Guerra de los Mil Días (1899–1902)

La Guerra de los Mil Días

Entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, Colombia libró la última de sus grandes guerras civiles del siglo XIX y, sin saberlo, la primera de las catástrofes fundacionales del XX. Comenzó como un levantamiento liberal contra un régimen conservador que llevaba trece años excluyéndolos del poder, y terminó tres años después con la firma de la paz a bordo de un acorazado estadounidense fondeado frente a Panamá. En el intervalo hubo alrededor de doscientos veinte combates, cerca de cien mil muertos sobre una población de menos de tres millones, un tesoro público reducido a escombros, un golpe palaciego en Bogotá y una guerra fragmentada en guerrillas que se derramaron desde los Llanos hasta el Istmo. Cuando terminó, faltaba un año para que Panamá se separara de Colombia con respaldo militar norteamericano. La Guerra de los Mil Días no causó por sí sola ese desenlace, pero lo hizo estructuralmente posible: agotó al Estado hasta un punto del que no volvería a levantarse a tiempo, fijó un molde bipartidista cuyos odios se aplazaron medio siglo y sembró en las periferias marginales —Llanos Orientales, sur del Tolima, San Vicente de Chucurí, El Líbano— el radicalismo popular que germinaría en la Violencia de los años cincuenta.

El país que llegó exhausto a octubre de 1899

La guerra brotó de un régimen construido para excluir. La Constitución de 1886, obra intelectual sobre todo de Miguel Antonio Caro, y el Concordato firmado con la Santa Sede al año siguiente dieron forma a un Estado centralista, católico e hispanizante que la Regeneración administró desde 1885 con creciente rigidez confesional. Aunque en sus primeros años algunos independientes tuvieron acceso al poder y el liberalismo no estuvo tan clausurado como sugieren las lecturas heroicas posteriores, la tendencia general fue inequívoca: cerrar las vías institucionales a un partido liberal que quedaba, en la práctica, sin representación proporcional a su peso electoral. La rigidez de los preceptos constitucionales hacía casi imposible reformarlos desde adentro.

El liberalismo respondió partiéndose. Una facción pacifista o civilista, encabezada por Aquileo Parra y Nicolás Esguerra, apostaba por la resistencia legal y la negociación paciente. Una facción belicista, cada vez más impaciente, sostenía que solo la guerra podía romper el cerrojo. El conservatismo, entretanto, se fracturaba en su propia tensión interna: los "históricos" —encabezados por Carlos Martínez Silva— pedían participación para los liberales, la abolición de la Ley de Caballos que restringía la prensa y la reforma de la Constitución de 1886; los "nacionalistas", con Caro a la cabeza, defendían la ortodoxia regeneracionista sin concesiones. En 1896 los históricos publicaron el Manifiesto de los 21 y el documento Las bases, con veintiún puntos que sonaban a programa casi liberal en boca conservadora. Desde entonces la división fue irreversible.

A esa fractura política se sumó el desmoronamiento fiscal. El Banco Nacional, creado bajo la Regeneración para financiar al Estado mediante emisiones de curso forzoso, había convertido la inflación en método de gobierno. Hacia mediados de 1898, el tesoro colombiano estaba vacío, los ingresos de aduana se hallaban embargados por seiscientos mil pesos y la deuda exigible ascendía a unos siete millones. El Senado aprobó ese mismo año una emisión adicional de diez millones que no hizo sino profundizar el problema. La caída de los precios internacionales del café —motor exportador reciente— cerró la última válvula de escape: el gobierno impuso un impuesto a la exportación en el peor momento posible, enemistándose con el gremio cafetero, e incumplió el pago de la deuda externa, arruinando la calificación crediticia del país. La corrupción administrativa, reconocida incluso por Marroquín en su novela Pax pese a su punto de vista gobiernista, terminaba de erosionar la legitimidad. En junio de 1899, con la guerra ya considerada inevitable, el Estado se vio obligado a licenciar a mil hombres de su exiguo ejército y a vender dos cruceros de la marina por falta de fondos. Los intentos de conseguir préstamos externos fracasaron.

