Manuel Antonio Sanclemente

Un caucano de Buga en la política de la Regeneración

Sanclemente nació en 1813 en Buga, en el entonces vasto Estado del Cauca, tres años después del grito de independencia y cuando la guerra por la emancipación aún no llegaba a su desenlace. Vino al mundo en la generación que aprendió la política republicana sobre la marcha, entre constituciones fallidas, guerras civiles endémicas y la disputa incesante entre centralismo y federalismo. Del detalle íntimo de su formación queda menos rastro que del arco público de su vida: hacia mediados del siglo aparece ya como figura del conservatismo caucano vinculada a la administración de Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861), cuya presidencia representó el proyecto conservador previo a la larga hegemonía liberal-radical y al régimen olímpico. La naturaleza precisa de aquel encargo no ha quedado fijada con claridad, pero sí el signo político: Sanclemente pertenecía, desde temprano, a la tradición conservadora que sería derrotada por el mosquerismo y el federalismo radical, y que solo con Núñez, dos décadas después, encontraría vía de retorno al poder.

Esa lealtad de largo aliento lo colocó, años más tarde, en la órbita de Miguel Antonio Caro. Cuando Caro asumió el gobierno tras la ausencia y muerte de Núñez, Sanclemente desempeñó encargos bajo su administración: no aparece nunca en la primera línea del debate público —no escribió como Caro, no gobernó como Núñez, no combatió como Reyes—, pero se consolidó como uno de esos hombres de segunda fila cuya utilidad para el régimen crecía en proporción inversa a su ambición personal. Prestigio moral conservador, formación jurídica, ausencia de facción propia dentro del partido, edad avanzada que sugería temperancia: cuando Caro debió elegir sucesor en 1897, buscó exactamente ese perfil.

La Regeneración: el marco que hizo posible a Sanclemente

Sin entender la Regeneración no se entiende a Sanclemente, porque su figura solo cobra sentido dentro de ella. El proyecto había nacido en 1886, cuando Rafael Núñez —cuatro veces elegido presidente (1880, 1884, 1886 y 1892)— rompió con el liberalismo radical y construyó, en alianza con el Partido Conservador y con Caro como principal ideólogo, un orden nuevo. La Constitución de 1886 fue en gran medida obra de Caro: extinguió la forma federal, estableció un sistema centralista, dividió el territorio en departamentos y trasladó la decisión política al poder central. Al año siguiente, el Concordato con la Santa Sede, firmado por Núñez en 1887 y aprobado en 1888, restableció al catolicismo como religión oficial, entregó a la Iglesia el control de la educación pública, abolió el divorcio civil, concedió al clero autonomía plena de gobierno, restituyó el fuero eclesiástico y estipuló pagos anuales ab aeternitatem como indemnización por la desamortización de bienes eclesiásticos consumada en el período radical.

Este doble pilar —Constitución centralista y Concordato— fue el marco institucional bajo el cual Sanclemente accedió al poder, y el marco que su presidencia debía preservar. Que ese orden se sostendría hasta 1991, más de un siglo después, da la medida de lo que estaba en juego: no una administración cualquiera, sino la custodia de un pacto fundacional que Núñez había firmado con la Iglesia y con el Partido Conservador. Cuando Núñez murió en 1894, durante un cuarto período presidencial que en realidad no ejerció, Caro asumió el control efectivo del gobierno. Y cuando llegó el momento de suceder a Caro, la elección del candidato no podía leerse como un acto meramente electoral: era la elección del guardián del legado.

La candidatura de 1898: la lógica de la fórmula Sanclemente-Marroquín

Caro había quedado inhabilitado para reelegirse por una circunstancia peculiar: al retirarse de la presidencia en 1896 —dejando el mando al designado, general Guillermo Quintero Calderón— y regresar apenas cinco días después, consumó el período constitucional que le impedía presentarse como candidato en 1898. La breve intermezzo de Quintero Calderón había sido, para Caro, una traición: en lugar de gobernar como instrumento, el designado incluyó en su gabinete a Abraham Moreno, del ala histórica del conservatismo, propuso eliminar la Ley de los Caballos y ofreció cabida política a los liberales. Caro consideró aquel gesto de independencia incompatible con el proyecto nacionalista y regresó al poder de inmediato, aun al costo de inhabilitarse.

