Golpe palaciego de Marroquín contra Sanclemente (1900)

El golpe palaciego del 31 de julio de 1900

En la madrugada del 31 de julio de 1900, mientras la Guerra de los Mil Días entraba en su décimo mes y los muertos de Palonegro apenas terminaban de enterrarse, un grupo de conservadores históricos aliados con el jefe de policía Arístides Fernández y respaldados en silencio por el liberalismo pacifista de Aquileo Parra depuso al presidente Manuel Antonio Sanclemente y entregó el ejecutivo al vicepresidente José Manuel Marroquín. El octogenario titular se hallaba ausente de Bogotá —convaleciente en tierra caliente— y el golpe se consumó sin sangre, en cuestión de horas, mediante el control de la fuerza pública en la plaza y la coordinación política de la facción histórica del Partido Conservador. No fue un cambio de guardia protocolario ni la sustitución de un anciano imposibilitado por su reemplazo natural: fue la victoria interna de una coalición que prometió paz para acceder al poder y que, una vez instalada, negó esa paz. De ese incumplimiento se derivan la fase más sanguinaria de la guerra, la radicalización del régimen conservador entre 1901 y 1902, y la parálisis diplomática que en noviembre de 1903 permitió la separación de Panamá. El golpe palaciego de julio de 1900 es la bisagra oculta de aquel cuatrienio: sin él no se entiende ni la conducción errática del conflicto ni la debilidad con que Colombia enfrentó al gobierno de Theodore Roosevelt.

La fractura conservadora antes del golpe

La grieta que hizo posible el 31 de julio venía abriéndose desde mediados de la década de 1890. Muerto Rafael Núñez en 1894, Miguel Antonio Caro quedó al mando pleno del gobierno y el proyecto de la Regeneración perdió a su articulador político mayor: donde Núñez había sabido combinar autoridad y transacción, Caro impuso una línea de exclusión doctrinaria que fue agriando incluso al propio conservatismo. En 1896 el partido se dividió en dos alas nítidas. Los nacionalistas, encabezados por Caro, defendían la ortodoxia regeneracionista, el control férreo sobre la prensa mediante la llamada Ley de los Caballos y la marginación política sistemática del liberalismo. Los históricos, con Carlos Martínez Silva a la cabeza, publicaron ese mismo año el Manifiesto de los 21 —también conocido como Motivos de disidencia—, en el que pedían reformas a la Constitución de 1886, apertura hacia posiciones más liberales, participación de la oposición en el gobierno y abolición de las restricciones a la prensa.

En las elecciones de 1898 los nacionalistas se impusieron con una fórmula deliberadamente concebida como transitoria: Manuel Antonio Sanclemente, de 83 años, para presidente, y José Manuel Marroquín, de 72, para vicepresidente. La suma de 155 años entre ambos candidatos fue objeto de burla pública bajo la etiqueta de paleontología política, y varios contemporáneos leyeron la maniobra como un mecanismo para que Caro conservara el poder efectivo detrás del trono, ya fuera haciéndose elegir designado o gobernando de facto sobre un titular imposibilitado. El Consejo Electoral proclamó la victoria de Sanclemente y Marroquín el 4 de julio de 1898 sobre la fórmula liberal de Miguel Samper y el general Foción Soto.

En noviembre de ese año fracasó en el Congreso el intento de aprobar una reforma electoral que habría abierto un canal institucional a la oposición. Ese fracaso rompió la alianza fugaz que los históricos habían tanteado con los liberales guerreristas y clausuró la última vía política antes de las armas. Al mismo tiempo el Estado se hundía en una crisis fiscal sin precedentes: hacia mediados de 1898 el tesoro estaba vacío, los ingresos de aduana embargados por 600.000 pesos, la deuda exigible ascendía a unos siete millones, las obras públicas paralizadas y el pago a empleados y militares atrasado meses. En 1899 Colombia ocupaba el último lugar entre las veinte naciones latinoamericanas en exportaciones per cápita. La caída de los precios internacionales del café —agravada por un impuesto interno a la exportación que enfureció al gremio— cerró las puertas del crédito externo. En junio de 1899 el gobierno tuvo que licenciar a mil hombres del ejército y vender dos cruceros de la armada, precisamente cuando la guerra se anunciaba inevitable.