La fórmula presidencial de 1898 completó el cuadro. Los nacionalistas impusieron la dupla Manuel Antonio Sanclemente–José Manuel Marroquín: el primero pasaba de los ochenta y tres años y sus dolencias lo obligaron a gobernar desde el pueblo remoto de Villeta; el segundo tenía setenta y dos. El Consejo Electoral proclamó su victoria el 4 de julio de 1898, sobre la fórmula liberal de Miguel Samper y el general Foción Soto. En noviembre de ese año fracasó en el Congreso el intento de aprobar una reforma electoral, y con ese fracaso murió también el último argumento de los liberales civilistas frente a los guerreristas. La suerte estaba echada.

De Bucaramanga a Palonegro: la guerra convencional

El levantamiento estalló el 17 de octubre de 1899 en el departamento de Santander, fortín del liberalismo radical desde los tiempos de la Constitución de Rionegro. La elección de la región no fue accidental: Santander bordeaba la frontera venezolana, de donde se esperaban armas y municiones, y funcionaba como eje de comunicaciones entre el interior andino y el litoral atlántico. Toda la geografía inicial de la guerra —y el hecho de que sus batallas decisivas se libraran allí— se explica por esa doble condición fronteriza y logística.

La primera gran victoria liberal llegó pronto, en Peralonso, donde las fuerzas revolucionarias derrotaron al ejército gobiernista en diciembre de 1899. Fue un triunfo que abrió el camino hacia el interior y que, mejor aprovechado, habría podido acortar la guerra. No se aprovechó. El general Gabriel Vargas Santos, comandante liberal de origen llanero, se detuvo en Cúcuta esperando refuerzos de Casanare y armamento venezolano que llegarían tarde o no llegarían nunca. Esa parálisis —que las crónicas coetáneas atribuyeron a la mediocridad del mando— dio al gobierno el tiempo que necesitaba para reorganizarse y preparar la ofensiva que definiría militarmente el conflicto.

La batalla de Palonegro se libró entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, en las proximidades de Bucaramanga, y fue la más larga y sangrienta de la historia colombiana. Dieciséis días de combate en un terreno quebrado dejaron unos cinco mil liberales muertos, tres mil conservadores muertos y cerca de siete mil heridos. El ejército del gobierno resultó victorioso; entre sus principales mandos figuraba el general Próspero Pinzón. Con Palonegro terminó la guerra de dos ejércitos regulares enfrentados en campo abierto. Nada de lo que vino después se pareció a lo anterior.

La guerra rota: guerrillas de Panamá al Tolima

Después de Palonegro, el conflicto se fragmentó en cuerpos virtualmente autónomos con fisonomía guerrillera. En la Costa Atlántica, en el Tolima, en los Llanos Orientales, en Cundinamarca y sobre todo en Panamá, el liberalismo derrotado como ejército sobrevivió como constelación de bandas locales. En el Tolima operó Tulio Varón; en las inmediaciones de Bogotá, las guerrillas de MacAllister y Zenón Figueredo; en Casanare persistió la resistencia llanera. El gobierno fue acumulando éxitos parciales sin lograr un resultado decisivo en ningún frente. La guerra dejó de ser una empresa que pudiera ganarse y se convirtió en una situación que había que resistir.

El caso panameño fue particular. Tras Palonegro, el general Benjamín Herrera trasladó la guerra al Istmo, donde organizó fuerzas revolucionarias que llegaron a amenazar la ciudad de Panamá y a controlar buena parte del territorio. Para 1902 los liberales estaban en condiciones de dominar el Istmo, y solo la presencia de buques de guerra estadounidenses —fondeados oficialmente para defender el ferrocarril interoceánico— impidió que consumaran esa amenaza. El 20 de enero de 1902, frente a la isla de Naos o Flamenco, cerca de la ciudad de Panamá, un ataque sorpresa liberal terminó con el hundimiento del Lautaro conservador y con la muerte del general Carlos Albán. Tras ese golpe el ejército del gobierno perdió la ofensiva en el Istmo, y desde entonces la guerra en Panamá se sostuvo por la protección naval extranjera antes que por la fuerza del Estado colombiano. Esa condición —el gobierno de Bogotá incapaz de proyectar autoridad sobre su provincia más estratégica sin la anuencia de una potencia externa— anticipaba con crudeza lo que ocurriría el año siguiente.

