Imaginario nacional

El imaginario nacional colombiano

En el vocabulario político colombiano, "imaginario nacional" no nombra un sentimiento espontáneo ni una herencia recibida del período colonial: nombra un artefacto construido entre 1886 y 1930 por un grupo pequeño de letrados bogotanos que, amparados en la Constitución de 1886, el Concordato de 1887 y el control eclesiástico de la escuela, fabricaron la imagen que Colombia debía tener de sí misma. Catolicismo, hispanidad y lengua castiza fueron las tres columnas de esa fábrica; la Regeneración, su taller; Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, sus arquitectos principales. El resultado —una nación pensada como comunidad hispanohablante, católica y jerárquica, con sus héroes fundadores, sus manuales escolares, sus monumentos y su gramática— clausuró el proyecto liberal radical de 1863-1878 y sobrevivió, en su arquitectura esencial, hasta la Constitución de 1991. Su durabilidad no fue la de una identidad interiorizada por el conjunto de la sociedad, sino la de un orden impuesto desde arriba con recursos letrados, eclesiásticos y coercitivos sobre un país mayoritariamente analfabeto, rural y étnicamente diverso, cuya realidad rara vez coincidió con la imagen que sus arquitectos proyectaron.

La nación como artefacto: qué es este imaginario

El imaginario nacional regeneracionista no fue una filosofía sistemática expuesta en un libro sino un ensamblaje de instituciones, textos y rituales que operaron sobre varios frentes a la vez. Una constitución centralista que suprimió los Estados Soberanos y los convirtió en departamentos. Un concordato que devolvió a la Iglesia Católica las propiedades confiscadas a mediados del siglo XIX, abolió el divorcio civil y le entregó la dirección de la enseñanza pública. Una gramática —la de Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo— entronizada como norma nacional. Una historia patria escrita en manuales que cohesionaban la herencia española con la vida republicana. Una galería de héroes en bronce que, en 1910, ocupó las plazas de las ciudades. Cada pieza reforzaba a las demás: el aula católica leía el manual hispanizante, el manual celebraba a los próceres que el monumento reproducía en la plaza, la plaza llevaba el nombre castellano que la gramática defendía como norma.

Pesa en la historia de Colombia por dos razones. La primera es institucional: la Constitución de 1886 rigió al país durante ciento cinco años, más que cualquier otro texto constitucional latinoamericano de su época, y su arquitectura confesional se mantuvo prácticamente intacta hasta 1991. La segunda es cultural: los cortes temporales, los héroes y la narrativa lineal fijados en los manuales de historia patria a comienzos del siglo XX se sostuvieron en la enseñanza colombiana durante casi toda la centuria, formando a varias generaciones en un mismo relato de nación. Que ese relato haya sido obra de un grupo tan reducido —y que uno de sus principales artífices, Caro, no saliera nunca del altiplano bogotano— es parte esencial del fenómeno.

Antes de la Regeneración: el radicalismo y su fracaso

El imaginario regeneracionista se define contra aquello que vino a desplazar. Entre 1863 y 1886 Colombia se rigió por la Constitución de Rionegro, un texto federal de raíz radical liberal que consagraba amplias libertades individuales, separaba estrictamente la Iglesia del Estado, dejaba la educación en manos de los Estados Soberanos y hacía del ultra-individualismo el principio articulador del orden público. El proyecto pedagógico de ese período fue explícito. La reforma educativa promovida bajo la presidencia de Eustorgio Salgar propuso escolaridad elemental obligatoria, neutralidad religiosa en la enseñanza y un sistema nacional de instrucción organizado y supervisado por el gobierno central. Las escuelas normales incorporaron métodos pestalozzianos y enseñanza prusiana, basados en la actividad inductiva del alumno y la disciplina del amor reflexivo. La revista La Escuela Normal, creada bajo Salgar, duró ocho años y se convirtió en el eje del movimiento pedagógico más importante de la segunda mitad del siglo XIX.

Las cifras del período radical documentan una expansión efectiva. La matrícula en escuelas elementales pasó de 29.118 estudiantes en 1847 a 60.155 en 1870 y a 83.626 en 1873-74. La proporción de escolares sobre la población total creció del 1,2% en 1835 al 3,0% en 1873. No fue una revolución educativa, pero sí un intento serio de construir un sistema escolar laico y estatal. Ese intento chocó con la Iglesia y con los conservadores, y contribuyó a desencadenar la guerra civil de 1876-1877. El gobierno radical ganó la guerra, pero la victoria fue desastrosa para la educación: se suspendieron clases, se destruyeron libros de texto, las aulas fueron usadas como cuarteles. La matrícula cayó a 71.070 en 1881 —cifra que excluye a Santander, donde había unos 14.000 alumnos más—.