Los liberales belicistas proclamaron el conflicto el 30 de septiembre de 1899. El desgobierno bajo Caro y sus aliados —incapacidad para pagar la nómina, campos desolados, negocios en quiebra— les había dado la razón sobre la ineficacia del régimen. Pero el golpe interno vendría no de la oposición armada sino del propio conservatismo, cuando el ala histórica comprendió que Sanclemente, aunque nominalmente presidente, era manipulado por el círculo de Caro para prolongar la guerra en lugar de negociarla.

Palonegro y el momento oportuno

La batalla de Palonegro, librada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900 en las cercanías de Bucaramanga, cambió la ecuación política. Fue el combate más largo y mortífero de la Guerra de los Mil Días: dieciséis días de fuego continuo, con un saldo aproximado de cinco mil muertos liberales, tres mil conservadores y casi siete mil heridos. La revolución liberal salió de allí quebrada como fuerza convencional; en adelante la guerra se fragmentaría en guerrillas dispersas por la geografía y las rivalidades entre jefes, incapaces de sostener una dirección centralizada.

Palonegro dejó al conservatismo con una victoria militar clara pero con un problema político mayor. Para los históricos, era el momento de negociar desde una posición de fuerza: una paz honrosa con reformas moderadas podía consolidar la hegemonía conservadora sin desangrar más al país. Para los nacionalistas más duros, la victoria pedía ser completada mediante el aniquilamiento de la resistencia liberal. Sanclemente, o quienes hablaban en su nombre desde Anapoima y Villeta —los pueblos de clima templado donde el presidente pasaba largas temporadas por prescripción médica—, se inclinaban por prolongar la ofensiva. Los históricos entendieron que si querían imponer la salida negociada tenían que tomar el poder.

La conspiración se fraguó durante junio y julio en Bogotá. Los conjurados contaban con que la salud precaria del octogenario terminaría por retirarlo del cargo, pero, ante la situación estacionaria del presidente, optaron por las vías de hecho. Carlos Martínez Silva —firmante en 1896 del Manifiesto de los 21— fue el principal organizador. Desde Antioquia respaldaba la operación Marceliano Vélez, y desde Santander el general Ramón González Valencia aportaba su influencia entre los mandos militares. Aquileo Parra, jefe del liberalismo de paz, fue informado en secreto y dio su aprobación plena: los negociadores históricos le prometieron una paz honrosa sin represalias, la convocatoria de un congreso constituyente, la participación liberal en las juntas electorales y la liberación de los presos políticos.

La pieza decisiva, sin embargo, no estaba en la cúpula sino en la calle. Arístides Fernández, jefe de policía con cerca de cuatrocientos hombres bajo su mando, controlaba la fuerza pública inmediata en Bogotá. Sin él no había golpe posible; con él, era prácticamente imposible fracasar. Fernández, calculador, demoró deliberadamente su toma de partido durante las horas críticas del 31 de julio, dejando que la incertidumbre se alargara lo suficiente para que nadie pudiera después dudar de que él había sido el factor determinante. Cuando finalmente inclinó su fuerza hacia los conspiradores, el golpe estaba consumado.

El 31 de julio en el Palacio de San Carlos

La jornada se desarrolló en un clima de tensión considerable, con tropas y policía desplegadas en la plaza de Bolívar y en las inmediaciones del Palacio de San Carlos, pero sin combate. Sanclemente no estaba en Bogotá: convaleciente en Villeta, gobernaba a través de comunicaciones intermitentes y ministros interpuestos, situación que los conspiradores conocían al detalle y habían calculado. La ausencia física del presidente titular hacía innecesaria cualquier confrontación armada y permitía que el vicepresidente Marroquín asumiera el ejecutivo con apariencia de continuidad institucional.

Marroquín firmó los decretos que lo instalaban en el poder y anunció el propósito declarado del nuevo gobierno: buscar una paz negociada con el liberalismo revolucionario. Varios ministerios pasaron a manos de los históricos —era la contraparte política del apoyo militar recibido— y en las semanas siguientes ministros como Martínez Silva abrieron canales de conversación con Rafael Uribe Uribe y otros jefes liberales. Sanclemente, informado del golpe, protestó formalmente y se negó a reconocer la legitimidad de la sustitución, pero, aislado en Villeta y sin control sobre la fuerza pública, careció de medios para revertirla. Marroquín ejercería las funciones ejecutivas plenas desde ese 31 de julio hasta el fin de su período en 1904, reconocido como presidente de facto pese al carácter irregular de su llegada al poder.