En total se libraron unos doscientos veinte combates durante los tres años, con una participación cercana a los setenta y cinco mil soldados por bando. Pero esas cifras dicen menos que el mapa. La guerra irregular se instaló precisamente en las regiones marginales donde el Estado nunca había tenido presencia real: los Llanos Orientales, San Vicente de Chucurí, El Líbano, el sur del Tolima, las vertientes cordilleranas del Alto Magdalena, el noroccidente de Cundinamarca cafetero. Allí quedaron sembradas las semillas de un radicalismo popular que reaparecería con nombres distintos durante toda la primera mitad del siglo XX y que haría a esas geografías trágicamente familiares durante la Violencia de los años cincuenta.

El golpe del 31 de julio y la paz imposible

Mientras la guerra se descomponía militarmente, la política del régimen se descomponía en Bogotá. El 31 de julio de 1900, los conservadores históricos organizaron un golpe de Estado que derrocó a Sanclemente y llevó a la presidencia al vicepresidente Marroquín. El objetivo declarado era negociar la paz con los liberales rebeldes: si los históricos habían venido pidiendo desde 1896 apertura al liberalismo y reforma constitucional, aquel golpe parecía la vía para cumplir su programa por otros medios.

No fue así. Marroquín, una vez instalado en el poder, cedió a la presión de los guerreristas dentro de su propio gobierno y desautorizó las conversaciones de paz que varios de sus ministros habían adelantado. Los históricos que lo habían llevado al palacio se encontraron traicionados por su propio candidato. En agosto de 1901 hubo un intento de golpe fallido en el que participó, entre otros, el general Pedro Nel Ospina. El régimen sobrevivió, pero desde entonces gobernaba con creciente aislamiento: sin control militar sobre la periferia, sin recursos fiscales, sin unidad partidista y sin capacidad para ganar la guerra ni para terminarla.

El ministro de Guerra Aristides Fernández se convirtió en el rostro más duro de esa fase final: Rafael Uribe Uribe exigiría su remoción como condición primaria para negociar, y Ramón González Valencia se comprometería a trabajar en ello. Los propios discursos de Marroquín registraban con lucidez la crisis —los odios, las ambiciones, las instituciones disueltas— pero no ofrecían solución estructural alguna. El país sobrevivía por inercia mientras el papel moneda emitido para sostener la guerra alimentaba una inflación que solo empezaría a controlarse hacia 1907.

Neerlandia, Wisconsin y la firma sobre un acorazado

La paz llegó cuando a los dos ejércitos se les acabó el deseo de seguir peleando. Se selló en dos actos. El primero fue el Tratado de Neerlandia, firmado en la hacienda del mismo nombre en el departamento del Magdalena por Rafael Uribe Uribe en nombre de los liberales del interior. El segundo, y decisivo, fue el Tratado del Wisconsin, suscrito el 21 de noviembre de 1902 a bordo del acorazado estadounidense USS Wisconsin, fondeado frente a las costas panameñas. Por el gobierno firmaron los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vásquez Cobo; por la revolución liberal, Lucas Caballero y Eusebio A. Morales, con Benjamín Herrera como jefe militar de la contraparte.

El tratado dispuso la libertad inmediata de prisioneros de guerra y presos políticos, amnistía y garantías para personas y bienes, y la entrega de armamento. Pero el símbolo era más elocuente que las cláusulas. La guerra civil de un país soberano se cerraba a bordo del buque de guerra de otra potencia, en aguas de la provincia que un año después dejaría de ser colombiana. Los buques norteamericanos estaban allí, oficialmente, para proteger el ferrocarril interoceánico; en la práctica, garantizaban un orden que el Estado colombiano ya no podía imponer. Herrera firmó porque la presencia naval estadounidense hacía imposible convertir en victoria política el dominio militar que los liberales habían alcanzado en el Istmo.

Fue la última guerra que las élites colombianas aceptaron llamar así: una contienda entre dos ejércitos que se consideraban iguales en derechos y dignos de respeto, dispuestos a abrazarse triunfadores y derrotados. Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe quedaron asociados a esa imagen. Ninguna de las violencias posteriores merecería para las élites ese nombre.

Por qué se pierde Panamá un año después

La separación de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, suele contarse como consecuencia inmediata de la Guerra de los Mil Días. La relación existe, pero es más preciso formularla al revés: la guerra no causó la pérdida del Istmo, sino que consumó las condiciones estructurales que la hicieron irreversible.