Las rivalidades internas del liberalismo hicieron el resto. Los liberales independientes se aliaron con sectores del Partido Conservador para apoyar a Rafael Núñez, elegido presidente por primera vez en 1880. Ese mismo año murió Manuel Murillo Toro, líder radical de larga trayectoria. Núñez llegó al poder anunciando una "regeneración administrativa fundamental" —expresión que él mismo usó y que dio nombre al período—. En un primer momento el programa fue relativamente moderado; el giro autoritario y conservador se aceleró tras el fracaso de la revolución radical de 1885, que entregó a Núñez un poder inmenso y desarticuló la oposición liberal.

Los arquitectos: Núñez, Caro y el pacto letrado-clerical

Rafael Núñez fue el político; Miguel Antonio Caro, el ideólogo. La distinción importa. Núñez, nacido en Cartagena, era hombre de trayectoria compleja: había sido liberal, había vivido en el exterior, tenía sensibilidad pragmática. Caro, en cambio, era un católico ultramontano, hispanófilo y tradicionalista que, como cuestión de principio, no solía viajar más allá de los confines de la Sabana de Bogotá. Su padre, José Eusebio Caro, había sido uno de los fundadores del Partido Conservador. Miguel Antonio publicó desde joven el periódico El Tradicionista (1871-1872), donde expuso una defensa cerrada del catolicismo, la lengua castiza y la herencia hispánica frente a lo que consideraba las importaciones liberales.

La Constitución de 1886 fue, en su cuerpo doctrinario, obra de Caro. Sus propuestas fueron mayoritariamente acogidas por el Consejo Nacional de Delegatarios, donde su figura tuvo especial relieve, aunque el liderazgo político del proceso correspondió a Núñez. El texto resultante rompió con la Constitución de 1863 en todos los puntos que definían el orden radical. Extinguió la forma federal y convirtió los Estados Soberanos en departamentos. Fortaleció el ejecutivo con un período presidencial de seis años e incorporó el catolicismo como elemento del orden nacional. Restringió el sufragio mediante requisitos de alfabetismo y propiedad, y convirtió en indirectas muchas elecciones antes directas. Incluyó, además, una cláusula transitoria que autorizó al gobierno a regular la prensa y castigar sus abusos hasta que el Congreso expidiera una ley al respecto. Esa cláusula, pensada como provisional, resultó especialmente odiosa para los disidentes políticos en los años siguientes.

El discurso con que Núñez presentó la reforma fue el de la racionalización del Estado frente al caos federal: la Regeneración debía construir una constitución práctica basada en la historia y la experiencia del país, no en principios abstractos o importados. Caro llevó esa premisa más lejos. Para él, la nación colombiana era católica e hispánica por naturaleza, y la tarea del Estado consistía en devolverle esa identidad después del extravío radical. El pensamiento conservador asociado a la Regeneración glorificó a Bolívar como referente de autoridad y reinterpretó el período colonial como ejemplo de orden y gobierno gradual, cuestionando incluso que la Independencia hubiera llegado en el momento adecuado. Fue una reformulación historiográfica de largo alcance: no bastaba con cambiar el régimen; había que rescribir el pasado que lo legitimaba.

El Concordato y la escuela: la Iglesia como columna vertebral

Un año después de la Constitución, en 1887, Colombia firmó con la Santa Sede el Concordato que estableció formalmente el catolicismo como religión oficial. El texto reforzó el control eclesiástico sobre la educación pública en un artículo decisivo, el 12, según el cual en todos los centros de enseñanza la instrucción se organizaría y dirigiría en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica. La Constitución había preparado el terreno: su artículo 41 dispuso que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. El Concordato lo institucionalizó como pacto internacional.

El acuerdo también devolvió a la Iglesia las propiedades confiscadas por los gobiernos anticlericales de mediados del siglo XIX y abolió el divorcio civil. En un solo movimiento, la Regeneración restituyó a la Iglesia su patrimonio, su autoridad sobre el matrimonio y su control sobre la formación de la infancia. La Constitución declaró la educación primaria gratuita pero no obligatoria —una diferencia crucial respecto al proyecto de Salgar—, lo que en la práctica dejó a la mayoría de los colombianos al margen de la instrucción mínima y abrió condiciones jurídicas que facilitaron la entrada posterior de congregaciones religiosas al sistema de enseñanza. Escuelas primarias y secundarias bajo dirección de congregaciones católicas se multiplicaron desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX.