Detrás de la fachada de transición institucional, la operación había sido un pronunciamiento en toda forma. Un vicepresidente septuagenario, un hombre de letras sin base militar propia ni control real sobre las facciones que lo habían encumbrado, se convertía en la figura nominal de una coalición cuyos verdaderos centros de gravedad estaban en otra parte: en Fernández y su policía, en los mandos militares alineados con los históricos, y en el ala guerrerista que muy pronto se impondría sobre los propios promotores del golpe.

El presidente accidental y la traición a la paz prometida

Marroquín tenía 72 años, pertenecía a una ilustre familia terrateniente de la Sabana de Bogotá y era, ante todo, un hombre de letras: fundador y primer director de la Academia Colombiana de la Lengua, rector del Colegio Mayor del Rosario, novelista costumbrista, agricultor y maestro reconocido por su facilidad para el magisterio y su sentido del humor. Nada en su biografía lo preparaba para dirigir un país en guerra civil ni para arbitrar entre facciones militarizadas. En un discurso célebre reconoció con lucidez el diagnóstico —que los males del país no eran menores que los de una invasión extranjera, que se originaban en odios, envidias y ambiciones, y que en política se luchaba más por hundir o levantar personas que por principios— pero no pasó del registro. Las instituciones del Estado se hallaban deshechas y él no tenía ni la fuerza ni la voluntad para reconstruirlas.

La primera cesión llegó pronto. Marroquín cedió a la presión de los guerreristas y nombró a Fernández gobernador de Cundinamarca, en flagrante contravención de lo prometido a Parra. Simultáneamente desautorizó las conversaciones de paz que sus propios ministros históricos —Martínez Silva entre ellos— habían adelantado con Uribe Uribe y otros jefes liberales. La promesa que había legitimado el golpe se rompía en cuestión de meses; la guerra, lejos de negociarse, se recrudecía.

En la fase guerrillera posterior a Palonegro, los liberales recuperaron iniciativa en el centro del país y hacia 1902 amenazaban con dominar Panamá. En la región Caribe la contienda había sido guerrillera desde el principio: pequeñas unidades insurgentes hostigaban tropas gubernamentales más numerosas en circuitos de ataque y retirada, apoyándose en el conocimiento del terreno y en redes locales de campesinos e indígenas que servían como exploradores. La incapacidad del general liberal Gabriel Vargas Santos —que tras la victoria liberal en Peralonso había permanecido inmóvil en Cúcuta en lugar de perseguir al ejército derrotado y marchar sobre Bogotá— había impedido antes de Palonegro que aquella victoria táctica se convirtiera en triunfo estratégico. Después de Palonegro, la guerra no tenía ya una salida militar limpia para ninguno de los dos bandos, pero sí una salida política: la que Marroquín acababa de cerrar.

El contragolpe fallido y la captura del régimen por los extremistas

En agosto y septiembre de 1901 se produjo lo que solo puede llamarse un contragolpe. Pedro Nel Ospina, entonces ministro de Guerra, y su pariente Mariano Ospina Chaparro encabezaron una conspiración que reunía a históricos descontentos con el rumbo bélico y a nacionalistas deseosos de recuperar posiciones tras el desplazamiento de Sanclemente. La maniobra replicaba, en versión invertida, la fórmula del 31 de julio: aprovechar la debilidad del titular para sustituirlo por una figura que reabriera las negociaciones. El intento fracasó el 31 de agosto de 1901 y cerró en definitiva la posibilidad de una salida política al conflicto.

El efecto paradójico del golpe fallido fue colocar el gobierno de Marroquín firmemente en manos de los conservadores extremistas. Arístides Fernández, ya gobernador de Cundinamarca, se convirtió en la figura dominante del gabinete al asumir el ministerio de Guerra y en el principal beneficiario político del descalabro de Ospina. Su influencia y su prestigio —construidos sobre la implacabilidad más que sobre victorias militares propias— crecieron a medida que la guerra se prolongaba. Desde 1902 y hasta el fin del cuatrienio, el poder político formal en Colombia quedó monopolizado por los elementos más intransigentes del Partido Conservador.