Panamá arrastraba un descontento antiguo. Su tradición autonomista, el resentimiento acumulado contra Bogotá —que recaudaba impuestos sin retornar servicios básicos—, la geografía interoceánica que orientaba su economía hacia el comercio marítimo antes que hacia el interior colombiano: todo eso preexistía al conflicto. En 1879 el gobierno colombiano había otorgado a una compañía francesa dirigida por Ferdinand de Lesseps la concesión para construir el canal; las obras iniciaron en 1881 y fracasaron por dificultades técnicas, enfermedades e inestabilidad. Hacia finales de la década de 1890, con la compañía francesa disuelta, la posibilidad se abrió a los intereses estadounidenses.

El 13 de enero de 1903, el representante colombiano Tomás Herrán y el secretario de Estado norteamericano John Hay firmaron el Tratado Herrán-Hay, que autorizaba la construcción del canal bajo condiciones que Estados Unidos consideraba favorables. En agosto de 1903 el Senado colombiano lo rechazó unánimemente. La reacción de Theodore Roosevelt fue impaciente y despectiva con los negociadores de Bogotá; su gobierno dejó entrever que el fracaso del tratado podía abrir la puerta a una separación panameña bajo protección estadounidense. Y así ocurrió. El 3 de noviembre de 1903 se proclamó la independencia del Istmo; los buques de guerra norteamericanos impidieron el desembarco de tropas colombianas en Colón y Panamá para sofocar la revuelta. El nuevo gobierno panameño firmó de inmediato con Estados Unidos un tratado que otorgaba a este control sobre la zona del canal en términos prácticamente equivalentes a los de un soberano.

La Guerra de los Mil Días entra en esta cadena por tres vías. Primera: dejó a Colombia militarmente incapaz de reprimir la separación por la fuerza, tal como la presencia naval estadounidense en 1902 había mostrado ya que el Estado no podía sostener el Istmo sin acuerdo con Washington. Segunda: dejó al país fiscalmente arruinado, sin margen para negociar desde la fortaleza. Tercera: legitimó, dentro del propio Panamá, la convicción de que Bogotá había sido incapaz de defender su territorio y de que el futuro del Istmo pasaba por otro tipo de asociación. La misma bahía donde se había firmado la paz a bordo del Wisconsin fue el escenario donde, doce meses después, Colombia perdió una tercera parte de su territorio y su proyecto geopolítico más ambicioso del siglo XIX. En abril de 1914, el Tratado Urrutia-Thompson formalizaría el reconocimiento colombiano de la soberanía panameña.

Reyes y el Quinquenio: reconstrucción sobre las ruinas

Del desastre nació un intento de reconstrucción. Rafael Reyes accedió a la presidencia en 1904, tras un intento infructuoso por sofocar la revuelta panameña, con un programa de restauración nacional que rompía con la ortodoxia regeneracionista. En 1905, ante las resistencias del Congreso conservador, lo disolvió y convocó en su lugar una asamblea nacional con participación bipartidista —dos diputados conservadores y uno liberal por departamento— que extendió su mandato presidencial de seis a diez años. El período pasó a la historia como el Quinquenio.

Reyes hizo lo que Marroquín no había podido ni querido. Incluyó ministros liberales en su gabinete —entre ellos Rafael Uribe Uribe— bajo un proyecto de "concordia nacional" que priorizaba la recuperación económica sobre la disputa partidista, y esa apertura le granjeó la enemistad de los sectores conservadores más ortodoxos. Reorganizó las finanzas: creó un banco central, racionalizó la contabilidad pública, restauró paulatinamente el crédito externo y adoptó medidas para retirar el exceso de papel moneda depreciada emitido durante la guerra. Fomentó la industria manufacturera —de ahí surgió la Colombiana de Tejidos, después Coltejer— con aranceles protectores y subsidios directos a los empresarios. Impulsó la infraestructura: la red ferroviaria rebasó los novecientos kilómetros al final del período, y avanzaron carreteras, acueductos, alcantarillados y redes eléctricas. En 1907 creó la Escuela Militar, que dio inicio a la profesionalización de las fuerzas armadas.

El modelo era claro y confesado: Reyes admiraba al dictador mexicano Porfirio Díaz y compartía con él un proyecto modernizador de talante autoritario-desarrollista. Y como su modelo, terminó desgastándose por sus propios métodos. Su autoritarismo, los privilegios concedidos a allegados y las negociaciones con Estados Unidos y Panamá sobre la separación generaron un rechazo creciente que atravesó ambos partidos. Reyes abandonó la presidencia en 1909. Pero el ciclo que había abierto se prolongaría hasta 1930: dos décadas de estabilidad política relativa, con orden público mantenido y perturbaciones esporádicas rurales o electorales. Fue el marco en el que se construyó buena parte del Estado colombiano del siglo XX.