La visión que sostenía esta arquitectura era explícitamente cristiana: la salud y la educación públicas debían ser dirigidas por la Iglesia con criterios de caridad y conforme a los preceptos religiosos. El monopolio se mantuvo hasta aproximadamente 1930, cuando los gobiernos liberales iniciaron la lenta recuperación de las prerrogativas del Estado en materia educativa. Su duración —más de cuarenta años— hizo del aula católica el espacio donde se transmitió, generación tras generación, el imaginario regeneracionista: la historia patria de manual, los héroes en litografía, la gramática correcta, la moral hispánica.

Hubo, sin embargo, un efecto no previsto por los arquitectos. Al descansar sobre el control del aparato educativo oficial, la Iglesia no desarrolló un aparato propio de evangelización ni se vio impulsada a una labor intelectual sostenida de defensa y reflexión sobre la fe. La ventaja institucional produjo, a largo plazo, atrofia doctrinal. Cuando en el siglo XX el Estado comenzó a retirarle el monopolio escolar, se encontró sin la infraestructura evangelizadora que otras iglesias católicas latinoamericanas habían construido en condiciones de mayor competencia.

La gramática como tecnología política

La segunda columna del imaginario fue la lengua. La Academia Colombiana de la Lengua se fundó en Bogotá en torno a 1871-1872, y en 1872 Rufino José Cuervo publicó sus Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, obra filológica que fijó los parámetros del español culto colombiano. Cuervo y Caro colaboraron en la elaboración de una Gramática de la lengua latina que se convirtió en obra de referencia. La coincidencia de fechas no es casual: la misma generación que preparaba el terreno ideológico de la Regeneración construía las instituciones que codificarían la lengua como norma nacional.

La gramática fue una tecnología política, no un ejercicio erudito, y así lo percibieron los contemporáneos. Dominar la lengua correcta era dominar la nación; imponer la norma castiza era desplazar los usos regionales, indígenas y populares al lugar de lo incorrecto, lo inculto, lo pre-nacional. Caro, desde la gramática y desde las instituciones, articuló un proyecto político-cultural que tendía a invisibilizar las diversidades étnicas y regionales del país. Su encierro en el altiplano —que sus adversarios subrayaron con dureza— no era anécdota biográfica sino síntoma estructural: la nación imaginada era la proyección de una fracción criolla andina sobre un territorio que sus arquitectos no conocían.

El general Rafael Uribe Uribe, uno de los grandes críticos liberales del régimen, lo dijo con crudeza: Caro, como presidente, desconocía la realidad práctica del país y solo conocía la agricultura por las Geórgicas de Virgilio o la Silva a la agricultura de la zona tórrida de Andrés Bello. La observación no era retórica: apuntaba a la incompatibilidad entre el saber filológico y el conocimiento efectivo del territorio que ese saber pretendía gobernar. Caro fue vicepresidente durante buena parte del segundo período de Núñez y, tras la muerte del cartagenero, ejerció el poder efectivo de la República desde Bogotá.

La consagración pública del proyecto lingüístico llegó tarde y con solemnidad. El 17 de julio de 1914 se inauguró en Bogotá el monumento a Rufino José Cuervo, obra del escultor francés Charles Raoul Verlet, con pedestal contratado meses antes a Pedro Sánchez y Demetrio Vejarano. En la junta promotora se dieron cita el ministro de Obras Públicas Simón Araújo y figuras del mundo letrado —Marco Fidel Suárez, Eladio C. Gutiérrez, Emiliano Isaza, Rafael Pombo—: el Estado y las letras se daban la mano para consagrar al filólogo como prócer. La escena resume la alianza que definió a la Regeneración: la nación no la hacían solo los generales; la hacían también, y sobre todo, los gramáticos.

La historia patria: un pasado seleccionado

La tercera columna fue la reescritura del pasado. La escritura de la historia en el siglo XIX participó activamente, junto a la política, en la creación de la institucionalidad estatal, con énfasis en la unidad nacional. La identidad debía escribirse en relación con un territorio mediante la apropiación semántica de un pasado seleccionado, y los escritos históricos del período pretendían construir un espacio de comprensión homogéneo que instaurara redes de pertenencia y legitimidad comunes sobre la realidad de una sociedad plural.