En 1902 Fernández declaró públicamente en Bogotá su intención de llevar a cabo una cauterización rápida de la herida infligida por el liberalismo, al que describió como una enfermedad endémica que corroe y envenena el organismo social. La retórica se tradujo en órdenes concretas: a mediados de ese año instruyó a los comandantes gubernamentales para que administraran justicia sumaria a los prisioneros liberales, es decir, para que los fusilaran sin juicio. Cuando Carlos Martínez Silva —el hombre que había organizado el golpe de julio de 1900 con la promesa de paz— protestó estas ejecuciones ante Marroquín en septiembre de 1902, Fernández lo encarceló en el Panóptico de Bogotá. El principal artífice del pronunciamiento terminaba preso por orden del hombre que él mismo había ayudado a encumbrar.

Marroquín, entretanto, ejercía una presidencia que no controlaba. El 12 de junio de 1902, transcurridos 32 meses de guerra, el gobierno emitió el Decreto 933 concediendo indulto condicionado a quienes entregaran las armas, con excepción de los responsables de delitos comunes y de los cabecillas de expediciones organizadas en el extranjero. Fue una concesión a la lógica de agotamiento generalizado, no un giro estratégico. Las paces que pondrían fin a la guerra se firmarían pocos meses después: la de Neerlandia, en octubre de 1902, entre Uribe Uribe y los delegados gubernamentales; y la del acorazado estadounidense Wisconsin, anclado frente a la costa panameña, entre el general Benjamín Herrera y el gobierno colombiano, en noviembre de ese año. Se atribuye al propio Marroquín la frase que resumía el desenlace con humor amargo bogotano: La paz llegó con todos sus horrores.

Ruina fiscal, corrupción y descomposición del Estado

Mientras la guerra se libraba en el campo, en el gobierno se desataba otra clase de descomposición. La emisión de papel moneda de curso forzoso, iniciada bajo Caro para cubrir el déficit fiscal, se disparó bajo Marroquín hasta niveles catastróficos. La inflación galopante que resultó no comenzaría a controlarse sino a partir de 1907 y golpeó a todas las capas de la población, incluido el gremio cafetero que ya soportaba precios internacionales deprimidos y un impuesto interno a la exportación. Durante la guerra el gobierno confiscó fondos municipales, exigió préstamos forzosos al Banco de Barranquilla —único banco privado que había sobrevivido a la inflación de los años noventa— y recurrió a toda forma de expediente fiscal de emergencia.

A la ruina económica se sumó una corrupción administrativa desmedida. En 1907, Lorenzo Marroquín —hijo del expresidente— publicaría la novela Pax, cuya venta alcanzó dos ediciones en poco más de un mes y desató un escándalo social. La obra, aunque sostenía un punto de vista gobiernista, describía con crudeza el saqueo de los fondos públicos, la venalidad de los funcionarios y la impunidad de los negocios protegidos por el régimen. Que fuera precisamente el hijo del presidente quien retratara aquel saqueo —protegido de la censura de Rafael Reyes por esa misma condición filial— cierra el retrato del cuatrienio con más nitidez que cualquier requisitoria liberal.

Este colapso simultáneo de las finanzas, las instituciones y la fuerza militar reduciría a Colombia, hacia 1903, a una posición internacional de mendicidad frente a Washington. Ningún gobierno que no pagara a su ejército, que no pudiera sostener el crédito de su moneda y que hubiera desperdigado a los mandos moderados de su propio partido podía negociar de igual a igual el tratado sobre el canal.

Panamá como consecuencia derivada

La conexión entre el golpe del 31 de julio de 1900 y la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903 no es lineal ni mecánica, pero sí lo suficientemente estrecha para no ser accidental. Al derrocar a Sanclemente, la coalición histórica había prometido una salida negociada al conflicto; al cederle el poder efectivo a Fernández tras el contragolpe fallido de 1901, esa salida quedó cerrada y la guerra se prolongó dos años más, agravando el desprestigio internacional del país y la debilidad de su Estado. La firma de la paz en 1902 dejaba un gobierno exhausto, sin recursos y sin margen político para maniobrar en el momento preciso en que la administración de Theodore Roosevelt exigía condiciones definitivas sobre el canal interoceánico.

En agosto de 1903 el Senado colombiano rechazó unánimemente —24 votos contra 0— el Tratado Herrán-Hay, que autorizaba a Estados Unidos la construcción y explotación del canal en términos que la opinión colombiana consideraba lesivos de la soberanía. Marroquín, consciente de su vulnerabilidad política y de la impopularidad del tratado, se había negado a asumir personalmente la responsabilidad de aceptarlo o rechazarlo pese a que ejercía plenos poderes ejecutivos desde julio de 1900. Temía —con razón— que aprobar el tratado en nombre del pueblo colombiano le costaría la supervivencia política. La debilidad institucional del régimen se traducía así en incapacidad de decisión soberana en el momento decisivo.