El acto tuvo consecuencia decisiva sobre 1898: los nacionalistas ya no podían proponer a Caro y debían buscar a alguien que continuara su línea sin abrir la puerta a los históricos, encabezados por Carlos Martínez Silva, quienes desde el Manifiesto de los 21 y Las Bases —publicados en 1896— habían criticado abiertamente la Regeneración y exigido reformar la Constitución de 1886. La fórmula que emergió fue Manuel Antonio Sanclemente para presidente y José Manuel Marroquín, de 72 años, para vicepresidente: sumando aproximadamente 155 años entre ambos candidatos, era una tarjeta pensada para tranquilizar al conservatismo tradicional, atar la sucesión al legado nuñista-cariano y desactivar cualquier veleidad reformista. Que Marroquín fuera profundamente religioso, prototipo del hidalgo castellano, maestro y novelista costumbrista antes que político activo, fundador y primer director de la Academia Colombiana de la Lengua, exministro de Instrucción Pública y rector del Colegio Mayor del Rosario, añadía prestigio moral y sabor eclesiástico a la fórmula. Que Sanclemente fuera oriundo de Buga aportaba conexión regional con el Cauca, bastión clave del conservatismo.

La crítica fue inmediata y feroz. Los comentaristas hablaron de paleontología política, señalando que la fórmula parecía diseñada más para un museo que para gobernar un país en crisis. Una caricatura del 27 de marzo de 1898, "El monstruo de la Regeneración", representó a Sanclemente como un dragón que sostenía una cuerda de la que pendía ahorcada una mujer que representaba a Colombia; en su pecho figuraban las cabezas de Marroquín y de otro personaje, y las de Núñez y otros aparecían como escamas en su cuerpo. La lectura circulante entre críticos era transparente: Caro había promovido candidatos de avanzada edad y frágil salud para retomar el ejecutivo mediante la designatura cuando el titular no pudiera ejercer. La sospecha bastó para deslegitimar la fórmula desde antes de la elección.

Los liberales presentaron a Miguel Samper para la presidencia y al general Foción Soto para la vicepresidencia. Fueron derrotados. El 4 de julio de 1898 el Consejo Electoral declaró la victoria conservadora. Con ella se consolidaba, al menos formalmente, el proyecto nacionalista; en el mismo movimiento se sellaba la exclusión política del liberalismo, cuya derrota electoral —sumada al fracaso, en noviembre de ese año, de una reforma electoral que había generado una alianza fugaz entre históricos y liberales— empujaría a los sectores belicistas del partido derrotado hacia la vía armada.

Un tesoro vacío, una deuda impagable

Sanclemente iba a heredar un Estado en quiebra. Hacia mediados de 1898, cuando su nombre se confirmaba como el del próximo presidente, el tesoro colombiano estaba vacío: los ingresos de aduana se encontraban embargados por 600.000 pesos, la deuda exigible ascendía a unos 7 millones, las obras públicas estaban paralizadas, los ingresos ordinarios no alcanzaban a cubrir los gastos corrientes de funcionamiento y se acumulaba el atraso en el pago a empleados públicos, especialmente grave entre telegrafistas y personal militar. El Banco Nacional, creado durante la Regeneración precisamente para financiar el gasto público mediante emisión de billetes de curso forzoso, había superado sistemáticamente sus límites legales; ya en 1894 el deterioro de la tasa de cambio y la inflación creciente evidenciaban un manejo calificado por sus críticos de descuidado o abiertamente ilegal.