La reformulación regeneracionista de la historia colombiana fue encabezada por José Manuel Groot, apoyada en José Manuel Restrepo y Joaquín Posada Gutiérrez, y encontró su formulación más elaborada en Miguel Antonio Caro. La operación consistió en pintar la historia como contraste entre la paz colonial y la vida republicana llena de desórdenes, legitimando así el retorno a un orden tradicional. La Colonia dejaba de ser el tiempo oscuro contra el cual la Independencia había liberado a la nación —como sostenía la tradición liberal— y pasaba a ser el tiempo de la paz, la fe y el gobierno gradual que la República había interrumpido con sus experimentos.

El manual escolar que fijó esa visión para varias generaciones fue el de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, obra que trazó y difundió una línea de continuidad con el proyecto regeneracionista: cohesionaba la herencia española del período colonial con la vida republicana y evitaba repudiar a España, contribuyendo a fundamentar una imagen de unidad nacional basada en la continuidad hispanocatólica. Los cortes temporales, los héroes y la narrativa lineal que ese manual estableció se mantuvieron en la enseñanza colombiana durante todo el siglo XX.

La Academia Colombiana de Historia impulsó un proyecto historiográfico orientado a fundamentar una identidad histórica nacional por encima de las disensiones internas, construyendo una imagen colectiva de pertenencia y orígenes comunes. En torno al primer centenario de la Independencia, en 1910, se realizaron conmemoraciones patrióticas, se erigieron monumentos a héroes y escritores, y se desarrollaron las instituciones de la memoria oficial. La exposición del Centenario mostró los logros artísticos, científicos y económicos de la República, incluyó representantes de todas las tendencias políticas y siguió una orientación de optimismo, conciliación e integración que fue bautizada como "centenarismo".

El centenarismo fue construido por un grupo relativamente pequeño —la generación del centenario— y coincidió con un cambio significativo en el paisaje político: el Partido Nacional, la coalición que había sostenido a la Regeneración, había perdido el poder en 1900, y a partir de allí el conservatismo gobernó el país en solitario hasta 1930. Los retratistas de la burguesía colombiana trabajaron bajo la égida centenarista, y el proyecto imaginó una Colombia orientada hacia el progreso, la cultura y la conciliación. La estabilización gradual que la Constitución de 1886 había inaugurado —tras las guerras civiles del período regeneracionista— incrementó notablemente las obras públicas, las construcciones civiles y la transformación urbana. El presidente Rafael Reyes (1904-1909), aunque en tensión con sectores del conservatismo doctrinario, empujó buena parte de esa modernización material.

La red: hispanidad, catolicismo romano y letras

El imaginario regeneracionista se apoyó en una red de referentes que trascendía las fronteras colombianas, y esa red operó según una lógica reconocible: un centro doctrinario en Roma, una tradición cultural en España, una minoría letrada que actuaba de correa de transmisión entre ambas y el resto del país. El hispanismo fue el primer pilar. Los conservadores nacionalistas encontraron su sustento en el pensamiento católico e hispánico y proyectaron esa filiación sobre la lengua, la historia y las costumbres; los liberales, cuya visión del mundo tenía otras fuentes —el republicanismo francés, el utilitarismo inglés, el positivismo—, quedaban por definición fuera de la genealogía nacional que la Regeneración construía.

El segundo pilar fue Roma. El papado de León XIII, que a fines del siglo XIX reactualizó el pensamiento social católico, proporcionó el marco doctrinario que Caro y sus contemporáneos aplicaron con celo local. La Rerum Novarum de 1891 y la reafirmación del tomismo escolar dieron al conservadurismo colombiano un vocabulario dogmático de alcance universal con el que revestir posiciones nacionales. Sobre ese eje romano-hispánico se articularon las variantes regionales del conservadurismo doctrinario: Sergio Arboleda desde el Cauca, Marco Fidel Suárez desde Antioquia, y en Bogotá Rafael María Carrasquilla, rector del Colegio del Rosario, figura eclesiástica central en la formación de la élite letrada del régimen.

El tercer pilar fueron las letras de molde. La prensa fue el principal vehículo de formación política en el siglo XIX colombiano: Núñez publicó La Luz entre 1881 y 1882 para difundir su programa regeneracionista; Caro había hecho lo propio con El Tradicionista una década antes. El periódico era púlpito y aula, no solo tribuna: por él circulaban las ideas que las tertulias, los salones y las academias consolidaban. La república de las letras —expresión que designa el mundo relativamente cerrado de escritores, gramáticos, historiadores y publicistas del período— proveyó tanto los cuadros del Estado como las categorías con que ese Estado se pensó a sí mismo. Cuando esos tres pilares se articulaban en una misma trayectoria personal, como en Caro o en Marco Fidel Suárez, la figura resultante encarnaba por sí sola el régimen.

