.

El tercero era el externo. La normalización de relaciones con Washington, obsesión de la política exterior colombiana desde 1903, era también una prueba de fuego para cualquier gobernante: la sola mención de acercarse al coloso del norte había sido suficiente para forzar la caída de al menos dos presidentes colombianos, percibidos como traidores a los intereses nacionales por sus adversarios. Que Holguín lograra ratificar el Urrutia-Thomson sin ser derribado por ese cargo constituye una de las claves de su longevidad política.

Esa arquitectura de tres círculos —familia, régimen, potencia— explicaría también, cuando llegara el momento, la naturalidad con que Holguín volvería a la Casa de Nariño en 1921. No como recién llegado ni como salvador, sino como el hombre cuya red podía sostener lo que la caída de Suárez estaba a punto de dejar en el aire.

La segunda presidencia: Urrutia-Thomson y la danza de los millones

En 1921, tras la renuncia de Marco Fidel Suárez, Holguín asumió por segunda vez la presidencia como designado, para completar el período hasta 1922. Suárez había impulsado la doctrina Réspice polum —"mirar hacia el norte"—, orientación pro-estadounidense que le había granjeado tantos enemigos como aliados. La misión que Holguín recibió era doble: cerrar el capítulo de Panamá mediante la ratificación del tratado Urrutia-Thomson, y sostener el régimen conservador en un momento en que su legitimidad se erosionaba.

El tratado establecía que Estados Unidos pagaría a Colombia una indemnización de 25 millones de dólares para zanjar las diferencias surgidas por la cuestión de Panamá. La negociación, iniciada años antes, había tropezado con la oposición del Senado estadounidense a la cláusula que expresaba "sincero pesar" por la separación de Panamá —percibida como una humillación por sectores del Congreso norteamericano. Frank Polk, secretario de Estado en funciones, había eliminado esa cláusula y modificado el artículo 3 para que Estados Unidos pagara 5 millones de dólares dentro de los seis meses de ratificación y 5 millones anuales durante los cuatro años siguientes. Colombia aceptó ese borrador Polk el 27 de febrero de 1919.

La gestión final de la ratificación coincidió con la presidencia de Holguín. Su ministro de Relaciones Exteriores era Enrique Olaya Herrera, quien colaboró decisivamente en el esfuerzo diplomático. La combinación funcionó por complementariedad: un presidente conservador de trayectoria intachable, con ascendencia sobre las facciones del partido, y un canciller liberal de prestigio creciente y capacidad de interlocución en Washington. Terminado su papel como canciller, Olaya viajaría a Washington como jefe de la misión colombiana ante ese gobierno, cargo que ocupaba cuando fue propuesto como candidato presidencial liberal para 1930.

El contexto de la ratificación incorporaba también intereses económicos concretos. La situación del petróleo y el conflicto que generaba con empresarios ingleses fue un argumento importante para que Colombia lograra la aprobación del tratado, en momentos en que varias empresas norteamericanas aspiraban a concesiones petroleras ya en proceso de formalización. La normalización de relaciones abrió la puerta a créditos, inversión y presencia comercial estadounidense. Los 25 millones, junto con esos capitales asociados, representarían durante los años veinte una entrada masiva de recursos que transformaría la economía colombiana.

La política económica de los gobiernos conservadores del período —incluido el de Holguín— se caracterizó por el endeudamiento externo y por la concentración de la inversión en obras públicas visibles, con descuido de aspectos sociales como salud, educación y distribución del ingreso. Esa orientación, coherente con la doctrina Réspice polum, sería objeto de crítica posterior, pero funcionó en el corto plazo como el motor de modernización material que sostuvo la hegemonía conservadora hasta su último tramo.

La sucesión, sin embargo, mostró las grietas del régimen. Las elecciones presidenciales de 1922 enfrentaron al candidato liberal Benjamín Herrera con el general Pedro Nel Ospina, y se produjeron en medio de un fraude electoral abierto. Alfonso Villegas Restrepo denunció en el periódico La República que los registros habían sido falsificados, aumentando fraudulentamente en más de ciento cincuenta mil votos los que favorecieron a Ospina. Holguín entregó el poder al conservador vencedor. La transición fue formalmente pacífica, pero el prestigio del sistema electoral quedó comprometido. La hegemonía conservadora sobreviviría ocho años más, hasta 1930, pero ya sin la legitimidad de origen que había tenido en el ciclo Núñez-Caro.

La imagen: caricaturas, tumbas y esqueletos

La representación pública de Holguín en la cultura política de su tiempo revela un ángulo que su carrera institucional oculta. En El Mago, publicación satírica que circuló entre 1891 y 1892, el caricaturista Alfredo Greñas convirtió a Holguín y a Rafael Núñez en figuras centrales de la crítica gráfica al régimen. Una de las viñetas más famosas los representó como esqueletos conversando en un cementerio, entre ocho tumbas de liberales muertos durante la guerra —presumiblemente los caídos en el conflicto de 1885.