El cuadro internacional agravaba el interno. La caída de los precios del café y los efectos de la guerra civil de 1895 habían provocado el incumplimiento en el pago de la deuda externa, y los esfuerzos por obtener nuevos préstamos en el exterior fueron infructuosos. Colombia ocupaba el último lugar entre las veinte naciones latinoamericanas en exportaciones per cápita y el penúltimo en inversión extranjera. Entre 1879 y 1899, los costos de productores y exportadores de café habían subido más rápido que la devaluación, de modo que el peso papel se volvió desventajoso incluso para el exportador —salvo por un breve período de costos laborales reales bajos entre 1888 y 1893—. Un impuesto a la exportación de café, aplicado en un momento de cotizaciones internacionales desfavorables, despertó la oposición activa del gremio cafetero.

Para enfrentar el hueco fiscal, el Senado aprobó en 1898 una emisión de 10 millones de pesos en papel moneda. La medida no impidió que la crisis asumiera proporciones catastróficas al año siguiente. La inflación galopante generada por las emisiones forzosas no empezaría a controlarse hasta 1907, y golpearía rudamente a todas las capas de la población.

La presidencia desde Anapoima

Sanclemente asumió el poder en 1898 —tenía, para entonces, entre 83 y 84 años— con una limitación física insalvable: su salud no le permitía residir en la altura de Bogotá. Estableció su gobierno en Anapoima, pueblo remoto de tierra caliente al occidente de Cundinamarca, y desde allí, a través de despachos, correspondencia y visitas ocasionales de ministros, intentó ejercer la presidencia. Marroquín, en Bogotá, se ocupaba de las funciones ejecutivas que el titular no podía atender.

Esta arquitectura del poder tenía consecuencias que ninguna prosa reglamentaria puede disimular. Un presidente octogenario, gobernando por escrito desde un pueblo distante, en medio de una crisis fiscal catastrófica, con un partido oficial fracturado entre nacionalistas e históricos y un partido liberal empujado hacia la insurgencia, era un centro de decisión que no podía funcionar. En 1899 se hizo evidente la incapacidad del Estado para manejar la crisis económica y mantener el orden. Las críticas crecieron. La emisión aprobada el año anterior había sido un paliativo insuficiente; el gobierno se veía obligado a expedientes desesperados: en junio de 1899 despidió a mil hombres de su ya escaso ejército y vendió dos cruceros de la marina, precisamente cuando la guerra se consideraba inevitable.

Y la guerra vino. El 28 de julio de 1899, en un gesto que la opinión pública consideró torpe e innecesario, los ministros del gobierno detuvieron y condujeron a la cárcel a los jefes liberales Rafael Uribe Uribe, José María Ruiz, Pedro Soler Martínez, Zenén Figueredo y Roberto Suárez, acusados de promover la guerra. La medida no la evitó: la aceleró. El 17 o 18 de octubre de 1899 sectores del liberalismo se pronunciaron en Santander contra el gobierno de Sanclemente, y con ese pronunciamiento arrancó la Guerra de los Mil Días. El epicentro inicial fue Santander, región de tradición liberal radical, fronteriza con Venezuela, de donde se esperaban abastecimientos de armas.

Circuló entonces —y ha sobrevivido en la interpretación historiográfica— la hipótesis de que sectores del propio gobierno regenerador estimularon de soslayo la revolución para justificar nuevas emisiones forzosas que aliviaran la crisis económica, confiados en aplastarla rápidamente como se había hecho con la revolución de 1895. Fuera o no cierto ese cálculo, el resultado desmintió el pronóstico: la guerra no fue breve, y las razones que empujaron al levantamiento eran más profundas de lo que la lectura conspirativa sugería. El liberalismo había sido excluido de todo espacio político bajo la Constitución de la Regeneración, cuyos rígidos preceptos impedían cualquier reforma desde dentro; el fracaso de la reforma electoral en noviembre de 1898 había eliminado el último incentivo para permanecer en la vía política.

Sanclemente, entretanto, seguía en Anapoima.