Del lado liberal, la red era más dispersa y estaba en desventaja estructural. Salvador Camacho Roldán, José María Samper —que oscila entre liberalismo y conservadurismo a lo largo de su trayectoria— y Jorge Isaacs pertenecen al universo intelectual de la generación anterior a la Regeneración o compiten desde márgenes cada vez más estrechos. Rafael Uribe Uribe encarnó, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la resistencia liberal armada e intelectual contra el régimen, hasta su asesinato en Bogotá en 1914 —el mismo año, por coincidencia densa, de la inauguración del monumento a Cuervo—. Que las dos escenas ocurrieran en la misma ciudad, en los mismos meses, condensa la asimetría del período: mientras el régimen erigía en bronce a su filólogo, la principal figura intelectual de la oposición era asesinada con hachuelas en plena calle.

Los márgenes: raza, territorio y las mayorías invisibles

Todo imaginario nacional dibuja al sujeto que representa y, al hacerlo, decide a quién deja fuera. El de la Regeneración fue explícito en su exclusión. La ideología dominante del período republicano temprano y hasta los años sesenta del siglo XX promovió una ciudadanía homogénea, hispanohablante, católica y patriótica. Ese ideal implicó políticas de incorporación de los indígenas a la población general mediante mezcla biológica y asimilación cultural, y trató la tenencia comunal de tierras —los resguardos— como obstáculo a remover. La Ley 89 de 1890, aprobada por los conservadores, frenó parcialmente ese proceso.

Ese lenguaje racial venía de más atrás y tenía traducción cartográfica. La Comisión Corográfica había asociado a mediados del siglo XIX el republicanismo y el patriotismo con el blanqueamiento y la civilización de ciertas poblaciones —como Charalá—, sugiriendo que la independencia había traído "blancura" a regiones con fuerte presencia indígena. La Regeneración heredó y sistematizó ese discurso: la nación era blanca, andina y castellana; los Llanos, la Amazonía, el Chocó, la costa Pacífica eran márgenes a integrar, no partes constitutivas.

Sobre ese mapa mental se ordenaba la geografía racializada del país. Modernidad, riqueza, poder y civilización se ubicaban en las grandes ciudades del interior blanco y mestizo, especialmente Bogotá y Medellín. Los blancos nativos —descendientes de colonos españoles concentrados en las tierras altas andinas— formaban la clase gobernante y preservaban el idioma, las costumbres y las características físicas de los primeros colonizadores. Las mujeres indígenas quedaban fuera del imaginario nacional de la belleza, siempre imaginadas más allá de la frontera entre lo civilizado y lo primitivo. El proceso colonizador mestizo-blanco proveniente de Antioquia avanzó desde la segunda mitad del siglo XIX sobre las fronteras norte del Cauca, cuyas otras fronteras estaban ocupadas por grupos indígenas y negros que no encajaban en el ideal de mestizaje proclamado por la República.

Las representaciones de los habitantes del territorio en los impresos colombianos del período 1880-1910 se acomodaban a las características de las publicaciones, al público al que se dirigían y a los géneros en que se inscribían. Los informes de misión religiosa, producidos por las congregaciones que trabajaban en los Territorios Nacionales, constituyeron un género propio, reacomodado por la experiencia cotidiana de los religiosos y por los modos de exposición de la labor misional. Entre el centro letrado y sus periferias, los impresos operaron como puente y como filtro. La población colombiana era mayoritariamente analfabeta y estaba dispersa en zonas rurales, de modo que el imaginario circulaba entre quienes ya pertenecían a la nación imaginada; los demás lo recibían, cuando lo recibían, a través del púlpito y del aula católicas.

La coerción como cimiento

Si el imaginario regeneracionista logró estabilizarse, no fue solo por la fuerza de su arquitectura simbólica: fue también, y de manera decisiva, por la coerción sistemática ejercida contra las voces que lo cuestionaban. La cláusula transitoria de 1886 sobre la prensa se convirtió en instrumento permanente de represión. Núñez y Caro, amparados en el principio de "responsabilidad de la prensa", intentaron cerrar el espacio periodístico a quienes disentían del régimen, y la Regeneración sustituyó el pluralismo periodístico del federalismo liberal por publicaciones obtusas y sectarias, con notable decaimiento del número y la vitalidad iconoclasta de los periódicos.