La imagen era brutal en su economía. Los dos hombres del poder reducidos a huesos, dialogando entre las tumbas de sus víctimas, sin más carne que la del cargo público. El cementerio no era un decorado: era el paisaje moral del régimen, tal como lo veía la oposición. Y la presencia de Holguín en cuclillas junto al presidente titular decía algo que la historia institucional se ha resistido a asumir: para los adversarios del régimen no había jerarquía moral entre el fundador y el operador. Ambos eran responsables, ambos eran cadáveres anticipados de su propia obra. Que la caricatura los emparejara —cuando después se tendería a distinguir cuidadosamente al ideólogo del gestor— sugiere que el poder de Holguín era, en su tiempo, perfectamente visible para quienes lo padecían. La discreción con que hoy se lo lee es un efecto retrospectivo, no una descripción de época.

La prensa satírica pagó caro esa crítica. El Zancudo fue clausurado por seis meses en agosto de 1890 y cerrado definitivamente el 4 de octubre de 1891. El Mago circuló como publicación de transición hasta 1892, cuando apareció El Barbero. La represión sistemática de la caricatura política formaba parte del arsenal restrictivo de un régimen que, bajo la Constitución de 1886, había limitado libertades individuales y de prensa en nombre del orden.

El juicio contemporáneo sobre el conjunto de la Regeneración fue duro y explícito. Miguel Samper, descrito por sus contemporáneos como hombre prestigioso y mesurado, coincidía con observadores externos en que, aunque la forma de gobierno era republicana, en el fondo concentraba el poder de manera incompatible con esa denominación. Un análisis posterior evaluaría la Constitución de 1886 como inadecuada a la realidad nacional en su forma original, señalando que mientras no fue modificada alejó las posibilidades de convivencia pacífica —fracaso evidenciado por la guerra de los Mil Días y la separación de Panamá.

La huella: engranaje y hegemonía

Lo que Holguín deja al morir en 1928 no es una doctrina ni una obra ideológica. Es una manera de ejercer el poder que definió medio siglo de política colombiana: la administración pragmática de un régimen ideológicamente conservador, la disposición a negociar con las potencias externas sin fracturar el partido interno, la capacidad de asumir la presidencia como recurso de estabilización sin convertirla en trampolín personal.

Del lado de las luces: la conducción diplomática que cerró la herida abierta de Panamá y permitió a Colombia entrar en los años veinte con recursos externos, credibilidad crediticia y una relación estable con Estados Unidos; la gestión de la crisis de 1909 que evitó una salida violenta del Quinquenio; la continuidad institucional en momentos en que la ruptura era una posibilidad real. Del lado de las sombras: la participación en un régimen que restringió libertades, concentró el poder, alimentó la exclusión de los liberales del sistema político y produjo, por su intransigencia, la mayor conflagración civil del país; la pertenencia a una élite dinástica que confundía la administración del Estado con la gestión de un patrimonio familiar; la aceptación de un modelo económico que privilegiaba la deuda externa y las obras públicas visibles sobre la inversión social.

Holguín fue simultáneamente engranaje y beneficiario. Su utilidad como gestor de crisis era insustituible dentro de la lógica del régimen, pero esa función no lo situaba fuera del poder sino en su núcleo. La red familiar, la visibilidad pública que le concedía la caricatura opositora, el control de decisiones diplomáticas y financieras que definieron el destino del país durante décadas: todo ello demuestra que la figura del "segundo de a bordo" era también una forma de hegemonía, ejercida no desde la sombra sino desde ese punto exacto del organigrama donde las decisiones se toman sin necesidad de exhibirlas.

Cuando la hegemonía conservadora cayó en 1930 —dos años después de su muerte— y llegó al poder Enrique Olaya Herrera, su antiguo canciller, se cerró un ciclo que había durado cuarenta y cuatro años. Olaya adoptaría, ya como presidente, la misma doctrina Réspice polum que había servido para orientar la política exterior bajo Suárez y Holguín, mostrando una marcada inclinación hacia Estados Unidos y estrechando vínculos con esa potencia como condición para acceder a financiamiento y desarrollo comercial. La continuidad diplomática por encima del cambio partidario era la mejor prueba de que el modelo que Holguín había ayudado a construir sobrevivía a la caída de sus constructores.

No fue el ideólogo ni el caudillo, sino el hombre cuya utilidad al régimen fue tan profunda que sus decisiones —la firma de un tratado, el retiro de otros, la aceptación institucional de una sucesión— siguieron operando después de que él y su régimen habían desaparecido de la escena. Jorge Holguín fue el operador de la hegemonía conservadora, y las oficinas donde firmó sus decretos siguieron dictando el rumbo del país mucho después de que las llaves cambiaran de mano.