Lo que dejó la guerra

Cien mil muertos sobre menos de tres millones de habitantes. Una economía saqueada por la inflación de guerra y por el hundimiento cafetero, que solo empezaría a recuperarse hacia mediados de la década siguiente. La pérdida de Panamá y el canal. Un liberalismo militarmente derrotado y políticamente marginado, que no volvería al poder hasta 1930. Un conservatismo consolidado en el gobierno pero fracturado internamente entre las herencias del nacionalismo caroísta y del historicismo. Un ejército profesionalizado a partir de 1907 sobre las cenizas de las milicias partidistas. Una infraestructura ferroviaria y manufacturera puesta en marcha por Reyes sobre la evidencia de la ruina.

Esa es la contabilidad visible. La menos visible pesa más. La guerra dejó en el imaginario nacional un antagonismo bipartidista consolidado como identidad popular. Las batallas de Peralonso y Palonegro, en lugar de reconciliar a los colombianos, ahondaron la sospecha entre liberales y conservadores. Los tres pactos de caballeros de 1902 sellaron una paz entre élites que no desterró los odios ni las venganzas en la sociedad. En los años veinte, bajo la maniobra de cooptación de socialistas auspiciada por Benjamín Herrera, los artesanos retomarían la leyenda liberal según la cual los Mil Días habían sido la oportunidad perdida de los de abajo contra una oligarquía reaccionaria. Esa narrativa alimentaría durante décadas la identidad partidista popular.

Sobre todo, la guerra sembró en las periferias marginales un radicalismo que germinaría más tarde con nombres distintos. Aquellos escenarios de la guerra guerrillera posterior a Palonegro —a los que habría que sumar las vertientes cordilleranas del Alto Magdalena y el noroccidente cafetero de Cundinamarca— serían, medio siglo después, los epicentros de la Violencia bipartidista de los años cincuenta. La articulación entre economía cafetera en expansión y conflicto armado permite entender por qué las mismas geografías reaparecen en 1930, en 1948, en los años sesenta. Aproximadamente cada cincuenta años, Colombia ha vivido un ciclo de guerra larga seguido de un intento de reconstrucción institucional: los Mil Días y el Quinquenio, la Violencia y el Frente Nacional. La secuencia no es casual.

Por qué sigue importando

La Guerra de los Mil Días es el punto en que se ve, con nitidez inusual, cómo un Estado se agota antes de un conflicto y termina de vaciarse en su transcurso. El tesoro embargado en 1898, los cruceros vendidos en junio de 1899, el papel moneda emitido para sostener la guerra, las guerrillas que no pudieron ser derrotadas ni negociadas, la paz firmada a bordo de un acorazado ajeno, la separación de Panamá al año siguiente: es la misma secuencia. Ese vaciamiento no fue solo estructural. Dependió también, y de manera decisiva, de la fragmentación política de la élite gobernante: la fractura entre históricos y nacionalistas, el golpe de Marroquín y su posterior traición a quienes lo llevaron al poder, la incapacidad para ganar la guerra o para terminarla a tiempo. Un Estado exhausto y unas cúpulas paralizadas convirtieron la pérdida de Panamá en algo casi inevitable.

La guerra fijó también el molde bipartidista excluyente que definiría la política colombiana durante décadas. Su clausura selló una fase en la que los dueños del país aún se reconocían como interlocutores legítimos, capaces de sentarse en una hacienda o en un buque a firmar la paz. Esa forma de hacer política terminó ahí. La Violencia de los años cincuenta ya no fue llamada guerra, y las élites que la administraron negaron a sus protagonistas la legitimidad que Uribe Uribe y Herrera se habían reconocido a sí mismos y a sus adversarios. En ese sentido, los Mil Días son a la vez el cierre de un siglo de guerras civiles que se dijeron ese nombre y el umbral de otro siglo de violencias que no pudieron nombrarse. Los muertos y los territorios fueron los mismos. Lo que cambió, entre un siglo y otro, fue que las élites dejaron de reconocer a sus enemigos como adversarios y empezaron a tratarlos como bandidos.