La aplicación de leyes represivas —entre ellas la llamada Ley K— permitió destruir imprentas y desterrar periodistas. El caso del caricaturista Alfredo Greñas y su periódico El Barbero, hacia 1892, es emblemático: Greñas fue encarcelado en el Panóptico de Bogotá, luego confinado en las bóvedas de Cartagena y finalmente desterrado. El clientelismo regeneracionista fue, además, más voraz y excluyente que el liberal precedente porque dispuso de mayores recursos fiscales para sostener su control, y la represión oficial contra la prensa opositora incluyó clausuras frecuentes y destierro de líderes liberales.

El Partido Liberal enfrentó restricciones serias en el acceso al poder político y a las libertades civiles: vetos a su participación en el Congreso, manipulación electoral, represión a la libertad de expresión y limitaciones al sufragio por requisitos de alfabetización y propiedad. No fue una exclusión jurídicamente total, pero el régimen operó de manera sistemáticamente adversa a los intereses y derechos políticos liberales. La persecución político-religiosa se ejercía con mayor brutalidad en pueblos pequeños y zonas rurales que en las ciudades, donde los liberales tenían mayor capacidad de resistencia organizada.

El período comprendido entre 1886 y 1903 estuvo marcado por la intransigencia, la represión y el oscurantismo: tres guerras civiles —culminando en la Guerra de los Mil Días (1899-1902)—, el cierre de la Universidad Nacional y la censura u olvido de obras de ilustrados y librepensadores al margen del poder. La pérdida de Panamá, en 1903, cerró ese ciclo de desastre y obligó al régimen a una reconfiguración —el "quinquenio" de Reyes y luego el centenarismo conciliador—, pero la arquitectura confesional, centralista y letrada permaneció intacta.

Huella: la nación que Colombia heredó

El imaginario regeneracionista sobrevivió a sus artífices con notable durabilidad. El proyecto triunfó políticamente a fines del siglo XIX e instauró las bases de la integración nacional que se mantuvieron incólumes durante casi todo el siglo XX, con la hegemonía del Partido Conservador prolongándose hasta 1930. El control eclesiástico sobre la educación pública se sostuvo cuatro décadas. Los manuales de historia patria conservaron sus cortes temporales, sus héroes y su narrativa lineal durante todo el siglo. La Constitución de 1886 rigió hasta 1991. Cuando la Constituyente redactó la nueva carta, introdujo cambios significativos en la relación entre el Estado y la Iglesia Católica y amplió el reconocimiento del pluralismo religioso, aunque sin producir una ruptura total con las referencias religiosas del Estado. El multiculturalismo instaurado en 1991 reconfiguró el imaginario sobre lo indígena, otorgándole mayor valor simbólico e institucional y generando figuras como la del "indio patrimonial".

La longevidad, sin embargo, no debe confundirse con hegemonía cultural interiorizada. El imaginario regeneracionista fue eficaz como marco institucional y como currículo escolar, pero descansó siempre sobre la marginalización estructural de las mayorías étnicas y rurales que pretendía representar, y sobre la exclusión coercitiva de las voces disidentes. Su nación —hispanohablante, católica, andina, letrada— fue la proyección de una fracción criolla que dominó el aparato estatal y educativo, no la expresión de una identidad compartida por el conjunto del país. Que Caro nunca haya salido del altiplano bogotano y haya, desde ese encierro, dado forma constitucional a la nación colombiana es la imagen más exacta de esa desproporción entre imaginario e imaginados.

La disputa sobre esa herencia sigue abierta. La Colombia de hoy vive todavía en el mapa administrativo que trazó la Constitución de 1886, discute todavía el lugar de la Iglesia en la vida pública, enseña todavía una historia patria cuyos héroes fueron seleccionados en las academias de comienzos del siglo XX, y busca todavía cómo integrar en su relato nacional a los pueblos indígenas, afrodescendientes y periféricos que el imaginario regeneracionista excluyó. La Regeneración no fue, como sus arquitectos creyeron, el descubrimiento de la nación colombiana verdadera. Fue una imagen posible entre otras, impuesta por una minoría de letrados y clérigos con los recursos del Estado y de la Iglesia, y sostenida durante más de un siglo por el aula católica, la gramática castiza y el manual de historia patria; cuando eso no bastaba, por la clausura del periódico opositor.