El golpe del 31 de julio de 1900

La guerra tenía menos de un año de andadura cuando el propio conservatismo decidió que no podía seguir sosteniendo la ficción de un presidente ausente. El 31 de julio de 1900, los conservadores históricos ejecutaron un golpe de Estado que depuso a Sanclemente y llevó al poder al vicepresidente Marroquín, cabecilla del movimiento. El acto fue ilegal y quedaría descrito en la historiografía como una oscura treta: no una destitución constitucional, no una renuncia negociada, sino una maniobra que aprovechó la incapacidad ejecutiva del titular para transferir el mando.

El objetivo político de los históricos al deponer a Sanclemente no era, como podría suponerse, terminar la guerra civil: era recuperar el poder que la fractura de 1896 les había arrebatado dentro del partido. Sanclemente encarnaba al nacionalismo cariano; su caída significaba que, tras casi cuatro años de exclusión, el ala histórica regresaba al ejecutivo. Pero esa recuperación duraría poco. Un año después, el 31 de agosto de 1901, Pedro Nel Ospina encabezó un segundo intento de golpe, también ilegal, esta vez contra Marroquín y esta vez fallido. Carlos Martínez Silva estuvo vinculado tanto al golpe exitoso de julio de 1900 como al intento fallido de agosto de 1901. El fracaso de este segundo movimiento, junto con la creciente amenaza militar liberal a fines de 1901, tuvo un efecto que sus autores no previeron: consolidó el gobierno de Marroquín en manos de los elementos más intransigentes del Partido Conservador. Desde 1902 hasta el fin de la guerra y en el período de posguerra inmediato, el poder político formal fue monopolizado por esos extremistas, cuyo principal líder y beneficiario fue Arístides Fernández.

Sanclemente, mientras tanto, se había retirado por completo de la escena pública. Murió en 1902, el mismo año en que la guerra concluyó con los tratados de paz de Neerlandia (24 de octubre) y Wisconsin (21 de noviembre). No vivió para presenciar la pérdida de Panamá, consumada el 3 de noviembre de 1903 bajo el gobierno de Marroquín.

Red de figuras: Caro, Marroquín, Núñez, la sombra del historicismo

La biografía política de Sanclemente es indisociable de tres nombres. Rafael Núñez fue el arquitecto original del régimen bajo el cual Sanclemente ascendió: la Regeneración era su obra, y el pacto con la Iglesia y con el conservatismo, su firma. Cuando Núñez murió en 1894, dejó a Caro como heredero intelectual y político. Miguel Antonio Caro fue el patrón directo de Sanclemente: bajo su administración desempeñó encargos, con su plena aquiescencia se construyó la candidatura de 1898 y, según la interpretación crítica dominante, a su servicio se ofreció como presidente-pantalla. La relación no fue de subordinación humillante sino de continuidad ideológica: Sanclemente creía en la Regeneración, en el centralismo, en el Concordato, en la autoridad conservadora. Su docilidad presunta era también convicción compartida.

José Manuel Marroquín fue la figura paralela, la sombra que se volvió sustancia. Descendiente de una ilustre familia terrateniente de la Sabana de Bogotá, nunca salió del interior de Colombia a lo largo de su vida. Su perfil era el de un intelectual y educador antes que el de un político: maestro, novelista costumbrista, hacendado, fundador de la Academia Colombiana de la Lengua. Fue elegido vicepresidente en 1898 y ejerció funciones presidenciales en ausencia del titular desde el comienzo. En 1900 encabezó el golpe; entre 1900 y 1904 gobernó Colombia en uno de los cuatrienios más sanguinarios de su historia, que culminó con la pérdida de Panamá. Una novela publicada en 1907, Pax, escrita por su hijo Lorenzo Marroquín bajo el gobierno de Rafael Reyes, describiría con extensa acidez la desmedida corrupción administrativa del gobierno durante la Guerra de los Mil Días, pese a que su autor sostenía —paradoja no menor— un punto de vista gobiernista. Lorenzo Marroquín se consideraba inmune a la censura por ser hijo del expresidente; escribió, en cierto modo, la crónica interna de un régimen del que su familia había sido pieza central.