El rechazo del Senado fue el detonante inmediato. Panamá, aislada geográficamente de Bogotá, sin servicios sociales básicos pese al pago de impuestos, con una guerra guerrillera reciente en su territorio y con antiguos vínculos económicos con Estados Unidos, encontró en la crisis la oportunidad separatista. El 3 de noviembre de 1903 se proclamó la independencia del istmo. Estados Unidos impidió el desembarco de tropas colombianas en Colón y Ciudad de Panamá amparándose en la defensa de la Panama Railroad Company y del libre tránsito. El 6 de noviembre —el mismo día en que la noticia llegó a Bogotá— Washington reconoció formalmente al nuevo Estado; Roosevelt declararía que Colombia había firmado su propia sentencia de muerte por su mala fe respecto al tratado. El 18 de noviembre se firmó el Tratado Hay-Bunau-Varilla, que concedió a Estados Unidos todos los derechos, poderes y autoridad sobre la zona del canal como si fuera el soberano del territorio.

Ningún gobierno colombiano habría negociado el canal desde una posición cómoda, dada la asimetría estructural con Washington. Pero sí habría podido negociarlo desde una posición menos débil sin tres años adicionales de guerra, sin el desplome de la moneda por las emisiones forzosas, sin una administración encabezada por un hombre incapaz de asumir responsabilidad política y sin un presidente que debía su cargo a un pronunciamiento cuya frágil legitimidad lo mantenía como rehén de las facciones que lo habían impuesto.

Balance: la fractura como motor del desastre

Sería un error atribuir todo el desenlace al golpe del 31 de julio. La crisis fiscal de 1898-1899, el modelo económico primario-exportador dependiente de un café en descenso, la exclusión política que la Regeneración había practicado durante quince años y la asimetría militar y diplomática con Estados Unidos son causas estructurales que ningún cambio de gobierno habría revertido en unos meses. Ninguna facción conservadora podía sostener el Estado ni resistir a Washington desde una posición de solvencia que no existía.

Pero atribuir todo a las estructuras borra la bisagra política que cerró la salida negociada. El golpe de 1900 fue condición necesaria del desastre por tres razones concatenadas. Primero: legitimó una fórmula de gobierno —el pronunciamiento intra-partidario— que sería imitada por el contragolpe fallido de 1901, generando una espiral de inestabilidad interna en el conservatismo. Segundo: encumbró a un presidente sin base propia, dependiente de la facción que lo había impuesto, lo que garantizaba que el poder real terminaría capturado por la más agresiva de esas facciones. Así ocurrió con Fernández tras 1901. Tercero: quemó las promesas de paz que habían justificado el golpe, deslegitimando al ala negociadora del propio conservatismo y dejando el terreno libre a los guerreristas.

La agencia decisiva no estuvo en Marroquín ni siquiera en Martínez Silva o los otros históricos que fraguaron la conspiración: estuvo en los mandos militares y policiales intermedios que impusieron la línea dura desde abajo. Fernández es el verdadero protagonista político del cuatrienio: con sus cuatrocientos policías el 31 de julio de 1900, con sus órdenes de justicia sumaria en 1902, con su encarcelamiento de Martínez Silva en septiembre de ese año. Marroquín y los históricos son actores subordinados que prestaron nombre e investidura a un poder que no controlaban.

La guerra dejó, además de la separación de Panamá, una red telegráfica y telefónica destruida, miles de muertos, heridos y lisiados, una inflación que tardaría un lustro en dominarse y un desprestigio internacional que distanciaría a Colombia de varios países vecinos. Los veteranos del conflicto —liberales y conservadores— nutrirían la clase política durante más de tres décadas, perpetuando rivalidades y reputaciones forjadas en el barro. Tras 1903, empujada por la necesidad de estabilidad y por el desastre común, la oligarquía colombiana llegó a un consenso relativo sobre el modelo económico y las formas de organización estatal que abriría el camino a la administración de Rafael Reyes y al Quinquenio.

El 31 de julio de 1900 no aparece en las efemérides mayores del país. Fue, sin embargo, el día en que el conservatismo se derrotó a sí mismo prometiendo una paz que estaba decidido a no cumplir, y selló con esa mentira el peor cuatrienio de la Regeneración.