Detrás de estas figuras se movió el historicismo: Carlos Martínez Silva, Abraham Moreno, más tarde Pedro Nel Ospina, encarnaron el ala reformista del conservatismo que desde 1896 impugnaba la Regeneración desde adentro. Su Manifiesto de los 21 y Las Bases pedían reforma constitucional, apertura al liberalismo y abolición de la Ley de los Caballos. La fractura entre históricos y nacionalistas fue el hecho decisivo del período: Sanclemente fue elegido para conjurarla y terminó siendo derribado por ella.

La huella: presidente-símbolo, presidente-síntoma

La historia colombiana no ha sido generosa con Manuel Antonio Sanclemente. La imagen dominante —el anciano de 83 años que gobernaba desde Anapoima porque no podía subir a Bogotá, mientras el país se hundía en la guerra civil y el tesoro se vaciaba— tiene la contundencia de la caricatura contemporánea: el monstruo de la Regeneración, la paleontología política, el títere de Caro. Y sin embargo esa imagen, aunque no falsa, es insuficiente. Sanclemente no fue el causante del desastre que su presidencia dejó ver; fue su intérprete involuntario.

La crisis fiscal era estructural y venía de la propia Regeneración: la emisión desaforada del Banco Nacional, el incumplimiento de la deuda externa, la caída de los precios del café, la precariedad productiva de una economía que ocupaba el último lugar de la región en exportaciones per cápita. La exclusión liberal era constitucional: la Carta de 1886, obra de Caro, había cerrado las vías de reforma desde dentro. La fractura conservadora era anterior a su gobierno: venía de 1896 y del choque entre nacionalistas e históricos, agravado por la muerte de Núñez y por el retorno anticipado de Caro tras la designatura de Quintero Calderón. Cualquier presidente, joven o anciano, habría heredado un Estado al borde del colapso.

Lo específico de Sanclemente fue haber convertido esa herencia en imagen visible: su incapacidad física para gobernar hizo tangible una incapacidad política que llevaba años acumulándose. Al elegirlo, la Regeneración eligió también su propia figura terminal: un presidente cuya condición corporal reflejaba la condición institucional del régimen que representaba. Y cuando los históricos lo derribaron el 31 de julio de 1900, no derrumbaban a un anciano: derrumbaban la ficción de que la hegemonía conservadora podía seguir gobernando bajo las formas nuñistas-carianas de la década anterior.

Por eso su lugar en la historia es doble. Como personaje, Sanclemente es una nota al pie: pocos discursos memorables, ninguna doctrina propia, un cuerpo enfermo y una firma que otros usaban. Como síntoma, en cambio, es central: sin él no se entiende cómo la Regeneración pasó del proyecto triunfante de 1886 al desastre múltiple de 1900-1903 —guerra civil, quiebra fiscal, pérdida de Panamá—. La Constitución que él debía custodiar sobrevivió, en efecto, hasta 1991; el Concordato, con reformas, aún más. Pero el modelo político que los había producido —la alianza nuñista-cariana, la exclusión liberal, la unidad conservadora ficticia, el financiamiento por emisión forzosa— se rompió durante su presidencia y no volvió a rearmarse.

Manuel Antonio Sanclemente murió en 1902, a los 88 o 89 años, sin ver el final de la guerra que había estallado bajo su mandato y sin conocer la magnitud del descalabro que se avecinaba en el istmo. Su nombre quedó asociado, en la memoria histórica, al desgobierno y a la ancianidad. Es una injusticia parcial: no fue mejor presidente que su leyenda, pero tampoco fue solo el problema. Fue, más exactamente, la forma humana que asumió una crisis mayor —la de un régimen entero llegando a su fin— en el cuerpo enfermo de un anciano jurista de Buga que había creído toda su vida en la autoridad, en la Iglesia y en el orden conservador, y que aceptó gobernar cuando ya era tarde para gobernar nada.